fbpx

No procede la nulidad del acuerdo ante el SECLO, pues compartir actividad académica no es prueba de connivencia entre letrados

se-aprob-un-incremento-del-5-en-salariosPartes: Hernán Daniela Verónica c/ Buenos Aires Sports S.A. Y otros s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 29-ago-2014

Cita: MJ-JU-M-89205-AR | MJJ89205 | MJJ89205

No procede la nulidad del acuerdo en el SECLO bajo el argumento de que los abogados de las partes compartieran actividad académica, pues ello no implica una connivencia dolosa.

Sumario:

1.-No corresponde receptar el reclamo indemnizatorio incoado pues la extinción por voluntad concurrente de las partes no genera obligaciones indemnizatorias, y en el caso, no ha sido acreditado el supuesto de un despido encubierto mediante la formalización de un acuerdo celebrado en los términos del art. 241 de la LCT, pues el hecho de que los abogados de las partes compartan actividad académica no implica una connivencia dolosa.

2.-El hecho de que el abogado de la actora y el abogado de la demandada se desempeñaran en la misma materia de la Facultad de Derecho, si bien puede configurar un indicio, no es un dato mínimamente relevante de la pretendida connivencia dolosa invocada a los fines de acreditar que el letrado que la representó en la oportunidad de celebrar el acuerdo ante el Ministerio de Trabajo fuera una imposición de la empresa destinada a frustrar sus derechos.

3.-Puesto que en el ámbito del ejercicio profesional es frecuente que los letrados que representan a las partes pueden tener algún tipo de relación en el ámbito académico, esta circunstancia, por sí sola, carece de virtualidad para invocar connivencia dolosa entre aquellos que representaron a la actora y a la demandada en el acuerdo ante SECLO, dado que el integrar un mismo equipo docente, no es posible sospechar que resulten socios o que estén profesionalmente vinculados.

4.-Más allá de la insistencia de la actora a los fines de que se considere que el acuerdo en el SECLO fue celebrado con su voluntad viciada, lo cierto y concreto es que ninguna prueba produjo a los fines de demostrar ese extremo; máxime siendo que ni siquiera puede concluirse que la renuncia enviada por ella misma al día siguiente de la firma deje en evidencia la invalidez transaccional, pues se trató de un acto individual llevado a cabo en forma personal sin efecto jurídico alguno, habida cuenta que la relación laboral ya se encontraba extinguida con anterioridad a ese despacho.

5.-No corresponde declarar la nulidad del acuerdo transaccional celebrado ante el SECLO puesto que no quedó acreditada la campaña persecutoria invocada por la actora que habría tenido como objetivo lograr su renuncia, ni que ese acto hubiera encubierto un despido sin causa ni que haya existido una promesa del pago de una gratificación.

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 29-08-2014, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación:

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I. La Dra. Viridiana Diaz Aloy receptó parcialmente la acción interpuesta contra Buenos Aires Sports S.A., Pablo Alejandro Cascio, Carlos María Cascio y Pedro Antonio Cascio, condenándolos a abonarle a la actora en forma solidaria la suma de $11.467,26.-

Contra la sentencia recaída en grado (fs. 595/601) se alza la parte actora de conformidad con el recurso de fs. 605/619.-

El perito contador (fs. 602) apela los honorarios que le fueran regulados por considerarlos reducidos.-

II. En lo sustancial la accionante se agravia por la fecha considerada en grado como de extinción del vínculo, destacando que no puede considerarse que la renuncia (que reputa ficticia) se produjo el 22-03-2010 si el sello postal de la misiva en la que se cursó la misma data del 08-04-2010. Además, señala que del acuerdo celebrado el día 07-04-2010 ante el Ministerio de Trabajo, surgiría que el vínculo se extinguió en los términos del art. 241 de la L.C.T.-

A mi juicio asiste razón a la recurrente pues no advierto que las partes hayan reconocido, como afirmó la magistrada que me precede (v. fs. 596 párr. 1), que la relación laboral habida entre las partes se extinguió por renuncia al empleo de fecha 22-03-2010 sino que, por el contrario, la propia actora refirió que la demandada intentó encubrir un despido directo incausado mediante la celebración de una acuerdo celebrado ante el Se.C.L.O. en fecha 07-04-2010 (v. fs. 6vta. y 161) mientras que la demandada confirmó que la actora se desempeñó bajo sus órdenes «.hasta el 07-04-2010.» (v. fs.31).-

De ello se sigue que no existió controversia alguna en relación a la fecha de extinción del contrato, reconocida por ambas partes como operada el 07-04-2010 (fecha invocada por la demandada y por la actora al referirse al presunto acuerdo celebrado ante el Se.C.L.O.), por lo que ninguna duda cabe que la fecha fijada en grado carece de sustrato, lo que impone la procedencia de la queja.-

III. Determinada la fecha de extinción contractual, me avocaré a dar tratamiento al cuestionamiento que recae sobre la validez del acuerdo conciliatorio celebrado ante el Ministerio de Trabajo.-

Sobre el punto la actora refiere en primer término a la connivencia dolosa entre los letrados intervinientes por cada una de las partes (empresa y trabajadora) en el referido acuerdo, la que pretendió probar mediante los oficios solicitados al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.-

Contra la desestimación dispuesta en grado respecto de las medidas de prueba ofrecidas, la accionante dedujo recurso de apelación en los términos del art. 110 de la L.O. cuya actualización en esta alzada fue receptada ordenándose la producción de las medidas solicitadas (v. fs. 634).-

El CPACF informó a fs. 638 los domicilios de los abogados que intervinieron en representación de la actora (Dr. G. A. Q.) y de la demandada (Dra. S. C. B.), advirtiéndose que no existe identidad en los domicilios reales y profesionales de ambos letrados.-

En relación a la respuesta brindada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora (fs. 645/646), destaco que en el período Enero de 2009 a Diciembre de 2010, los Dres. Q. y B. se desempeñaron como Adjunto y Jefe de Trabajos Prácticos, respectivamente, en la misma cátedra (. a cargo del Dr. C. M.C.).-

Ahora bien, a mi juicio, esta sola circunstancia -desempeñarse en la misma materia de la Facultad de Derecho- si bien puede configurar un indicio, no es un dato mínimamente relevante de la pretendida connivencia dolosa invocada por la accionante a los fines de acreditar que el letrado que la representó en la oportunidad de celebrar el acuerdo ante el Ministerio de Trabajo fue una imposición de la empresa destinada a frustrar sus derechos.-

En efecto, en el ámbito del ejercicio profesional es frecuente que los letrados que representan a las partes pueden tener algún tipo de relación en el ámbito académico y esta circunstancia, por sí, carece de virtualidad para invocar connivencia dolosa, dado que el integrar un mismo equipo docente no permite sospechar que resulten socios o que estén profesionalmente vinculados. Mucho menos esa circunstancia puede ver configurada una gravísima situación profesional constitutiva, por otra parte, de delito.-

Por otra parte, más allá de la insistencia de la actora a los fines de que se considere que el acuerdo celebrado fue fruto de su voluntad viciada, lo cierto y concreto es que ninguna prueba arrimó a la causa a los fines de demostrar ese extremo.-

En efecto, ni siquiera puede concluirse que la renuncia enviada por ella misma al día siguiente de la firma del acuerdo deje en evidencia la pretendida invalidez transaccional pues, en definitiva, se trató de un acto individual llevado a cabo en forma personal por la propia interesada sin efecto jurídico alguno, habida cuenta que la relación laboral ya se encontraba extinguida con anterioridad a ese despacho. Además, no puedo dejar de señalar que la actora no demostró que fue forzada a cursar esa misiva, silenciando este aspecto en el recurso bajo análisis.-

Resta entonces analizar si los términos del acuerdo indican que el negocio jurídico no fue querido o la violación de derechos de orden público que conduzcan a determinar su nulidad.-

Al efecto memoro que el cuestionado acuerdo celebrado entre las partes (v. fs.161) establece que la actora se desempeñó como «Vendedora B» dentro del ámbito del CCT 130/75 desde el 07-06-2002, percibiendo una remuneración de $1.380, que la relación laboral se extinguió por mutuo acuerdo en los términos del art. 241 L.C.T. y que la empresa se obligó a abonar la suma de $15.000 en concepto de liquidación final en tres cuotas mensuales y consecutivas de $3.750 en los meses de Abril, Mayo y Junio de 2010. Finalmente, se insertó la cláusula de que la actora no tendría nada más que reclamar por el vínculo que los uniera.-

Este acuerdo de partes no fue homologado por la autoridad administrativa sino simplemente registrado (v. fs. 162), lo que no afecta la validez del acto jurídico como medio extintivo del contrato de trabajo en los términos del art. 241 L.C.T.-

Ahora bien, a los fines de lograr la declaración de nulidad del acuerdo celebrado por las partes y la procedencia indemnizatoria reclamada por la accionante, correspondía a esta demostrar que el convenio constituyó un acto simulado destinado a encubrir un despido injustificado dado que la extrabajadora invocó en su demanda que a partir del año 2010 la empresa «.comenzó una campaña persecutoria y un hostigamiento laboral tendiente a forzar la renuncia.y la indujo maliciosamente a celebrar un negocio jurídico simulado en perjuicio de sus propios intereses» (v. fs. 7/vta.) dado que la «.supuesta desvinculación por mutuo acuerdo (art. 241 LCT) . en realidad encubría un despido incausado en los términos del art. 245 LCT.» (v. fs.7 vta.). En este contexto, la actora afirmó que la empresa le propuso un acuerdo espurio donde le prometió el pago de una «gratificación extraordinaria» que en realidad encubría el pago de menos del 50% de la indemnización por antigüedad.-

Analizadas las pruebas rendidas en autos, la magistrada de grado concluyó que no quedó acreditada la campaña persecutoria invocada por la actora que habría tenido como objetivo lograr su renuncia, ni que ese acto hubiera encubierto un despido sin causa (v. fs. 596).-

Y lo determinante es que, pese al esfuerzo argumental desplegado por la recurrente, el contenido de su pieza recursiva Y los argumentos que ensaya no logran modificar el decisorio de grado pues soslaya el aspecto central que da fundamento al rechazo de la acción, es decir, la falta de prueba del hostiga-miento, el despido encubierto y la promesa del pago de una gratificación.-

En efecto, la actora no menciona una sola prueba rendida en autos tendiente a demostrar que, en efecto, la empresa decidiera su cesantía incausada y pese a ello la obligó a firmar un acuerdo simulado avasallando sus derechos adquiridos, sino que se limitó a insistir de manera dogmática en que su voluntad estaba viciada pero sin invocar los elementos de juicio que respaldarían la tesis que postula. Reitero, la única prueba producida en autos (desempeño de los letrados de las partes en la misma cátedra de la Facultad de Derecho) no constituye prueba al-guno sino un mero indicio que, aislado en el marco probatorio de la causa, carece de toda fuerza convictiva para demostrar un acto ilícito.-

En esta inteligencia, y no acreditado el supuesto de un despido encubierto mediante la formalización de un acuerdo celebrado en los términos del art.241 de la L.C.T., no corresponde receptar el reclamo indemnizatorio incoado pues la extinción por voluntad concurrente de las partes no genera obligaciones indemnizatorias.-

Finalmente, considero que la mora en el pago de las sumas acordadas mediante el acuerdo celebrado no evidencia la lesión subjetiva invocada sino un mero incumplimiento de pago de la obligación asumida que no puede conducir a la anulación del acto celebrado en tanto no se demuestre el error, dolo, violencia, intimidación, simulación en su celebración o notable desproporción de las prestaciones acordadas (cfrme. art. 954 Código Civil), lo que no se probó.-

En definitiva, la actora no logró acreditar que el convenio cuya validez cuestiona encubre un despido incausado ni que su voluntad se encontrara viciada a la fecha de su celebración, por lo que no existe causa alguna que conduzca a reconocerle el derecho de percibir sumas indemnizatorias previstas exclusivamente para los supuestos de despido sin causa no acreditado en la especie.-

En consecuencia, sugiero desestimar los agravios 2 (validez del acuerdo celebrado), 3 (reclamo indemnizatorio fundado en la L.C.T.) y 4 (indemnización art. 1 Ley 25.323).-

IV. En relación a los honorarios regulados al perito contadora ($.) apelados por bajos, en atención a la extensión y calidad de las tareas realizadas, el valor económico del litigio y los mínimos arancelarios vigentes, sugiero confirmarlos por compensar adecuadamente la labor profesional llevada a cabo (cfrme. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839 y decreto ley 16.638/57).-

Las costas de alzada sugiero imponerlas a cargo de la parte actora vencida (cfrme. art. 68 CPCCN).-

Con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de la labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de las partes actora propongo que se regulen sus honorarios en el veinticinco por ciento (25%) de lo que deba percibir por sus trabajos en la instancia anterior.-

La Dra. Graciela A.González dijo:

Adhiero a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Ángel Maza, por análogos fundamentos.-

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125, 2ª parte de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1°) Confirmar el decisorio de grado en todo lo que ha sido materia de recurso y agravio, a excepción de la fecha del distracto que se establece el 07-04-2010; 2) Imponer las costas de alzada a cargo de la parte actora y regular sus honorarios por las tareas llevadas a cabo en esta instancia en el veinticinco por ciento (25%) de lo que deba percibir por sus trabajos en la instancia anterior; 3) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1º de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos.-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

Graciela A. González

Juez de Cámara

Miguel Ángel Maza

Juez de Cámara

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: