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El sobreseimiento en una causa penal no obsta la alegaciòn de injuria en pos del despido con causa

Consejo-magistraturaPartes: S. N. R. c/ Correo Oficial de la República Argentina s/ despido

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata

Fecha: 7-ago-2014

Cita: MJ-JU-M-88814-AR | MJJ88814 | MJJ88814

El sobreseimiento del actor respecto del delito de hurto y violación de secretos y correspondencia no impide al juez laboral analizar la existencia de injuria que justifique el distracto.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que rechazó la demanda por considerar ajustado a derecho el despido por pérdida de confianza decidido por la empleadora, ya que surge acreditado que se realizaron extracciones con tarjetas de débito que debían estar bajo custodia del actor.

2.-La absolución o el sobreseimiento del trabajador en la instancia criminal no obsta, en principio, a que el tribunal laboral determine que la conducta de aquel configura o no injuria a los intereses del principal, pues ambos tribunales ejercen potestades en ámbitos diversos y con finalidades distintas, porque disímiles son los bienes jurídicos tutelados en uno y otro fuero.

3.-La causal de pérdida de confianza por hecho grave atribuible al empleado tiene entidad propia para motivar la ruptura laboral y es independiente de la calificación de delito que alcance o no en sede penal, o de la responsabilidad que en dicha sede se establezca.

4.-Ni la trayectoria del accionante ni las declaraciones testimoniales, en lo que respecta a la calidad de persona que es el actor, son suficientes para excluir la legitimidad de la causa del despido, pues un acto único puede bastar para justificar tal medida.

Fallo:

En la ciudad de Mar del Plata, a los 07 días del mes de agosto de dos mil catorce, avocados los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata al análisis de estos autos caratulados: «S., N. R. c/ CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ DESPIDO».

Expediente 81008913/2005, proveniente del Juzgado Federal de Dolores. El orden de votación es el siguiente: Dr. Jorge Ferro, Dr. Eduardo P. Jiménez, Dr. Alejandro O. Tazza.

El Dr. Ferro dijo:

Que llegan estos autos a la Alzada, en virtud del recurso de apelación incoado y fundado a fs. 481/487 vta. por la actora contra la sentencia dictada por el magistrado de grado, el día 16 de agosto de 2011, por medio de la cual el a quo rechazó íntegramente la demanda interpuesta contra el Correo Oficial de la República Argentina, con costas.

Sus agravios se encuentran dirigidos, mayormente, a cuestionar la apreciación de los hechos realizada por el a quo aduciendo inversión de la carga de la prueba; refiere que no puede ser objeto de valoración el sumario administrativo acompañada por la demandada en cuanto su parte negó toda la documental allí agregada, actuaciones, tareas administrativas y las firmas insertas en estas; en cuanto a la pericial contable, reprocha que no se tuvo en cuenta lo dicho por el perito en el informe sobre la inexistencia de documentación que justifique el despido, y que el Correo no exhibió más que la documental aportada a estos autos.

Asimismo, se agravia del valor probatorio que se realiza del pliego de absolución de posiciones, que para el Juez de la instancia anterior no constituye plena prueba porque se desvanece frente a las aportaciones de la causa penal. Manifiesta que ni en sede laboral, ni en la penal se pudo acreditar la participación de Sánchez en los hechos denunciados por la empleadora y que por la única razón que lo despidieron fue porque era el jefe de la Sucursal y como tal tenía el ámbito de custodia.Solicita se revoque la sentencia. Hace reserva del caso Federal.

Corrido el traslado respectivo, es evacuado conforme los términos que ilustra el escrito de fs. 500/501 en el cual luego de ciertas aseveraciones, solicita se conforme la sentencia apelada; encontrándose la causa en condiciones de resolver con el llamamiento de autos para dictar sentencia decretado a fs. 504, corresponde avocarme al conocimiento de la cuestión traída a debate.

El Sr. Juez de Grado, ha considerado que la conducta procesal de la accionada ha dejado fuera de toda discusión la relación laboral, la categoría, el lugar de servicios y antigüedad del actor, centrándose el litigio en determinar si el despido ha sido ajustado al régimen jurídico correspondiente y así ha entendido, que la causal invocada para el distracto laboral se basó en la comprobación de una injuria grave por parte del actor a través de la apertura de una causa penal en su contra, en tanto el accionante alegó la inexistencia de tal injuria y por ende la configuración de un despido incausado.

Tal como surge de las constancias del expediente y de los propios dichos del actor, el Sr.Sánchez ingresó a trabajar en el Correo Oficial de la República Argentina el 1 de septiembre del año 1983, en la dependencia de Castelli, que en ese momento eran 8 empleados trabajando en esa oficina y sólo dos al momento del despido.

El día 31/08/05, recibió telegrama colacionado en su domicilio particular por medio del cual se le informa el despido por injuria grave, todo esto como resultado de tareas de instrucción e investigación realizadas a consecuencia de haberse denunciado extracciones con tarjetas de débito, que debían estar a custodia del actor, y que esa conducta configuraba falta muy grave en el régimen disciplinario RH 030 punto 7.1.3 inciso e) por transgredir la buena fé contractual, e inciso x) por incurrir en irregularidades en el manejo de fondos, valores, bienes y documentación de la compañía, produciéndose un intercambio epistolar entre ambas partes.

Con fecha 3 de septiembre de 2005 el actor responde rechazando las causales invocadas, negando todos y cada uno de los hechos que se le atribuyeron y que no hubo motivo alguno para el despido con causa añadiendo que al momento del despido se encontraba con licencia por enfermedad y reclamó, a tal efecto, indemnización por despido sin causa.

Siguiendo el orden cronológico de los hechos, el 7/9/05 recibe otro telegrama por parte del Correo Argentino rechazando los dichos del actor y ratificando el despido con justa causa, además niega adeudar las indemnizaciones reclamadas, lo cual es respondido por S. cerrándose el intercambio epistolar.

De la Gerencia de Seguridad del Correo (fs. 323/336) surge el informe Nº 020/05 que dio origen a una denuncia penal por infracción al art. 154 y 163 inc. 3 del Código Penal detallando los hechos que fueron extracciones irregulares con tarjetas de débito de A. O. y O.B., tarjetas que se encontraban en el ámbito de custodia del Correo Sucursal Castelli al momento de los hechos cuyo Jefe era el actor.

Efectuada esta reseña de los hechos acaecidos y como consecuencia se le dió curso a la causa penal caratulada «Correo oficial de la República Argentina

S.A. s/ denuncia», en la misma y como primera medida se resuelve decretar el sobreseimiento de S. (fs. 457), y que luego revocó esta Alzada con el procesamiento sin prisión preventiva (fs. 460 vta.), decretándose el 6 de octubre del 2010 la extinción de la acción penal por prescripción, y con fecha 16 de diciembre de 2010 el Juez de la primera Instancia resuelve el sobreseimiento.

Sentado lo anterior, he de señalar que «El principio general, seguido uniformemente por la doctrina y la jurisprudencia, es que la absolución o el sobreseimiento del trabajador en la instancia criminal no obsta, en principio, a que el tribunal laboral determine que la conducta de aquel configura o no injuria a los intereses del principal, pues ambos tribunales – el penal y el laboral – ejercen potestades en ámbitos diversos y con finalidades distintas, porque disímiles son los bienes jurídicos tutelados en uno y otro fuero». «Por ello, un hecho que no constituye delito puede ser legítima causa de despido, si configura injuria que impide la prosecución de la relación laboral.Ambas figuras responden a la custodia de distintos intereses»1

Pues bien, tal como lo he sostenido en distintos precedentes, en relación a la incidencia que tiene la causa penal en el presente, deben recordarse dos circunstancias fundamentales a) la responsabilidad penal tiene un régimen diferente a la existente en el plano laboral que deben tener las partes en el cumplimiento de sus deberes; ello posibilita que – aún sin cometer delito penal – un sujeto sea pasible de la sanción de despido por injuria laboral, al comportarse de modo contrario a la buena fe y a la confianza que debe imperar en la relación de trabajo y b), en la causa penal en cuestión, se decretó el sobreseimiento del Sr. Sánchez respecto del delito de hurto y violación de secretos y correspondencia por encontrarse prescripta la acción penal.

Respecto de esta circunstancia, se ha señalado que la absolución penal no podría ser concluyente frente a la configuración de la injuria, tal como lo sostiene Vázquez Vialard, porque «un acto que no constituye violación de disposiciones penales puede configurar una injuria laboral suficiente para justificar el despido». .»Un hecho que no constituye delito penal puede ser legítima causa de despido en materia laboral, por tal razón la absolución del trabajador en el juicio penal no impide apreciar en sede laboral si el mismo acto configura injuria al empleador y puede ser motivo de resolución del contrato de trabajo, habida cuenta de que la culpa laboral se informa de principios diferentes a /os que constituyen la penal por lo que no tienen por qué guardar siempre necesariamente obligada correspondencia (SCJBA, 24-11-99, Barcelona Julio C. c/Calera Avellaneda S.A, D.T 2000-851 )2

En ese sentido, este Tribunal ha resuelto reiteradamente, que la causal de pérdida de confianza por hecho grave atribuible al empleado tiene entidad propia para motivar la ruptura laboral y es independiente de la calificación de delito que alcance o no en sede penal, o de la responsabilidad que en dicha sede se establezca («L., O.A. c/ Correo Argentino y Encotesa s/Laboral», 23/12/99, Reg. N° 5153; «D., R.- R. c/ B.N.A. s/ Laboral» expte. N° 7219, Reg. T° LIV, F° 9714

del año 2004; «D. t. O. A. c/ BNA si Laboral», Expte. N° 7249, Reg. T° L, F° 9284 del año 2004, «F., D. R. c/ BNA s/ Laboral», 9/11/00, Reg. N° 5903; «C., I. c/ BNA s/ Laboral, Expte. N° 6134, entre otros), puesto que en modo alguno exime al trabajador que su conducta sea conceptuada como injuriosa y calificada de entidad tal que autorice la extinción del vínculo laboral.

Y como ya lo he sostenido, la sanción aplicada por el demandado al actor, producto de la conducta irregular, se enmarca dentro de la llamada «injuria laboral», prevista por el art. 242 LCT y se relaciona, justamente, con el incumplimiento de las obligaciones de la prestación o de conducta que impide la prosecución de la relación contractual. Ello, pues al verse burlada la buena fe que debe imperar en esa clase de vinculación (art. 63 LCT) y la pérdida de confianza producto del hecho ocurrido, atenta contra la naturaleza misma del contrato de trabajo que se apoya en la lealtad y la buena fe. A mayor abundamiento, no debo perder de vista que el sobreseimiento penal lo fue solo por cuestiones de índole formal.

Estimo pertinente aclarar que ni la trayectoria del accionante, ni las declaraciones testimoniales de autos, en lo que respecta a la calidad de persona que es el actor son suficientes para excluir la legitimidad de la causa del despido, pues tal como lo ha expresado el Alto Tribunal, un acto único puede bastar para justificar tal medida (CSJN, «Baba c. OLAM Coop. de Seguros; 28/08/1976).3

Se queja la recurrente, por otra parte, qu e el a quo en su decisorio funda el despido en el resultado que surge de la inspección realizada en sede administrativa, ámbito en el cual tuvo acceso a su defensa como da cuenta la constancia de fs.348, y que luego deriva en una causa penal. En lo que respecta a este punto de agravio, cabe precisar que las partes ofrecieron como prueba la causa penal y que de la misma se desprende el relato de los hechos con lo cual que si bien la actora negó la documental presentada por la patronal y luego manifestó que no se ratificó por falta de acreditación, es dable entender que se presentó como prueba las constancias adjuntadas y presentadas del proceso penal y en ésta surge toda la información además de la expresada en el informe de la patronal.

Además, en cuanto a la prueba pericial contable y al pliego de absolución de posiciones a la que hace referencia la actora, coincido con el a quo que se desvanecen frente a las constancias esgrimidas en la causa penal.

Por último, en lo que se refiere a las costas generadas por el trámite del presente proceso, no encuentro ninguna razón por la cual me deba apartar del principio general imperante en la materia; en virtud de ello, sostengo que las ellas deben ser afrontadas por el vencido teniendo presente las disposiciones del art. 20 LCT.

Por lo anteriormente expuesto, propongo al Acuerdo la íntegra confirmación de la sentencia, con costas de Alzada a la recurrente vencida (art. 68 CPCCN por rem. art. 155 LO, 20 LCT).

Tal es mi voto.

El Dr. Jiménez dijo:

Que he de adherir en el caso, a la solución propiciada por el magistrado Ferro, aunque adunaré ciertas consideraciones adicionales a fin de bien fundar mi postura: —

Teniendo por reproducida aquí la adecuada reseña de hechos acreditados en la causa, efectuada por el Magistrado que me antecede en el voto, cabe aclarar en primer lugar que respecto del sobreseimiento obtenido por el trabajador frente a la denuncia penal efectuada por su empleadora, motivada ésta última en los hechos que a la postre concluyen con su despido, diré que sin perjuicio de ello, y luego de encuadrar la conducta de S.en el contexto de los hechos que motivaron el despido en cuestión, asume la patronal que ése agente incurre en las causales de pérdida de confianza e injuria grave, que imposibilitaron la continuación del vínculo laboral (Régimen Disciplinario RH030, Punto 7.1.3, inciso e)//).—-

Tampoco me es ajeno que la causa penal en cuestión termina con el sobreseimiento de S. (ver fs. 457 de Autos).—

Aun así, es claro que el magistrado penal resuelve en éstos casos, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que la patronal estime corresponder, con lo que es claro que la condena o absolución en sede penal, no condiciona la atribución de culpa en sede laboral o administrativa, ya que como bien se lo ha sostenido «La culpa laboral se informa en principios distintos a los que constituyen la culpa penal, y debido a ello, no tiene porqué guardar siempre y necesariamente correspondencia con las reglas que rigen en ése particular ámbito. Un hecho que no constituye delito puede ser legítima causa de despido, de allí que la absolución del trabajador en juicio penal, no impide apreciar en sede laboral si el mismo acto configura injuria al empleador y es motivo legítimo de resolución de contrato» (Cfr. SCBA., 25/3/80, «DT» 1980-779).-

Siempre teniendo en cuenta entonces que lo que se evalúa en ésta sede es si pudo la demandada en razón de los hechos acaecidos y constatados, teniendo en cuenta los antecedentes de S., perder la confianza en su empleado, y considerar injuriosa su actitud, y no si el demandante cometió un ilícito penal, cabe recordar lo sostenido por la jurisprudencia, en el sentido de que «La falta de condena en sede penal no es inconveniente para que en el plano de las relaciones entre el empleador y el empleado, se juzgue que ha habido injuria grave. Ambas figuras responden a la custodia de distintos intereses.Uno, la comisión de un delito, no solo agravia al sujeto pasivo, sino a la comunidad mientras que la otra se refiere a las relaciones entre las partes vinculadas por un contrato de trabajo cuyo incumplimiento se acreditó en el caso» (Cfr. CNATrab. Sala III, 27/7/76, «DT» 1977-683, el resaltado me pertenece).—

Es que si bien la justicia laboral está impedida de decir si un hecho constituye o no delito, puede en cambio decidir que un hecho, o una conducta configura injuria laboral, independientemente del pronunciamiento en jurisdicción penal (Cfr. SCBA, 25/3/80 «DT» 1980-779).-

Finalmente, y respecto al tema de imposición de costas, tampoco encuentro razones para apartarme en esta ocasión, de la regla general de imposición al vencido. Ello así, pues como bien lo ha señalado la doctrina más prestigiosa en el punto «(…) el «vencido» en costas, es una categoría procesal que sigue, como regla, al principio objetivo de la derrota en cuestiones materiales (rectius: pretensión material, o procesal en el caso» (Cfr. Gozaíni, Osvaldo «Costas Procesales» EDIAR, T º I, pág. 63), aunque tal regla admita un sinnúmero de situaciones excepcionales que dejan difuso el concepto, pero que evidentemente, no se dan en el caso de Autos, como se lo vio.—

Aún con lo expuesto, propongo al Acuerdo como también lo hace el colega votante en primer término, tener presente en éste caso, y a los fines pertinentes, la franquicia que dispone el Art. 20 LCT en resguardo de los intereses del trabajador, así sea éste vencido en juicio, en tanto ha sido acreditada en el expediente, la relación laboral habida entre las partes, tal lo ha sostenido en éste punto la mejor doctrina, al señalar que «(…) en tal sentido, la gratuidad extiende los alcances del principio protectorio al aumentar la libertad del trabajador en la actuación judicial o administrativa. De la misma manera opera la desafectación de la vivienda al pago de las costas, para todos los supuestos» (Cfr. Gatti, Ángel «Ley de Contrato de Trabajo comentada…» edit.B de F, Buenos Aires, pág.36).—

Tal principio, normativamente consagrado, ha sido ratificado en su vigencia por la jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal de Justicia, en tanto sostuvo que «(…) la justicia gratuita es corolario lógico de la justicia social. Si el Estado no facilitara el acceso al proceso a quienes no pueden soportar su costo, comprometería la defensa en juicio que garantiza la Constitución» (Cfr. CSJN, 4/12/74 «DL» 1976-66).–

Por lo expuesto, y con fundamento en la legislación, jurisprudencia y doctrina invocadas, es que propongo al Acuerdo: 1) la íntegra confirmación de la sentencia, en cuanto fue objeto de apelación y recurso, 2) con imposición de costas de Alzada a la recurrente vencida, supuesta que sea en su favor la franquicia que para estos casos, dispone el Art. 20 LCT.—

El Dr. Tazza dijo:

Existiendo votos coincidentes y en virtud de lo establecido en el art. 125

L.O. me abstengo de votar.

/// del Plata, 07 de agosto de 2014.

VISTOS:

Estos autos caratulados: «S., N. R. c/ CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ DESPIDO». Expediente 81008913/2005,

proveniente del Juzgado Federal de Dolores y lo que surge del Acuerdo que antecede

SE RESUELVE:

Confirmar íntegramente la sentencia, con costas de Alzada a la recurrente vencida (art. 68 CPCCN por rem. art. 155 LO, 20 LCT).

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.

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