No procede la acción de daños por el fallecimiento de un delincuente menor de edad por un impacto de bala, pues el accionar del agente de seguridad fue diligente

EsposadoPartes: P. M. R. y otros c/ Estado Nacional – PNA y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 9-oct-2014

Cita: MJ-JU-M-89939-AR | MJJ89939 | MJJ89939

Se rechaza la acción de daños por el fallecimiento de un delincuente menor de edad como consecuencia de un impacto de bala, pues el accionar del agente de seguridad fue diligente en atención de las circunstancias de tiempo y lugar en que se produjo el suceso, y en cumplimiento de su obligación legal -art. 5 ley 19.398- dado su estado policial.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que rechazó la demanda promovida contra el Estado Nacional -Prefectura Naval Argentina- y contra un agente de esta fuerza, que se inició a los fines de obtener la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por el homicidio de un menor participante de un hecho ilícito; con fundamento en que, a la luz de lo dispuesto por los arts. 1102 y 1103 del Cciv., y luego de delimitar el contexto fáctico, se encuentran ausentes los requisitos que resultan exigibles para que se genere la responsabilidad del Estado, dado que no se ha demostrado la relación de causalidad entre la conducta del agente demandado y el deceso del menor de edad, puesto que aun cuando se entienda que los daños -pese a no poderse determinar el origen del proyectil que impactó en el menor- fueron el resultado del accionar del agente de seguridad, de las constancias de la causa se desprende nítidamente que el agente actuó diligentemente al repeler un robo con armas en el que participó el menor fallecido, en atención de las circunstancias de tiempo y lugar en que se produjo el suceso, y en cumplimiento de su obligación legal -art. 5 Ley 18.398- dado su estado policial.

2.-No corresponde hacer lugar a los agravios suscitados sobre la calidad de ‘custodio’ de un comercio que fue robado que revestiría un agente de la Prefectura Naval Argentina, dado que no detentan de suficiente entidad a los fines de incidir en la decisión de absolver de responsabilidad al demandado, ya que este actuó en cumplimiento de sus funciones y deberes como policía de seguridad, en virtud de lo establecido por el numeral 3, inc. b, art. 5 de la Ley 18.398, que reza ‘prevenir la comisión de delitos y contravenciones’. Máxime cuando las afirmaciones se sustentan exclusivamente en los dichos de los testigos propuestos por el actor y, en tal sentido, debe tenerse especialmente presente que la prueba testimonial debe ser analizada según las reglas de la sana critica (art. 384 CPCCn.), otorgándole el valor correspondiente según los motivos y circunstancias que corroboren o disminuyan la fuerza de la declaración, y particularmente como resultado de un análisis conjunto de dicho aporte con el resultante de los demás medios de prueba; la valoración de las declaraciones testimoniales, no adquieren el efecto convictivo requerido, máxime cuando surgen de autos numerosos testimonios que sostienen lo contrario, los que en razón de su coincidencia con otras pruebas no logran poner en dudas el contexto fáctico que llevó a desestimar la demanda.

3.-Ante la existencia de un daño cierto, toda vez se ha demostrado el fallecimiento de un menor en un tiroteo en el que participó un agente de la Prefectura Naval Argentina con posterioridad a la comisión de un robo, no corresponde atribuir responsabilidad al Estado cuando no se logró acreditar el nexo de causalidad que debe existir entre la conducta invocada y el daño sufrido; ello en virtud de que resulta contundente el informe pericial balístico producido en cuanto concluye que no es posible determinar el tipo de proyectil que impacta en el cuerpo de la víctima, la distancia probable a la que se hallara el arma que dispara el proyectil ni si el proyectil del arma del agente es el que corresponde al impactado en el cuerpo de la víctima. De este modo, no resulta posible tener por acreditado que la bala que hirió al menor fallecido se corresponda con las utilizadas en el arma reglamentaria del agente, lo que obsta a la procedencia de la responsabilidad del Estado e inviabiliza la acción perseguida. No obstante, aun cuando se entendiera que los daños fueron provocados por el accionar del codemandado, esta solución no se vería modificada, ya que el proceder del agente no puede ser entendido como una conducta irregular o ilícita.

4.-El concepto de falta de servicio plasmado en el art. 1112 del Cciv., implica una violación o anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular y su configuración entraña una apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño. En tal sentido, la configuración de un obrar culposo por parte del personal de la Prefectura Naval Argentina se concretaría en el supuesto de comprobarse la existencia de la omisión de las diligencias debidas y apropiadas según las circunstancias de persona, tiempo y lugar mediante un comportamiento negligente, imprudente o imperito determinante de la inobservancia de un comportamiento debido, lo cual no curre si el sumario administrativo efectuado por el Departamento Narcotráfico de la Prefectura Naval Argentina respecto del obrar del agente en este hecho, concluyó que de los elementos probatorios colectados y la forma en que se desarrollaron los hechos investigados correspondía sobreseer al agente sumariado, toda vez que no surge imputación alguna de conformidad con las prescripciones del art. 051.006 Inc. a) Ap. 1, de la Reglamentación del Personal. (Decreto Nº 6242/971).

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de octubre de dos mil catorce, reunidos en Acuerdo los señores Jueces, para resolver los autos “P. M. R. y otros c/ EN – PNA y otros s/ Daños y perjuicios” y planteado al efecto como tema a decidir si se ajusta a derecho la sentencia apelada, el Señor Juez de Cámara, doctor Sergio Gustavo Fernández dice:

I. Que la sentencia de fs. 637/642 vta. rechazó con costas la demanda promovida contra el Estado Nacional -Prefectura Naval Argentina- y contra el Sr. Daniel Isidoro Ibarrola, que se inició a los fines de obtener la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por el homicidio de Guillermo Oscar Martínez.

Para así decidir, el Sr. Juez a quo, analizó los hechos a la luz de lo dispuesto por los arts. 1102 y 1103 del Código Civil, y luego de delimitar el contexto fáctico especificó los requisitos que resultan exigibles para que se genere la responsabilidad del estado -a) existencia de un daño cierto, b) relación de causalidad directa entre la conducta estatal impugnada y los daños invocados, c) la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños al Estado-, concluyendo que en el caso de autos no se ha demostrado la relación de causalidad entre la conducta del agente Daniel Isidoro Ibarrola y el deceso del menor de edad Guillermo Oscar Martínez.

Luego, señaló que aún cuando se entienda que los daños -pese a no poderse determinar el origen del proyectil que impactó en el menor Martínez- fueron el resultado del accionar del agente de seguridad, la solución a la que se arribó no se vería sustancialmente modificada, en virtud que de las constancias de la causa se desprende nítidamente que el agente de la Prefectura Naval actuó diligentemente, en atención de las circunstancias de tiempo y lugar en que se produjo el suceso, y en cumplimiento de su obligación legal -art. 5 ley 19.398- dado su estado policial.(cf.sentencia de fs.637/642vta, específicamente fs.640vta./641vta.)

II. . Que contra dicha decisión se alza la parte actora, quien en su expresión de agravios de fs.664/670, manifiesta, en primer lugar, que el juez de grado debió reconocer que el agente Ibarrola se encontraba “cumpliendo con su tarea de custodio en el negocio ubicado en Galesio y Arribeños de la localidad de Zárate, tal como lo hacía en forma habitual y regular a pedido de los propietarios”, conforme surge de las declaraciones testimoniales recibidas a los testigos propuestos por la actora. (cf. fs. 664 vta.)

En segundo lugar, se agravia de la valoración de los hechos realizada por el juez a quo sobre el hecho delictivo suscitado, afirmando que: a) al no observarse vainas de otra arma que no sean las provenientes de los disparos del agente Ibarrola, b) no habiendo sido individualizado el menor fallecido en el escenario por parte de los damnificados y demás testigos que se encontraban circunstancialmente en el lugar, c) no habiendo sido determinado por la prueba balística el lugar en el que se encontró Martínez al momento de recibir el disparo, pero sí que se encontraba de espaldas al tirador, d) al no haber podido acreditar que el menor se encontrara a bordo del automóvil, atento a la negligencia decretada de la prueba bioquímica ofrecida por la Prefectura a los efectos de determinar si las manchas hemáticas halladas en el Ford Falcon pertenecían a Martínez, la actora ha de concluir que “no caben dudas de que el tirador le efectuó disparos por la espalda en circunstancias en que el joven se retiraba por sus propios medios de la zona de peligro para ponerse a resguardo de los impactos que zumbaban a su alrededor.”. (cf. fs.665 vta.)

Finaliza su escrito de expresión de agravios sosteniendo que el agente de prefectura no obró en legítima defensa, sino que su proceder se configura en una agresión ilegítima, toda vez que la conducta por el desplegada era innecesaria en razón de que en ese momento los agresores huían y tanto su vida como la de los damnificados no se encontraba en un real peligro.

III. Que, en tales términos, antes de ingresar al tratamiento de los agravios es importante recordar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. C.S., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/08; “MULTICANAL S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/10; “CPACF- INC MED (2- III-11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 -Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/11, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 07/08/14 ,entre otros).

IV.Que cabe destacar previamente, como lo sostuvo la actora en su escrito de agravios, que al no haber veredicto penal de absolución ni de sobreseimiento del imputado, sino de archivo de la causa, nada obstaría a que se revise la responsabilidad civil del demandado y la del Estado por el daño supuestamente causado por su agente.

Ello sentado, corresponde señalar que de los antecedentes penales obrantes en autos (Tribunal en lo Criminal Nº 1 del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, Causa Nº 1094/531, caratulada “Suchodolski, Pablo Daniel – Robo Agravado por el uso de armas y ser cometido en poblado y en banda – Perk, Jorge Eduardo”, del 09/11/05; Juzgado de Garantías nº 2 del departamento judicial de Zarate-Campana, Causa Nº 7511, caratulada “Ibarrola, Daniel – Homicidio culposo – Martinez Oscar”, del 21/12/10, la que, para mejor ilustrar, remite a la primera) “ha quedado debidamente acreditado (…) que el día 25 de enero del año 2003, siendo aproximadamente las 20:45 hs., tres sujetos de sexo masculino arribaron al comercio propiedad de Jorge Eduardo Perck, sito en calle Galesio 1773 de la localidad de Zárate, partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires, ingresando dos de ellos al comercio de referencia, para luego intimidar con sendas armas de fuego al propietario y a un cliente de nombre Carlos Gonzalez, procediendo a la sustracción de la totalidad del dinero que se hallaba en la caja registradora ($ 150), dándose posteriormente a la fuga previo golpear a los nombrados Perck y González. Simultáneamente, el tercer sujeto de los indicados intimidó en la puerta de ingreso al local a Isidoro Daniel Ibarrola -empleado de la Prefectura Naval Argentina- con un arma de fuego tipo pistola, trabándose en lucha, dándose dicho sujeto a la fuga a bordo de un rodado marca Ford Falcon que lo aguardaba en el lugar, juntamente con los dos restantes que habían ingresado al comercio.Ante esa circunstancia Ibarrola se identifica como personal de la Prefectura y uno de los sujetos, le efectúa un disparo, el que es repelido por aquél con su arma reglamentaria, tras lo cual procedió a correr el auto mencionado, efectuando los sujetos más disparos, los que son igualmente repelidos por Ibarrola, disparos éstos que impactaron en diversas partes del rodado -en la luneta trasera-, dándose a la fuga los sujetos de referencia a bordo del rodado mencionado precedentemente.” (cf. sentencia recaída a fs. 446/452 de la Causa Nº 1094/531 previamente mencionada)

Así también, de dichos antecedentes penales surge que “la persona que ingresó herida al hospital Zonal Virgen del Carmen y que posteriormente falleciera en dicho nosocomio, fue identificada como Guillermo Oscar Martínez, uno de los sujetos que participó en el hecho contra el comercio de Perk.” (cf. fs. 447vta./448 de idéntico expediente)

Todo ello ha quedado debidamente acreditado en tal instancia judicial, en razón de sendos testimonios (Isidoro Daniel Ibarrola, Jorge Eduardo Perk, Carlos Alberto Gonzalez, Claudio Susana Lucero, Ruben Ernesto Anschan, Mariela Lopez, Hugo Alberto Diaz, Oscar Alberto Guessi, Luis Luciano Lazarte, Teresa del Carmen Dellantonio), la pericia médica (de Isidoro Daniel Ibarrola y Carlos Gonzalez), el croquis ilustrativo, planimetría, la pericia de levantamiento de rastros efectuada sobre el automóvil Ford Falcon y la pericia balística, entre otros elementos probatorios.

En consecuencia, quedando así descripto el contexto fáctico, cabe adelantar que los agravios esgrimidos por la actora tendientes a cuestionar la valoración de los hechos efectuada por el Juez a quo no logran desvirtuar el convencimiento del suscripto, ante la abundante prueba en contrario precedentemente indicada.

Ello así, en virtud de que las afirmaciones realizadas por la recurrente en el segundo de los agravios reseñados devienen en palmaria contradicción con la declaración realizada por el testigo Luis Luciano Zarate, la cual fue corroborada y reforzada en muchos de sus puntos por demás testimonios (Mariela Lopez -tía de Guillermo Martínez-, Guessi, Oscar Alberto -sargento-, Teresa del Carmen Dellantonio -madre del declarante-, Ruben Ernesto Anschan -vecinodel comercio-, Claudia Susana Lucero -esposa del dueño del comercio-) y demás pruebas obrantes en la causa (pericias obrantes a fs. 36/38 y 41/43 y acta de procedimiento obrante a fs. 25/26 de causa penal prev. citada). En ella, el deponente -Luis Luciano Zarate- manifiesta que “(…) cuando se para (el auto) ve por el espejo a un muchacho de camisa blanca que se detiene en la esquina, allí los 3 de atrás le disparan y el sujeto les contesta (…)” a la vez que afirma reconocer a Guillermo Martínez como uno de los delincuentes, “dado que también ha jugado a la pelota con el mismo en el barrio”, y recuerda que “éste fue herido cuando salían”. (cf. fs. 14/16 Causa Nº 1094/531 prev. citada)

V. Que siguiendo con el tratamiento de las cuestiones traídas a consideración de ésta alzada, cabe destacar que los agravios suscitados sobre la calidad de “custodio” del comercio de referencia que revestiría el Sr. Daniel Isidoro Ibarrola, de tenerse por acreditados, no detentarían de suficiente entidad a los fines de incidir en el resultado del decisorio, ya que el codemandado actuó en cumplimiento de sus funciones y deberes como policía de seguridad, en virtud de lo establecido por el numeral 3, inciso b, artículo 5 de la ley 18.398, que reza “prevenir la comisión de delitos y contravenciones”.

No obstante ello, aquellas afirmaciones se sustentan exclusivamente en los dichos de los testigos propuestos por la parte en el marco del presente juicio y, en tal sentido, debe tenerse especialmente presente que la prueba testimonial debe ser analizada según las reglas de la sana critica (art. 384 CPCC), otorgándole el valor correspondiente según los motivos y circunstancias que corroboren o disminuyan la fuerza de la declaración, y particularmente como resultado de un análisis conjunto de dicho aporte con el resultante de los demás medios de prueba (conf.ésta Sala, Causa Nº 9652/04, in re “Figuini Laura Elda c/ EN PFA y otros s/ Daños y perjuicios”, del 30/06/2008; “CNCiv, Sala A, 27/7/84, ED, 111-601; ídem, Sala D, 10/11/77, LL, 1978-A, 460; ídem, Sala F, 19/11/08 ED, 92-344; Morello, A. M. y otros “Cód. Proc. Civ. y Com., Comentados y Anotados.”, t.V-A, pág. 336/338).

Desde este módulo de análisis, la valoración de las declaraciones testimoniales, no adquieren el efecto convictivo requerido, máxime cuando surgen de autos numerosos testimonios que sostienen lo contrario, los que en razón de su coincidencia con otras pruebas no logran poner en dudas el contexto fáctico precedentemente descripto.

VI. Que, al turno de analizar los agravios vertidos respecto del rechazo de la pretensión indemnizatoria, como principio se debe recordar que la responsabilidad estatal se encuentra fundada en la idea objetiva de la falta de servicio, quedando subsumido dentro de este concepto general todos los elementos de la responsabilidad civil (conf. Bustamante Alsina J., “La Responsabilidad del Estado en el Ejercicio del Poder de Policía”, en LL, 1990-C pág. 429).

Es menester precisar que los requisitos necesarios, para que en casos como el de autos -donde se debate un supuesto de responsabilidad directa basada en la falta de servicio- se configure la responsabilidad del Estado, a saber: a) la imputabilidad material del acto o hecho administrativo a un órgano del Estado en ejercicio u ocasión de sus funciones; b) la falta de servicio por cumplirse de manera irregular los deberes y obligaciones, o el funcionamiento defectuoso del servicio; c) la existencia de un daño cierto en los derechos del administrado; y, d) la conexión causal entre el hecho o acto administrativo y el daño ocasionado. (conf.esta sala, Causa Nº 18.890/01, in re “Ferreyra Carlos c/PNA y Otro s/daños y perjuicios” , del 7/12/09; Sala IV in re “Fernández Felicita c/ Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios” , del 12/06/07) Más precisamente, en relación a la falta de servicio, debe aclararse que encuentra su fundamento jurídico en el art. 1112 del Código Civil (CSJN, Fallos: 321:2310).

De los requisitos mencionados, resulta de toda obviedad la existencia de un daño cierto, toda vez que en autos se ha acreditado el fallecimiento del menor Guillermo Oscar Martínez.

Sin embargo, respecto del nexo de causalidad que debe existir entre la conducta invocada y el daño sufrido, resulta contundente el informe pericial balístico producido en el marco del presente juicio (ver fs. 398/404) en cuanto concluye que no es posible determinar: a) el tipo de proyectil que impacta en el cuerpo de la víctima, b) la distancia probable a la que se hallara el arma que dispara el proyectil, c) si el proyectil del arma Prietro Beretta Nº 05-N211492 es el que corresponde al impactado en el cuerpo de Guillermo Oscar Martínez. De este modo, no resulta posible tener por acreditado que la bala que hirió al menor fallecido se corresponda con las utilizadas en el arma reglamentaria del agente Daniel Ibarrola, lo que obsta a la procedencia de la responsabilidad del estado e inviabiliza la acción perseguida.

VII. Que, sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo que antecede, aun cuando se entendiera que los daños fueron provocados por el accionar del codemandado, la solución arribada no se vería modificada, ya que el proceder del agente no puede ser entendido como una conducta irregular o ilícita.Sobre el punto se ha sostenido que quien asume la obligación de prestar un servicio – en este caso, de policía de seguridad – lo debe hacer en condiciones adecuadas y proporcionadas al fin para el que sido establecido y es responsable de los perjuicios que causare su ejecución irregular. (conf. CSJN, Fallos: 306:2060; 307:821; 315:598 y 2330; esta Sala in re “Martínez Mirta Graciela y otro c/ EN – Mº del Interior – Policía Federal y otro s/ daños y perjuicios”, del 06-07-07). Es decir, el concepto de falta de servicio plasmado en el art. 1112 del Código Civil, implica una violación o anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular (conf. esta Cámara, Sala II in re “Benítez Silvia Elisia c/ EN – Mº Interior y otro s/ daños y perjuicios”, del 24-04-07) y, su configuración, entraña una apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño (CSJN, Fallos: 330:563 ). La configuración de un obrar culposo por parte del personal de la Prefectura Naval Argentina se concretaría en el supuesto de comprobarse la existencia de la omisión de las diligencias debidas y apropiadas según las circunstancias de persona, tiempo y lugar mediante un comportamiento negligente, imprudente o imperito determinante de la inobservancia de un comportamiento debido.

En tal sentido, el sumario administrativo Nº 03″R”/03, efectuado por el Departamento Narcotráfico de la Prefectura Naval Argentina caratulado “CICGSG (5676) MR. 910.415-0 Daniel Isidoro Ibarrola, av/ su intervención policial”, concluyó que de los elementos probatorios colectados y la forma en que se desarrollaron los hechos investigados correspondía sobreseer al agente sumariado, toda vez que no surge imputación alguna de conformidad con las prescripciones del art. 051.006 Inc. a) Ap. 1, de la Reglamentación del Personal.(Decreto Nº 6242/971)

A mayor abundamiento, debe tenerse presente que en la investigación llevada a cabo por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada Nº1 de Zárate Departamental, I.P.P. Nº 18-02-002038-09, caratulada “Ibarra, Daniel – Homicidio Culposo – Martínez, Oscar Eduardo (vtma)”, se resolvió el archivo de las actuaciones, a mérito de la inexistencia de elementos en la causa que permitieran fundamentar una actitud homicida por parte del imputado respecto del menor Guillermo Oscar Martínez.

Por ello, y de conformidad con los elementos de prueba obrante en autos, forzoso resulta colegir que la conducta realizada por el agente Ibarrola haya carecido de las diligencias razonablemente exigibles en razón de las circunstancias de hecho en que se produjo el suceso.

Por lo expuesto, voto en el sentido de rechazar el recurso de la parte actora y confirmar la sentencia de fs. 637/642 en todo cuanto decide y ha sido materia de agravios, con costas de alzada a la accionante.

Los Dres. Jorge Esteban Argento y Carlos Manuel Grecco adhieren al voto precedente.

En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede SE RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar la sentencia de fs. 637/642 en todo cuando cuanto ha sido materia de agravios. Con costas de Alzada a la apelante. (art. 68, primer párrafo, del CPCCN)

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

JORGE ESTEBAN ARGENTO

CARLOS MANUEL GRECCO

SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ

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