Responden solidariamente los socios que conformaron una nueva sociedad a los efectos de evadir el pago de indemnizaciones al trabajador despedido.

Pesos argPartes: Altamirano José Luis c/ Natanic S.R.L. y otros s/ ordinario – despido

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba

Sala/Juzgado: Laboral

Fecha: 13-ago-2015

Cita: MJ-JU-M-94561-AR | MJJ94561 | MJJ94561

Procede la responsabilidad solidaria de los socios de la compañía empleadora, que constituyeron de modo fraudulento una nueva sociedad para evadir el pago de las indemnizaciones del actor.

Sumario:

1.-Corresponde acoger la demanda deducida, pues el despido sin invocar motivo ni efectivizar los rubros obligatorios, la constitución de una nueva sociedad integrada por los mismos miembros y para los mismos fines, asumiendo la explotación de la actividad en el lugar donde se desarrolló el contrato laboral y la posterior cesión del total de las cuotas a dos personas físicas que trasladan la sede de la empresa, en simultáneo con el devenir del proceso judicial en el que se reconoce el crédito del hoy accionante, que no pudo efectivizarlo, evidencian maniobras destinadas a perjudicar los derechos del actor y determinan la responsabilidad personal y solidaria de los codemandados.

2.-Si bien el sistema de adjudicación de la concesión de los puestos del Mercado de Abasto en donde trabajó el actor fue respetado, ello no excluye el fraude porque la hipótesis se configura, precisamente, cuando la conducta obedece a la ley pero viola su finalidad, y en el caso la titularidad de la concesión de los puestos siempre estuvo en cabeza de las personas físicas codemandadas, mediante ambas sociedades integradas por los mismos miembros y para los mismos fines.

3.-Debe revocarse el fallo en cuanto hizo lugar a la excepción de prescripción, pues el punto de partida del término no se sitúa en la desvinculación con la empleadora, sino en el conocimiento de la maniobra de constitución de una nueva sociedad; además, aparece desprovista de razón la exigencia de demandar a los socios a título personal, toda vez que al momento del distracto, el reclamante no conocía la maniobra que imposibilitaría la satisfacción de sus legítimas acreencias.

Fallo:

En la ciudad de Córdoba, a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince, siendo día y hora de Audiencia, se reúnen en Acuerdo Público los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia, doctores Luis Enrique Rubio, Carlos F. García Allocco y M. Mercedes Blanc de Arabel, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en estos autos: “ALTAMIRANO JOSE LUIS C/ NATANIC S.R.L. Y OTROS – ORDINARIO – DESPIDO” RECURSO DIRECTO – 59372/37, a raíz del recurso concedido a la parte actora en contra de la sentencia N° 140/08, dictada por la Sala Séptima de la Cámara Única del Trabajo, constituida en Tribunal unipersonal a cargo del señor juez doctor Arturo Bornancini -Secretaría N° 13-, cuya copia obra a fs. 147/159, en la que se resolvió:

“I) Rechazar en todos sus términos la demanda incoada por el señor José Luis Altamirano en contra de Natanic S.R.L. y los señores Mario César Carrera y Nancy Mabel Bossio, con costas por el orden causado (artículo 28 LPT).

II) Diferir la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes.

III).

IV).”. Oportunamente se fijaron las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: ¿Es procedente el recurso de la parte actora?.

SEGUNDA CUESTION: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?. Practicado el sorteo de ley resultó que los señores vocales emitieron su voto en el siguiente orden: doctores Luis Enrique Rubio, Carlos F. García Allocco y M. Mercedes Blanc de Arabel.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA: El señor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

I.1. La recurrente considera que el Tribunal al admitir la excepción de prescripción y rechazar el reclamo, vulneró las reglas del correcto razonar.Señala, que en el escrito inicial, se solicitó la extensión de la condena recaída en otro juicio en contra de la sociedad empleadora (Natacar SRL), a sus socios y a una nueva empresa, continuadora de la anterior (Natanic SRL). La demanda se sustentó en el “vaciamiento y desaparición de la empresa”, por parte de las personas físicas y en el incumplimiento de las previsiones de la Ley Nº 11.867 -transferencia de fondo de comercio-. No obstante, el a quo no admitió la demanda sosteniendo que la SRL no existía y que la acción en contra de Carrera y Bosio estaba prescripta, pese a que su parte nunca argumentó que Natanic fuera su empleadora ni que la acción contra las personas físicas naciera cuando fue despedido.

2. El Juzgador, previo decidir sobre la procedencia de la demanda, resolvió la defensa de prescripción opuesta por los accionados. En esa dirección, destacó que en los autos en los que se funda la presente -“Altamirano José Luis c/ Natacar SRL – Despido – Expte. 27875/37”- la litis quedó trabada entre el actor y la sociedad y que sus integrantes no fueron demandados a título personal, “pese a no existir impedimento para hacerlo”. Asimismo, resaltó que la sociedad “Natanic S.R.L.” fue constituida con fecha 04/02/00 e inscripta en el Registro el 23/10/00 por lo que a la fecha del distracto -05/02/00- era una persona jurídica inexistente. Dijo entonces que, al sustentarse la pretensión del actor en obligaciones nacidas del contrato de trabajo que lo vinculó con “Natacar SRL”, la cuestión quedaba atrapada por el art. 256 de la LCT. Resaltó, que desde que se inició la acción contra la empleadora, transcurrieron más de seis años. Por ello, la pretensión de extender la condena a personas jurídicas y físicas que no fueron demandadas en aquel expediente está prescripta, al haber vencido el término de dos años previsto en el artículo citado.Finalmente, expresó que de acuerdo al informe producido por la Municipalidad de Córdoba la explotación de los puestos del Mercado de Abasto fue adjudicada por el Municipio (Resol. Nº 84), es decir no existió transferencia del fondo de comercio.

3. Conforme lo relata el recurrente, esta acción encuentra sustento en el fraude que expone el trabajador, derivado de la imposibilidad de efectivizar su crédito, reconocido judicialmente en los autos “Altamirano José Luis c/ Natacar S.R.L.”. Desde ese contexto, el punto de partida del término prescriptivo de la demanda ahora intentada no se sitúa en la desvinculación con la empleadora -como erróneamente consideró el Sentenciante-, sino en el conocimiento de la maniobra denunciada. El plazo de prescripción comienza a correr cuando el titular de la acción toma contacto con la posibilidad de ejercerla porque su derecho ha sido vulnerado, de lo contrario, no puede presumirse su abandono. En este marco conceptual y dejando de lado la controversial aplicación de la teoría de los actos propios efectuada por el Tribunal, aparece desprovista de razón la exigencia de demandar a los socios a título personal, toda vez que al momento del distracto, el reclamante no conocía la maniobra que imposibilitaría la satisfacción de sus legítimas acreencias. Quien ignora su derecho por desconocimiento del hecho generador del mismo no puede ser presumido de abandono ya que no puede renunciar a lo que no sabe que tiene (arg. art. 4030, CC). El instituto de la prescripción es inseparable de la acción: su curso sólo adquiere sentido cuando el acreedor, sabiendo que está en condiciones de ejercer su derecho, no lo hace (Sents. Nros. 114/94; 29/00; 61/01, entre muchas otras). No debe confundirse el requerimiento efectuado a la sociedad empleadora por los rubros derivados del despido, con el pedido de iguales conceptos a otro responsable con base en un fraude. Es que, la acción no es la misma aunque lo pretendido sí lo sea.Por ello, si de acuerdo a las constancias de la causa, en los autos “Altamirano José Luis c/ Natacar SRL – Despido – Expte. 27875/37”, se reconoció el derecho del accionante, determinándose los montos definitivos con fecha 18/10/05 (Resol Nº 263), cabe concluir que la demanda incoada el 28/11/06 no se encuentra prescripta.

4. En consecuencia, debe anularse el pronunciamiento en este aspecto -art. 105 CPT- y entrar al fondo del asunto.

5. Conforme lo antes expresado, en el subexamen Altamirano entabló la demanda en contra de “Natanic SRL” y sus integrantes Mario César Carrera y Nancy Mabel Bossio para hacer efectivos los créditos reconocidos judicialmente en la causa iniciada contra “Natacar SRL”. Los requeridos dedujeron excepciones de cosa juzgada y prescripción -que ya merecieran tratamiento- y solicitaron el rechazo de lo pedido. Argumentaron, que la sociedad fue constituida legalmente cumplimentando las normas de la Ley de Sociedades. Que, en trámite de formación, comenzaron las gestiones necesarias para la inscripción en el Registro de Operadores, Vendedores, Mayoristas y Minoristas del Mercado Frutihortícola de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, con la apertura de la carpeta técnica para poder ser concesionaria del uso del espacio físico de un puesto. Extinguida la concesión otorgada a “Natacar SRL” y de conformidad a las normas administrativas municipales, mediante Resol. Nº 84 se la aceptó para operar como mayorista en el rubro en el mercado, siendo una persona totalmente diferenciada de la anterior concesionaria. En definitiva, concluyeron, no existió fraude porque el ingreso de la nueva empresa, como el retiro de la anterior se efectuaron respetando las normas reguladoras. No correspondía la transferencia de fondo de comercio -Ley N° 11.867- porque la concesión del uso del espacio físico de los puestos del Mercado de Abasto es producto de un sistema de adjudicación. Aclararon, que ambas sociedades no tienen relación comercial y al momento del distracto la demandada no existía.Los socios originarios transfirieron y cedieron sus cuotas sociales siguiendo el procedimiento de la Ley de Sociedades por lo que, en todo caso, el actor debió oponerse a dicha cesión. Insiste en que no efectuó ninguna gestión para hacer efectivo su crédito. Mario César Carrera y Nancy Mabel Bossio por su parte, adhirieron a lo expresado por “Natanic SRL”, analizando que oportunamente Altamirano pudo demandarlos pero no lo hizo. Insisten en la legalidad del proceso de transferencia de cuotas sociales y la conformidad en el ingreso-egreso con el procedimiento administrativo municipal.

6. Corresponde tratar la cuestión al amparo del art. 14 de la LCT porque en su relato, el actor expone maniobras tendientes a vulnerar sus derechos -iuria novit curia-. Veamos entonces lo acontecido y verificado: el trabajador prestó tareas para la firma “Natacar SRL” integrada por Mario Cesar Carrera y Nancy Mabel Bossio concesionaria en ese momento de los puestos 418/420 del Mercado de Abasto (fs. 98/99). El 23/01/00 se le impide el ingreso por lo que intima para que se aclare su situación laboral. Sin embargo, el 05/02/00 se lo despide sin mención de causa alguna. En simultáneo, los mismos socios de “Natacar”, el día anterior a la desvinculación -04/02/00- constituyen una nueva sociedad -“Natanic SRL”-, integrada exclusivamente por ellos y con idéntico objeto social al de Natacar (comercialización en general de toda clase de productos frutihortícolas y agropecuarios de cualquier especie, calidad y género.) -fs. 53-. El 20/09/00 se dicta la sentencia que ordena la inscripción en el Registro Público de Comercio (fs. 11, 57), lo que a la postre acontece el 23/10/00 (fs. 58). Paralelamente, frente al incumplimiento del pago de las indemnizaciones legales, Altamirano inicia demanda en contra de la SRL empleadora, obteniendo sentencia favorable el 17/12/01 (fs. 104/116). Ésta dedujo recursos de casación y extraordinario ante la CSJN, que fueran desestimados para volver el expediente a la Sala de origen el 5/8/05.Luego, empieza la ejecución de sus créditos y al efecto comparecen dos personas físicas -Bardus y Monjes- manifestando ser los nuevos titulares de la sociedad, por cesión de cuotas en un devenir que comenzó en enero de 2001 y culminó con la inscripción de la cesión con fecha 16/03/05 (fs. 66), habiendo trasladado su sede a la ciudad de Mendoza. Ahora bien, c omo señalan los demandados, efectivamente la concesión de los puestos del Mercado de Abasto se realiza conforme un sistema de adjudicación, el que fue respetado. No obstante, no se excluye el fraude porque la hipótesis se configura, precisamente, cuando la conducta obedece a la ley pero viola su finalidad; se oculta la realización de un comportamiento que persigue infringir el ordenamiento establecido, con una apariencia de cumplimiento adecuado a la normativa vigente. Nótese que la titularidad de la concesión de los puestos en los que se prestaron tareas siempre estuvo en cabeza de las personas físicas codemandadas, ya sea mediante la SRL empleadora NATACAR hasta el 30/11/03 (fs. 62) y finalmente como “NATANIC SRL” ya que ellas en ese carácter solicitaron la aceptación de la sociedad regularmente constituida (fs. 59/60). Luego, la secuencia de los acontecimientos: despido sin invocar motivo ni efectivizar los rubros obligatorios, constitución de una nueva sociedad integrada por los mismos miembros y para los mismos fines, asumiendo la explotación de la actividad en el lugar donde se desarrolló el contrato laboral y la posterior cesión del total de las cuotas a dos personas físicas que trasladan la sede de la empresa, en simultáneo con el devenir del proceso judicial en el que se reconoce el crédito del hoy accionante, que no pudo efectivizarlo, se ponen de manifiesto maniobras destinadas a perjudicar los derechos de Altamirano y determinan la responsabilidad personal y solidaria de los codemandados.Lo anterior es sin entrar a evaluar la inoponibilidad de la cesión al trabajador por la fecha de su crédito, anterior a la inscripción en el Registro Público de Comercio (art. 152, LS) y la modificación de un elemento constitutivo -domicilio- del contrato social, sin cumplir los requisitos legales al efecto. Es que, más allá del nombre que las partes le den a sus negocios jurídicos, es necesario calificar los hechos con ajuste al principio de primacía de la realidad, la legislación laboral busca evitar el perjuicio, estableciendo la responsabilidad como sanción cuando se verifican maniobras que tienden a eludir la observancia de la ley (art. 14, LCT). Voto por la afirmativa. El señor vocal doctor Carlos F. García Allocco, dijo: Coincido con la opinión expuesta por el señor vocal cuyo voto me precede. Por tanto, haciendo míos los fundamentos emitidos, me expido en la misma forma. La señora vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo: A mi juicio es adecuada la respuesta que da el señor vocal doctor Rubio a la primera cuestión. Por ello, de acuerdo a sus consideraciones, me pronuncio en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA: El señor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo: A mérito de la votación que antecede corresponde hacer lugar al remedio que se trata. Rechazar la excepción de prescripción deducida y admitir el reclamo en contra de “Natanic SRL”, Nancy Mabel Bossio y Mario Cesar Carrera en forma solidaria. Con costas. Los honorarios de los Dres. Daniel A. Centeno Novillo y Eduardo del Campillo, en conjunto, serán regulados por la a quo en un treinta y dos por ciento y los del Dr. Walter Gerardo Ferrero en un treinta por ciento, de la suma que resulte de aplicar la escala media del art, 36 de la Ley N° 9.459, sobre lo que constituyó materia de impugnación (arts. 40, 41 y 109 íb.), debiendo considerarse el art. 27 de la ley citada. El señor vocal doctor Carlos F. García Allocco, dijo:Adhiero a la solución a la que se arriba en el voto que antecede.

Por tanto, me expido de igual modo. La señora vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo: Comparto la decisión que propone el señor vocal doctor Rubio a la presente. Por ello, me pronuncio de la misma manera. Por el resultado de la votación que antecede, previo Acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Laboral,

R E S U E L V E:

I. Hacer lugar al recurso de casación concedido a la parte actora, y en consecuencia, anular el pronunciamiento según se expresa.

II. Rechazar la excepción de prescripción deducida y admitir el reclamo en contra de “Natanic SRL”, Nancy Mabel Bossio y Mario Cesar Carrera en forma solidaria.

III. Con costas.

IV. Disponer que los honorarios de los Dres. Daniel A. Centeno Novillo y Eduardo del Campillo, en conjunto, sean regulados por la Sala a quo en un treinta y dos por ciento y los del Dr. Walter Gerardo Ferrero en un treinta por ciento, de la suma que resulte de aplicar la escala media del art, 36 de la Ley N° 9.459, sobre lo que fue motivo de discusión. Deberá considerarse el art. 27 ib.

V. Protocolícese y bajen. Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el señor Presidente y los señores Vocales, todo por ante mí, de lo que doy fe.