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El despido por pérdida de confianza requiere necesariamente de la expresión precisa de las causas que la generaron

shutterstock_150755834Partes: Flores Ricardo Gustavo c/ Consorcio de propietarios del edificio Paraná 580 s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VIII

Fecha: 9-oct-2014

Cita: MJ-JU-M-89395-AR | MJJ89395 | MJJ89395

Se juzga ilegítimo el despido por pérdida de confianza de un encargado de edificio, pues la comunicación rescisoria resultó genérica e imprecisa.

Sumario:

1.-No se ajustó a derecho el despido por pérdida de confianza, pues la demandada no explica cómo habrían resultado probados los incumplimientos alegados en la carta rescisoria, que no se identifican ni aclaran y no legitimarían la conducta endilgada al actor en los términos del artículo 242 de la LCT como imposibilitante de la continuación del contrato de trabajo, habida cuenta la imputación genérica e imprecisa de la citada comunicación, y que aquélla contaba con medios frentes a una conducta susceptible de ser corregida en el marco de una relación de trabajo.

2.-La pérdida de confianza no constituye una causa autónoma de rescisión del contrato de trabajo, ya que no es más que la exteriorización de un sentimiento objetivo, indiferente para el derecho; así, debe sustentarse en comportamientos injuriosos concretos que, en ajuste estricto del artículo 243 LCT, en cuanto deberán ser probados por el denunciante, deben ser enunciados en forma concreta en la comunicación rescisoria.

3.-Los índices oficiales revelan un notorio incremento en el costo de vida (superados ampliamente por otras entidades que relevan los mismo datos) y esta circunstancia, que se trasluce asimismo en las negociaciones salariales, impone a los jueces el deber de revisar esta cuestión, por resultar inequitativo mantener la tasa de interés cuyo sentido es el de compensar la mora y penar la demora en el pago de créditos laborales.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 09 días del mes de OCTUBRE de 2014, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda viene apelada por la accionada.-

II.- Sostiene la parte que el señor Juez a quo erró al considerar inidónea, en los términos del artículo 243 LCT, la comunicación de denuncia. Dice que el despido fue con justa causa fundado en la pérdida de confianza, que a su entender, se encuentra acreditada.-

Es sabido que el artículo 242 LCT define a la injuria laboral, justa causa de denuncia del contrato de trabajo, como el incumplimiento de tal gravedad que torna imposible la continuación de la relación y, que el artículo 243 LCT dispone que, el despido por justa causa dispuesto por el empleador debe comunicarse por escrito, con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato. En caso de demanda judicial del trabajador, no se admitirá la modificación de la causal de despido consignada en la respectiva comunicación, excluyendo, en esta exigencia de precisión y claridad, la posibilidad de que se reconozca eficacia a manifestaciones genéricas como las imputadas al actor, es decir que, como principio general, puede sostenerse que la comunicación está mal redactada cuando quien la emite emplea una fórmula ambigua que le permite con posterioridad referirla a hechos cambiantes a su criterio.

Los reproches articulados en la cuestionada comunicación son «…faltas de respeto reiteradas a su empleador que han generado pérdida de confianza, sumada a la falta de prestación de servicios en el último período, hostigamiento y persecución laboral a su empleador…» (v. fs.113). –

La quejosa no explica cómo habrían resultado probados los incumplimientos alegados en la carta rescisoria, que no se identifican ni aclaran, y no legitimarían la conducta endilgada al actor en los términos del artículo 242 como imposibilitante de la continuación del contrato de trabajo, habida cuenta la imputación genérica e imprecisa de la citada comunicación, y que aquella contaba con medios frentes a una conducta susceptible de ser corregida en el marco de una relación de trabajo.

A mayor abundamiento, señalo que la pérdida de confianza no constituye una causa autónoma de rescisión del contrato de trabajo, ya que no es más que la exteriorización de un sentimiento objetivo, indiferente para el derecho. Debe sustentarse en comportamientos injuriosos concretos que, en ajuste estricto del artículo 243 LCT, en cuanto deberán ser probados por el denunciante, deben ser enunciados en forma concreta en la comunicación rescisoria.- En conclusión, lo resuelto en grado se encuentra al abrigo de revisión.-

El sentenciante de grado no condenó al pago de las partidas correspondientes a la liquidación final -reclamadas en el inicio- con fundamento en que las mismas fueron íntegramente canceladas. Por dicho motivo no ordenó descontar la suma abonada. No existe agravio que este Tribunal deba reparar.

El empleador que despide sin invocación de una justa causa -o que alega una evidentemente irrelevante o insuficiente, en los términos del artículo 243 L.C.T.-, no puede ignorar que debe las indemnizaciones. No obstante, intimado fehacientemente, no las paga, es, inequívocamente, deudor de la multa prevista en el artículo 2 de la Ley 25323. En este sentido, entiendo que el emplazamiento a la demandada en su telegrama de fs. 516 para que abone la «liquidación final» -en la que incluyó la indemnización del artículo 245 LCT, preaviso y otras multas- , basta para que la intimación sea válida en los términos que indica dicha normativa.Tampoco verifico la existencia de motivaciones eximentes de la sanción allí contemplada.

III.- Respecto de la forma en que han sido impuestas las costas no hallo motivos suficientes para apartarme del principio general que rige la materia (artículo 68 C.P.C.C.N.).-

IV.- Con fecha 21 de mayo del corriente año la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, mediante Acta 2601, adoptó, para corregir los créditos laborales, la tasa de interés nominal anual que el Banco Nación aplica para préstamos de libre destino.

En la misma reunión se estableció que la nueva tasa sería aplicable para los juicios sin sentencia, en la inteligencia de que, en los que ya hubiere recaído pronunciamiento, aplicar retroactivamente la nueva tasa afectaría de algún modo la cosa juzgada.

Ahora bien, es claro que la Cámara adoptó una nueva tasa de interés a partir del 21 de mayo de 2014 lo que, en definitiva, no implicó más que un sinceramiento con las diferentes variables de la economía, frente a una tasa evidentemente desactualizada.

Los índices oficiales revelan un notorio incremento en el costo de vida (superados ampliamente por otras entidades que relevan los mismo datos) y esta circunstancia, que se trasluce asimismo en las negociaciones salariales, impone a los jueces el deber de revisar esta cuestión, por resultar inequitativo mantener la tasa de interés cuyo sentido es el de compensar la mora y penar la demora en el pago de créditos laborales.

Aplicar la nueva tasa, a partir de su vigencia, simplemente implica mantener la obligación originaria corregida tan sólo en la expresión nominal, permitiéndole conservar el sentido con el que fue fijada en la sentencia.

De otro modo los acreedores laborales verían notoriamente reducidos sus créditos, afectándose directamente su derecho de propiedad.

La modificación de la tasa de interés a partir de la vigencia del Acta 2601, no afectaría los efectos de la cosa juzgada ni dejaría en estado de indefensión al deudor, sino simplemente adecuaría los efectos delpronunciamiento al contexto actual, al cual no se habría arribado si la deudora hubiese cumplido sus obligaciones en tiempo propio.

Con base en todo lo expuesto corresponde establecer que la tasa fijada en grado regirá hasta el 21 de mayo de 2014, fecha a partir de la cual se utilizará la tasa de interés nominal anual que el Banco Nación aplica para préstamos de libre destino, plazo 49 a 60 meses…».

V.- Por lo expuesto y argumentos propios de la sentencia apelada, propongo se la confirme en todo lo que fue materia de agravios con los intereses establecidos en grado corregidos de conformidad al presente pronunciamiento; con costas de alzada al apelante; y se regulen los honorarios los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los que, respectivamente, les fueron regulados en origen (artículos 68 C.P.C.C.N.; 14 de la ley 21.839).-

EL DOCTOR VICTOR ARTURO PESINO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos adhiere al voto que antecede. Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1)Confirmar la sentencia apelada con los intereses establecidos en grados corregidos de conformidad al presente pronunciamiento;

2)Imponer las costas de alzada al apelante;

3)Regular los honorarios los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los que, respectivamente, les fueron regulados en origen .-

Regístrese, notifíquese; cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada CSJN 15/13 del 21/05/13 y oportunamente, devuélvase.-

mif

LUIS ALBERTO CATARDO

JUEZ DE CAMARA

VICTOR ARTURO PESINO

JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

ALICIA E. MESERI

SECRETARIA

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