fbpx

No resulto intempestiva la resolución del contrato por el cual se prestaba servicios de limpieza a favor del supermercado demandado

Limpieza (2)Partes: M & L Servicios S.A. c/ Coto CICSA s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: D

Fecha: 10-jun-2014

Cita: MJ-JU-M-87795-AR | MJJ87795

La actora no acreditó que la resolución del contrato mediante el cual prestaba servicios de limpieza para el supermercado demandado haya sido intempestiva y las facturas reclamadas no se correspondían con el precio pactado.

Sumario:

1.-Nuestro derecho contempla los siguientes supuestos de rescisión: a) la rescisión bilateral, llamada también distracto , que se halla prevista en el art. 1200, primera parte , del Código Civil, y que constituye un contrato por el cual las partes dejan sin efecto un contrato anterior; b) la rescisión unilateral prevista, que se presenta cuando las partes de un contrato han pactado una cláusula que autoriza a cualquiera de ellas a dejarlo sin efecto; hipótesis en la que, claramente, también concurren dos voluntades: la de quien rescinde que es actual, y la de la otra parte que la ha dado por anticipado; y c) la rescisión legal, que se presenta cuando es la ley la que autoriza a una de las partes para unilateralmente disolver el contrato y que se da, por ejemplo, en las hipótesis de los arts. 1638 ; 1639 ; 1767 ; 2226, inc. 1°, segunda cláusula ; y 2285 del CCiv.) y los efectos jurídicos de estas tres alternativas son diversos.

2.-La rescisión bilateral o distracto tiene los efectos que las partes le hubieran asignado; ellas pueden acordar que el contrato originario quede sin efecto retroactivamente, con obligación de restituirse mutuamente lo que hubieran recibido la una de la otra, o bien pueden acordar que el contrato deje de producir sus efectos en adelante, quedando firmes los efectos ya producidos.

3.-La rescisión unilateral prevista, puesto que se asienta en lo estipulado por las partes tiene, en principio, también los efectos que ellas hubieran establecido. Y si nada han acordado tiene eficacia para el futuro, es decir, opera ex nunc sin alterar los efectos ya producidos. Queda a salvo, desde luego, la responsabilidad del contratante que rescinde abusivamente (art. 1071 del CCiv.).

4.-La rescisión legal tiene efectos ex nunc, o sea, no tiene retroactividad. Asimismo, tiene ciertos efectos que la propia ley determina como ser, en algunas hipótesis, no hay obligación de indemnizar al otro contratante, y en otras, en cambio, se asume una responsabilidad atenuada, que no importa una responsabilidad total como si hubiera incumplimiento del contrato, sino una responsabilidad intermedia entre la no responsabilidad y la responsabilidad por incumplimiento contractual, vgr. el caso del art. 1638 del CCiv.

5.-La doctrina y la jurisprudencia ha admitido también la validez de la rescisión unilateral, sin invocación de causa, en los contratos de duración sin plazo determinado, con la condición de dar un preaviso suficiente al otro contratante, a quien debe indemnizarse en caso de omisión o insuficiencia de tal preaviso, jugando especialmente para la ponderación de las distintas situaciones el principio de la buena fe y la doctrina del abuso del derecho.

6.-Fuera de los casos legal o convencionalmente admitidos, si una de las partes rescinde el contrato en forma unilateral, su comportamiento equivale al incumplimiento, y por ello la contraparte puede reclamar directamente el resarcimiento de los daños causados por esa declaración con la sola demostración de su arbitrariedad, sin necesidad de reclamar, a su vez, resolución por culpa del co-contratante. Ello es así porque la sola voluntad de una de las partes no basta para disolver el contrato ni dejar sin efecto convenciones a las que están sometidas como a la ley misma.

7.-Frente al incumplimiento de una de las contratantes, basta a la inocente demostrar la desatención de su contraria, toda vez que en el ámbito de la responsabilidad contractual, la culpa del deudor en el incumplimiento de la obligación se presume y no ha menester prueba. Lo único que debe probar el acreedor es el incumplimiento del deudor, pero establecido ello queda admitida la culpa que va implícita en ese incumplimiento y de su lado, cabrá al deudor u objetivo incumplidor demostrar el caso fortuito si quiere eludir su responsabilidad.

8.-En la obligación de ‘fines’ o ‘determinadas’ al acreedor le basta con establecer que no se obtuvo el resultado debido y nada más; correspondiendo en todo caso al deudor para poder liberarse, la acreditación de que cumplió o bien de que medió una causal de exoneración de responsabilidad; un caso fortuito o que el incumplimiento provino de una causa ajena a él.

9.-Mientras que en las obligaciones de medios, no es suficiente la sola obtención del resultado esperado pero no prometido, por ejemplo al paciente no le bastará probar que el tratamiento médico no lo curó, sino que también deberá demostrar que ello se debió a culpa o negligencia del facultativo. De esta manera, estrictamente el problema de la prueba de la culpa sólo puede suscitarse con relación a las obligaciones o deberes de ‘medios’ o de ‘prudencia o diligencia’; los que por cierto pueden aparecer tanto en las relaciones contractuales como en las extraordinarias.

10.-La diferencia en cuanto al régimen de la prueba, no resulta entonces de la fuente de la cual nacen las obligaciones, sino de su distinta naturaleza o contenido de las mismas. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires a los 10 días del mes de junio de 2014, reúnense los señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa «M & L SERVICIOS S.A. contra COTO CICSA sobre ORDINARIO» registro N° 32.204/2010, procedente del JUZGADO N° 15 del fuero (SECRETARIA N° 30), donde está identificada como expediente N° E30 193163/10, en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden, Doctores: Vassallo, Heredia y Dieuzeide.

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara, Gerardo G. Vassallo dijo:

I. M. & L Servicios S.A. reclamó a COTO C.I.C.S.A. el pago de la suma de $ 78.760,04 por un doble concepto: $ 40.402,38 como indemnización por la resolución intempestiva e ilegítima del contrato de locación de servicios que los unía; y $ 38.357,66 por facturas impagas.

Sostuvo haber suscripto con la demandada un contrato mediante el cual su parte prestaba servicios de limpieza a favor de la contraria en la sucursal N° 91, sita en la calle Agüero. Tal vínculo tuvo inicio el 1 de abril de 2006 y fue concertado por el plazo cierto de un año, convenio que quedaría tácitamente reconducido de no mediar una concreta expresión de alguna de las partes de darle finiquito. Esta manifestación debía concretarse con una antelación de

sesenta días de ser la actora quien así se expresaba; o de treinta días de ser COTO C.I.C.S.A.la que ponía fin al negocio.

En este marco, y frente al silencio de ambas partes, el contrato quedó tácitamente renovado el 1 de abril de 2007, debiendo entonces vencer el 31 de marzo de 2008. Previamente, en septiembre de 2006, mediante una addenda del acuerdo original, las partes habían ajustado el precio de la operación.

Según refirió la actora, el 15 de octubre de 2007 la demandada le comunicó telefónicamente a su parte de la conclusión del vínculo a partir del día siguiente. Así M. & L. Servicios S.A. debió concurrir el 16 de octubre a retirar maquinarias y enseres, actuación que fue instrumentada por acta notarial donde además quedó constancia que a esa fecha ya se encontraba trabajando otra empresa en las tareas que hasta el momento cumplía la actora.

Reclamó así la suma antes indicada en concepto de indemnización por la resolución intempestiva del contrato; y el pago de diversas facturas que dijo desatendidas por su contraria.

II. De su lado, COTO C.I.C.S.A. se presentó en fs. 93/100 y requirió el total rechazo de la demanda.

En prieta síntesis, y luego de negar algunos hechos referidos en la demanda, como la recepción de las facturas y carta documento traídas por su contraparte, admitió la autenticidad de la relación negocial reseñada por las partes, como su tácita renovación y la firma de la addenda de septiembre de 2006.

Sin embargo negó que tal vínculo se hubiera concluido en forma ilegítima, pues ello se dio en el marco de una decisión consensuada con la hasta allí prestadora de los servicios.

Es que, según afirmó, frente al pedido de la actora de ajuste del precio pactado y la resistencia de su parte, ambas convinieron en concluir su relación, autorizando a COTO C.I.C.S.A. a llamar a un nuevo concurso de precios donde la misma M. & L. Servicios S.A.podría intervenir y aceptando esta última seguir prestando servicios hasta tanto se definiera esta nueva licitación. A tal fin la demandada acompañó una oferta, que atribuyó a la actora, que dijo presentada en el marco de esta nueva convocatoria.

Así otorgado el trabajo a una tercera empresa, M. & L. Servicios S.A. cesó al tiempo que aquella la sustituyó en su tarea.

En cuanto a las facturas dijo no haberlas recibido, amén de ser imputadas a conceptos ajenos al contrato, pues instrumentaron ajustes de precio no pactados en el convenio ni aceptados con posterioridad.

III. La sentencia de fs. 170/178 rechazó íntegramente la demanda.

En un escueto resumen, el fallo se basó en dos fundamentos: a) la actora no acreditó que la resolución hubiera sido intempestiva e ilegítima, en tanto entendió era su prueba demostrarlo; y b) las facturas reclamadas, en su mayoría, no se corresponden con el precio pactado. Y en punto a la que corresponde al período que va desde el 1 al 14 de octubre de 2007, no intentó siquiera demostrar haber presentado la misma al cobro, ni ofreció sus libros para acreditar su autenticidad.

Sólo la actora apeló el fallo, expresando agravios en fs. 200/202, pieza que fue contestada por la demandada en fs. 205/209.

Desarrollo sus críticas en tres ítems: en el primero cuestionó el encuadre realizado en la sentencia en punto a que no fue demostrado que la resolución del contrato por parte de COTO C.I.C.S.A. fue ilegítima; mediante el segundo criticó el rechazo de su pretensión dineraria con causa en las facturas impagas; y en el último controvirtió la imposición de costas a su parte.

IV. Como acabo de describir, las quejas de la actora han sido desarrolladas en tres capítulos que, entiendo, deben ser analizados en forma independiente.

a) Resolución del contrato:

Como fue dicho, M. & L. Servicios S.A. acusó a su contraria de haber dado finiquito al negocio de forma sorpresiva e ilegítima. De su lado COTO C.I.C.S.A.sostuvo que tal conclusión lo fue de manera acordada. La sentencia imputó a la actora no haber demostrado el hecho fundante de su pretensión: que la resolución del contrato fue ilegítima, de lo cual derivaría la responsabilidad de la demandada por los daños que tal medida le habría generado.

Según resulta de las constancias de la causa, que han sido brevemente reseñadas en los capítulos anteriores, ambas partes concuerdan en haber mantenido una relación negocial que transcurrió entre el 1 de abril de 2006 al 14 de octubre de 2007. Este vínculo fue instrumentado en un contrato suscripto en marzo de 2006 que acordaba que el mismo tendría un año de duración, el cual se entendería renovado tácitamente por un período similar, de no mediar expresión de voluntad de ninguna de las partes, en punto a concluir la relación. Expresión que debía traslucirse en un preaviso que la actora debía cursarlo con sesenta días de anticipación, mientras que COTO C.I.C.S.A. sólo requería que tal notificación se concretara treinta días antes de la fecha de cierre.

No comparto la conclusión de la sentencia en punto a imponer a la aquí actora, quien en su versión había sido víctima de una actuación antijurídica de su contraria al resolver sin justificación y sin derecho el contrato, la carga de acreditar que la conducta de COTO C.I.C.S.A. habría sido ilícita.

A tal efecto entiendo útil transcribir un párrafo de un voto emitido por mi estimado colega Pablo Heredia, que con gran claridad describe las diferentes situaciones que podrían presentarse frente a la conclusión de una relación convencional.

Dijo mi colega en la causa «Sintec Tur», que «Nuestro derecho contempla los siguientes supuestos de rescisión: a) la rescisión bilateral, llamada también «distracto», que se halla prevista en el art.1200, primera parte, del Código Civil, y que constituye un contrato por el cual las partes dejan sin efecto un contrato anterior; b) la rescisión unilateral prevista, que se presenta cuando las partes de un contrato han pactado una cláusula que autoriza a cualquiera de ellas a dejarlo sin efecto; hipótesis en la que, claramente, también concurren dos voluntades: la de quien rescinde que es actual, y la de la otra parte que la ha dado por anticipado; y c) la rescisión legal, que se presenta cuando es la ley la que autoriza a una de las partes para unilateralmente disolver el contrato y que se da, por ejemplo, en las hipótesis de los arts. 1638; 1639; 1767; 2226, inc. 1°, segunda cláusula; y 2285 del Código Civil (conf. Morello, A., Ineficacia y frustración del contrato, La Plata, 1975, pág. 74/75; López de Zavalía, F. Teoría de los contratos – Parte General, Buenos Aires, 1971, ps. 348/349; Stiglitz, R., Contratos – Teoría General, Buenos Aires, 1990, t. I, pág. 555/557; Mosset Iturraspe, J., Teoría general del contrato, Santa Fe, 1970, ps. 414/415; Pizarro, R. y Vallespinos, C., Instituciones de derecho privado – Obligaciones, Buenos Aires, 1999, t. 3, p. 453)».

«Los efectos jurídicos de estas tres alternativas son diversos».

«Así, la rescisión bilateral o «distracto» tiene los efectos que las partes le hubieran asignado; ellas pueden acordar que el contrato originario quede sin efecto retroactivamente, con obligación de restituirse mutuamente lo que hubieran recibido la una de la otra, o bien pueden acordar que el contrato deje de producir sus efectos en adelante, quedando firmes los efectos ya producidos (conf. Borda, G., Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, Buenos Aires, 1998, t. II, p. 191, n° 1299)».

«De su lado, la rescisión unilateral prevista, puesto que se asienta en lo estipulado por las partes tiene, en principio, también los efectos que ellas hubieran establecido. Y si nada han acordado tiene eficacia para el futuro, es decir, opera ex nunc sin alterar los efectos ya producidos (conf. Bueres, A.y Highton, E., Código Civil y normas complementarias – Análisis doctrinal y jurisprudencial, Buenos Aires, 2005, t. 3-C, p. 53). Queda a salvo, desde luego, la responsabilidad del contratante que rescinde abusivamente (art. 1071 del Código Civil)».

«Finalmente, la rescisión legal también tiene efectos ex nunc, o sea, no tiene retroactividad. Asimismo, tiene ciertos efectos que la propia ley determina como ser, en algunas hipótesis, no hay obligación de indemnizar al otro contratante (conf. Farina, J., Rescisión y resolución de contratos, Santa Fe, 1965, p. 27), y en otras, en cambio, se asume una responsabilidad atenuada (conf. Ramella, A., La resolución por incumplimiento, Buenos Aires, 1975, pág. 19/20, n° 9), que no importa una responsabilidad total como si hubiera incumplimiento del contrato, sino una responsabilidad intermedia entre la no responsabilidad y la responsabilidad por incumplimiento contractual, vgr. el caso del art. 1638 del Código Civil (conf. Piantoni, M., Contratos Civiles, Córdoba-Buenos Aires, 1978, t. I, p. 181, n° 7.4.)».

«Independientemente de lo anterior, la doctrina y la jurisprudencia ha admitido también la validez de la rescisión unilateral, sin invocación de causa, en los contratos de duración sin plazo determinado, con la condición de dar un preaviso suficiente al otro contratante, a quien debe indemnizarse en caso de omisión o insuficiencia de tal preaviso, jugando especialmente para la ponderación de las distintas situaciones el principio de la buena fe y la doctrina del abuso del derecho (conf. CSJN, 4/8/88, «Automotores Saavedra», Fallos 311: 1337 y LL 1989-B, p. 1; Lorenzetti, R., Tratado de los contratos – Parte General, Santa Fe, 2004, ps. 569/570)».

«Fuera de los casos precedentemente enunciados, si una de las partes rescinde el contrato en forma unilateral, su comportamiento equivale al incumplimiento, y por ello la contraparte puede reclamar directamente el resarcimiento de los daños causados por esa declaración con la sola demostración de su arbitrariedad, sin necesidad de reclamar, a su vez, resolución por culpa del co-contratante.Ello es así porque la sola voluntad de una de las partes no basta para disolver el contrato ni dejar sin efecto convenciones a las que están sometidas como a la ley misma (art. 1197 del Código Civil; Farina, J., ob. cit., pág. 26/26, n° 11)» (esta Sala, 2.6.2010, «Sintec Tur S.A. c/ Pecben S.A. s/ordinario).

Así, frente al incumplimiento de una de las contratantes, basta a la inocente demostrar la desatención de su contraria, lo cual en el caso queda objetivamente demostrado por haber puesto COTO C.I.C.S.A. finiquito al convenio sin utilizar los medios pactados (preaviso), y previo a la fecha de vencimiento de aquel vínculo.

Es que «en el ámbito de la responsabilidad contractual, la culpa del deudor en el incumplimiento de la obligación se presume y no ha menester prueba. Lo único que debe probar el acreedor es el incumplimiento del deudor, pero establecido ello queda admitida la culpa que va implícita en ese incumplimiento» Llambias J.J., Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, T. I, pág. 207; (Salvat R. y Galli E., Derecho Civil Argentino, Obligaciones en general, T. I, página 149, n° 141).

De su lado, cabrá al deudor u objetivo incumplidor demostrar el caso fortuito si quiere eludir su responsabilidad (arts. 512 y 513 código civil; Borda G.A., Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, T. I, pág. 41; esta Sala, 10.3.2011, «Mattarana, Amelia María c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ ordinario»).

Desde otra óptica, la moderna doctrina se ha alejado de estos principios clásicos en punto a que la responsabilidad contractual se presume una vez constatado el objetivo incumplimiento, mientras que en caso de culpa extracontractual quien la invoca debe probarla.

En este punto los autores han dicho que «ello no es así, sino que en realidad todo depende de que la obligación o deber a cumplirse sea de medios o de fines, clasificación ésta de fundamental importancia en el terreno probatorio.En la obligación de ‘fines’ o ‘determinadas’ al acreedor le basta con establecer que no se obtuvo el resultado debido y nada más; correspondiendo en todo caso al deudor para poder liberarse, la acreditación de que cumplió o bien de que medió una causal de exoneración de responsabilidad; un caso fortuito o que el incumplimiento provino de una causa ajena a él».

«Mientras que en las obligaciones de medios, no es suficiente la sola obtención del resultado esperado pero no prometido, por ejemplo al paciente no le bastará probar que el tratamiento médico no lo curó, sino que también deberá demostrar que ello se debió a culpa o negligencia del facultativo. De esta manera, estrictamente el problema de la prueba de la culpa sólo puede suscitarse con relación a las obligaciones o deberes de ‘medios’ o de ‘prudencia

o diligencia’; los que por cierto pueden aparecer tanto en las relaciones contractuales como en las extraordinarias».

«Siendo ello así, en rigor la diferencia en cuanto al régimen de la prueba, no resulta entonces de la fuente de la cual nacen las obligaciones, sino de su distinta naturaleza o contenido de las mismas» (Trigo Represas, F. y López Mesa, Marcelo, Tratado de la Responsabilidad Civil, T. II, página 141/142).

En el caso, de haber ocurrido los hechos tal como predica la actora, la responsabilidad de la demandada sería clara: resolvió el contrato sin causa, antes de la fecha pactada como de vencimiento, e intempestivamente en tanto no recurrió al preaviso pactado.

Así no cabía a M & L Servicios S.A. acreditar la ilicitud de la conducta de su contraria, sino a esta contar con razones legítimas para conducirse como lo hizo o invocar razones de fuerza mayor.

La demandada dijo, en contraposición con la versión de la actora, que dicha conclusión fue consensuada. Y si bien no acompañó un instrumento que hubiera documentando el distracto, aportó elementos probatorios que al ser analizados en forma integradora, permiten tal conclusión.

COTO C.I.C.S.A.sostuvo que frente a la disconformidad de la actora por el precio vigente y la intransigencia de la demandada para acordar algún ajuste, pactaron concluir su relación, manteniendo sus servicios M & L Servicios S.A. hasta tanto su contraria consiguiera un remplazo.

Así la demandada dijo haber convocado a un concurso de precios, al cual también concurrió la propia actora según fue acreditado mediante la pieza copiada en fs. 87, cuya autenticidad no fue desconocida por la actora, en tanto guardó silencio al ser notificada del pertinente traslado (fs. 102).

Sólo dijo al alegar, argumento que reiteró al expresar agravios, que tal concurso de precios en nada influía en el contrato vigente pues no fijaba fecha a partir de la cual el eventual adjudicatario comenzaría su labor.

Es cierto que en el requerimiento que formula COTO C.I.C.S.A. (ver fs. 88/89), no se indica fecha de inicio de actividad para el nuevo prestador. Sin embargo no es razonable pensar que sea una práctica adecuada convocar a empresas de servicios a un concurso de precios para una tarea que iniciarían siete meses después cuando además, el contrato es por un año.

A ello se suma la propia conducta de la actora quien no ofreció resistencia alguna al ser comunicado que debía retirar sus cosas (maquinarias y enseres) al día siguiente.

Si bien concurrió con un escribano, el acta sólo refleja los elementos que retiran, la presencia de sólo un vigilador de la demandada y la de una nueva empresa realizando las tareas de limpieza que antes eran prestadas por la actora.

Pero de modo alguno en el acta comunican disenso alguno con la predicada decisión unilateral de la contraria de desplazarlos de su trabajo; tampoco lo hacen por carta documento u otro medio fehaciente en la fecha de su retiro, lo cual aparece compatible con una salida acordada.

No ignoro que M & L Servicios S.A.agregó con su demanda una carta documento de febrero de 2008 donde intima el pago de las facturas y un resarcimiento por el cese anticipado del convenio.

Pero amén de tratarse de una misiva enviada cinco meses después, su autenticidad no fue acreditada pues frente a la negativa de la demandada, M & L Servicios S.A. omitió ofrecer prueba para acreditar su realidad.

Por último, la declaración testimonial del señor Goñi avala la salida acordada (fs. 124, preg 3 y 1 ampliación); mientras los dichos del testigo Acosta no los controvierten pues no fue interrogado sobre el particular. Sólo dijo que recibió una comunicación de COTO para que procedieran a levantar el servicio y retirar las máquinas (fs. 129, pregunta 7). Sin embargo no fue requerido sobre la existencia de conversaciones previas, las cuales de existir es de presumir que se encontraran fuera de su órbita de actuación. Es que sostuvo que era el área comercial quien definía los ajustes de precios, cuando él se desempeñaba en la gerencia de operaciones. Y por tal razón dijo desconocer si su empresa había reclamado dichos ajustes los que, según COTO C.I.C.S.A., fueron los que justificaron el distracto.

En definitiva, los elementos allegados a la causa demuestran, a mi juicio, que M & L Servicios S.A. y COTO C.I.C.S.A.acordaron una salida negociada, lo cual excluye toda ilicitud en el cese de la relación y por ello, toda responsabilidad de la demandada por los hipotéticos daños que pudo haber padecido la actora por tal evento.

A mayor abundamiento cabe destacar que la actora en su demanda reclamó cierta suma de dinero en calidad de resarcimiento pero sin describir cuál era la causa o los daños que la justificaban.

b) Facturas:

La sentencia concluyó que no procedía admitir la pretensión referida al cobro de facturas pues en su mayoría se correspondían a conceptos no previstos en el contrato; mientras que las que instrumentaban el precio por los servicios desde el 1 al 14 de octubre de 2007 no había sido presentada.

El único fundamento esbozado como crítica a la sentencia fincó en que la demandada había guardado silencio frente a la intimación epistolar realizada por su parte.

Sin embargo, como dije, tal misiva no fue reconocida por la contraria y autenticada mediante prueba por la actora.

Así, caído el presupuesto que M & L Servicios S.A. utilizó para fundar su agravio provoca también la desestimación de la crítica.

Apunto aquí que la Sala no puede conocer en aspectos no propuestos por la recurrente (artículo 271 código procesal), lo cual impide adentrarme en caminos temáticos que podrían justificar algún progreso en la pretensión de la actora.

Por ello cabrá también desestimar este agravio.

c) Costas:

La recurrente propicia que sea modificado lo decidido sobre costas al entender que tenía s uficientes razones para demandar como lo hizo.

Tal argumento resulta claramente insuficiente para encuadrar en la regla prevista por el artículo 265 del código de rito.

Como he dicho en el voto que emití en la causa «Petrocchi», «.la condena en costas al vencido es la regla y su dispensa la excepción. Así para apartarse de aquel principio es menester desarrollar razones fundadas y relevantes pues la exención debe ser aplicada con criterio restrictivo (Arazi R.y Rojas J., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. I, página 310).

Según lo expresa el segundo párrafo de la norma invocada, las cuestiones que podrían dar lugar a que el vencido pueda ser eximido de costas deberían fincar en cuestiones dudosas de derecho o de hecho. En el primer caso la incertidumbre podría derivar de una nueva legislación, ausencia de antecedentes doctrinarios y/o jurisprudenciales por tratarse de cuestión novedosa, fallos con soluciones contrapuestas que evidencien una postura dubitativa en el foro local o, en el específico caso, que el propio tribunal colegiado presente criterios divergentes en los votos que construyen la sentencia. En la restante hipótesis, las cuestiones dudosas de hecho podrían emerger en la obligación de demandar, cuando los hechos se desenvolvieron en una forma confusa, cuando no media oposición del demandado sobre el aspecto principal aunque sí sobre otros accesorios o tangenciales, etc. (Falcón E., Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, T. III, página 626/627;

Palacio L. y Alvarado Velloso, A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. 3, páginas 98/102).

Pero al tratarse de la excepción a una regla, es menester que la solución sea clara y precisamente fundada plasmando en la sentencia los concretos motivos que llevan concluir que en este particular litigio se han presentado cuestiones dudosas, sea de hecho o derecho, que tienen la suficiente entidad para desviarse del principio general» (esta Sala, 17.4.2013, «Petrocchi, Pablo Adrián c/ Banco Macro Bansud S.A. y otro»).

Las razones expuestas en los puntos anteriores no muestran que las cuestiones propuestas pudieran ser consideradas dudosas en derecho o de hecho, con la entidad para justificar una solución excepcional en materia de costas.

Cuanto menos la prueba producida en el proceso muestra, a mi juicio, un panorama razonablemente claro para adoptar la solución que propicio.

Por ello también aconsejaré rechazar este agravio.

V.Por lo hasta aquí expuesto, propongo al Acuerdo desestimar in totum el recurso en estudio con el efecto de confirmar la solución adoptada en la sentencia en revisión.

Entiendo que las costas de Alzada deben ser impuestas a la recurrente quien ha resultado también vencida en este intento.

Así voto.

Los señores Jueces de Cámara, doctores Pablo Damián Heredia y Juan José Dieuzeide adhieren al voto que antecede.

Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan:

a) Desestimar en su totalidad, el recurso en estudio con el efecto de confirmar la sentencia de primera instancia.

b) Imponer las costas de Alzada al recurrente vencido (art. 68 Código Procesal).

c) En virtud de la naturaleza, importancia, calidad y extensión de las tareas desarrolladas, teniendo en cuenta el límite establecido por el art. 505 del Código Civil; con base en el monto económico reclamado (conf. doctrina plenaria in re «Banco del Buen Ayre c/ Texeira Mendez S.A. s/ ordinario s/ inc. de honorarios por Bindi Gustavo Alberto» del 29.12.94, que ésta Sala comparte) y las etapas procesales efectivamente cumplidas por cada uno de los profesionales intervinientes, al estar apelados únicamente por altos, se confirman en ($.) a cada uno, los estipendios regulados a los letrados apoderados de la accionada doctores, Nicolás Emanuel Del Hoyo y Marcos Alejandro Abastante. Asimismo, se reducen a ($.) los honorarios del letrado apoderado de la parte demandada doctor Claudio A. Galli. Finalmente, se elevan a ($.), los emolumentos del perito contador Rafael Emilio Moreno (arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 38 de la ley 21.839, modif. por la ley 24.432; art. 478 Cod. Proc. y art. 3 Dcto Ley 16638/57 modif. por ley 24432 ).

Asimismo, en tanto las pautas arancelarias vigentes al tiempo en el que realizó su labor (15.04.08), eran las contenidas en el Decreto 91/98, art. 21, mod. por Decreto 1465/07, se reducen a $ 1.200 (pesos un mil doscientos), los honorarios de la mediadora doctora Daniela R. Crespo (CNCom., esta Sala, 13.5.09, «, Emilio Carlos y otro c/Banco Macro Bansud SA s/ordinario») .

Cúmplase con la comunicación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13).

Notifíquese y una vez vencido el plazo del art. 257 del Código Procesal, devuélvase la causa al Juzgado de origen.

Pablo D. Heredia

Juan José Dieuzeide

Julio Federico Passarón

Secretario de Cámara

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: