El trabajador no logró acreditar la relación laboral que decía lo unía a la demandada

CertificadoLaboralPartes: Gallegos Juan Carlos c/ Aceitera Chabás s/ | despido

Tribunal: Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Casilda

Sala/Juzgado: Primera nominación

Fecha: 4-may-2015

Cita: MJ-STF-M-6777-AR | STF6777 | STF6777

Rechazo de la demanda laboral si no logró el trabajador acreditar la relación laboral, al acudir indistintamente a varios empleadores realizando tareas afines con la actividad de cada uno y suscribiendo conforme toda la documentación de alta y baja presentada ante el AFIP.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar in totum, la demanda laboral tendiente al cobro de indemnizaciones de carácter laboral, toda vez que, se acreditó indubitadamente que el actor acudía diariamente -si así lo deseaba- a la bolsa de trabajo de la localidad, lugar en donde era sorteado y se le asignaba el destino particular de esa fecha, quien percibió durante años remuneraciones liquidadas en base a las horas trabajadas y acudió indistintamente a varios empleadores realizando tareas afines con la actividad de cada uno y suscribió conforme toda la documentación de alta y baja presentada ante el AFIP.

Fallo:

Casilda, 04 de Mayo de 2015

AUTOS Y VISTOS: Los presentes: “GALLEGOS JUAN CARLOS C/ ACEITERA CHABÁS S/ DESPIDO” – Expte. 306/2009, tramitado por ante el Juzgado Civil, Comercial y Laboral, Primera Nominación de la ciudad de Casilda, Pcia. De Santa Fe, del cual;

RESULTA: Que a fs. 10/14 el Sr. JUAN CARLOS GALLEGOS, mediante apoderado (cfr. poder de fs. 03), promueve demanda laboral contra la ACEITERA CHABAS, con domicilio en 9 de Julio s/n de la localidad de Chabás, tendiente al cobro de las indemnizaciones de carácter laboral cuyos rubros describe y transcribiré más abajo, emergente de la relación de trabajo cuyo inicio, sostiene, dataría del 02 de mayo de 1997.

Entiende el actor que la relación constituyó un contrato típico por tiempo indeterminado y que el Sr. Galegos prestó servicios hasta el 15 de Abril de 2009, fecha en la cual se produce el distracto laboral, según refiere, por exclusiva culpa de la patronal.

Encuadra los servicios prestados por el actor dentro de la ley 22.248, que regula la actividad del trabajador rural, y siendo los mismos en forma permanente, subordinada y continua entiende que le correspondería percibir según resolución Nro. 43/2008 de la Comisión Nacional del Trabajo Agrario, un sueldo básico de $ 1.442,38 con más los adicionales y bonificaciones que le corresponden por ley, como por ejemplo el 1% de la remuneración básica actualizada de la categoría del trabajador por cada año de antigüedad.

Señala que el actor ingresa a laborar para la demandada en fecha 02 de Mayo de 1997 prestando servicios, -cuando aún no se había tecnificado – de embolsado de pellets, carga y descarga de bolsas de soja de los camiones así como también – tarea que desarrolló hasta la actualidad, limpieza de pozos de noria, paleo de la soja de los silos, etc.Manifiesta que pese al tiempo trabajado el actor nunca fue sancionado por la patronal por motivos disciplinarios, prestando sus servicios con esmero, presentismo y puntualidad , actitud que según indica no fue correspondida por la demandada quien no cumplió con la totalidad de las obligaciones que tenía a su cargo como las laborales, sociales ni previsionales en forma correcta, ya que a pesar de los múltiples reclamos efectuados por el actor, no sólo no lo registró correctamente, sino que además no le abonó lo que dispone la ley 22,248, así como tampoco le entregó la libreta de trabajo rural que dispone la ley 25.191, produciendo ésto último un grave perjuicio ya que al ser despedido no puede percibir el correspondiente subsidio por desempleo que prescribe dicha ley.

Relata que el despido del actor se produce previamente en forma verbal y luego es confirmada en forma telegráfica ante la negativa de dación de tareas y la propia negación de la relación de trabajo.

Reclama Integración mes de despido, indemnización por despido (art. 76 de la ley 22248), pago por antigüedad (1%) períodos no prescriptos, (S /LCT) , SAC y Vacaciones proporcionales por despido, SAC y vacaciones no gozadas (art. 23 Ley 22248), multas arts. 1 y 2 Ley 25323, Diferencias de haberes desde ingreso a egreso, horas extras, certificado de servicios con aportes, ropa de trabajo, daños y perjuicios por falta de registración y entrega de libreta del trabajador rural (Ley 25191 RENATRE).

Invoca derecho, ofrece pruebas y pretende también se condene a la demandada al pago de una suma resarcitoria de $ 4000 por los daños y perjuicios, atento que atento de los reiterados reclamos efectuados a la demandada, ésta no ha entregado el correspondiente certificado de servicios, aportes y remuneraciones, el cual está obligado a entregar después de finalizada la relación laboral, de acuerdo a lo que prescribe el art. 80 de la LCT, 45 de la ley 235345 y su decreto reglamentario 146/01.

A fs.15 se emplaza a la accionada a comparecer y contestar la demanda impetrada.

A fs. 22/26 comparece la demandada por representación conforme poder de fs. 17 y procede a contestar la demanda y ofrecer la prueba que hace al derecho de su parte en la etapa procesal en que se encuentra. Al respecto, niega todos y cada uno de los hechos que no reconozca expresamente, refiere que el presupuesto fáctico alegado por el actor es falso y ajeno totalmente a la verdad. Manifiesta que el actor forma parte de la bolsa de trabajo conformada por UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estivadores, asociación gremial que tiene una delegación en Chabás y bajo ese régimen se encuadró jurídicamente su relación. Manifiesta que el Sr. Gallegos formaba parte de la esta institución y que cuando su representante por cuestiones estacionales o específicas necesitaba algún número de personas que realizaran un trabajo determinado, siempre relacionado a la manipulación y almacenamiento de soja, lo solicitaba al secretario de UATRE, quien los enviaba para que cumplieran tal tarea. Entiende por tanto, que su mandante nada tenía que ver con esa designación, por lo que la relación era circunstancial, ajena y para nada vinculada o parecida a una típica relación laboral. Refiere que con sólo repasar los recibos de haberes extendidos, es fácil notar que los rubros percibidos difieren sustancialmente de una época a la otra y que por sus cifras no pueden corresponderse con una típica relación laboral. Cuenta que durante los meses que van entre abril y agosto, es cuando trabajan más asiduamente y perciben mayores montos, atento que en ese período se desarrolla la cosecha y acopio de soja. Refiere también que Gallegos trabajó al mismo tiempo en varios acopios de similares características.

Plantea prescripción atento que entiende que la actora plantea conceptos difusos que pueden corresponder a períodos vencidos.En ese sentido plantea la prescripción de todo concepto que pudiere ir por encima del plazo de dos años, en particular menciona el reclamo en cuanto a diferencias salariales desde ingreso a egreso, horas extras, ropa de trabajo, SAC y vacaciones no gozadas.

Acompaña certificación de servicios, ofrece pruebas documental, confesional, reconocimiento de documental, pericial caligráfica subsidiaria, informativa.

A fs. 44 y vta. se desarrolla la audiencia prevista por el artículo 51 del CPLSF a la que comparecen ambas partes. En la misma se produce la prueba confesional y de reconocimiento de documental a cargo de actora y demandada y se acompañan las respectivas minutas de prueba de las partes. Las mismas se proveen conforme constancias de fs. 47.

A fs. 74 la perito contadora acepta el cargo para el cual fue designada de conformidad a la pericial oportunamente ofrecida en autos, quien cumplimenta con la tarea encomendada de conformidad a la constancias de fs. 127/131.

A fs. 118 se recepcionaron testimoniales de los Sres. Gabriel Fernando Aguilera y Sebastián Ramiro Nuñez.

Respecto de las informativas oportunamente ofrecidas: – A fs. 132/135 y 164/169 obra respuesta de la AFIP ; – A fs. OSPRERA procede de igual forma acompañando impresión de pantalla de sus registros de conformidad a las constancias de fs. 81/91. – A fs. 137 obra contestación de la Cooperativa Agrícola Ganadera Dr. Francisco Netri. – A fs. 140 lo hace el RENATEA, – a fs. 158/160 Correo Argentino adjunta fotocopias certificadas de de las piezas postales, a fs. 161 responde la firma Jakas, Kokic e Ivancich Ltda. Y a fs. 171 hace lo propio la firma Barbini y Ostoich SRL.

Se clausura el término probatorio a fs. 149. A fs. 155 la actora acompaña alegato en sobre cerrado, escrito que luce agregado a fs. 191/201. La demandada hace lo propio a fs. 175, escrito que es glosado a fs. 177/190. Ambos a la vista para la redacción del presente resolutorio.

A fs.202 se designa fecha de audiencia para escuchar a las partes, la que se materializa conforme acta de fs. 214, no arribando las mismas a ningún acuerdo, por lo que solicitan se dicte sentencia.

Así, encontrándose firme y consentido el decreto de llamamiento de autos y consentida mi intervención, pasan los autos a despacho para resolver y se dicta resolución 1640 el 14 de noviembre de 2014, por la que se impone como medida para mejor proveer en virtud de lo dispuesto por la ley 25191 se acompañe la Libreta del Trabajador Rural, de uso obligatorio en todo el territorio de la República Argentina, cumplimentada que fue dicha medida (cfr. constancia de fs. 224) y acompañada que fue la cédula notificatoria de la misma a la contraria (cfr. fs. 226) pasan los autos nuevamente a mi despacho para dictar sentencia definitiva;

Y CONSIDERANDO: Debidamente trabada la litis entre los comparecientes conforme sus respectivas presentaciones y en un todo de acuerdo a lo que establecen los artículos 39, 47 y concordantes del Código de forma provincial, en adelante CPLSF, se examina la presente causa a fin de resolver la cuestión de fondo planteada.

Evaluados los argumentos de ambos contendientes, es posible identificar el conflicto suscitado en autos, del que surge que concretamente se discute la existencia misma de la relación laboral habida -o no- entre las partes.Es decir, por una lado, el actor entiende que lo vinculaba con la demandada una relación de contrato típico por tiempo indeterminado, que tuvo su inicio el 02 de mayo de 1997, prestando sus servicios hasta el 15 de abril de 2009, presupuesto que, por su parte, es rechazado en su totalidad por la contraria, quien a su vez refiere que el actor forma parte de la bolsa de trabajo conformada por UATRE, asociación gremial que tiene una delegación en Chabás y bajo ese régimen encuadra jurídicamente el vínculo que unió a la Aceitera con Gallegos.

Planteada la controversia fáctica en estos términos, y conforme lo acepta la propia actora resulta claro e indiscutible que el encuadramiento jurídico del caso traído a estudio debe ser hecho en el marco de la ley 22.248, es decir al régimen de trabajo agrario, marco dentro del cual de acuerdo al plexo probatorio rendido en autos procederé a dilucidar cada uno de los puntos en discordia.

Sentado lo precedente y entrando al análisis pormenorizado de las cuestiones planteadas, es oportuno destacar liminarmente que, de conformidad a lo expresado textualmente por el art. 2° de la ley 22.248 cuando dice: “Habrá Contrato de Trabajo agrario, cuando una persona física realizare tareas vinculadas principal o accesoriamente con la actividad agraria. tales como la agrícola, pecuaria, forestal.”, no tengo dudas de que el presente caso cae en la previsión de la citada normativa, tanto por la naturaleza de las tareas realizadas por el accionante (“.cumpliendo tareas como el embolsado de pellets. Carga y descarga de bolsas de soja de los camiones que transportaban a la fábrica, así como también y en la actualidad limpieza de pozos de noria, paleo de soja de los silos, etc.” (cfr. dichos de la actora en el escrito de demanda de fs. 10Vta.), como al lugar donde éstas se desarrollaban (establecimiento Aceitera de Chabás – “.la sociedad tiene como objeto la actividad industrial, la comercial como la agropecuaria.” – cfr. Dichos de la demandada en contestación de demanda de fs.22Vta.). En este sentido el art. 6 (texto vigente conforme ley 23.808 expresamente diferencia en los establecimientos agroindustriales o agrocomerciales aquel personal que se desempeñare en la actividad comercial o industrial que queda expresamente excluído del régimen agrario, del “resto” – como lo refiere la norma – que se regirá por la normativa que cito, es decir por el régimen legal del trabajador agrario.

Por lo tanto, ambas partes aceptan y encuadran sus tareas en el marco de la actividad agrícola, susbsunción que luce legalmente correcta.

Por cierto que toda posible integración normativa con la ley laboral común debe realizarse a la luz de lo previsto por el art. 2° de la LCT y la misma ley 22.248 que en su art. 3° agrega un inciso al art. 2° de la L.C.T., de modo que los trabajadores agrarios quedan expresamente excluidos de la aplicación de la ley General; la integración legal es expresamente incompatible y por ende no resultan de aplicación sus normas, entre ellas los arts. 23 y 57 de la L.C.T. lo cual significa que en las cuestiones de los trabajadores agrarios, no ha de partirse de la base presuncional citada y consecuentemente debe mensurarse la prueba producida, sin estos elementos que, de antemano favorezcan al trabajador.

Así el accionante deberá probar -con todos los medios a su alcance- la relación de trabajo y la naturaleza que alega, y el accionado demostrar su afirmación de que la misma no existió o fue eventual o no permanente, con pruebas eficientes y eficaces a fin de acreditar los extremos invocados en el responde, y con documentación acorde que debe llevar por imperativo legal (v. arts. 122 a 128 R.N.Tr.Ag.).

A la luz es estos preceptos, examinaré las pruebas producidas en autos, las que me permitirán arribar a una conclusión que resulte razonadamente derivada de la verdad real de los hechos para, de esta manera aplicar el derecho que al caso corresponda, de las cuales surge y liminarmente adelanto que la demanda impetrada no ha de prosperar.Esto es así en cuanto no encuentro debidamente acreditada la relación laboral indicada en el escrito incial, la que – como dije – según surge de las pruebas que analizaré en los párrafos siguientes no gozaba de los caracteres determinantes del contrato de trabajo agrario para trabajadores permanentes. En este aspecto es dable destacar que cada uno de los elementos probatorios resultan totalmente conicidentes en cuanto a la conclusión que propugno.

Más aún, entiendo que claramente quedó demostrado que el Sr. Gallegos encuadraba su labor en la categoría de trabajador agrario no permanente, alcanzado por la previsión en el caso de la Aceitera del art. 6 inc. 1 úntima parte. “.el resto del persnal se regirá por el presente régimen”, y que se hallaba incripto a la bolsa de trabajo de su respectivo gremio “UATRE” Chabás, siendo un empleado migratorio que si bien por las características del lugar prestaba servicios con frecuencia en la Aceitera demandada, también lo hacía para otros diversos empleadores según el sorteo del día que le correspondiera.

En esta tesitura y de acuerdo al orden en que se hallan agregadas a la causa, destacaré en consonancia con doctrina de la Corte Suprema de la Nación de las pruebas producidas, sólo aquellos puntos o elementos que estime conducentes para la resolución del conflicto traído a estudio.

1.- En su respuesta al oficio diligenciado, OSPRERA (Obra Social del Personal Rural y Estivadores de la República Argentina) expresamente manifiesta: “El actor, Juan Carlos Gallegos, CUIL 20-27106203-7, a través de AFIP registra aportes realizados por distintos empleadores a su favor, durante el período comprendido desde el 05/97 hasta el 01/2009 inclusive. Los datos de fecha, montos, empledores, etc. constan en la impresión de pantalla que se adjunta al presente al cual nos remitimos en honor a la brevedad.” (cfr. fs. 92 y listado informático adjunto de fs 81/91).

2.- De las declaraciones testimoniales brindadas por los Sres.Gabriel Fernando Aguillera y Sebastián Ramiro Nuñez surge que ambos coinciden en que el actor era trabajador de UATRE, que el mismo formaba parte de la bolsa de trabajo al igual que ellos, que realizaba tareas donde el UATRE se lo indicaba y que era esta Institución y no la aceitera quién decidía el destino diario de los empleados, que la actividad es rotativa, que no es obligatorio presentarse a trabajar, que de no presentarse a trabajar no puede ser sancionado por la aceitera ni intimado en su caso a su reintegro ni siquiera por el UATRE “.es libre.” dice el testigo Nuñez. Asimismo coinciden en que el tratamiento, ingreso y ordenes eran distintos respecto de los empleados permanentes de Aceitera. A la pregunta sobre el horario de trabajo ambos responden que era rotativo y que en épocas de cosecha marzo, abril y mayo se incrementaba a 24 hs. rotativas. Entiendo que ambos son testigos calificados y devienen de vital importancia para la dilucidación de la verdad real de los hechos por cuanto han laborado junto con Gallegos como afiliados al UATRE, en los mismos establecimientos, bajo las mismas modalidades y condiciones de trabajo y casi en el mismo tiempo. Sumado a ello, ninguno de los testimonios fue tachado ni objetado por alguna de las partes y por lo tanto resultan atendibles en toda su extensión.

3.- Percial contable de fs. 127/131 surge en lo que interesa a la resolución de la causa que: La demandada llevaba los libros contables en legal forma (cfr. Punto peicial 1 de la actora), que cumple con la legislación vigente en cuanto a su obligación de ingresar regularmente los fondos de la seguridad social, obras sociales y sindicales (cfr. Punto. 7 de la pericial de la actora), que las liquidaciones de las remuneraciones percibidas no lo eran por mes sino por hora trabajada y que las mismas son convenidas según lo manifiesta la atendiente al momento de realización de la pericia Teresa Vitervo verbalmente con UATRE (cfr.puntos 8 y 9 de la pericial de la actora), que de los recibos de sueldo surge que la relación estaba encuadrada dentro de un contrato discontinuo (cfr. punto. 15 de la pericial contable de la actora), que si bien la actora lleva los libros de accidentes de trabajo rubricados y en forma (cfr. punto pericial 13 de la actora) tal como surge de la nota suscripta el 11 de noviembre de 2011 no hay examenes médicos del Gallegos por ser personal de UATRE (cfr. punto pericial 16 de la actora) . Por su parte al punto pericial 1 de la demandada la perito actuante informa que el actor se encontraba encuadrado en la lista de trabajadores de UATRE y adjunta el listado que obra reservado en secretaría al igual que el resto de la documentación respaldatoria, toda la cual tengo a mi vista en este acto). Asimismo y al punto 2 informa que la remuneración del actor era por hora trabajada según surge de los recibos de sueldo. Al igualque las testimoniales precedentemente examinadas esta pieza procesal no mereció impugnación de las partes ciircunstancia que la torna jurídicamente válida y atendible.

4.- Informe AFIP (cfr. fs. 132/135) por el cual la Administración Federal de Ingresos Públicos adjunta consulta al sistema informático “Mis Aportes” realizados en relación a Gallegos Juan Carlos por la demandada Aceitera Chabás, listado del que surge que los montos depositados son diversos y no se corresponden con una suma remunerativa homogénea sino que varían notablemente de un mes a otro, no guardando relación de incremento respecto de los meses subsiguientes, de lo que se colige que el actor no trabajaba la misma cantidad de días y horas todos los meses del año. Así, por ejemplo, en el mes de septiembre de 2008 percibió una remuneración total bruta de $1034,21, mientras que en octubre del mismo año la misma ascendió a $ 675,46 y aún más en enero de 2009 lo fue de $ 191,65.5) Informes emitidos por la Cooperativa Agrícola Ganadera Dr. Francisco Netri (cfr. fs. 136/137), por la firma Jakas, Kokic e Ivancich y Cía Ltda. S.A. (cfr. fs. 161 y 162), y por Barbini Ostoich SRL (cfr. fs. 170/ ) surge que el actor trabajó en dichas firmas como obrero de la bolsa de trabajo denominada UATRE por los distintos períodos que allí se informan y que datan de fechas y años concomitantes o coincidentes a los períodos en que el actor manifiesta haber prestado servicios en virtud de contrato de trabajo por tiempo indeterminado para la Aceitera de Chabás. ( años 1992 -1993 -1999- 2000 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010).

6.- Informe de AFIP e impresión de pantalla de del sistema Mis Aportes (cfr. fs. 164/169) donde constan aportes y contribuciones y la remuneración de cada empleador que viene a corroborar los informes emitidos por las firmas referidas en el punto precedente y del que expresamente surge que Gallegos prestaba labores alternativamente para las empresas denunciadas: Aceitera Chabás, Cooperativa Agrícola Don Francisco Netri, Jakas, Kokic, Ivancich y Cía Ltda, Barbini y Ostoich SRL, Centro de Desarrollo Agrícola S.A., resultando que incluso en mismos períodos mensuales le fueron retenidos y realizados aportes por varias de ellas.

Constancias de “mi simplificación” reservadas en Secretarías -todas ellas suscriptas por el trabajador indican: Modalidad de contrato – código 023 – Personal No permanente Ley 22248, Obra Social: 119302, O.S. Del Personal Rural y estivadores de la República Argentina, Agropecuario : Sí. Puesto 9333 – Peones de carga.

7.- Libreta de trabajo: Por último presenta el actor a instancias de la resolución Nro. 1640 del 14 de noviembre de 2014 la Libreta de Trabajo que impone la ley 25191, en dos ejemplares. La primera Nro. A 07-332804-01 visada por la autoridad de aplicación RENATRE en la que consta que Gallegos, catalogado como trabajador no permanente en algunos períodos y de bolsa en otros prestó servicios para todas la firmas mencionadas precedentemente.En tanto de la segunda Nro L07001981-1, la que no es autorizada por el RENATRE pero sí suscripta por el empleador, con fecha de emisión 30 de julio de 2009, denuncia como modalidad de Trabajo de Gallegos el íntem “de bolsa” .- Si bien ésta última no puede ser valorada como prueba conreta por ser posterior a la iniciación de la demanda, sí resulta un indicio serio de que el actor continuó hasta el momento de su cese trabajando siempre bajo la misma modalidad de empleado de bolsa.

Es decir abundan las constancias probatorias que me indican que el actor estaba enmarcado dentro del regimen de trabajadores no permanentes – excluido expresamente del régimen de los trabajadores permanetes según art. 83 de la ley 22,248- y que no existió en la intención de ninguna de las partes la celebración de un contrato de de trabajo por tiempo indeterminado, tal como lo pretende la actora en su escrito de demanda. Sus propias conductas desplegadas a lo largo del tiempo, y la aplicación de los principios de buena fe y no abuso de los derechos que deben tener presente los jueces al momento de dictar sus sentencias imponen en consecuencia el rechazo de la demanda incoada en su totalidad.

Más aún, y a mayor abundamiento debo recalcar que ninguna conducta jurídicamente reprochable ha sido acreditada en contra de la demandada, quien además de llevar su documentación laboral, fiscal y de la seguridad social en forma, daba estricto cumplimiento a lo impuesto por la ley 25191, haciendo entrega de la correspondiente libreta de trabajo, sino que también debo tener en cuenta que la misma cumple en cuanto a la modalidad de trabajo dispuesta por las resoluciones 336/2002 del Ministerio de trabajo y 08/2002 de la Comisión Nacional de Trabajo Agragario en las cuales se prevee la utilización de las Bolsas de Trabajo obligaroias a cargo de las organizaciones sindicales con personería gremial. En su consierando -apreciación con la que coincido- se lee:”Que las Bolsas de Trabajo resultan un mecanismo útil para disminuir el empleo no registrado y favorecer la fluidez entre la oferta y la demanda de mano de obra en el ámbito de la actividad, evitando inequidades que pudieran redundar en perjuicio de los empleadores del sector.” Por lo tanto, resolver de manera distinta a la que propugno en este acto decisorio implicaría insitar a las empresas de la zona al no cumplimiento con esta regulación laboral que por su parte se condice perfectamente con los usos y costumbres del lugar – zona eminentemente agrícola ganadera- al que pertenece este distrito judicial.

Es decir, en resumen y como conlusión final puedo asegurar que frente a la acreditación indubitable de que el Sr. Juan Carlos Gallegos acudía diariamente -si así lo deseaba – a la bolsa de trabajo (UATRE) de la localidad de Chabás, lugar en donde era sorteado y se le asignaba el destino particular de esa fecha, quien percibió durante años remuneraciones liquidadas en base a las horas trabajadas y acudió indistintamente a varios empleadores realizando tareas afines con la actividad de cada uno y suscribió conforme toda la documentación de alta y baja presentada ante el AFIP, no se impone otra decisión que no sea el rechazo de la demanda. Resolver en sentido contrario resultaría una derivación irrazonada e irrazonable del análisis de la realidad, intención de las partes y aplicación a este caso concreto tanto de la legislación vigente como de los usos y costumbres del lugar.

Atento lo resuelto en virtud considerandos precedentes no corresponde se de tratamiento a las demás cuestiones planteadas en autos.

Por todo lo expuesto;

FALLO: 1) Rechazar la demanda in totum. 2) Imponer las costas a la parte perdidosa (art. 101 del CPL). Insértese y hágase saber.- (Expte. Nº 306/2009). ( c ) (8 – 1)

Casilda, 04 de Mayo de 2015

AUTOS Y VISTOS: Los presentes: “GALLEGOS JUAN CARLOS C/ ACEITERA CHABÁS S/ DESPIDO” – Expte.306/2009, tramitado por ante el Juzgado Civil, Comercial y Laboral, Primera Nominación de la ciudad de Casilda, Pcia. De Santa Fe, del cual;

RESULTA: Que a fs. 10/14 el Sr. JUAN CARLOS GALLEGOS, mediante apoderado (cfr. poder de fs. 03), promueve demanda laboral contra la ACEITERA CHABAS, con domicilio en 9 de Julio s/n de la localidad de Chabás, tendiente al cobro de las indemnizaciones de carácter laboral cuyos rubros describe y transcribiré más abajo, emergente de la relación de trabajo cuyo inicio, sostiene, dataría del 02 de mayo de 1997.

Entiende el actor que la relación constituyó un contrato típico por tiempo indeterminado y que el Sr. Galegos prestó servicios hasta el 15 de Abril de 2009, fecha en la cual se produce el distracto laboral, según refiere, por exclusiva culpa de la patronal.

Encuadra los servicios prestados por el actor dentro de la ley 22.248, que regula la actividad del trabajador rural, y siendo los mismos en forma permanente, subordinada y continua entiende que le correspondería percibir según resolución Nro. 43/2008 de la Comisión Nacional del Trabajo Agrario, un sueldo básico de $ 1.442,38 con más los adicionales y bonificaciones que le corresponden por ley, como por ejemplo el 1% de la remuneración básica actualizada de la categoría del trabajador por cada año de antigüedad.

Señala que el actor ingresa a laborar para la demandada en fecha 02 de Mayo de 1997 prestando servicios, -cuando aún no se había tecnificado – de embolsado de pellets, carga y descarga de bolsas de soja de los camiones así como también – tarea que desarrolló hasta la actualidad, limpieza de pozos de noria, paleo de la soja de los silos, etc.Manifiesta que pese al tiempo trabajado el actor nunca fue sancionado por la patronal por motivos disciplinarios, prestando sus servicios con esmero, presentismo y puntualidad , actitud que según indica no fue correspondida por la demandada quien no cumplió con la totalidad de las obligaciones que tenía a su cargo como las laborales, sociales ni previsionales en forma correcta, ya que a pesar de los múltiples reclamos efectuados por el actor, no sólo no lo registró correctamente, sino que además no le abonó lo que dispone la ley 22,248, así como tampoco le entregó la libreta de trabajo rural que dispone la ley 25.191, produciendo ésto último un grave perjuicio ya que al ser despedido no puede percibir el correspondiente subsidio por desempleo que prescribe dicha ley.

Relata que el despido del actor se produce previamente en forma verbal y luego es confirmada en forma telegráfica ante la negativa de dación de tareas y la propia negación de la relación de trabajo.

Reclama Integración mes de despido, indemnización por despido (art. 76 de la ley 22248), pago por antigüedad (1%) períodos no prescriptos, (S /LCT) , SAC y Vacaciones proporcionales por despido, SAC y vacaciones no gozadas (art. 23 Ley 22248), multas arts. 1 y 2 Ley 25323, Diferencias de haberes desde ingreso a egreso, horas extras, certificado de servicios con aportes, ropa de trabajo, daños y perjuicios por falta de registración y entrega de libreta del trabajador rural (Ley 25191 RENATRE).

Invoca derecho, ofrece pruebas y pretende también se condene a la demandada al pago de una suma resarcitoria de $ 4000 por los daños y perjuicios, atento que atento de los reiterados reclamos efectuados a la demandada, ésta no ha entregado el correspondiente certificado de servicios, aportes y remuneraciones, el cual está obligado a entregar después de finalizada la relación laboral, de acuerdo a lo que prescribe el art. 80 de la LCT, 45 de la ley 235345 y su decreto reglamentario 146/01.

A fs.15 se emplaza a la accionada a comparecer y contestar la demanda impetrada.

A fs. 22/26 comparece la demandada por representación conforme poder de fs. 17 y procede a contestar la demanda y ofrecer la prueba que hace al derecho de su parte en la etapa procesal en que se encuentra. Al respecto, niega todos y cada uno de los hechos que no reconozca expresamente, refiere que el presupuesto fáctico alegado por el actor es falso y ajeno totalmente a la verdad. Manifiesta que el actor forma parte de la bolsa de trabajo conformada por UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estivadores, asociación gremial que tiene una delegación en Chabás y bajo ese régimen se encuadró jurídicamente su relación. Manifiesta que el Sr. Gallegos formaba parte de la esta institución y que cuando su representante por cuestiones estacionales o específicas necesitaba algún número de personas que realizaran un trabajo determinado, siempre relacionado a la manipulación y almacenamiento de soja, lo solicitaba al secretario de UATRE, quien los enviaba para que cumplieran tal tarea. Entiende por tanto, que su mandante nada tenía que ver con esa designación, por lo que la relación era circunstancial, ajena y para nada vinculada o parecida a una típica relación laboral. Refiere que con sólo repasar los recibos de haberes extendidos, es fácil notar que los rubros percibidos difieren sustancialmente de una época a la otra y que por sus cifras no pueden corresponderse con una típica relación laboral. Cuenta que durante los meses que van entre abril y agosto, es cuando trabajan más asiduamente y perciben mayores montos, atento que en ese período se desarrolla la cosecha y acopio de soja. Refiere también que Gallegos trabajó al mismo tiempo en varios acopios de similares características.

Plantea prescripción atento que entiende que la actora plantea conceptos difusos que pueden corresponder a períodos vencidos.En ese sentido plantea la prescripción de todo concepto que pudiere ir por encima del plazo de dos años, en particular menciona el reclamo en cuanto a diferencias salariales desde ingreso a egreso, horas extras, ropa de trabajo, SAC y vacaciones no gozadas.

Acompaña certificación de servicios, ofrece pruebas documental, confesional, reconocimiento de documental, pericial caligráfica subsidiaria, informativa.

A fs. 44 y vta. se desarrolla la audiencia prevista por el artículo 51 del CPLSF a la que comparecen ambas partes. En la misma se produce la prueba confesional y de reconocimiento de documental a cargo de actora y demandada y se acompañan las respectivas minutas de prueba de las partes. Las mismas se proveen conforme constancias de fs. 47.

A fs. 74 la perito contadora acepta el cargo para el cual fue designada de conformidad a la pericial oportunamente ofrecida en autos, quien cumplimenta con la tarea encomendada de conformidad a la constancias de fs. 127/131.

A fs. 118 se recepcionaron testimoniales de los Sres. Gabriel Fernando Aguilera y Sebastián Ramiro Nuñez.

Respecto de las informativas oportunamente ofrecidas: – A fs. 132/135 y 164/169 obra respuesta de la AFIP ; – A fs. OSPRERA procede de igual forma acompañando impresión de pantalla de sus registros de conformidad a las constancias de fs. 81/91. – A fs. 137 obra contestación de la Cooperativa Agrícola Ganadera Dr. Francisco Netri. – A fs. 140 lo hace el RENATEA, – a fs. 158/160 Correo Argentino adjunta fotocopias certificadas de de las piezas postales, a fs. 161 responde la firma Jakas, Kokic e Ivancich Ltda. Y a fs. 171 hace lo propio la firma Barbini y Ostoich SRL.

Se clausura el término probatorio a fs. 149. A fs. 155 la actora acompaña alegato en sobre cerrado, escrito que luce agregado a fs. 191/201. La demandada hace lo propio a fs. 175, escrito que es glosado a fs. 177/190. Ambos a la vista para la redacción del presente resolutorio.

A fs.202 se designa fecha de audiencia para escuchar a las partes, la que se materializa conforme acta de fs. 214, no arribando las mismas a ningún acuerdo, por lo que solicitan se dicte sentencia.

Así, encontrándose firme y consentido el decreto de llamamiento de autos y consentida mi intervención, pasan los autos a despacho para resolver y se dicta resolución 1640 el 14 de noviembre de 2014, por la que se impone como medida para mejor proveer en virtud de lo dispuesto por la ley 25191 se acompañe la Libreta del Trabajador Rural, de uso obligatorio en todo el territorio de la República Argentina, cumplimentada que fue dicha medida (cfr. constancia de fs. 224) y acompañada que fue la cédula notificatoria de la misma a la contraria (cfr. fs. 226) pasan los autos nuevamente a mi despacho para dictar sentencia definitiva;

Y CONSIDERANDO: Debidamente trabada la litis entre los comparecientes conforme sus respectivas presentaciones y en un todo de acuerdo a lo que establecen los artículos 39, 47 y concordantes del Código de forma provincial, en adelante CPLSF, se examina la presente causa a fin de resolver la cuestión de fondo planteada.

Evaluados los argumentos de ambos contendientes, es posible identificar el conflicto suscitado en autos, del que surge que concretamente se discute la existencia misma de la relación laboral habida -o no- entre las partes.Es decir, por una lado, el actor entiende que lo vinculaba con la demandada una relación de contrato típico por tiempo indeterminado, que tuvo su inicio el 02 de mayo de 1997, prestando sus servicios hasta el 15 de abril de 2009, presupuesto que, por su parte, es rechazado en su totalidad por la contraria, quien a su vez refiere que el actor forma parte de la bolsa de trabajo conformada por UATRE, asociación gremial que tiene una delegación en Chabás y bajo ese régimen encuadra jurídicamente el vínculo que unió a la Aceitera con Gallegos.

Planteada la controversia fáctica en estos términos, y conforme lo acepta la propia actora resulta claro e indiscutible que el encuadramiento jurídico del caso traído a estudio debe ser hecho en el marco de la ley 22.248, es decir al régimen de trabajo agrario, marco dentro del cual de acuerdo al plexo probatorio rendido en autos procederé a dilucidar cada uno de los puntos en discordia.

Sentado lo precedente y entrando al análisis pormenorizado de las cuestiones planteadas, es oportuno destacar liminarmente que, de conformidad a lo expresado textualmente por el art. 2° de la ley 22.248 cuando dice: “Habrá Contrato de Trabajo agrario, cuando una persona física realizare tareas vinculadas principal o accesoriamente con la actividad agraria. tales como la agrícola, pecuaria, forestal.”, no tengo dudas de que el presente caso cae en la previsión de la citada normativa, tanto por la naturaleza de las tareas realizadas por el accionante (“.cumpliendo tareas como el embolsado de pellets. Carga y descarga de bolsas de soja de los camiones que transportaban a la fábrica, así como también y en la actualidad limpieza de pozos de noria, paleo de soja de los silos, etc.” (cfr. dichos de la actora en el escrito de demanda de fs. 10Vta.), como al lugar donde éstas se desarrollaban (establecimiento Aceitera de Chabás – “.la sociedad tiene como objeto la actividad industrial, la comercial como la agropecuaria.” – cfr. Dichos de la demandada en contestación de demanda de fs.22Vta.). En este sentido el art. 6 (texto vigente conforme ley 23.808 expresamente diferencia en los establecimientos agroindustriales o agrocomerciales aquel personal que se desempeñare en la actividad comercial o industrial que queda expresamente excluído del régimen agrario, del “resto” – como lo refiere la norma – que se regirá por la normativa que cito, es decir por el régimen legal del trabajador agrario.

Por lo tanto, ambas partes aceptan y encuadran sus tareas en el marco de la actividad agrícola, susbsunción que luce legalmente correcta.

Por cierto que toda posible integración normativa con la ley laboral común debe realizarse a la luz de lo previsto por el art. 2° de la LCT y la misma ley 22.248 que en su art. 3° agrega un inciso al art. 2° de la L.C.T., de modo que los trabajadores agrarios quedan expresamente excluidos de la aplicación de la ley General; la integración legal es expresamente incompatible y por ende no resultan de aplicación sus normas, entre ellas los arts. 23 y 57 de la L.C.T. lo cual significa que en las cuestiones de los trabajadores agrarios, no ha de partirse de la base presuncional citada y consecuentemente debe mensurarse la prueba producida, sin estos elementos que, de antemano favorezcan al trabajador.

Así el accionante deberá probar -con todos los medios a su alcance- la relación de trabajo y la naturaleza que alega, y el accionado demostrar su afirmación de que la misma no existió o fue eventual o no permanente, con pruebas eficientes y eficaces a fin de acreditar los extremos invocados en el responde, y con documentación acorde que debe llevar por imperativo legal (v. arts. 122 a 128 R.N.Tr.Ag.).

A la luz es estos preceptos, examinaré las pruebas producidas en autos, las que me permitirán arribar a una conclusión que resulte razonadamente derivada de la verdad real de los hechos para, de esta manera aplicar el derecho que al caso corresponda, de las cuales surge y liminarmente adelanto que la demanda impetrada no ha de prosperar.Esto es así en cuanto no encuentro debidamente acreditada la relación laboral indicada en el escrito incial, la que – como dije – según surge de las pruebas que analizaré en los párrafos siguientes no gozaba de los caracteres determinantes del contrato de trabajo agrario para trabajadores permanentes. En este aspecto es dable destacar que cada uno de los elementos probatorios resultan totalmente conicidentes en cuanto a la conclusión que propugno.

Más aún, entiendo que claramente quedó demostrado que el Sr. Gallegos encuadraba su labor en la categoría de trabajador agrario no permanente, alcanzado por la previsión en el caso de la Aceitera del art. 6 inc. 1 úntima parte. “.el resto del persnal se regirá por el presente régimen”, y que se hallaba incripto a la bolsa de trabajo de su respectivo gremio “UATRE” Chabás, siendo un empleado migratorio que si bien por las características del lugar prestaba servicios con frecuencia en la Aceitera demandada, también lo hacía para otros diversos empleadores según el sorteo del día que le correspondiera.

En esta tesitura y de acuerdo al orden en que se hallan agregadas a la causa, destacaré en consonancia con doctrina de la Corte Suprema de la Nación de las pruebas producidas, sólo aquellos puntos o elementos que estime conducentes para la resolución del conflicto traído a estudio.

1.- En su respuesta al oficio diligenciado, OSPRERA (Obra Social del Personal Rural y Estivadores de la República Argentina) expresamente manifiesta: “El actor, Juan Carlos Gallegos, CUIL 20-27106203-7, a través de AFIP registra aportes realizados por distintos empleadores a su favor, durante el período comprendido desde el 05/97 hasta el 01/2009 inclusive. Los datos de fecha, montos, empledores, etc. constan en la impresión de pantalla que se adjunta al presente al cual nos remitimos en honor a la brevedad.” (cfr. fs. 92 y listado informático adjunto de fs 81/91).

2.- De las declaraciones testimoniales brindadas por los Sres.Gabriel Fernando Aguillera y Sebastián Ramiro Nuñez surge que ambos coinciden en que el actor era trabajador de UATRE, que el mismo formaba parte de la bolsa de trabajo al igual que ellos, que realizaba tareas donde el UATRE se lo indicaba y que era esta Institución y no la aceitera quién decidía el destino diario de los empleados, que la actividad es rotativa, que no es obligatorio presentarse a trabajar, que de no presentarse a trabajar no puede ser sancionado por la aceitera ni intimado en su caso a su reintegro ni siquiera por el UATRE “.es libre.” dice el testigo Nuñez. Asimismo coinciden en que el tratamiento, ingreso y ordenes eran distintos respecto de los empleados permanentes de Aceitera. A la pregunta sobre el horario de trabajo ambos responden que era rotativo y que en épocas de cosecha marzo, abril y mayo se incrementaba a 24 hs. rotativas. Entiendo que ambos son testigos calificados y devienen de vital importancia para la dilucidación de la verdad real de los hechos por cuanto han laborado junto con Gallegos como afiliados al UATRE, en los mismos establecimientos, bajo las mismas modalidades y condiciones de trabajo y casi en el mismo tiempo. Sumado a ello, ninguno de los testimonios fue tachado ni objetado por alguna de las partes y por lo tanto resultan atendibles en toda su extensión.

3.- Percial contable de fs. 127/131 surge en lo que interesa a la resolución de la causa que: La demandada llevaba los libros contables en legal forma (cfr. Punto peicial 1 de la actora), que cumple con la legislación vigente en cuanto a su obligación de ingresar regularmente los fondos de la seguridad social, obras sociales y sindicales (cfr. Punto. 7 de la pericial de la actora), que las liquidaciones de las remuneraciones percibidas no lo eran por mes sino por hora trabajada y que las mismas son convenidas según lo manifiesta la atendiente al momento de realización de la pericia Teresa Vitervo verbalmente con UATRE (cfr.puntos 8 y 9 de la pericial de la actora), que de los recibos de sueldo surge que la relación estaba encuadrada dentro de un contrato discontinuo (cfr. punto. 15 de la pericial contable de la actora), que si bien la actora lleva los libros de accidentes de trabajo rubricados y en forma (cfr. punto pericial 13 de la actora) tal como surge de la nota suscripta el 11 de noviembre de 2011 no hay examenes médicos del Gallegos por ser personal de UATRE (cfr. punto pericial 16 de la actora) . Por su parte al punto pericial 1 de la demandada la perito actuante informa que el actor se encontraba encuadrado en la lista de trabajadores de UATRE y adjunta el listado que obra reservado en secretaría al igual que el resto de la documentación respaldatoria, toda la cual tengo a mi vista en este acto). Asimismo y al punto 2 informa que la remuneración del actor era por hora trabajada según surge de los recibos de sueldo. Al igualque las testimoniales precedentemente examinadas esta pieza procesal no mereció impugnación de las partes ciircunstancia que la torna jurídicamente válida y atendible.

4.- Informe AFIP (cfr. fs. 132/135) por el cual la Administración Federal de Ingresos Públicos adjunta consulta al sistema informático “Mis Aportes” realizados en relación a Gallegos Juan Carlos por la demandada Aceitera Chabás, listado del que surge que los montos depositados son diversos y no se corresponden con una suma remunerativa homogénea sino que varían notablemente de un mes a otro, no guardando relación de incremento respecto de los meses subsiguientes, de lo que se colige que el actor no trabajaba la misma cantidad de días y horas todos los meses del año. Así, por ejemplo, en el mes de septiembre de 2008 percibió una remuneración total bruta de $1034,21, mientras que en octubre del mismo año la misma ascendió a $ 675,46 y aún más en enero de 2009 lo fue de $ 191,65.5) Informes emitidos por la Cooperativa Agrícola Ganadera Dr. Francisco Netri (cfr. fs. 136/137), por la firma Jakas, Kokic e Ivancich y Cía Ltda. S.A. (cfr. fs. 161 y 162), y por Barbini Ostoich SRL (cfr. fs. 170/ ) surge que el actor trabajó en dichas firmas como obrero de la bolsa de trabajo denominada UATRE por los distintos períodos que allí se informan y que datan de fechas y años concomitantes o coincidentes a los períodos en que el actor manifiesta haber prestado servicios en virtud de contrato de trabajo por tiempo indeterminado para la Aceitera de Chabás. ( años 1992 -1993 -1999- 2000 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010).

6.- Informe de AFIP e impresión de pantalla de del sistema Mis Aportes (cfr. fs. 164/169) donde constan aportes y contribuciones y la remuneración de cada empleador que viene a corroborar los informes emitidos por las firmas referidas en el punto precedente y del que expresamente surge que Gallegos prestaba labores alternativamente para las empresas denunciadas: Aceitera Chabás, Cooperativa Agrícola Don Francisco Netri, Jakas, Kokic, Ivancich y Cía Ltda, Barbini y Ostoich SRL, Centro de Desarrollo Agrícola S.A., resultando que incluso en mismos períodos mensuales le fueron retenidos y realizados aportes por varias de ellas.

Constancias de “mi simplificación” reservadas en Secretarías -todas ellas suscriptas por el trabajador indican: Modalidad de contrato – código 023 – Personal No permanente Ley 22248, Obra Social: 119302, O.S. Del Personal Rural y estivadores de la República Argentina, Agropecuario : Sí. Puesto 9333 – Peones de carga.

7.- Libreta de trabajo: Por último presenta el actor a instancias de la resolución Nro. 1640 del 14 de noviembre de 2014 la Libreta de Trabajo que impone la ley 25191, en dos ejemplares. La primera Nro. A 07-332804-01 visada por la autoridad de aplicación RENATRE en la que consta que Gallegos, catalogado como trabajador no permanente en algunos períodos y de bolsa en otros prestó servicios para todas la firmas mencionadas precedentemente.En tanto de la segunda Nro L07001981-1, la que no es autorizada por el RENATRE pero sí suscripta por el empleador, con fecha de emisión 30 de julio de 2009, denuncia como modalidad de Trabajo de Gallegos el íntem “de bolsa” .- Si bien ésta última no puede ser valorada como prueba conreta por ser posterior a la iniciación de la demanda, sí resulta un indicio serio de que el actor continuó hasta el momento de su cese trabajando siempre bajo la misma modalidad de empleado de bolsa.

Es decir abundan las constancias probatorias que me indican que el actor estaba enmarcado dentro del regimen de trabajadores no permanentes – excluido expresamente del régimen de los trabajadores permanetes según art. 83 de la ley 22,248- y que no existió en la intención de ninguna de las partes la celebración de un contrato de de trabajo por tiempo indeterminado, tal como lo pretende la actora en su escrito de demanda. Sus propias conductas desplegadas a lo largo del tiempo, y la aplicación de los principios de buena fe y no abuso de los derechos que deben tener presente los jueces al momento de dictar sus sentencias imponen en consecuencia el rechazo de la demanda incoada en su totalidad.

Más aún, y a mayor abundamiento debo recalcar que ninguna conducta jurídicamente reprochable ha sido acreditada en contra de la demandada, quien además de llevar su documentación laboral, fiscal y de la seguridad social en forma, daba estricto cumplimiento a lo impuesto por la ley 25191, haciendo entrega de la correspondiente libreta de trabajo, sino que también debo tener en cuenta que la misma cumple en cuanto a la modalidad de trabajo dispuesta por las resoluciones 336/2002 del Ministerio de trabajo y 08/2002 de la Comisión Nacional de Trabajo Agragario en las cuales se prevee la utilización de las Bolsas de Trabajo obligaroias a cargo de las organizaciones sindicales con personería gremial. En su consierando -apreciación con la que coincido- se lee:”Que las Bolsas de Trabajo resultan un mecanismo útil para disminuir el empleo no registrado y favorecer la fluidez entre la oferta y la demanda de mano de obra en el ámbito de la actividad, evitando inequidades que pudieran redundar en perjuicio de los empleadores del sector.” Por lo tanto, resolver de manera distinta a la que propugno en este acto decisorio implicaría insitar a las empresas de la zona al no cumplimiento con esta regulación laboral que por su parte se condice perfectamente con los usos y costumbres del lugar – zona eminentemente agrícola ganadera- al que pertenece este distrito judicial.

Es decir, en resumen y como conlusión final puedo asegurar que frente a la acreditación indubitable de que el Sr. Juan Carlos Gallegos acudía diariamente -si así lo deseaba – a la bolsa de trabajo (UATRE) de la localidad de Chabás, lugar en donde era sorteado y se le asignaba el destino particular de esa fecha, quien percibió durante años remuneraciones liquidadas en base a las horas trabajadas y acudió indistintamente a varios empleadores realizando tareas afines con la actividad de cada uno y suscribió conforme toda la documentación de alta y baja presentada ante el AFIP, no se impone otra decisión que no sea el rechazo de la demanda. Resolver en sentido contrario resultaría una derivación irrazonada e irrazonable del análisis de la realidad, intención de las partes y aplicación a este caso concreto tanto de la legislación vigente como de los usos y costumbres del lugar.

Atento lo resuelto en virtud considerandos precedentes no corresponde se de tratamiento a las demás cuestiones planteadas en autos.

Por todo lo expuesto;

FALLO: 1) Rechazar la demanda in totum. 2) Imponer las costas a la parte perdidosa (art. 101 del CPL). Insértese y hágase saber.- (Expte. Nº 306/2009). ( c ) (8 – 1)

Casilda, 04 de Mayo de 2015

AUTOS Y VISTOS: Los presentes: “GALLEGOS JUAN CARLOS C/ ACEITERA CHABÁS S/ DESPIDO” – Expte.306/2009, tramitado por ante el Juzgado Civil, Comercial y Laboral, Primera Nominación de la ciudad de Casilda, Pcia. De Santa Fe, del cual;

RESULTA: Que a fs. 10/14 el Sr. JUAN CARLOS GALLEGOS, mediante apoderado (cfr. poder de fs. 03), promueve demanda laboral contra la ACEITERA CHABAS, con domicilio en 9 de Julio s/n de la localidad de Chabás, tendiente al cobro de las indemnizaciones de carácter laboral cuyos rubros describe y transcribiré más abajo, emergente de la relación de trabajo cuyo inicio, sostiene, dataría del 02 de mayo de 1997.

Entiende el actor que la relación constituyó un contrato típico por tiempo indeterminado y que el Sr. Galegos prestó servicios hasta el 15 de Abril de 2009, fecha en la cual se produce el distracto laboral, según refiere, por exclusiva culpa de la patronal.

Encuadra los servicios prestados por el actor dentro de la ley 22.248, que regula la actividad del trabajador rural, y siendo los mismos en forma permanente, subordinada y continua entiende que le correspondería percibir según resolución Nro. 43/2008 de la Comisión Nacional del Trabajo Agrario, un sueldo básico de $ 1.442,38 con más los adicionales y bonificaciones que le corresponden por ley, como por ejemplo el 1% de la remuneración básica actualizada de la categoría del trabajador por cada año de antigüedad.

Señala que el actor ingresa a laborar para la demandada en fecha 02 de Mayo de 1997 prestando servicios, -cuando aún no se había tecnificado – de embolsado de pellets, carga y descarga de bolsas de soja de los camiones así como también – tarea que desarrolló hasta la actualidad, limpieza de pozos de noria, paleo de la soja de los silos, etc.Manifiesta que pese al tiempo trabajado el actor nunca fue sancionado por la patronal por motivos disciplinarios, prestando sus servicios con esmero, presentismo y puntualidad , actitud que según indica no fue correspondida por la demandada quien no cumplió con la totalidad de las obligaciones que tenía a su cargo como las laborales, sociales ni previsionales en forma correcta, ya que a pesar de los múltiples reclamos efectuados por el actor, no sólo no lo registró correctamente, sino que además no le abonó lo que dispone la ley 22,248, así como tampoco le entregó la libreta de trabajo rural que dispone la ley 25.191, produciendo ésto último un grave perjuicio ya que al ser despedido no puede percibir el correspondiente subsidio por desempleo que prescribe dicha ley.

Relata que el despido del actor se produce previamente en forma verbal y luego es confirmada en forma telegráfica ante la negativa de dación de tareas y la propia negación de la relación de trabajo.

Reclama Integración mes de despido, indemnización por despido (art. 76 de la ley 22248), pago por antigüedad (1%) períodos no prescriptos, (S /LCT) , SAC y Vacaciones proporcionales por despido, SAC y vacaciones no gozadas (art. 23 Ley 22248), multas arts. 1 y 2 Ley 25323, Diferencias de haberes desde ingreso a egreso, horas extras, certificado de servicios con aportes, ropa de trabajo, daños y perjuicios por falta de registración y entrega de libreta del trabajador rural (Ley 25191 RENATRE).

Invoca derecho, ofrece pruebas y pretende también se condene a la demandada al pago de una suma resarcitoria de $ 4000 por los daños y perjuicios, atento que atento de los reiterados reclamos efectuados a la demandada, ésta no ha entregado el correspondiente certificado de servicios, aportes y remuneraciones, el cual está obligado a entregar después de finalizada la relación laboral, de acuerdo a lo que prescribe el art. 80 de la LCT, 45 de la ley 235345 y su decreto reglamentario 146/01.

A fs.15 se emplaza a la accionada a comparecer y contestar la demanda impetrada.

A fs. 22/26 comparece la demandada por representación conforme poder de fs. 17 y procede a contestar la demanda y ofrecer la prueba que hace al derecho de su parte en la etapa procesal en que se encuentra. Al respecto, niega todos y cada uno de los hechos que no reconozca expresamente, refiere que el presupuesto fáctico alegado por el actor es falso y ajeno totalmente a la verdad. Manifiesta que el actor forma parte de la bolsa de trabajo conformada por UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estivadores, asociación gremial que tiene una delegación en Chabás y bajo ese régimen se encuadró jurídicamente su relación. Manifiesta que el Sr. Gallegos formaba parte de la esta institución y que cuando su representante por cuestiones estacionales o específicas necesitaba algún número de personas que realizaran un trabajo determinado, siempre relacionado a la manipulación y almacenamiento de soja, lo solicitaba al secretario de UATRE, quien los enviaba para que cumplieran tal tarea. Entiende por tanto, que su mandante nada tenía que ver con esa designación, por lo que la relación era circunstancial, ajena y para nada vinculada o parecida a una típica relación laboral. Refiere que con sólo repasar los recibos de haberes extendidos, es fácil notar que los rubros percibidos difieren sustancialmente de una época a la otra y que por sus cifras no pueden corresponderse con una típica relación laboral. Cuenta que durante los meses que van entre abril y agosto, es cuando trabajan más asiduamente y perciben mayores montos, atento que en ese período se desarrolla la cosecha y acopio de soja. Refiere también que Gallegos trabajó al mismo tiempo en varios acopios de similares características.

Plantea prescripción atento que entiende que la actora plantea conceptos difusos que pueden corresponder a períodos vencidos.En ese sentido plantea la prescripción de todo concepto que pudiere ir por encima del plazo de dos años, en particular menciona el reclamo en cuanto a diferencias salariales desde ingreso a egreso, horas extras, ropa de trabajo, SAC y vacaciones no gozadas.

Acompaña certificación de servicios, ofrece pruebas documental, confesional, reconocimiento de documental, pericial caligráfica subsidiaria, informativa.

A fs. 44 y vta. se desarrolla la audiencia prevista por el artículo 51 del CPLSF a la que comparecen ambas partes. En la misma se produce la prueba confesional y de reconocimiento de documental a cargo de actora y demandada y se acompañan las respectivas minutas de prueba de las partes. Las mismas se proveen conforme constancias de fs. 47.

A fs. 74 la perito contadora acepta el cargo para el cual fue designada de conformidad a la pericial oportunamente ofrecida en autos, quien cumplimenta con la tarea encomendada de conformidad a la constancias de fs. 127/131.

A fs. 118 se recepcionaron testimoniales de los Sres. Gabriel Fernando Aguilera y Sebastián Ramiro Nuñez.

Respecto de las informativas oportunamente ofrecidas: – A fs. 132/135 y 164/169 obra respuesta de la AFIP ; – A fs. OSPRERA procede de igual forma acompañando impresión de pantalla de sus registros de conformidad a las constancias de fs. 81/91. – A fs. 137 obra contestación de la Cooperativa Agrícola Ganadera Dr. Francisco Netri. – A fs. 140 lo hace el RENATEA, – a fs. 158/160 Correo Argentino adjunta fotocopias certificadas de de las piezas postales, a fs. 161 responde la firma Jakas, Kokic e Ivancich Ltda. Y a fs. 171 hace lo propio la firma Barbini y Ostoich SRL.

Se clausura el término probatorio a fs. 149. A fs. 155 la actora acompaña alegato en sobre cerrado, escrito que luce agregado a fs. 191/201. La demandada hace lo propio a fs. 175, escrito que es glosado a fs. 177/190. Ambos a la vista para la redacción del presente resolutorio.

A fs.202 se designa fecha de audiencia para escuchar a las partes, la que se materializa conforme acta de fs. 214, no arribando las mismas a ningún acuerdo, por lo que solicitan se dicte sentencia.

Así, encontrándose firme y consentido el decreto de llamamiento de autos y consentida mi intervención, pasan los autos a despacho para resolver y se dicta resolución 1640 el 14 de noviembre de 2014, por la que se impone como medida para mejor proveer en virtud de lo dispuesto por la ley 25191 se acompañe la Libreta del Trabajador Rural, de uso obligatorio en todo el territorio de la República Argentina, cumplimentada que fue dicha medida (cfr. constancia de fs. 224) y acompañada que fue la cédula notificatoria de la misma a la contraria (cfr. fs. 226) pasan los autos nuevamente a mi despacho para dictar sentencia definitiva;

Y CONSIDERANDO: Debidamente trabada la litis entre los comparecientes conforme sus respectivas presentaciones y en un todo de acuerdo a lo que establecen los artículos 39, 47 y concordantes del Código de forma provincial, en adelante CPLSF, se examina la presente causa a fin de resolver la cuestión de fondo planteada.

Evaluados los argumentos de ambos contendientes, es posible identificar el conflicto suscitado en autos, del que surge que concretamente se discute la existencia misma de la relación laboral habida -o no- entre las partes.Es decir, por una lado, el actor entiende que lo vinculaba con la demandada una relación de contrato típico por tiempo indeterminado, que tuvo su inicio el 02 de mayo de 1997, prestando sus servicios hasta el 15 de abril de 2009, presupuesto que, por su parte, es rechazado en su totalidad por la contraria, quien a su vez refiere que el actor forma parte de la bolsa de trabajo conformada por UATRE, asociación gremial que tiene una delegación en Chabás y bajo ese régimen encuadra jurídicamente el vínculo que unió a la Aceitera con Gallegos.

Planteada la controversia fáctica en estos términos, y conforme lo acepta la propia actora resulta claro e indiscutible que el encuadramiento jurídico del caso traído a estudio debe ser hecho en el marco de la ley 22.248, es decir al régimen de trabajo agrario, marco dentro del cual de acuerdo al plexo probatorio rendido en autos procederé a dilucidar cada uno de los puntos en discordia.

Sentado lo precedente y entrando al análisis pormenorizado de las cuestiones planteadas, es oportuno destacar liminarmente que, de conformidad a lo expresado textualmente por el art. 2° de la ley 22.248 cuando dice: “Habrá Contrato de Trabajo agrario, cuando una persona física realizare tareas vinculadas principal o accesoriamente con la actividad agraria. tales como la agrícola, pecuaria, forestal.”, no tengo dudas de que el presente caso cae en la previsión de la citada normativa, tanto por la naturaleza de las tareas realizadas por el accionante (“.cumpliendo tareas como el embolsado de pellets. Carga y descarga de bolsas de soja de los camiones que transportaban a la fábrica, así como también y en la actualidad limpieza de pozos de noria, paleo de soja de los silos, etc.” (cfr. dichos de la actora en el escrito de demanda de fs. 10Vta.), como al lugar donde éstas se desarrollaban (establecimiento Aceitera de Chabás – “.la sociedad tiene como objeto la actividad industrial, la comercial como la agropecuaria.” – cfr. Dichos de la demandada en contestación de demanda de fs.22Vta.). En este sentido el art. 6 (texto vigente conforme ley 23.808 expresamente diferencia en los establecimientos agroindustriales o agrocomerciales aquel personal que se desempeñare en la actividad comercial o industrial que queda expresamente excluído del régimen agrario, del “resto” – como lo refiere la norma – que se regirá por la normativa que cito, es decir por el régimen legal del trabajador agrario.

Por lo tanto, ambas partes aceptan y encuadran sus tareas en el marco de la actividad agrícola, susbsunción que luce legalmente correcta.

Por cierto que toda posible integración normativa con la ley laboral común debe realizarse a la luz de lo previsto por el art. 2° de la LCT y la misma ley 22.248 que en su art. 3° agrega un inciso al art. 2° de la L.C.T., de modo que los trabajadores agrarios quedan expresamente excluidos de la aplicación de la ley General; la integración legal es expresamente incompatible y por ende no resultan de aplicación sus normas, entre ellas los arts. 23 y 57 de la L.C.T. lo cual significa que en las cuestiones de los trabajadores agrarios, no ha de partirse de la base presuncional citada y consecuentemente debe mensurarse la prueba producida, sin estos elementos que, de antemano favorezcan al trabajador.

Así el accionante deberá probar -con todos los medios a su alcance- la relación de trabajo y la naturaleza que alega, y el accionado demostrar su afirmación de que la misma no existió o fue eventual o no permanente, con pruebas eficientes y eficaces a fin de acreditar los extremos invocados en el responde, y con documentación acorde que debe llevar por imperativo legal (v. arts. 122 a 128 R.N.Tr.Ag.).

A la luz es estos preceptos, examinaré las pruebas producidas en autos, las que me permitirán arribar a una conclusión que resulte razonadamente derivada de la verdad real de los hechos para, de esta manera aplicar el derecho que al caso corresponda, de las cuales surge y liminarmente adelanto que la demanda impetrada no ha de prosperar.Esto es así en cuanto no encuentro debidamente acreditada la relación laboral indicada en el escrito incial, la que – como dije – según surge de las pruebas que analizaré en los párrafos siguientes no gozaba de los caracteres determinantes del contrato de trabajo agrario para trabajadores permanentes. En este aspecto es dable destacar que cada uno de los elementos probatorios resultan totalmente conicidentes en cuanto a la conclusión que propugno.

Más aún, entiendo que claramente quedó demostrado que el Sr. Gallegos encuadraba su labor en la categoría de trabajador agrario no permanente, alcanzado por la previsión en el caso de la Aceitera del art. 6 inc. 1 úntima parte. “.el resto del persnal se regirá por el presente régimen”, y que se hallaba incripto a la bolsa de trabajo de su respectivo gremio “UATRE” Chabás, siendo un empleado migratorio que si bien por las características del lugar prestaba servicios con frecuencia en la Aceitera demandada, también lo hacía para otros diversos empleadores según el sorteo del día que le correspondiera.

En esta tesitura y de acuerdo al orden en que se hallan agregadas a la causa, destacaré en consonancia con doctrina de la Corte Suprema de la Nación de las pruebas producidas, sólo aquellos puntos o elementos que estime conducentes para la resolución del conflicto traído a estudio.

1.- En su respuesta al oficio diligenciado, OSPRERA (Obra Social del Personal Rural y Estivadores de la República Argentina) expresamente manifiesta: “El actor, Juan Carlos Gallegos, CUIL 20-27106203-7, a través de AFIP registra aportes realizados por distintos empleadores a su favor, durante el período comprendido desde el 05/97 hasta el 01/2009 inclusive. Los datos de fecha, montos, empledores, etc. constan en la impresión de pantalla que se adjunta al presente al cual nos remitimos en honor a la brevedad.” (cfr. fs. 92 y listado informático adjunto de fs 81/91).

2.- De las declaraciones testimoniales brindadas por los Sres.Gabriel Fernando Aguillera y Sebastián Ramiro Nuñez surge que ambos coinciden en que el actor era trabajador de UATRE, que el mismo formaba parte de la bolsa de trabajo al igual que ellos, que realizaba tareas donde el UATRE se lo indicaba y que era esta Institución y no la aceitera quién decidía el destino diario de los empleados, que la actividad es rotativa, que no es obligatorio presentarse a trabajar, que de no presentarse a trabajar no puede ser sancionado por la aceitera ni intimado en su caso a su reintegro ni siquiera por el UATRE “.es libre.” dice el testigo Nuñez. Asimismo coinciden en que el tratamiento, ingreso y ordenes eran distintos respecto de los empleados permanentes de Aceitera. A la pregunta sobre el horario de trabajo ambos responden que era rotativo y que en épocas de cosecha marzo, abril y mayo se incrementaba a 24 hs. rotativas. Entiendo que ambos son testigos calificados y devienen de vital importancia para la dilucidación de la verdad real de los hechos por cuanto han laborado junto con Gallegos como afiliados al UATRE, en los mismos establecimientos, bajo las mismas modalidades y condiciones de trabajo y casi en el mismo tiempo. Sumado a ello, ninguno de los testimonios fue tachado ni objetado por alguna de las partes y por lo tanto resultan atendibles en toda su extensión.

3.- Percial contable de fs. 127/131 surge en lo que interesa a la resolución de la causa que: La demandada llevaba los libros contables en legal forma (cfr. Punto peicial 1 de la actora), que cumple con la legislación vigente en cuanto a su obligación de ingresar regularmente los fondos de la seguridad social, obras sociales y sindicales (cfr. Punto. 7 de la pericial de la actora), que las liquidaciones de las remuneraciones percibidas no lo eran por mes sino por hora trabajada y que las mismas son convenidas según lo manifiesta la atendiente al momento de realización de la pericia Teresa Vitervo verbalmente con UATRE (cfr.puntos 8 y 9 de la pericial de la actora), que de los recibos de sueldo surge que la relación estaba encuadrada dentro de un contrato discontinuo (cfr. punto. 15 de la pericial contable de la actora), que si bien la actora lleva los libros de accidentes de trabajo rubricados y en forma (cfr. punto pericial 13 de la actora) tal como surge de la nota suscripta el 11 de noviembre de 2011 no hay examenes médicos del Gallegos por ser personal de UATRE (cfr. punto pericial 16 de la actora) . Por su parte al punto pericial 1 de la demandada la perito actuante informa que el actor se encontraba encuadrado en la lista de trabajadores de UATRE y adjunta el listado que obra reservado en secretaría al igual que el resto de la documentación respaldatoria, toda la cual tengo a mi vista en este acto). Asimismo y al punto 2 informa que la remuneración del actor era por hora trabajada según surge de los recibos de sueldo. Al igualque las testimoniales precedentemente examinadas esta pieza procesal no mereció impugnación de las partes ciircunstancia que la torna jurídicamente válida y atendible.

4.- Informe AFIP (cfr. fs. 132/135) por el cual la Administración Federal de Ingresos Públicos adjunta consulta al sistema informático “Mis Aportes” realizados en relación a Gallegos Juan Carlos por la demandada Aceitera Chabás, listado del que surge que los montos depositados son diversos y no se corresponden con una suma remunerativa homogénea sino que varían notablemente de un mes a otro, no guardando relación de incremento respecto de los meses subsiguientes, de lo que se colige que el actor no trabajaba la misma cantidad de días y horas todos los meses del año. Así, por ejemplo, en el mes de septiembre de 2008 percibió una remuneración total bruta de $1034,21, mientras que en octubre del mismo año la misma ascendió a $ 675,46 y aún más en enero de 2009 lo fue de $ 191,65.5) Informes emitidos por la Cooperativa Agrícola Ganadera Dr. Francisco Netri (cfr. fs. 136/137), por la firma Jakas, Kokic e Ivancich y Cía Ltda. S.A. (cfr. fs. 161 y 162), y por Barbini Ostoich SRL (cfr. fs. 170/ ) surge que el actor trabajó en dichas firmas como obrero de la bolsa de trabajo denominada UATRE por los distintos períodos que allí se informan y que datan de fechas y años concomitantes o coincidentes a los períodos en que el actor manifiesta haber prestado servicios en virtud de contrato de trabajo por tiempo indeterminado para la Aceitera de Chabás. ( años 1992 -1993 -1999- 2000 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010).

6.- Informe de AFIP e impresión de pantalla de del sistema Mis Aportes (cfr. fs. 164/169) donde constan aportes y contribuciones y la remuneración de cada empleador que viene a corroborar los informes emitidos por las firmas referidas en el punto precedente y del que expresamente surge que Gallegos prestaba labores alternativamente para las empresas denunciadas: Aceitera Chabás, Cooperativa Agrícola Don Francisco Netri, Jakas, Kokic, Ivancich y Cía Ltda, Barbini y Ostoich SRL, Centro de Desarrollo Agrícola S.A., resultando que incluso en mismos períodos mensuales le fueron retenidos y realizados aportes por varias de ellas.

Constancias de “mi simplificación” reservadas en Secretarías -todas ellas suscriptas por el trabajador indican: Modalidad de contrato – código 023 – Personal No permanente Ley 22248, Obra Social: 119302, O.S. Del Personal Rural y estivadores de la República Argentina, Agropecuario : Sí. Puesto 9333 – Peones de carga.

7.- Libreta de trabajo: Por último presenta el actor a instancias de la resolución Nro. 1640 del 14 de noviembre de 2014 la Libreta de Trabajo que impone la ley 25191, en dos ejemplares. La primera Nro. A 07-332804-01 visada por la autoridad de aplicación RENATRE en la que consta que Gallegos, catalogado como trabajador no permanente en algunos períodos y de bolsa en otros prestó servicios para todas la firmas mencionadas precedentemente.En tanto de la segunda Nro L07001981-1, la que no es autorizada por el RENATRE pero sí suscripta por el empleador, con fecha de emisión 30 de julio de 2009, denuncia como modalidad de Trabajo de Gallegos el íntem “de bolsa” .- Si bien ésta última no puede ser valorada como prueba conreta por ser posterior a la iniciación de la demanda, sí resulta un indicio serio de que el actor continuó hasta el momento de su cese trabajando siempre bajo la misma modalidad de empleado de bolsa.

Es decir abundan las constancias probatorias que me indican que el actor estaba enmarcado dentro del regimen de trabajadores no permanentes – excluido expresamente del régimen de los trabajadores permanetes según art. 83 de la ley 22,248- y que no existió en la intención de ninguna de las partes la celebración de un contrato de de trabajo por tiempo indeterminado, tal como lo pretende la actora en su escrito de demanda. Sus propias conductas desplegadas a lo largo del tiempo, y la aplicación de los principios de buena fe y no abuso de los derechos que deben tener presente los jueces al momento de dictar sus sentencias imponen en consecuencia el rechazo de la demanda incoada en su totalidad.

Más aún, y a mayor abundamiento debo recalcar que ninguna conducta jurídicamente reprochable ha sido acreditada en contra de la demandada, quien además de llevar su documentación laboral, fiscal y de la seguridad social en forma, daba estricto cumplimiento a lo impuesto por la ley 25191, haciendo entrega de la correspondiente libreta de trabajo, sino que también debo tener en cuenta que la misma cumple en cuanto a la modalidad de trabajo dispuesta por las resoluciones 336/2002 del Ministerio de trabajo y 08/2002 de la Comisión Nacional de Trabajo Agragario en las cuales se prevee la utilización de las Bolsas de Trabajo obligaroias a cargo de las organizaciones sindicales con personería gremial. En su consierando -apreciación con la que coincido- se lee:”Que las Bolsas de Trabajo resultan un mecanismo útil para disminuir el empleo no registrado y favorecer la fluidez entre la oferta y la demanda de mano de obra en el ámbito de la actividad, evitando inequidades que pudieran redundar en perjuicio de los empleadores del sector.” Por lo tanto, resolver de manera distinta a la que propugno en este acto decisorio implicaría insitar a las empresas de la zona al no cumplimiento con esta regulación laboral que por su parte se condice perfectamente con los usos y costumbres del lugar – zona eminentemente agrícola ganadera- al que pertenece este distrito judicial.

Es decir, en resumen y como conlusión final puedo asegurar que frente a la acreditación indubitable de que el Sr. Juan Carlos Gallegos acudía diariamente -si así lo deseaba – a la bolsa de trabajo (UATRE) de la localidad de Chabás, lugar en donde era sorteado y se le asignaba el destino particular de esa fecha, quien percibió durante años remuneraciones liquidadas en base a las horas trabajadas y acudió indistintamente a varios empleadores realizando tareas afines con la actividad de cada uno y suscribió conforme toda la documentación de alta y baja presentada ante el AFIP, no se impone otra decisión que no sea el rechazo de la demanda. Resolver en sentido contrario resultaría una derivación irrazonada e irrazonable del análisis de la realidad, intención de las partes y aplicación a este caso concreto tanto de la legislación vigente como de los usos y costumbres del lugar.

Atento lo resuelto en virtud considerandos precedentes no corresponde se de tratamiento a las demás cuestiones planteadas en autos.

Por todo lo expuesto;

FALLO: 1) Rechazar la demanda in totum. 2) Imponer las costas a la parte perdidosa (art. 101 del CPL). Insértese y hágase saber.- (Expte. Nº 306/2009). ( c ) (8 – 1)

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