SCBA: los trabajadores bajo el CCT 36/75, no deben pagar contribuciones sobre bonificacion anual por eficiencia

Pesos argentinos 3Partes: Maciel Graciela Noemí y otros c/ Ministerio de Obras y Servicios Públicos y otro s/ diferencias salariales

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 24-jun-2015

Cita: MJ-JU-M-93586-AR | MJJ93586 | MJJ93586

No corresponde a los trabajadores afrontar el pago de las contribuciones previsionales que deben efectuarse sobre la bonificación anual por eficiencia prevista en el art. 79 inc. b) del CCT 36/75.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, declarando la inconstitucionalidad del art. 1 de la res. 758/01 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y revocando la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo dirigido a obtener la devolución de las sumas descontadas en concepto de contribuciones previsionales correspondientes a la bonificación anual por eficiencia, rubro cuya procedencia se declara.

2.-La bonificación anual por eficiencia no puede ser considerada como un tipo de salario por rendimiento ( premio estímulo ) supeditado a la demostración de resultados extraños al débito laboral ordinario, por ello dicho rubro no debe ser incluido en el ámbito del art. 6.1 de la Ley 24.241 a los fines de hacer recaer sobre los trabajadores la obligación de pagar las contribuciones previsionales sobre dicha porción del salario, como ilegítimamente lo estableció el art. 1 de la res. 758/01 del entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.

3.-La bonificación anual por eficiencia no se encuentra vinculada con el rendimiento del trabajador sino más bien al cumplimiento de una determinada conducta laboral o, dicho en otros términos, con la observancia de un estándar de comportamiento contractualmente exigible y cuyos elementos básicamente fincan en la puntualidad, la asistencia y la disciplina; por lo tanto, resulta arbitrario calificar como premio estímulo al rendimiento a la bonificación anual por eficiencia prevista en el CCT N° 36/75 , por lo que carece de validez constitucional la res. 758/2001 del entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos que así lo establece.

Fallo:

En la ciudad de La Plata, a 24 de junio de 2015, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Hitters, Kogan, Negri, Domínguez, Ordoqui, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 109.405, «Maciel Graciela Noemí y ots. contra Ministerio de Obras y Servicios Públicos y ot. Dif. sal.».

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo N° 4 del Departamento Judicial La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada por los rubros que prosperaron y a la actora por los que fueron desestimados (fs. 462/475 vta.).

Esta última dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 491/495 vta.), el que fue concedido por el citado tribunal a fs. 496.

Dictada a fs. 589 la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

I. El tribunal del trabajo rechazó -por mayoría- la acción promovida por Graciela Noemí Maciel, Jorge Adrián Sangronis, Fabiana Analía Locatelli, Roberto Eduardo Yebara, Carlos Alberto Callegher, Raúl Alfredo Fernández Pezzino, Ana María Scafidi, Eduardo Antonio Camiolo, Julio Héctor Ucin y Maite Urbiztondo contra la Provincia de Buenos Aires, en cuanto le habían reclamado la restitución de los importes retenidos -en virtud de lo prescripto en la resol.758/01 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos- en concepto de contribuciones patronales sobre la bonificación anual por eficiencia (BAE), así como la devolución de los descuentos salariales -efectuados con apoyo en las leyes 12.727 y 12.874, que dispusieron una rebaja generalizada, por el lapso de emergencia allí establecido, de las remuneraciones de los agentes públicos provinciales- correspondientes al período comprendido entre el mes de julio de 2001 y el día 23-VII-2003.

En cambio -por unanimidad- declaró la inconstitucionalidad del art. 2 de la mentada resol. 758/01 en cuanto habilitaba a formular cargos deudores a los agentes de la ex Empresa Provincial de Energía a favor de los cuales la Provincia de Buenos Aires hubiera efectuado erogaciones en concepto de contribuciones patronales sobre dicha bonificación- y de los arts. 15 y 21 de la ley 12.727 y 32 de la ley 12.874 y, en consecuencia, condenó a la accionada a restituir a los actores los importes descontados de sus salarios a partir del día 23-VII-2003, así como a pagar la Bonificación Anual por Eficiencia que había sido suprimida por dichas normas, con más los intereses calculados a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días (sent., fs. 466 vta./473 vta.).

1. En lo que respecta al reclamo dirigido a obtener la restitución de los importes debitados de la bonificación anual por eficiencia (art. 79 inc. b del C.C.T. 36/75) en concepto de contribuciones previsionales, consideró la mayoría del órgano sentenciante que la resolución ministerial 758/01 no resulta inconstitucional en cuanto establece -en su art. 1°- que las contribuciones sobre la mentada bonificación deben ser efectuadas por los trabajadores (y no por el empleador), toda vez que, sin perjuicio de su indudable naturaleza remuneratoria, el rubro en cuestión constituye un «premio estímulo», lo que demuestra que la solución allí establecida resulta compatible con lo que prescribe el art.6.1 de la ley 24.241, en orden a que, en dicha clase de retribuciones, tanto los aportes como las contribuciones deben correr a cargo de los trabajadores (sent., fs. 466 y vta.).

En cambio, como anticipé, juzgó el tribunal que resulta inconstitucional el art. 2 de la citada resol. 758/01 en cuanto formula cargos deudores a los agentes a los cuales el Estado provincial les hubiera efectuado contribuciones por la bonificación referida, habida cuenta que -precisó, con cita de doctrina esta Corte-, en tanto el rubro en cuestión consiste en un salario que se devenga mensualmente y se paga en forma diferida, no puede perjudicarse a los trabajadores con cargos deudores en materia de haberes que forman parte de su patrimonio, pues de lo contrario se lesionarían las normas constitucionales nacionales y locales (arts. 14 bis y 17 de la C.N. y 39.3 de la Constitución local) que amparan el salario (sent., fs. 466 vta./467).

2. En lo tocante a los descuentos salariales formulados por el Fisco empleador con sustento en las leyes de emergencia arriba mencionadas, la mayoría del tribunal distinguió la solución que cabía acordar a los reclamos en virtud de la fecha de devengamiento de los salarios.

Así, con sustento en la doctrina legal establecida por esta Corte en el precedente I. 2312 «A.E.R.I.» (sent. del 1-X-2003), consideró que correspondía desestimar el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 15 y 21 de la ley 12.727 y 32 de la ley 12.874 en relación a las rebajas salariales efectuadas entre la originaria fecha de entrada en vigencia de la medida cuestionada (julio de 2001) y el momento en que se dispuso la nueva prórroga de la misma establecida por el art.51 de la ley 13.002 (23-VII-2003) rechazando, por ende, la pretensión de que se restituyeran los descuentos remuneratorios efectuados a los actores en dicho período-, debiendo, por el contrario, declarase la invalidez constitucional de las normas mencionadas en su aplicación al lapso sobreviniente a la última fecha mencionada y, por lo tanto, la procedencia del reclamo de devolución de la porción de la remuneración descontada a partir del 23-VII-2003, así como de la bonificación anual por eficiencia, cuyo pago había sido suspendido por la normativa citada.

Consideró el sentenciante que la nueva prórroga de los descuentos salariales, establecida por la legislatura local a partir de la fecha mencionada (23-VII-2003), lesionó en forma manifiestamente arbitraria el derecho a una justa retribución que el art. 39 incs. 1 y 4 que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires garantiza a los agentes estatales (sent., fs. 467/468 vta.).

II. La actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia errónea aplicación de los arts. 1, 103 y 104 de la Ley de Contrato de Trabajo; 6 de la ley 24.241; 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2, 3 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 14 bis, 15, 17, 28, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; del Convenio N° 95 de la Organización Internacional del Trabajo y de la doctrina legal que identifica (fs. 491/495 vta.).

Plantea los siguientes agravios:

1. En primer lugar, cuestiona la decisión sentencial que convalidó la validez constitucional del art. 1 de la resol. 758/01, en cuanto establece que las contribuciones previsionales sobre la B.A.E.deben ser efectuadas por los trabajadores.

Sostiene que el voto que orientó la mayoría resulta totalmente contradictorio, habida cuenta que se tuvo por acreditado que el pago de la bonificación anual constituía un «premio estímulo», aplicando erróneamente la doctrina legal de esta Suprema Corte.

Añade que no surge ni del veredicto ni de la sentencia que se hubiera acreditado en autos que el pago de la B.A.E. establecida en el art. 79 del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75, estuviera supeditado al cumplimiento de exigencias que superen el débito laboral habitual de los trabajadores.

Explica que la decisión cuestionada contradice la doctrina que esta Corte estableció en la causa «Ayala c/ Cooperativa de Servicios» (sent. del 28-XII-1995), en cuanto se declaró que la bonificación referida constituye un rubro de carácter remuneratorio que el trabajador adquiere «como consecuencia de su prestación habitual». Máxime cuando -dice- en otros precedentes que identifica (L. 64.164, «Devoto», sent. del 10-XII-1996; L. 55.004, «Omolidi», sent. del 29-XII-1994) este Tribunal ha descartado la tesis propuesta por la demandada en cuanto sostuvo que la mentada bonificación constituye un premio o gratificación de pago único y anual.

Expresa, asimismo, que el tribunal ha interpretado erróneamente el art. 6.1 de la ley 24.241, norma que -en tanto pone a cargo de los trabajadores el pago de las contribuciones patronales, afectando buena parte de la remuneración- debe ser interpretada de manera restrictiva.

En ese sentido, destaca que la bonificación anual por eficiencia constituye un «adicional de carácter general» variable en su monto, pero no supeditado a circunstancia alguna vinculada a la prestación laboral, ni a su resultado individual o colectivo, en tanto no tiene como fin premiar por el rendimiento, no constituyendo un premio estímulo encuadrable en el art. 6 de la ley 24.241.

De ese modo -concluye- la sentencia vulnera también el art.104 de la Ley de Contrato de Trabajo, en cuanto de dicha norma se desprende que los premios constituyen una contraprestación por rendimiento, lo que debe ser descartado de plano en el caso bajo examen, pues para percibir la BAE no se requiere el cumplimiento de exigencias que superen el débito laboral habitual de los trabajadores (fs. 492 vta./494).

2. Desde otro ángulo, cuestiona el rechazo del reclamo dirigido a obtener la devolución de los importes salariales descontados con anterioridad al 23-VII-2003.

Refiere que, tal como lo señaló el magistrado del tribunal del trabajo que quedó en minoría en la sentencia atacada, las normas constitucionales nacionales y provinciales, así como los instrumentos internacionales que cita -en tanto establecen la intangibilidad del salario, exigiendo que el mismo sea justo y equitativo- no sólo impiden la reducción salarial, sino que obligan a su mejora progresiva, lo que resulta acorde con e l principio de progresividad que fuera reconocido por la Corte federal en el precedente «Aquino c/ Cargo» (sent. del 21-IX-2004).

Agrega que, tratándose los accionantes de trabajadores estatales convencionados, debieron prevalecer las normas laborales y convencionales, comenzando por el art. 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece cuál es la remuneración que debe percibir el trabajador por haber puesto su fuerza de trabajo a disposición del empleador.

Resalta, asimismo, que el juzgador debió tener en cuenta que la ley 12.874 directamente interrumpió el pago de un rubro remuneratorio -la bonificación anual por eficiencia- importando para el caso concreto de los actores una rebaja salarial superior a la admitida por la ley 12.727.

Por lo tanto -concluye- los descuentos resultan irrazonables y confiscatorios, toda vez que el salario constituye el único patrimonio de los trabajadores (fs. 494/495).

III. El recurso debe prosperar parcialmente.

1.Asiste razón a los recurrente en cuanto sostienen que -contrariamente a lo que resolvió la mayoría del tribunal de grado- no corresponde a los trabajadores afrontar el pago de las contribuciones previsionales que deben efectuarse sobre la bonificación anual por eficiencia prevista en el art. 79 inc. b) del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75.

a. La cuestión ha sido resuelta por esta Suprema Corte, en el sentido propuesto por la quejosa, en el precedente identificado como C. 95.395, «Sindicato de Luz y Fuerza de Mercedes c/Ministerio de Obras y Servicios Públicos» (sent. del 14-V-2008, con mi voto en primer término); por lo tanto, habré de reiterar en la especie -en lo sustancial- los fundamentos allí explicitados, en el que se estableció la doctrina legal de esta Corte sobre el tópico bajo examen.

Debo aclarar al respecto que si bien dicho fallo no había sido dictado al momento en que se pronunció la sentencia atacada, ni tampoco cuando se interpuso el recurso extraordinario bajo análisis (adviértase, no obstante, que la quejosa invoca en sustento de su posición las sentencias previamente dictadas en la referida causa C. 95.395 por el tribunal del trabajo y la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial intervinientes, que fueran a la postre confirmadas por esta Corte; ver fs. 494), no puede soslayarse la aplicación de su doctrina a la presente causa, toda vez que -como reiteradamente ha sido declarado- no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario (conf. C.S.J.N., Fallos 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891, entre otros; esta Corte causas L. 88.415, «Franco», sent. del 13-VIII-2008; L. 88.094, «Borda», sent. del 21-VI-2006; L. 89.455, «Pirro», sent.del 12-IV-2006; entre otras). Luego, aun cuando los precedentes de la Suprema Corte sean ulteriores a la fecha en que se dedujo el medio extraordinario de impugnación, no cabe prescindir de su análisis y aplicación de sus lineamientos al caso (conf. causa L. 85.120, «Alarcón Cáceres», sent. del 27-III-2008).

b. Ingresando al fondo de la cuestión, considero -como anticipé- que el primer agravio traído por la recurrente es fundado.

(i) Ello así, pues la bonificación anual por eficiencia no puede ser considerada -como erróneamente lo resolvió la mayoría del tribunal en la sentencia- como un tipo de salario por rendimiento («premio estímulo») supeditado a la demostración de resultados extraños al débito laboral ordinario.

Consecuentemente, dicho rubro no debe ser incluido en el ámbito del art. 6.1 de la ley 24.241 a los fines de hacer recaer sobre los trabajadores la obligación de pagar las contribuciones previsionales sobre dicha porción del salario, como ilegítimamente lo estableció el art. 1° de la resol. 758/01 del entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, del 21-XII-2001 (ver copia a fs. 299/301).

(ii) Tal como se resolvió en la citada causa C. 95.395, «Sindicato de Luz y Fuerza de Mercedes», la bonificación anual por eficiencia no se encuentra vinculada con el rendimiento del trabajador sino -más bien- al cumplimiento de una determinada conducta laboral o, dicho en otros términos, con la observancia de un estándar de comportamiento contractualmente exigible y cuyos elementos básicamente fincan en la puntualidad, la asistencia y la disciplina.

Por lo tanto -concluyó esta Corte en la causa de marras- resulta arbitrario calificar como «premio estímulo al rendimiento» a la bonificación anual por eficiencia prevista en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 36/75, por lo que carece de validez constitucional la resol.758/2001 del entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos que así lo establece.

(iii) Para arribar a dicha conclusión, se recordó -en el precedente mencionado- que la cláusula convencional que contempla al beneficio establece en su reglamentación dejando circunstancialmente a un lado, más allá de su procedencia, los casos de renuncia por jubilación o fallecimiento del trabajador- que tiene derecho a percibirlo «todo el personal en actividad» que al 31 de diciembre de cada año acredite uno o más años de antigüedad y que, para aquéllos que no cumplan con este último requisito, se les liquidará un 8,33% de la remuneración mensual por cada mes entero trabajado (incs. 1 y 2, reglamentación; art. 79, C.C.T. 36/1975).

Prescribe, asimismo, la normativa convencional bajo análisis que la bonificación debe computarse teniendo en cuenta la remuneración del trabajador, y que su monto aumentará de acuerdo la antigüedad (hasta 5 años el 100%, de 5 hasta 10 años el 130% y más de 10 años el 160%) acrecentándose a su vez ante la inexistencia de deducciones -descuentos- anteriores (incs. 1, 2, 3 y 4 ap. «B», art. cit.).

En cuanto a las circunstancias idóneas para generar una reducción en el monto del beneficio, la norma contempla diversas causales, cada una con porcentajes fijos y preestablecidos, y -esto es lo decisivo- con independencia del mayor o menor grado de rendimiento del trabajador (incs. 7, 13, 14, 15, entre otros; reglamentación, art. cit.); así, por ejemplo, los supuestos de ausencias sin goce de sueldo (no en cambio las que generan derecho a percibir la remuneración), suspensiones y amonestaciones disciplinarias y faltas de puntualidad. Además, dispone que el beneficio no procede respecto de los trabajadores cesanteados o a quienes se les hubieren aplicado medidas disciplinarias, con expresa advertencia de prevención de cese o disposición equivalente (inc. 15, reglamentación, art. cit.).

(iv) Debe concluirse entonces -como se resolvió en la citada causa C.95.395- que el rubro lejos está de representar un «premio estímulo al rendimiento», como fuera calificado en la resolución 758/01 a los efectos de incluirlo en la excepción prevista en el inc. 1 del art. 6 de la ley 24.241; y ello es válido destacar, con el objeto de que el trabajador tenga a su cargo no sólo los aportes sino también las contribuciones, que por regla general corresponden al empleador (art. 10 incs. «a» y «b», ley cit.).

Por el contrario -se señaló allí- su definición como un «suplemento adicional con carácter de habitual y regular» se presenta acorde a los caracteres que conforman a la bonificación indicada, razonamiento que guarda armonía con lo expuesto por esta Corte quien -si bien en controversias diferentes a la aquí examinada- ha advertido que la bonificación anual por eficiencia es un rubro remuneratorio que el trabajador adquiere «como consecuencia de su prestación habitual» (conf. causas L. 56.124, «Urresti», sent. del 1-X-1996; L. 57.868, «Montero vda. de Gómez», sent. del 3-IX-1996; L. 57.875, «Grioli», sent. del 5-IX-1995).

(v) A tenor de lo señalado, no luce acertada la conclusión del tribunal relativa a que «la BAE, como premio estímulo que es, forma parte de la remuneración conforme el art. 6.1 de la ley 24.241» (sent. fs. 466), afirmación con sustento en la cual concluyó resolviendo que la resol. 758/01 -en cuanto pone en cabeza de los trabajadores el pago de las contribuciones previsionales sobre dicha bonificación- resultaba válida y no debía ser descalificada.

Ello así, pues semejante afirmación no aparece compatible -atento las notas que caracterizan a los premios como tipos especiales de remuneración por rendimiento (arg. art. 104, L.C.T.)- con la circunstancia de que el pago de dicha bonificación no esté supeditado al cumplimiento de exigencias que superen el débito laboral habitual de los actores.Toda vez que -huelga señalarlo- no puede catalogarse jurídicamente como «premio estímulo» a un rubro salarial cuya percepción -según quedó señalado- no está supeditado al cumplimiento de metas u objetivos predeterminados.

(vi) De conformidad con la doctrina legal que emana de la citada causa C. 95.395, debe concluirse entonces que -contrariamente a lo que resolvió el tribunal de grado- la bonificación anual por eficiencia lejos está de representar un «premio estímulo al rendimiento» como fuera calificado en la resol. 758/01 del M.O.S.P. a los efectos de incluirlo en la excepción prevista en el inc. 1º del art. 6 de la ley 24.241, con el objeto de que el trabajador tenga a su cargo no sólo los aportes, sino también las contribuciones previsionales.

En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario en esta parcela, declarar la inconstitucionalidad del art. 1º de la resol. 758/01 del M.O.S.P. y revocar la sentencia atacada en cuanto desestimó el reclamo por la devolución de las sumas retenidas por la demandada en concepto de contribuciones previsionales sobre la bonificación anual por eficiencia, rubro cuya procedencia se declara.

2. En cambio, no resulta atendible la crítica vinculada a la devolución de los importes descontados como consecuencia de la reducción salarial efectuada con base en la legislación de emergencia por el período que se extendió entre el mes de ju lio de 2001 y el día 23-VII-2003.

a.Como quedó anticipado, el tribunal de grado resolvió que no resultaba constitucionalmente reprochable la reducción salarial implementada entre el mes de julio de 2001 y el día 23-VII-2003 por las leyes de emergencia 12.727 y 12.874.

Lo hizo con fundamento en la doctrina establecida por esta Corte, con arreglo a la cual concluyó que sólo correspondía descalificar la mentada normativa -y, consecuentemente ordenar la devolución de los descuentos salariales- en relación al período posterior al 23-VII-2003, desactivando así la nueva prórroga de la medida de emergencia dispuesta por la ley 13.002 (conf. sent., fs. 467/468).

b. En primer lugar, debo señalar que, efectivamente, este tramo del pronunciamiento se adecua a la doctrina legal de este Tribunal sobre la materia debatida.

En oportunidad de pronunciarse sobre la validez constitucional de la legislación de emergencia bajo análisis, ha declarado esta Corte -por mayoría que integré al adherir al voto en cada caso emitido por el doctor Roncoroni- que las restricciones que originariamente ella impuso a las remuneraciones de ciertas franjas del sector público provincial, ostentaron en un primer momento una razonable adecuación proporcional al fin público perseguido (conf. causas I. 2312, «Asociación de Empleados de Rentas e Inmobiliaria» y B. 64.621, «Unión del Personal Civil de la Nación», sents. ambas del 1-X-2003).

Se señaló allí -en acotada síntesis- que, inmersos en el escenario en que se desenvolvía la crisis más grave de nuestra historia, mal podía reputarse inconstitucional la recurrencia a una legislación de emergencia que, con carácter excepcional y temporal, estatuye ciertas restricciones o limitaciones a los derechos individuales que consagra la Constitución (en el caso, reducciones salariales) en procura de dar remedio a tal cataclismo institucional, económico, financiero y social, brindar satisfacción a los fines públicos impostergables y cumplir las funciones estatales que, de otro modo, no se podrían abastecer (conf. causa I. 2312 cit.; ap.III del voto mayoritario).

Partiendo de esa base, y ponderando las modalidades que había asumido la reducción salarial dispuesta por la normativa bajo análisis (en tanto fue dispuesta con carácter temporal, siendo estructurada en base a una escala con arreglo a la cual a mayor retribución correspondía una mayor participación en el sacrificio, repartiendo así las cargas en una forma mucho mas justa y solidaria que la resultante de establecer un monto o porcentaje igual y unitario de disminución dineraria para todos los agentes, sin distinguir, entre ellos, niveles de ingresos y jerarquías; conf. causa I. 2312 cit., aps. VIII y IX del voto mayoritario), concluyó esta Corte que no resultaban inconstitucionales las rebajas de los salarios de los empleados y funcionarios públicos provinciales establecidas por la ley 12.727 (a partir del mes de julio de 2001 y por el lapso de un año por el que se declaró la emergencia, contado desde la fecha de promulgación de la norma citada: 23-VII-2001; arts. 2, 15 y 20, ley cit.) y prorrogadas por la ley 12.774 y el decreto 1465/2002 (norma esta última que, en ejercicio de la delegación autorizada por aquél cuerpo legal, extendió por un año el lapso de la emergencia declarada por la ley 12.727, prolongando de ese modo la reducción salarial hasta el día 23-VII-2003).

En cambio, se consideró en el precedente citado que la posterior prórroga de la medida dispuesta por el art. 51 de la ley 13.002 (que extendió la declaración de emergencia -y, con ella, la reducción de sueldos- hasta el 31-XII-2003), no superaba el test de constitucionalidad, debiéndose en consecuencia restituir los importes salariales detraídos a los empleados públicos a partir del 23-VII-2003.Ello así, en la inteligencia de que, en atención a las circunstancias sobrevinientes, la extensión de la medida dispuesta por la normativa citada en último término había trasvasado los límites que la razonabilidad y las exigencias de la situación le imponían (conf. causa I. 2312 cit., ap. XI del voto mayoritario).

A ello cabe añadir que la constitucionalidad de la medida de emergencia examinada, ratificada en los precedentes mencionados, ya había sido convalidada por la Suprema Corte -integrada por conjueces- al resolver la causa B. 62.974, «Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires» (sent. del 10-IV-2002).

c. La recurrente cuestiona el primer tramo de la decisión reseñada, pretendiendo que la declaración de inconstitucionalidad de la normativa de emergencia se extienda a la totalidad del período por el cual se dispuso la rebaja salarial.

Sin embargo, el agravio debe ser desestimado, no sólo porque lo resuelto se adecua -como anticipé- a la doctrina legal de esta Corte sobre la materia debatida sino, también, porque el embate luce palmariamente insuficiente para conmover lo resuelto, habida cuenta que sin hacerse cargo de rebatir los fundamentos explicitados por el a quo y silenciando la circunstancia de que la solución adversa a su pretensión halló sustento en la jurisprudencia de este Tribunal- no intentó la quejosa controvertir los argumentos sobre los que se estructura la referida doctrina legal, que fueran reproducidos por el juzgador de grado, ni -mucho menos- esgrime motivos que podrían eventualmente tornar inaplicable al caso la doctrina mencionada.

Limitados los impugnantes a reproducir parte de las manifestaciones vertidas por el magistrado que quedó en minoría y a formular, en escasos párrafos, afirmaciones genéricas vinculadas al concepto de remuneración (recurso, fs.494/495), ello no resulta idóneo para conmover los fundamentos que sustentan la mentada doctrina legal ni, por tanto, la sentencia del juzgador de grado que se apoyó en ella para fundar la decisión contraria al reclamo bajo examen.

Cabe destacar, en ese sentido, que la quejosa ha estructurado el planteo de inconstitucionalidad de manera completamente genérica, pretendiendo desactivar la norma para la totalidad de los actores, sin siquiera haber alegado -ni, mucho menos, demostrado- que los mismos (o alguno de ellos), estuvieren afectados por alguna circunstancia particular que, diferenciando su situación de la generalidad de los empleados públicos provinciales que se vieron perjudicados por la medida, pudiera eventualmente justificar que se excepcionara -en el caso concreto- la regla de la validez constitucional de la medida de emergencia que emana de la doctrina legal arriba mencionada.

Siendo ello así, el agravio debe ser desestimado, sin que puedan reputarse aplicables al sub lite los lineamientos establecidos en aquellos precedentes en los cuales, habiéndose demostrado tales circunstancias excepcionales -vgr., avanzada edad (conf. causa B. 65.072, «Rojas», sent. del 29-XII-2008), grave enfermedad (conf. causa B. 65.735, «P., I.», sent. del 29-XII-2008), o afectación del principio de proporcionalidad y de la garantía de igualdad, al discriminar indebidamente la norma entre activos y pasivos dentro del mismo colectivo de trabajadores (conf. causa B. 63.305, «Asociación Judicial Bonaerense», sent. del 26-IX-2007)- esta Suprema Corte hubo de declarar la invalidez constitucional y la consecuente inaplicabilidad de la reducción salarial de emergencia establecida por el art. 15 de la ley 12.727, en la inteligencia de que tales circunstancias especiales revelaban de modo patente la configuración de una excepcional situación desventajosa de los allí accionantes, en cuyo caso la aplicación de la norma habría provocado un daño irreparable, importando no ya un simple y tolerable esfuerzo frente a la emergencia declarada, sino la quiebra del principio de razonabilidad contenido en el art. 28 de la Constitución nacional, lesionando gravemente derechos constitucionalmente amparados.

d.El sentido de mi voto no se ve modificado por la reciente sentencia (18-VI-2013) dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa A.598.XLII1, «Asociación de Empleados del Estado A.T.E. s/Acción de inconstitucionalidad», en la cual se declaró la inconstitucionalidad del decreto 5/2003 del Intendente de la Municipalidad de la ciudad de Salta, que dispuso la rebaja de las remuneraciones de los agentes municipales en el marco de la declarada emergencia provincial.

(i) Antes de entrar al análisis de la misma -y aunque vaya anticipada mi opinión respecto de su aplicación al caso de autos-, me permito formular otras consideraciones.

(ii) Empiezo por recordar que, según he expresado reiteradamente (ver mis votos en las causas C. 112.791, «Langiano», sent. del 5-XII-2012; C. 103.420, «Rozitchner», sent. del 14-IX-2011; C. 103.189, «Crudo», sent. del 18-XI-2009; entre otras), participo de la idea según la cual, en principio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo decide en los procesos concretos que son sometidos a su conocimiento, al igual que admito que las razones por las cuales dicta una sentencia en un caso no pueden, sin más trámite, ser usadas para resolver casos análogos.

Esta aseveración contiene una seria amonestación que tiene que ver con la realidad: no ignoro que, de hecho, una multiplicidad de argumentos (que empiezan con la simple alusión a la economía procesal, que pasan por la búsqueda de equilibrio entre los poderes del estado y que llegan a altas razones de política constitucional), hacen que la doctrina que emana del máximo tribunal sea sentida, experimentada o vivida por los tribunales inferiores como si fuese obligatoria, aunque inmediatamente deba agregarse que el grado de esa sensación de constreñimiento puede variar con los tiempos, con las circunstancias sociales o políticas, y aun con la personalidad de los hombres.

No puedo excluirme ni del principio general ni de sus reparos:siento, sin duda, la poderosa influencia de los precedentes del máximo Tribunal de la Nación, pero no confundo tal ascendiente con un acatamiento incondicionado a sus pronunciamientos; por el cont rario, siempre me he declarado partícipe de un sometimiento restringido (en el sentido usado por Néstor Pedro Sagüés, «Eficacia vinculante o no vinculante de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», en «El Derecho», tomo 93, pág. 891, o por Emilio A. Ibarlucía, en «Fallos plenarios y doctrina de la Corte Suprema», en «La Ley», 2009-A-654), de manera tal de entender que la fuerza vinculante que fluye de las sentencias dictadas por la Corte Suprema siendo sin duda significativa-, no se equipara a la obligatoriedad jurídica a la que quedamos supeditados por la legislación.

Dicho de otra forma: desde un punto de vista moral, pragmático o prudencial, los jueces nos vemos impelidos -en mayor o menor grado- a seguir los criterios rectores del máximo tribunal de la Nación, porque es la forma en que se manifiesta nuestro reconocimiento a su autoridad y prestigio, y esa es también nuestra contribución a la seguridad del tráfico jurídico y a la coherencia del sistema normativo.Sin embargo, todo ello ocurre bajo ciertas condiciones y circunstancias que, de no hallarse presentes, afectan la robustez de tales lazos de respeto.

(iii) Formuladas esas aclaraciones, puedo entrar en el análisis de los fundamentos que nutren aquella parcela de la sentencia dictada por la Corte federal con fecha 18 de junio de 2013 en la causa «Asociación de Trabajadores del Estado (A.T.E.) s/Acción de inconstitucionalidad», que se aplicarían a este caso.

Se trató allí, en lo que nos interesa, la impugnación a la validez constitucional de un decreto por el cual, el 14 de enero de 2003, el Intendente de la ciudad de Salta dispuso, como parte de una reestructuración administrativa funcional del municipio, la rebaja de las remuneraciones de los empleados municipales, invocando para ello la adhesión de la comuna a la situación de emergencia económica declarada tanto a nivel nacional como provincial.

(iv) Nuestro máximo Tribunal empezó por recordar su temprana y permanente preocupación por el derecho de los derechos humanos y, en especial, por el salario -tanto en su justicia como su protección-, y su posición respecto de que el mismo representa una directa e indisociable atadura del trabajador para con su vida y la de su familia: su remuneración es necesaria para acceder a la salud, la educación, la cultura, un nivel de vida adecuado (id est, alimento, vivienda y vestido apropiados), el descanso, etc. Sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales (entre los que se encuentra, sin duda, el salario) el ejercicio de los demás derechos se hace imposible, principio que ha sido afirmado no solo en el plano doctrinal sino también operativo (cita en aval de su postura la Proclamación de Teherán, 1968, párr. 13; la Resolución 32/130 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 16-XII-1977; los preámbulos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del PIDESC; así como precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso «Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs.Perú», excepciones preliminares y fondo, sentencia del 24-XI-2006, Serie C 158, voto del Juez Cançado Trindade, párr. 7; Considerando T).

Los reclamos por la dignidad del salario (se agrega en el siguiente considerando) resultan vitales no solo en cuanto son pertenecientes o relativos a la vida del propio trabajador, sino también porque resultan de suma importancia o trascendencia para el acceso de él y de su familia al goce y ejercicio de derechos fundamentales de vastedad y hondura incalculables. Y ello alcanza, principio protectorio mediante -según se lo consagra en el art. 14 de la Constitución nacional-, a los agentes estatales y a la relación de empleo público (doctrina del caso «Madorrán»; Considerando 9°).

Sentados tales preliminares, la Corte avanza sobre cuatro principios de jerarquía constitucional que rigen el desenlace de las contiendas referidas a la retención de haberes: el de que el trabajador es sujeto de la preferente tutela constitucional y goza de especial protección del Estado, el de la justicia social -que es la justicia en su más alta expresión-, el de la progresividad -que impone que toda medida regresiva deberá ser objeto de la consideración más cuidadosa y deberá hallarse plenamente justificada- y, por fin, el de la realización, en la persona del empleado, del derecho a perseguir el bienestar material rodeado de seguridades económicas. Estos principios han de ser completados (según se dice en el Considerando 10°) por otros tres:en primer lugar, el deber del Estado de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna; en segundo lugar, otro deber del Estado, en este caso de abstenerse de toda medida que interfiera directa o indirectamente en el disfrute del derecho al trabajo que hubiere alcanzado el empleado y -por último- el principio pro homine o pro persona, según el cual se adoptarán pautas amplias para determinar el alcance de todos los derechos, libertades y garantías, así como se seguirá en toda ocasión un criterio restrictivo para medir sus limitaciones.

Más tarde -en el Considerando 11°- se expresa algo que no dudo en subrayar: todo lo antedicho no implica negar que el Estado, para conjurar, en aras del bien común, las llamadas situaciones de emergencia económica, pueda disminuir temporariamente la remuneración de sus empleados, conforme lo adoctrinado en las causas «Guida», «Tobar», «Muller», etc.

Establecidos estos principios, y ya de lleno en la cuestión que le tocaba resolver, la Corte nacional consideró inconstitucional una norma que, a partir del mes de enero de 2003, disponía una reducción de los salarios de hasta un 34,3%, sin que previera un límite temporal a tal retención, incidiendo con ello gravemente en las remuneraciones más bajas, a las que colocaba por debajo de la línea de pobreza y apenas por encima de la línea de indigencia, según los parámetros establecidos para esa época por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Además -se anotó- un precepto con tal contenido parece omitir la consideración de que todo ajuste ha de tener como objetivo primordial la protección de las capas más vulnerables de la población, y que debe prevalecer siempre, aun ante un ajuste de este tipo, el espíritu protector que anima al art.14 bis de la Constitución nacional.

Con tales argumentos, la máxima autoridad judicial del país declaró la inconstitucionalidad de aquella normativa a pesar de que, entre sus fundamentos, tenía el de la declaración de emergencia económica.

(v) Pues bien: aunque las situaciones (la que aquí nos ocupa y la resuelta por la Corte nacional) pudieran resultar a primera vista similares, autorizando a extender la solución que allí se diera a este caso, un estudio más detenido muestra diferencias insalvables que nos facultan a apartarnos del referido precedente.

Un dato no menor es la época de sanción de los preceptos cuestionados: mientras que la ley 12.727 fue promulgada el día 23 de julio de 2001 (es decir, poco antes de que se precipitara en toda su gravedad de la hecatombe económica y financiera y la crisis política de diciembre de 2001/enero de 2002), la norma de la ciudad de Salta es del mes de enero de 2003 (cuando, mal que mal, lo más álgido de la crisis se había superado: prueba de ello es que poco después se anatematizó el intento de prolongar la vigencia de la legislación de emergencia). Las circunstancias del dictado de las respectivas normas son, pues, diferentes y ello hace que los criterios para juzgar su validez también deban serlo.

Tampoco carece de importancia señalar que mientras en aquel caso se trataba -a estar a lo que se desprende de la sentencia de la Corte nacional- de un decreto del Ejecutivo municipal donde, so color de una reforma de la Administración, se avanza sobre los sueldos del personal administrativo municipal, en el nuestro tenemos el producto de una decisión de la Legislatura bonaerense (la ley 12.727), dirigida a la totalidad de los empleados y agentes estatales provinciales. Ello también implica que no se está ante las mismas o similares circunstancias.

Sin embargo lo que me parece decisivo para este apartamiento de la doctrina de la Corte federal se halla en dos aspectos sustanciales; el primero de ellos:la ley 12.727 contiene una norma que limita su vigencia temporal a un año: su art. 2 (no importa, a los fines de mi argumento, que luego se la haya prorrogado o que una nueva prórroga no haya sido considerada constitucional), limitación que no aparece en la normativa salteña. Tal diferencia ha sido particularmente remarcada en el dictamen de la Procuración General cuando dice «. [s]e advierte que el decreto local N° 5/03 (del 14-1-03, ver fs. 83) se dictó con fundamento en una restructuración administrativa funcional del municipio, en el marco de la emergencia provincial, sin que surgiera de su articulado que el Estado municipal puede restablecer los derechos alterados una vez que cesaren las circunstancias que dieron motivo al dictado de la norma de crisis [.]» e inmediatamente se agrega: «[s]i bien se ha admitido que la falta de definición del plazo de duración de la emergencia no constituye un elemento descalificante de la validez de las medidas que en su consecuencia se adopten [.] lo cierto es que cuando no se establece que el Estado pueda disponer el cese de la medida de emergencia ante la modificación de las condiciones que la generaron, se excluye la posibilidad de verificar el razonable ejercicio de esa facultad» (capítulo IV, segundo párrafo, de la Procuradora Fiscal; el subrayado, por supuesto, me corresponde). Ahora sí estamos ante una diferencia sustancial.

El segundo aspecto: como ya anticipé, las retenciones dispuestas por la ley que declaró la emergencia en la provincia fueron determinadas en base a una escala según la cual a mayor retribución correspondía una mayor participación en el sacrificio -lo que implicó un reparto equitativo de la carga- (véase el anexo que acompaña a la ley 12.727 y también los capítulos VIII y IX del voto que hizo mayoría en la causa I. 2312), mientras que los sueldos más bajos del escalafón no serían afectados.Esto también se convierte en una diferencia relevante, pues en el supuesto del decreto municipal salteño se provocaron tales mermas en las remuneraciones que todas ellas quedaban por debajo de la línea de pobreza (según datos del I.N.D.E.C.), lo que se agravaba al considerarse que aquellas de menor cuantía -que resultaban marcada y particularmente sensibles a una reducción- apenas superaban la línea de la indigencia (siempre a estar a los mismos datos). Tal extremos -que inducían a anatematizar la norma que los autorizaba- no se advierten en la legislación local, no pudiendo, por ello, extenderse aquella solución de la Corte federal a nuestro caso.

(vi) Las razones desarrolladas me conducen a sostener que no es posible una adecuada analogía entre el caso de la ley de emergencia 12.727 (con sus reformas) y el decreto 5/2003 de la Municipalidad de la ciudad de Salta, por lo que la doctrina que emerge de la sentencia de la Corte Suprema que declara la inconstitucionalidad de este último no puede ser aplicada a este caso.

IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario traído, con el alcance establecido en el apartado III, punto 1.b).

Los autos deberán volver al tribunal de grado a fin de que dicte el pronunciamiento y practique la liquidación que corresponda con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.

Costas de ambas instancias a la demandada por los rubros que prosperan, y a los actores por los que se desestiman (arts. 19 de la ley 11.653; y 68 y 289 del C.P.C.C.).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo:

I. Adhiero al voto del doctor de Lázzari, toda vez que, tal como señala mi distinguido colega, en el caso se encuentra violada la doctrina fijada en la causa I. 2312, precedente en el que adherí al voto del doctor Roncoroni.

II.Aclaro que no obsta a lo expuesto lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente A.598.XLIII, «Recurso de Hecho. Asociación de Trabajadores del Estado s/ acción de inconstitucionalidad» (sent. del 18-VI-2013).

1. Como pauta general, reitero lo que vengo diciendo con respecto a que, en temas federales, la doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la autoridad institucional de sus precedentes, tiene -como regla- efectos atrapantes para los tribunales de las distintas instancias, por tratarse del intérprete último y más genuino de nuestra Carta fundamental (C.S.J.N., B.75.XLII, «Benítez», sent. del 22-XII-2009; A. 925.XLIX, «ARTEAR», sent. del 11-II-2014).

2. Sin perjuicio de ello, en definitiva, considero que el reciente fallo dictado por el alto Tribunal en la citada causa A.598.XLIII, si bien es un precedente emparentado con la materia que aquí se decide (reducción de salarios mediante normativa dictada en tiempos de emergencia económica), no posee incidencia en autos, en la medida que los presupuestos tenidos en cuenta en aquél no guardan identidad con los verificados en nuestro caso, los que se ajustan a otros precedentes dictados por el máximo Tribunal, también aplicables.

En efecto, conforme a la doctrina legal aquí seguida, la legislación provincial en pugna respeta aquellos principios inobservados por la normativa invalidada por la Corte de la Nación -un decreto de la Municipalidad de Salta dictado en función de la legislación de emergencia económica-, toda vez que las restricciones a las remuneraciones dispuesta, a diferencia de la situación considerada por la Corte de la Nación, poseen carácter temporal, aplicándose en un período específico que coincide con el momento de mayor crisis, mediante un esquema de descuentos razonable y proporcional, que carga sobre los que más cobran, no trasvasando los bordes de la confiscatoriedad.

Nótese que en el esquema argumental desarrollado por la Corte de la Nación, luego de aludir a los principios y al bloquenormativo que protege el salario, establece que ello no implica negar aquellas situaciones de emergencia económica que puedan disminuir temporariamente las remuneraciones de sus empleados, citando para ello la doctrina elaborada en las causas «Guida», «Tobar» y «Müller», en la medida que se dispongan de esquemas que no afecten a las partes más vulnerables o sensibles a una rebaja salarial.

En tal sentido, y toda vez que la doctrina legal elaborada en torno a las causas I. 2312 y B. 64.621 se afilia a las directrices de los precedentes antes citados para establecer la constitucionalidad de la normativa en cuestión en orden a su razonabilidad, la jurisprudencia elaborada en el fallo que suscitó estas reflexiones, en cuanto a la censura que impone, no resulta de aplicación a estos actuados.

III. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso, con el alcance establecido en el ap. IV del voto del doctor de Lázzari.

Voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:

I. Adhiero al ap. III. 1 del voto del doctor de Lázzari, toda vez que, como bien lo puntualizó el colega preopinante, la sentencia atacada vulnera la doctrina legal establecida por esta Corte en la causa C. 95.395, «Sindicato de Luz y Fuerza de Mercedes» (sent. del 14-V-2008), que oportunamente suscribí.

II. En cambio, disiento con la solución que propone en el ap. III.2 de su sufragio, porque en mi criterio el agravio allí abordado también resulta procedente.

Ello así, pues no comparto la doctrina que -por mayoría- este superior Tribunal ha dejado establecida en las causas I. 2312, «Asociación de Empleados de Rentas e Inmobiliaria» y B. 64.621, «Unión del Personal Civil de la Nación» (sents.ambas del 1-X-2003).

En consecuencia, habré de reproducir en la especie, a los fines de fundar mi opinión favorable a la procedencia del agravio, los argumentos que he explicitado al emitir mis votos en disidencia en los precedentes citados.

a) Principio de división de poderes:

La Constitución nacional establece en forma clara, terminante, la doctrina de la separación de las funciones del gobierno, precisando uno de los contenidos básicos asignados a la forma republicana prevista en su artículo primero. La clásica doctrina de la división de los poderes, concebida por el movimiento constitucionalista como una de las técnicas más eficaces para la defensa de las libertades frente a los abusos gestados por la concentración del poder, reviste jerarquía constitucional y es uno de los pilares elementales sobre los cuales se estructura la organización gubernamental de la Nación (conf. Badeni Gregorio, Reforma Constitucional e Instituciones Políticas, Buenos Aires. Ed. Ad Hoc, 1994).

El principio básico sobre el que reposa nuestro régimen político, que es la división de los poderes del gobierno en tres departamentos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con funciones propias y limitadas, independientes el uno del otro, sería lesionado gravemente si cupiera la posibilidad de que la vida de los funcionarios que integran uno de ellos esté a merced del otro.

En esa dirección, y respecto a los mecanismos constitucionales de solución a los conflictos de poderes, es dable señalar que: «en la organización política democrática cada uno de los tres poderes del Estado está dotado de facultades privativas, aunque coordinadas. Es la esencia de tales facultades, su limitación, es decir, que sus alcances no pueden exceder los señalados en los respectivos preceptos, y, de los poderes, como órganos tendientes a los fines escogidos por el pueblo, la inexistencia de superioridad alguna de uno con respecto a los otros; lo que significa la exclusión de interferencias recíprocas» (Carré De Malberg, Teoría General del Estado, Fondo de Cultura Económica, México, 1948, pág.741 y ss.).

El objeto esencial de la separación de poderes es ante todo imponer, a cada titular de la potestad pública, determinados límites ya que «es necesario que el poder detenga al poder». He ahí el punto de partida de toda la doctrina. Pero si se quiere que los poderes se contengan y se detengan unos a otros, es necesario conceder a sus titulares los medios de influenciarse y controlarse recíprocamente. Los poderes Ejecutivo y Legislativo no pueden funcionar sin relaciones entre ambos y sin entendimiento entre quienes son sus titulares. La Constitución ha previsto y regulado estas relaciones, para que no existan en el Estado más que poderes iguales, de lo contrario la unidad estatal quedaría desvirtuada.

Así pues, cuando la Constitución ordena a uno de los poderes del Estado el ejercicio de una competencia, ese poder está obligado a ponerla en movimiento. Más aún, la interrelación equilibrada de funciones, propia del sistema republicano, contiene en su mecanismo interno la imposición a cada uno de ellos, no sólo a cumplir la Constitución en la órbita de su respectiva competencia, sino también a promover el cumplimiento de aquella por los otros poderes. Cada uno tiene su «zona de reserva» y esta es intocable e impenetrable frente a los otros. El Poder Judicial tiene la suya propia exclusiva. Ni el Congreso por ley, ni el Ejecutivo por decreto, pueden prohibirle a los jueces que administren justicia, porque administrarla es el meollo de su zona de reserva.

En consecuencia, desde la perspectiva que la Constitución impone, resulta inválida la absorción de funciones propias o inherentes al Poder Judicial, ya sea que la realice el Ejecutivo o el Legislativo.Cualquier medida que invada la zona de reserva de otro poder no va a adquirir legitimidad aunque logre convalidación parlamentaria ulterior, ya que si se diera este supuesto la Legislatura estaría prestando consentimiento a un acto que también exorbitaría su propio techo de competencias y estaría interfiriendo en la «zona de reserva» de otro órgano de poder del Estado : «la administración de justicia». Ello es así, ya que la capacidad de «decir el derecho», la iuris dictio, que es connatural a la función jurisdiccional, no viene otorgada graciosamente al respectivo órgano estatal del Poder Judicial por concesión de algún otro poder constituido, sino por claro imperativo constitucional (art. 100 y concs., Ley Fundamental; Walter F. Carnota, ¿Defensa institucional o control social de constitucionalidad?, lecciones de un fallo ejemplar, El Derecho 141-1991, Buenos Aires, Universitas, págs. 368-73).

Lo que está en juego, en definitiva, no es una cuestión de superioridad entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo o el Ejecutivo, sino entre la soberanía del pueblo y los actos propios de uno de los poderes creados por la Constitución. Como lo señala Hamilton «Los tribunales han sido concebidos como un cuerpo independiente entre el pueblo y la legislatura, con la finalidad, entre otras varias, de mantener a esta última dentro de los límites asignados a su autoridad. La interpretación de las leyes es propia y peculiarmente de la incumbencia de los tribunales. Una Constitución es de hecho una ley fundamental y así debe ser considerada por los jueces. A ellos pertenece, por lo tanto, determinar su significado, así como el de cualquier ley que provenga del poder legislativo.» (Hamilton, Alexander, El Federalista, Fondo de Cultura Económica, México, 1974, págs.331 y sigs.).

Así, el esquema expuesto es un reflejo del sistema de división de poderes, que conjuntamente con el principio de supremacía constitucional y el control de constitucionalidad, comportan límites al ejercicio del poder por parte de los gobernantes.

b) Control de constitucionalidad:

La Constitución supone que quienes gobiernan ajustarán las normas que dicten al «techo ideológico» de la Ley Fundamental, entendido éste como la «estructura, listado u orden de valores» que impacta en cada artículo y en cada palabra de ésta, con miras a rescatar siempre el concepto de «dignidad humana» (Sagüés Néstor, Dignidad de la persona e ideología constitucional, Jurisprudencia Argentina 1994-IV-904); normas que sólo serán válidas y jurídicamente obligatorias cuando no se opongan a la supremacía material y formal de la Constitución.

El control de constitucionalidad es el instrumento con que cuentan los jueces para mantener la supremacía de la Constitución, sin el cual los derechos y garantías que ésta consagra serían una vana ilusión, pura retórica.

Bidart Campos señala que la Constitución es establecida por un «poder constituyente». El «poder constituido o poder del Estado» no puede ni debe sublevarse contra la Constitución que deriva de un poder constituyente.Si, además, ese poder constituyente ha creado una Constitución escrita y «rígida», fijando para la reforma de la misma un procedimiento distinto al de las leyes ordinarias, todo acto contrario a la Constitución implica, de hecho, y por esta sola alteración, una «reforma» a la Constitución, llevada indebidamente a cabo fuera del mecanismo que ella ha arbitrado para su enmienda.

Según tiene declarado la Corte, «cuando ante los estrados de la justicia se impugnan las disposiciones expedidas en el ejercicio de una atribución propia de alguno de los otros poderes, con fundamento en que ellas se encuentran en pugna con la Constitución (.) se configura una causa judicial atinente al control de constitucionalidad de preceptos legales infraconstitucionales cuya decisión es propia del Poder Judicial». Empero, ello es así, siempre y cuando se produzca un perjuicio concreto al derecho que asiste a quien legítimamente lo invoca (conf., a contrario sensu, argumento de Fallos 311:1435; Cons. 5 y su cita).

También ha sido establecido por la Corte que «cualquiera que sea el procedimiento mediante el cual se proponga a decisión de los jueces una cuestión justiciable, nadie puede sustraer al poder judicial la atribución inalienable y la obligación que tiene de hacer respetar la Constitución Nacional y, en particular, las garantías personales que ella reconoce» (Fallos 267:215). «Toda persona alcanzada por las leyes del país, tiene derecho a obtener que se haga efectiva la subordinación de ellas a la Constitución Nacional mediante el control de constitucionalidad establecido por los arts. 31 y 100 de la misma» (Fallos 212:493).

Así, la consagración del Poder Judicial como supremo intérprete de la Constitución representa el más preciado resguardo para las instituciones republicanas y democráticas.De ello surge la necesidad de que la Corte y los tribunales inferiores ejerzan plenamente su rol de guardianes de la Constitución nacional y de garante del libre juego democrático, de lo contrario el tiempo empleado en la elaboración de una declaración de derechos y en el establecimiento de la forma republicana de gobierno se habrá perdido.

En definitiva, si estado constitucional y estado de derecho son conceptos hermanados, la sumisión del poder al derecho está fuera de toda discusión; en palabras de Segundo Linares Quintana: «. el rasgo que mejor tipifica al estado de Derecho que es el Estado constitucional es la sujeción de todos sus actos a la ley, asegurándose así el imperio de ésta.».

c) La emergencia económica:

1. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a lo largo de los últimos ochenta años, ha admitido la existencia y fijado los presupuestos y los límites del poder de policía estatal en materia económica, ante situaciones de emergencia (ver Fallos 136:164; 172:21; 199:516; 243:449; 243:467; 313:1513; 323:1566, entre otros).

Sobre el particular ha dicho que «en caso de desastres o graves perturbaciones de carácter físico, económico o de otra índole, el gobierno está facultado para sancionar las leyes que considere convenientes con el límite de que tal legislación sea razonable y no desconozca las garantías y restricciones que impone la Constitución» (Fallos 323:1566), señalando que el fundamento de las normas de emergencia es la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial, como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones, a la vez que atenuar la gravitación negativa sobre el orden económico e institucional y la sociedad en su conjunto (Fallos 136:170).

Mas para justificar la utilización por parte del Estado de la policía de emergencia -que de suyo importa una fuerte tensión entre el poder y la propiedad, entre las prerrogativas estatales y los derechos individuales- el cimero Tribunalnacional ha exigido se encuentren reunidos estos cuatro requisitos (Fallos 243:466; 313:1513):

a) Una situación de emergencia definida por el Congreso.

b) La persecución de un fin público que consulte los superiores y generales intereses del país.

c) La transitoriedad de la regulación excepcional impuesta a los derechos individuales o sociales.

d) La razonabilidad del medio elegido por el legislador, es decir, la adecuación de ese medio al fin público perseguido y el respeto del límite infranqueable trazado por el art. 28 de la Constitución nacional en orden a las garantías constitucionales.

Resulta indiscutible que aun ante situaciones anormales, extraordinarias, excepcionales (guerra, desastres naturales, agudas crisis económicas) impera enteramente la Constitución, siendo que las respuestas para atemperarlas, conducirlas y superarlas, deben encontrarse en el marco constitucional. En palabras de la Corte nacional «. el derecho de emergencia no nace fuera de la Constitución, sino dentro de ella, se distingue por el acento puesto según las circunstancias lo permitan y aconsejen, en el interés de individuos o en el interés de la sociedad toda. Arribar a la unión nacional no fue tarea fácil como no lo fue establecer la Constitución.» (Fallos 313:1315).

Como lo ha sostenido Frías «. la emergencia es un accidente grave en la sociedad; pero es menos grave si se mantiene la referencia al estado de Derecho, y con él, a la Constitución y a la democracia representativa» (Frías, Pedro J., Entre la emergencia y el Estado de Derecho, L.L., 28-XI-1991).

2. Por lo expuesto en las consideraciones precedentes, entiendo que es deber de la jurisdicción, en el caso sometido a su conocimiento y decisión, asumir el control de constitucionalidad de la calificación legal del estado de emergencia y la verificación de las condiciones o requisitos establecidos por la Corte Suprema a que antes hiciera referencia.Ciertamente que no les incumbe a los jueces el control de la oportunidad, mérito o conveniencia de las razones tenidas en cuenta por los otros poderes en torno de decisiones que les son propias (Fallos 98:20; 238:60; 293:163; 304:1335; 308:2246, entre otros), más ello no impide el control de razonabilidad de tales decisiones.

Es por ello que comparto el juicio según el cual «el problema central de la doctrina de la emergencia económica no está en su existencia, ni en sus elementos de calificación, sino en la aplicación e interpretación amplia y no restrictiva de la misma» (Lorenzetti, Ricardo L., Estado de Derecho y Estado de Necesidad, L.L., 2001-C-1382), motivo por el cual considero que «. a todo acrecentamiento del poder debe corresponder un acrecentamiento de los controles, un vigorizamiento de las garantías y una acentuación de las responsabilidades» (Vanossi, Jorge, Diario La Nación, 17-X-2002).

d) La emergencia económica en la Provincia de Buenos Aires.

1.Entiendo necesario detenerme brevemente sobre los antecedentes en materia de emergencia económica en la Provincia de Buenos Aires, a efectos de ganar perspectiva en el análisis en la cuestión bajo examen, teniendo en consideración los presupuestos establecidos por la doctrina emergente de los precedentes del cimero Tribunal de la República.

La Provincia de Buenos Aires, desde 1984 ha dictado una serie de normas de «emergencia», a efectos de paliar sucesivos cuadros de crisis económico-financieros.

Así, se han sucedido en tal lapso, entre otras:

– Ley 10.162 (B.O.P., 1-VI-1984): suspensión por ciento veinte días de los procesos en trámite y de las ejecuciones de sentencias en los que sea parte demandada la Provincia.

– Ley 10.235 (B.O.P., 6-XII-1984): carácter declarativo de las sentencias que condenen a la Provincia y municipalidades al pago de sumas de dinero, con excepción de las derivadas de la responsabilidad extracontractual o en que la cuestión debatida verse sobre jubilaciones o pensiones, empleo público o relaciones laborales.

– Ley 10.867 (B.O.P., 11-I-1990): declaración de emergencia administrativa, económica y financiera de toda la Administración Pública provincial, centralizada y descentralizada. Suspensión de la ejecución de sentencias, con exclusión de créditos laborales, de empleo público, de jubilaciones y pensiones y toda prestación de naturaleza alimentaria.

– Ley 11.174 (B.O.P., 11-XII-1991): suspensión por ciento veinte días de todos los procesos en trámite y las ejecuciones de sentencia en que la Provincia y Municipalidades revistan el carácter de parte demandada o reconvenida. Quedan exceptuados los procesos en que la cuestión debatida verse sobre responsabilidad civil extracontractual derivada de accidentes de tránsito, jubilaciones o pensiones, relaciones de empleo público o laborales.

– Ley 11.184 (B.O.P., 31-XII-1991): declara la emergencia administrativa, financiera y económica de la Provincia.Contempla la reasignación del personal, un régimen jubilatorio de excepción, un régimen de pasividad anticipada y el retiro voluntario de los agentes.

– Ley 11.192 (B.O.P., 23-III-1992): consolidación de deudas provinciales y municipales. Carácter declarativo de las sentencias. Emisión de bonos de consolidación.

– Ley 11.369 (B.O.P., 12-I-1993): prorroga por un año el plazo de vigencia de la emergencia declarada por la ley 11.184.

– Ley 11.489 (B.O.P., 14-I-1994): prorroga por un año adicional el plazo de vigencia de la emergencia declarada por la ley 11.184.

– Ley 12.727 (B.O.P., 23 y 24-VII-2001): declaración, por el término de un año, del estado de emergencia administrativa, económica y financiera del Estado provincial. Suspensión por ciento ochenta días de la ejecución de sentencias que condenen a la Provincia al pago de sumas de dinero. Aprobación de la emisión de letras de tesorería para cancelación de obligaciones y de bonos de cancelación de obligaciones. Autorización para que el Poder Ejecutivo disponga el pago parcial de haberes y otras retribuciones personales con dichas letras. Reducción de las retribuciones del personal de la totalidad de los organismos provinciales a partir de los salarios del mes de julio de 2001 y por el período de la emergencia. No cómputo del tiempo para acreditar antigüedad a los efectos de las bonificaciones por tal concepto. Afectación de hasta un sesenta por ciento de los recursos provenientes de las Tasas Retributivas de Servicios Judiciales. Reorganización administrativa. Regularización de obligaciones fiscales e incrementos tributarios.

– Ley 12.774 (B.O.P., 2-XI-2001): autoriza al Poder Ejecutivo a extender por hasta un año la emergencia declarada por la ley 12.727.Modifica los porcentajes de las retribuciones que pueden abonarse en letras de tesorería; aprueba la emisión de letras de tesorería «patacón 2», establece una consolidación de deudas municipales y el carácter declarativo de las sentencias.

– Ley 12.836 (B.O.P., 7 al 11-I-2002): autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar el pago de haberes en función de las disponibilidades reales de caja en cada oportunidad; establece una consolidación de deudas provinciales, el carácter declarativo de las sentencias, la imposibilidad de trabar medidas cautelares contra el Estado provincial.

– Ley 12.867 (B.O.P., 8-IV-2002): suspende la vigencia de toda norma estatutaria que establezca retribuciones especiales por egreso, reconocidas por razones de antigüedad o por reunir los requisitos para la obtención de la jubilación ordinaria; deroga la prórroga a la ley 12.563 dispuesta por la ley 12.774; suspende los beneficios por licencias del art. 114 de la ley 10.579.

– Ley 12.874 (B.O.P., 16 y 17-V-2002): establece que el año 2002 no será computado para acreditar antigüedad a los efectos de las bonificaciones por tal concepto; que las retribuciones neta de descuentos y retenciones, mensual, normal, habitual y permanente del personal perteneciente a los poderes Ejecutivo y Legislativo no podrá superar bajo ningún concepto la suma de pesos cuatro mil quinientos ($ 4.500), que el sueldo anual complementario no se devengará a favor de funcionarios de los poderes ejecutivo y legislativo que revista como personal permanente sin estabilidad, incluyendo a los beneficiarios de los sistemas previsionales; interrumpe la Bonificación Anual por Eficiencia establecida en el art. 79 inc.b) del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75; interrumpe todo régimen que disponga la determinación y/o asimilación y/o equiparación automática de las remuneraciones de agentes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial tomando como referencia la de otro u otros poderes de los estados provincial o nacional; autoriza al Poder Ejecutivo a convenir la reformulación de los términos de los contratos de obras públicas en ejecución, contratadas sin inicio de obra o adjudicadas a la entrada en vigencia de la presente ley.

– Ley 13.002 (B.O.P., 30 y 31-XII-2002): establece que el año 2003 no será computado para acreditar antigüedad a los efectos de las bonificaciones por tal concepto; que las retribuciones neta de descuentos y retenciones, mensual, normal, habitual y permanente del personal perteneciente a los poderes ejecutivo y legislativo no podrá superar bajo ningún concepto la suma de pesos cuatro mil quinientos ($ 4.500), que el sueldo anual complementario no se devengará a favor de funcionarios de los poderes ejecutivo y legislativo que revista como personal permanente sin estabilidad, incluyendo a los beneficiarios de los sistemas previsionales; interrumpe la Bonificación Anual por Eficiencia establecida en el art. 79 inc.b) del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75; interrumpe todo régimen que disponga la determinación y/o asimilación y/o equiparación automática de las remuneraciones de agentes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial tomando como referencia la de otro u otros poderes de los estados provincial o nacional; prorroga hasta el 31 de diciembre de 2003 inclusive el régimen de emergencia previsto en la ley 12.727.

El detalle efectuado en el punto precedente es suficiente a efectos de tener por acreditadas dos circunstancias relevantes para la solución del caso:

a) que la emergencia económica provincial, lejos de ser un acontecimiento excepcional, extraordinario, anormal, se ha convertido en una situación «crónica», «normal», «continua», «permanente», y;

b) que pese a las diversas medidas adoptadas para su conjura a lo largo de estos años, no sólo no se ha encausado, morigerado, aminorado o superado el estado de crisis, sino que, por el contrario, este se ha visto agravado, de modo tal que, como si se tratara de un círculo vicioso, las nuevas declaraciones imponen medidas aún más limitativas de diversos derechos patrimoniales.

2. Respecto de la temporalidad de la emergencia, es cierto que no es posible definir a priori el lapso que exigirá la superación del estado de crisis.

La Corte Suprema lo ha puesto de manifiesto al señalar que «la temporaneidad que caracteriza a la emergencia, como que resulta de las circunstancias mismas, no puede ser fijada de antemano en un número preciso de años o meses. Todo lo que cabe afirmar, razonablemente, es que la emergencia dura todo el tiempo que duran las causas que la han originado» (Fallos 243:467).

Mas también lo es que no resulta posible «vivir en estado de emergencia» o que la emergencia se «eternice» o se vuelva «crónica» o «permanente». Adviértase que, además de los sucesivos regímenes de emergencia que precedieron al presente, en definitiva, esta circunstancia se ha repetido en el caso bajo examen.

Veamos: el art.2º de la ley 12.727 contempló que el estado de emergencia tendría vigencia por un (1) año a partir de la promulgación de la ley. Mas, al poco tiempo, por ley 12.774 (art. 3º) se autorizó al Poder Ejecutivo a extender hasta por un (1) año adicional su vigencia (lo que efectivamente aconteció mediante el dictado del decreto 1465/2002, B.O.P., 18-VII-2002). A fines de 2002, al dictar la ley de presupuesto 13.002, se incorporó una nueva prórroga, esta vez hasta el 31 de diciembre del corriente año.

De lo expuesto resulta que el requisito de la temporalidad de la emergencia se ve claramente soslayado: desde hace diecinueve años, recurrentemente, vivimos en estado de emergencia económica.

Como afirma Marienhoff: «La emergencia sólo se concibe para lapsos breves, que trasuntan una anormal situación aguda» (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, Tomo IV, pág. 518/519).

3. Pero el temporal no es el único reproche que puede formularse a la emergencia actualmente vigente.

Entiendo que la reducción de las retribuciones de los agentes estatales, activos y pasivos, dispuesta por el art. 15 de la ley 12.727, quebranta el límite infranqueable trazado por el art. 28 de la Constitución nacional, en tanto las limitaciones deben ser razonables, es decir, debe existir una adecuación de los medios al fin público perseguido.

Como enseña Segundo V. Linares Quintana «toda actividad estatal para ser constitucional debe ser razonable (.) todo acto gubernativo debe resistir la prueba de la razonabilidad. La ley que altera, y con mayor razón todavía, suprime el derecho cuyo ejercicio pretende reglamentar, incurre en irrazonabilidad o arbitrariedad, en cuanto imponga limitaciones a éste que no sean proporcionadas a las circunstancias que las motivan y a los fines que se propone alcanzar con ellas.La regla de la razonabilidad se funda, primordial y específica mente, en el artículo 28 de la Constitución Nacional y disposiciones concordantes, además de fluir, clara y lógicamente de la filosofía, alma o espíritu de la Ley Suprema» (Tratado de Interpretación Constitucional: Principios, Métodos y Enfoques para la aplicación de las Constituciones. Buenos Aires. Abeledo Perrot, 1998, pág. 559 y sigs.).

Como es sabido, las restricciones a los derechos asegurados por la Constitución, establecidos por el Congreso en ejercicio de su poder reglamentario, que debe interpretarse con criterio amplio, no han de ser infundadas o arbitrarias; es decir, deben estar justificadas por los hechos y las circunstancias que les han dado origen y por la necesidad de salvaguardar el interés público comprometido y ser proporcionadas a los fines que se procura alcanzar con ellas. De tal forma la reglamentación a que se refiere el art. 14 de la Constitución está limitada por el art. 28 en cuanto prohíbe alterar el derecho reconocido. Al legislador no le está permitido obrar caprichosamente al punto de destruir lo mismo que ha querido amparar y sostener. No puede considerarse alterado un derecho por la reglamentación de su ejercicio, cuando sólo se le han impuesto condiciones razonables (Fallos 199:483; 235:445; 262:205; 263:28; 277:147).

4. A fin de justificar la irrazonabilidad de la medida impugnada entiendo necesario, por una parte, destacar la naturaleza alimentaria del salario y de los haberes previsionales, para posteriormente distinguir entre la «suspensión» y la «frustración» de un derecho.

a) El salario o haber previsional no puede ser considerado, a esta altura del desarrollo jurídico, una simple contraprestación de naturaleza patrimonial por la fuerza de trabajo puesta a disposición del empleador o por los aportes efectuados durante la prestación de servicios. Su condición alimentaria incorpora un plus axiológico, que se ve reflejado en el art.14 bis de la Constitución nacional (que exige que el salario sea justo, mínimo vital y móvil, compensatorio de las cargas familiares, que permita el acceso a una vivienda digna), así como en el art. 39 inc. 1º de la Constitución provincial (El trabajo es un derecho y un deber social: 1) en especial se establece: derecho al trabajo, a una retribución justa, a condiciones dignas de trabajo, al bienestar, a la jornada limitada, al descanso semanal, a igual remuneración por igual tarea y al salario mínimo, vital y móvil.). En consecuencia, no puede considerárselo desde una perspectiva meramente patrimonial o económica, sino atendiendo a que resulta el sustento del trabajador y su núcleo familiar y, por tal razón, digno de una protección prevalente.

En palabras de Bidart Campos: «. cuando topamos con el salario, que reviste naturaleza alimentaria y es -o debería ser- la retribución justa del esfuerzo laboral en que se compromete en mucho la dignidad de la persona que trabaja, las emergencias económicas no prestan fácil sustento constitucional a las rebajas que se disponen para recomponer situaciones difíciles. Que el Estado eche mano del ingreso básico y del recurso económico elemental que la mayor parte de la gente tiene para su subsistencia y para atender sus necesidades básicas, expande mal olor. Algo huele mal. Huele a podrido en términos de constitucionalidad. La capacidad económica del trabajador no es holgada, máxime cuando los sueldos son de escaso monto y poco o nada congruentes con la cláusula constitucional de la retribución justa y del salario mínimo vital.’Vital’ significa suficiente para vivir» (Bidart Campos, Germán, Las reducciones salariales por emergencia económica, L.L., 1998-A-62).

Empero, aun cuando se lo analizara desde una perspectiva simplemente mercantil, no puede pasar inadvertido, como hecho sobreviniente de suficiente significación, la desvalorización que han sufrido los salarios y haberes previsionales como consecuencia de la devaluación e inflación ocurridas en el país a partir de principios de 2002, circunstancia tenida en cuenta por la Corte Suprema de Justicia nacional al resolver el caso «Tobar, Leónidas» (L.L., 27-VIII-2002) y más recientemente la causa «Müller, Miguel A.» (sent. del 10-IV-2003).

b) Por otra parte, en mi criterio resulta relevante establecer la distinción entre la suspensión y la frustración de un derecho. La suspensión importa una postergación, una limitación temporal en su goce o ejercicio, mientras que la frustración significa la alteración, supresión, vulneración total o parcial de su sustancia o esencia.

En el caso de autos, el art. 15 de la ley 12.727 ha establecido la reducción de las retribuciones brutas totales, mensuales, normales, habituales, regulares y permanentes y el sueldo anual complementario, excluyendo las asignaciones familiares del personal de la totalidad de los organismos provinciales «de conformidad a lo establecido en la Planilla Anexa, que forma parte integrante de la presente ley».

En tanto no se ha previsto mecanismo alguno de reintegro, devolución o aseguramiento a favor de los agentes de las sumas descontadas, a efectos de que puedan ser percibidas en un futuro, en rigor no estamos frente a la suspensión temporaria de un derecho, sino antes bien según lo señalado- ante una alteración frustratoria de su sustancia o esencia.

III. Por las razones expuestas, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario traído y:

(i) Declarar la inconstitucionalidad del art. 1 de la resol.758/01 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y revocar la sentencia atacada en cuanto determinó que correspondía descontar del salario de los accionantes las contribuciones previsionales correspondientes a la bonificación anual por eficiencia, debiendo asimismo quedar sin efecto el pronunciamiento recurrido -conforme ya lo señalé- en cuanto rechazó el reclamo dirigido a obtener la devolución de las sumas detraídas por la accionada en concepto de contribuciones previsionales sobre la bonificación anual por eficiencia.

(ii) Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 15, 19, 20, 21, 22 y 23 de la ley 12.727 y condenar a la Provincia de Buenos Aires a restituir la totalidad de las sumas que retuviera por aplicación de las mentadas normas. De igual modo la declaración de inconstitucionalidad del art. 21 de la ley 12.727 determina que se compute el tiempo para acreditar antigüedad a los efectos de las bonificaciones por tal concepto, declaración que alcanza al art. 23 de la ley 13.002, en tanto que en esencia establece idéntica limitación a tal derecho de los agentes estatales.

Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que adecue su pronunciamiento y practique una nueva liquidación de conformidad con lo que aquí se resuelve, y dicha liquidación -que finalmente se apruebe- deberá ser abonada dentro del plazo de treinta días de quedar firme la presente (conf. art. 163 inc. 7, C.P.C.C.).

Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289 del C.P.C.C.).

Voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

I. Adhiero al ap. III. 1. del voto del doctor de Lázzari.

II. En cambio, disiento con lo que expresa el colega preopinante en el ap.III.2 de su voto, pues entiendo que el agravio allí abordado también debe prosperar.

A los fines de fundar mi propuesta favorable a la postura de los recurrentes, habré de reiterar en la especie en cuanto resulten pertinentes- los conceptos que he esgrimido al emitir mis votos en las causas I. 2312, «Asociación de Empleados de Rentas e Inmobiliaria» (sent. del 1-X-2003) y L. 109.724, «Rodas» (sent. del 13-V-2015).

(i) El 20 de marzo de 2002 esta Suprema Corte debió pronunciarse sobre el tema de las cárceles en nuestra Provincia.

Numerosas denuncias y comprobaciones de jueces y fiscales advertían un estado de inmenso deterioro que chocaba con las garantías que, como parte del paradigma del Estado de Derecho, propone nuestra organización constitucional.

La privación de la libertad de procesados y condenados derivaba en la preterición de esenciales derechos.

El Poder Ejecutivo alegaba, directa o indirectamente, carencias presupuestarias, la crisis económica.

No justificaba en sí el deterioro, pero lo explicaba a la luz de una facticidad que creía razón suficiente para invalidar toda reclamación actual.

Se trataba en definitiva de postergaciones temporales; un día la economía renacería, y con su renacer las cárceles volverían a ser sanas y limpias, como los textos constitucionales aseguran.

Llamada esta Suprema Corte a resolver en acuerdo la cuestión, emitió su pronunciamiento, registrado bajo el 757/02.

Aunque recaída con motivo de habeas corpus en favor de detenidos en sedes policiales, se trató de una resolución institucional, que habría el cauce de ulteriores, particulares decisiones; y en pronunciamiento que mi voto contribuyó a conformar esta Suprema Corte dijo que:». las dificultades que se padecen desde la perspectiva económica (.) no constituyen justificación para incumplir el mandato del artículo 18 última parte de la Constitución Nacional».

(ii) Se plantea ahora en autos (y esta vez una demanda judicial) una pretensión que remite singularmente a aquel episodio y a aquel pronunciamiento.

Se trata de situaciones por muchas razones simétricas.

Otra vez carencias presupuestarias y una declarada emergencia económica, reduce, ahora, el salario de los trabajadores. Otra vez -se aduce- son sólo postergaciones temporales.

En nada más que «. por el período de emergencia» (art. 20 de la ley 12.727) «. por un año a partir de la promulgación de la presente.» (art. 2 del mismo texto legal). Después el legislador facultó al Poder Ejecutivo a extender un año más su vigencia (art. 3 de la ley 12.774). Luego, al aprobarse el presupuesto provincial, art. 51 de la ley 13.002 lo extendió hasta el 31 de diciembre de 2003.

Otra vez el ansiado día del reencuentro con el derecho y la justicia queda flotando en la inasible secuencia de los tiempos que se su ceden y continúan, esa extraña región de la ucronía que recuerda la perpetua carrera de Aquiles y la tortuga, tal como proponían los filósofos eleáticos.

(iii) Los actores denuncian que dicha legislación de emergencia contradice artículos que resguardan garantías y derechos fundamentales tanto de la Constitución nacional como de la provincial.

Piden que se declare su inconstitucionalidad y que, invalidadas judicialmente sus normas, se les restituyan las sumas que fueron descontadas de sus salarios por aplicación de dicha normativa.

En ese contexto, cuadra advertir las esenciales vinculaciones del pronunciamiento judicial que se pide, con aquel institucional del 20 de marzo de 2002.

Salvo que rigiesen dos criterios, o dos derechos (y esa heteronomía no existe), uno y otro remiten a un idéntico principio.

No son ya las cárceles sino el alimento.No es la angustiosa prisión de las paredes y las rejas sino la no menos angustiosa agonía del salario. Esta vez son los trabajadores (mujeres, hijos), a quien se les reduce una retribución ya de suyo menguada por devaluaciones y carestías.

Ese salario que, como en la epístola de Santiago, clama al cielo, porque les ha sido retenido. Es la misma emergencia económica, el infinito estado de excepción que vuelve, año a año, ley a ley, para postergar derechos de unos y de otros.

Y en uno y otro caso sólo resta recordar las palabras de este mismo Tribunal. Volver a decir que las dificultades que se padecen desde la perspectiva económica no constituyen justificación para incumplir los mandatos constitucionales y declarar de ese modo procedente la acción incoada en todos sus términos.

Porque así como la situación de crisis económica tenida en cuenta por las normas impugnadas resulta indiscutible (la crisis es el marco de situación en el que esta litis se ha trabado), tampoco parece discutible el óntico gravamen producido por normas que han disminuido la retribución salarial, el núcleo alimentario de los trabajadores aquí litigando.

(iv) La ley cuya inconstitucionalidad se pide sea declarada dispuso la reducción de las retribuciones brutas, totales, mensuales, normales, habituales, regulares y permanentes y el sueldo anual complementario (art. 15, ley 12.727).

Y esa reducción absolutamente unilateral y contraria a toda forma de justicia conmutativa es la que un tribunal de derecho no puede receptar como válida.

El derecho es una regulación permanente: permanencia que precisamente remarca su esencial ligamen con la seguridad. Ese ligamen revela su mayor valor precisamente cuando los hechos concretos desde los que surge y sobre los que rige se muestran vertiginosos.

(La seguridad no expresa solamente una exigencia práctica de justicia sino una necesidad ontológica. Lo que ha sido fijado jurídicamente queda sustraído a las modificaciones sorpresivas. Importantes filósofos han remarcado el íntimo ligamen del derecho con la necesidad del hombre de tornar previsible su existencia.De allí también las reservas con las que, históricamente, los clásicos juzgaron las posibilidades de reforma en la legislación).

A la luz de una Constitución que regula establemente las relaciones entre gobernantes y gobernados, la legislación impugnada resulta inconstitucional.

Son, efectivamente inconstitucionales y así se los declara, los arts. 15, 19, 21, 22 y 23 de la ley 12.727, por su colisión con los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional; 10, 31 y 39 incs. 1 y 4 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 23 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 17 y 23.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

(v) A tenor de lo señalado, corresponde condenar a la Provincia de Buenos Aires a restituir la totalidad de las sumas salariales retenidas a los actores entre el mes de julio de 2001 y el día 23-VII-2003.

Asimismo, la inconstitucionalidad del art. 21 de la ley 12.727 importa computar el tiempo para acreditar antigüedad a los efectos de las bonificaciones por tal concepto, declaración que alcanza al art. 23 de la ley 13.002, que en esencia establece idéntica limitación al derecho de los agentes (conf. mi voto en la citada causa I. 2312, sent. del 1-X-2003).

III. Por lo expuesto, corresponde acoger el recurso extraordinario traído, declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1 de la resol.758/01 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y 15, 19, 21, 22 y 23 de la ley 12.727 y revocar la sentencia impugnada en cuanto:

(i) determinó que correspondía descontar del salario de los accionantes las contribuciones previsionales correspondientes a la bonificación anual por eficiencia, quedando sin efecto asimismo el pronunciamiento recurrido en cuanto rechazó el reclamo dirigido a obtener la devolución de las sumas detraídas por la accionada en concepto de contribuciones previsionales sobre aquella bonificación, rubro cuya procedencia se declara.

(ii) desestimó la pretensión de devolución de la totalidad de las sumas salariales retenidas a los actores entre el mes de julio de 2001 y el día 23-VII-2003 por aplicación de la ley 12.727, cuyo progreso también se declara, aclarando que la inconstitucionalidad del art. 21 de dicho cuerpo legal importa computar el tiempo para acreditar antigüedad a los efectos de las bonificaciones por tal concepto.

La causa debe volver al tribunal de origen a fin de practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.

Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 19 de la ley 11.653; y 68 y 289 del C.P.C.C.).

Voto por la afirmativa.

Los señores jueces doctores Domínguez y Ordoqui, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, se declara la inconstitucionalidad del art. 1 de la resol. 758/01 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo dirigido a obtener la devolución de las sumas descontadas en concepto de contribuciones previsionales correspondientes a la bonificación anual por eficiencia, rubro cuya procedencia aquí se declara con el alcance establecido en el ap. III, punto 1, del voto emitido en primer término.

Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que dicte el pronunciamiento y practique la liquidación que corresponda con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.

Costas de ambas instancias a la demandada por los rubros que prosperan; y a los actores por los que se desestiman (arts. 19, ley 11.653; 68 y 289, C.P.C.C.).

Regístrese y notifíquese.

JUAN CARLOS HITTERS

HECTOR NEGRI

HILDA KOGAN

EDUARDO NESTOR DE LAZZARI

FEDERICO G. J. DOMINGUEZ

MARTIN MANUEL ORDOQUI

GUILLERMO LUIS COMADIRA

Secretario

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