Responsabilidad de los gasistas codemandados por la defectuosa instalación de dicho servicio en el inmueble del actor.

fotoindustriales1Partes: Scalabrelli Mario c/ Cornejo Pablo y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 5-may-2015

Cita: MJ-JU-M-92307-AR | MJJ92307 | MJJ92307

Responsabilidad de los gasistas codemandados por la defectuosa instalación de dicho servicio en el inmueble del actor.

Sumario:

1.-Debe revocarse la sentencia en cuanto rechazó la demanda de daños derivados por la ejecución defectuosa en la instalación de la red de gas que contrató con los codemandados, pues ha quedado acreditado que el gasista nunca fue habilitado para dar comienzo a la instalación de gas, no obstante ello, ambos demandados realizaron las obras en el inmueble del actor sin comunicarle a éste tal circunstancia y sin haber obtenido el certificado de finalización de obra por parte de la autoridad de aplicación.

2.-Los demandados nunca fueron autorizados por la empresa de gas a realizar las obras, por tanto si igualmente las realizaron, impidieron así el debido control en la ejecución de los trabajos por parte de dicho organismo, y con ello la posibilidad de indagar sobre la corrección o no de los trabajos realizados; por tanto, deben cargar con las consecuencias de ese accionar.

Fallo:

En Mendoza, a cinco días de mayo de dos mil quince, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa n° (012174-11333701), caratulada: «SCALABRELLI MARIO EN J° 129224/50805 SCALABRELLI MARIO C/ CORNEJO PABLO Y OTS. P/ D.YP. P/ RECURSO EXT. DE INCONSTITUCIONALIDAD».

De conformidad con lo decretado a fojas 60 quedó establecido el siguiente orden de estudio en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: DR. JORGE HORACIO NANCLARES; segundo: DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE.

ANTECEDENTES:

A fs. 14/20 vta. la recurrente en autos a través de apoderado plantea recurso extraordinario de Inconstitucionalidad contra la sentencia obrante a fs.208/213 vta. de los autos n 129.224/50.805, caratulados: «Scalabrelli Mario c/Cornejo Pablo y ots p/ d y p» dictada por la Quinta Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial.

A fs. 35 se admite formalmente el recurso y se ordena dar traslado a la contraria el que fue contestado a fs.41/46 solicitándose el rechazo.

A fs. 53/54, corre agregado el dictamen del Procurador General, quien por las razones que expone, aconseja admitir el recurso interpuesto.

A fs. 59 se llama al acuerdo para sentencia y a fs. 60 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: ¿Es procedente el recurso de Inconstitucionalidad interpuesto?

SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿qué solución corresponde?

TERCERA CUESTIÓN: Costas.

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR JORGE H. NANCLARES, DIJO:

Entre los hechos relevantes para la resolución del recurso interpuesto, se destacan los siguientes:

El Sr. Mario Scalabrelli interpuso demanda de daños y perjuicios por incumplimiento contractual en contra de los Sres. Pablo Cornejo y José Carrizo.Sostuvo que contrató a los demandados para la instalación y habilitación de la red de gas en un domicilio particular, que ante la falta de entrega de la obra, concurrió personalmente a ECOGAS donde le manifestaron que el trámite no se encontraba terminado, por lo que contrató los servicios de otro profesional, quien detectó la existencia de defectos en la obra, por lo que se procedió a descubrir la conexión de gas y se encontraron varias falencias que quedaron constatadas en la actuación notarial que acompañan como prueba.

Dijo que nunca tuvo entrega formal de la obra. Reclamó como monto indemnizatorio la suma de pesos seis mil, comprensiva de los costos de la nueva obra realizada y los correspondientes a la destrucción de lo mal realizado. Ofreció pruebas.

Los demandados al contestar demanda, reconocieron la existencia de un contrato con el actor y negaron la responsabilidad que se les imputa. Afirmaron que la no habilitación de la obra se debió a la falta de red y que la constatación efectuada en la escritura pública les era inoponible. Uno de los codemandados planteó reconvención por el pago de sus honorarios por la dirección técnica de la obra y por la presentación de la solicitud de habilitación.

En primera instancia se admitió la demanda y se rechazó la reconvención. La sentencia fue apelada por los demandados y la Cámara de Apelaciones admitió el recurso y rechazó la demanda conforme a los siguientes fundamentos:

-Como principio general la responsabilidad contractual se rige por los principios generales de la responsabilidad.Es necesario la existencia de un contrato válido incumplido por un contratante en perjuicio del otro, que de tal incumplimiento surja un perjuicio y que tal perjuicio guarde relación de causalidad con el incumplimiento.

-Pesa sobre el gasista la obligación de ejecutar la obra en la forma debida.

-Los demandados reconocieron en autos que ante el actor asumieron la obligación de realizar la obra (instalar el gas en el inmueble) y lograr la habilitación correspondiente ante Ecogas.

-No se comparte la valoración de la prueba efectuada por el a-quo respecto al acta notarial y a la pericia practicada por la arquitecta a fs. 121 y vta de autos. En el acta, la notaria interviniente se ha limitado a plasmar en ella lo manifestado por la actora y el gasista, sin verificar si este era o no matriculado, ni el olor a gas o las deficiencias denunciadas. En el acta notarial sólo surgen manifestaciones de una de las partes, por lo que no pueden ser oponibles a los demandados que no estuvieron presentes en el acto.Es por ello que no puede tenerse por acreditado que las deficiencias alegadas por la actora en la instalación de la red de gas sean imputables a los demandados ya que la constatación realizada y las fotos tomadas, fueron realizadas con posterioridad a que la instalación fue alterada por el nuevo gasista contratado, sin que ello pueda implicar de manera alguna que haya existido una deficiencia en la construcción de la red.

-Lo que la actora debió realizar y no hizo, fue hacer las roturas, como así también constatar la pérdida de gas, en presencia de la escribana para otorgarle mayor valor a la prueba por ella acompañada.

-La pericia realizada en nada ayuda, ya que la arquitecta nunca concurrió a inspeccionar la obra, sino que limitó su informe a las constancias de autos, en especial a lo manifestado en el acta notarial.

-No se le niega al actor el derecho de hacer ejecutar la cosa o repararla por un tercero, pero ello no implica que dicha facultad sea ejercida de un modo abusivo.

-Los demandados también se comprometieron a realizar los trámites para la habilitación de la red de gas ante Ecogas, lo cual es evidente que no realizaron, sin que se tenga certeza del motivo por el que no se realizó, ya que bien podría ser porque estaba mal instalada, lo que no se probó, o, porque la red no llegaba al lote de la actora, circunstancia ésta que la demandada debió comunicar al actor en aras de la buena fe.

-La actora sólo reclamó el daño proveniente de los supuestos defectos de instalación pero no los de falta de habilitación ante el organismo regulador. No habiéndose acreditado el incumplimiento del contrato respecto de la deficiente instalación del gas o la existencia del daño ante la falta de habilitación, lo que constituía una carga de la actora, corresponde admitir el recurso de apelación y rechazar la demanda.

-Con respecto a la demanda por reconvención, el Sr.Carrizo pretendió el pago de sus honorarios por la dirección técnica de la obra y por la presentación de la solicitud de habilitación del gas. No se encuentra acreditado en autos quien dirigió la obra y tampoco se logró el cumplimiento de la otra obligación asumida, por lo que mal puede demandar a su contraria para que le pague la suma requerida si su parte no cumplió con su cometido, por lo que en tal aspecto debe mantenerse la solución dada en primera instancia.

Contra la sentencia, la recurrente interpuso recurso extraordinario de Inconstitucionalidad fundado en los supuestos contemplados por los incisos 3 y 4 del art. 150 del CPC. Afirma que la sentencia viola el derecho de defensa y de debido proceso y además carece de los requisitos que la ley exige al rechazar la demanda sin sustento en los hechos probados y en el derecho aplicable.

Dice que la Cámara analiza exclusivamente la constatación notarial efectuada por la escribana, sin embargo, esta no ha sido la única prueba:

a) de la documentación acompañada (fs.6) surge que para fecha 13/10/2010, Distribuidora de Gas Cuyana rechaza la habilitación de gas por terreno sin red; b) de esa documentación surge que Carrizo es gasista matriculado y habilitado; c) a fs. 49 la propia demandada admite que la locación fue contratada en setiembre de 2010, lo que demuestra la primer falencia en el incumplimiento: se pretendía realizar la habilitación luego de haberse comenzado la obra y no previamente como lo establece el reglamento (fs 82); d) los demandados realizaron la obra defectuosa en setiembre de 2010 y recién en octubre del mismo año realizaron el pedido de gas.

Agrega que la perito arquitecta informa sobre los aspectos técnicos y puntos sometidos y no toma solamente las expresiones del acta notarial, sino que además dictamina en base a las reglas del arte de la construcción.El dictamen se produjo a dos años de la realización de la obra por lo que no se advierte la necesidad de la visita a la misma.

Sostiene que el daño se probó con la factura de pago por mano de obra acompañada y por lo dictaminado en la pericia de la arquitecta que estima las nuevas instalaciones a ensamblar en la suma de pesos ocho mil ($ 8.000).

Por último imputa contradicción en los argumentos y conclusiones de la sentencia que consideró que la obligación asumida por los demandados fue incumplida pero no los condena.

SOLUCIÓN AL CASO:

La cuestión a dilucidar en esta instancia, consiste en dilucidar si existe arbitrariedad en la sentencia de Cámara que al admitir el recurso de los demandados, rechazó la demanda entablada por el actor en reclamo de los daños derivados por la ejecución defectuosa en la instalación de la red de gas que contrató con aquellos. Todo ello en función de los siguientes hechos que han quedado definitivamente establecidos en la causa:

» Entre actora y los demandados existió un contrato de locación de obra en virtud del cual estos últimos debían efectuar en el inmueble del hijo del actor la instalación del gas.

» El co-demandado Carrizo (gasista matriculado), el 12/10/2010 efectuó ante Ecogas las presentaciones administrativas correspondientes a Proyecto de instalación, comunicación de terminación de trabajo y acompañó el plano respectivo. En ese momento el terreno no tenía red y no existe constancia que haya comunicado tal circunstancia al actor.

» El 17/6/2011 se realiza una constatación notarial en el inmueble con la participación del actor, el nuevo profesional gasista contr atado por aquél, en la que compareció la arquitecta directora de la obra.

» El 22/7/2011 y el 18/08/2011 el actor mediante carta documento le comunica a los demandados los defectos de la obra y la falta de realización de los trámites para la habilitación de la misma.Asimismo les informa que ha procedido a la remoción de la obra defectuosa y los emplaza a abonar los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del contrato.

La carta fue respondida de la misma forma por el co-demandado Carrizo quien afirmó la corrección de los trabajos que realizó, la inoponibilidad a su parte de las obras de destrucción realizadas por el actor, que presentó toda la documentación ante Ecogas y que la no habilitación obedeció a la inexistencia de red de gas en el inmueble del actor. En el mismo acto emplazó a la actora a abonarle sus honorarios profesionales.

El fallo en recurso rechazó la demanda por considerar que el daño invocado no había sido suficientemente acreditado, la recurrente, por su parte, resiste tal argumento y sostiene que se han dejado de valorar las constancias probatorias de las que surgiría la existencia del daño.

El Tribunal de Alzada parte de considerar que al tratarse de un contrato de locación de obra, pesaba sobre el gasista la obligación de ejecutar la obra en la forma debida, es decir, con el cuidado y diligencia, conforme con las reglas del arte o con lo que se acostumbra para esa obra y en ese lugar.

Este contrato regulado en el art. 1493 del Código Civil, se lo define como el contrato por el cual una de las partes se obliga a hacer alguna cosa (o alcanzar un resultado material o inmaterial) para la otra y sin subordinación frente a esta, todo mediante un precio en dinero (Alberto G. Spota, Tratado de la Locación de Obra. T. I , pág. 4, Depalma).

Conforme con dicho concepto la cosa u obra que debe realizarse configura la existencia de una obligación de hacer y de resultado en cabeza del empresario, por ello, y a los fines de analizar el cumplimiento o no de dicha obligación debe considerarse lo establecido en las disposiciones contenidas en los arts.625 y siguientes del Código Civil respecto de las obligaciones de hacer.

Siendo ello así corresponde preguntarse entonces cuál era el procedimiento correcto al que debía ajustarse el demandado para la ejecución de la obra de gas. Para ello debemos analizar el informe obrante a fs. 82 de la autoridad competente (Ecogas), del que surge que el trámite se encuentra establecido en la N.A.G 200, que el instalador matriculado debe presentar el Formulario 3-4-A, denominado P.I.G, llenado y firmado ante la distribuidora como pedido de gas antes de ejecutar las instalaciones, quien debe dar la factibilidad del suministro a las instalaciones internas proyectadas. Por su parte el art. 8.6.4 señala que «la aprobación del formulario 3.4.A por parte de Gas del Estado, implica únicamente la posibilidad de suministro del fluido al domicilio para el que se proyecta la instalación» y agrega: «Al retirar la copia del Form 3.4.A debidamente autorizada, podrá darse comienzo a los trabajos, siendo obligación del matriculado entregar al futuro usuario dicha copia aprobada. Junto con este formulario debe presentarse un croquis informativo (art. 8.7.1).

El art. 8.6.5 le impone la obligación al matriculado, una vez que terminó con los trabajos de instalación, de someterla a las pruebas de hermeticidad, obstrucción y ventilación. El artículo siguiente establece la obligación del matriculado, una vez concluida la prolongación domiciliaria, las cañerías internas y los conductos de ventilación de comunicarlo a Gas del Estado, mientras aún estén descubiertas mediante el Form, 3-5 con el agregado de la leyenda «instalación descubierta». Establece la obligación de mantener en descubierto las distintas partes de la instalación por el término de tres días a partir de la fecha de la presentación de dicho formulario. Vencido ese plazo puede cubrirlas aún cuando no hubiesen sido supervisadas por Gas del Estado. Con el Form. 3.5 se debe acompañar un plano conforme a obra (art.8.7.2).

En autos, conforme con la documentación obrante a fs. 6/12 surge que los demandados no han seguido literalmente el procedimiento establecido por la normativa aplicable, según se detalló precedentemente, sino que han acompañado el formulario de iniciación de las obras (PIG), el de terminación de las mismas y el plano de obras el mismo día (13 de octubre de 2010). Ello permite concluir que las obras se realizaron sin estar previamente autorizados para hacerlo, por tanto, nunca pudo solicitarse la supervisión de las obras conforme lo establece el art. 8.6.8 de la normativa.

Lo expuesto me lleva a concluir que no puede afirmarse válidamente que la ejecución de los trabajos se realizó en debida forma, toda vez que surge de las propias actuaciones que los demandados no actuaron conforme a la reglamentación vigente, que no podían desconocer.

Advierto que los accionados no han dado ninguna explicación de tal proceder, solamente se amparan en la inexistencia de red que Ecogas les informó. Cuestión que, lejos de beneficiarlos, los perjudica porque si no tenían red, nunca podrían haber dado inicio a las obras, al menos, si actuaban de conformidad con la reglamentación.

La valoración de estos elementos que surgen de las constancias de la causa, ha sido omitida por el Tribunal, que al analizar detalladamente la prueba del acta notarial dejó de lado otras pruebas de peso para resolver el presente caso.

En tal sentido no tuvo en cuenta el informe de Ecogas del que surge claramente que si no hay factibilidad no se puede dar inicio a las obras, tampoco analizó la reglamentación aplicable la que pone en evidencia que los demandados no se ajustaron al procedimiento seguido.Esta omisión permite tachar el pronunciamiento de arbitrario por no considerar prueba relevante ya que de haberla considerado le hubiese permitido concluir en la existencia de responsabilidad de los demandados por la mala ejecución de la obra.

Esta afirmación se encuentra además avalada por la pericia rendida en la causa, que si bien fue impugnada por los demandados, no fue desvirtuada en la afirmación que realiza referida a que no se siguió el procedimiento correspondiente, que el primer paso es la visación previa del proyecto por parte de Ecogas (pregunta b). Si bien el Tribunal dio razones para apartarse de esta prueba, las mismas no consideran la necesidad de obtener la visación previa que dictamina la profesional y que se ajusta a la normativa aplicable.

Por tanto ha quedado acreditado en la causa que el gasista co-demandado nunca fue habilitado para dar comienzo a la instalación de gas, no obstante ello, ambos demandados realizaron las obras en el inmueble del actor sin comunicarle a éste tal circunstancia y sin haber obtenido el certificado de finalización de obra por parte de la autoridad de aplicación.

Por otro lado, también quedó acreditado que las obras de instalación de gas se realizaron y que luego de ello, intervino otro gasista que rehizo gran parte de la instalación. El recurrente pretende que como estos trabajos se realizaron sin su intervención, le resultan inoponibles, argumento que es aceptado por el fallo en cuestión.

El agravio resulta inadmisible, primero, por una razón de pura lógica que nos lleva a preguntarnos: que sentido tiene rehacer una instalación que había sido construida un año antes? La respuesta que se impone no es otra que la de considerar que habían defectos, porque si se hubiese tratado de una cuestión de falta de red, como lo pretende la quejosa, solo hubiese bastado, una vez instalada la red, con destapar la cañería tapada para facilitar el acceso de los inspectores de Ecogas , conforme lo establecido en el art. 8.6.6.Por otro lado, como se dijo, los demandados nunca fueron autorizados por Ecogas a realizar las obras, por tanto si igualmente las realizaron, impidieron así el debido control en la ejecución de los trabajos por parte de dicho organismo lo que, además, y con ello la posibilidad de indagar sobre la corrección o no de los trabajos realizados; por tanto, deben cargar con las consecuencias de ese accionar.

Las razones expuestas me llevan a concluir que, contrariamente a lo resuelto debe declararse la responsabilidad de los demandados en el daño causado como consecuencia de su obrar fuera de los requisitos que se exigen en la materia. Por ello, debe admitirse el recurso de Inconstitucionalidad y revocarse la sentencia en recurso.

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. PEREZ HUALDE, adhiere al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTION EL DR.JORGE NANCLARES, DIJO:

Atento el resultado al que se arriba en el tratamiento de la primera cuestión, corresponde admitir el recurso de Inconstitucionalidad y revocar la sentencia obrante a fs.208/213 vta. En su lugar, al haber quedado establecido el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el locador, y no encontrarse controvertido el monto indemnizatorio otorgado en primera instancia, debe rechazarse el recurso de apelación deducido por los demandados en autos y, conforme con los argumentos expuestos, confirmarse el decisorio de la instancia de origen.

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. PEREZ HUALDE, adhiere al voto que antecede.

A LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. JORGE NANGLARES, DIJO:

Atento el resultado al que se arriba en el tratamiento de las cuestiones que anteceden, las costas de esta instancia, corresponde imponerlas a la recurrida vencida (arts. 35 y 36 del C.P.C.).

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. PEREZ HUALDE, adhiere al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A:

Mendoza, 05 de mayo de 2015.-

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma.Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva,

RESUELVE:

I.- Admitir el recurso de Inconstitucionalidad interpuesto a fs. 14/20 vta . de autos. En consecuencia revocar la sentencia de fs. 208/213 la que queda redactada de la siguiente manera:

«I- Rechazar el recurso de apelación deducido a fs.181 y, en consecuencia confirmar por los fundamentos dados la sentencia de fs. 167/169 y su aclaratoria de fs. 170.»

«II-Imponer las costas del recurso de apelación a la recurrente vencida».

«III- Regular los honorarios profesionales devengados en la instancia de apelación de los Dres. Fernando M. OGANDO en la suma de ($.), Alejandro JOFRÉ en la suma de($.), Carlos SARMIENTO GARCÍA y Lucas SARMIENTO GARCÍA en la suma de ($.) a cada uno de ellos (arts 15 y 31 Ley 3641)».

II.- Imponer las costas del recurso de Inconstitucionalidad a la parte recurrida vencida.

III.- Regular los honorarios profesionales devengados en esta instancia de los Dres: Fernando M. OGANDO en la suma de ($.), Alejandro JOFRÉ en la suma de ($.), Carlos Sarmiento García en la suma de ($.) y Lucas Sarmiento García en la suma de ($.) (arts 15 y 31 Ley 3641).

Notifíquese.

DR. JORGE HORACIO NANCLARES

Ministro

DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE

Ministro

CONSTANCIA:Que la presente resolución es suscripta por dos miembros del Tribunal, en razón de encontrarse vacante una de las Vocalías de la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia por el pase del Dr. Omar PALERMO a la Sala Segunda del Tribunal (Acordada n° 26.210) (art. 88 ap. III del C.P.C.). Secretaría, 05 de mayo de 2015.

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