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Limitar el ambito de aplicación personal de un CCT solo a los afiliados de un sindicato es contrario al orden jurídico

shutterstock_128217269Partes: Paz Claudia c/ Rutas al sur S.A s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 30-may-2014

Cita: MJ-JU-M-87299-AR | MJJ87299

El convenio celebrado entre el sindicato y varias empresas concesionarias viales no puede circunscribicr el ámbito de aplicación personal a los trabajadores afiliados a la organización sindical signataria.

Sumario:

1.-El convenio celebrado ente el sindicato y varias empresas concesionarias viales no circunscribe el ámbito de aplicación personal a los trabajadores afiliados a la organización sindical signataria, ya que la única mención que se hace a la afiliación es la señalada en la cláusula segunda que no se refiere al universo de beneficiarios sino a la determinación del quantum de la obligación. (Del voto del Dr. Arias Gibert, al que adhiere el Dr. Raffaghelli – mayoría)

2.-La interpretación que circunscribe el universo de beneficiarios a aquellos que estuvieren afiliados a una determinada organización da preferencia a la interpretación que colisiona con el orden jurídico, pues se estaría cohonestando una práctica antisindical señalada en los incisos a) c) y d) del artículo 53 LAS, lo que afectaría el principio de seguridad jurídica, pues la interpretación propuesta en la sentencia de origen lleva a la aplicación directa de la norma del artículo 953 del CCiv. por tratarse de actos jurídicos celebrados con ilicitud de objeto. (Del voto del Dr. Arias Gibert, al que adhiere el Dr. Raffaghelli – mayoría)

3.-La creación de cláusulas normativas en un convenio colectivo de trabajo tiene como presupuesto la representación del interés colectivo de los trabajadores y, por tanto, lo que se sigue del ámbito de interés representado es la extensión del beneficio a la totalidad de los trabajadores comprendidos en el ámbito de actuación. (Del voto del Dr. Arias Gibert, al que adhiere el Dr. Raffaghelli – mayoría)

4.-En la sentencia de origen se afirma que la condición de percepción del beneficio es la extinción del contrato de trabajo, pero establecer la extinción de la relación de trabajo por mutuo acuerdo excede las facultades generales de representación de la organización sindical sin que medie poder específico al respect; por tal motive, la interpretación (que carece de texto alguno que justifique la afirmación) excede el ámbito de lo que el sindicato puede representar sin autorización del trabajador. (Del voto del Dr. Arias Gibert, al que adhiere el Dr. Raffaghelli – mayoría)

5.-La suma pactada en concepto de premio ha sido prevista únicamente a favor de los trabajadores afiliados al SUTPA, razón por la cual, sin perjuicio del análisis que en otro contexto pueda efectuarse acerca de la legitimidad de dicho acuerdo, éste no ha sido objeto de un cuestionamiento concreto y específico en la demanda, como así tampoco en el escrito de apelación, razón por la que por aplicación del principio de congruencia no corresponde emitir opinión sobre el punto. (Del voto del Dr. Zas – disidencia)

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 30 días del mes de mayo de 2014 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR OSCAR ZAS dijo:

I. Contra la sentencia dictada en la instancia anterior a fs. 226/228, que rechazó las pretensiones de la demanda, se alza la parte actora a tenor del memorial obrante a fs. 230/1, que mereció réplica de la contraria en los términos del escrito obrante a fs. 234/6.

II. Liminarmente, entiendo necesario puntualizar que para fundar su decisión el señor juez de primera instancia expresó:»…analizadas las pruebas traídas al proceso , tengo para mí que la actora solo ha acreditado la firma de un convenio entre la demandada y el S.U.T.P.A. para beneficio en concepto de premio y por única vez, para aquellos que optaron por la desvinculación, que no es el caso de la actora, que no se encontraba en la lista proporcionada por el sindicato, por lo que no se ha demostra- do los hechos que expuso como fundamento de la acción y mucho menos que la accionante hubiera sido objeto de discriminación en la percepción del premio motivo del reclamo, frente a compañeros en sus mismas condiciones, esto es sin estar afiliados al sindicato, todo lo que me lleva a concluir que la presente acción debe ser rechazada íntegramente, pues no se ha acreditado el sustento acción (sic), ya que la actora sigue trabajando con la nueva adjudicataria y de la pérdida de la licitación no resultó ningún perjuicio para la pretensora (cfr. arts. 63, 242, 245 y 246, LCT)».

Dicha solución es objeto de crítica de la parte actora, aunque adelanto que, a mi modo de ver, los argumentos que expone la quejosa no permiten revertir dicha solución, por las razones que seguidamente expondré.

III.La cláusula PRIMERA del acuerdo de fs. 129, en lo pertinente, expresa: «…RUTAS AL SUR S.A……se compromete a pagar en concepto de premio y por única vez, una suma que se calculará de acuerdo a lo que se establece en la Cláusula Segunda». La cláusula SEGUNDA, reza: «A los fines del cálculo del premio establecido en la Cláusula anterior se tomará como referencia una suma equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80 %) de las indemnizaciones que por antigüedad le hubiera correspondido a cada trabajador afiliado al SUTPA al 21 de abril de 2010, que se desempeñaran en las Concesiones Viales vinculadas al presente».

Sobre dicha base normativa, en la cual se funda la pretensión de la demanda, si bien he de señalar que de sus términos no surge que el mismo comprenda -o no- a trabajadores que hayan optado por su desvinculación, razón por la cual deviene abstracto analizar tales cuestiones por resultar ajenas al convenio en cuestión, considero que el factor determinante reside en que la suma allí pactada en concepto de «premio» ha sido prevista únicamente a favor de los trabajadores afiliados al SUTPA, razón por la cual, sin perjuicio del análisis que en otro contexto pueda efectuarse acerca de la legitimidad de dicho acuerdo, lo cierto es que éste no ha sido objeto de un cuestiona- miento concreto y específico en la demanda, como así tampoco en el escrito dirigido a este Tribunal, razón por la que por aplicación del principio procesal de congruencia no corresponde emitir opinión sobre el punto (arts. 34 inc. 4º, 163 inc. 6º, 271 y 277, C.P.C.C.N.y 155, L.O.).

Con dicha aclaración, si bien no se discute que la actora no estaba afiliada a la entidad sindical que suscribió el acuerdo, cabe remarcar que en la demanda se fundamentó el reclamo al sostener que «…dicho premio fue abonado a gran parte del personal (afiliado y no afiliado al sindicato) por la suma de $23.010…» y que «…evidentemente, en el caso de que dicho `premio´ en principio hubiese sido solamente para los afiliados al SUTPA, la empresa decidió extenderlo a todo el personal, como quedará evidenciado con la prueba ofrecida en autos…» (ver fs. 5 y vta.; lo remarcado corresponde al original). Sin embargo, en las presentes actuaciones no ha sido demostra- do dicho presupuesto fáctico, a cuyo efecto observo que en el peritaje contable no se ha informado respecto de dicho punto, como así tampoco existen otros elementos probato- rios que evidencien la aludida práctica de la demandada; esto es, que haya abonado el rubro en cuestión a trabajadores que, al igual que la actora, no se encontrasen afiliados al SUTPA (arts. 377 y 386 C.P.C.C.N.). En lo que atañe a la prueba testimonial, cabe precisar que, como se destacara en la sentencia apelada, ninguno de los testigos pudo dar certeza acerca de dicho uso empresarial, toda vez que sus dichos resultan meramente referenciales (art. 90 L.O.).

Tampoco hallo viable el planteo que formula la quejosa respecto a que «…es la demandada quien está en mejores condiciones de probar la existencia de la causal objetiva que excluiría a la actora de percibir dicho premio…» (fs. 230 vta., 1er.párr.), pues más allá de que la «causal objetiva» se encuentra fuera de discusión (ser afiliado a SUTPA), lo cierto es que no encuentro -en principio- inconvenientes para la producción de prueba tendiente a la demostración de la plataforma fáctica de la demanda, y, por otra parte, observo que la parte actora ni siquiera precisó quiénes eran los trabajadores no afiliados a la entidad sindical que habrían percibido el rubro en cuestión.

En suma de las consideraciones expuestas y tal como anticipara, voto por confirmar el rechazo de la demanda decidido en la sede de origen.

IV. En atención a la suerte que he propiciado al recurso interpuesto, las costas de alzada deberían imponerse a cargo de la recurrente (conf. art. 68 C.P.C.C.N.) y a tal fin sugiero regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada en el 25% de lo que, en definitiva, les corresponda por sus labores en la instancia de origen (conf. art. 14, ley arancelaria citada).

EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT manifestó:

Disiento con el voto que antecede. En la expresión de agravios se seña- la con claridad que a criterio de la apelante, el convenio colectivo de empresa no registrado se aplica a la totalidad de los trabajadores comprendidos en el ámbito de la empresa signataria (fojas 231). Esta, por otra parte es la hipótesis principal que vertebra la demanda, señalando que, como argumento subsidiario, aun así el convenio se aplicara solamente a los trabajadores afiliados, también otros trabajadores habían obtenido el beneficio (primer párrafo de fojas 5 vuelta).

De este modo no existe vicio de incongruencia alguno en el tratamien- to del criterio de interpretación propuesto por el apelante y, sobre el punto, he de adelantar que le asiste razón. El convenio agregado a fojas 129 celebrado ente SUTPA y varias empresas concesionarias viales no circunscribe el ámbito de aplicación personal a los trabajadores afiliados a la organización sindical signataria.La única mención que se hace a la afiliación al SUTPA es la señalada en la cláusula segunda que no se refiere al universo de beneficiarios sino a la determinación del quantum de la obligación:

A los fines del cálculo del premio establecido en la Claúsula anterior se to- mará como referencia una suma equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80%) de las indemnizaciones que por antigüedad le hubiera correspondido a cada trabajador afiliado al SUTPA al 21 de abril de 2010, que se desempeña- ran en las Concesiones Viales vinculadas al presente.

Es un criterio de interpretación tanto del contrato como de las disposi- ciones normativas (el convenio colectivo participa en sus cláusulas normativas de esa doble naturaleza) que sus disposiciones deben adecuarse al ámbito de licitud por el cual se ha concedido la fuerza vinculante.

En el caso, la interpretación que circunscribe el universo de beneficia- rios a aquellos que estuvieren afiliados a una determinada organización da preferencia a la interpretación que colisiona con el orden jurídico.En particular se estaría cohonestan- do una práctica antisindical señalada en los incisos a) c) y d) del artículo 53 LAS.

A su vez, corolario de ello es la afectación del principio de seguridad jurídica, pues la interpretación propuesta en la sentencia de origen lleva a la aplicación directa de la norma del artículo 953 del Código Civil por tratarse de actos jurídicos celebrados con ilicitud de objeto, por lo que se trataría de actos anulables de nulidad absoluta.

Tal como se señala en los agravios, la creación de cláusulas normativas en un convenio colectivo de trabajo tiene como presupuesto la representación del interés colectivo de los trabajadores y, por tanto lo que se sigue del ámbito de interés represen- tado es la extensión del beneficio a la totalidad de los trabajadores comprendidos en el ámbito de actuación (en el caso las empresa indicadas).

Ello, sin perjuicio de señalar que en el caso resulta de aplicación lo normado por el artículo 9 RCT, por lo que la sentencia de origen debe ser revocada.

En la sentencia de origen se afirma que la condición de percepción del beneficio es la extinción del contrato de trabajo. Establecer la extinción de la relación de trabajo por mutuo acuerdo excede las facultades generales de representación de la organización sindical sin que medie poder específico al respecto.Por tal motivo la interpretación (que carece de texto alguno que justifique la afirmación) excede el ámbito de lo que el sindicato puede representar sin autorización del trabajador (artículo 23 inciso a LAS).

Reconocidos los haberes extendidos por Rutas al Sur SA y no cuestio- narse el mejor salario indicado por la actora el monto del premio debe ser igual al 80 % de la indemnización por antigüedad que le correspondía a la actora (no se ha indicado que tuviera un salario superior a cualquier trabajador afiliado al SUTPA). Por tanto el monto por el que ha de prosperar la demanda es de $ 26.927,04.

A esta s uma debe adicionarse la tasa de interés nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco de la Nación para un plazo de 49 a 60 meses (conf. Acta C.N.A.T. 2600 del 7/5/12 y Acta 2601 del 21/5/14). La suma resultante será pagada dentro del quinto día de conformidad a lo normado por el artículo 777 del Código Civil. En caso de no realizarse el pago en término se procederá conforme establece el artículo 623 del Código Civil, sin perjuicio de la aplicación de intereses punitorios si del proceso de ejecución el juez considerara que existiera renuencia del condenado a cumplir la manda judicial.

Atento el modo de resolverse la cuestión corresponde dejar sin efecto lo resuelto con relación a costas y honorarios conforme artículo 279 CPCCN. Las costas deberán ser impuestas en ambas instancias a la demandada vencida (artículo 68 CPCCN).

Los honorarios de origen deberán ser regulados en los siguientes por- centajes respecto del monto de demanda teniendo en cuenta la actuación en el doble carácter de abogado y procurador de los letrados de parte, la calidad y extensión de los trabajos (artículo 6 de la ley de aranceles), el éxito obtenido y las escalas arancelarias de los artículos 7 y 9 de la ley de Aranceles.Para la representación y patrocinio letrado de la actora: 16%; Para la representación y patrocinio letrado de la parte demandada 12%. Los honorarios de alzada se establecen en el 35% y 25% de lo que les fuera regulado por su actuación en origen a los Sres. letrados de la parte vencedora y vencida respectivamente, atento la expresa normativa del artículo 14 de la ley de aranceles.

EL DOCTOR LUIS ANIBAL RAFFAGHELLI dijo:

Por análogos fundamentos en lo que resulta objeto de disidencia en autos, adhiero al voto del Dr. Enrique Arias Gibert.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL POR MAYORIA RESUELVE:

1. Revocar la sentencia de origen condenando a la accionada a abonar al actor dentro del quinto día la suma de $ 26.927,04 con más intereses conforme lo indicado en el segundo voto, con costas en ambas instancias a la demandada vencida.

2 Regular los honorarios conforme lo propuesto por el segundo voto. Regístre- se, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856, Acordadas C.S.J.N. 15/13 (punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.

Oscar Zas

Juez de Cámara

Enrique Nestor Arias Gibert

Juez de Cámara

Luis Anibal Raffaghelli

Juez de Cámara

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