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La Corte reconoció el derecho a indemnización a quien estuvo detenido mientras cumplía el servicio militar obligatorio

Corte SupremaPartes: Guidi Juan Luis c/ M J Y DDHH – art. 3° ley 24.043 – RSL 1922/11 (ex 143.384/04) s/

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 7-oct-2014

Cita: MJ-JU-M-89297-AR | MJJ89297 | MJJ89297

La Corte reconoció el derecho a percibir la indemnización para ex detenidos (Ley 24.023) a un conscripto, privado de la libertad mientras cumplía el servicio militar obligatorio.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia que confirmó la resolución por la cual se denegó la indemnización peticionada en los términos de la Ley 24.043 , en atención a que el actor embestía en el momento de su detención estado militar, toda vez que, en el marco fáctico del caso y en consonancia con la amplia voluntad reparadora que guio al Congreso de la Nación en la sanción de las Leyes 24.043 y 26.564 , corresponde reconocer al actor el derecho a percibir dicho beneficio, en tanto su estado militar no tuvo, en el caso concreto, incidencia alguna en la privación ilegítima de la libertad, sino que, de las constancias de la causa surge que justamente la clase de privaciones ilegítimas de la libertad sufridas, son las que procura reparar la Ley 24.043. Esa conclusión atiende a los fines de las citadas leyes y a la obligación internacional del Estado argentino de reparar los daños causados por el terrorismo de Estado (del dictamen de la Procuradora General al que la Corte remite)

2.-No puede pasarse por alto que el art. 5 de la Ley 26.564 prevé, sin distinguir entre civiles y militares, una compensación para todos los detenidos por razones políticas entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983 (del dictamen de la Procuradora General al que la Corte remite)

3.-Si bien no se encuentra controvertido que el actor estaba cumpliendo el servicio militar obligatorio durante el período de su detención y ello le otorgaba estado militar en los términos del art. 13 de la Ley 17.531, también es cierto que esa circunstancia no tuvo incidencia alguna en su detención ilegal, ello, en primer lugar, porque la misma no fue ordenada por ninguno de los tribunales que ejercen jurisdicción militar, sino que fue detenido por orden del Comando de la Brigada de Infantería Aerotransportada; y en segundo lugar, su detención no respondió a la comisión de un delito militar o a una falta disciplinaria, ya que, según informó un Comandante del Cuerpo del Ejército, su detención se llevó a cabo para determinar su grado de responsabilidad en actividades subversivas que se les imputa (del dictamen de la Procuradora General al que la Corte remite)

4.-El caso bajo análisis se distingue sustancialmente de los precedentes citados por el a quo Arcuri y Siboldi , en los cuales los conscriptos fueron condenados por tribunales militares competentes por infracciones al régimen del servicio militar obligatorio (del dictamen de la Procuradora General al que la Corte remite)

5.-Una interpretación diversa llevaría a que el actor y su hermano, que padecieron la misma violación a sus derechos humanos, fueran tratados en forma diferente -uno podría acceder a la compensación y otro no- por la mera circunstancia de que el actor estaba cumpliendo el servicio militar obligatorio, lo que menoscabaría el derecho constitucional a la igualdad consagrado los arts. 16 y 43, y en los tratados con jerarquía constitucional conforme al art. 75, inc. 22 , de la CN. (del dictamen de la Procuradora General al que la Corte remite)

Fallo:

Procuración General de la Nación

-I-

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la resolución que denegó la indemnización peticionada por Juan Luis Guidi en los términos de la ley 24.043 y sus complementarias (fs. 130/132 vta.).

Para así decidir, la Cámara sostuvo que el artículo 1 de la ley 24.043 condiciona el otorgamiento de la compensación a que la víctima sea un detenido civil en virtud de actos emanados de tribunales o autoridades militares durante la vigencia del estado de sitio. Puntualizó que esa ley, y no la 26.564, rige la concesión del derecho reclamado por el actor en atención al periodo de su detención. Destacó que el accionante tenía estado militar, independientemente de las causas que hubiesen dado lugar a su privación de la libertad, y conforme al artículo 13 de la ley 17.531 y a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos «Arcuri» (Fallos 323:1625) y «Siboldi» (S.C. S. 2455, 1. XXXVIII). Por lo tanto, concluyó que no tenia derecho a percibir la indemnización peticionada.

Finalmente, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del artículo 1 de la ley 24.043 en tanto entendió que no había sido suficientemente fundado.

-IIContra esa sentencia, el señor Guidi interpuso recurso extraordinario federal (fs. 140/158 vta.), que fue concedido en cuanto a la interpretación de normas de carácter federal y denegado con relación a las causales de arbitrariedad denunciadas, sin que interpusiera la correspondiente queja (fs. 175).

El recurrente sostiene, en lo principal, que la Cámara interpretó de modo incorrecto el alcance de la ley 24.043 y sus complementarias al rechazar su petición sobre la base de que tenia estado militar al momento de su detención.

Destaca que fue víctima del terrorismo de Estado y fue detenido y sometido a tormentos y vejámenes por su condición de opositor político.Por ello, sostiene que tiene un derecho a percibir la indemnización especial prevista por las leyes 24.043 y 26.564. En forma subsidiaria, peticiona que se declare la inconstitucionalidad del artículo 1 de la ley 24.043 por ser violatorio del derecho constitucional a la igualdad. Manifiesta que la decisión apelada excluye arbitrariamente del régimen de reparación a un grupo de personas por la mera circunstancia de haber sido conscriptos al momento de los hechos, pese a que fueron víctimas del régimen persecutorio instaurado por el gobierno militar.

-III-

En las presentes actuaciones, se cuestiona el alcance de las leyes 24.043 y 26.564, que tienen carácter federal, y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa es contraria al derecho que la apelante funda en ellas (art. 14, inc. 3°, ley 48).

Por lo tanto, entiendo que el recurso extraordinario es admisible.

-IV-

Juan Luis Guidi y sus dos hermanos fueron detenidos el 11 de mayo de 1976 por un grupo de personas armadas en la ciudad de Córdoba. En ese entonces, el señor Guidi estaba cumpliendo el servicio militar obligatorio; más específicamente, prestaba servicios en la Batería Comando del Grupo de Artillería de Montaña V de la Provincia de Jujuy. Él y uno de sus hermanos permanecieron detenidos en el Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba (D-2) y, a partir del 2 de junio de 1976 hasta el día de su liberación -el 24 de diciembre de 1976-, en la Unidad Penitenciaria nro. 1 de la Provincia de Córdoba. El damnificado afirmó que mientras estuvo detenido fue sometido a torturas y a condiciones inhumanas de detención (fs.1/2 vta., 5, 8 y 12/16).

En este caso, la cuestión a dilucidar es si el señor Guidi tiene un derecho a una reparación en los términos de la ley 24.043 y sus complementarias en atención a la privación ilegítima· de su libertad que padeció durante la última dictadura cívico-militar.

A esos efectos, cabe recordar el contexto histórico en el que fue sancionada la ley 24.043. Las detenciones ilegítimas ocurridas durante uno de los períodos más trágicos de nuestra historia dieron lugar a numerosos reclamos por daños y perjuicios que fueron promovidos luego de la restauración de la democracia y, en muchos casos, fueron rechazados por limitaciones del ordenamiento jurídico interno. Ello llevó a un grupo de víctimas a denunciar al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese marco, nuestro gobierno asumió el compromiso de sancionar una ley especial que, por razones de equidad, contemple a quienes no hubiesen podido obtener una reparación por las limitaciones referidas.

Ante la inminencia de la audiencia de conciliación y a los efectos de evitar una sanción internacional, en enero de 1991 se dictó el decreto 70/91, que estableció una indemnización para aquellas personas que hubieran estado detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Ese mismo año se sancionó la ley 24.043, que amplió el ámbito de aplicación de ese decreto. En este sentido, el artículo 1 de la ley 24.043 estableció una indemnización para quienes durante la vigencia del estado de sitio hubiesen estado detenidos a disposición del Poder Ejecutivo, o, siendo civiles, hubiesen sido detenidos en virtud de actos emanados de tribunales militares o a disposición de autoridades militares (esto último, cf. ley 24.906).

Más tarde se sancionó la ley 26.564. Por un lado, el artículo 1 amplió el período de tiempo que da lugar a las reparaciones previstas por la ley 24.043.

Así, dispuso:»Inclúyase en los beneficios establecidos por las leyes 24.043 y 24.411, sus ampliatorias y complementarias a aquellas personas que, entre el 16 de junio de 1955 yel9 de diciembre de 1983, hayan estado detenidas, hayan sido víctimas de desaparición forzada, o hayan sido muertas en alguna de las condiciones y circunstancias establecidas en las mismas.» Por otro lado, el artículo 5 amplió las situaciones de privación ilegítima de la libertad que dan lugar a las compensaciones en cuestión. En este sentido, estableció:

«Inclúyase en los beneficios indicados en el artículo 1°, a quienes hubieran sido detenidos por razones políticas a disposición de juzgados federales o provinciales y/o sometidos a regímenes de detención previstos por cualquier normativa que conforme a lo establecido por la doctrina y los tratados internacionales, pueda ser definida como detención de carácter político».

Además, el artículo 3 de esa ley incluyó entre los beneficiarios a los militares en actividad que por no aceptar incorporarse a la rebelión contra el gobierno constitucional hubieran sido víctimas de difamación, marginación y/o baja de la fuerza.

En numerosas oportunidades, la Corte Suprema ha destacado que la ley 24.043 fue dictada a fin de conceder una reparación a las personas que fueron ilegítimamente privadas de su libertad durante la última dictadura cívico-militar (cf. Fallos:

331 :1771 y sus citas).

En la causa registrada en Fallos: 331:1771, este Ministerio Público Fiscal expuso que dicha ley se convirtió en la primera de una serie de disposiciones legales que tienen por objeto reparar los ultrajes a la dignidad humana que se cometieron en el período comprendido entre el 6 de noviembre de 1974 y ello de diciembre de 1983.Más específicamente, este organismo sostuvo que «por medio de la ley 24.043 y de otras posteriores de similar carácter, el Congreso Nacional -órgano en el cual se encuentran representados todas las expresiones políticas de la sociedad y los Estados locales-, al mismo tiempo que cumplió el compromiso asumido por la República ante organismos internacionales encargados de velar por los derechos humanos, expresó su voluntad política de implementar una clara directriz estatal de amplia reparación histórica a las víctimas de la violencia política padecida en nuestro país antes de la reinstalación de las autoridades democráticas».

En ese caso, el Ministerio Público Fiscal concluyó que estas pautas han servido de guía al momento de evaluar judicialmente la aplicación de aquellos regímenes no=ativos a numerosos casos que, en principio, no parecían incluidos en sus té=inos literales, pero que, en realidad, estaban comprendidos en el espíritu amplio que animó al legislador a establecerlos.

Para más, esa inteligencia de la ley 24.043 es consistente con las obligaciones del Estado conforme con el derecho internacional. Los Estados tienen el deber de investigar, sancionar, reparar y garantizar la no repetición de los crímenes contra la humanidad (art. 63, Convención Americana de Derechos Humanos; arto 9, inc. 5, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 24, incs. 4 y 5, Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; y art. 14, Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes). Específicamente, en cuanto al deber de reparar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que de acuerdo al derecho internacional consuetudinario sobre la responsabilidad de los Estados «toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente» («Caso Torres Millacura y otros vS. Argentina», sentencia de 26 de agosto de 2011, párr.157).

-V-

En el caso, no está controvertido que el señor Guidi estaba cumpliendo el servicio militar obligatorio durante el período de su detención y ello le otorgaba estado militar en los términos del artículo 13 de la ley 17.531. Sin embargo, también es cierto que esa circunstancia no tuvo incidencia alguna en la detención ilegal del señor Guidi.

En primer lugar, la privación de su libertad no fue ordenada por ninguno de los tribunales que ejercen jurisdicción militar (cf. arto 9, Código de Justicia Militar). En cambio, el damnificado fue detenido a disposición del área 311 por orden del Comando de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada (fs. 13).

En segundo lugar, su detención no respondió a la comisión de un delito militar o a una falta disciplinaria. En efecto, la Dirección Personal del Ejército Argentino indicó que mientras el señor Guidi cumplía el servicio militar obligatorio no fue objeto de sanciones disciplinarias (fs. 23). Por el contrario, en estos autos obra incorporada una nota firmada por Luciano Benjamín Menéndez, Comandante del III Cuerpo del

Ejército, mediante la cual informó a la madre de los hermanos Guidi que «su detención se llev[ ó ) a cabo para determinar su grado de responsabilidad en actividades subversivas que se les imputa» (fs. 6).

De este modo, el caso bajo análisis se distingue sustancialmente de los precedentes citados por el a quo «Arcuri» y «Siboldi». Esos casos involucraron conscriptos que fueron condenados por tribunales militares competentes por infracciones al régimen del servicio militar obligatorio.

En tercer lugar, cabe ponderar que el hermano del actor -Guido Guidi- que tenía estado civil fue detenido en las mismas condiciones (fs. 1/2 vta. y fs.6).

En suma, la detención del accionante no está relacionada con su carácter de conscripto, ni es consecuencia de un acto de servicio, sino con hechos y circunstancias ajenos a esa condición.

En este marco fáctico y en consonancia con la amplia voluntad reparadora que guió al Congreso de la Nación en la sanción de las leyes 24.043 y 26.564, corresponde reconocer al actor la indemnización peticionada, máxime cuando su estado militar no tuvo, en el caso concreto, incidencia alguna en la privación ilegítima de la libertad. Esa conclusión atiende a los fines de las citadas leyes y a la obligación internacional del Estado argentino de reparar los daños causados por el terrorismo de Estado. En efecto, de la motivación de la detención del actor- esto es, en palabras de Luciano Benjamín Menéndez, «determinar su grado de responsabilidad en actividades subversivas»- surge que justamente esta clase de privaciones ilegítimas de la libertad son las que procura reparar la ley 24.043. Además, no puede dejar de mencionarse que el artículo 5 de la ley 26.564 prevé, sin distinguir entre civiles y militares, una compensación para todos los detenidos por razones políticas entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983.

Por último, una interpretación diversa llevaría a que los hermanos Guidi, que padecieron la misma violación a sus derechos humanos, fueran tratados en forma diferente -uno podría acceder a la compensación y otro no- por la mera circunstancia de que el actor estaba cumpliendo el servicio militar obligatorio. Ello menoscabaría el derecho constitucional a la igualdad consagrado los artículos 16 y 43, Y en los tratados con jerarquía constitucional conforme al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional (arts.1.1 y 24, Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 y 7, Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales; 2.1 y 26, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; II, Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre; y 2 Y 7, Declaración Universal de los Derechos del Hombre).

-VI-

Por todo lo expuesto, opino que corresponde declarar formalmente admisible el recurso extraordinario interpuesto y revocar la sentencia apelada.

Buenos Aires, 30 de abril de 2014 .

ES COPIA

ALEJANDRA MAGDALENA GILS CAREÓ

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 7 de octubre de 2014 ,

Vistos los autos: «Guidi, Juan Luis c/ M J Y DDHH – art. 3° ley 24.043 – RSL 1922/11 (ex 143.384/04)°.

Considerando:

Que las cuestiones planteadas por la recurrente han sido objeto de adecuado tratamiento en el dictamen de la señora Procuradora General de la Nación, a cuyos fundamentos y conclusión corresponde remitir por razones de brevedad.

Por ello, se declara admisible el recurso extraordinario promovido por la actora y se revoca la sentencia apelada. Con costas. Vuelva la causa al tribunal de origen a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo resuelto. Notifíquese y, oportunamente, remítase.

JUAN CARLOS MAQUEDA – ELENA I. HIGHTON de NOLASCO – CARLO S. FAYT – E. RAUL ZAFFARONI – RICARDO LUIS LORENZETTI –

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