Por la inclusión injustificada de la actora en el Veraz, se condena al banco demandado al reintegro de las sumas que debió abonar en concepto de impuesto a la transferencia de inmuebles en sustitución de la multa prevista en el contrato.

Pesos argentinos 2Partes: Diez Olga Noemi c/ COMAFI Fiduciario Financiero S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 12-feb-2015

Cita: MJ-JU-M-92611-AR | MJJ92611 | MJJ92611

Debido a la incorrecta calificación crediticia que pesaba sobre la actora y que le imposibilitó obtener el préstamo y abonar así el saldo del precio del inmueble a tiempo, el banco demandado es condenado a reintegrar en concepto de impuesto a la transferencia inmobiliaria por la compra que había realizado, en sustitución de la multa prevista en el boleto.

Sumario:

1.-Corresponde condenar a los bancos demandados a reintegrar en concepto del impuesto a la transferencia inmobiliaria por la compra que había realizado, en sustitución de la multa prevista en el boleto respectivo, ya que la demora en el pago del saldo del precio fue consecuencia de la imposibilidad de obtener un préstamo como consecuencia de la incorrecta calificación crediticia que sobre ella pesaba.

2.-No corresponde el planteo de la actora tendiente a la devolución de los intereses que abonó por el préstamo hipotecario privado que debió contraer para cancelar el saldo de la compraventa, ya que aún cuando la conducta ilícita de las demandadas no se hubiera configurado, la actora hubiera tenido que pagar los intereses si financiaba la compraventa con un préstamo hipotecario y al no haber logrado probar una diferencia entre las tasas de interés del crédito que pretendía adquirir y del préstamo hipotecario, no puede admitirse este agravio.

3.-No debe admitirse el cálculo de intereses sobre la indemnización fijada como tratamiento psicológico pues las sumas no han sido desembolsadas por la actora ya que el tratamiento no se ha realizado, y al no haber probado ésta que las sumas eran insuficientes para el tratamiento ordenado, no cabe calcular intereses al respecto.

4.-Al ser el daño moral consecuencia inmediata de este tipo de desacreditación pública, y al ser la conducta de las demandadas de suficiente gravedad como para presumir, sin ningún tipo de demostración adicional, que su situación es susceptible de generarle sentimientos de impotencia que deben ser resarcidos, se fija la suma de $40.000 en concepto de daño moral.

5.-No corresponde aplicar una multa en concepto de daño punitivo toda vez que al momento de los hechos no se encontraba vigente la Ley de Defensa del Consumidor y, de aplicar la multa solicitada, se violaría el principio de irretroactividad de las leyes.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 12 días del mes de febrero de dos mil quince, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos “DIEZ OLGA NOEMI C/ COMAFI FIDUCIARIO FINANCIERO S.A. S/ ORDINARIO” (expediente n° 43.706/10; juzg. nº 2, sec. nº 4), en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Julia Villanueva (9), Juan Roberto Garibotto (8) y Eduardo R. Machin (7).

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia de fs. 729/39? La señora juez Julia Villanueva dice:

I. La sentencia apelada:

Mediante el pronunciamiento obrante a fs. 729/39, el señor juez de grado admitió la demanda entablada por la señora Olga Noemí Diez en contra de Comafi Fiduciario Financiero SA y del Banco Santander Río SA por los daños que, según sostuvo la actora, éstas últimas le habían generado al incluirla en forma ilegítima dentro del registro de deudores morosos del B.C.R.A.

Para así decidir, y tras ponderar las constancias del juicio de habeas data que había sido promovido por la actora y el resultado del peritaje contable producido en autos, juzgó que, al no haberse acreditado la existencia de la deuda en mora que le había sido atribuida a aquélla, sendas emplazadas debían considerarse responsables por haber difundido información falsa durante un tiempo que, además, había superado el máximo legalmente permitido.

En base a ello las condenó, por un lado, a reintegrar a la demandante la suma que ésta había tenido que sufragar, en concepto del impuesto a la transferencia inmobiliaria por la compra que había realizado, en sustitución de la multa prevista en el boleto respectivo.

Estimó también procedentes las indemnizaciones reclamadas en concepto de daño psicológico, incapacidad psíquica sobrevinientey daño moral, admitiendo también una suma en concepto de daño punitivo.

En cambio, descartó que hubiese quedado acreditado el perjuicio derivado de la diferente tasa de interés que había debido pagar la actora al tener la necesidad de contraer un préstamo hipotecario privado para financiar la aludida compraventa, como así también las sumas pretendidas por “tratamiento psiquiátrico” y demás gastos en los que aquélla adujo haber incurrido como resultado del ilegítimo obrar de las referidas entidades.

Finalmente, y luego de ponderar la diferente injerencia que una y otra demandada habían tenido en la producción de los hechos objeto de este juicio, dispuso que la condena sería soportada en un 80% por “Comafi” y en un 20% por “Banco Santander Río” al igual que las costas.

II. Los recursos.

1. La sentencia fue apelada por todas las partes.

La actora lo hizo a fs. 741, recurso que fundó a fs. 749/58 y que fue contestado por las demandadas a fs. 762/71 y 773/83.

De su lado, “Comafi” y “Banco Santander Río” hicieron lo propio a fs. 743 y a fs. 745, expresando agravios a fs. 801/09 y 787/99 respectivamente, los que fueron, a su vez, contestados de manera conjunta por su contraria a fs. 811/19.

2. La demandante solicita que se juzgue su pretensión vinculada con la amortización de intereses, la cual -pese a encontrarse incluida en la demanda (v. punto b a fs.336 vta.)- no fue tratada en la sentencia apelada.

Sostiene, asimismo, que la fecha de mora respecto de la devolución del impuesto a la transferencia inmobiliaria que ella abonó al vendedor del inmueble que compró debió ser fijada desde la fecha en que “Comafi” había sido anoticiada por carta documento de los perjuicios que estaba sufriendo su parte por esa ilegítima situación.

Idéntica crítica levanta respecto de la fecha de mora fijada para el rubro “tratamiento psicológico”.

Se queja, además, de que haya sido rechazado el rubro “tratamiento psiquiátrico”, sustentando este agravio en el hecho de que, según explica, del informe producido por el médico César Pietranera surge que su parte debió ser medicada con psicofármacos.

En lo referente a las indemnizaciones fijadas en concepto de daño moral e “incapacidad psíquica sobreviniente”, como así también en lo vinculado al daño punitivo, se agravia por lo exiguo de los montos fijados.

Finalmente se queja del rechazo del rubro “gastos”, sosteniendo que, si bien ellos no son susceptibles de ser acreditados por su gran cantidad y bajos montos, resulta indudable que aquéllos debieron ser afrontados por su parte.

Asimismo, y sin perjuicio de la distribución del monto de condena que efectuó el juez de grado entre las codemandadas, señala que respecto de su parte ambas emplazadas deben ser condenadas de manera solidaria en los términos del art. 40 de la ley 24.240 y de los arts. 4 y 11 de la ley 25.326.

3. La demandada “Comafi”, por su parte, cuestiona que se le haya atribuido responsabilidad siendo que ella sólo fue cesionaria de una deuda exigible y líquida, por lo que no pudo sino informar que la actora se hallaba en mora.

Pone de relieve, además, que no fue probado un nexo de causalidad entre las conductas que se le adjudican y los perjuicios reclamados, destacando que éstos no pueden considerarse consecuencia inmediata de su obrar, por lo que tampoco puede atribuírsele responsabilidad en los términos del art.520 del Código Civil.

Sin perjuicio de ello, expresa que la condena carece de fundamentos, toda vez que esos daños no fueron acreditados y, además, su cuantificación ha sido exorbitante.

También levanta sus críticas por la admisión del daño punitivo.

En tal sentido, destaca que su parte no actuó de manera desaprensiva sino que, por el contrario, de buena fe adquirió por cesión un crédito líquido y exigible, lo cual lleva a descartar que en la especie se haya configurado una grave inconducta a ella atribuible.

Se agravia, finalmente, de la forma en que fue distribuida la responsabilidad entre las codemandadas.

Explica que, contrariamente a lo que fue juzgado, el principal responsable fue el “Banco Santander Rio” en tanto no aportó documento alguno que justificare el crédito cedido, situación que califica como una actuación dolosa de este último.

4. De su lado, el “Banco Santander Río” se queja de la condena impartida en concepto de daño punitivo, destacando que tal condena sólo había sido requerida respecto de su codemandada.

No obstante, precisa igualmente que esa sanción no puede ser aplicada en la especie so pena de violar el principio de “irretroactividad de la ley”, en tanto este pleito versa sobre hechos ocurridos en tiempo anterior al dictado de la ley 26.361 que introdujo el referido instituto en la ley 24.240.

Con prescindencia de lo anterior, sostiene -por las razones que expresa- que no se encuentran configurados los presupuestos de procedencia que exige este instituto.

Por otra parte, critica la admisión de los restantes rubros reconocidos a la actora en la sentencia.

II. La solución.

1.Como surge de la reseña que antecede, la señora Diez reclamó los daños ocasionados por su errónea inclusión dentro del sistema de deudores morosos del BCRA.

En lo que concierne a la comisión del hecho ilícito en sí mismo, su efectiva acreditación ha quedado firme.

Debo, entonces, tener por cierto que la actora apareció en los aludidos registros entre marzo del año 2000 y hasta mayo de 2004 como resultado de lo que en esa primera oportunidad había informado “Banco Santander Río”, circunstancia que se reeditó tres años después (entre agosto de 2007 y septiembre de 2008), como consecuencia de la información proporcionada por el Fideicomiso Financiero Yatasto en el que la demandada “Comafi” se desempeñaba como fiduciaria (v. fs. 107/11).

Tampoco se encuentra controvertido que las emplazadas no lograron acreditar la existencia de la deuda en cuya virtud la actora había sido así informada (v. respuesta a la pregunta 3 del cuestionario de la actora y respuesta a la pregunta 2 del de la demandada “Banco Santander Río” en el peritaje contable obrante a fs. 588/90).

Por lo demás, de las expresiones de agravios de los bancos se infiere que éstos tampoco controvierten hoy la efectiva configuración de las vicisitudes vividas por la actora como resultado de esa ilegítima información suministrada sobre su persona.

Debe tenerse por acreditado, entonces, que la señora Diez celebró un boleto de compraventa para adquirir una vivienda cuyo saldo no pudo ser abonado mediante un préstamo del Banco de la Ciudad de Buenos Aires en razón de que éste le fue rechazado a causa de esos antecedentes crediticios negativos que acerca suyo las nombradas habían publicado.

Igualmente acreditado -por las mismas razones- debe considerarse que, ante tal situación, la demandante debió contraer un crédito hipotecario privado, hecho que sucedió cuando los plazos para cancelar el aludido saldo ya se encontraban vencidos y la operación inmobiliaria referida en condiciones de frustrarse.

2.Hasta aquí, los hechos acerca de los cuales los litigantes se hallan contestes.

No obstante, el banco “Comafi” pretende que no corresponde efectuar en su contra ningún reproche, por lo que solicita que la sentencia sea íntegramente revocada en lo que a su parte respecta.

A mi juicio, este aspecto del recurso se encuentra desierto (art. 265 del código procesal).

Cabe recordar, en ese sentido, que la expresión de agravios es un acto de petición destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación por el tribunal de alzada.

Esta crítica debe ser concreta y razonada: crítica concreta se refiere a la precisión de la impugnación, señalándose el agravio; mientras que con la expresión “razonada” se alude a la necesidad de que se proporcionen los fundamentos y las bases que demuestren el error de la sentencia (Fenocchietto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Concordado”, T. I, pág. 834/39, Astrea, Bs. As. 1985).

La presentación bajo examen no cumple satisfactoriamente con los aludidos recaudos, toda vez que sobre esta cuestión la aludida demandada se ha limitado a afirmar que su parte actuó correctamente sin adicionar ninguna otra precisión destinada a descalificar las conclusiones a las que se arribó en el decisorio (esta Sala, “Bocel S.A. c/ Provincia Seguros S.A. s/ Ordinario” , 14.5.13; íd. “Tecnocom San Luis S.A. y otro c/ Megatom S.A. y otros s/ Ordinario”, 25.6.13; íd. “S.I.G.S.A. S.A. c/ ABC Vial S.R.L. s/ ordinario”, 3.6.14; íd.”Pedrueza Aymara Selena y otro c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Ordinario”, 23/9/2014).

Baste señalar, a efectos de fundar la conclusión adelantada, que esa recurrente dejó firme lo sentenciando acerca de que no había sido acreditada en autos la existencia de ninguna obligación en mora atribuida a la actora, sino que tampoco proporcionó explicación alguna tendiente a controvertir lo expresado por el señor juez de grado acerca de que en la época en que aquélla volvió a informar a la señora Diez -después de la cesión del crédito al “Fideicomiso Yatasto”- ya había transcurrido en exceso el plazo de cinco años previsto en el art. 26 inciso 4 de la ley 25.326.

Dejó firme, en consecuencia, las aseveraciones que llevaron al sentenciante a sostener una conclusión diversa a la que su parte sustenta.

Por tales razones, es mi conclusión que, como dije, este agravio debe ser rechazado.

3. Paso, en consecuencia, a tratar las quejas levantadas en contra de la efectiva configuración de los daños y, en su caso, de las vinculadas con el quantum de las indemnizaciones que por ellos correspondería reconocer a la demandante.

Bajo el concepto “daño emergente”, la actora reclamó, en lo que aquí interesa, el reintegro de la suma que tuvo que pagar al vendedor del inmueble en sustitución de la multa prevista en el boleto y la “amortización” de los intereses fijados en escritura de compraventa hipotecaria (lo demás que también demandó no ha generado ningún agravio, por lo que considero innecesario siquiera mencionarlo).

Las críticas que las demandadas han articulado contra la admisión de esos conceptos no pueden ser atendidas.

Es que, contrariamente a lo sostenido por aquéllas, la declaración del vendedor del inmueble que terminó adquiriendo la actora sólo puede ser interpretada en el sentido sostenido en la sentencia apelada.

El referido vendedor expresó lo siguiente:”.el trámite es normal, usted pone un porcentaje al boleto y el saldo a la escritura y la señora se encontró impedida, y por inconvenientes personales no se lo dieron, entonces tuvo que hacer una hipoteca para cancelar y como resarcimiento ella no pagó la multa, si el ITI le digo yo, eso me acuerdo. Porque había tenido un problema porque le iba a pedir a un banco, eso creo, al Banco Ciudad eso creo, y no le daban el préstamo porque vio como aparece cuando usted no tiene plata, en el Veraz, y tuvo que hacer trámites extras. Y la esperamos unos cuantos días para que termine la escritura, y lo hizo con una hipoteca, no conmigo sino con una agente que no conozco. Cobramos y nos fuimos.” (v. fs. 526, respuesta a pregunta nº 5).

Tal declaración no deja lugar a dudas: frente al retraso de la actora que hubiese permitido al vendedor exigir la multa contractual (v. cláusula sexta del boleto de compraventa obrante a fs. 286), las partes optaron por aceptar que la compradora asumiera el costo del impuesto a la transferencia inmobiliaria para compensar esa penalidad que de otro modo se hubiese visto obligada a pagar.

Por lo demás, tampoco son eficaces los agravios en orden a cuestionar la relación de causalidad con este rubro.

Así cabe concluir, por lo pronto, en atención a que también ha quedado firme -por no haber sido cuestionado- lo sostenido por el señor juez acerca de que la actora se había visto impedida de obtener en un principio un préstamo del Banco Ciudad como consecuencia de la incorrecta calificación crediticia que sobre ella pesaba.

Esa fue, como es obvio, la causa de la demora en el pago del saldo de precio que obligó a la demandante asumir el costo que trato, por lo que el agravio sobre este punto debe también ser rechazado.

4.Resta tratar la queja que sobre este aspecto de la cuestión ha levantado la demandante.

La nombrada se agravia, en primer término, de la falta de tratamiento del planteo introducido en la demanda como “daño emergente – punto b”.

No obstante, esa omisión no obsta al hecho de que, de todos modos, su parte no logró acreditar los extremos necesarios para que le sea reconocida la pretensión que bajo esa mención individualizó.

Adviértase que lo allí reclamado parece ser (en realidad, no se entiende bien) la devolución de todos los intereses que dicha parte alegó haber tenido que abonar por el préstamo hipotecario privado que había debido contraer para cancelar el referido saldo de precio (ver lo expuesto al expresar agravios a fs. 749 vta. y copia certificada de la escritura de venta obrante a fs. 233/38).

Como es claro, no le asiste razón.

Ella podía, sí, reclamar la diferencia entre la mejor tasa que correspondía al crédito que se le frustró y la que tuvo que pagar tras esa frustración.

Pero no podía, como lo hizo, pretender que el costo que le acarreaba la financiación que obtuvo pasara a pesar, por aquel motivo, sobre sus contrarias.

Y esto, por algo obvio: aun cuando la conducta ilícita de éstas no se hubiera configurado, es claro que la demandante hubiera debido igualmente pagar intereses si pretendía financiar la adquisición de su vivienda del modo en que lo hizo.

En tales condiciones, forzoso es concluir que resultó improcedente reclamar la totalidad de los aludidos intereses, por lo que, planteado del modo en que lo fue, esa pretensión debe considerarse improcedente, máxime cuando, como señaló el señor magistrado, la demandante no logró probar su derecho a reclamar alguna diferencia entre tasas, dado que no acreditó cuáles habían sido las condiciones en que le habría sido otorgado dicho préstamo inicial.

5.En cambio, considero que asiste razón a la quejosa -al menos en parte- en su agravio vinculado con el dies a quo de los accesorios que le corresponde percibir por la suma a cuyo reintegro tiene derecho en los términos vistos más arriba.

Así lo juzgo, en razón de que el daño de que se trata fue sufrido por la actora el día en que efectuó el desembolso respectivo, lo cual ocurrió el 6 de junio de 2008 (v. recibo obrante a fs. 239).

En tales condiciones, esa es la fecha que debe tomarse para el cómputo de esos intereses (no la correspondiente a la carta documento del 10/3/08, como la requirente pretende).

6. Así las cosas, paso a tratar las quejas traídas por las partes en contra del modo en que el magistrado trató las indemnizaciones pretendidas por daño psicológico, psiquiátrico e incapacidad psíquica sobreviniente.

Fue en base a lo informado en el peritaje médico obrante a fs. 660/663 que el juez de grado admitió los rubros “daño psicológico” e “incapacidad psíquica sobreviniente” y rechazó, en cambio, el “daño psiquiátrico” también pretendido por la actora.

Contra este aspecto de la sentencia se alzaron todas las partes.

Las quejas de las demandadas también deben ser declaradas desiertas en los términos del citado art. 265 del código ritual.

Así lo estimo en razón de que tampoco en este aspecto se cumplen los recaudos del citado art.265 del código procesal, dado que las alegaciones efectuadas por ambas litigantes sólo exhiben meras discrepancias genéricas con lo que fuera decidido en la primera instancia, sin precisión acerca de la sinrazón que atribuyen al juez autor de la sentencia apelada.

Baste mencionar, para confirmar lo dicho, que la demandada “Comafi” pretende fundar su ataque en la falta de idoneidad que imputa al médico legista designado en autos para evaluar los rubros aquí tratados, afirmación que trae sin efectuar ni una mínima mención sobre el reproche que en ese sentido les hizo el sentenciante acerca de que habían sido sendas emplazadas quienes, por el contrario, habían requerido la concentración de la prueba psicológica y psiquiátrica en cabeza de un único médico legista (v. fs. 423).

Pero aun soslayando tal deficiencia formal la solución no variaría.

Así cabe concluir si se atiende a que, dadas las características de este tipo de daños, el peritaje se presenta como la prueba necesaria e insoslayable para su demostración en juicio; peritaje que, si bien no tiene carácter vinculante, permite al juez acceder a conocimientos técnicos y científicos que de lo contrario ignoraría, extremo que demuestra que el apartamiento de esta prueba debe encontrar apoyo en razones serias, en fundamentos objetivos, que, a su vez, reposen en elementos de juicio al menos de igual jerarquía que los invocados por el experto y que permitan desvirtuar el informe (esta Sala, “Ferreyra, Fabián Eusebio c/ Caja de Seguros S.A. s/ Ordinario” , 18.2.14; íd. “Palumbo, Guillermo Gabriel c/ Ford Argentina S.C.A. y otros s/ ordinario” , 3.6.14; íd., 26.8.14, “Cortez Ramón Orlando y otros c/ Fiat Auto S.A.de Ahorro P/F determinados s/ Ordinario” , entre otros).

En el caso, ello no ha sucedido, como se advierte a poco que se tenga presente que, como bien juzgado fue por el juez a quo, las impugnaciones de las demandadas carecen de eficacia a estos efectos, no sólo porque a simple vista demuestran su inconsistencia, sino porque, además, tras haber sido debidamente sustanciadas, merecieron respuestas del experto (ver. fs. 684), que me convencen de que no existe mérito para apartarse de las conclusiones a las que éste había arribado.

7. Igual suerte correrán los agravios de la demandante en este punto.

En lo referido al rubro “daño psicológico”, la nombrada se agravia por considerar equivocado el dies a quo de los intereses que el magistrado reconoció a la indemnización respectiva.

No le asiste razón.

Con esa indemnización, la demandante persiguió que le fuera reconocida la suma necesaria para afrontar el costo del tratamiento que debía realizar.

Dado que ese tratamiento no se ha llevado a cabo, no hay tampoco desembolsos realizados por la actora que pudieran justificar el reconocimiento de su derecho a reclamar los intereses de marras.

Ella hubiera podido, sí, demostrar que la indemnización que por tal concepto le fue reconocida no era suficiente para cubrir ese tratamiento, más nada al respecto ha expresado en su presentación ante esta Sala, lo cual obliga, en razón de los límites del recurso (art. 277 del código procesal), al rechazo de la queja.

A similar solución corresponde arribar en lo concerniente al agravio levantado en contra de la desestimación del rubro “daño psiquiátrico”, en tanto, como fue indicado por el experto médico a fs. 686, ningún tratamiento de esa naturaleza debe ser llevado a cabo por la actora.

No obsta a ello el argumento que recién ahora introdujo la pretensora a fs.750 vta., según el cual ella sí debió ser sometida con anterioridad a este pleito a un tratamiento psiquiátrico en cuyo marco se le habrían prescripto psicofármacos.

Así lo entiendo pues, como se infiere de lo que dije, ese argumento debe considerarse tardíamente introducido en términos tales que no puede ser abordado por la Sala al no haber sido sometido a decisión del juez de primera instancia (v. art. 277 del código procesal y el contenido de la pretensión incluida en el capítulo VII de la demanda a fs. 334 vta.).

8. De otro lado, la demandante pretende un incremento en la suma fijada en concepto de indemnización por incapacidad psíquica.

Se trata de una incapacidad permanente equivalente al 10%, determinada en el peritaje médico practicado en autos (fs. 645/56 y 660/63).

Esa suma fue fijada por el señor juez de grado en el importe de $10.000.

Según mi ver, asiste razón a la quejosa en cuanto a que ese importe es insuficiente para indemnizar un daño de índole que trato.

Por las razones recién expresadas, corresponde que la Sala se atenga a las conclusiones expresadas en el referido dictamen, del que surge que, como se dijo, la demandante sufrió esa merma definitiva en la capacidad que trato.

La capacidad psíquica remite, como es obvio, a una aptitud general de la persona que incide en todos los aspectos de su realidad y de su vida, cuyo daño no puede sino aparejar un menoscabo en la salud del sujeto que lo sufre, en su misma persona y en sus potencialidades.

Ese daño debe ser adecuadamente reparado a efectos de cumplir con las normas, de rango incluso supra constitucional, que rigen la materia (art. 42 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional; art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 16 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art.23 de la Convención sobre los Derechos del Niño, art. 11.1 e y f, 11.2, 12, 14 b y c y 16 de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer).

Por tales razones, estimo adecuado fijar esa indemnización en la suma de $30.000 con más los intereses que le fueron reconocidos en la sentencia.

9. Corresponde ahora que me ocupe de las quejas que todas las partes han articulado en contra de la indemnización que el a quo reconoció a la demandante en concepto de daño moral.

A mi juicio, no asiste razón a las demandadas en su cuestionamiento acerca de la efectiva configuración de tal daño.

Por lo pronto, y contrariamente a lo que éstas sostienen, cabe presumir que los hechos del caso produjeron sobre la actora un padecimiento susceptible de ser así indemnizado.

Así lo juzgo en razón de que la sana crítica judicial y las reglas de la experiencia habilitan a concluir que, por su naturaleza, toda descalificación personal es apta para producir en su destinatario un sufrimiento espiritual como el que trato.

Ello debe entenderse sucedido en el caso, como se comprueba a partir del hecho de que la sola publicación de datos falsos acerca de la confiabilidad de una persona en el plano crediticio, es conducta de por sí grave y suficiente para habilitar el razonamiento expuesto y admitir que el sujeto que es así públicamente expuesto queda colocado, sólo por ello -es decir, sin necesidad de ninguna otra demostración adicional-, en una situación susceptible de generarle aquellos sentimientos de impotencia y angustia que por esta vía se deben resarcir (esta Sala, “Pérez Gustavo Adrián c/ Banco Comafi S.A. Fiduciario Financiero s/ ordinario”, del 25.3.2013; íd.

“Pedrueza Aymara Selena y otro c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Ordinario”, 23/9/2014).

El daño moral es, por ende, una consecuencia inmediata y natural de este tipo de descalificaciones públicas (art.901, Código Civil), lo cual resta conducencia a aquello que, sin hacerse cargo de nada de esto, han manifestado las demandadas en sentido contrario.

Por lo demás, ha sido dicho por esta Sala que, hallándonos ante una prueba in re ipsa, es decir, que surge inmediatamente de los hechos, su vinculación con la actuación antijurídica no se encuentra sujeta a cánones estrictos, y, por lo tanto, no es necesario aportar prueba directa alguna sobre tal padecimiento (Bustamante Alsina, Jorge, en “Equitativa reparación del daño no mensurable”, publ. en LL. 1990-A-654; esta Sala, “Garac, José y otro c/ Ford Argentina S.A. y otro s/ ordinario”, 4.6.12, entre otros).

Ello, sin perjuicio de que, de todos modos, los elementos de juicio reunidos en la causa no dejan la menor duda acerca de la efectiva configuración de ese padecimiento de la demandante.

Nótese que ella no sólo sufrió esa desacreditación personal -que, reitero, era idónea por sí sola para ocasionarle el referido daño moral- sino que, además, esa publicación de datos falsos a su respecto interrumpió el curso normal de una operación que, como la compra de la vivienda propia, suele ser muy importante en la vida de la inmensa mayoría de las personas.

En tales condiciones, y siendo que la conducta de las demandadas que le produjeron ese perjuicio fue completamente sorpresiva y absolutamente injustificada -véase que no se probó siquiera la existencia de alguna deuda de la nombrada, y que ésta volvió inexplicablemente a ser incluida en aquel registro del que se encontraba excluida desde hacía dos años-, es mi convicción que deben rechazarse los agravios de los bancos y hacerse lugar a la queja planteada por la actora, reconociéndose a ésta la suma de $ 40.000 que por tal concepto ella ha reclamado.

10.En cambio, estimo que no asiste razón a la demandante en su agravio vinculado con la desestimación del reintegro de gastos en los que su parte habría debido incurrir con motivo de los hechos debatidos en la causa.

La nombrada no produjo ninguna prueba acerca de la existencia y entidad de esos gastos y así lo ha reconocido -bien que implícitamente- ella misma en su expresión de agravios.

Como es obvio, lo alegado acerca de que esa prueba, por lo reducido de los montos, resultaba antieconómica, es alegación que, aunque pudiera ser compartida, no autoriza a estos jueces a apartarse del principio general que rige las cargas probatorias, dictando una sentencia basada en meros indicios que no revisten la calidad de presunción en los términos del art. 163 inc. 5 del código procesal.

Por tales razones, he de proponer al Acuerdo el rechazo de este planteo.

11. Así las cosas, paso a tratar ahora los agravios que también todas las partes han articulado en contra de lo decidido por el sentenciante en materia de “daño punitivo”.

A mi juicio, asiste razón a las demandadas.

Así lo juzgo en razón de que, tal como ellas lo sostienen, los hechos que dieron lugar a este juicio sucedieron con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.361, que, al reformar la ley 24.240, introdujo en nuestro derecho el referido instituto (ver actual art. 52 bis de esa ley).

De esto se deriva la improcedencia de su aplicación al caso.

Lo contrario importaría violar el principio irretroactividad de las leyes establecido en el art.3 del código civil.

No soslayo que esta Sala ha considerado en otros casos que la posibilidad de aplicar la mencionada ley 26.361 a supuestos de hecho sucedidos con anterioridad a su entrada en vigencia, no violaba tal principio.

No obstante, esa inteligencia debe entenderse acotada a aquellos supuestos en los cuales, por tratarse de aspectos de la defensa del consumidor inherentes a su esencia, deben entenderse vigentes desde la reforma introducida en el año 1994 al art. 42 de la Constitución Nacional, supuestos ante los cuales aquellas leyes se presentan como meras reglamentaciones de esa norma constitucional (en ocasiones prescindibles, pues a la misma interpretación hubiera podido llegar el intérprete, aun sin esas leyes).

Como es claro, esa inteligencia es inaplicable al caso.

Así lo juzgo por considerar que mediante la incorporación del llamado “daño punitivo”, el legislador introdujo en nuestro ordenamiento un instituto sin precedentes, que no podría, por ende, darse por cierto al momento en que sucedieron estos hechos.

Nótese que, regulado del modo en que está, ese instituto consagra la viabilidad de aplicar al proveedor incurso en alguna conducta dañina para el consumidor, una pena que no guarde relación alguna con el daño que causó.

Por tratarse de una pena o castigo le son aplicables todos los principios que, con carácter de principios generales del derecho (art. 16 del código civil), rigen la materia.

En lo que aquí interesa, le es aplicable el principio conocido como nullum crimen, nullum poena sine lege que también tiene raigambre constitucional (art. 18 de la Constitución Nacional).

Lo expuesto me convence de la pertinencia de la conclusión adelantada:dado que al tiempo en que ocurrieron los hechos aquí en debate no existía ninguna disposición que autorizara a los jueces a exorbitar los límites del llamado derecho de daño s -que acota la posibilidad de una condena al perjuicio efectivamente causado-, forzoso es concluir que la pena cuya aplicación se pretende, es improcedente.

Dado el modo en que se resuelve, el recurso planteado por la actora se ha tornado abstracto.

12. Resta tratar, finalmente, los agravios levantados respecto de la manera en que fue distribuida la responsabilidad entre las codemandadas.

La queja de “Comafi” debe ser rechazada.

Así lo juzgo en razón de que comparto lo argumentado por el señor juez de primera instancia en cuanto a que esa recurrente fue quien, con su conducta, generó los daños reclamados.

Y esto pues, si dicha entidad hubiera obrado con apego a lo que dispone el art. 26, inciso 4 de la ley 25.326, la actora no hubiese sido incluida indebidamente en el aludido registro y, por lo tanto, no hubiera sufrido dificultades y padecimientos que experimentó en ocasión de comprar la vivienda más arriba referida.

En tales condiciones, y toda vez que ninguna crítica merecieron esos fundamentos del magistrado, concluyo en el sentido adelantado.

13. Finalmente, y en lo que respecta al agravio que sobre ese mismo punto ha articulado la actora, es del caso señalar que, si bien el magistrado no lo dijo expresamente, el caso se encuentra alcanzado por lo dispuesto en el art. 40 de la ley 24.240, por lo que, sin perjuicio de la distribución de responsabilidad entre las codemandadas recién tratada, ellas deben responder frente a la actora en forma solidaria.

IV. La conclusión.

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide, y modificarla con los alcances que surgen de lo dispuesto en los puntos 5, 6, 8, 9 y 11 precedentes. Costas a las demandadas por haber resultado sustancialmente vencidas (art. 68 del código procesal).

Por análogas razones, los Señores Jueces de Cámara, doctores Juan R.Garibotto y Eduardo R. Machin, adhieren al voto anterior.

Con lo que terminó este acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores: Julia Villanueva, Eduardo R. Machin, Juan R. Garibotto. Ante mí: Rafael F. Bruno. Es copia de su original que corre a fs. del libro de acuerdos N° de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal Sala “C”.

Rafael F. Bruno Secretario

Buenos Aires, 12 de febrero de 2015.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide, y modificarla con los alcances que surgen de lo dispuesto en los puntos 5, 6, 8, 9 y 11 precedentes. Costas a las demandadas por haber resultado sustancialmente vencidas (art. 68 del código procesal).

Notifíquese por Secretaría.

Devueltas que sean las cédulas debidamente notificadas, vuelva el expediente a la Sala a fin de dar cumplimiento a la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Julia Villanueva

Eduardo R. Machin

Juan R. Garibotto

Rafael F. Bruno

Secretario

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