Rechazo de los agravios deducidos por el demandado contra la sentencia que decretó el divorcio por la causal de injurias por no contener su expresión una crítica fundada

DIVORCIOPartes: R. O. E. c/ G. A. del V. s/ divorcio

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela

Sala/Juzgado: 5ta circ.

Fecha: 31-mar-2015

Cita: MJ-JU-M-92345-AR | MJJ92345 | MJJ92345

No aparece ajustado a derecho exigir exclusividad en el trato sexual cuando la cohabitación, íntimamente ligada al deber de fidelidad, ha cesado por espacio de varios años.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia de primera instancia que desechó las posibilidades de que haya existido abandono voluntario y malicioso y adulterio, pero acogió la pretensión y decretando el divorcio vincular por la casual de injurias -art. 202 , inc. 4 del CCiv.- pues en cuanto al abandono voluntario y malicioso, estando la vida matrimonial signada, como mínimo por la intolerancia, la ruptura de la convivencia no aparece como injustificada y maliciosa.

2.-Debe rechazarse la pretensión de decretar el divorcio por adulterio, cuando si bien surgió fehacientemente que el esposo convivió con otra persona no se acreditó el momento del inicio de esa convivencia y aparece indubitable al menos cuatro años después de la separación de hecho, tiempo en el que no aparece ajustado a derecho exigir exclusividad en el trato sexual cuando la cohabitación, íntimamente ligada al deber de fidelidad, ha cesado por espacio de varios años.

3.-Cabe el rechazo del recurso de apelación deducido por el demandada contra la sentencia que decretó el divorcio por la casual de injurias toda vez que del planteo del recurrente no se consigna cuáles son los agravios concretos que le produce la resolución, ni los errores de hecho o de derecho que se imputan al juez de familia, limitándose a efectuar consideraciones generales y meramente dogmáticas e insistir con la postura que adoptó en estas actuaciones, que ya fue desestimada.

Fallo:

En la ciudad de Rafaela, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil quince, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, Dres. Alejandro A. Román, Lorenzo J. M. Macagno y Beatriz A. Abele, para resolver los recursos de nulidad y de apelación interpuestos por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Señora Jueza de Primera Instancia de Distrito de Familia de esta ciudad, Dra. Liza Báscolo Ocampo, en los autos caratulados: «Expte. N° 110 – Año 2013 – R., O. E. c/ G., A. del V. s/ DIVORCIO VINCULAR».

Dispuesto el orden de votación, en coincidencia con el estudio de la causa resulta: primero, Dr. Alejandro A. Román; segundo, Dr. Lorenzo J. M. Macagno; tercera, Dra. Beatriz A. Abele.

Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

1era.: ¿Es nula la sentencia apelada? 2da.: En caso contrario ¿es ella justa? 3ra.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir? A la primera cuestión, el Dr. Alejandro A. Román dijo:

El recurso de nulidad, interpuesto en forma conjunta con el de apelación a fs. 175, no ha sido sostenido en la Alzada. No obstante, advierto que no existen vicios que hagan procedente una declaración nulificatoria de oficio.

Por lo tanto, mi respuesta a esta cuestión es negativa.

Así voto.

A esta misma cuestión, los Dres. Lorenzo J. M. Macagno y Beatriz A. Abele dijeron que por idénticos fundamentos votaron asimismo por la negativa a esta primera cuestión.

A la segunda cuestión, el Dr. Alejandro A. Román dijo:

1. La sentencia dictada en la instancia anterior rechaza la demanda de divorcio vincular por la causal establecida en el art. 214, inc. 2 del Código Civil, entablada por el Sr. O. E. R. contra la Sra. A. del V.G.

Además, hace lugar parcialmente a la reconvención planteada por esta última declarando el divorcio vincular de los litigantes, celebrado en esta ciudad el día 03.03.1978 e inscripto bajo en N° 90, Año 1987, por la causal dispuesta por el art.

202, inc. 4 del C.C. y con los efectos de los arts. 217, 218 y 3574 del Código Civil.

También, rechaza la pretensión de indemnización de daño moral e impone las costas al actor vencido respecto del divorcio y, según el orden causado, respecto de la acción indemnizatoria, difiriendo la regulación de honorarios hasta que cobre firmeza la resolución.

2. Contra esa decisión, interpone el actor (reconvenido) recurso de apelación (fs. 175), el cual se concede de conformidad (fs. 181), habilitando así la intervención de este Tribunal de Alzada.

Radicada la causa en esta sede (fs. 196; v. céds. fs. 197/198), expresa sus agravios el apelante (fs. 201/204); los que a su turno son replicados por la contraria (fs. 207/210).

Quedan, por tanto, estas actuaciones en condiciones de ser resueltas.

3. La Jueza de Primera Instancia considera que en la causa se presenta un caso de convergencia de la causal objetiva de separación de hecho y de las subjetivas de adulterio e injurias graves.

Es decir que, mientras el actor limita su petición a que se decrete el divorcio por el mero hecho de la ruptura de la convivencia durante el plazo legal, desde la perspectiva de la accionada se apunta -con la reconvención- a ingresar en el campo de la culpa con la intención de que se atribuya al accionante la responsabilidad del divorcio.Deduce entonces que, tal como quedara trabada la litis, corresponde tratar en primer término las causales subjetivas impuestas al esposo, a fin de determinar su procedencia.

Relata que, respecto de las injurias graves, la demandada reconviniente alega que luego del nacimiento del hijo del matrimonio (quien padecía una enfermedad progresiva e incurable que le ocasionó discapacidad), el comportamiento del esposo se volvió apático y su carácter violento, con actitudes de irritabilidad, trato despectivo, insultos frecuentes, llegando a agresiones físicas. Recuerda que la mujer afirmó que el trato era insultante y degradante y que las reacciones temperamentales pusieron en peligro su integridad física y la del hijo enfermo.

Analiza los testimonios de A. M. M. G. (madre de la demandada, fs. 121/122), de S. E. O. (fs. 123) y de M. R. I. (fs. 124) y concluye que la afirmación de la esposa (reconviniente) de que el carácter del marido se volvió violento luego del nacimiento del hijo, no quedó acreditada.

Sin embargo -agrega- lo que sí surge claramente de aquellas declaraciones, es que el trato de O. R. para con su cónyuge, luego de la separación, distó mucho del respeto mutuo y la consideración que se deben los esposos. Ello le lleva a deducir que, más allá de las particulares circunstancias que atravesaron como padres, no existe justificativo para el maltrato y que tales actos hirieron en sus justas susceptibilidades a la cónyuge. Así, entiende que quedó debidamente acreditada la causal de injurias graves.

En cuanto al abandono voluntario y malicioso, relata que la Sra. G. manifestó que: «la situación conyugal tuvo su culminación.» cuando el esposo se retira «(.) a vivir con su nueva pareja A.D., en el domicilio de Francisco Peretti 230». Indica que la separación de hecho fue aceptada por R., quien fijó el momento de la ruptura de la convivencia en el mes de junio de 2005 en los hechos relatados en su demanda; aunque, al contestar la reconvención, negó la existencia de abandono voluntario y malicioso alegando que la separación fue decidida de común acuerdo.

Entiende la Sra. Jueza que la vida matrimonial estaba signada -como mínimo por la intolerancia, por lo que la ruptura de la convivencia no aparece como injustificada y maliciosa. Aclara que, si bien los testigos coinciden en que fue R. quien abandonó el hogar, ello no resulta suficiente en este caso para tener por configurada la causal invocada.

Por otro lado, se refiere a la causal de adulterio aludida por la reconviniente, la que -según ésta- estaría configurada por la convivencia de R. con la Sra. A. D.o.

Advierte que, si bien esa convivencia fue acreditada, no existe certeza en relación al momento en que se inició. Luego de analizar las declaraciones de los testigos, infiere que la prueba colectada sobre el supuesto adulterio de R. no es suficiente para tener por acreditada esta casual, siendo que la convivencia con D. aparece indubitable al menos cuatro años después de la separación de hecho.

Asimismo arguye que el factor tiempo juega un papel decisivo en esta cuestión puesto que no aparece ajustado a derecho exigir exclusividad en el trato sexual cuando la cohabitación, íntimamente ligada al deber de fidelidad, ha cesado por espacio de varios años.

Finalmente, en relación a la pretensión de resarcimiento del daño moral, recuerda que doctrinariamente -en el ámbito del derecho de familia- se han sostenido posturas enfrentadas respecto de su procedencia o no.Pero opina que el divorcio, en sí mismo -aún decretado por causas imputables a uno de los cónyuges- no genera derecho a indemnización; mientras que sí lo hacen los hechos constitutivos de las causales debidamente acreditadas y que, además de representar una violación de deberes matrimoniales, implican auténticos agravios al cónyuge. Concluye que, dadas las particularidades de este caso, no puede tener por acreditado el daño -más allá del que se produce como consecuencia del quiebre matrimonial- siendo que la indemnización no cabe frente a actos que son simplemente expresiones de desamor y de pérdida del vínculo afectivo.

4. En oportunidad de fundar la apelación, el recurrente afirma que los fundamentos dados en el decisorio no resultan -en su opinión- suficientes para acoger el pedido de la accionada.

En primer lugar, discrepa con el valor probatorio dado la declaración de la Sra. G. en virtud del vínculo que la une con la demandada reconviniente (madre e hija, respectivamente). Sin embargo, luego cita partes de su testimonio que refieren a que manifestó desconocer el trato de R.para con su esposa y su hijo Rodrigo; así como de afirmaciones de que existía un acuerdo de parte en la separación y que las agresiones fueron posteriores a la separación.

Asimismo, descalifica el testimonio de Imhoff por considerar que se trata de una manifestación vacía y desprovista de una explicación que aclare la cuestión.

Incluso, alega el recurrente, que se debe ahondar en el significado de la expresión «violencia verbal».

Por otro lado, arguye que la afirmación de la esposa referida a que el actor se volvió violento después del nacimiento de Rodrigo no ha quedado corroborada.

Considera que una pareja que se está separando vive situaciones de conflicto con discusiones un tanto agresivas, pero que tales situaciones jamás pueden tenerse como injurias.

Sostiene que el fallo utiliza como prueba para tener por acreditadas las injurias, tres testimonios que no dicen nada y que todo conduce a que la sentencia deba ser revocada.

Manifiesta que no se puede hablar de injurias graves si está comprobado que R. asistió a su familia inmediatamente después de la separación.

Resalta que la fecha de separación de las partes es la consignada en la demanda ya que, en la audiencia de fs. 77, la Sra. G. reconoce tal día como el de la separación. Asimismo, indica que el testigo Z. (fs. 86) afirmó que las partes estaban separadas desde hacía 4 o 5 años y que el comportamiento de R. durante el matrimonio había sido bueno; al igual que B. (fs. 87).

Concluye que la sentencia de primera instancia, con buen tino, desechó las posibilidades de que haya existido abandono voluntario y malicioso y adulterio, pero acogió la pretensión por injurias, utilizando débiles fundamentos.

Pide la revocación de la sentencia y hace reserva de los recursos inconstitucionalidad y extraordinario.

5.Al analizar la impugnación del recurrente y en tren a dar respuesta a su planteo advierto que, en rigor, no se consigna cuáles son los agravios concretos que le produce la resolución, ni los errores de hecho o de derecho que se imputan a la Sra. Jue za de Familia. Tan sólo se limita a efectuar consideraciones generales y meramente dogmáticas e insistir con la postura que adoptó en estas actuaciones, que ya fue desestimada.

Sobre el punto, en distintas oportunidades he expresado que el escrito de fundamentación de un recurso de apelación debe contener un análisis serio, razonado y crítico de la sentencia que se pretende revocar, tendiente a demostrar que es errónea, injusta o contraria a derecho, debiéndose apreciar concretamente los errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando – con toda exactitud- cuál es el gravamen concreto que le produce el pronunciamiento.

No constituye una verdadera expresión de agravios el escrito que sólo contiene simples afirmaciones dogmáticas, con alegaciones genéricas sobre las pruebas. El escrito de fundamentación debe autoabastecerse. A ello hay que agregar que expresar disconformidad no es crítica, si no se consigna expresamente cuál es el agravio irreparable que se le irroga (conf. MORELLO-LANZA y Otros «Código de Procedimientos Comentado y Anotado» Tº III, pág. 453 y sgtes. Ed. Platense – Abeledo Perrot, Bs. As.).

En el caso, el escrito recursivo no contiene una crítica concreta y razonada de la sentencia que se ataca, al punto -reitero- que no se consigna cuáles son los agravios concretos que les produce el fallo, ni los errores de hecho o de derecho que se imputan a quien dicta la sentencia de grado, pues tan sólo se limitan a volver a merituar las probanzas rendidas en la causa como si se tratara de un nuevo alegato e insisten en las posturas que ya fueron analizadas y correctamente desestimadas por la Sra.Jueza.

Este Tribunal ha dicho en reiteradas oportunidades que es unánime la jurisprudencia y la doctrina al momento de analizar el alcance del art. 356 del C.P.C.C.S.F. cuya redacción, además, es muy clara. La simple disconformidad con los criterios de la A quo, las remisiones o generalidades, las teorizaciones o las interpretaciones particulares de las constancias de autos, las propuestas de aplicación del derecho o de procesos desacertados no son idóneas para sostener el recurso. Y es éste, justamente el caso que se da en autos, porque la lectura del escrito agregado a fs. 201/204 surge en forma evidente que no constituye un análisis crítico de los fundamentos del fallo. En resumen, es una enumeración de discrepancias de opinión sin fundamentar ni demostrar las razones por las que el fallo es injusto y amerita su revocación.

Véase, por otro lado, que la misma norma citada (art. 365 de la ley ritual) faculta al Tribunal, ante la omisión en el cumplimiento de los requisitos establecidos, a considerar como conformidad con las afirmaciones contenidas en la sentencia impugnada.

Ahora bien, no obstante lo expuesto y solo con el fin de preservar la garantía de defensa en juicio y dar satisfacción al apelante, procederé a realizar algunas consideraciones.

Analizada en detenimiento la sentencia en crisis, las actuaciones obrantes en autos y la queja del recurrente, no puedo menos que coincidir, con los argumentos expuestos por la Sra. Jueza y la solución a la que arriba. Por ello, entiendo que debe ser confirmada su decisión por sus propios argumentos, a los cuales añadiré algunas reflexiones que en definitiva refuerzan los fundamentos expresados.

Por ejemplo, es razonable el análisis de las declaraciones de la madre de la demandada (reconviniente) pues la testigo solo refiere a las situaciones que pudo presenciar de la vida conyugal. Además, la citación de la Sra. G. como testigo nunca fue cuestionada por su parentesco.

Resulta claro que la Sra.Jueza motivó su sentencia en un análisis integral de toda la prueba agregada, en particular los testimonios. Máxime si tenemos en cuenta que la causal de injurias graves resulta demostrable principalmente por medio de los testigos, esto es la declaración de aquellas personas que, por su vinculación con la pareja en litigo se encuentran en conocimiento de los hechos que provocaron la instauración de la litis.

Véase que las injurias «comprenden toda clase de actos ejecutados en forma verbal, por escrito o materialmente que importen una violación de los deberes matrimoniales, constituyendo para el otro cónyuge un ultraje, una ofensa, un ataque a su honor, a su dignidad o que hiera sus justas susceptibilidades, debiéndose conformar el criterio valorativo de estas circunstancias de acuerdo con la educación o posición social de los esposos.» (cfr. MÉNDEZ COSTA – TAMINI, «Matrimonio-separación», pág. 98).

6. Por último, y para concluir: ante la pregunta formulada al comienzo y que motiva el desarrollo de mi voto, mi respuesta es afirmativa.

Así voto.

A la segunda cuestión, los Dres. Lorenzo J. M. Macagno y Beatriz A. Abele dijeron que hacían suyos los conceptos y conclusiones del Juez de Cámara preopinante y por lo tanto, votaron en el mismo sentido.

A la tercera cuestión, el Dr. Alejandro A. Román dijo:

Como consecuencia del estudio realizado a la cuestión anterior, propongo a mis colegas dictar la siguiente resolución: 1) Rechazar los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la parte actora (reconvenida). En consecuencia, confirmar la sentencia dictada en primera instancia, en cuanto ha sido materia de revisión. 2) Imponer las costas de ambas instancias a la parte vencida. 3) Fijar los honorarios en el 50% de los que en definitiva se regulen en baja instancia.

Así voto.

A la misma cuestión, los Dres. Lorenzo J. M. Macagno y Beatriz A. Abele dijeron que la resolución que corresponde adoptar era la propuesta por el Juez de Cámara Dr. Alejandro A. Román, y en ese sentido emitieron sus votos.

Por las consideraciones del Acuerdo que antecede la CAMARA DE APELACION CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL, RESUELVE: 1) Rechazar los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la parte actora (reconvenida). En consecuencia, confirmar la sentencia dictada en primera instancia, en cuanto ha sido materia de revisión. 2) Imponer las costas de ambas instancias a la parte vencida. 3) Fijar los honorarios en el 50% de los que en definitiva se regulen en baja instancia.

Insértese el original, agréguese el duplicado, hágase saber y bajen.

Concluido el Acuerdo, firmaron los Jueces de Cámara por ante mí, doy fe.

Alejandro A. Román Lorenzo J. M. Macagno Beatriz A. Abele Juez de Cámara Juez de Cámara Juez de Cámara Héctor R. Albrecht Secretario

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