Condenan a supermercado a indemnizar por despido a un fletero que demostró habitualidad en la labor

hipermercadosPartes: Meloni Arévalo Alejandro Andrés c/ DEGAC S.A. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: X

Fecha: 16-sep-2014

Cita: MJ-JU-M-89661-AR | MJJ89661 | MJJ89661

En tanto el empleador se comportó como un verdadero empresario -titular de una compañía de transportes- y el supermercado codemandado realizaba entregas de modo habitual, se tuvo por acreditado el vínculo laboral que unió al fletero reclamante con las codemandadas.

Sumario:

1.-Cabe confirmar el fallo en cuanto tuvo por configurada una relación laboral, pues los elementos de prueba reseñados por la demandada lucen insuficientes para demostrar la calidad de empresario que pretendió atribuirle al fletero actor, no constituyendo prueba de ese extremo las denominaciones empleadas por las partes en la instrumentación del vínculo y/o el hecho de que el accionante figurase inscripto como trabajador autónomo ante los organismos de recaudación y emitiese facturas.

2.-Las tareas de fletero que en el caso se demostraron cumplidas consistieron en la distribución y transporte de mercaderías a favor de la demandada, por lo que correspondía a esta última aportar elementos de prueba que evidenciaran que el actor obró como un verdadero empresario, esto es, como titular de su propia empresa de transporte, supuesto este último que no ha sido probado porque no quedó demostrada la empresa familiar en los términos de los arts. 5º y 6º de la LCT.

3.-Corresponde condenar al supermercado codemandado en los términos del art. 30 LCT, pues la entrega de mercadería en el domicilio del cliente, el transporte de folletería con la publicidad de aquél y el de bolsines de una sucursal a otra hacen a su actividad normal y habitual, ya que es un servicio que la complementa y la completa.

4.-El supermercado codemandado brinda a sus clientes el servicio de entrega de la mercadería adquirida en sus establecimientos y ello hace al giro propio de su actividad, actitud que revela que medió la contratación por parte de aquél de un aspecto o faceta (transporte y entrega de los productos por ella vendidos o utilizados a su favor) de su actividad real y propia, en los términos del art. 30 LCT.

5.-La distribución de mercaderías a domicilio es accesoria a la actividad de venta de las mismas, y si bien es cierto que la segunda se mantendría sin la existencia de la primera, no lo es menos que el supermercado demandado mantiene dicha actividad en modo permanente; dicha permanencia, e integración a la actividad principal, coadyuva al logro del objeto final, pues a esta altura, no puede negarse que los clientes concurren a la compra de mercaderías con la certeza de que las mismas pueden llegar a sus domicilios a través del servicio que la propia demandada ofrece, advirtiéndose que los dependientes utilizaban remeras con el logo empresario y asimismo las unidades de transporte lucen con la misma característica identificatoria de la empresa principal.

Fallo:

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2014.-

El DR. DANIEL E. STORTINI dijo:

I.- Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta alzada a propósito de los agravios que contra la sentencia de fs.494/498 interpusieron las demandadas COTO CICSA a fs. 503/515 y DEGAC S.A. a fs. 516/522, ambos con réplica del actor a fs. 530/534. Apela asimismo su representación letrada disconforme con los honorarios regulados (fs. 501).

II.- Razones de método imponen el análisis de los agravios deducidos por la codemandada Degac S.A., quien cuestiona la decisión del señor juez ” a quo” en cuanto admitió los créditos salariales e indemnizatorios por despido reclamados en el inicio al tener por probada la naturaleza laboral del vínculo habido entre ella y el litigante en prestaciones como fletero. Disiente con la valoración de la prueba rendida en autos, cuestiona la aplicación del art. 23 de la L.C.T., la procedencia del reclamo en concepto de horas extras y la condena al pago de las indemnizaciones de los arts. 8º y 15 de la LNE y 2º de la ley 25.323.

III.- Adelanto mi opinión desfavorable a la queja formulada por la demandada contra lo resuelto en relación a la naturaleza laboral del nexo que existiera entre las partes y la procedencia del reclamo indemnizatorio.

El actor sostuvo en el escrito de inicio que prestó servicios como transportista con vehículo propio para ambas demandadas (Degac S.A. y Coto Cicsa ) en los días, horarios y modalidad que detalla. La relación se mantuvo en absoluta marginalidad desde su ingreso en el año 1997 y hasta el 13/5/11 cuando, luego de intimar por el correcto registro del vínculo laboral, ante el desconocimiento manifestado por ambas se consideró injuriado y despedido.

La sociedad refirió constituir una empresa dedicada al transporte de mercaderías por cuenta de terceros, que brinda servicios tanto con dependientes propios cuanto con prestadores externos.Admitió que el actor realizaba fletes a su favor con vehículo propio, aunque desconoció que de esa relación derivase un contrato laboral ya que se trataba de sus prestadores externos. Afirmó que fue una relación comercial por contratos de transporte celebrados con el actor en calidad de prestador autónomo en los términos del art. 8º del decreto 1494/92 y el art- 4º inc. h) de la ley 24.653 y desconoció el vínculo jurídico aducido en la demanda.

Anticipo mi coincidencia con el magistrado de grado en orden a que los elementos de juicio aportados a la causa inclinan la decisión a favor de la existencia de un contrato de trabajo. Es que la admitida prestación de servicios por parte de Degac S.A. tornó operativa la presunción del art. 23 LCT, aun cuando se hubiesen utilizado figuras no laborales para caracterizar al contrato, salvo que -como adujo la demanda en su responde- pudiera calificarse de empresario a quien prestó esos servicios.

En el caso, la prueba testifical aportada por el actor (Moreno, fs. 285/288; Svojanovsky, fs. 289/293; Paez, fs. 308/311; Pellaza, fs. 312/315 y Cabrera, fs. 328/332) corroboraron la subordinación laboral denunciada en el inicio. En efecto, los dichos de los testigos forman convicción acerca de una prestación personal e indelegable de tareas del actor a favor de Degac S.A. con un deber de concurrencia a los establecimientos, a los que era destinado y donde cumplía tareas bajo la dirección de aquella. Sabido es que la circunstancia que el primero de los testigos mencionados reconoció tener juicio pendiente con la demandada no invalida sin más su declaración, sino que sólo impone un mayor rigor en la apreciación de sus dichos. Estos lucen debidamente circunstanciados, el testigo da razón de lo que afirma, no incurre en imprecisiones y/o contradicciones que obsten a su fuerza convictiva y su declaración halla respaldo en las brindadas por los demás testigos mencionados (art. 90 de la L.O.y 386 CPCCN).

Los elementos de prueba reseñados por la demandada lucen insuficientes para demostrar la calidad de empresario que pretendió atribuirle al actor. En efecto, no constituyen prueba de ese extremo las denominaciones empleadas por las partes en la instrumentación del vínculo y/o el hecho de que el accionante figurase inscripto como trabajador autónomo ante los organismos de recaudación y emitiese facturas. Ello es así porque rige el “principio de primacía de la realidad ” que conduce a que esas circunstancias cedan ante la constatada existencia de una relación de trabajo subordinado ( art. 14 L.C.T.).

En relación a las previsiones del decreto 1494/92 y la ley 24.653, he sostenido que el decreto mencionado en primer término fue derogado por la ley 24.653 que también se cita, la cual se encuentra destinada a regular el “transporte automotor de cargas”. En esta última normativa se define al “fletero” como un “Transportista que presta el servicio por cuenta de otro que actúa como principal.” y si bien señala que en tal caso “. no existe relación laboral ni dependencia con el contratante”, la aplicación de tal precepto sólo está dirigida a las relaciones derivadas de “contratos de transporte”. Digo esto porque, tal como lo sostuvo Eduardo Alvarez con criterio que comparto, un análisis global de la ley 24.653 evidencia que se trata de una regulación orgánica destinada al transporte de carga llevado a cabo por empresas autónomas, sea su titularidad de una persona de existencia ideal o de una persona física. En este marco, más allá de los reproches de redacción que pudiera merecer la norma, no es cuestionable la inclusión de los “fleteros” autónomos porque éstos existen y en principio, como se dijo en “Mancarella”, no son trabajadores dependientes salvo que se reúnan las notas que configuran las exigencias de la subordinación jurídica y económica (ver Eduardo Alvarez, “El Fantasma de Mancarella:la ley 24.653 y los Fleteros”, Revista de Derecho Laboral “Estatutos y otras actividades especiales -I”, T. 2003 – 2, pág. 375 y siguientes).

En suma, las tareas de “fletero” que en este específico caso se demostraron cumplidas consistieron en la distribución y transporte de mercaderías a favor de Degac S.R.L., por lo que correspondía a esta última aportar elementos de prueba que evidenciaran que el actor obró como un verdadero empresario, esto es, como titular de su propia empresa de transporte, supuesto este último que no ha sido probado porque como señaló el “a quo” no quedó demostrada la “empresa familiar” en los términos de los arts. 5º y 6º de la Ley de Contrato de Trabajo.

Tal como lo señalé en los párrafos precedentes, considero que la prueba reunida en su conjunto no acredita tal extremo, sino que por el contrario corrobora la tesitura del inicio, en cuanto a que las tareas realizadas por el actor a favor de Degac S.R.L. consistió en una puesta de su capacidad de trabajo como prestación personal e infungible para integrarse a los fines empresarios de aquella, todo lo cual permite calificar al vínculo habido entre el actor y Degac S.R.L. como un contrato de trabajo (arts. 21, 22 y cctes., L.C.T.).

La prueba pericial contable no permite alterar lo expuesto ante la admisión de la presencia de un contrato de trabajo (art. 386 CPCCN).

La recepción del reclamo de horas extras será confirmado porque la testifical de 289/293; 308/311; 312/315 y 328/332 corrobora la versión del actor en el sentido que la jornada laboral era de 8,30 a 16, que al menos 3 veces por semana comenzaba a las 5,30 horas y culminaba a las 18/19 ó 21 horas (cuando realizaban el trabajo de “imprenta”) y que los sábados trabajaba hasta las 20 ö 21 horas.La ausencia de prueba que demuestre que el actor cobró las horas trabajadas en exceso -como se pretende en la queja- sumado a lo expuesto, definen la suerte adversa de este segmento de la queja.

Propongo también confirmar la admisión de los requerimientos fundados en los arts. 8º y 15 de la ley 24.013 y 2º de la ley 25.323, por cuanto constato cumplidos los recaudos a los que se supedita la procedencia de ambas indemnizaciones, sin que se invoquen y verifiquen circunstancias fácticas objetivas que autoricen la eximición de responsabilidad que pretende la quejosa con fundamento en los supuestos de excepción que se contempla en ambas normas.

IV.- Corresponde ahora examinar los agravios deducidos por la codemandada Coto Cicsa quien cuestiona la responsabilidad solidaria que le fue atribuida en el marco del art. 26 de la L.C.T.

La codemandada Degac S.A. reconoció que se dedica al transporte de mercaderías y que entre sus clientes se encuentra Coto Cicsa (ver fs. 230). Quedó probado en autos a través de la prueba testifical individualizada en los considerandos precedentes, que el actor prestó servicios de fletero para Degac S.A, pero lo hizo transportando mercadería de “COTO” a domicilio, de sucursal a sucursal, en “viajes de correo interno” y de “imprenta” con su propio vehículo el que incluso tenía el logo de COTO (ver Pellazza fs. 312/315).

Desde esa óptica de enfoque, considero que la entrega de mercadería en el domicilio del cliente, el transporte de folletería con la publicidad de “Coto” y el de “bolsines” de una sucursal a otra hacen a su actividad normal y habitual ya que es un servicio que la complementa y la completa. En otras palabras, el supermercado Coto brinda a sus clientes el servicio de entrega de la mercadería adquirida en sus establecimientos y ello hace al giro propio de su actividad.Tal actitud revela que medió la contratación por parte de “Coto” de un aspecto o faceta (transporte y entrega de los productos por ella vendidos o utilizados a su favor) de su actividad real y propia -entendiéndose como tal -lo reitero- aquélla que completa y complementa su actividad normal- extremo que torna aplicable al caso la solidaridad prevista por el art. 30 LCT.

La jurisprudencia se ha expedido en el sentido que “la distribución de mercaderías a domicilio es accesoria a la actividad de venta de las mismas, y si bien es cierto que la segunda se mantendría sin la existencia de la primera, no lo es menos que el supermercado demandado mantiene dicha actividad en modo permanente. Dicha permanencia, e integración a la actividad principal, coadyuva al logro del objeto final, pues a esta altura, no puede negarse que los clientes concurren a la compra de mercaderías con la certeza de que las mismas pueden llegar a sus domicilios a través del servicio que la propia demandada ofrece, advirtiéndose que los dependientes utilizaban remeras con el logo empresario y asimismo las unidades de transporte lucen con la misma característica identificatoria de la empresa principal”. (conf. CNAT Sala III Expte nº 7973/02 sent. 85394 10/11/03 “Curti, Jorge y otros c/ Gutierrez Nancy y otro s/ despido”).

Consecuentemente con lo expuesto, propongo modificar este aspecto del decisorio y hacer extensiva la condena a la codemandada COTO CICSA en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo – tal como se adujo al demandar- por las obligaciones contraídas por Degac S.A. sin que obste a ello lo dispuesto por el art. 4º inc.h) de la ley 24.653, porque como señalé, dicha norma está referida a la inexistencia de relación laboral entre fletero y cargador, pero no a un supuesto como el previsto por el citado art.30 de responsabilidad solidaria (no como empleador) para quienes “contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le de origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad.”.

En lo concerniente a la aplicación del tope previsto en el art. 245 de la LCT cabe señalar que como ha sostenido esta Sala en reiteradas oportunidades, es requisito que la viabilidad del convenio colectivo cuya aplicación se pretende, que sea invocado en los respectivos escritos introductorios del proceso, extremo éste que no se advierte cumplido por la apelante por lo que su pretensión deviene inatendible (este Sala X SD11231 del 20/11/02 in re: “Rodríguez, Gabriel Alberto c/ CTE S.A y otro s/ Ley 22.250”).

Respecto de la condena al pago de los incrementos resarcitorios establecidos por los arts. 8º y 15 de la ley 24.013, art. 2º de la ley 25323 y 80 LCT (versión art. 45 de la ley 25.345) corresponde remitirse a lo resuelto en el considerando III.- “in fine” del presente voto y agregar que la condena al pago de la indemnización prevista en el citado art. 80 es una consecuencia más de la solidaridad prevista por el art. 30 de la LCT, referida a las obligaciones laborales y previsionales atinentes a la relación laboral de que se trate (en este sentido esta Sala X -en su anterior integración- SD 10.332 del 8/2/02 in re “Fernandez Silvia c/ Banco Quilmes S.A. y otros s/ despido”).

En efecto, la solidaridad prevista por el art. 30 de la L.C.T.también se proyecta a todas las obligaciones laborales en virtud de lo dispuesto por la citada normativa en cuanto establece la obligación de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen y “. que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social” (cuarto párrafo, art. 30 cit.).

La prueba rendida en autos en relación a la extensión horaria y la consecuente recepción del reclamo de horas extras impone desestimar la queja incoada por la apelante en su relación.

En lo atinente a la tasa de interés fijada en grado y en atención a que la demandante no puso en tela de juicio al demandar la tasa de interés sobre condena aplicable en el fuero hasta el 20/5/2014, ni tampoco una vez recaída sentencia en la anterior instancia, propondré que en la etapa prevista en el art. 132 de la L.C.T. se aplique desde que se devengó cada uno de los parciales que componen la condena y hasta el 20/5/14 la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos según la planilla difundida por la Prosecretaría General de esta Cámara establecida en el acta 2357 de esta Cámara del 7/5/2002. En lo sucesivo, la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses hasta su efectivo pago (conf. art. 622 del Código Civil y acta 2601 de esta Cámara del 21/5/14).

V.- Por último, en cuanto a la regulación de honorarios, al tener en cuanto en mérito de los trabajos realizados, las pautas arancelarias vigentes, estimo que se encuentra ajustada a derecho (arts. 3º y 12 del decreto 16638/57; 38 L.O. y cctes. ley arancelaria vigente).

VI.- Por lo expuesto, de prosperar mi voto correspondería: l) Confirmar el fallo apelado en lo principal que decide y ha sido materia de recursos y agravios.2) Modificarlo en relación a la condena y disponer que ambas demandadas serán responsables solidariamente en los términos del art. 30 de la LC.T. 3) Dejar sin efecto la tasa de interés fijada en la anterior instancia y aplicar desde que se devengó cada uno de los parciales que componen la condena y hasta el 20/5/14 la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos según la planilla difundida por la Prosecretaría General de esta Cámara establecida en el acta 2357 de esta Cámara del 7/5/2002. En lo sucesivo, la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses hasta su efectivo pago (conf. art. 622 del Código Civil y acta 2601 de esta Cámara del 21/5/14). 4) Costas de alzada a las demandadas vencidas (art. 68, primer párrafo del CPCCN). 5) Regular los honorarios de los firmantes de los memoriales de fs. 501; 503/515 y fs. 516/522 en el 25% de lo que les corresponda percibir por los trabajos cumplidos en la etapa anterior (art. 14, ley arancelaria).

El Dr. GREGORIO CORACH dijo:

Por compartir los fundamentos del voto que antecede, adhiero al mismo.

El DR. ENRIQUE BRANDOLINO no vota (art. 125 L.O.)

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

l) Confirmar el fallo apelado en lo principal que decide y ha sido materia de recursos y agravios. 2) Modificarlo en relación a la condena y disponer que ambas demandadas serán responsables solidariamente en los términos del art. 30 de la LC.T.3) Dejar sin efecto la tasa de interés fijada en la anterior instancia y aplicar desde que se devengó cada uno de los parciales que componen la condena y hasta el 20/5/14 la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos según la planilla difundida por la Prosecretaría General de esta Cámara establecida en el acta 2357 de esta Cámara del 7/5/2002. En lo sucesivo, la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses hasta su efectivo pago (conf. art. 622 del Código Civil y acta 2601 de esta Cámara del 21/5/14). 4) Costas de alzada a las demandadas vencidas (art. 68, primer párrafo del CPCCN). 5) Regular los honorarios de los firmantes de los memoriales de fs. 501; 503/515 y fs. 516/522 en el 25% de lo que les corresponda percibir por los trabajos cumplidos en la etapa anterior (art. 14, ley arancelaria). Cópiese, regístrese, notifíquese, oportunamente cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013 y devuélvase.

ANTE MI MP

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