Lesión sufrida por un pasajero en su ojo debido a la rotura de los cristales por una piedra arrojada desde afuera.

colectivo piedra ventanillaPartes: Acuña Juan Alberto y otro c/ Línea Expreso Liniers S.A.C.I. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 10-jun-2015

Cita: MJ-JU-M-93618-AR | MJJ93618 | MJJ93618

Procede eximir de responsabilidad a la empresa de colectivos a raíz de la lesión sufrida por un pasajero en su ojo, debido a la rotura de los cristales por una piedra arrojada desde afuera.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la demanda entablada por los daños padecidos por el actor en ocasión en que viajaba como pasajero en un colectivo de la empresa demandada cuando alguien, desde el exterior, tiró una piedra que rompió la ventanilla, cuyos cristales entraron en el ojo del reclamante, toda vez que el hecho se produjo por la exclusiva culpa de un tercero por quien la empresa de transporte no debe responder, quedando configurado uno de los eximentes de responsabilidad legalmente previstos.

2.-Los daños producto de un elemento contundente no tienen nada que ver con el contrato de transporte que debe cumplir la demandada, aun cuando los sucesos hayan acontecido durante su vigencia, pues, se trata de un hecho ajeno al riesgo propio del transporte en colectivo.

3.-Se ha establecido que la clave para separar la responsabilidad de la irresponsabilidad, radica en establecer en cada caso particular las condiciones en que se brinda el servicio y sobre todo la posibilidad o no de que el transportista pueda evitar estos hechos.

4.-La empresa de transportes demandada resulta responsable por los daños sufridos por el pasajero damnificado, pues existía en cabeza de ella una obligación de seguridad de resultado, consistente en garantizar que el usuario no sufriría daños con motivo o en ocasión del transporte, cuyo incumplimiento se produce por la simple existencia del daño en el marco de la relación de consumo, sin necesidad de otra prueba adicional (del voto en disidencia del Dr. Picasso).

5.-Constatado el incumplimiento, mediante la prueba de haber sido dañado el actor en ocasión del transporte, la única forma de liberarse de la responsabilidad que tenía la demandada era acreditar que su cumplimiento había devenido imposible por una causa que no le resultaba imputable (del voto en disidencia del Dr. Picasso).

6.-El hecho de que un tercero arroje, desde el exterior, una piedra que rompa la ventanilla del ómnibus, cuyos cristales lastimaron el ojo del reclamante, no constituye un hecho imprevisible por parte de la parte demandada, pues es un hecho notorio la reiteración de este tipo de episodios, lo que puede comprobarse mediante la simple compulsa de las sentencias dictadas en los últimos años a raíz de hechos similares (del voto en disidencia del Dr. Picasso).

7.-No es posible afirmar que el hecho de terceros que se invoca haya causado una imposibilidad absoluta para cumplir con la obligación de seguridad, pues es evidente que la parte demandada no hizo todo lo que podía para evitar un daño previsible, pues existen medidas de seguridad concretas que podrían haberse adoptado para impedirlo, como colocar rejas o vidrios especiales en las ventanas del vehículo, capaces de resistir proyectiles arrojados desde el exterior (del voto en disidencia del Dr. Picasso).

Fallo:

En Buenos Aires, a los 10 días del mes de junio de 2015, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: “Acuña, Juan Alberto y otro c/ Línea Expreso Liniers S.A.C.I. y otros s/Daños y Perjuicios”, y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, el Dr. Kiper dijo:

Contra la sentencia de primera instancia (fs. 276/282), que admitió parcialmente la demanda de daños y perjuicios interpuesta por Juan Alberto Acuña respecto de Línea Expreso Liniers Sociedad Anónima Industrial y Comercial, extensiva a Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, apelan las partes, quienes, por los motivos expuestos en las presentaciones de fs. 297/300 (actora) y 303/313 (demandada y citada en garantía), intentan obtener la modificación de lo decidido. A fs. 315/318 y 320/326 fueron contestados dichos argumentos, encontrándose los autos en condiciones de dictar un pronunciamiento de carácter definitivo.

Se agravia Juan Alberto Acuña de la indemnización y de lo resuelto en torno a la franquicia. Línea Expreso Liniers Sociedad Anónima Industrial y Comercial y Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros se quejan de la atribución de responsabilidad. Con carácter subsidiario, critican el resarcimiento y los intereses.

Como es lógico, comenzaré con la atribución de responsabilidad.

Es un hecho no controvertido que el 6 de noviembre del 2011 Juan Alberto Acuña viajaba como pasajero del interno 19 de la línea 88 de Línea Expreso Liniers Sociedad Anónima Industrial y Comercial. Tampoco se discute en la presente instancia que en la Ruta Nacional N° 3, a la altura del km 43, en la Localidad de Virrey del Pino del Partido de la Matanza de la Provincia de Buenos Aires una persona, que no fue identificada, arrojó una piedra al colectivo que rompió una ventanilla.Finalmente, no se cuestiona que algunos de los cristales entraron en el ojo del actor y le provocaron lesiones.

La jueza de primera instancia, luego de resumir lo expuesto por las partes, y de evaluar la prueba producida, estimó que no tuvo lugar ninguno de los eximentes de responsabilidad legalmente previstos.

Al expresar agravios Línea Expreso Liniers Sociedad Anónima Industrial y Comercial y Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros aseguran que el hecho se produjo por la culpa de un tercero por quien no tienen que responder. Dicen que ni la empresa ni el chofer podrían haber evitado lo que pasó y, además, que si bien la responsabilidad del transportista es de naturaleza objetiva ello no la convierte en absoluta.

Antes de avanzar en el estudio de la cuestión, y teniendo en cuenta que el actor sufrió daños en ocasión de un viaje en un transporte público de pasajeros, recuerdo que resulta de aplicación al caso el art. 184 del Código de Comercio.

Cuando ocurre un accidente en el transporte no se está en presencia de un culpa aquiliana, sino de una falta esencialmente contractual, derivada de la obligación implícita que contraen las empresas de transporte de efectuar la conducción segura del pasajero. Por ello, el transportista resulta responsable y sólo puede exonerarse de su responsabilidad demostrando, a su vez, que el suceso ocurrió por caso fortuito, culpa de la víctima, o por el hecho de un tercero.

El contrato de transporte significa necesariamente para el acarreador la obligación de conducir al viajero a su destino en el estado en que lo recibió, es decir, sano y salvo.Por el simple incumplimiento de esta obligación aquél es responsable y a él le incumbe la prueba de la eximente.

El empresario de transporte asume una obligación de resultado, que en el transporte se trata de la prestación, para la persona transportada, de ser puesta “puntualmente e incólume, o sea sin daños, en el lugar de destino, contra su obligación de pagar el precio del viaje (Messineo, F., “Manual de Derecho Civil y Comercial”, t.V, p.236; Anaya, J. L. y Podetti, H., “Código de Comercio y leyes complementarias comentadas y concordadas”, t. III, p.334 y ss.; CNCom., La Ley, 136-912).

Tal como ya lo referí, en esta instancia no existen hechos controvertidos. Todos están de acuerdo en que Juan Alberto Acuña viajaba como pasajero en un colectivo de la demandada cuando alguien, desde el exterior, tiró una piedra que rompió la ventanilla cuyos cristales lastimaron el ojo del reclamante. Tampoco se discute que la persona que lanzó la piedra no fue identificada.

Por mi parte, no advierto que haya mediado incumplimiento respecto de normativa alguna relativa a las condiciones propias del funcionamiento de la unidad. Además, considero que los daños producto de un piedrazo no tienen nada que ver con el contrato de transporte que debe cumplir la demandada, aún cuando los sucesos hayan acontecido durante su vigencia. Lógicamente, se trata de un hecho ajeno al riesgo propio del transporte en colectivo.

En este sentido, la Sala C de éste Tribunal apuntó lo siguiente: “¿realmente puede pensarse que la entidad transportista de colectivos deba responder por cada uno de los sujetos que durante todo recorrido puedan desde cualquier lugar arrojar un objeto que ingrese en la unidad y produzca un daño a pasajeros?Resulta un verdadero exceso al deber de seguridad que pesa sobre la demandada, pues se le estaría achacando responsabilidad por hechos sobre los cuales no les es posible mantener un control activo” (CNCiv., Sala C, “Chazarreta, Olga Yolanda c/Vuelta de Rocha SATCI s/ Danos y Perjuicios” , de fecha 18/08/2011, en voto del Dr. Álvarez Juliá). Igualmente, se dijo que no debe responsabilizarse a la empresa de colectivos demandada cuando la piedra que anónimos agresores lanzaron contra el transporte hirió al pasajero accionante, sin que características propias del vehículo ni la actuación del chofer incidieran en el desarrollo de los hechos (CNCiv., Sala B, 10/07/2003, Keppes Ramona c/La Primera de Grand Bourg SA@ RcyS 2004, 629, Laleyonline).

Quiero resaltar que, en sentido análogo, Vázquez Ferreyra, quien aprobó la solución dada por la Corte en el caso Santamariña (cfr. ED 141-362, JA 1991-II-106) estimó que la solución adoptada en este fallo por la CSJN no puede generalizarse en forma absoluta a todo medio de transporte. En cada caso particular deben tenerse en cuenta las condiciones en que se brinda el servicio y sobre todo la posibilidad o no de que el transportista pueda evitar estos hechos. Allí está la clave que separa la responsabilidad de la irresponsabilidad (Vazquez Ferreyra, “Daños y perjuicios en el transporte de pasajeros. La obligación de seguridad” citado en “La responsabilidad de la empresa de transporte terrestre no ferroviario interurbano y el daño causado a un pasajero por delincuentes armados” por Aída Kemelmajer de Carlucci en Revista de Derecho de Daños, 2006-2, Eximentes de Responsabilidad – II, ed. Rubinzal Culzoni editores).

De manera tal que pienso que el hecho se produjo por la exclusiva culpa de un tercero por quien la empresa de transporte no tiene que responder y, entonces, que se ha configurado uno de los eximentes de responsabilidad legalmente previstos.Por las razones antedichas, y si mi voto fuere compartido, propongo al Acuerdo que se revoque el fallo apelado, disponiéndose el rechazo de la acción interpuesta por Juan Alberto Acuña en contra de Línea Expreso Liniers Sociedad Anónima Industrial y Comercial y Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros. Con costas de ambas instancias a la parte actora vencida (conf. arts. 68 y 279 CPCCN).

El Dr. Sebastián Picasso dijo:

I.- Disiento respetuosamente con la solución propuesta por mis distinguidos colegas, por los fundamentos que proporciono a continuación.

II.- Ante todo, creo pertinente destacar que el vínculo entre el transportador y el pasajero constituye una típica relación de consumo, razón por la cual el art. 184 del Código de Comercio -que ya de por sí pone a cargo del transportador una obligación de seguridad- se integra con los arts. 42 de la Constitución Nacional y 5 y concs. de la ley 24.240, que consagran el derecho a la seguridad de los consumidores y usuarios (CSJN, Fallos, 331:819 y 333:203 ). Es decir que también por el juego de las normas citadas en último término la responsabilidad del proveedor (en este caso, la empresa de transporte) tiene un corte netamente objetivo (conf. mis trabajos “Las leyes 24.787 y 24.999: consolidando la protección del consumidor”, en coautoría con Javier H. Wajntraub, JA, 1998-IV-753, y “La culpa de la víctima en las relaciones de consumo. Precisiones de la Corte Suprema”, LL, 2008-C-562. Vid. asimismo López Cabana, Roberto M., en Stiglitz, Gabriel (dir.), Derecho del consumidor, nro. 5, Juris, Buenos Aires, 1994, p. 16; Mosset Iturraspe, Jorge – Lorenzetti, Ricardo L., Defensa del consumidor, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, p. 311; Prevot, Juan M., “La protección del consumidor en el transporte”, en Picasso, Sebastián – Vázquez Ferreyra, Roberto A. (dirs.), Ley de defensa del consumidor comentada y anotada, La Ley, Buenos Aires, 2009, t. II, p.617 y ss.).

No es ocioso destacar, al respecto, que en los citados precedentes la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró expresamente la aplicación al transporte de las ya mencionadas normas que vertebran la tutela de los consumidores y usuarios, y recalcó que la interpretación de la obligación de seguridad en esos casos “.debe ser efectuada teniendo en cuenta el derecho a la seguridad previsto en la Carta Magna para los consumidores y usuarios” (Fallos, 331:819, cit.). También dijo el cimero tribunal que se trata de impedir, a través de la noción de seguridad, que el poder de dominación de una de las partes de la relación (la empresa de transportes) afecte los derechos de los consumidores y usuarios, que se encuentr an en una situación de debilidad, y añadió: “.a partir de esta premisa, el transportista debe adoptar las medidas atinentes a la prevención de los riesgos que la prestación prometida acarrea para el consumidor o sus bienes” (Fallos, 333:203, cit.).

Es prístino, entonces, que, por el juego de las normas citadas, existía en cabeza de la demandada una obligación de seguridad de resultado, consistente en garantizar que el pasajero no sufriría daños con motivo o en ocasión del transporte. Dado que el objeto de esa obligación consiste, precisamente, en una garantía de indemnidad, su incumplimiento de produce por la simple existencia del daño en el marco de la relación de consumo, sin necesidad de otra prueba adicional (vid. mi fallo como juez de primera instancia in re “Pasarelli, María Paula c/ Disco S.A.”, publicado en LL, 2/5/2011, p. 2, con nota de Félix A. Trigo Represas, y en RCyS, julio de 2011, p. 62, con nota de Eduardo L. Gregorini Clusellas), y pone en cabeza del deudor la prueba de la extinción de la obligación por imposibilidad de cumplimiento (art.888, Código Civil).

Respecto de este último punto, señalo que la doctrina ampliamente mayoritaria afirma que la imposibilidad de cumplimiento, para extinguir la obligación (art. 888, Código Civil) y, al mismo tiempo, liberar al deudor de responsabilidad (arts. 513 y 514 del citado código), debe reunir los caracteres de objetiva, absoluta y no imputable al obligado. En particular, es preciso que se esté ante una imposibilidad absoluta (Bueres, Alberto J., “El incumplimiento de la obligación y la responsabilidad del deudor”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, nº 17 (Responsabilidad contractual), Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, p. 113; Pizarro, Ramón D. – Vallespinos, Carlos G., Obligaciones, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 3, p. 312; Colmo, Alfredo, De las obligaciones en general, Buenos Aires, 1928, p. 616; Boffi Boggero, Luis M., Tratado de las obligaciones, Astrea, Buenos Aires, 1986, t. 4, p. 567; Llambías, Jorge J., Tratado de derecho civil. Obligaciones, Perrot, Buenos Aires, 1967, t. III, p. 286 y 287; Le Tourneau, Philippe – Cadier, Loïc, Droit de la responsabilité, Dalloz, París, 1996, p. 262; Larroumet, Christian, Droit Civil. Les obligations, París, 1996, p. 782; Radouant, Jean, Du cas fortuit et de la force majeure, Arthur Rousseau, Paris, 1920, p. 47), lo que significa que, como lo señalaba Osti, existe un impedimento para cumplir que “no puede ser vencido por las fuerzas humanas” (Osti, Giuseppe, “Revisione critica della teoria sulla imposibilitá della prestazione”, Rivista di Diritto Civile, 1918, p. 220).

Por esa razón, la mera difficultas prestandi no es apta para eximir al obligado (Llambías, Obligaciones, cit., t. III, p. 287; Pizarro-Vallespinos, Obligaciones, cit., t. 3, p. 310). No obstante, corresponde poner de resalto que esta concepción debe ser morigerada por las exigencias de la buena fe y la prohibición del abuso del derecho (Bueres, “El incumplimiento de la obligación.”, cit., p.116), pues, como bien lo enseña Lafaille, no puede entenderse a la imposibilidad “como una situación tal que resista a todo género de esfuerzo, y sí como aquello que humanamente corresponde exigir de la actividad a la cual está comprometido el deudor” (Lafaille, Héctor, Tratado de las obligaciones, Ediar, Buenos Aires, 1947, t. I, p. 459 y 460).

En definitiva, como con acierto lo señala Gamarra, el carácter absoluto de la imposibilidad se relaciona con los requisitos de imprevisibilidad e inevitabilidad propios del caso fortuito. En tal sentido, apunta el autor citado: “imprevisibilidad e irresistibilidad no sólo deben considerarse desde la persona del deudor, sino que también imponen -de regla- una determinada consistencia y magnitud en el evento impeditivo, que es la que lo vuelve insuperable; hay imposibilidad absoluta cuando el obstáculo está dotado de una resistencia que lo torna invencible” (Gamarra, Jorge, Responsabilidad contractual, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1997, t. II, p. 172).

III. En el presente caso, constatado el incumplimiento de la obligación de seguridad (mediante la prueba de haber sido dañado en ocasión del transporte), la única forma de liberarse de la responsabilidad que tenía la demandada era acreditar que su cumplimiento había devenido imposible por una causa que no le resultaba imputable, en los términos ya expuestos. En ese sentido, y como ya lo señalé, la demandada centró su defensa en la invocación del hecho de un tercero por quien -según alega- no debía responder.

Al respecto, cabe recordar que esa eximente se configura con el actuar de un sujeto extraño a las partes que se constituye en condición adecuada del perjuicio, y produce la ruptura de la relación de causalidad, lo que determina que en verdad ya no haya de ser el transportista el causante del daño.El tercero debe ser una persona distinta de la víctima y del demandado, que no tiene vínculo jurídico con ninguno de ellos, y cuyo accionar además reviste los caracteres de imprevisibilidad e inevitabilidad que son propios del casus (Trigo Represas, Félix A – López Mesa, Marcelo J., Tratado de la responsabilidad civil, La Ley, Buenos Aires, 2004, t. II, p. 255). En otras palabras, para poder eximir al sindicado como responsable, el hecho del tercero debe ser la causa exclusiva del daño, pues de lo contrario, si concurre causalmente con el del demandado, ambos responderán concurrentemente frente a la víctima, sin perjuicio de las acciones de regreso que correspondan (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 4, p. 298/299; CSJN, Fallos, 313:1184 y 317:1139). Es pertinente añadir que, en consideración a los valores tutelados por la obligación de seguridad en estos casos (la vida y la integridad física de los pasajeros) y la especial tutela constitucional de la que gozan los consumidores, debe extremarse el rigor en la apreciación de la posibilidad de prever y/o evitar el hecho de los terceros por parte del transportista. En ese sentido, señala le Tourneau que, en una tendencia favorable a las víctimas, la jurisprudencia francesa es muy restrictiva a la hora de exonerar al transportador de su obligación de seguridad por el hecho de terceros; en especial, ella tiende a no considerar más como liberatorias a las agresiones cometidas por otro viajero o por un desconocido. Estas agresiones -subraya el autor citado, siguiendo la línea de la jurisprudencia de la Corte de Casación francesa- no son imprevisibles, pues se producen regularmente, y tampoco resultan irresistibles, dado que el acto podría haber sido evitado por dispositivos técnicos (le Tourneau, Philippe, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, Paris, 2008, p. 560, n° 1855; vid.asimismo, para una ilustración de estos mismos criterios restrictivos, Jourdain, Patrice, nota en Revue Trimestrielle de Droit Civil, 2007.574).

Partiendo de esas premisas, e ingresando en el análisis del caso particular traído a conocimiento de este tribunal, advierto que el hecho de que un tercero arroje, desde el exterior, una piedra que rompió la ventanilla del ómnibus, cuyos cristales lastimaron el ojo del reclamante, no constituye un hecho imprevisible por parte de la parte demandada, pues -al igual de lo que ocurre en el transporte ferroviario- es un hecho notorio la reiteración de este tipo de episodios, lo que puede comprobarse mediante la simple compulsa de las sentencias dictadas en los últimos años a raíz de hechos similares.

Y, lo que es más importante, tampoco se trata de un hecho inevitable, partiendo de la simple constatación de que existen medidas de seguridad concretas que podrían haberse adoptado para impedirlo, como colocar rejas o vidrios especiales en las ventanas del vehículo, capaces de resistir proyectiles arrojados desde el exterior. De modo que no es posible afirmar que el hecho de terceros que se invoca haya causado una imposibilidad absoluta para cumplir con la obligación de seguridad, pues es evidente que la parte demandada no hizo todo lo que podía para evitar un daño previsible. Por otra parte, teniendo en cuenta que está en juego nada menos que la vida y la integridad física de los pasajeros, no parece que la existencia de esa clase de medidas adicionales resulte desproporcionada, excesivamente onerosa ni contraria a la buena fe (ver mi voto como integrante de la Sala A de esta cámara in re “E., G. O. c/ Trenes de Buenos Aires S.A.y otro s/ daños y perjuicios”, 25/11/2011, LL 2012-A, 80).

Es que, como ya lo he adelantado, no se trata aquí de evitar el acto vandálico en sí mismo -tarea que excede claramente el deber de indemnidad en cabeza de la transportista-, sino de adoptar las medidas de seguridad necesarias para que ese accionar no produzca el resultado dañoso. Así las cosas, aun cuando la conducta del tercero sea inevitable, no fue imposible para la demandada evitar que el daño se produjese, adoptando las medidas de seguridad razonables a tal fin.

Es que, como lo señala Lorenzetti, la imprevisibilidad debe ser apreciada en estos casos de acuerdo al estándar profesional y a la experiencia exigible a una empresa, con lo cual su juzgamiento es estricto (art. 902, Código Civil). Añade el autor citado: “la previsibilidad estricta exigida alcanza a obligar al transportista a prever que hay terceros que pueden arrojar objetos desde afuera que lesionen a los pasajeros, pues la obligación de seguridad exige custodiar el área si es posible, o bien instrumentar un sistema de vidrios de protección. (-) Si se acredita que el transportista no adoptó medidas para asegurar la integridad del pasajero, como lo son diversas instalaciones que la técnica permite (ventanillas cementadas, puertas de seguridad, protección contra incendio, techos acolchados, cercas de alambre tejido, etc.), además de vigilancia en zonas y horarios de riesgo y advertencia a los pasajeros, su responsabilidad se mantendrá ante el hecho de tercero s, cuyo daño pudo evitar siendo diligente” (Lorenzetti, Ricardo L., Tratado de los contratos, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2006, t. III, p. 743/744).

Por otra parte, aunque no se me escapa que hay quienes efectúan una distinción -a efectos de resolver casos como el que ahora nos ocupa- entre el transporte ferroviario y el que se lleva a cabo en colectivos u ómnibus, no creo que ella pueda esgrimirse para postular soluciones distintas en esos supuestos; al menos, en lo que hace a las pedradas arrojadas desde el exterior del vehículo.En efecto, en ambos casos se trata de una relación de consumo, y en los dos recae sobre el transportista una obligación de seguridad de resultado, que lo obliga a adoptar las medidas necesarias para evitar daños a los pasajeros, hasta el límite de la imposibilidad (y no meramente hasta el de la simple diligencia o del empleo de medios de prevención de bajo o mediano costo).

En este último sentido, recalco una vez más que la prueba de la imposibilidad de cumplimiento objetiva y absoluta, y no imputable al obligado (arts. 513, 514 y 888, Código Civil, y -con mayor precisión aún- 955 y 1732, Código Civil y Comercial de la Nación-) no se logra mediante la simple acreditación de la diligencia del deudor, del hecho inevitable de un tercero que, sin embargo, no impide evitar el daño, o de que resultaba relativamente oneroso adoptar medidas de seguridad suplementarias (lo cual tampoco se alegó, ni mucho menos se probó en esta causa), sino que requería lograr la convicción del tribunal en el sentido de que ese impedimento no podía ser vencido de manera alguna, cosa que evidentemente no sucede en la especie.

En consecuencia, concluyo que la empresa de transportes demandada resulta responsable por los daños sufridos por el pasajero damnificado, por lo que la acción debería haber sido admitida.

Sin perjuicio de esta conclusión, y en atención a que el resultado del pleito ya se encuentra definido por el voto mayoritario de mis colegas, resulta sobreabundante adentrarme en el análisis de la cuantificación de los daños cuya reparación se reclamó. La Dra. Abreut de Begher dijo:

Adhiero a las consideraciones expuestas por el Dr. Kiper en su voto, proponiendo la solución allí indicada.

Con lo que se dio por finalizado el acto, firmando los señores Jueces por ante mí de lo que doy fe.- Fdo.: Sebastián Picasso (en disidencia), Liliana E. Abreut de Begher, Claudio M. Kiper.-

Buenos Aires,10 de junio de 2015.-

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente, por mayoría, el Tribunal decide:

Revocar el fallo apelado, disponiéndose el rechazo de la acción interpuesta por Juan Alberto Acuña en contra de Línea Expreso Liniers Sociedad Anónima Industrial y Comercial y Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros. Con costas de ambas instancias a la parte actora vencida (conf. arts. 68 y 279 CPCCN).

Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y oportunamente, devuélvase.-

Fdo.:

Sebastián Picasso (en disidencia).

Liliana E. Abreut de Begher.

Claudio M. Kiper.-

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