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Es procedente la acción de repetición deducida por la ART por la atención médica brindada a un trabajador que no era empleado de la demandada.

Pesos argPartes: Q. A. A. S.A. c/ P. A. y otros s/ cobro de pesos

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 27-abr-2015

Cita: MJ-JU-M-92338-AR | MJJ92338 | MJJ92338

Es procedente la acción de repetición deducida por la ART contra la empleadora que formuló la denuncia, por la atención médica brindada a un trabajador que al momento del accidente no era empleado de la demandada.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la acción de repetición deducida por la ART contra la demandada, pues la actora brindó atención médica en función del contrato suscripto con la empleadora, pero sobre una persona que no pertenecía, a la fecha del accidente, a la plantilla laboral de dicha sociedad, o al menos no se acreditó que haya estado registrada, habiendo sido la accionada quien formuló la denuncia.

2.-Debe revocarse la sentencia en cuanto declaró la inconstitucionalidad de la Ley 23.928 y 25.561 , pues la prohibición de indexar impuesta en las leyes federales aludidas procura evitar que el alza de los precios relativos correspondientes a cada uno de los sectores de la economía, al reflejarse de manera inmediata en el índice general utilizado al mismo tiempo como referencia para reajustar los precios y salarios de cada uno de los demás sectores, contribuya de manera inercial a acelerar las alzas generalizadas de precios.

Fallo:

En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 27días de Abril de 2015, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Hugo O.H. Llobera y Carlos Enrique Ribera (artículos 36 y 48 de la ley 5.827), para dictar sentencia en el juicio: «Q. A. ART S.A. C/ P. A. Y OTROS S/ COBRO DE PESOS» y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Dres. Llobera y Ribera, resolviéndose plantear y votar la siguiente:

CUESTIÓN

¿Debe modificarse la sentencia dictada? VOTACIÓN

A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL DR. LLOBERA, DIJO:

I. La sentencia apelada La sentencia hace lugar a la demanda y condena a O.

L. y A. P. a pagar a Q. A. A. S.A. la suma de $ 8.029,46.

Declara la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y en consecuencia hace lugar a la actualización monetaria de acuerdo con los índices de precios al consumidor, nivel general publicado por el INDEC a partir de la mora que ocurrió el 26/11/2003, con más intereses que establece (fs. 534/553).

La actora en su calidad de Aseguradora de Riesgo del Trabajo intenta repetir las sumas oportunamente abonadas a H. A. D. por el accidente laboral ocurrido el 20 de julio de 2001, en virtud del seguro suscripto con los demandados, por cuanto dicen, aquellos no cumplieron con su obligación de registrar la relación de trabajo de dicho empleado.

II. La apelación Los demandados apelan la sentencia (fs. 560), expresan agravios (fs. 594/598), los que fueron contestados por su contraria (fs. 600/601).

III. Los agravios 1.La responsabilidad a) El planteo Los demandados sostienen que el sentenciador hizo un análisis de los hechos exclusivamente desde lo formal, obviando la búsqueda de la verdad objetiva. Dicen que la propia actora admitió que al momento del siniestro el contrato del que derivaba su deber de cubrir el riesgo, se hallaba vigente, por lo que se encontraba pago.

Sostienen que el accidente ocurrió en el año 2001 y que el traspaso del empleado D. de la sociedad de hecho a la de responsabilidad limitada sucedió en agosto de 1999, lo que lleva a concluir que las alícuotas eran pagadas y que en función de ello cubría los riesgos. b) El análisis El objetivo principal de la Ley Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo, lo constituye la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y, en los supuestos de ocurrir, asegurar al damnificado atención adecuada y oportuna, estableciendo un conjunto de obligaciones para los empleadores, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y también para los trabajadores, las que encuentran debido correlato en los derechos que también el sistema les otorga. Resulta de suma importancia asegurar la cobertura de los trabajadores desde el momento del inicio de la relación laboral (Resolución 320/99 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo) El art. 28 inc. 2 de la citada ley señala que si el empleador omitiera declarar su obligación de pago o la contratación de un trabajador, la Aseguradora de Riesgo del Trabajo otorgará las prestaciones, y podrá repetir del empleador el costo de éstas.De ello se colige que si éste se encuentra afiliado a una aseguradora pero no ha registrado la relación laboral que lo une a un trabajador en particular, o bien no lo ha declarado en la nómina de personal suministrada a aquélla, ésta se encuentra obligada -por imperio legal- a abonar al empleado, en caso de que sufra alguna de las contingencias cubiertas por el sistema, las prestaciones establecidas en la ley 24.557 aun cuando -en esa hipótesis- este último no fue tenido en cuenta al momento de determinar las cotizaciones provenientes del contrato de afiliación. En consecuencia, la regulación legal privilegia razonablemente el objetivo de que el obrero incapacitado por el siniestro laboral obtenga una protección inmediata, sin perjuicio de que, una vez que la aseguradora haya otorgado las prestaciones, ésta tiene garantizado el derecho de repetir lo pagado del empleador, verdadero y único responsable de la falta de registración o declaración del trabajador (conf. SCBA – Ac. N° 90.676 del 31/08/2011, en autos: «Villalón, Juan Carlos c/ Lastra, Tomás Federico. Cobro Dif. Indem. Art. 212»).

Conforme surge de los informes acompañados por la Superintendencia del Trabajo, P. A. y L. O. (CUIT N°.) se encontraba asegurado en C. A. (hoy Q. A. A. S.A. conforme instrumento de fusión de fs. 513) mediante contrato N° 37.164 que se encuentra vigente. Que ante la denuncia que efectuara del accidente sufrido por su empleado H. D.

(20/7/2001), la aseguradora intervino brindado la atención médica correspondiente (ver 217/219, 237/242, 389/391, 438/442).

La perito contadora (fs. 392/400) señala que C. A. emitió el contrato de afiliación n° 37164 a nombre de P. y L. Acompaña copia de dicho contrato a fs. 392.

No obstante lo expuesto, de la documentación de fs.

243/379 se desprende que H. D. (CUIL .) era empleado de A. S. P. y L.S.R.L., al menos desde el mes de julio de 1999; es decir que al momento del accidente laboral, no se encontraba relacionado laboralmente con la denunciante del siniestro. Por otra parte la Administración Federal de Ingresos Brutos señaló que P. A. y L. O. Sociedad de Hecho se encuentra en estado de baja definitiva como empleadora desde el 30/7/1999.

En virtud de los antecedentes señalados, la actora brindó atención médica, en función del contrato suscripto con P. A. y L. O., pero sobre una persona que no pertenecía, a la fecha del accidente, a la plantilla laboral de dicha sociedad, o al menos no se acreditó que haya estado registrada. La resolución n° 320/99 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, señala que los empleadores deberán declarar el alta de sus trabajadores a la Aseguradora de Riesgos del trabajo con antelación al inicio de la relación laboral.

Merece señalarse que la demandada no ha desvirtuado lo que resulta del informe de fs. 217, en cuanto a que ha sido ella quien efectuó la denuncia del accidente del trabajador, por lo que mal puede desconocer la subsistencia del vínculo laboral al tiempo del accidente.

La alegada y eventual circunstancia que el actor trabajase para A. S. P. y L. S.R.L. no resulta oponible a la actora, quien recibió la denuncia del suceso por parte de la sociedad de hecho P., A. y L., O. (fs. 237/242).

Además, de la pericial contable tampoco surge que H. D. trabajáse para A. S. P. y L. S.R.L. (fs. 397/98), y, si bien dicha prueba fue cuestionada por la parte demandada (fs. 398) ésta no activó la correspondiente sustanciación, y ni siquiera que se lo tuviera presente (fs. 405).

Al respecto, cabe recordar que se ha afirmado que «.La prueba pericial es, en principio, el medio más idóneo para aclarar cuestiones de una especialidad técnica ajena al conocimiento judicial.Esta se produce a través del perito, que es un sujeto ajeno a las partes, con conocimientos técnicos de los que carece el juez o, por lo menos, no está obligado a conocer, ya que su deber se circunscribe al conocimiento del derecho. Se trata de un auxiliar del órgano judicial, con conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada (cfr. art. 363, CCAyT; Fenochietto, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y anotado con los códigos provinciales, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1999, t. 2, pág. 644 y ss.).»

Aun cuando se ha cuestionado la pericia, cabe destacar que «no es dable admitir cualquier clase de impugnación, sino aquellas que se funden objetivamente en la incompetencia del experto, en errores o en el uso inadecuado de los conocimientos técnicos o científicos en los que pudiese haber incurrido. De allí que, cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos y científicos, y concuerda con los demás elementos de ponderación arrimados al proceso, la sana crítica aconseje -en principio- que frente a la imposibilidad de oponer argumentos de igual naturaleza y de mayor peso convictivo, se acepten sus conclusiones (cfr. CNCiv., sala C, LA LEY, 1991-E, 489 del 14 de junio de 1991, Palacio Derecho Procesal Civil, V-514 y sus citas)» (CNCiv, Sala I, C., A. P. c. Transportes Metropolitanos Gral. Roca S.A., LL, ejemplar del 12/11/2004, p. 7).

También corresponde tener en cuenta que la actora ha negado tener vínculo contractual con A. S. P. y L. S.R.L.(fs. 75) y ante ello no se ha producido ninguna prueba que demuestre lo contrario. Es más, la inexistencia de contrato resulta avalada por el informe de la S.R.T. de fs. 217.

Por todo ello y en virtud de lo dispuesto por el citado art. 28 inc.2 de la ley de riesgos del trabajo (ley N° 24.557), que habilita la repetición del pago efectuado y teniendo en cuenta lo dictaminado por el perito contador, en cuanto a el costo de las erogaciones realizadas (ver punto 3 de fs. 395), que resulta ser coincidente con el reclamo de autos, entiendo que la demanda debe tener favorable acogida. c) La propuesta al Acuerdo De conformidad con lo analizado, propongo al Acuerdo, confirmar lo decidido en la instancia de origen, en cuanto hace lugar a la demanda hasta alcanzar los $ 8.019,46.

2. La inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y art 4 de la ley 25.561 a) El planteo En su oportunidad la actora planteó la inconstitucionalidad de las normas referidas por cuanto entiende, vedan la actualización monetaria, indexación de precios, variación de costos o repotenciación de las deudas.

El sentenciador luego de un profundo análisis de la cuestión, concluye que las normas objetadas atentan contra el derecho de propiedad, por lo que corresponde declarar su inconstitucionalidad. En consecuencia hace lugar a la actualización monetaria de acuerdo al índice de precios al consumidor, nivel general, publicado por el INDEC, a partir de la fecha de la mora, ello sin perjuicio de los intereses establecidos.

Los demandados objetan dicha decisión, porque entienden, que se aparta de lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no se compadece con la doctrina legal elaborada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.b) El análisis Ha señalado la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires que la modificación introducida por la ley 25.561 a la ley 23.928 mantuvo la redacción del artículo 7° de ésta, en el que sólo cambió el término «australes» por «pesos», estableciendo que el deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada y que en ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa y, además ratificó la derogación dispuesta por su artículo 10, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, de todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autoricen la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios (conf. SCBA Ac.

N° 49.193 bis, del 2-X-2002, reiterado luego en los acuerdos 86.304, del 27-X-2004, 87.787 del 15-III-2006, entre otros).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reiterado la vigencia del reseñado criterio, al sostener que la prohibición de indexar impuesta en las leyes federales aludidas [en referencia a las leyes 23.928 y 25.561] procura evitar que el alza de los precios relativos correspondientes a cada uno de los sectores de la economía, al reflejarse de manera inmediata en el índice general utilizado al mismo tiempo como referencia para reajustar los precios y salarios de cada uno de los demás sectores, contribuya de manera inercial a acelerar las alzas generalizadas de precios.

Por tal motivo, la recomposición de la pérdida del valor adquisitivo ha de darse sector por sector y caso por caso.A lo expuesto agregó que «. la ventaja, acierto o desacierto de dicha medida legislativa escapa al control de constitucionalidad pues la conveniencia del criterio elegido por el legislador no está sujeta a revisión judicial, salvo que sea arbitrario o irrazonable (Fallos: 224:810; 300:642 y 700; 306:655, entre muchos otros); conf. C.1051.XL., en autos: «Chiara Díaz, Carlos Alberto c/ Estado provincial s/ acción de ejecución», sent. de 7- III-2006, consid. 10° y 11° del voto de los doctores Petracchi y Maqueda). En sentido similar se expidió esta Suprema Corte Provincial (conf. C. 92.819 sent. de 13-II- 2008; L. 90.259, sent. de 11-VI-2008; 97.386, sent. de 2- III-2011).

Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico (conf. SCBA LP C 106293 del 22/10/2014).

De allí que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución causándole de ese modo un agravio (SCBA, Ac. N° 70.112 del 25/02/2015, 111.903 del 10/12/2014, 101.549 del 12/11/2014, entre otros).

En el caso no se ha alegado ni demostrado que el criterio elegido por el legislador sea arbitrario o irrazonable.

En consecuencia con lo analizado, corresponde sin más desestimar el planteo de inconstitucionalidad interpuesto y modificar la sentencia dictada al respecto. c) La propuesta al Acuerdo De conformidad con lo analizado, lo dispuesto por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y art. 4 de la ley

25.561, propongo al Acuerdo modificar lo decidido en la instancia de origen y desestimar el planteo de inconstitucionalidad de dicha normativa y en consecuencia rechazar la actualización monetaria establecida en el fallo.

IV.Las costas de la Alzada Atento la solución esbozada, propongo que las costas se impongan en un 50% a los demandados recurrentes y en un 50% a la actora (art. 71 del CPCC).

Por todo lo expuesto, voto por la AFIRMATIVA.

Por los mismos fundamentos, el Dr. RIBERA votó también por la AFIRMATIVA.

Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:

SENTENCIA

Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, se modifica la sentencia apelada, dejándose sin efecto la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y art. 4 de la ley 25.561 y en consecuencia se rechaza la actualización monetaria establecida en el fallo. Se confirma todo lo demás que ha sido materia de agravios.

Las costas de esta Alzada se imponen en un 50% a los demandados recurrentes y en un 50% a la actora Se difiere la regulación de los honorarios para su oportunidad legal (art. 31 de la ley 8.904).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Carlos Enrique Ribera

Juez

Hugo O. H. Llobera

Juez

Miguel L. Álvarez

Secretario

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