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La procedencia de los fondos indemnizatorios -fallecimiento del trabajador- no implica la remoción de impedimentos para la compra de dólares

Dolares 3Partes: M. E. R. en rep. de sus hijos menores M. E. M. E. y A. L. A. c/ M. O. S.A. y otros s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 14-ago-2014

Cita: MJ-JU-M-89110-AR | MJJ89110 | MJJ89110

Que los fondos provengan de una indemnización a favor de menores por el fallecimiento de su progenitor, no significa que deban sortearse sin más los impedimentos legales para la compra de moneda extranjera.

Sumario:

1.-Corresponde dejar sin efecto la decisión a través de la cual se inviritieron a plazo fijo en dólares las sumas oportunamente depositadas en pesos a favor de los menores hijos de un trabajador fallecido en cumplimiento de una transacción homologada por el juez de grado, pues si bien los fondos con los que se pretende adquirir moneda extranjera provienen del cobro de una indemnización otorgada a favor de los menores, pues la declaración de inconstitucionalidad de la normativa cambiaria configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico, por lo que requiere inexcusablemente la demostración del agravio en el caso concreto.

2.-Puesto que no está demostrado que la conversión en dólares estadounidenses y su colocación en un depósito bancario a plazo fijo, constituya en el presente caso la única, y mucho menos la mejor, alternativa financiera disponible para preservar los fondos depositados judicialmente en pesos de las consecuencias negativas de la desvalorización de nuestra moneda, corresponde confirmar la resolución que dejó sin efecto tal decisión de inversión.

3.-Toda vez que nuestra Constitución no ha reconocido derechos absolutos de propiedad ni de libertad, sino limitados por las leyes reglamentarias de los mismos, en la forma y extensión que el Congreso, en uso de su atribución legislativa (arts. 14 , 28 y 67 -hoy 75 – de la Constitución), lo estime conveniente a fin de asegurar el bienestar general, no corresponde declarar la inconstitucionalidad de la normativa cambiaria que se cuestiona.

4.-Dado que no cabe hablar de un derecho absoluto de la parte actora amparado por los arts. 14 y 17 de la CN. que imponga el deber correlativo del Estado Nacional de suministrarle el equivalente en aquella divisa extranjera, corresponde confirmar la resolución que la dejó sin efecto la conversión en dólares estadounidenses la indemnización otorgada en favor de los hijos menores del trabajador fallecido.

5.-Puesto que no luce configurada una injustificable y arbitraria intromisión estatal en el ámbito de privacidad o plan de vida de los menores, pues, en efecto, la intervención estatal en la oferta y la demanda de divisas extranjeras se funda en los vastos intereses colectivos de índole económica y social que se encuentran involucrados, la conversión en dólares estadounidenses y su colocación en un depósito bancario a plazo fijo, no puede admitirse.

6.-No cabe concluir que por pertenecer los fondos depositados a menores de edad -que sin duda tienen una protección preferente en nuestro ordenamiento jurídico-, deban sortearse sin más los impedimentos legales a la compra de moneda extranjera; máxime si lo que se pretende realizar una inversión que resulta una alternativa entre muchas otras y que ni siquiera se ha fundado que sea la más rentable.

7.-El hecho de que se trate de fondos depositados en un expediente judicial no significa que pueda realizarse con ellos inversiones restringidas para los residentes en el país por la autoridad competente ya que lo contrario importaría autorizar por vía de interpretación judicial una excepción que las normas aplicables no contemplan.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 14 días del mes de agosto de 2014 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR OSCAR ZAS dijo:

I)La resolución de fs. 292, que dejó sin efecto la decisión de fs. 203 a través de la cual se habían invertido a plazo fijo en dólares renovable automáticamente cada treinta días, las sumas oportunamente depositadas en pesos a favor de los menores hijos de un trabajador fallecido en cumplimiento de una transacción homologada por el juez de grado, y dispuso su reconversión en pesos y la inversión de las mismas a plazo fijo renovable automáticamente cada treinta días, es apelada a fs. 295 por la Defensora Pública de Menores e Incapaces, postura avalada a fs. 318/321 por la Defensora Pública de Menores e Incapaces ante esta Cámara. A fs. 326/330 contesta agravios el Banco Central de la República Argentina.

II)La contienda que motiva la intervención de esta Sala se generó a partir de la decisión del juez de grado dictada a pedido de la Defensora Pública de Menores e Incapaces, en virtud de la cual dispuso invertir a plazo fijo en dólares renovable automáticamente cada treinta días los fondos depositados en pesos a favor de los menores por la demandada en cumplimiento de una transacción homologada por dicho magistrado (ver fs. 193/196, 202, 203, 206, 247 y 258), decisión que fue cumplida por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (ver fs. 270/275).

A fs. 266/269 vta.se presentó el Banco Central de la República Argentina y cuestionó dicha medida.

Ante ello, el juez a quo corrió traslado de esa presentación a la parte actora y a la Defensora de Menores e Incapaces «.a efectos de que sugieran algún tipo de inversión que resguardando debidamente los intereses de los menores, se ajuste a la normativa vigente que regula el Mercado de Cambios.» (ver fs. 276).

En la contestación del traslado pertinente, la parte actora planteó la inconstitucionalidad de las comunicaciones «A» 5330 y «A» 5339 del Banco Central fundada en que las razones humanitarias que justifican la compra de dólares para girarlos al exterior imponen similar tratamiento cuando quienes necesitan adquirirlos son menores de edad que solamente pretenden mantener el valor de sumas dinerarias de carácter alimentario causadas en el fallecimiento de su progenitor, teniendo en cuenta la inocultable inflación que afecta nuestra economía y transforma nuestra moneda en un instrumento con el cual no se puede ahorrar ni siquiera colocándola en un depósito bancario a plazo fijo (ver fs. 278).

En su respuesta, la Defensora Pública de Menores e Incapaces adhirió al planteo de inconstitucionalidad precitado, en la inteligencia que la modalidad de inversión decidida se fundamenta en la necesidad de protección del patrimonio de los menores, evitando que el poder adquisitivo se diluya como consecuencia del proceso inflacionario que afecta a la economía nacional, sin que ello implique atesoramiento alguno, y requirió que los fondos continuaran invertidos como hasta ese momento (ver fs.281).

La resolución del juez a quo, contra la cual recurre el Ministerio Público de la Defensa y motiva la intervención de esta Sala, se remite a los argumentos expuestos por el Fiscal de Primera Instancia, quien sostiene textualmente que «.La decisión del Poder Ejecutivo destinada a impedir la compra de dólares a los fines de ahorro personal, configura una resolución de política económica, no susceptible de descalificación judicial en la medida como en el caso, no se traduce en una vulneración o afectación del patrimonio de un individuo, sean estos o no menores, quienes en todo caso, deben arbitrar otras medidas destinadas a la adecuada inversión del capital.» (ver fs. 291 y 292).

III)Estimo inatendible el recurso interpuesto por el Ministerio Público de la Defensa por las razones que expondré seguidamente.

Según el art. 75, inc. 6º de la Constitución Nacional corresponde al Congreso Nacional la facultad de establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que, teniendo en cuenta la peculiar naturaleza de la actividad cambiaria en cuanto especialmente se caracteriza por la necesidad de sujeción a las disposiciones y control del Banco Central, resultan aplicables los criterios generales establecidos por ese Tribunal en distintos precedentes en donde se habían examinado aspectos de la regulación de la actividad financiera, asumida por el Estado Nacional hace casi medio siglo, con variados grados y matices según las épocas. El Supremo Tribunal Federal admitió la delegación en el Banco Central del llamado poder de «policía bancario o financiero», que le fue deferido sobre todo en las últimas décadas, con las consiguientes atribuciones para aplicar un régimen legal específico, dictar normas reglamentarias que lo complementen, ejercer funciones de fiscalización de las entidades y aplicar sanciones por transgresiones a dicho régimen. Razones de bien público y de necesario gobierno a que responde la legislación financiera y cambiaria, encuentran base normativa en las cláusulas del art. 67, inc.5º y 16 -75, inc. 6º y 18 en su actual redacción- y 28 de la Constitución Nacional (Fallos: 256:241; 366; 303:1776), teniendo en cuenta que la actividad de intermediación en la oferta y demanda de divisas tiene una incidencia directa en el amplio espectro de la política monetaria y crediticia, en el que se hallan involucrados vastos intereses económicos y sociales (Fallos: 310:203).

Agregó nuestro más Alto Tribunal que el conjunto de normas que otorga facultades al Banco Central en materia cambiaria y que complementa e integra la regulación de la actividad financiera que se desarrolla en el país convierte a esta entidad autárquica en el eje del sistema financiero, concediéndole atribuciones exclusivas e indelegables en lo que se refiere a política monetaria y crediticia, la aplicación de la ley, y su reglamentación y la fiscalización de su cumplimiento (Fallos: 310:203).

La Carta Orgánica del Banco Central (texto según ley 24.144, modificado por las leyes 25.562 y 26.739, aplicable al «sub-lite») dispone que el Banco Central de la República Argentina es una entidad autárquica del Estado Nacional (art. 1º) que tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social (art. 3º), y que entre sus funciones y facultades se encuentran: regular el funcionamiento del sistema financiero y aplicar la Ley de Entidades Financieras y las normas que, en su consecuencia, se dicten (art. 4, inc. a), regular la cantidad de dinero y las tasas de interés y regular y orientar el crédito (art. 4, inc. b), concentrar y administrar sus reservas de oro, divisas y otros activos externos (art. 4, inc. d), contribuir al buen funcionamiento del mercado de capitales (art. 4, inc. e), ejecutar la política cambiaria en un todo de acuerdo con la legislación que sancione el Honorable Congreso de la Nación (art. 4, inc.f), regular, en la medida de sus facultades toda otra actividad que guarde relación con la actividad financiera y cambiaria (art. 4, inc. g).

En lo específicamente vinculado al régimen de cambios, el art. 29 de la mencionada Carta Orgánica dispone que el Banco Central de la República Argentina deberá asesorar al Ministerio de Economía y al Honorable Congreso de la Nación en todo lo referente al régimen de cambios y establecer las reglamentaciones de carácter general que correspondiesen (inc. a) y dictar las normas reglamentarias del régimen de cambios y ejercer la fiscalización que su cumplimiento exija (inc. b).

A raíz de la grave crisis desatada en el año 2001 fue derogado el régimen de convertibilidad monetaria (art. 3º, ley 25.561), se dejó sin efecto el régimen de desregulación cambiaria (dec. 1.570/2001 y 1.606/2001 y art. 2º, ley 25.561). Además, fue restablecida la vigencia del decreto 2.581/64, que dispone la obligatoriedad del ingreso y la negociación de las divisas provenientes de la exportación en el mercado local cambiario. El Congreso Nacional sancionó la ley 25.561, en virtud de la cual fue declarada la emergencia en materia financiera y cambiaria, y facultó al Poder Ejecutivo Nacional para reordenar el sistema financiero, bancario y el mercado de cambios, para establecer el sistema que determinaría la relación entre el peso y las divisas extranjeras y para dictar regulaciones cambiarias (arts.1º y 2º). En este marco, se inscribe la sanción de la ley 25.562, modificatoria de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, que le atribuyó a esta entidad autárquica del Estado Nacional mayores funciones y facultades de conformidad con los cambios producidos.

En ejercicio de las facultades otorgadas por la ley 25.561, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 71/2001, por el cual estableció un mercado oficial de cambios y un mercado libre de cambios, y dispuso que el Banco Central reglamentaría todos los aspectos relacionados con las operaciones de compra y venta de divisas extranjeras (arts. 1º, 2º y 3º).

Un mes después fue dictado el decreto 260/2002, que establece un mercado único y libre de cambios (MULC) por el cual se cursarían todas las operaciones de cambio en divisas extranjeras (art. 1º), sujetas a los requisitos y a la reglamentación que establezca el Banco Central (art. 2º).

En el MULC el tipo de cambio no es fijo como durante el sistema de convertibilidad monetaria instaurado por la ley 23.928, sino libre o flotante.

IV)La recurrente se limita a señalar que las normas del Banco Central que impiden la inversión de la suma de los menores en un plazo fijo en dólares estadounidenses fueron dictadas en el marc o de la emergencia económica establecida por la ley 25.561 y sus sucesivas prórrogas, y que la delegación del Congreso Nacional al Poder Ejecutivo Nacional para reordenar el sistema económico-financiero y de este último al Banco Central para regular el régimen cambiario habría devenido de plazo indeterminado, lo que vulneraría el art. 76 de la Constitución Nacional.

Los escuetos argumentos expuestos no constituyen una crítica concreta y razonada en los términos del art.116 de la L.O., pues omiten toda referencia a las normas de la Carta Orgánica del Banco Central y a los criterios hermenéuticos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a las facultades de aquel organismo en materia cambiaria aludidos en el considerando anterior.

Contrariamente a lo sostenido por la recurrente, las comunicaciones «A» 5318, 5330 y 5339 del Banco Central, aplicables al presente caso, fueron dictadas en el marco jurídico descripto precedentemente, y el citado organismo tenía facultades para emitirlas. La misma conclusión cabe sostener respecto a la comunicación «A» 5526 del 27 de enero de 2014 que, si bien fue emitida con posterioridad al planteo efectuado por el Banco Central a fs. 266/269 vta., debe ser analizada, pues las sentencias deben atender a la situación existente al momento de decidir (Fallos: 311:870; 314:568; 315:2684; 318:342 , 329:5913 ).

En efecto, la comunicación «A» 3722 del 6 de septiembre de 2002 estableció, como regla, que se requería contar con la conformidad previa del Banco Central para adquirir moneda extranjera con fines de atesoramiento. Luego previó, como excepción, la posibilidad de acceder al mercado de cambios por dicho concepto hasta un monto máximo mensual de U$S 100.000, suma que fue objeto de sucesivas modificaciones. Todas las comunicaciones emitidas por el BCRA a partir de aquella fecha se inscriben en esa línea que regula el acceso al mercado local de cambios.

Más recientemente, en lo que se refiere a la controversia suscitada en el «sub-lite», la comunicación «A» 5236 del 27 de octubre de 2011 prevé el acceso al mercado de cambios para la formación de activos externos sin la obligación de una aplicación posterior específica, es decir, la adquisición de moneda extranjera con fines de atesoramiento.El punto 4.2 de dicha comunicación establece que las personas físicas y jurídicas residentes podrán adquirir, sin la conformidad previa del Banco Central, hasta un total de U$S 2.000.000 en el mes calendario con destino a la tenencia de billetes extranjeros en el país, donaciones, inversiones inmobiliarias en el exterior, préstamos otorgados a no residentes, aportes de inversiones directas en el exterior, inversiones de portafolio y otras en el exterior, y que cuando el monto adquirido a lo largo del año supera la cifra de U$S 250.000 las entidades cambiarias deben efectuar un control de la situación fiscal y comercial del adquirente y deben guardar la documentación de respaldo pertinente a disposición del BCRA.

El 28 de octubre de 2011 el Banco Central dictó la comunicación «A» 5239 a través de la cual dispuso que las entidades cambiarias debían consultar y registrar las operaciones de venta de moneda extranjera a través del Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias, implementado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, y ordenó que la validación fiscal es un recaudo necesario para el perfeccionamiento de ciertas operaciones.

A través de la comunicación «A» 5318 dictada el 5 de julio de 2012 el BCRA suspendió la vigencia de las normas contenidas en el punto 4.2 del anexo de la comunicación «A» 5236, que prevén el acceso al mercado local de cambios, sin la conformidad previa del BCRA con fines de atesoramiento, modificó las regulaciones existentes relativas a los egresos de moneda extranjera, mantuvo el requisito de la validación del Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias, implementado por la AFIP, a los efectos del perfeccionamiento de compra de moneda extranjera en concepto de turismo y viajes y modificó el punto 3 de la comunicación «A» 5326 relativo a la adquisición de moneda extranjera para su aplicación a fines específicos, disponiendo que las personas físicas podrían adquirir, hasta el 31 de octubre de 2012, moneda extranjera para la cancelación de créditoshipotecarios a largo plazo, otorgados por entidades financieras, para la compra de vivienda.

Con posterioridad, la comunicación «A» 5318 fue modificada por la comunicación «A» 5330, disposición que mantuvo la suspensión de la adquisición de moneda extranjera, sin la conformidad previa del Banco Central, con fines de atesoramiento, modificó las normas del punto 3 del anexo de la comunicación «A» 5236 y admitió la compra de moneda extranjera para su aplicación a destinos específicos por parte de las empresas dedicadas al transporte internacional de cargas.

Por último, la comunicación «A» 5339 del 9 de agosto de 2012 modificó el punto 3.2 del anexo a la comunicación «A» 5264 reformado por las comunicaciones «A» 5295, «A» 5318 y «A» 5330 con relación a la compra de moneda extranjera bajo el concepto de «turismo y viajes».

El régimen cambiario aplicable al «sub-lite» constituido en lo esencial por las comunicaciones «A» 5318, 5330, 5339 y 5526 del Banco Central no permite la operación cambiaria dispuesta por el juez de grado a fs. 203, y esas decisiones fueron dictadas en ejercicio de las facultades previstas en la Carta Orgánica de dicho organismo, y se enmarcan dentro de la política legislativa constituida por ese ordenamiento jurídico, por la ley 25.561 y por el decreto 260/2002, normas estas dos últimas que pusieron fin al sistema de convertibilidad monetaria y de desregulación cambiaria, autorizando a la mencionada entidad autárquica del Estado Nacional a reglamentar el acceso al mercado cambiario.

Cabe reiterar que el art. 3º de la mentada Carta Orgánica (texto sustituido por el art. 2º de la ley 26.739) dispone que el BCRA tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, y tiene -entre otras- la facultad de regular toda otra actividad que guarde relación con la actividad cambiaria (art. 4, inc.g), Carta Orgánica del BCRA, texto sustituido por la ley 26.739).

Resulta pertinente destacar que, según el art. 75, inc. 19 de la Constitución Nacional corresponde al Congreso Nacional «.proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social,.a la generación de empleo,.a la defensa del valor de la moneda.».

V)Según doctrina constante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la declaración de inconstitucionalidad configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico, por lo que requiere inexcusablemente la demostración del agravio en el caso concreto y sólo cabe acudir a ella cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución Nacional (conf. Fallos: 256:602; 258:255; 302:166; 316:188, 1718 y 2624; 319:3148 ; 321:441 y 1888; 322:842 y 919; 324:920 ; 325:1922 y 330:855 y 5345; 333: 447 , entre muchos otros).

La recurrente sostiene que los fondos con los que se pretende adquirir moneda extranjera provienen del cobro de una indemnización otorgada a favor de los menores por un acuerdo homologado judicialmente, que se pretende proteger el patrimonio de esos menores de las consecuencias negativas de la desvalorización de la moneda nacional, y que la aplicación de la normativa cuestionada dictada por el Banco Central constituye una injustificable intromisión estatal en el ámbito de privacidad o plan de vida de sus representados y vulnera su derecho de propiedad.

Según el Supremo Tribunal Federal nuestra Constitución no ha reconocido derechos absolutos de propiedad ni de libertad, sino limitados por las leyes reglamentarias de los mismos, en la forma y extensión que el Congreso, en uso de su atribución legislativa (arts.14, 28 y 67 -hoy 75- de la Constitución), lo estime conveniente a fin de asegurar el bienestar general; cumpliendo así, por medio de la legislación, los elevados propósitos expresados en el Preámbulo (Fallos: 172:21; 311:1565).

Las medidas restrictivas de los derechos y libertades fundamentales deben ajustarse al principio de proporcionalidad, deben ser adecuadas para desempeñar su función protectora, y deben guardar proporción con el interés que debe protegerse.

La necesidad y, por ende, la legalidad de las restricciones a los derechos y a las libertades fundamentales dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce de aquellos derechos y libertades.

No está demostrado que la conversión en dólares estadounidenses y su colocación en un depósito bancario a plazo fijo, constituya en el presente caso la única, y mucho menos la mejor, alternativa financiera disponible para preservar los fondos depositados judicialmente en pesos de las consecuencias negativas de la desvalorización de nuestra moneda.

Por ende, en este marco no cabe hablar de un derecho absoluto de la parte actora amparado por los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional, que imponga el deber correlativo del Estado Nacional de suministrarle el equivalente en aquella divisa extranjera.

Tampoco resulta configurada en el «sub-lite» una injustificable y arbitraria intromisión estatal en el ámbito de privacidad o plan de vida de los menores.

En efecto, la intervención estatal en la oferta y la demanda de divisas extranjeras se funda en los vastos intereses colectivos de índole económica y social que se enc uentran involucrados.La conservación del valor de la moneda local, el desarrollo humano y el progreso económico con justicia social dependen en gran parte del valor de las monedas extranjeras, entre ellas el dólar estadounidense, y de su disponibilidad para dar preferencia a los usos más eficientes desde el punto de vista de los intereses generales de la población en los planos económico y social, contribuyendo a promover el bienestar general tal como establece el preámbulo de la Constitución Nacional.

En este particular contexto, la imposibilidad de acceder a la compra de dólares estadounidenses para el atesoramiento resulta proporcionada a esos fines constitucionales legítimos.

Tampoco puede concluirse que por pertenecer los fondos depositados a menores de edad -que sin duda tienen una protección preferente en nuestro ordenamiento jurídico- deban sortearse sin más los impedimentos legales a la compra de moneda extranjera. Véase que se pretende realizar una inversión que resulta una alternativa entre muchas otras y que ni siquiera se ha fundado que sea la más rentable. Tampoco se ha demostrado, ni resulta evidente, que cualquier otra forma de inversión del dinero provocaría una afectación patrimonial a los menores que requiera de la reacción de los magistrados. De ahí que la protección diferenciada de que gozan los niños en nuestro ordenamiento jurídico no se activa ante un caso como el presente (conf. C.N.Civ., Sala I, 13/06/2013, «Duarte, Fernando Gastón c/Federación Patronal Seguros S.A.»).

El tratamiento especial que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dado a los depósitos realizados por orden judicial ante la incidencia que pudieran tener sobre ellos las leyes de emergencia económica se refirió a fondos que ya estaban depositados en dólares y cuya moneda se pretendía modificar (Fallos: 330:971, 20/03/2007, «EMM S.R.L.c/Tía S.A.» ).

Nuestro más Alto Tribunal se refirió a las reglas de distribución de riesgos cuando ya se había dado a la entidad bancaria la custodia de la moneda extranjera. Empero, en el presente caso, se trata de dolarizar fondos depositados originariamente en pesos argentinos y colocarlos a plazo fijo en esa divisa extranjera, y esta última variante no encuentra respaldo jurídico.

Dicho en otros términos: no significa que por tratarse de fondos depositados en un expediente judicial pueda realizarse con ellos inversiones restringidas para los residentes en el país por la autoridad competente. Lo contrario importaría autorizar por vía de interpretación judicial una excepción que las normas aplicables no contemplan (conf. C.N.Civ., Sala I, sent. cit. prec.).

Por último, disiento respetuosamente del argumento expuesto por el Sr. Fiscal General ante la Cámara en su dictamen de fs. 334/vta., en virtud del cual el acatamiento por parte del Banco de la Ciudad de Buenos Aires de la originaria orden judicial de dolarización del depósito implicaría la producción de los efectos del acto cuestionado, y la cuestión se reduciría a la evaluación de la potencial antijuridicidad en que podría haber incurrido la entidad bancaria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y correspondería que se encauzara en el régimen específico, en el cual, eventualmente, sería competencia del Banco Central de la República Argentina responsabilizar en el marco adecuado lo que podría constituir una hipotética transgresión al ordenamiento invocado.

Digo esto porque no fue cuestionada la legitimación de la autoridad monetaria para efectuar el planteo de fs.266/269, ni tampoco fue controvertida la oportunidad de este último, y en todo caso el cumplimiento de la manda de dolarización por parte del Banco de la Ciudad de Buenos Aires implicó el acatamiento de una orden judicial, circunstancia que -a mi ver- no obsta en el presente caso a la fundabilidad del planteo del Banco Central de la República Argentina.

Por todas las razones expuestas, propicio la confirmación de la resolución apelada.

VI)En atención a la naturaleza de las cuestiones controvertidas y a las particularidades del presente caso, considero justo y equitativo distribuir las costas de alzada en el orden causado (conf. art. 68, párr. 2º, C.P.C.C.N.).

EL DOCTOR ENRIQUE NÉSTOR ARIAS GIBERT manifestó:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1º) Confirmar la resolución de fs. 292. 2º) Costas de alzada en el orden causado. 3º) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N. 15/13 (punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la vocalía 1 se encuentra vacante (art. 109 R.J.N.).

Oscar Zas

Juez de Cámara

Enrique Néstor

Arias Gibert

Juez de Cámara

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