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Se ordena realizar la intervención quirúrgica teniendo en cuenta la edad avanzada del actor y la dolencia que padece

CirugiaPartes: S. J. A. c/ Mutual Federada 25 de Junio S.R.L. s/ acción de amparo

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto

Fecha: 7-abr-2014

Cita: MJ-JU-M-86881-AR | MJJ86881

Considerando la edad avanzada del actor, la dolencia que padece y las consecuencias que la demora en realizar la intervención quirúrgica requerida podrían acarrear para él, amerita el otorgamiento de la tutela anticipatoria solicitada.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la demandada contra la resolución que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la actora, pues más allá de los fundamentos formales que las postulaciones del recurrente puedan querer hacer aparecer como conculcando sus derechos constitucionales, y muy por encima de ellos, está el derecho a la salud del actor, que es de rango constitucional supremo.

2.-Teniendo en consideración que el actor es una persona de casi ochenta años y el tipo de práctica que debe realizarse -justamente por la edad del actor, la dolencia padecida y las consecuencias que la demora en realizarla podían acarrear para éste- ello amerita el otorgamiento de la tutela anticipatoria.

3.-La urgencia en la intervención requerida por el actor y el peligro en su demora quedan debidamente acreditados con la prueba aportada y ésta no luce desvirtuada por otra en sentido contrario, en virtud de lo cual corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la medida cautelar.

Fallo:

Venado Tuerto, 7 de Abril del 2014

VISTOS: Estos autos caratulados «S., J. A. c/ MUTUAL FEDERADA 25 de Junio S.R.L. s/ ACCIÓN DE AMPARO – Legajo de copias» (Expte. Nº 51/2014), venidos a conocimiento de esta Sala por recurso interpuesto por la demandada; Y CONSIDERANDO: I.-) Que por Resolución Nº 2963, del 12 de Noviembre de 2013, la señora Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de Melincué, decidió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la actora.

Contra dicho resolutorio se alzó la demandada interponiendo recursos de nulidad y apelación, a los que dio fundamento a fs. 202. Dichos recursos son concedidos en relación y con efecto devolutivo a fs. 212.

En fecha 17 de marzo de 2014, según consta a fs. 225, las copias de los autos son recibidas en la Alzada, lo que motiva el cargo Nº 548. A fs. 229 presenta memorial el actor. A fs. 243 se llaman autos para resolver.

II.-) La recurrente pide la nulidad de la resolución pues entiende que:

(a) la cautelar es un fin en sí misma, ya que la pretensión cautelar coincide con la pretensión principal; (b) contradice constancias de autos; (c) no se refiere a la existencia de uno de los requisitos para la procedencia de la cautelar innovativa ni satisface el análisis de la verosimilitud del derecho invocado; (d) carece de fundamento normativo; (e) es autocontradictoria; (f) se sustenta en fundamento sólo aparente; En cuanto al recurso de apelación, la recurrente expresa las siguientes quejas contra la sentencia recurrida:

(a) la cautelar constituye un fin en sí misma; (b) contradice constancias de autos; (c) no se refiere a la existencia de uno de los requisitos para la procedencia de la cautelar innovativa ni satisface el análisis de la verosimilitud del derecho invocado; (d) carece de fundamento normativo; (e) es autocontradictoria; (f) se sustenta en fundamentos sólo aparentes.

Detallados sintéticamente los agravios de la recurrente, la Sala queda en condiciones de encarar su tarea funcional.

III.-) Se rechazan ambos recursos.Se advierte al profesional de la demandada.

Partimos por señalar que la coincidencia absoluta de los agravios expuestos para el recurso de nulidad con los dedicados al recurso de apelación indica claramente que, de existir algún perjuicio para la demandada provocado por la resolución recurrida, se puede reparar a través del recurso de apelación. Esto vacía de sentido la postulación de nulidad, pues demuestra que se pide la nulidad por la nulidad misma, y no porque exista un error de procedimiento de tal entidad que haya colocado al peticionante en estado de indefensión impidiéndole el ejercicio de su derecho constitucional de defensa en juicio.

Por otra parte, la reiteración textual, punto por punto, de las quejas, argumentos y citas jurisprudenciales y doctrinarias en ambos recursos es un insulto a la inteligencia del Tribunal. Es harto evidente que el profesional, al confeccionar su libelo recursivo se limitó a copiar, cortar y pegar mediante el programa de su computadora, lo que resulta absolutamente insensato y demuestra que subestima la capacidad crítica de la Sala, a más de provocar un innecesario dispendio jurisdiccional, ya que queda claro que uno de los dos recursos carece de toda posible viabilidad. De modo que se advierte al letrado de la recurrente por dicha circunstancia, con fundamento en las facultades de dirección del proceso que la Ley 10.160 le confiere a los magistrados. Hecha la advertencia, pasemos ahora a analizar el recurso de apelación.

En relación a éste no podemos dejar de observar que se trata de un denodado esfuerzo por intentar abrir la vía de excepción ante la Corte Provincial o la Nacional, pero que los motivos en los que da sustento a las causales de arbitrariedad expuestas carecen de toda correspondencia concreta con la sentencia impugnada. En otras palabras:la recurrente tomó el conocido estudio de Genaro Carrió sobre las sentencias arbitrarias y utilizó de él aquellas causales que le parecieron adecuadas para criticar el fallo; mas resulta que tales críticas son meramente formales y no se compadecen ni con lo sucedido en autos ni con los argumentos de la resolución cautelar de baja instancia, ni con los valores ni el carácter de las cuestiones en juego.

Olvida la recurrente que, más allá de los fundamentos formales que su postulaciones puedan querer hacer aparecer como conculcando sus derechos constitucionales, y muy por encima de ellos, está el derecho a la salud del actor, que es de rango constitucional supremo. Más aún, se diría que es de rango supra constitucional, pues se trata de una de esas prerrogativas que asisten a todos los seres humanos, más allá de las épocas, de las naciones y de las diferencias culturales, y de las que los magistrados no podemos desentendernos.

Ahora bien, concretando un paso más nuestros fundamentos, vamos a observar las particularidades del caso que se trae a nuestro conocimiento. En tal sentido, si tenemos en consideración que se trata de una persona de casi ochenta años y el tipo de práctica que debe realizarse -justamente por la edad del actor, la dolencia padecida y las consecuencias que la demora en realizarla podían acarrear para éste (ya que no sólo podría morir, también puede sufrir secuelas irreversibles en caso de un ataque)-, llegamos a la conclusión que ellas ameritan el otorgamiento de la tutela anticipatoria.

Señalemos que la urgencia en la intervención y el peligro en su demora quedan debidamente acreditados con la prueba aportada por la actora y que ésta no luce desvirtuada por otra en sentido contrario.También, que el derecho invocado por el actor es tan destacado, eminente y fundamental, que aún a riesgo de equivocarnos debemos preservarlo.

Si contrastamos las pautas doctrinarias sobre las que la quejosa da fundamento a su recurso y por las que tilda de arbitraria la sentencia recurrida, con la imperiosa necesidad de preservar el derecho a la salud y a la vida del actor, queda claro que el mayor agravio constitucional lo tendría éste, si no hiciésemos lugar a la pretensión tutelar anticipada. Sin perjuicio de lo dicho, y en atención al tiempo transcurrido desde el dictado de la resolución impugnada y al efecto con que fue otorgado el recurso, es muy probable que la intervención ya se haya practicado, por lo que casi con certeza estamos resolviendo una cuestión abstracta. Es el adverbio lo que nos impide declarar abstracta la materia. Insólitamente, el actor no nos aclara en su memorial si así fue; lejos de ello y al igual que su contraria, se limita a una serie de apreciaciones meramente formales que nos impiden saber si la práctica ya se realizó o no. Esto también nos permite advertir al actor, pues debió indicarlo con claridad y expresamente al Tribunal, a fin de evitar que éste tenga que expedirse sobre una materia cuya vigencia es tan dudosa.Más si tenemos en cuenta el carácter urgente del proceso cautelar y la brevedad de los plazos que la Sala debe respetar.

Ahora bien, la eminencia del derecho a la salud y la necesidad de preservarlo en justicia por encima de la rigidez formal de un proceso, aún cuando se trate de un amparo, nos presenta -en el mejor de los casos para la recurrente- un conflicto entre el derecho y la Justicia, que nos lleva inevitablemente a plantearnos el tema de la tutela anticipada de los derechos.

En relación al tema de la medida de anticipación de tutela, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido en el precedente «Pardo» (en fecha 6/12/2011) que «una moderna concepción del proceso exige poner el acento en el valor «eficacia» de la función jurisdiccional y en el carácter instrumental de las normas procesales, en el sentido de que su finalidad radica en hacer efectivos los derechos sustanciales cuya protección se requiere, y en ese marco de actuación las medidas de la naturaleza de la solicitada se presentan como una de las vías aptas, durante el trámite del juicio, para asegurar el adecuado servicio de justicia y evitar el riesgo de una sentencia favorable pero ineficaz por tardía.

13) Que la ausencia de evaluación de las circunstancias mencionadas en los considerandos precedentes, importó soslayar que es de la esencia de los institutos procesales de excepción como el requerido, enfocar sus proyecciones —en tanto dure el litigio— sobre el fondo mismo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, porque se encuentran enderezados, precisamente, a evitar la producción de perjuicios que podrían generarse en caso de inactividad del magistrado y tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en oportunidad de dictarse el fallo final, en razón de que por el transcurso del tiempo y la urgencia que requiere la tutela de los derechos en juego, sus efectos podrían resultar prácticamente inoperantes.

14) Que, por último, corresponde recordar que el mencionado anticipo dejurisdicción que incumbe a los tribunales en el examen de ese tipo de medidas cautelares, lleva ínsita una evaluación de la amenaza inminente de los daños definitivos y del peligro de permanencia en la situación actual —aspectos ambos que resultan patentes en la causa— a fin de habilitar una resolución que, al conciliar los intereses de aquéllos, según el grado de verosimilitud, y el derecho constitucional de defensa del demandado, logre la medida necesaria y oportuna de la jurisdicción que el caso requiere, aseveración que no importa, cabe aclarar, una decisión final sobre el reclamo de los demandantes formulado en el proceso principal.

15) Que, en tales condiciones, no debería dilatarse más el tiempo todavía útil para satisfacer las expectativas de los recurrentes en punto al tratamiento de la petición cautelar, por lo que corresponde admitir la procedencia de los recursos extraordinarios interpuestos, pues media relación directa e inmediata entre lo resuelto y las garantías constitucionales que se dicen vulneradas (art. 15 de la ley 48).»1 También cabe señalar que en relación a este punto la doctrina de nuestro país se ha hecho eco de esta creación pretoriana encabezada por el máximo tribunal de la Nación Argentina. Así: «En este sentido, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el leading case «Camacho Acosta» dijo textualmente que: «resulta particularmente necesario que el tribunal se expida provisoriamente sobre la índole de la petición formulada en la medida cautelar innovativa si se pretende reparar, mediante esa vía, un agravio causado a la integridad física y psíquica tutelada por el art. 5 inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.Esto es así pues es de la esencia de estos institutos procesales de orden excepcional enfocar sus proyecciones -en tanto dure el litigio- sobre el fondo mismo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, porque dichas medidas precautorias se encuentran enderezadas a evitar la producción de perjuicios que se podrían producir en caso de inactividad del magistrado y que podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva».

Además, hay que aclarar que esa actividad anticipatoria no dejará de ser cautelar, motivo por el cual entiendo que en todos los casos será necesario el advenimiento de una sentencia sobre el mérito que confirme y ratifique lo que se haya avanzado desde la perspectiva precautoria.»2 En este orden de ideas debemos destacar que la moderna concepción del proceso a la que alude la Corte, lejos de propiciar el rigor formal, exige poner el acento en el valor de eficacia de la función jurisdiccional y en el carácter instrumental de las normas procesales. Pues no debemos olvidar que la principal función del esquema procesal es servir de herramienta para hacer efectivos los derechos fundamentales reconocidos por el texto constitucional. Por lo que las medidas de tutela anticipatorias son una vía idónea para asegurar el adecuado servicio de justicia y evitar el riesgo de una sentencia favorable pero ineficaz por tardía.3 Por los motivos expuestos se rechazan los recursos interpuestos, con costas a la recurrente.

En atención a los fundamentos expresados en los párrafos precedentes, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto:

RESUELVE: 1) Rechazar los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la demandada; 2) Costas a la recurrente; 3) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en el 50% de lo que corresponde por la etapa de grado.

AUTOS S. J. C. MUTUAL FEDERADA 25 DE JUNIO SROL S. ACCION DE AMPARO.

Dr. Juan Ignacio Prola

Dr. Carlos Alberto Chasco

Dr. Héctor Matías López

Dra. Andrea Verrone

Secretaria

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