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Inconstitucionalidad del recurso ordinario de apelación previsto para las causas en que el Estado Nacional es parte.

derechoPartes: Anadon Tomás Salvador c/ Comisión Nacional de Comunicaciones s/ despido

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 20-ago-2015

Cita: MJ-JU-M-94415-AR | MJJ94415 | MJJ94415

La Corte declaró la inconstitucionalidad del recurso ordinario de apelación previsto para las causas en que el Estado Nacional es parte.

Sumario:

1.-Corresponde declarar la inconstitucionalidad de la apelación ordinaria ante la Corte, previsto en el art. 24, inc. 6°, ap. a , del dec. ley 1285/58, pues la vigencia de esta vía de apelación en la actualidad se contrapone a la misión específica del Tribunal, en tanto su competencia debe regirse por criterios que hagan a la salvaguarda de principios constitucionales, y un parámetro cuantitativo y mecánico, como cierto valor económico del litigio, no es un medio de por sí idóneo para evaluar la afectación de los valores de nuestra Carta Fundamental.

2.-La discriminación entre los procesos judiciales según que la Nación sea o no parte, tampoco se adecua al rol constitucional que guía la competencia de la Corte, pues la apelación ordinaria ante ella, si bien comprende la potestad recursiva de ambas partes, únicamente tiene en miras la protección de recursos del Estado, y esta relevante finalidad tuitiva del Estado tiene adecuada protección ante otras instancias, incluso, cuando correspondiese, mediante el recurso extraordinario federal.

3.-El acceso a la revisión ordinaria, en estas condiciones, se trata de un privilegio para unos casos y restricción total para otros respecto de posibilidades concretas de actuación en una tercera instancia ordinaria, en la medida que no se trata de equilibrar prerrogativas estatales y garantías de particulares, sino del reconocimiento de una revisión íntegra y ordinaria para unos y la imposibilidad de un recurso con ese alcance para otros.

4.-La intervención del Tribunal se sustenta en específicos criterios de relevancia, aunque ninguno de ellos relacionado con las causales de procedencia del recurso extraordinario federal de la ley 48 , como se advierte, el supuesto de recurso ordinario que aquí se cuestiona considera un único indicador objetivo de la relevancia que un juicio pueda tener para el Estado, referido a la mayor entidad económica.

5.-Hasta el presente el Tribunal acató la jurisdicción reglada que el Poder Legislativo estableció mediante el recurso ordinario de apelación, y que fue, desde 1905 entendido como el medio dentro de las diferentes opciones de política que pudo haber considerado el legislador para garantizar los derechos del fisco nacional y para conceder mayor seguridad de acierto a las sentencias que deciden cuestiones de determinada cuantía, capaces de comprometer el patrimonio de la Nación, pero ello no lo inhabilita para declarar que la disposición impugnada ha devenido indefendible con el tiempo, y que su aplicación práctica compromete el rol institucional que emana de su primera y más importante función, concerniente a la interpretación de cuestiones federales, en particular las referidas a la vigencia de los derechos fundamentales y el sistema representativo, republicano y federal.

6.-La vigencia del recurso ordinario de apelación debe evaluarse a la luz de la interpretación contemporánea de las funciones de esta Corte que surge tanto de su jurisprudencia como de la legislación dictada por el Congreso de la Nación, y teniendo en especial consideración la necesidad de fortalecer los mecanismos de control de constitucionalidad que aseguren la supremacía de la Constitución Nacional con vistas a afianzar la justicia.

7.-Existen razones de trascendencia, tendientes a preservar y fortalecer el rol institucional de la Corte, que justifican la utilización de un riguroso criterio hermenéutico de los supuestos que dan lugar a su competencia apelada, para que de este modo lleve a cabo una profundización del ejercicio de su jurisdicción constitucional más eminente. A tales fines, se deben dejar de lado aquellos casos que, al amparo de una regla interpretativa diversa de la enunciada o de entronizar principios infraconstitucionales, desnaturalicen la función constitucional del Tribunal. El recurso ordinario aquí cuestionado, por su naturaleza misma; constituye un ámbito de expansión de la competencia de la Corte, tanto en el aspecto cuantitativo como en la diversidad de temas fácticos y jurídicos, que prescinde del criterio de trascendencia señalado.

8.-La admisibilidad basada en el valor económico del pleito, en tanto permite someter casos al Tribunal sin acreditar una cuestión de derecho federal, se encuentra en abierta contraposición con las funciones de la Corte, pues, en efecto, la Corte Suprema debe fallar todos los asuntos en que pueda estar comprometido algún principio constitucional, sin que estas cuestiones se midan por la cantidad de dinero que puedan importar, porque un caso en el que esté en juego una suma muy elevada puede depender de una norma de derecho común, mientras que una cuestión de unos pocos centavos, puede afectar todo el sistema de la propiedad y quizás todo el sistema constitucional. Por consiguiente, nunca puede servir el criterio de la cantidad, sino el de la calidad de las causas.

9.-Considerando el requisito económico como lo hace la legislación impugnada, el recurso ordinario se apoya entonces en un criterio que no tiene hoy cabida dentro del rol constitucional de este Tribunal, pues, desde la perspectiva de la trascendente tarea de esta Corte, la distinción que la norma establece para el acceso a la revisión ordinaria entre los procesos patrimoniales de cierto monto en los que una de las partes es la Nación, y los litigios en las que no se dan esos extremos ha devenido irrazonable.

10.-Si bien esta conclusión conduciría al inevitable rechazo de la pretensión recursiva de la demandada en el presente caso, la autoridad institucional de este fallo no debe afectar el tratamiento del presente y de otros recursos ordinarios que a la fecha estén en condiciones de ser interpuestos ante este Tribunal, ya que no ha de privarse de validez a los actos procesales cumplidos ni dejarse sin efecto lo actuado de conformidad con las leyes en vigor.

11.-Debe aclararse que las causas en las que haya sido notificada la sentencia de cámara con anterioridad al momento en que el presente pronunciamiento quede firme, continuarán su trámite con arreglo a la norma cuya inconstitucionalidad aquí se dispone.

12.-Corresponde declarar desierto el recurso ordinario de apelación deducido, toda vez que el memorial de la demandada, respecto a la relación laboral existente entre las partes, no rebate adecuadamente los fundamentos de la sentencia apelada, dado que sus quejas solo constituyen una mera reiteración de argumentos dados en las etapas anteriores del proceso y no agregan elementos nuevos u otras razones que justifiquen una solución distinta a la adoptada, por lo que resultan ineficaces a fin de obtener la revocación del pronunciamiento que se solicita.

13.-Debe desestimarse la queja vinculada a que la sentencia impugnada arrastre la imperfecta consideración, según aduce la demandada, que efectuara el juez de grado respecto del pago de la indemnización percibida por el distracto ocurrido en el año 1992, pues nada dijo el apelante en su expresión de agravios respecto del tema, y no pueden someterse a conocimiento de este Tribunal planteos que no fueron propuestos oportunamente ante la alzada, habida cuenta de que todo cuestionamiento ajeno a ese límite resulta fruto de una reflexión tardía y no puede ser examinado en la vía de la apelación ordinaria en tercera instancia.

14.-Resulta infundado y carece de base normativa el agravio de la recurrente en cuanto pretende la existencia de una disposición expresa que torne aplicable la Ley Nacional de Empleo a las relaciones de empleo del Estado Nacional en general y a su representada en particular, pues el dec. 1395/91 establece en su art. 7° que la relación laboral del personal de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones se ajustará a las prescripciones de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, que existe una decisión de inclusión en el marco de la Ley 20.744 al haber mediado un acto expreso de la administración en tal sentido, y no hay en el texto del mencionado decreto reserva ni limitación alguna por lo que el acto expreso al que se refiere el art. 2° inc. a de la Ley de Contrato de Trabajo sometió al actor al conjunto de normas jurídicas que regulan la relación laboral privada, entre ellas la Ley 24.013 .

15.-Es inatendible el agravio basado en que no se verificaría en este caso la situación contemplada por el art. 9° de la Ley 24.013, dado que si bien es cierto que el a qua citó erróneamente esta disposición al indicar los importes de las multas que se adicionaban a la condena, no lo es menos que toda la argumentación del fallo apelado indica que no fue esa la conducta reprochada por la cámara a la empleadora, sino lisa y llanamente la de no registrar la relación de trabajo contemplada en el art. 8° de la misma ley, punto que no ha sido criticado, por lo que debe considerarse desierto el recurso en este aspecto.

Fallo:

Procuración General de la Nación

– I –

A fs. 355/358, en oportunidad de contestar el traslado de los fundamentos del recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema deducido por la parte demandada contra la sentencia dictada a fs. 323/325 por la Cámara Nacional del Trabajo (sala VI) -que fue concedido a fs. 332-, la actora planteó la inconstitucionalidad del art. 24, inc. 6°, ap. a), del decreto-ley 1285/58, modificado por la ley de facto 21.708.

Señaló que esa norma, al fijar arbitrariamente un monto a partir del cual se abre la competencia de V. E. para entender como tribunal ordinario de tercera instancia, parte de un criterio meramente economicista para dilatar el proceso, en beneficio de la demandada -un organismo del Estado Nacional para suplir la imposibilidad de interponer el recurso extraordinario federal, lo que constituye un privilegio que no se brinda a los particulares.

Sostuvo que aquel precepto viola lo dispuesto por los arts. 14 bis, 16, 17, 18 Y 28 de la Constitución Nacional porque instaura, a su respecto, una discriminación frente a otros titulares de créditos -en particular, lo que poseen carácter alimentario- contra el Estado, cuando ellos no superan el monto mínimo fijado para la admisibilidad formal del recurso.

Consideró aplicables al caso los criterios fijados por el Tribunal en la causa «Itzcovich» (Fallos: 328:566 ) para sustentar su afirmación de que la disposición normativa impugnada resulta, en la actualidad, irrazonable e inadecuada a la eventual finalidad que pudo haber llevado a su sanción.

Agregó que si bien el art. 117 de la Constitución Nacional determina que la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso, V.E. se encuentra facultada para valorar la racionalidad de las medidas adoptadas, máxime cuando el recurso en cuestión se origina en una norma de facto.

Finalmente, recordó que, de conformidad con lo establecido por diversos tratados internacionales que poseen jerarquia constitucional (art. 75, inc.22, de la Ley Fundamental), toda persona tiene derecho a no ser discriminada en el ejercicio y goce de los derechos y garantías y debe disponer de un procedimiento judicial sencillo y rápido que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, pese a lo cual la vigencia del precepto que consagra el recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema coloca a los trabajadores cuyos créditos -como acontece en el caso- superen el valor fijado periódicamente, en una situación de inferioridad respecto de los acreedores por el mismo título pero por montos inferiores.

A fs. 368, el Tribunal confirió vista a este Ministerio Público.

– II –

Ante la vista conferida por V. E., y en virtud de lo que establece el arto 25, inc. g), de la ley 24.946, procedo a dictaminar respecto del planteo de inconstitucionalidad formulado por la parte actora.

– III –

De acuerdo con lo dispuesto por los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional, en los asuntos en que la Nación sea parte la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación, según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso.

En ese marco, el art. 24 del decreto-ley 1285/58 (modificado por la ley de facto 21.708), en cuanto interesa al caso en examen, dispone: «La Corte Suprema de Justicia conocerá:

( . )

6°) Por apelación ordinaria de las sentencias definitivas de las cámaras nacionales de apelaciones, en los siguientes casos: a) Causas en que la Nación, directa o indirectamente, sea parte, cuando el valor disputado en último término, sin sus accesorios sea superior a doscientos millones de pesos ($ 200.000.000)».

Por su parte, según el art. 4° de la citada ley 21. 708, la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe actualizar semestralmente ese monto, con arreglo a los índices oficiales de precios mayoristas no agropecuarios.

La última actualización se produjo por medio de la resolución 1360/91 del Tribunal (Fallos:314:989), en la que se fijó la suma de siete mil doscientos sesenta y cinco millones, doscientos treinta y tres mil doscientos tres australes con ocho centavos (A7.265.233.203,08), que equivalen a setecientos veintiséis mil quinientos veintitrés pesos con treinta y dos centavos ($726.523,32) , según lo dispuesto por el decreto 2128/91.

– IV –

Uno de los cuestionamientos de orden constitucional que la actora formula al recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema -bien que no se trata del principal argumento que esgrimió- es el origen de la norma que lo instituyó, porque no se trata de una ley sancionada por el Congreso Nacional como prescribe el art. 117 de la Ley Fundamental, sino de preceptos dictados por gobiernos de facto.

Al respecto, cabe recordar que V. E. ha sostenido la validez de los actos y normas del Poder Ejecutivo de facto, a condición de que, explicita o implícitamente, el gobierno constitucionalmente elegido que lo suceda los reconozca (Fallos: 328:4768 y sus citas), decreto-ley 1285/58, se de la ley 14.467 Y con circunstancia que, con relación al verifica con su ratificación por medio las numerosas reformas de las que fue objeto durante gobiernos democráticamente elegidos, mediante las leyes 23.498, 24.289, 26.371, 26.376 Y 26.853, entre otras, sin que en .ninguna de ellas se desechara la atribución de actualizar el monto fijado por el art. 24, inc. 6°, ap. a) del decreto-ley en cuestión, conferida a la Corte Suprema por el art. 4° de la ley de facto 21.708, deber que fue ejercido por el Tribunal en varias oportunidades desde el restablecimiento de la democracia (v. resoluciones 146/84, 50/85, 60/86, 63/87, 574/88, 1458/89, 767/90 Y 1360/91, por nombrar sólo algunas) del art. En tales condiciones, 24, inc. 6°, ap.cabe concluir que los efectos a), del decreto-ley 1285/58, modificado por la ley de facto 21.708, se asimilan a los de toda ley sancionada regularmente.

– V –

Despejado el punto anterior, debe recordarse la reiterada doctrina de V. E. en el sentido de que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional y una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y, por ello, debe ser considerada como ultima ratio del orden juridico, por lo que requiere inexcusablemente la demostración del. agravio en el caso concreto y sólo cabe acudir a ella cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución Nacional (Fallos: 333:447 y sus citas).

Sentado ello, cabe señalar que si bien el Tribunal tiene dicho que el beneficio de la tercera instancia tiene por objeto proteger los intereses del Fisco Nacional y conceder mayor seguridad de acierto a las sentencias que deciden cuestiones de determinada cuantia en tanto comprometan de ese modo el patrimonio de la Nación (Fallos: 326:1176 y sus citas, entre otros), de ello no se desprende que constituya un privilegio procesal establecido exclusivamente a favor del Estado como parte en juicio, ya que el recurso ordinario de apelación previsto decreta-ley particulares 1285/58 que por el también art. 24, puede aquél inc. ap. ser interpuesto a) , por o con los organismos del los y sociedades que litigan con actúan bajo su órbita y en los que están comprometidos sus intereses (confr. Fallos: 327:4271 y sus citas).

Con relación al alegado trato discriminatorio que la norma en cuestión consagraría en perjuicio de los titulares de créditos que superan el monto de $726.523,32 -en particular, los de carácter alimentario-, es preciso recordar que el art.16 de la Constitución Nacional no impone una rígida igualdad, por 10 que tal garantía no obsta a que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes. De ahí que se atribuya a su prudencia una amplia latitud agrupar, distinguiendo y clasificando los reglamentación, en la medida en que las para ordenar y objetos de la distinciones o exclusiones se basen en motivos razonables y no en un propósito de hostilidad contra determinada persona o grupo de personas o indebido privilegio personal o de un grupo (Fallos: 332: 1039 y sus citas).

También tiene dicho el Tribunal que no todo tratamiento juridico diferente es propiamente discriminatorio porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva de la dignidad humana. Existen ciertas desigualdades de hecho que pueden traducirse en desigualdades justificadas de tratamiento juridico, que expresen una proporcionada relación entre las diferencias objetivas y los fines de la norma (Fallos:322:2701 ; 329:3577 , y sus citas).

Bajo tales premisas, no advierto en el caso un menoscabo a la garantía de la igualdad, desde que no resulta irrazonable la distinción efectuada por el legislador que, al fijar las reglas de procedimiento, ha contemplado una instancia ordinaria adicional ante el máximo tribunal nacional para la revisión de las sentencias definitivas dictadas en los procesos judiciales en los que interviene la Nación -directa o indirectamente- y en cuales el valor disputado en último término resulta, según su criterio, de una magnitud tal que la eventual obligación de afrontar ese monto puede impactar significativamente en las cuentas públicas.

Tampoco aparece configurada, en la norma tachada de inconstitucional, una situación de desigualdad en desmedro de quienes específicamente reclaman un crédito de naturaleza alimentaria, dado que el recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema procede siempre que se cumplan los .requisitos que aquella establece, sin distinguirse según el origen de la pretensión económica reclamada en el juicio.

En el mismo sentido, puede decirse que la inevitable prolongación del proceso judicial que implicala existencia, en nuestro ordenamiento jurídico, de un recurso como el previsto por el art. 24, inc. 6, ap. a), del decreto-ley 1285/58 que habilita, si se dan las condiciones previstas por la norma, una tercera instancia ordinaria ante V. E. no basta para configurar una violación a lo dispuesto por el art. 25.1 de la Convención Americana sobre evidencia de que Derechos Humanos, para lo la inutilidad del remedio cual se requeriría judicial empleado «haya quedado demostrada por la práctica, porque el Poder Judicial carezca de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión; o, por cualquier causa, no se permita al presunto lesionado el acceso al recurso judicial» (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A, n° 9, capítulo III, párrafo 24).

Por tal razón, no encuentro que en el sub examine concurran las excepcionales circunstancias que el Tribunal estimó configuradas en el caso «Itzcovich» (Fallos: 328: 566), situación que la llevó a declarar la invalidez constitucional del art. 19 de la ley 24.463 (el cual, a los pocos días de dictada esa sentencia, fue derogado por la ley 26.025) sobre la base de sostener que dicha norma, en cuanto preveía un recurso ordinario de apelación ante la Corte contra todas las sentencias definitivas de la Cámara. Federal de la Seguridad Social, cualquiera fuere el monto del juicio, «aunque no ostensiblemente incorrecta en su origen, ha devenido indefendible, pues no se adecua a los fines tomados en consideración para su sanción y en su aplicación práctica compromete el rol institucional del máximo tribunal y causa graves perjuicios a los justiciables en una etapa de la vida en que la tutela estatal resulta imprescindible» (v. cons.10 del voto de la mayoría).

– VI –

Opino, por tanto, que el planteo de inconstitucionalidad del art. 24, inc. 6°, ap. a), del decretoley 1285/58, modificado por la ley 21.708, debe ser desestimado.

Buenos Aires, 27 de octubre de 2014.

ES COPIA

LAURA M. MONTI

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 20 de agosto de 2015

Vistos los autos: «Anadon, Tomás Salvador c/ Comisión Nacional de Comunicaciones s/ despido».

Considerando:

1°) Que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, al modificar la sentencia que había hecho lugar a la demanda de indemnización por despido, condenó al Estado Nacional -Comisión Nacional de Comunicaciones, hoy Administración Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ver fs. 323/325- a pagar la suma de $ 1.366.911,58, más intereses.

2°) Que contra esa sentencia, el Estado Nacional interpuso recurso ordinario de apelación que, concedido por el a quo, fue fundado, y replicado por el actor (fs. 329/330; 332; 339/352 y 355/358)

3°) Que el recurso ordinario es formalmente admisible puesto que se dirige contra una sentencia definitiva, dictada en una causa en que la Nación es parte y el valor disputado en último término, sin sus accesorios, excede el mínimo legal previsto por el artículo 24, inc. 6°, apartado a, del decreto-ley 1285/58 y la resolución 1360/91 de esta Corte, vigente al momento en que fue notificada la sentencia.

4º) Que en su contestación el actor plantea la inconstitucionalidad de la vía recursiva prevista en el artículo 24, inc.6°, apartado a, del decreto-ley 1285/58 en cuanto establece que «la Corte Suprema de Justicia conocerá (.) por apelación ordinaria de las sentencias definitivas de las cámaras nacionales de apelaciones, en las causas en que la Nación, directa o indirectamente, sea parte, cuando el valor disputado en último término, sin sus accesorios sea superior (.)» a la suma fijada por la resolución 1360/1991 de esta Corte, posteriormente modificada por la acordada 28/14.

El actor sostiene que: (a) la intervención de la Corte Suprema como tercera instancia altera su rol como intérprete final de la Constitución, y la convierte en un tribunal de instancia común; (b) el criterio «meramente economicista» del recurso ordinario pretende dilatar un proceso que tiene como parte actora a un trabajador que reclama créditos alimentarios solicitando la aplicación de normas protectoras del trabajo (artículo 14 bis, Constitución Nacional); (c) la norma es discriminatoria respecto de los sujetos privados, pues solo el Estado tiene la posibilidad de dilatar los pagos cuando superan determinados montos; (d) la vía del recurso ordinario ha devenido irrazonable porque no se adecúa a los eventuales fines que pudo haber tenido, referidos al déficit crónico de los recursos estatales y, en particular, porque el ente demandado cuenta con recursos propios no afectados a ejecución presupuestaria, y (e) el remedio cuestionado prolonga indebidamente los litigios contra el Estado. En subsidio, contesta la apelación.

5°) Que del planteo de inconstitucionalidad este Tribunal dio traslado al Estado Nacional. En su contestación, el Estado afirma que el recurso ordinario apunta a defender el patrimonio público en beneficio del interés general. Distingue este caso del precedente «Itzcovich» de esta Corte, (Fallos: 328:566), al sostener que en este caso no está en juego el reconocimiento de los derechos de un colectivo vulnerable en los términos del artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional.Considera por último que la tercera instancia ordinaria es un medio razonable para garantizar la legalidad de las sentencias relevantes, cuyo pago deberá ser afrontado por la comunidad entera, en perjuicio de otros fines públicos del Estado.

6°) Que según el artículo 117 de la Constitución Nacional, primera parte, corresponde al Congreso de la Nación diseñar las reglas y excepciones mediante las cuales la Corte Suprema de Justicia ejercerá su jurisdicción por apelación. Tal atribución, como toda competencia reglamentaria del Congreso, debe ser ejercida conforme al estándar de razonabilidad establecido en el artículo 28. Corresponde, entonces, examinar si el medio escogido por el legislador resulta proporcional al fin previsto, es decir, si la apertura de la tercera instancia ordinaria se encuentra justificada en función del propósito perseguido por la norma de brindar mayor seguridad de acierto a las sentencias que deciden cuestiones de determinada cuantía en las que el Estado es parte y que, por esa razón, son capaces de comprometer el patrimonio de la Nación.

Para ello, es preciso considerar la incidencia que aquella habilitación amplia de la jurisdicción del Tribunal tiene con relación a sus demás atribuciones y competencias con el objeto de sopesar esa eventual afectación con el fin de la norma.

7°) Que los aspectos estructurales del recurso ordinario de apelación surgen de la ley 4055 aprobada por el Congreso en el año 1902, sin perjuicio de las posteriores modificaciones introducidas en el lenguaje legislativo para ajustar su alcance.

A 113 años del debate parlamentario sobre la cuestión, el análisis de proporcionalidad deberá necesariamente considerar si la tercera instancia ordinaria pudo haber devenido -con el transcurso del tiempo y el cambio de las circunstancias objetivas- contraria a la función que la Constitución le encomienda a la Corte.A tales efectos no cabe desentenderse de los cambios en la sensibilidad y en la organización social, por cuanto los contenidos de la Constitución deben alimentarse de contemporaneidad.

Las leyes -ha dicho repetidamente este Tribunal- solo pueden ser interpretadas de acuerdo a las nuevas condiciones y necesidades de la comunidad, porque toda ley, por naturaleza, está destinada a regir hechos posteriores a su sanción («Kot», Fallos: 241:291).

En aplicación de este criterio interpretativo en el ya citado precedente «Itzcovich» se declaró la inconstitucionalidad del artículo 19 de la ley 24.463 al resolver que, aun cuando la competencia recursiva ordinaria previsional no era incorrecta en su origen, «había devenido indefendible y carente de la racionalidad exigida por la ley».

También en la causa Competencia CSJ 766/2013 (49-C) / CS1 «Pedraza» (sentencia del 6 de mayo de 2014) el Tribunal ha aplicado este criterio a las disposiciones atributivas de competencia de tribunales de grado inferior cuando consideró la crítica situación actual de sobrecarga del fuero previsional para declarar la invalidez constitucional de la competencia atribuida por el artículo 18 de la misma ley a la Cámara Federal de la Seguridad Social.

8º) Que el artículo 24, inc. 6º, apartado a del decreto-ley 1285/58 circunscribe la procedencia del recurso ordinario a procesos en los cuales el Tribunal actúa como tercera instancia de revisión de la sentencia definitiva. En la lógica de la ley 4055 -que el decreto impugnado replica- las cámaras nacionales fueron diseñadas como el tribunal de apelación donde culminaría el trámite ordinario de las causas, salvo para la decisión de aquellos casos que justificaban una intervención de la Corte Suprema «muy restringida pero inevitable», explicó el miembro informante del proyecto de ley (Cámara de Diputados, 5° sesión de prórroga, 29 de noviembre de 1901, Diputado Barranquera, p. 432).

Tal intervención del Tribunal se sustenta en específicos criterios de relevancia, aunque ninguno de ellos relacionado con las causales de procedencia del recurso extraordinario federal de la ley 48.Como se advierte, el supuesto de recurso ordinario que aquí se cuestiona considera un único indicador objetivo de la relevancia que un juicio pueda tener para el Estado, referido a la mayor entidad económica.

9°) Que en esta perspectiva, desde 1905 este Tribunal ha entendido al recurso ordinario -en las causas en las que el Estado es parte y se supera un monto establecido- como el medio dentro de las diferentes opciones de política que pudo haber considerado el legislador para «garantizar los derechos del fisco nacional» (Fallos: 102:87) y para conceder mayor seguridad de acierto a las sentencias que deciden cuest iones de determinada cuantía, capaces de comprometer el patrimonio de la Nación (Fallos: 234:427, entre muchos otros).

10) Que hasta el presente el Tribunal acató la jurisdicción reglada que el Poder Legislativo estableció mediante el recurso en cuestión, pero ello no lo inhabilita para declarar que la disposición impugnada ha devenido indefendible con el tiempo, y que su aplicación práctica compromete el rol institucional que emana de su primera y más importante función, concerniente a la interpretación de cuestiones federales, en particular las referidas a la vigencia de los derechos fundamentales y el sistema representativo, republicano y federal (Fallos: 1:340; 33:162; 330:4103 , entre muchos otros).

Existen razones de trascendencia, tendientes a preservar y fortalecer el rol institucional de la Corte, que justifican la utilización de un riguroso criterio hermenéutico de los supuestos que dan lugar a su competencia apelada, para que de este modo lleve a cabo una profundización del ejercicio de su jurisdicción constitucional más eminente.A tales fines, se deben dejar de lado aquellos casos que, al amparo de una regla interpretativa diversa de la enunciada o de entronizar principios infraconstitucionales, desnaturalicen la función constitucional del Tribunal.

11) Que cabe recordar que la efectividad del principio de supremacía constitucional -consagrado en el artículo 31 de la Constitución- demanda un régimen de control de la constitucionalidad de las leyes, normas y actos de los gobernantes, que en nuestro sistema es judicial y difuso, y que está depositado en todos y cada uno de los jueces. A su vez, la eficacia y uniformidad de ese control requiere la existencia de un tribunal especialmente encargado de revisar las decisiones dictadas al respecto, órgano que, en el régimen de la Constitución, no es otro que la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De ahí que haya sido expuesto de manera consistente y reiterada desde sus primeros pronunciamientos que es el intérprete y salvaguarda final de las declaraciones, derechos y garantías de la Constitución Nacional (Fallos: 1:340; 33:162; 311:2478, entre muchos otros) .

El instrumento legal que por excelencia dirige tan elevada misión por parte de la Corte lo constituye la ley 48, reglamentaria del artículo 31 de la Constitución (Fallos:156:20; 176:330; 183:49; 188:456 y otros), de modo que el carácter supremo que la Ley Fundamental ha concedido al Tribunal determina que la doctrina que este elabore, con base en la Constitución y en la ley citada, resulte el paradigma del control de constitucionalidad en cuanto a la modalidad y alcances de su ejercicio.

Esta Corte -fue anunciado ya en abril de 1853- «es la que ha de formar, por decirlo así, la jurisprudencia del código constitucional» («Informe de la Comisión de Negocios Constitucionales», Santa Fe).

12) Que, como se adelantó en el considerando 7°, la razonabilidad de la norma cuya validez constitucional se cuestiona debe evaluarse a la luz de las nuevas y diversas problemáticas que durante los últimos años han sido traídas ante los estrados de este Tribunal.

Desde esta perspectiva, la incorporación de «Nuevos Derechos y Garantías» por la reforma de 1994 ha provocado crecientes demandas sociales que exigen de los tres poderes del Estado darle contenido al derecho a «un ambiente sano, apto y equilibrado para el desarrollo humano» (artículo 41). En el ámbito de competencia del Poder Judicial, de esta nueva problemática «deriva la particular energía con que los jueces deben actuar para hacer efectivos estos mandatos constitucionales U («Mendoza», Fallos: 329:2316 ). Igualmente ha debido el Tribunal expedirse frente a las sustanciales y dinámicas transformaciones de las pautas de consumo en nuestro país, dando vigencia a las normas que establecen esquemas de juicios colectivos para usuarios y consumidores («Halabi» , Fallos: 332: 111, y CSJ 361/2007 (43-P)CSl «PADEC c/ Swiss Medical S.A. s/ nulidad de cláusulas contractualesu, sentencia del 21 de agosto de 2013), y diseñando nuevos instrumentos para asegurar el dictado de sentencias útiles en ese tipo de casos (CSJ 1145/2013 (49- M)/CSl «Municipalidad de Berazategui c/ Cablevisión S.A.s/ amparou, sentencia del 23 de septiembre de 2014) .

También durante esta última década la Corte ha debido responder a los reclamos de los justiciables -basados en la consti tucionali zación de los derechos humanos (artículo 75, inciso 22) – en orden a la satisfacción de necesidades sociales básicas insatisfechas. Así ha dictado pronunciamientos dirigidos a establecer mecanismos para que los ciudadanos puedan colectivamente exigir el derecho al agua potable (CSJ 42/2013 (49-K) / CS1 «Kersich, Juan Gabriel y otros c/ Aguas Bonaerenses S.A. y otro s/ amparo» , sentencia del 2 de diciembre de 2014); a que se mejoren las condiciones carcelarias de los detenidos en establecimientos policiales y penitenciarios superpoblados («Verbitsky» , Fallos: 328:1146; «Lavado» , Fallos: 330:1135); a que se asegure el derecho a una vivienda digna («Q. C., S. Y.», Fallos: 335: 452); a que se satisfagan las necesidades básicas -agua potable y alimentos- de ciertas comunidades indígenas («Defensor del Pueblo de la Nación», Fallos: 330:4134) y a que se reconozca el mandato constitucional de movilidad jubilatoria («Badaro», Fallos: 330: 4866 ) .

Asimismo se ha pronunciado en conflictos constitucionales en los cuales los derechos tradicionales han tenido que ser evaluados a la luz del impacto de innovaciones científicas y tecnológicas: la responsabilidad de los motores de búsqueda de internet (CSJ 522/2013 (49-R)/CS1 «Rodríguez, María Belén c/ Google Inc y otro s/ daños y perjuicios» , sentencia del 28 de octubre de 2014); el derecho de todo paciente a decidir su muerte digna (CSJ 376/2013 (49-0)/C81 «O.M.A. s/ declaración de incapacidad», sentencia del 7 de julio de 2015); la validez de la obtención y utilización de muestras de material genético para establecer la filiación de las personas víctimas de delitos de lesa humanidad («Gualtieri Rugnone de Pietro», Fallos: 332:1769 Y 1835), o la constitucionalidad de una ley que se valía de técnicas de interceptación de comunicaciones personales y de acumulación de datos personales (causa «Halabi» citada); también se ha pronunciado respecto al derecho que tienen los ciudadanos a acceder al creciente cúmulo de información en manos del Estado producto de las nuevas tecnologías («Asociación de Derechos Civiles» , Fallos: 335:2393; y CSJ 830/2010 (46-C) /CS1 «CIPPEC c/ EN MO Desarrollo Social dto. 1172/03 s/ amparo ley 16.986» , sentencia del 26 de marzo de 2014).

Cabe igualmente mencionar la significativa expansión de la tarea de la Corte emergente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que ha dado lugar al dictado de sentencias tendientes al reconocimiento de estos derechos («Arancibia Clavel» , Fallos: 328:341; «Simón» , Fallos: 328:2056; «Mazzeo» , Fallos: 330:3248; «Sánchez, Elvira» , Fallos: 330:2304) como también a asegurar el cumplimiento de las decisiones adoptadas respecto de nuestro país por los órganos internacionales («Espósito», Fallos: 327: 5668 ; «Derecho», Fallos: 334: 1504).

En el campo del federalismo, la reforma de 1994 introduce el concepto de autonomía municipal en el artículo 123, y de este modo aparece el municipio en el diseño federal argentino como el orden de gobierno de mayor proximidad con la ciudadanía.

Tal disposición constitucional ha motivado el dictado de diversas decisiones del tribunal para darle operatividad a la norma («San Luis», Fallos: 324:2315; «Ponce», Fallos: 326:1289 y 328:175; «Municipalidad de San Luis c/ San Luis, Provincia de s/ acción declarativa de certeza», Fallos: 330: 3126; CSJ 150/2012 (48-I)/CS1 «Intendente Municipal Capital s/ amparo», sentencia del 11 de noviembre de 2014).

13) Que todas estas cuestiones están, por cierto, muy alejadas -como no podía ser de otra manera-de las que pudo prever el Congreso en 1902 cuando estableció en forma primigenia la solución legislativa impugnada en estos autos.Resulta claro que la resolución de las primeras requiere una dedicación muy especial del Tribunal a sus competencias de derecho federal, con el objeto de mantener la racionalidad de la agenda de casos que debe examinar y sentenciar.

A tal punto debe entenderse la trascendencia y novedad de la tarea señalada que la resolución de estas causas exige abrir -para intentar llegar a una respuesta socialmente aceptable en el marco de un principio de cooperación con los otros poderes del Estado- canales de diálogo institucionales impensados hace más de un siglo como lo constituyen la realización de audiencias públicas para lograr «la participación ciudadana y la difusión pública del modo en que esta Corte conoce de la jurisdicción más eminente que le confiere la Constitución Nacional» (acordada 30/2007).

A la complejidad de este tipo de causas responde también la introducción de la figura del amicus curiae ante los estrados de la Corte para «enriquecer la deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de carácter jurídico, técnico o científico» (acordada 7/2013). y «al verificado incremento de causas colectivas con idénticos o similares objetos que provienen de diferentes tribunales del país», responde el establecimiento de un Registro de Acciones Colectivas (acordada 32/2014).

14) Que este criterio de trascendencia para delimitar su tarea gobierna de manera general la jurisdicción del Tribunal.

En su competencia originaria, ha adoptado lineamientos cada vez más estrictos pues una significativa expansión de su ámbito afecta «los siempre limitados recursos humanos y materiales existentes que en gran medida están siendo destinados al conocimiento y decisión de asuntos que, por su naturaleza y más allá de su fuente, son ajenos a la trascendente e insustituible atribución institucional de este Tribunal» («Barreta», Fallos:329:759; «Mendoza» , Fallos:329:2316).

En su instancia apelada extraordinaria, ha interpretado la doctrina de la arbitrariedad para limitar los casos que llegan por esa causal a sus estrados, pues de otra manera el Tribunal se transforma en «una tercera instancia ordinaria» para revisar decisiones judiciales (Fallos: 330:4770 , entre muchos otros).

15) Que en la misma lógica, el Congreso ha dotado a esta Corte de instrumentos legislativos que tuvieron por objeto alejar de su competencia los casos que no revistan tan especiales características y habilitarla en aquellos que, por el contrario, cumplen con esa condición.

Así, en 1991 reconoció al Tribunal la posibilidad de desestimar las apelaciones extraordinarias, en base a un juicio de «sana discreción» con la sola invocación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuando el agravio federal fuera insuficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren «insustanciales o carentes de trascendencia» (ley 23.774).

En el año 2002 derogó el artículo 195 bis del citado código que permitía recurrir directamente ante la Corte Suprema respecto de las medidas cautelares que directa o indirectamente «afecten, obstaculicen, comprometan o perturben el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Municipalidades, de sus reparticiones centralizadas o descentralizadas, o de entidades afectadas a alguna actividad de interés estatal» (ley 25.587).

En 2005 derogó el recurso ordinario previsional haciéndose eco del dictado del precedente «Itzcovich» de esta Corte (ley 26.025).

En 2012 insistió en el estándar de trascendencia sujeto a la sana discreción de este Tribunal para babilitar su competencia extraordinaria al establecer la vía de apelación por salto de instancia solo para «aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el interés de las partes en la causa, proyectándose sobre el general o público, de modo tal que por su trascendencia queden comprometidas las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales por ella incorporados». El legislador dejó también en esa ocasión en manos del propio Tribunal la valoración de la admisibilidad de la cuestión planteada ante sus estrados pues «la Corte habilitará la instancia con alcances restringidos y de marcada excepcionalidad» (ley 26.790).

16) Que habida cuenta de lo expresado, la vigencia del recurso ordinario de apelación debe evaluarse a la luz de la interpretación contemporánea de las funciones de esta Corte que surge tanto de su jurisprudencia como de la legislación dictada por el Congreso de la Nación, y teniendo en especial consideración la necesidad de fortalecer los mecanismos de control de constitucionalidad que aseguren la supremacía de la Constitución Nacional con vistas a «afianzar la justicia».

17) Que por su naturaleza misma; el recurso ordinario aquí cuestionado constituye un ámbito de expansión de la competencia de esta Corte -tanto en el aspecto cuantitativo como en la diversidad de temas fácticos y jurídicos- que prescinde del criterio de trascendencia señalado. La admisibilidad basada en el valor económico del pleito, en tanto permite someter casos al Tribunal sin acreditar una cuestión de derecho federal, se encuentra en abierta contraposición con las señaladas funciones de esta Corte en los considerandos 11 al 15.

En efecto, la Corte Suprema debe fallar todos los asuntos en que pueda estar comprometido algún principio constitucional, sin que estas cuestiones se midan por la cantidad de dinero que puedan importar, porque un caso en el que esté en juego una suma muy elevada puede depender de una norma de derecho común, mientras que una cuestión de unos pocos centavos, puede afectar todo el sistema de la propiedad y quizás todo el sistema constitucional.Por consiguiente, nunca puede servir el criterio de la cantidad, sino el de la calidad de las causas.

Considerando el requisito económico como lo hace la legislación impugnada, el recurso ordinario se apoya entonces en un criterio que no tiene hoy cabida dentro del rol constitucional de este Tribunal.

18) Que desde la perspectiva de la trascendente tarea de esta Corte, la distinción que la norma establece para el acceso a la revisión ordinaria entre los procesos patrimoniales de cierto monto en los que una de las partes es la Nación, y los litigios en lasque no se dan esos extremos ha devenido irrazonable.

Se trata de un privilegio para unos casos y restricción total para otros respecto de posibilidades concretas de actuación en una tercera instancia ordinaria. En otros términos, no se trata de equilibrar prerrogativas estatales y garantías de particulares sino del reconocimiento de una revisión íntegra y ordinaria para unos y la imposibilidad de un recurso con ese alcance para otros.

Teniendo presente entonces que la competencia de la Corte debe regirse por criterios que hagan a la salvaguarda de principios constitucionales, y que, como se ha dicho, un parámetro cuantitativo y mecánico, como cierto valor económico del litigio, no es un medio de por sí idóneo para evaluar la afectación de los valores de nuestra Carta Fundamental, deviene en insostenible la distinción efectuada en el artículo 24, inciso 6°, apartado a, del decreto-ley 1285/58.

A su vez, la discriminación entre los procesos judiciales según que la Nación sea o no parte, tampoco se adecúa al rol constitucional que guía la competencia de esta Corte.

Es que la apelación ordinaria ante este Tribunal, si bien comprende la potestad recursiva de ambas partes, únicamente tiene en miras la protección de recursos del Estado.Esta relevante finalidad tuitiva del Estado tiene adecuada protección ante otras instancias -incluso, cuando correspondiese, mediante el recurso extraordinario federal- y no se condice con el rol constitucional que esta Corte tiene asignado.

19) Que, por las razones expuestas, la vigencia de esta vía de apelación en la actualidad se contrapone a la misión específica del Tribunal, por lo que cabe declarar la inconstitucionalidad del artículo 24, inciso 6°, apartado a, del decreto ley 1285/58.

20) Que esta conclusión conduciría al inevitable rechazo de la pretensión recursiva de la demandada en el presente caso.

Sin embargo, la autoridad institucional de este fallo no debe afectar el tratamiento del presente y de otros recursos ordinarios que a la fecha estén en condiciones de ser interpuestos ante este Tribunal, ya que no ha de privarse de validez a los actos procesales cumplidos ni dejarse sin efecto lo actuado de conformidad con las leyes en vigor (conf. doctrina de la causa «Itzcovich» y sus citas). Ello así, toda vez que la aplicación en el tiempo de los nuevos criterios asentados ha de ser presidida por una especial prudencia con el obj eto de que los logros propuestos no se vean malogrados en ese trance. En mérito de ello, es necesario fijar la línea divisoria de aplicación de esta nueva jurisprudencia y fijar el preciso momento en que dicho cambio comience a operar.De tal modo, las causas en las que haya sido notificada la sentencia de cámara con anterioridad al momento en que el presente pronunciamiento quede firme, continuarán su trámite con arreglo a la norma cuya inconstitucionalidad aquí se dispone.

21) Que de conformidad con lo señalado en el considerando precedente, cabe pronunciarse sobre los agravios planteados por la demandada en el caso sub examine.

22) Que el juez de primera instancia tuvo por acreditado que desde la incorporación del actor -Tomás Salvador Anadon- a la Secretaría de Comunicaciones primero (afio1960) y a la demandada -Comisión Nacional de Comunicaciones- luego (afio 1991), este cumplía un horario, respondía a un jefe y concurría periódicamente a las oficinas de la entidad, lo cual implicó su desempeño en forma subordinada. Asimismo, entendió que bajo la figura de la locación de servicios, a partir del año 1992, se pretendió encubrir la verdadera naturaleza de la relación laboral y que las tareas desarrolladas por Anadon tenían las notas características de la relación de empleo que define el artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir que estableció la existencia de un contrato de trabajo entre el actor y la Comisión Nacional de Comunicaciones a partir del año 1992.A efectos de determinar el monto de la indemnización por despido tuvo en cuenta que se había acreditado la percepción por parte del actor en septiembre de 1992 de un resarcimiento al haber sido desvinculado de la entonces Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

23) Que la cámara, modificó la sentencia y, en consecuencia, elevó el monto de la condena al admitir los reclamos de indemnización fundados en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y en la ley 24.013.

Para así decidir, señaló que la demandada no había atacado los fundamentos en virtud de los cuales el juez de la anterior instancia había establecido la existencia de un contrato de trabajo entre el actor y la demandada a partir del año 1992.

Asimismo, mencionó el análisis que había realizado aquel magistrado de la prueba testimonial así como del informe brindado por la Facultad de Ciencias Económicas -consistente en el Convenio dé Asistencia Técnico Profesional suscripta entre la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y dicha Facultad- donde constaba que se había incorporado al actor por un contrato de locación de servicios.En este punto, la alzada consideró que la demandada no había rebatido los fundamentos que dieron sustento a la decisión del juez y, consecuentemente, el escrito de apelación no constituía una crítica razonada y concreta de la sentencia.

Entendió que las contrataciones realizadas e ran manifiestamente fraudulentas, estaban en contradicción con las disposiciones de los artículos 14 y 21 de la Ley de Contrato de Trabajo, buscaban evadir la totalidad de la normativa laboral y, consecuentemente, transgredían el orden público.

En cuanto a la queja de la actora referida a la multa por la falta de entrega de certificados de trabajo al no haberse cumplido el recaudo requerido en el decreto 146/01, sostuvo la alzada que tratándose de un negocio fraudulento, no podía invocarse el plazo de treinta días que exige dicha norma para que el trabajador intime a la entrega del mencionado certificado, lo que solo podría justificarse para el caso de una relación laboral normal. En consecuencia, admitió el reclamo en este aspecto y reconoció el importe de la multa consistente en tres meses de la mejor remuneración mensual, normal y habitual.

Con relación al agravio de la actora respecto a la desestimación de su pedido sustentado en las disposiciones de la ley 24.013 -artículos 8°, 9° Y 15- expresó la cámara que la demandada había ocultado la relación laboral para evadir al Fisco y desplazar los derechos reconocidos al trabajador, todo lo cual constituía una conducta típicamente antisocial.Agregó que del escrito de responde surgía que el actor expedía recibos a nombre de la Facultad de Ciencias Económicas, que los aportes jubilatorios estaban a su cargo y que los honorarios no eran otra cosa que remuneraciones y, por ello, entendió la alzada que la evasión de aportes surgía ínsita de los términos de dicho escrito.

Señaló que la carga de registro y de extensión de certificaciones pesa sobre el empleador directamente y, al tratarse de obligaciones de hacer que tienen un sujeto determinado como obligado, ella no puede ser suplida por un individuo distinto del empleador; en la medida en que el obligado es este último, su débito no puede ser reemplazado por su deudor solidario. Añadió que el registro por quien no es empleador impide considerar a la remuneración como adecuadamente registrada en los términos del artículo 7 de la Ley Nacional de Empleo y, hace pasible al empleador de las multas de la mencionada ley, 1° de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y que, ello es pertinente en mayor medida cuando no ha existido ninguna registración por haberse fraguado la condición laboral del dependiente.

24) Que, en su memorial ante este Tribunal, el recurrente expresa que el actor ingresó a trabajar en la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos hasta el año 1991, a través del cual se lo adscribió por el lapso de 365 días a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Señala que, vencida esa adscripción y, en el marco de las medidas de racionalización administrativa, se dispuso el cese a partir del 30 de junio de 1992 de los agentes que acreditaran más de cinco años de antigüedad, entre los que se encontraba el actor.Agrega que el mencionado personal percibió la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y los importes correspondientes por vacaciones anuales no gozadas y parte proporcional del sueldo anual complementario.

Sostiene que, en consecuencia, el actor fue debidamente resarcido y que luego de cobrar la indemnización, en el marco de un contrato de asistencia técnica celebrado entre la Facultad de Ciencias Económicas y la demandada, de cuyas cláusulas surgía que las personas que prestaban servicios no mantenían relación laboral alguna con las partes y que lo harían mediante la suscripción de los correspondientes contratos de locación de servicios o de obra con la institución académica, prestó sus servicios a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Señala que las disposiciones de la ley 24.013 no son aplicables a las relaciones de empleo del Estado Nacional en general y a su representada en particular, toda vez que para ello debiera dictarse una norma de derecho público que así lo dispusiere, como lo fue el decreto 1395/91 respecto de la Ley de Contrato de Trabajo.

25) Que el Estado Nacional se agravia porque considera que la sentencia de cámara carece de sustento legal y se torna antijurídica al haber dispuesto una indemnización en los términos del artículo 9° de la ley 24.013 por la suma de $ 336.190,55 y de $ 417.938,50 por aplicación del artículo 15 de la citada ley.

Sostiene que, para el supuesto que esta Corte entendiere procedente alguno de los conceptos, la liquidación contiene operaciones incorrectas.En tal sentido, señala que el monto tomado como mejor remuneración no se corresponde con la realidad ya que la facturación mensual, normal y habitual de Anadon era de $ 5.554 y no de $ 8.331 como se consideró en la sentencia que tuvo en cuenta una bonificación extraordinaria -correspondiente al 50% de su retribución- que le fue oportunamente otorgada.

Asimismo, se queja de que el pronunciamiento de cámara contiene una consideración incorrecta hecha por el juez de grado respecto del pago de la indemnización percibida por el distracto ocurrido en 1992, por lo que entiende que, de prosperar la acción, solo podría ser por los 16 años no indemnizados previamente y no efectuar una liquidación integral para luego descontar los importes nominales ya abonados.

26) Que en cuanto a la relación laboral existente entre las partes, el memorial de la demandada no rebate adecuadamente los fundamentos de la sentencia apelada. Sus quejas solo constituyen una mera reiteración de argumentos dados en las etapas anteriores del proceso y no agregan elementos nuevos u otras razones que justifiquen una solución distinta a la adoptada, por lo que resultan ineficaces a fin de obtener la revocación del pronunciamiento que se solicita.

Se agravia la demandada porque la cámara desestimó sus quejas «en orden a la legalidad de la contratación del actor mediante un contrato de locación de servicios, pese a la prueba producida y testimonios concordantes tendientes a establecerlo»; sin embargo, no indica la recurrente a qué prueba se refiere ni hace un mínimo análisis de las declaraciones testimoniales rendidas en la causa, limitándose a generalizar sin refutar los fundamentos del fallo.

En efecto, en lo atinente a la relación laboral existente entre las partes, el a qua desestimó el cuestionamiento efectuado ante esa alzada en razón de que este no se adecuaba a los términos del artículo 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.Tal argumento distó, a su vez, de ser rebatido por la recurrente en su memorial de fs. 339/352 ya que este pretendió -por lo demás, sin fundamentos suficientes- desvirtuar la conclusión del juez de grado que consideró que las tareas desarrolladas por Anadon a lo largo del tiempo tenían las notas características de la relación de empleo que define el artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo.

27) Que en cuanto al agravio referido al monto de la mejor remuneración, la propia apelante en su escrito de expresión de agravios ante la alzada ha reconocido expresamente no haber podido acreditar que la suma tenida en cuenta por el juez de primera instancia a efectos de realizar los cálculos era comprensiva de una bonificación extraordinaria correspondiente al 50% de su retribución. En tal sentido, señaló que «lamentablemente esta parte no pudo demostrar por la falta de información de la Universidad de Buenos Aires» (fs. 291).

Es por ello que el a qua no ha tratado el agravio que, en consecuencia, llega firme a esta instancia.

28) Que la queja vinculada a que la sentencia impugnada «arrastra la imperfecta consideración que efectuara el juez de grado respecto del pago de la indemnización percibida por el distracto ocurrido en el año 1992», debe ser desestimada.

No pueden someterse a conocimiento de este Tribunal planteas que no fueron propuestos oportunamente ante la alzada, habida cuenta de que todo cuestionamiento ajeno a ese límite resulta fruto de una reflexión tardía y no puede ser examinado en la vía de la apelación ordinaria en tercera instancia (artículo 277 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; Fallos: 310: 1945; 312: 1419; 318: 1026; causa CSJ 23/1998 (34-B) /CS1 «Bramajo, Alfredo Ángel c/ ANSeS s/ reajustes por movilidad» del 8 de septiembre de 1998 y sus citas). En efecto, el apelante nada dijo en su expresión de agravios de fs.288/291 respecto del tema vinculado con la manera en que el juez de grado había procedido a descontar del monto de la condena la suma percibida por Anadon en septiembre de 1992 en concepto de indemnización.

29) Que el agravio de la demandada en relación a que las disposiciones de la ley 24.013 no son aplicables a las relaciones de empleo del Estado Nacional en general y a su representada en particular, toda vez que para ello debiera dictarse una norma de derecho público que así lo dispusiere, como lo fue el decreto 1395/91 respecto de la Ley de Contrato de Trabajo, será desestimado.

El citado decreto establece en su artículo 7° que «.la relación laboral del personal de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones se ajustará a las prescripciones de la Ley de Contrato de Trabajo». Es decir, que existe una decisión de inclusión en el marco de la ley 20.744 al haber mediado un acto expreso de la administración en tal sentido. No hay en el texto del mencionado decreto reserva ni limitación alguna por lo que el acto expreso al que se refiere el artículo 2° inc. a de la Ley de Contrato de Trabajo sometió al actor al conjunto de normas jurídicas que regulan la relación laboral privada, entre ellas la ley 24.013. En consecuencia, resulta infundado y carece de base normativa el agravio de la recurrente en cuanto pretende la existencia de una disposición expresa que torne aplicable la Ley Nacional de Empleo a las relaciones de empleo del Estado Nacional en general y a su representada en particular.

Finalmente, tampoco es atendible el agravio basado en que no se verificaría en este caso la situación contemplada por el artículo 9° de la ley 24.013.Si bi en es cierto que el a qua citó erróneamente esta disposición al indicar los importes de las multas que se adicionaban a la condena, no lo es menos que toda la argumentación del fallo apelado indica que no fue esa la conducta reprochada por la cámara a la empleadora, sino lisa y llanamente la de no registrar la relación de trabajo contemplada en el artículo 8° de la misma ley, punto que no ha sido criticado y debe en consecuencia considerarse desierto’ el recurso en este aspecto.

Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se resuelve:

l°) Declarar la inconstitucionalidad del artículo 24, inciso 6°, apartado a, del decreto-ley 1285/58; 2°) Declarar desierto el recurso ordinario de apelación deducido por la demandada; 3°) Aclarar que las causas en las que haya sido notificada la sentencia de cámara con anterioridad al momento en que el presente pronunciamiento quede firme, continuarán su trámite con arreglo a la norma cuya inconstitucionalidad aquí se declara; 4°) Imponer las costas a la vencida.

Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y devuélvase.

RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON de NOLASCO – JUAN CARLOS MAQUEDA

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