Periodista de espectáculos debe indemnizar a familiares de un conductor fallecido, por difundir e-mails privados

shutterstock_86885593Partes: Sucesores C. H. A. y otros c/ Ventura Luis Antonio y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: L

Fecha: 1-oct-2014

Cita: MJ-JU-M-88658-AR | MJJ88658

El periodista de espectáculos y el canal de televisión demandados son responsables en forma concurrente por los daños y perjuicios ocasionados a la familia del actor fallecido por publicar, sin autorización, correspondencia cursada entre éste y sus familiares durante sus últimos momentos de vida.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia por la cual se condena a un periodista de espectáculos y al canal de televisión en el cual realizaba su programa, al pago de una indemnización por daños y perjuicios a los derechohabientes de un actor fallecido, por haber publicado indebidamente y sin autorización, correspondencia personal que había circulado entre los integrantes del grupo familiar, violando el derecho a la intimidad; correspondiendo, asimismo, modificar la responsabilidad solidaria del canal televisivo demandado, por tratarse en verdad de una obligación ‘concurrente’.

2.- No puede ser cuestionada la legitimación del hermano de un actor fallecido para reclamar por los daños y perjuicios derivados de la violación de su derecho a la intimidad, al ser publicadas en un programa televisivo, y sin su autorización, correspondencia que se cursaba con su hermano, cuando reclama la violación de los correos electrónicos que envió, reclamo que efectuó por derecho propio por considerarse víctima directa del acto ilícito al encontrarse directamente involucrado en aquella comunicación.

3.-A los fines de determinar la legitimación de quienes reclaman por otro, corresponde evaluar si ha habido posibilidad concreta y real de reclamar por sí, o si existen elementos probatorios que demuestren voluntad de promover la acción, cuando la muerte sorprende a la supuesta víctima principal; en tal sentido considerando que las publicaciones violatorias de la intimidad tuvieron lugar cuando el actor televisivo agonizaba luego de caer desde el balcón de su vivienda, falleciendo algunas horas después, puede concluirse que ningún tiempo material y concreto tuvo para plantear judicialmente su reclamo, puesto que no resulta justo ni lógico permitir que por encontrarse agonizando, luchando por su vida, e impedido de hecho de iniciar cualquier reclamo judicial, pueda sufrir intromisiones en su vida privada sin que los responsables asuman sus consecuencias. De otro modo, se habilitaría la posibilidad de difamar y calumniar a cualquier persona que se encuentre en dichas condiciones afectándose sus derechos, sin posibilidades concretas de reclamar por los actos injustos.

4.-Toda persona tiene derecho a reclamar en una situación que afecta su intimidad, puesto que no puede deducirse su renuncia a ejercer ese derecho -debido a su estado de inconciencia al producirse los hechos- y en su caso, ante la duda sobre el ejercicio por un tercero en su nombre de ese derecho, debe optarse por admitir tal posibilidad de accionar por indemnización integral, ante la afección a la intimidad de la persona.

5.-No es lo mismo que una persona hable de sí mismo, de lo que vive y piensa, y aparezca en fotos con terceros -que dieron su consentimiento para ello-, que el supuesto mandato verbal dado en una situación de internación hospitalaria post-traumática, donde se presentan terceros sin identificar – que no son los actores – y piden la publicación o difusión de documentación privada, no destinada a ser publicada. No puede considerarse válido tal mandato en tanto no se haya acreditado en legal forma, o el actor, posteriormente fallecido haya dejado alguna instrucción por escrito para publicar en su internación o luego de su muerte, o los terceros hayan asumido formalmente frente a la familia y la prensa, concretamente, lo que escucharon decir al actor, o lo que vieron o pensaron de los aquí actores.

6.-El periodista y el canal de televisión demandados por violación del derecho a la intimidad de un actor posteriormente fallecido -sin que este tenga la posibilidad concreta de ratificar, desmentir o accionar judicialmente- debieron extremar los recaudos que dejaran constancia de su real voluntad, ante el tenor del material acompañado que no podían desconocer, antes de publicar o difundir, porque de lo contrario incurren en un accionar negligente. En tales circunstancias, no basta con citar la fuente para eximirse de responsabilidad; máxime cuando tampoco se identificó a quienes acercaron el material a los accionados.

7.-Existe una clara violación del derecho a la intimidad cuando un periodista de espectáculos publica, en un programa televisivo, y de manera indebida, la correspondencia personalísima remitida por un particular que no es conocido públicamente, a su hermano -actor-, cuando dicho material no se encuentra destinado a publicidad, puesto que no contaba con la debida autorización del remitente ni con el amparo de causal alguna de justificación sobre el particular.

8.- La circunstancia de que un actor televisivo fuera una persona pública, no resulta extensible a su entorno familiar, y el hecho de que aquél expusiera públicamente determinadas cuestiones personales, no implicaba necesariamente que ya se hiciera desaparecer todo límite o ámbito de reserva de su vida privada. Para los medios, con cada material a difundir de estas características, deben extremarse los recaudos antes de logar su difusión, y que el mismo actor hubiera comentado sus problemas personales o familiares en general, no habilitaba a nadie a publicar el contenido concreto de correspondencia, cartas o mails, cuando no se probó el expreso o presunto consentimiento por parte del interesado o del entorno familiar para ello; puesto que aún la persona conocida públicamente, tiene derecho a que se respeten sectores de su vida privada que él personalmente ha dado a conocer y en principio, carecen de todo interés social, en tanto no exista causal alguna de justificación.

9.-La difusión no autorizada de correspondencia personal entre un actor televisivo y su entorno familiar, importa además un abuso del derecho de libertad de prensa, una intromisión indebida en la vida privada de los citados, con aptitud para perturbar su intimidad, difundiendo hechos propios de la esfera de los derechos personalísimos, -que además involucran o pueden afectar a terceros-, con el único fin de obtener un lucro. Esta es la conclusión que viene como derivación lógica de la interpretación del art. 19 de la CN. y 1071 bis del CCiv.; por ello, tanto desde la postura clásica de responsabilidad al configurarse la negligencia de los accionados -periodista televisivo y el canal de televisión en el que se emitió el programa-, como desde la postura más objetiva, del acto ilegítimo e injustificado en que éstos incurrieron, la acción de daños y perjuicios por violación del derecho a la intimidad, debe prosperar, más allá de la verdad, falsedad o novedad de los hechos publicados.

10.-El canal de televisión en el cual se emitió un programa con un contenido violatorio del derecho a la intimidad de los actores, debió ejercer -por sí o a través de terceros- el deber de controlar y supervisar la información que se difundía masivamente, ya que cuenta con amplia autonomía para evitar determinadas notas periodísticas y si se omite el control de cuestiones que afectan a la intimidad de una persona y un grupo familiar, su condena a resarcir debe ser concurrente con los demás codemandados. En tal sentido, existe concausalidad en el hecho dañoso por el rol protagónico que tuvo en la difusión de los documentos y en la entidad del daño, teniendo en consideración que en el caso del canal, se está ante un supuesto de obligaciones ‘in solidum’ o concurrentes -que no tienen una fuente común aunque se hallen entre ellas vinculadas por una finalidad común y por imperio de las circunstancias nacen como obligaciones diversas integralmente a cargo de cada uno de los deudores-.

11.-Resulta procedente el daño moral reclamado por derecho propio por el hermano de un actor, por la violación de los correos electrónicos que mantuvo con éste antes de su fallecimiento, y también el de los demás familiares del actor fallecido que reclamaron por derecho propio el daño moral derivado de la exposición de correspondencia privada que los involucró, donde hubo divulgación masiva de cuestiones que sólo competían al ámbito familiar; con fundamento en que el entorno familiar, aun cuando no se trate de personas públicas, en su calidad de hermanos y padre de quien en vida un actor televisivo conocido públicamente, se encuentran legitimados para reclamar el daño moral por derecho propio. Su padre, además, puede peticionar por el daño moral generado por la violación de la intimidad de su hijo quien se encontraba aún con vida y luego falleció.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 1 días del mes de octubre del año dos mil catorce encantándose reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala “L” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil a fin de pronunciarse en los expedientes acumulados caratulados “Sucesores C., H. A. y otros c/ Ventura, Luis Antonio y otros s/ daños y perjuicios” y “Sucesores C., H. A. y otros c/ Ventura, Luis Antonio s/ daños y perjuicios” de acuerdo al orden del sorteo la Dra. Pérez Pardo dijo:

I.- Contra la sentencia única de fs. 857/906 del exp. 108.016/2005, recurren el codemandado Ventura por los agravios que expresa a fs. 1007/1112 y la codemandada América T.V. S.A. por los suyos de fs. 116/1121; obrando a fs. 1129/1133 la contestación del codemandado Rial y a fs. 1135/1146 la de los accionantes. Contra la misma sentencia glosada a fs. 673/722 del exp. n° 108019/2005, recurre el codemandado Ventura por los argumentos de fs. 779/784 y América TV S.A. por los de fs. 789/794, contestados a fs. 799/810.

II.- En el exp. n° 108.016/2005, se presentaron H. A. C., H. C. C. F. y M. E. C., por derecho propio y en calidad de herederos de J. C., a promover demanda contra Luis Antonio Ventura, Jorge Rial y América TV por los perjuicios y daños ocasionados como consecuencia de las publicaciones periodísticas, con el solo fin de obtener mayores ventas, anunciando la publicación de cartas privadas del Sr. J. C., en momentos en que éste se encontraba internado en terapia intensiva del Hospital Fernández, luego de su caída desde el balcón de su domicilio. Señalaron que pese a la intimación en contrario que enviaron a los accionados por carta documento, dichas cartas fueron difundidas en el programa “Intrusos en la noche”, transmitido el 4 de marzo de 2.004 a las 23:00 hs.y publicado en la revista Papparazzi y en el programa “Intocables en el espectáculo”.

El sentenciante, admitió parcialmente la demanda, condenando a todos los demandados, solidariamente, a abonar las sumas que allí detalla con más los intereses moratorios desde el 4 de marzo de 2.004 y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, y las costas. Además, ordenó que en la franja horaria del programa en el que se produjo la emisión, se ponga en pantalla -en fuente tipográfica claramente visible- y se lea por un locutor -en forma razonablemente pausada- el siguiente texto “El día 4 de marzo de 2.004, en el curso del programa “Intrusos en la Noche” se difundió sin autorización, correspondencia personal entre integrantes de la familia del Sr. J. C., lo cual, en juicio iniciado por el padre y los hermanos del nombrado, ha sido considerado violatorio del derecho a la privacidad o intimidad, condenándose a los Sres. Luis Ventura, Jorge Rial y a América T.V. al pago de los daños derivados de ello y a la publicación de esta comunicación”.

En este expediente conexo n° 108019/2005, los mismos actores promovieron demanda contra Luis Antonio Ventura, Horacio Martín Cabak y América TV, en similares términos que en el expediente anterior, por lo que consideran indebida publicación de correspondencia no destinada a publicidad, en el programa “Intocables en el espectáculo” emitido el 4 de marzo de 2004.

En dicho expediente, también se admitió parcialmente la demanda y se condenó solidariamente a Luis Antonio Ventura y América T.V. al pago de las sumas allí indicadas, con más sus intereses y costas, en iguales términos que en el anterior; ordenándose además la lectura del texto mencionado en el programa en cuestión.

El codemandado Ventura se agravió de que se equipare las cartas y correspondencia de J. C., a los dichos del mencionado.Sostiene que nunca existieron comunicaciones escritas, sino que fue el propio J. C. y personas de su círculo íntimo, que acercaron un CD a los demandados con la específica indicación de que dicho material fuera difundido públicamente. Se agravió además de que se hubiera considerado su accionar como de “morbo público” y no como un interés público vinculado a la libertad de expresión; y que no se tuvo en cuenta que la vida privada de J. C. se transformó en un acontecimiento de interés público.

Consideró que el Sr. C. no sólo había renunciado a un espacio de su intimidad, sino en un todo; y que fueron los diálogos con él los que fundaron la difusión de la correspondencia. Pidió que se considere que el mencionado hizo pública su vida y sus vínculos familiares, que los accionados no conocían que estaban frente a correspondencia privada sin autorización para abrirla, porque se trataba de un CD; que al Sr. M. C. también se lo debe tener por persona pública; que no debe aceptarse la legitimación activa de los accionantes; y por último, se quejó de la cuantía de las indemnizaciones fijadas. Por su parte, en el exp. n° 108.019/2.005, se quejó de que los programas televisivos mencionados se consideren “una vía de reproducción y caja de resonancia publicitaria de la revista Papparazzi”, cuando fueron varios programas o periodistas quienes reprodujeron los textos, por cuanto son varios los que se dedican a “pasar revista”.

América TV S.A. cuestionó que se hubiera aceptado la legitimación a los accionantes para reclamar en la forma en que lo hicieron. Sostiene que no habiendo el propio J. C. reclamado en vida el daño moral, no podían hacerlo sus hermanos ni su padre. Refiere que no se tuvo en cuenta que la pareja del fallecido, al declarar como testigo, hizo referencia a que J. C. nunca hubiera iniciado un reclamo económico en contra de ningún colega.Que no se hubiera analizado que no hubo subordinación alguna de los Sres. Rial y Ventura para con América T.V., que el programa era en vivo y por tanto era imposible llevar el control de los sucesos que iban aconteciendo, así como de tomar injerencia en la actividad de sus profesionales Ventura y Rial. Afirma que sólo cedió el espacio televisivo mediante un contrato de obra, pero no elige temas, invitados y demás características del programa en vivo. Además se quejó por la solidaridad impuesta para el recurrente y los codemandados Ventura y Rial.

También sostiene que no puede hablarse de hechos íntimos cuando fue el propio J. C. quien decidió hacer pública su vida privada y porque se les imputó conocer que el material que llegó a manos de los demandados era correspondencia privada sin autorización para difundir. Cree no se probó la existencia de culpa o dolo de los accionados que funde la responsabilidad, ni se acreditó “una actuación coordinada para la difusión”. Tampoco podría atribuírsele una responsabilidad de tipo objetiva porque entiende que ello no se aplica a los medios de comunicación. Por último, se agravió por la cuantificación de las indemnizaciones.

Para el análisis, cabe recordar que el accidente sufrido por el Sr. J. C. fue el día 2 de marzo de 2.004; las publicaciones y difusión impugnadas fueron el día 4 de marzo de 2.004 y el Sr. C. falleció el 5 de marzo de 2.004 (ver fs.7 y 75 de la causa penal 3305 del Tribunal Oral n° 11 de esta Capital que tengo a la vista y documental reservada de autos).

III.- Atento a las críticas planteadas debo recordar que nuestro más Alto Tribunal ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, ni tampoco cada medida de prueba; sino solamente aquellas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso, según la forma en que ha quedado trabada la relación procesal (Fallos: 144:611; 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 274:113, 276:132, 280:3201, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121, entre otros).

En tal sentido entiendo que corresponde tratar en primer lugar, las críticas referidas a la legitimación de los accionantes para reclamar en autos.

La legitimación, activa o pasiva, determina quiénes deben o pueden demandar o ser demandados, es decir precisa quiénes están autorizados para obtener una decisión de fondo sobre las pretensiones formuladas en la demanda, en cada caso concreto.

En este sentido, ya fue señalado y fundadamente analizado por el sentenciante que los actores reclamaron la indemnización por derecho propio, y además, el progenitor de J. C. lo hizo también reclamando por los daños generados por la violación de la intimidad de su hijo, al difundirse dos correos electrónicos de fecha 11 de junio de 2.003 y 13 de junio de 2.003, enviados por M. C. a su hermano J.

El art. 1078 del Cód. Civil dispone que “La obligación de resarcir el daño causado por los actos ilícitos comprende, además de la indemnización de pérdidas e intereses, la reparación del agravio moral ocasionado a la víctima. La acción por indemnización del daño moral sólo competerá al damnificado directo; si del hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán acción los herederos forzosos”. A su vez, el art. 1099 Cód.Civil al hablar de los delitos que causan agravio moral señala que la acción civil para lograr su reparación no pasa a los herederos y sucesores universales “. sino cuando hubiese sido entablada por el difunto.”.

De modo tal que en principio “.si la víctima inmediata del hecho hubiese fallecido sin articular la acción resarcitoria, ésta no puede ser deducida por los herederos, quienes carecen de legitimación activa para intentarla iure hereditatis. Únicamente están habilitados para continuarla si el causante -damnificado hubiese entablado la acción en vida, pues en ese caso el contenido patrimonial del resarcimiento reclamado pasaría a formar parte del acervo hereditario y lo tornaría susceptible de ser transmitido a los herederos.” (Ghersi-Weingarten en “Tratado de Daños Reparables”, T° 1 Parte General, ed. La Ley 2008, pág. 260 y sgtes.).

Así, la legitimación del Sr. M. C. -hermano de J. C.- no puede ser cuestionada cuando reclama la violación de los correos electrónicos que envió, reclamo que efectuó por derecho propio por considerarse víctima directa del acto ilícito -al encontrarse direct amente involucrado en aquella comunicación.

Pero cabe señalar que también se han considerado distintas situaciones vinculadas a la legitimación de quienes reclaman por otro, evaluando si ha habido posibilidad concreta y real de reclamar por sí o si existen elementos probatorios que demuestren voluntad de promover la acción, cuando la muerte sorprende a la supuesta víctima principal, en este caso, el periodista J. C.

En este sentido cabe considerar que las publicaciones tuvieron lugar cuando el Sr. J. C. agonizaba luego de caer desde el balcón de su vivienda, falleciendo algunas horas después. De modo que ningún tiempo material y concreto tuvo para plantear judicialmente su reclamo. Y es en este sentido que coincido con el sentenciante, quien asimilando las características de este caso con el recordado “Ponzetti de Balbín” (CSJN Fallo: 306:1892), resolvió admitir la legitimación de los accionantes. En el caso, también ocurrió que el mismo 4 de marzo de 2.006 el Sr.H. C. (h) remirió carta documento para evitar la publicación y tanto H. C. (p) como M. C. invocaron un derecho propio por encontrarse afectados por esa publicación.

Respecto del Sr. J. C. no resulta justo ni lógico permitir que por encontrarse agonizando, luchando por su vida, e impedido de hecho de iniciar cualquier reclamo judicial, pueda sufrir intromisiones en su vida privada sin que los responsables asuman sus consecuencias. De otro modo, se habilitaría la posibilidad de difamar y calumniar a cualquier persona que se encuentre en dichas condiciones afectándose sus derechos, sin posibilidades concretas de reclamar por los actos injustos.

En estos casos, se parte del derecho que tiene una persona de reclamar en una situación que afecta su intimidad; no puede deducirse su renuncia a ejercer ese derecho -debido a su estado de inconciencia al producirse los hechos- y en su caso, ante la duda sobre el ejercicio por un tercero en su nombre de ese derecho, debe optarse por admitir tal posibilidad de accionar, en el caso, por indemnización integral, ante la afección a la intimidad de la persona.

Aquí nos encontramos dentro del marco hipotético y eventual de una violación a la intimidad como consecuencia de la difusión de correspondencia electrónica del Sr. J. C. que además, tiene aptitud para afectar la intimidad de todo el grupo familiar y no sólo del citado, quien -repito- no tuvo posibilidad material y concreta de peticionar por sí, por las características y circunstancias que rodearon su fallecimiento.Considero que no resultaría justo ni equitativo ni tampoco fue el fin del legislador, negarles a sus eventuales herederos, en esa situación, la posibilidad de reclamar por el periodista C., no sólo en su interés personal, sino también familiar.

En segundo lugar, considero también que cada uno de los mencionados en los documentos podría sentirse afectado o agraviado por la publicación o difusión; así como el grupo de parientes (siempre que estén dentro del primer grado y hermanos) por el ataque en general, al núcleo familiar.

No debe olvidarse que la referencia a la familia impuesta por la Convención Americana sobre Derechos Humanos hace reparable la injerencia en ésta, y el daño moral que invoque el reclamante, debe fundarse en una lesión a su propio honor o bien, o en su caso, en un sentimiento particular hacia el familiar difunto, que sea digno de protección (conf. Voto Dr. Zaffaroni en “Irigoyen c/ Fundación Wallemberg s/ daños y perjuicios” CSJN, I/419/XLVII, del 5/8/2014), situaciones tales que se presentan en el caso analizado.

Luego del fallecimiento del Sr. J. C. y más luego, de su padre, la legitimación “iure hereditatis” de los presentados, no puede discutirse (art. 3263, 3264, 3282 y conc. del Cód. Civil).

En este sentido, entiendo que la sentencia debe ser confirmada y propondré el rechazo de las quejas planteadas sobre la legitimación para peticionar -por el fallecido, y por sí- de los actores.

IV.- Seguidamente analizaré en forma conjunta las quejas de los demandados sobre la cuestión de fondo de esta litis. Me refiero específicamente a los Sres. Ventura.

A tal fin luce apropiado señalar que es incuestionable el lugar que ocupa la garantía constitucional de la libertad de expresión en nuestro ordenamiento jurídico, siendo uno de los derechos que cuenta con mayor entidad y con la máxima tutela jurisdiccional, no sólo reconocido por el art.14 de la Constitución Nacional, sino también por los tratados y convenciones internacionales incorporados a partir de la reforma constitucional de 1.994 (conf. Convención Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto de San José de Costa Rica, etc). Pero ello no significa que el periodismo quede eximido del deber de reparar los daños que en consecuencia causare, ya sea al difundir imágenes, noticias falsas o erróneas, o al invadir la privacidad e intimidad, pues dicha libertad no significa impunidad, debiéndose responder por los daños que pudieran provocarse en el ejercicio de aquella libertad. Además, al igual que los demás derechos, aquél no es absoluto (CSJN, Fallos: 257:275; 258:267; 262:205).

Si bien es cierto que la convención Americana de los Derechos Humanos al reconocer el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y expresión, declara como comprensiva de aquélla la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole – y en igual sentido se desprende la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. IV), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 19) y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art. 19 inc. 1 y 2)- también lo es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos -cuya jurisprudencia puede servir de guía en la interpretación de preceptos Constitucionales (Fallos 318:514 ; 330:3640 ) – ha reafirmado la protección a la libertad de expresión cuando las opiniones o informaciones versan sobre asuntos en los cuales la sociedad tiene un legítimo interés de mantenerse informada, o de conocer sobre el funcionamiento del Estado o afecta derechos e intereses generales o le acarrea consecuencias importantes (caso “Tristán Donoso vs. Argentina del 29/11/2011); pero no en casos como el de autos, en que no hay relación con asuntos institucionales o de interés público, siendo que el derecho a la privacidad, a la intimidad y a la imagen se encuentra fundado en el art.19 de la Cosntitución Nacional, también protegido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 11) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 17) (ver dictamen del Procurador en causa “Barreyro, H. G. c/ América TV S.A. y otro s/ recurso de hecho”, SC, B 1372, L XLIII del 26/6/2012).

El derecho a la intimidad se encuentra recepcionado por las convenciones internacionales incorporadas luego de 1.994 en el art. 75, inc. 22 de nuestra Constitución, tiene así jerarquía constitucional y se refiere a él la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; el Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por ley 23.054; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por ley 23.313; además del mentado art. 1071 bis del Código Civil, y el art. 19 de la Constitución Nacional.

El derecho a la privacidad ha sido normado por el art. 1071 bis del Cód. Civil que dice: “El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias; además, podrá éste, a pedido del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida fuese procedente para una adecuada reparación”.

La Corte Suprema ha sostenido a su respecto que el art.19 de la Constitución Nacional protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma, las acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad están reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños significa un peligro real o potencial para la intimidad. El derecho a la privacidad comprende no sólo la esfera doméstica, el círculo familiar y de amistad, sino otros aspectos de la personalidad espiritual física de las personas y nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una de ellas ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de sus familiares autorizados para ello; sólo por ley podrá justificarse la intromisión, siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen (Fallos: 306:1892).

En materia de responsabilidad civil de los medios de prensa, la doctrina y la jurisprudencia no llegan a una solución pacífica. Vemos que parte de la doctrina nacional sostiene que en esta materia deben funcionar los mismos principios que en los supuestos clásicos de daños y perjuicios, correspondiendo la carga de la prueba a la víctima que la invoca (conf. Rivera, Julio C., “Instituciones de Derecho Civil”, Parte General, Editorial Abeledo Perrot, 2° ed., Buenos Aires, 2000, t. II, p. 103 y sus citas; en CNCiv, Sala D, “B., R. A. c/ P., M. y otros”, del 07/03/2005), señalándose como factores de atribución de responsabilidad, al dolo y la culpa, y eventualmente al ejercicio abusivo del derecho a informar (conf. CSJN, “Vago c. La Urraca ” , del 19-11-91, JA del 25-3-92 -La Ley, 1992-B, 367-); y su su stento normativo es lo establecido en los arts.512, 902, 1109, 1072, 1071 bis, y concs. del Código Civil.

Según ello, comprobado el exceso informativo -sea en un medio escrito o televisivo-, quien pretenda el resarcimiento deberá demostrar la culpa o negligencia en que incurrió el informador conforme al régimen de responsabilidad que se desprende del art. 1109 del Cód. Civil, por lo cual sería imprescindible probar el factor de imputabilidad subjetivo -sea la culpa o el dolo- de la persona u órgano que dio la noticia o publicó la crónica (CSJN, Fallos 316:1623).

Otros, en cambio, sostienen que no resulta necesario acreditar el comportamiento doloso o culposo de los accionados, cuando, sin justificación alguna, se invadió la esfera de estricta privacidad de la víctima. Si falta el fin legitimante, la ilegitimidad del acto basta para que sea resarcible el daño injusto, innecesario e inmerecidamente producido por la información difundida (conf. CNCiv, Sala D, “R., P. A. c/ Arte Radiotelevisivo Arg. S. A. y otros”, publicado en el diario La Ley del 4 de agosto de 2.008, pág. 11).

a) Los argumentos por los cuales se fundó la condena de los demandados fue la indebida injerencia en la intimidad del Sr. J. C. y su familia directa. En mi criterio, no pueden los accionados fundar su intromisión con el argumento de que el fallecido, en vida, fue quien difundió aspectos de su vida, de su adicción por las drogas o su orientación sexual. Ninguna prueba aportaron que permita considerar acreditado que el Sr. C. quiso la difusión de la correspondencia entre él y su grupo familiar.

De hecho, el propio J. C., en su programa “Kaos en la Ciudad”, al relatar las circunstancias personales que se encontraba atravesando hizo hincapié en el acompañamiento y apoyo de su familia al momento de su internación (ver video reservado en sobre adjunto al exp. N° 108.016/2.005). De allí que no quepa presumir ahora que tuviera interés en divulgar discrepancias o desencuentros familiares o el contenido de correspondencia que afectara a su grupo familiar.Resulta concordante en este sentido, lo declarado por el testigo Pavesio (ver fs. 555/58 del exp. n° 108.022/05) cuando al explicar cómo conoció al Sr. Ventura en 2.003, dijo que fue en ocasión en que por pedido del propio J. C., le pidió a Ventura que frenara o fuera indulgente en la publicación sobre una internación que había tenido (ver resp. 1 y 10). De modo que más allá de lo que personalmente pueda pensar ese testigo, encuentro elementos objetivos que permiten concluir que el Sr. Ca. sí estaba dispuesto a arbitrar los medios necesarios para evitar daños injustos para sí y para su grupo familiar y de intimidad, por publicaciones de la prensa en general.

Esto también me permite concluir que -a diferencia de lo que se afirma en los agravios- no se encuentra acreditado que el fallecido haya intentado siquiera hacer desaparecer todo límite o ámbito de reserva en su vida privada pese a su carácter de hombre de espectáculo.

b) Dicen los demandados que en verdad no se trató de cartas o correspondencia que les hiciera llegar el Sr. C., sino que hubo “dichos” de C. por los cuales personas de su círculo íntimo les acercaron un CD con la específica indicación de que dicho material fuera difundido públicamente. Sin embargo ninguna prueba fehaciente de dicha circunstancia aportaron. No es lo mismo que una persona hable de sí mismo, de lo que vive y piensa, y aparezca en fotos con terceros -que dieron su consentimiento para ello-, que el supuesto mandato verbal dado en una situación de internación del Sr. C., donde se presentan terceros sin identificar – que no son los actores – y piden la publicación o difusión de documentación privada, no destinada a ser publicada. Tal mandato no se ha acreditado en legal forma. O el Sr. C.debió dejar alguna instrucción por escrito para publicar en su internación o luego de su muerte, o los terceros debieron asumir formalmente frente a la familia y la prensa, concretamente, lo que escucharon decir a C., o lo que vieron o pensaron de los aquí actores.

Por su parte, los demandados, con el Sr. C. sin posibilidad concreta de ratificar, desmentir o accionar judicialmente, debieron extremar los recaudos que dejaran constancia de su real voluntad, ante el tenor del material acompañado que no podían desconocer, antes de publicar o difundir. De lo contrario incurren en un accionar negligente.

Desde otro ángulo de análisis entiendo que no cabe aplicar aquí la doctrina “Campillay” de nuestro máximo tribunal por cuanto no resulta relevante el origen de las informaciones ni la causa que las generó sino si fue J. C. quien autorizó o entregó para su difusión, documentación privada no destinada a ser publicada. No puede soslayarse la pena impuesta al Sr. Ventura en el expte. 25.276 del fuero correccional de esta Ciudad por publicación indebida de correspondencia con motivo de estos hechos (expediente que se tiene a la vista).

En las circunstancias concretas en que se produjeron los hechos analizados, no basta con citar la fuente para eximirse de responsabilidad, ni tampoco se identificó a quienes acercaron el material a los accionados, más allá de las sospechas que pueden surgir de los dichos del citado testigo Pavesio (ver fs. 557/58, resp.14 y 16).

Creo que es necesario precisar que no está juzgado en este momento el contenido de lo que se difunde, sino sólo como llega y quien autoriza a publicar material o cuestiones de índole privado o íntimo, cuando no es el propio interesado o destinatario de la correspondencia quien la brinda; mi conclusión es que hubo negligencia de los accionados respecto de la evaluación de la procedencia y las voluntades requeridas para la publicación del material.

Un segundo aspecto o momento será analizar si el contenido de lo difundido causó daño, se trate o no de algo novedoso o de la violación de un secreto familiar. En este sentido creo que no hay dudas del daño que tiene aptitud para provocar el material difundido, no sólo a los actores frente a terceros sino también intrafamiliar.

c.- En cuanto a la equiparación de las “cartas o correspondencia” con “dichos” del Sr. J. C., debe tenerse en cuenta que fue el propio codemandado Ventura quien a fs. 519 del exp. 108016/2005, ante la pregunta del juez sobre si podía decirle si cuando recibió las 53 cartas, tenía la certeza de que pertenecían efectivamente a J. C., respondió que “mientras estaba en el programa, recibió una comunicación telefónica de la redacción de Paparazzi (del Sr. Gonzalo Abascal) quien le dijo que habían dejado un CD conteniendo las cartas”. Este reconocimiento de que no hubo “dichos” de J. C. ni se recibieron de éste los documentos o el C.D. personalmente, sellan la suerte del agravio, que debe rechazarse; máxime si reparamos en la señalada condena impuesta al Sr. Ventura en el expediente n° 25.276, que tramitó por ante el Juzgado Nacional en lo Correccional n° 1, Secretaría n° 51, por el delito de publicación indebida de correspondencia (art. 1112 Cód. Civil). En efecto, se debieron verificar las circunstancias en que les llegó esa documentación, con mayor razón si se repara en que conocían la imposibilidad de hecho del Sr.C., pues fue de público conocimiento en el mundo del espectáculo.

La causa penal mencionada dió cuenta del contenido sensible y personal del material divulgado y, los considera “ostensiblemente ajenos a cualquier tipo de interés público . porque no puede razonablemente sostenerse que la correspondencia personalísima remitida a su hermano por quien no es conocido públicamente pueda considerarse de tal interés .” (ver fs. . del expediente penal). Además, haciendo referencia a otra causa (causa n° 10.389 “Lanata, Jorge”), se mencionó que “.el tan difundido ´e mail´ de nuestros días es un medio idóneo, certero y veloz para enviar todo tipo de mensajes, misivas . etcétera; es decir, amplía la gama de posibilidades que brinda el correo tradicional . Es más, el correo electrónico posee características de protección de la privacidad más acentuadas que la inveterada vía postal a la que estamos acostumbrados . Sentadas estas bases preliminares, nada se opone para definir al medio de comunicación electrónico como un verdadero correo en versión actualizada. En tal sentido . goza de la misma protección.”. Se concluyó que “.Ventura hizo publicar indebidamente la correspondencia en cuestión, no destinada a publicidad, puesto que no contaba con la debida autorización del aquí querellante ni con el amparo de causal alguna de justificación sobre el particular.” y consecuentemente se declaró al Sr. Ventura como autor penalmente responsable del delito de publicación indebida de correspondencia (ver fs. 295/303). A fs. 365/373, se rechazó el recurso de casación interpuesto y a fs. 406 se declaró inadmisible el recurso extraordinario. De modo que al efecto, no importaría tanto si se trata de cartas, e-mails o CD con contenidos de propiedad de una persona; deben ser equiparados en su tratamiento y no se acreditaron los “dichos” del Sr. C. De modo que tanto la revista “Paparazzi”, con su recreación periodística (ver fs. 779 vta.), dirigido por el apelante Ventura y él mismo al referirlo en su programa, han tenido una indebida injerencia en la intimidad del Sr. J. C.y su familia directa y publicaron documentación no destinada a ello.

d.- Si bien esto resulta suficiente para rechazar los agravios, sumaré algunas otras precisiones sobre la exhibición de correspondencia que afectó el derecho a la intimidad tanto del Sr. C. como de su grupo familiar por tratarse de cuestiones privadas, confidenciales, no destinadas a ser publicadas.

La inviolabilidad de la correspondencia se encuentra consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos denominada Pacto de San José de Costa Rica, en el art. 11 inc. 2º, establece que: “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privad a, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra o reputación” (CNCiv, Sala H, “M.J. c/ S.A.”, 11/07/1997, publicado en La Ley 1998-C, 247, cita Online AR/JUR/277/1997). Además, la ley 20.216 ya referida por el anterior sentenciante, dispone en su artículo 6 que “La inviolabilidad de los envíos postales, importa la obligación de no abrirlos, no apoderarse de ellos, no suprimirlos, dañarlos o desviarlos intencionalmente de su curso, ni tratar de conocer su contenido, así como de no hacer trascender quienes mantienen relaciones entre sí o dar ocasión para que otros cometan tales infracciones”.

La circunstancia de que el Sr. J. C. fuera una persona pública, no resultaba extensible a su entorno familiar. Además, como se dijo, el hecho de que aquél expusiera públicamente determinadas cuestiones personales, no implicaba necesariamente que ya se hiciera desaparecer todo límite o ámbito de reserva de su vida privada. De hecho intentó interceder en algún momento por una publicación que se iba a hacer sobre una de sus internaciones (conf. testigo Pavesio) y creo que no resulta trascendente que sea o no un tema novedoso lo publicado. La propaganda hacía referencia a “cartas secretas” del fallecido, que daban detalles de cuestiones que en general había comentado a algunos.Para los medios, con cada material a difundir de estas características, deben extremarse los recaudos antes de logar su difusión. Que el mismo Sr. C. hubiera comentado su adicción, o su orientación sexual o problemas familiares en general, no habilitaba a nadie a publicar el contenido concreto de correspondencia, cartas o mails, cuando no se probó el expreso o presunto consentimiento por parte del interesado o del entorno familiar para ello.

Aún la persona conocida públicamente, tiene derecho a que se respeten sectores de su vida privada que él personalmente ha dado a conocer y en principio, carecen de todo interés social; tampoco hubo causal alguna de justificación. Los accionados así violaron no sólo correspondencia, cartas o mails privados del Sr. C., sino que afectaron su intimidad y la de su padre y hermanos, aludiendo a hechos y situaciones que no pueden considerarse de interés público, se apoderaron de ellos, dieron a conocer su contenido, hicieron trascender en concreto quienes se relacionaron entre sí y en qué términos, y dieron ocasión para que otros comentasen tal información. Eso es precisamente lo que impide la ley 20.216.

La autenticidad de los videos exhibidos conforme acta de fs. 519/vta. no se encuentra cuestionada. Y en esto voy a seguir el criterio del sentenciante de no transcribir el contenido de los mails en el fallo para evitar que una eventual publicación del mismo configure una intromisión innecesaria en la vida privada de los reclamantes.

El testigo Calori dijo a fs. 544/546 del expediente 108016/2005, que como periodista, recordaba las publicaciones y mencionó que “sólo fueron una intromisión en la privacidad, no era un hecho periodístico”, “no se daba referencia al accidente ni daba ninguna luz sobre la cuestión”; en forma coincidente declaró en el exp. N° 108022/2.005 a fs. 444/446.En el mismo sentido, obran diferentes testimonios -tantos en estos obrados como en los conexos- que además daban cuenta del sufrimiento que estaban atravesando todos los integrantes del grupo familiar con motivo de lo sucedido por esos días con el Sr. C., lo cual permite inferir la mayor aptitud para herir susceptibilidades de los familiares, por parte de la publicación y las emisiones televisivas de los programas señalados. Otras emisiones televisivas y/o publicaciones hicieron homenajes al Sr. J. C. sin difundir intimidades.

Coincido entonces con el sentenciante en que esta acreditada la intromisión de los accionados, -y en lo que aquí interesa, del apelante- en la intimidad y vida privada del Sr. C. y de los actores, pues se apropiaron y difundieron públicamente correspondencia ajena no destinada a su publicación, lo cual trae aparejado responsabilidad.

e.- En cuanto a la acrediatción del dolo o la culpa a la cual hizo referencia el “a quo” y América TV, y/o a la falta de prueba de “una actuación coordinada para la difusión”, coincido con aquél en cuanto a que no es necesaria la acreditación de una intención dolosa para incurrir en responsabilidad; alcanza sólo con la culpa o negligencia, que como se señaló anteriormente, es lo que se probó en el caso. Ya se dijo que el derecho de publicar las ideas o el derecho a la información constitucionalmente protegidos, encuentra su límite en los derechos de las personas a su privacidad. Nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento (CSJN en autos “Ponzetti de Balbín, Indalia c. Editorial Atlántida S. A.” – Fallos 306-2:1904); y en el caso no se verificó el consentimiento; de allí el accionar negligente y culposo de los demandados.Por otra parte, se desea remarcar que se están evaluando hechos que afectaban la intimidad de una persona con vida al producirse los mismos.

La difusión no autorizada del material importó además un abuso del derecho de libertad de prensa, una intromisión indebida en la vida privada de los citados, con aptitud para perturbar su intimidad, difundiendo hechos propios de la esfera de los derechos personalísimos, -que además involucran o pueden afectar a terceros-, con el único fin de obtener un lucro. Esta es la conclusión que viene como derivación lógica de la interpretación del art. 19 de la Constitución Nacional y 1071 bis del Cód. Civil.

Por otra parte, se desea remarcar que se están evaluando hechos que afectaban la intimidad de una persona con vida al producirse los mismos.

Por ello, tanto desde la postura clásica de responsabilidad al configurarse la negligencia de los accionados, como desde la postura más objetiva, del acto ilegítimo e injustificado en que éstos incurrieron, la acción debe prosperar, más allá de la verdad, falsedad o novedad de los hechos publicados.

Consecuentemente por todo lo expuesto, propondré el rechazo de las quejas de los recurrentes y la confirmación de lo decidido en la instancia de grado anterior sobre estos aspectos.

IV.- América TV S.A. cuestionó su legitimación pasiva. Sostuvo que no existía subordinación de los Sres. Rial y Ventura; que los programas fueron en vivo y por tanto imposibles de controlar los sucesos que fueron aconteciendo y/o no pudo tener injerencia en la actividad de los mencionados. Además afirmó que sólo cede el espacio televisivo mediante un contrato de obra, no elige temas, invitados y demás características del programa.Ya fue sostenido por esta Sala en casos similares, que no puede sostenerse la irresponsabilidad sobre la base de la no posibilidad de verificar el contenido de la totalidad de las notas que se realizan en programas “en vivo”. Ello por cuanto siendo titular del canal y locataria de los contratos que se celebran con los codemandados para la puesta en el aire del programa que difundió la correspondencia, no puede eximirse de responder por los daños producidos a terceros, en virtud de lo normado por el art. 43 Cód. Civil. Frente a la víctima, los convenios que pudieron celebrar las partes no le resultan oponibles, en función de lo previsto por el art. 1.197, 1.199 y concordantes del Cód. Civil.

Asimismo, en las cuestiones atinentes a la responsabilidad por daños derivados de la actividad de medios masivos de comunicación, frente a la víctima responden quienes generan y controlan la gestión informativa que realizan tales medios. De este modo responde el director, el editor, el empresario del medio, el periodista o colaborador permanente u ocasional, el autor de la publicación agraviante, el productor del programa radial o televisivo, etc. (conf. CNCiv, Sala D, “R., P. A. c/ Arte Radiotelevisivo Arg. S.A. y otros, publicado en el diario La Ley del 4 de agosto de 2.008, pág. 11 y bibliografía allí mencionada). Por tanto, las críticas a este aspecto serán rechazadas.

Este sentido esta Sala ha dicho que “la responsabilidad de un canal de televisión debe juzgarse también conforme a la idea del aprovechamiento económico, porque es justo que quien obtiene beneficios que comparte con el productor, soporte también los riesgos inherentes.Si el “dueño” del espacio optó por una programación y asumió los riesgos implícitos en toda la emisión en la que la posibilidad de contralor o vigilar se torna muy dificultosa, no se advierte la razón por la cual deba excluirse su responsabilidad respecto de hechos cuya ocurrencia no era imprevisible, ni se ha probado que fueran inevitables, de haberse adoptado algún método de contralor especial” (CNCiv, Sala “A” abril 4/1989, “Alvelo Hernández de Montes, J c/ Canal 13 Río de la Plata T.V. y otro s/ daños y perjuicios”, extraído de la Base de datos de la Cámara Civil, B 151, doc. 536). Existe un factor autónomo de responsabilidad por “actividad económica empresaria”, del canal de televisión, que deriva de la noción del riesgo – provecho. Se suma a ello que la actuación del conductor de TV corresponde al giro normal del negocio de la empresa y pertenece -desde este concepto amplio- a ella, quien responde por su actuación en los términos del art. 1113, primera parte del Código Civil (esta Sala, marzo 8/2010 “Ortega, Ramón Bautista y otro c/ Telearte S. A. y otros s/ daños y perjuicios” , L 537.148). De modo que entiendo que en cuanto a este específico codemandado, tiene legitimación pasiva y cabe atribuirle en el caso, responsabilidad civil de tipo objetiva -como riesgo de la empresa- y también subjetiva, por su accionar negligente en el control de cuestiones privadas o de la intimidad.

VI.- América TV S.A. finalmente cuestionó la solidaridad fijada en la condena, entre ella y los codemandados Ventura y Rial.

El anterior sentenciante sostuvo que todos los demandados habián concurrido a la conforma ción del obrar antijurídico. Afirma que hubo una actuación coordinada para la difusión y la retroalimentación publicitaria entre la revista y los programas de televisión.Sostiene que el concurso de diversos sujetos – los demandados-, para la concreción de la conducta ilícita, lo llevaba a establecer un supuesto de solidaridad. En esto voy a disentir parcialmente con el sentenciante.

En un caso similar al de autos, con voto preopinante de mi distinguido colega Dr. Galmarini, esta Sala sostuvo que “frente a la víctima responden, de manera ´concurrente´, quienes generan y controlan la actividad informativa que realizan los medios masivos de comunicación, entre quienes se menciona al director, editor, empresario propietario del medio, el periodista o colaborador permanente u ocasional, autor de la publicación agraviante, el productor de un programa radial o televisivo, etcétera, y también las agencias informativas, nacionales o extranjeras, que hayan generado o difundido la información a otros medios (Ramón Daniel Pizarro “Responsabilidad civil de los medios masivos de comunicación- Daños por noticias inexactas o agraviantes”, p. 524, nº 102, Hammurabi, Bs. As. 1999, 2ª. edición actualizada y ampliada; conc. CNCiv, Sala “D”, marzo 28/2008 “Ramírez, Pablo Alejandro c/ Arte Radiotelevisivo Argentino SA (ARTEAR SA) y otros s/ daños y perjuicios” y sus acumulados “Carrica, Karina Noemí c/ Arte Radiotelevisivo Argentino SA (ARTEAR SA) y otros s/ daños y perjuicios”, “Torres Zavaleta, Isabel c/ Arte Radiotelevisivo Argentino SA (ARTEAR SA) y otros s/ daños y perjuicios” y “Zungri, Axel Norberto c/ Arte Radiotelevisivo Argentino SA (ARTEAR SA) y otros s/ daños y perjuicios”, Sumario n° 18568 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil) . en cada caso deberá determinarse si su participación personal, sea por acción o por omisión, ha generado o no ha impedido, pudiendo hacerlo, la publicación de noticias inexactas o agraviantes, o que afectan la intimidad o que utilizan ilegítimamente la imagen de quien invoca ser afectado, produciendo daños a terceros .” (CNCiv. Sala F, abril 27/ 2004, “R., S.J. c/ Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. y otro s/ daños y perjuicios”, L. 291011, elDial.com-AA2073, voto del Dr. Posse Saguier)” (conf.esta Sala, “Asociación Civil Lineamiento Universal Superior c/ Gosman, Eleonora s/ daños y perjuicios” , expte n° 12.492/06, del 30 de noviembre de 2.012).

En este sentido, América TV, debió ejercer -por sí o a través de terceros- el deber de controlar y supervisar la información que se difundía masivamente; cuenta con amplia autonomía para evitar determinadas notas periodísticas y si se omite el control de cuestiones que afectan a la intimidad de una persona y un grupo familiar, su condena a resarcir debe ser concurrente con los demás codemandados. Veo concausalidad en el hecho dañoso por el rol protagónico que tuvo en la difusión de los documentos y en la entidad del daño.

Así, “las obligaciones que no tienen una fuente común, aunque se hallen entre ellas vinculadas por una finalidad común, son consideradas “in solidum”, y también conexas o concurrentes, y por imperio de las circunstancias las obligaciones nacen como obligaciones diversas integralmente a cargo de cada uno de los deudores” (Bustamante Alsina, Jorge, “Mala praxis médica: responsabilidades emergentes de la falta de control cardíaco durante un acto quirúrgico”, ED 169-119).

Por ello, considerando el role que ocupó la empresa América TV, considero que estamos en su caso ante un supuesto de obligaciones “in solidum” o concurrentes, y en este sentido la sentencia deberá parcialmente modificada. Ello es sin perjuicio de la solidaridad que se mantiene entre los restantes demandados.

VII.- Los demandados cuestionaron la procedencia y cuantificación de las partidas indemnizatorias.

La condena dispuesta por el sentenciante fue de pesos cuarenta mil ($40.000) para el Sr. M. E. C.; pesos cuarenta mil ($40.000) para la sucesión de J. C., pesos treinta mil ($30.000) para la sucesión de H. A. C., y pesos veinte mil ($20.000) para el Sr. H. C. F.

El codemandado Ventura cuestionó tanto la procedencia y fundamento, como su cuantificación. América T.V.se quejó por la legitimación de los actores no sólo por tratarse de un daño exclusivo de la persona pública fallecida, sino porque además, quienes se agraviaron en forma directa no poseían un nivel de exposición que haya permitido que la información los perjudicara; subsidiariamente cuestionaron su cuantificación, solicitando fuera tenida en cuenta su falta de intención de dañar.

En primer lugar, entiendo al daño moral como el menoscabo o lesión a intereses no patrimoniales provocados por el evento dañoso. El daño moral comprende los padecimientos y angustias que lesionan las afecciones legítimas de los accionantes. Asimismo se lo ha definido como una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar la persona diferente al que se hallaba antes de los hechos, como consecuencia de éstos y anímicamente perjudicial. Se trata de todo menoscabo a los atributos o presupuestos de la personalidad jurídica, con independencia de su repercusión en la esfera económica. Debe tenerse en cuenta que para que proceda la indemnización por agravio moral la ley no fija exigencias acerca de alguna prueba específica sobre su existencia.

Respecto de la procedencia del daño moral, como dije oportunamente el art. 1078 del Código Civil acuerda la acción indemnizatoria, en principio, sólo a los damnificados directos; y si del hecho hubiese resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán acción los herederos forzosos. En la especie, como ya se analizó, incuestionable resulta la legitimación de M. C. para reclamar por derecho propio el daño moral sufrido por la violación de sus correos electrónicos. Tampoco podría cuestionarse la legitimación de los demás actores que reclamaron por derecho propio el daño moral derivado de la exposición de correspondencia privada que los involucró, donde hubo divulgación masiva de cuestiones que sólo competían al ámbito familiar.Y en este sentido, el entorno familiar, aún cuando no se trate de personas públicas, en su calidad de hermanos y padre de quien en vida fuera el Sr. J. C., se encuentran legitimados para reclamar el daño moral por derecho propio. Su padre, además, puede peticionar por el daño moral generado por la violación de la intimidad de su hijo quien se encontraba aún con vida y luego falleció.

El artículo 19 de la Constitución Nacional establece el principio general que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero, el “alterum non leadere”, transgredido en el caso. Ese arraigo constitucional ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 308:1118). La violación de este principio naturalmente depara como consecuencia una reparación, que debe ser plena o integral, vale decir, justa, porque no sería acabada indemnización si el daño quedara subsistente en todo o en parte (Fallos 282:213). Pero, con independencia de ese sustento constitucional y, paralelamente, esta garantía se encuentra consagrada por los Tratados Internacionales por vía de lo dispuesto en el inc. 22 del art. 75 de la Constitución Nacional, con fuerza y jerarquía superior a las leyes. Contamos por de pronto con lo que estatuye el art. 21 punto 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de una indemnización justa”. Paralelamente, el art.5 del mismo cuerpo supralegal ampara el derecho a la integridad personal al expresar que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. Incluso, sostuvo Germán Bidart Campos que “el derecho privado se ocupa del llamado “derecho de daños”. Constitucionalmente no es errado hablar de un derecho al resarcimiento y a la reparación del daño, e incluso entre los derechos implícitos; el artículo 17 ha previsto en materia de expropiación, y surge asimismo ahora del artículo 41 en materia ambiental, a más del caso específico de la reparación por el error judicial, que cuenta con normas en Tratados de Derechos Humanos que tienen jerarquía constitucional (conf. art. 10 de la Convención Americana)” (“Manual de la Constitución Reformada, Buenos Aires, Ediar, 1997, tomo I, pág. 110); también ha adquirido jerarquía constitucional el derecho a la indemnización por las responsabilidades ulteriores cuando se ha afectado a una persona por medio de la prensa (art. 13, inciso 2º de la referida Convención). En suma, a través de estas previsiones, el derecho de daños tiene rango constitucional (conf. Juzg. Nac. Civil de 1° Inst. nº 91, exptes. nº 79.593/04 y 35.751/2.005, “Dürr, Otmar c/ Medifé, Asociación Civil y otro s/ daños y perjuicios” y “Pinciroli de Dürr, Adela Lidia c/ Medifé, Asociación Civil y otro s/ daños y perjuicios”; 06/05/08).

Coincido con quienes sostienen que en el daño moral, al ser de esencia subjetiva, lo formal o externo como el parentesco sólo puede considerarse como una base de presunción de cierta realidad espiritual. Los padecimientos ocasionados no precisan de probanza alguna por tratarse de prueba “in re ipsa” que surgen por la sola comisión del ilícito que produce daño, sin perjuicio de que pueda considerarse -para evaluar el monto indemnizatorio- que en general alguna noticia o comentario sobre algunos problemas del Sr. C.y su familia había sido mencionado previamente a los medios por el propio interesado. También se atenderá la situación de emisor o de mencionado en los documentos.

La procedencia del reclamo resulta consecuente con el principio de acceso a la justicia, en una situación de suma gravedad y altamente sensible al ser humano, como es la violación de correspondencia privada con aptitud para afectar negativamente al grupo familiar que integraba el Sr. C., y herir las justas susceptibilidades de sus integrantes.

Lo señalado lleva a concluir que en estos supuestos, el daño aparece en forma manifiesta, ante la proximidad en el vínculo familiar, afectivo y el compromiso vital entre los reclamantes y el Sr. Juan C. La circunstancia de que los coactores no sean personas públicas, o que alguna pueda ser más pública que otra y/o que algunos no compartieran el intercambio epistolar, o no fueran herederos forzosos, en mi visión, no resulta relevante en la medida en que sí son parientes en primer grado y hermanos o medio hermanos.

De allí que deba accederse al pedido de indemnización, conforme al principio fundamental de todo Derecho, de que debe resarcirse integralmente el daño causado, de modo prioritario (conf. art. 1109, 1077, 1079 del Código Civil).

Rechazar el reclamo respecto de alguno de los aquí accionantes, haría que la reparación fuera parcial, no sólo porque no se atiende al daño moral de los hermanos o de quienes reclaman como damnificados directos, sino también porque desde la perspectiva del grupo familiar del Sr. J. C., la ley no estaría protegiendo de igual modo a todos los integrantes directos de la familia, cuando el gravamen generado es de igual naturaleza.

De lo contrario, no se estaría cumpliendo con los preceptos de protección familiar como son los arts. 14 bis tercer párrafo de la Constitución Nacional; arts. 17, 27, 29 y conc. del Pacto de San José de Costa Rica; arts.10 y 23 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos de raigambre constitucional, así como también el precepto de igualdad ante la ley (conf. art. 16 de la Constitución Nacional y la doctrina emanada del art. 1079 del Código Civil).

La cuantificación de esta partida, se encuentra librada al prudente arbitrio judicial, con amplias facultades para computar las particularidades de cada caso. En virtud de las consideraciones precedentes, teniendo en cuenta las circunstancias personales de los reclamantes, el momento en que se sucedieron los hechos de divulgación y difusión y demás particularidades del caso y no habiendo apelación de los accionantes, en uso de las facultades que confiere el art. 165 del Cód. Procesal, por no resultar elevadas, corresponde proponer su confirmación y el rechazo de las quejas planteadas sobre las indemnizaciones.

VIII.- De modo que por lo dicho, propicio al acuerdo, la modificación parcial de la sentencia disponiendo la “concurrencia” de la condena por responsabilidad del demandado América T.V. S.A., confirmándola en todo lo demás que fue materia de agravios. Costas de alzada a los perdidosos, atento a la envergadura y resultado de las apelaciones (conf. art. 68 Cód. Procesal).

Por razones análogas a las expuestas por la Dra. Pérez Pardo, los Dres. Flah y Liberman votan en el mismo sentido.

Con lo que terminó el acto. Firmado: Marcela Pérez Pardo, Lily R. Flah y Víctor Fernando Liberman. Es copia fiel del original que obra en el Libro de Acuerdos de esta Sala.

Jorge A. Cebeiro

Secretario de Cámara

Buenos Aires, 1 de octubre de 2014.

Y VISTOS: lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el tribunal decide: modificar parcialmente la sentencia disponiendo la “concurrencia” de la condena por responsabilidad del demandado América T.V. S.A., confirmándola en todo lo demás que fue materia de agravios. Costas de alzada a los perdidosos, atento a la envergadura y resultado de las apelaciones. Difiérese conocer de los recursos deducidos por honorarios y los correspondientes a la alzada hasta tanto exista liquidación aprobada en los términos de la ley 24.432.

Extráigase fotocopia certificada de esta sentencia para ser agregada al expediente acumulado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia está sometida a lo dispuesto por el art.164, 2° párrafo, del Código Procesal y art.64 del Reglamento para la Justicia Nacional.

MARCELA PEREZ PARDO

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