Empresa de medicina prepaga debe brindar acompañante terapéutico a un menor que padece Encefalopatía Crónica no Evolutiva.

26c1a49f1fb1c61d781df9c42262b5aa_articlePartes: A. L. F. y otro c/ Medicus S.A s/ ley de discapacidad

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

Sala/Juzgado: I

Fecha: 11-feb-2016

Cita: MJ-JU-M-97126-AR | MJJ97126 | MJJ97126

Acreditado que el menor padece Encefalopatía Crónica no Evolutiva, corresponde a la empresa de medicina prepaga brindar cautelarmente la cobertura de acompañante terapéutico.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la resolución que cautelarmente ordenó a la empresa de medicina prepaga a otorgar y efectivizar el pago del 100 por ciento de la cobertura de los honorarios de la acompañante terapeútica del menor, contratada en forma privada y fuera de la cartilla de prestadores de la demandada desde que en el caso, resulta comprobado que la actora es afiliada, que su hijo menor presenta Encefalopatía Crónica no Evolutiva (E.C.N.E.) y fue acreditada la necesidad de un acompañamiento terapéutico, atento los derechos que se encuentran en juego y el liminar estado del proceso.

2.-A los efectos de decidir la cuestión es menester considerar la condición de persona con discapacidad del menor, y conforme a ello es que la ley 24.901 obliga a asegurarle los tratamientos médicos en la medida en que no puedan afrontarlos las personas de quienes dependa o los entes de la obra social a los que esté afiliado.

Fallo:

La Plata, de febrero de 2016.-

YVISTOS:Este expediente N° FLP 15828/2015/CA1, caratulado:»A.L.F. Y OTRO c/ MEDICUS S.A s/LEY DE DISCAPACIDAD», proveniente del Juzgado Federal N° 3 de Lomas de Zamora.

YCONSIDERANDO QUE:

I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal de Alzada en virtud del recurso de apelación deducido por el apoderado de MEDICUS S.A. de Asistencia Médica y Científica, contra la resolución del juez de primera instancia que hizo lugar a la medida cautelar solicitada, y en consecuencia, ordenó a MEDICUS S.A. a otorgar y efectivizar el pago del 100% de la cobertura de los honorarios de la acompañante terapeútica del menor: la Licenciada Valeria Regí perteneciente a ASISTIRE S.H., dentro de las 48 horas de notificada y hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo; todo ello bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 239 del Código Penal, art. 666 bis del Código Civil y art. 37 del CPCCN. (v. fs. 105/110 y fs. 80/81 y vta., respectivamente).

II.La recurrente se agravia en cuanto que la medida dispuesta carece de verosimilitud en el derecho, sosteniendo que la cobertura de acompañante terapeútica es una prestación de índole social y no médica.

Señala que la tarea de acompañamiento del menor debe ser especial y exclusivamente realizada por el grupo familiar, ya que no existe fundamentación médica que avale lo contrario.

Manifiesta que el actor conocía los términos del contrato desde el inicio de la relación con la demandada y que en consecuencia, MEDICUS S.A.no se encuentra ni legal ni contractualmente obligada a otorgar la cobertura solicitada.

Por último, considera que no corresponde la cobertura integral de los honorarios de la acompañante terapeútica del menor por los motivos expuestos y que tal circunstancia puede ocasionar un perjuicio irreparable ya que la Licenciada Valeria Regi fue contratada en forma privada y fuera de la cartilla de prestadores de la demandada.

III.El sub examine exige de la magistratura una solución expedita y efectiva frente a la magnitud de los derechos constitucionales conculcados y la eventual concreción de un daño irreparable; en el caso se encuentra afectada la salud del accionante (conf. doctrina de la CSJN en Fallos: 324: 2042; 325:3542; 326:970, 1400 y 4981; 327:1444; P. 1425. XL. «Poggi, Santiago Omar y otra c/ Estado Nacional y otra s/ acción de amparo» , fallo del 7/12/04; L. 1566. XXXIX. «López, Miguel Enrique Ricardo c/ Buenos Aires, Provincia de y otro (Estado Nacional) s/ acción de amparo» , fallo del 15/03/05; A. 1530. XL. Albarracín, Esther Eulalia c/ Buenos Aires, Provincia de (Minist. de Salud) y otro (Poder Ejecutivo Nacional s/ acción de amparo» , fallo del 14/12/04, E.D. 24 05 05 (supl.), nro. 248.; entre otros).

Como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (Fallos:315:2956; 316:2855 y 2860; 317:243 y 581; 318:30 y 532; 323:1877 y 324:2042).

Por otro lado, los recaudos para la procedencia genérica de las medidas precautorias previstos por el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se hallan de tal modo relacionados que a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigentes en la gravedad e inminencia del daño, y viceversa, cuando existe el riesgo de un daño de extrema gravedad e irreparable, el rigor acerca del fumus se puede atenuar.

Dentro de aquéllas, la innovativa es una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia al apreciar los recaudos que hacen a su admisibilidad (Fallos: 325:2347; E. 366. XXXVIII. «Energía Mendoza S.E. c/ AFIP- DGI y Ots. s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad», fallo del 30/09/03).

En tal sentido, es de la esencia de la medida cautelar innovativa enfocar sus proyecciones en tanto dure el litigio sobre el fondo mismo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, porque dichas medidas precautorias se encuentran enderezadas a evitar la producción de situaciones que podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva (Fallos: 325:2367).

IV.Frente a lo expuesto, corresponde analizar la procedencia de la medida precautoria dictada en autos.

En tal sentido, el derecho a la vida ha sido considerado reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional (Fallos: 302:1284, 310:112; R.638.XL., 16/05/06 – «R., N.N.c/ INSSJP s/ amparo»). También ha dicho que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo más allá de su naturaleza trascendente, su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (Fallos: 316:479, votos concurrentes).

A partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Ley Suprema), la Corte ha reafirmado el derecho a la preservación de la salud comprendido dentro del derecho a la vida y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (Fallos: 321:1684 y 323:1339).

Debe tenerse en cuenta, la condición de persona con discapacidad del menor R.A.A.M, acreditada en autos con el certificado pertinente. En su mérito, halla amparo en las disposiciones de la ley 24.901 de protección integral de las personas con discapacidad en tanto, como expresó la Corte Suprema de Justicia «.ello obliga también a asegurarle los tratamientos médicos en la medida en que no puedan afrontarlos las personas de quienes dependa o los entes de la obra social a los que esté afiliado. Mediante dicha ley se creó un sistema de prestaciones básicas «de atención integral a favor de las personas con discapacidad» y se ha dejado a cargo de las obras sociales comprendidas en la ley 23.660 la obligatoriedad de su cobertura (arts. 1 y 2)» (Fallos: 323:3229, en cita, del dictamen del señor Procurador Fiscal).

V.En ese marco, la Ley N° 23.661 instituyó el sistema nacional de salud, con los alcances de un seguro social, a efectos de asegurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica.Con tal finalidad, dicho seguro ha sido organizado dentro del marco de una concepción «integradora» del sector sanitario, en el que la autoridad pública reafirme su papel de conducción general del sistema y las sociedades intermedias consoliden «su participación en la gestión directa de las acciones» (art. 1). Su objetivo fundamental es «proveer al otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones eliminando toda forma de discriminación.». Asimismo, «se consideran agentes del seguro a las obras sociales nacionales, cualquiera sea su naturaleza o denominación, las obras sociales de otras jurisdicciones y demás entidades que adhieran al sistema que se constituye. » (art. 2).

VI.En el caso, resulta comprobado que la actora es afiliada a MEDICUS S.A. así como el padecimiento de Encefalopatía Crónica no Evolutiva (E.C.N.E.) Parálisis Cerebral forma Cuadriparética tipo mixta que se expresa clínicamente con un Retraso Global del Neurodesarrollo Cuadriparesia y Epilepsia de su hijo menor y la necesidad de un acompañamiento terapéutico. ( v. fs.44, 45, 46, 50, 51, 52 , 53, 54/58 ).

Asimismo, la situación de discapacidad del menor y las repercusiones negativas en su salud psico-física que provoca la situación descripta, justifica la necesidad de adoptar una solución urgente, en lugar de supeditarla a los tiempos que pueda demandar la culminación del proceso como asimismo, el cumplimiento de la medida cautelar.

Por ello, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y los derechos humanos en pugna, reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales que la conforman, corresponde rechazar el recurso interpuesto y, por ende, confirmar lo decidido por el juez a quo.

VII.Por ello, en orden a las consideraciones que anteceden, el Tribunal RESUELVE:

RECHAZAR el recurso interpuesto, y en consecuencia, CONFIRMAR la resolución apelada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS

JUEZ DE CAMARA

CARLOS ROMAN COMPAIRED

JUEZ DE CAMARA

NOTA: Se deja constancia que el señor juez Julio Víctor Reboredo no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia (conf. art. 109 del RJN). Conste.

EMILIO SANTIAGO FAGGI

SECRETARIO DE CAMARA

A %d blogueros les gusta esto: