Aseguradora debe abonar al actor el seguro de vida por incapacidad total y permanente al no poder trabajar por problemas de columna

shutterstock_71731048Partes: Barceló Avelino Loreto c/ Caja de Seguros SA. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 19-jun-2014

Cita: MJ-JU-M-87565-AR | MJJ87565 | MJJ87565

Se ordena a la aseguradora abonar al actor el seguro de vida por incapacidad total y permanente, en el caso del 76,45% por dolencias consecuencia del trabajo que realizaba -limitación funcional de columna vertebral, columna lumbar dorsal y cervical, limitación funcional de columna y extremidades, várices bilaterales, hipoacusia perceptiva bilateral inducida por ruido, hipertensión arterial e insuficiencia respiratoria-.

Sumario:

1.-Los caracteres del contrato de seguro son: a) consensual; b) bilateral, c) condicional; d) oneroso; y e) aleatorio.

2.-La naturaleza del contrato de seguro y la posición especial de las partes llevan a una aplicación más frecuente y rigurosa del principio de buena fe. Respecto del asegurador, el tomador se debe conducir con la mayor lealtad posible en cuanto se refiere a la descripción del riesgo y al mantenimiento del estado de riesgo. Respecto del tomador, el asegurador también debe conducirse con lealtad en cuanto se refiere a la ejecución de sus obligaciones y a la interpretación de la póliza, por el carácter del contrato, cuya comprensión generalmente escapa a la capacidad del tomador, y por su naturaleza de contrato de masa, de condiciones generales uniformes (en principio) e impuestas al asegurado.

3.-Tratándose de un seguro de vida colectivo en el cual la relación asegurativa de fondo se establece entre asegurador y asegurado adherente; la posición del contratante originario (tomador) es preponderantemente formal, relativa en lo fundamental a la formación del contrato, lo cual, no obstante no le resta importancia dentro de esa estructura, ya que no sólo es quien acuerda con el asegurador el contenido normativo del contrato, sino que tiene, por su carácter de parte del acuerdo, la posibilidad de convenir su prórroga, o no renovarlo e incluso rescindirlo.

4.-En el seguro de vida colectivo, el tomador gesta la relación que, por su naturaleza colectiva, tiene por consecuencia involucrar en su plexo normativo a los adherentes quienes sujetan su conformidad a esa estructura contractual preexistente, y en ocasiones pueden introducir sólo variaciones de aspectos aislados (p. ej. acordar determinado monto de capital asegurado).

5.-En el seguro de vida colectivo, los adherentes deben ser integrantes de un grupo, es decir, un conjunto de personas que mantienen determinada relación con el tomador (generalmente de empleo), grupo cuya composición debe tener cierta variedad en la probabilidad que respecto de cada integrante presente el riesgo, de forma que, especialmente en razón de sus edades aunque en ocasiones influyen conjuntamente otros aspectos (características de las tareas que desempeñan, lugar de desarrollo de éstas, etc.), tales riesgos se compensen unos con otros y permitan establecer una prima promediada precisamente en función de las características de ese grupo. Cabe destacar que es el tomador quien, en general, se obliga a mantener cubiertos los pagos de las primas aunque luego las recupere total o parcialmente de los asegurados o, lo que es lo más frecuente, ya las haya cobrado mediante deducción efectuada sobre el sueldo o salario de éstos, en su caso.

6.-En torno a la duración de seguro de vida colectivo, comúnmente se verifica por períodos anuales, renovables, y el asegurado puede rescindirlo al final de cada período.

7.-El seguro de vida colectivo.es de carácter alimentario, donde prima el fin social, y exige la uberrima bona fide de las partes contratantes desde el nacimiento de la contratación hasta su finalización

8.-A las precisiones conceptuales generales sobre el seguro de vida colectivo cabe agregar, en particular, que el alcance del término incapacidad total o permanente que es requerido a efectos de juzgar configurado el riesgo previsto, debe ser interpretado en sentido flexible y no literalmente.

9.-A los fines de determinar la incapacidad total y permanente por imposibilidad de realizar otra tarea remunerada, no procede ceñirse a parámetros abstractos ni fórmulas matemáticas, pues es preciso tomar en consideración las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas y los efectos que éstas puedan tener con respecto a su actividad actual, y a su vida en relación.

10.-La cláusula de la póliza de seguros que cubre el riesgo de invalidez total, no puede ser entendida en su expresión literal, sino en un sentido más flexible, pues se trata de establecer si el beneficiario se encuentra imposibilitado de realizar aquellas actividades que le eran habituales u otras similares.

11.-El concepto jurídico de invalidez total no puede caracterizarse de un modo puramente abstracto, desvinculado de las circunstancias personales del asegurado y de la concreta relación de trabajo que cumplía en la empresa, al margen de ponderar eventuales o probables variaciones en la prestación de los servicios, acordes con las posibilidades efectivas de las fuentes de trabajo.

12.-Si bien las normas procesales no le otorgan al dictamen pericial el carácter de prueba legal, cuando comporta la necesidad de una apreciación específica del saber del perito, para desvirtuarlo es imprescindible advertir fehacientemente el error o insuficiente aprovechamiento de los acontecimientos científicos que debe tener por su profesión o título habilitante. Cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables y no existe prueba de parejo tenor que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor peso, aceptar las conclusiones de aquél. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires a los diecinueve días del mes de junio de dos mil catorce, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos BARCELÓ AVELINO LORETO contra CAJA DE SEGUROS S.A. sobre ORDINARIO (expediente N° 24.228/2009) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Ojea Quintana, Barreiro y Tévez.

El doctor Rafael F. Barreiro no interviene en la presente decisión por encontrarse excusado en fs. 478 (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 424/431?

El Dr. Juan Manuel Ojea Quintana dice:

I.- La causa

i.En fs. 8/14 se presentó el Sr. Avelino Loreto Barceló promoviendo formal demanda contra Caja de Seguros S.A., por el cobro de pesos cincuenta y nueve mil seiscientos veintisiete con ochenta centavos

($59.627,80), con más sus intereses y costas.

Explicó que, luego de rechazado su reclamo administrativo ante la demandada, inició esta demanda a fin de obtener el pago del Seguro de Vida por incapacidad total y permanente.Señaló que reclamó el capital asegurado previsto por la póliza n° 13071 -y/o su continuadora, la póliza n° 5000-9874545-01-, que fue contratada a través de la tomadora SIDERCA SAIC y cuya cuota mensual era deducida por la empleadora de su recibo de haberes.

Indicó que el monto reclamado es el resultante de multiplicar por veinte el salario de los últimos seis meses de su relación laboral, tal como lo prevé el seguro.

Expuso que se encuentra legitimado para obrar por ser el beneficiario de un contrato de seguro, mediante el cual la demandada asumió la obligación de indemnizar al afectado por muerte o incapacidad total y permanente que le impidiera el ejercicio de cualquier tipo de actividad relacionada con la vida laboral. También, del otro lado, refirió a la legitimación pasiva de la aseguradora.

Resaltó que el 19.3.1970 ingresó a trabajar en Siderca SAIC realizando durante casi 37 años tareas en el sector “ACERIA”, pasando por la categoría de “operario” y luego “oficial múltiple o técnico de sexta”, categoría en la que permaneció hasta que se retiró de la fábrica el 9.3.2007 -fecha de siniestro-. Indicó que su ingreso base era de $3000 y los horarios de sus jornadas laborales: 13 a 21 hs, de 21 a 5 hs y de 5 a 13 hs.-.

Detalló los distintos puestos de trabajo por los que atravesó durante toda la relación laboral. Calificó como insalubres sus tareas, pues le exigían extremado esfuerzo físico: levantar objetos pesados, agacharse, ponerse de cuclillas. Añadió que, además de la exigencia física, los productos con los que trabajó contenían un alto nivel de toxicidad.

Señaló que el contrato que suscribió con la demandada es de los llamados contratos de adhesión en el que la aseguradora fijó todas las condiciones de contratación y su parte no pudo más que aceptarlas y cumplir con el pago de las primas.Agregó que ni siquiera pudo revisar las cláusulas y condiciones generales y particulares, puesto que solamente se limitó a firmar y consentir la retención de haberes para el pago de las primas.

Manifestó que la relación contractual duró casi 37 años y que, poco antes de finalizar, la accionada modificó la póliza. Adujo que incorporó cláusulas leoninas y abusivas, enunciando taxativamente las enfermedades alcanzadas por la cobertura, lo cual desvirtuó el seguro de vida, ya que mediando un contrato de trabajo, no puede modificarse el listado de las dolencias contempladas. Citó jurisprudencia en este sentido.

Puntualizó que el 18.12.2007 la demandada le comunicó el rechazo del siniestro mediante una misiva, arguyendo que la póliza no cubría el riesgo reclamado.

Destacó que nunca le notificaron el cambio de la póliza ni las modificaciones de sus cláusulas.

Resaltó que su incapacidad es suficiente para recibir el pago del seguro ya que sufre limitación funcional de columna vertebral, columna lumbar dorsal y cervical, limitación funcional de columna y extremidades, várices bilaterales, hipoacusia perceptiva bilateral inducida por ruido, hipertensión arterial e insuficiencia respiratoria y mencionó específicamente la razón por la cual estas dolencias son consecuencia del trabajo que realizaba.

Destacó que al denunciar las dolencias generadoras de incapacidad, la ART indemnizó parcial y únicamente la hipoacusia, pero no accedió a atender el resto de las dolencias.

Resaltó que su estado de invalidez es un impedimento para obtener un trabajo adecuado a sus circunstancias y que jamás aprobaría un examen preocupacional. Agregó que no está capacitado físicamente para soportar las exigencias de un trabajo por cuenta propia.

Ofreció prueba y fundó en derecho.

ii.Corrido el pertinente traslado del libelodeinicio, se presentó en fs.203/213, Caja de Seguros de Vida S.A.-por mediode apoderamiento judicial-.

Formuló una negativa pormenorizada y categórica de los hechos expuestos por el demandante en su reclamo.

Manifestó que rechazó el siniestro denunciado en tanto, luego de revisar al actor, comprobó que las dolencias invocadas no revisten el carácter de total y permanentes, es decir, la incapacidad total, permanente e irreversible taxativa descripta en la póliza contratada. Añadió que el dictamen de sus médicos arrojó un 41,5% de incapacidad, que es inferior al porcentaje que requiere la incapacidad total.

Indicó que aún en el supuesto en el quesehiciese lugar a su demanda,lamismo procede por un monto inferioralcalculado por el accionante en su escrito de inicio.

Ofreció prueba, fundó en derecho y citó las cláusulas pertinentes del contrato de seguro.

II.- La sentencia de primera instancia

Mediante el pronunciamiento de fs. 424/431 la juez a quo rechazó la demanda incoada por Avelino Loreto Barceló contra Caja de Seguros S.A. Impuso las costas al actor vencido (cpr. 68).

En primer término, destacó que de la inimpugnada pericia contable surge que cuando aconteció el siniestro ya regía la nueva póliza -vigente desde el 1.7.2005 y hasta el 31.12.2008-. Enunció que corresponde aplicar los términos allí establecidos respecto a la incapacidad física total, permanente e irreversible. Indicó que en el contrato se excluyó expresamente cualquier incapacidad que no se manifieste por alguna de las establecidas, aún cuando se la hubiera calificado en proceso judicial como total, permanente e irreversible. Agregó que de ese documento surgía que si el asegurado padeciera alguna de las incapacidades descriptas, solo se considerará una incapacidad física total aquella que supere el 66% de la capacidad física del asegurado (art. 3).

De seguido, estimó que el perito médico describió las dolencias que sufrió el actor y atribuyó a las mismas una incapacidad total y permanente del 76,45% según el método de Balthazard.Sin embargo, la magistrado consideró que ni ese método ni las patologías enumeradas son las que contempla taxativamente la póliza.

Expuso que los puntos de pericia ofrecidos por la demandada referían a la existencia de las enfermedades alcanzadas por el seguro y que éstos fueron respondidos, en su mayoría, en sentido negativo. Consideró insuficiente la respuesta brindada por el experto a la impugnación de la accionada.

En esa línea, concluyó que no se acreditó en autos la presencia de las patologías que taxativamente enumera la póliza entre los supuestos de incapacidad física total o parcial, permanente e irreversible.

Añadió que, aún cuando se considerara aplicable la póliza n° 13071 -que reguló inicialmente el vínculo asegurativo- no existen elementos que demuestren que la cobertura alcanzaba las dolencias que alegó y que, por lo demás, no pudo conocer sus términos en tanto el accionante no acompañó un ejemplar de dicho instrumento ni explicó su contenido.

III.- Los recursos

1-Apelaron la regulación de honorarios, el Dr. Ignacio Villaroel en fs. 432 -concedido en fs. 437- y el perito contador en fs. 441 -concedido en fs. 442-.

2-Recurrió la sentencia de grado el actor en fs. 436 -recurso concedido libremente en fs. 437; su expresión de agravios luce agregada en fs. 466/472 y fue respondida por la contraria en fs. 475/476.

Las críticas de la recurrente pueden resumirse sintéticamente del siguiente modo:(i) cuestionó la sentencia de grado pues no habría atendido a las objeciones formuladas contra la póliza n° 5000-9874545-01; añadió que debió interpretarse en un sentido amplio, entonces al no identificarse plenamente las dolencias que denunció con la enumeración taxativa realizada en la póliza, no corresponde rechazar el reclamo, ya que la aseguradora excluyó las enfermedades típicas de la actividad siderometalúrgica; (ii) objetó el alcance del artículo 3 de la póliza decidido en la sentencia de grado, pues la incapacidad del asegurado superó el 66% de su capacidad física, por lo que debió considerarse que poseía una incapacidad física total.

IV.- La solución

(i)Liminarmente cabe delinear el marco conceptual que regula la vinculación habida entre las partes.

Se trató en el caso de un contrato de seguros. La ley 17.418 en su artículo primero establece que: “Hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga, mediante una prima o cotización, a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto”. Sus caracteres son: a) consensual; b) bilateral, c) condicional; d) oneroso; y e) aleatorio.

Asimismo, la naturaleza del contrato y la posición especial de las partes llevan a una aplicación más frecuente y rigurosa del principio de buena fe. Respecto del asegurador, el tomador se debe conducir con la mayor lealtad posible en cuanto se refiere a la descripción del riesgo y al mantenimiento del estado de riesgo. Respecto del tomador, el asegurador también debe conducirse con lealtad en cuanto se refiere a la ejecución de sus obligaciones y a la interpretación de la póliza, por el carácter del contrato, cuya comprensión generalmente escapa a la capacidad del tomador, y por su naturaleza de contrato de masa, de condiciones generales uniformes (en principio) e impuestas al asegurado (conf. Isaac Halperin, “El Juez y la aplicación del contrato de seguro “, pág.1, REDCO año 3 (1970), Buenos Aires).

En el sub lite estamos en presencia de un seguro de vida colectivo en el cual la relación asegurativa de fondo se establece entre asegurador y asegurado adherente; la posición del contratante originario (tomador) es preponderantemente formal, relativa en lo fundamental a la formación del contrato, lo cual, no obstante no le resta importancia dentro de esa estructura, ya que no sólo es quien acuerda con el asegurador el contenido normativo del contrato, sino que tiene, por su carácter de parte del acuerdo, la posibilidad de convenir su prórroga, o no renovarlo e incluso rescindirlo.

El tomador gesta la relación que, por su naturaleza colectiva, tiene por consecuencia involucrar en su plexo normativo a los adherentes quienes sujetan su conformidad a esa estructura contractual preexistente, y en ocasiones pueden introducir sólo variaciones de aspectos aislados (p. ej. acordar determinado monto de capital asegurado).

Por otra parte, los adherentes deben ser integrantes de un grupo, es decir, un conjunto de personas que mantienen determinada relación con el tomador (generalmente de empleo), grupo cuya composición debe tener cierta variedad en la probabilidad que respecto de cada integrante presente el riesgo, de forma que, especialmente en razón de sus edades aunque en ocasiones influyen conjuntamente otros aspectos (características de las tareas que desempeñan, lugar de desarrollo de éstas, etc.), tales riesgos se compensen unos con otros y permitan establecer una prima promediada precisamente en función de las características de ese grupo. Cabe destacar que es el tomador quien, en general, se obliga a mantener cubiertos los pagos de las primas aunque luego las recupere total o parcialmente de los asegurados o, lo que es lo más frecuente, ya las haya cobrado mediante deducción efectuada sobre el sueldo o salario de éstos, en su caso.

En torno a la duración de este tipo de relación asegurativa, comúnmente se verifica por períodos anuales, renovables, y el asegurado puede rescindirlo al final de cada período (conf.Isaac Halperín, “Seguros”, tercera edición ampliada y actualizada por H. Nicolás Barbato, pág. 855 y ss, Ed. Depalma, Buenos Aires, año 2001).

Este tipo de contrato es de carácter alimentario, donde prima el fin social, y exige la uberrima bona fide de las partes contratantes desde el nacimiento de la contratación hasta su finalización (conf. CNCom., Sala A, in re

“Buzzo Luis Pedro c/ La Buenos Aires Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ ordinario” , del 12/11/1999).

(ii)A dichas precisiones conceptuales generales sobre el seguro de vida colectivo cabe agregar, en particular, que el alcance del término “incapacidad total o permanente” que es requerido a efectos de juzgar configurado el riesgo previsto, debe ser interpretado en sentido flexible y no literalmente.

Así lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación al decir que, a los fines de determinar la incapacidad total y permanente por imposibilidad de realizar otra tarea remunerada, no procede ceñirse a parámetros abstractos ni fórmulas matemáticas, pues es preciso tomar en consideración las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las

secuelas y los efectos que éstas puedan tener con respecto a su actividad actual, y a su vida en relación (C.S.J.N. en “Toscano c/ Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios”, del 7/2/1995; íd, “Morette c/ Y.P.F. s/ cobro de pesos”, del 23/8/1988).

Idéntico criterio ha seguido esta Cámara en diversos pronunciamientos análogos al presente. Así se ha expresado que la cláusula de la póliza de seguros que cubre el riesgo de invalidez total, no puede ser entendida en su expresión literal, sino en un sentido más flexible, pues se trata de establecer si el beneficiario se encuentra imposibilitado de realizar aquellas actividades que le eran habituales u otras similares (CNCom., Sala C, in re: “Barrandeguy c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro S.A.s/ sumario” , del 19/10/98; ídem, in re “Nabais, Robalo Roberto c/ Caja de Seguros de Vida S.A. s/ ordinario”, del 03/8/04; ídem, in re “Ullman, Armando c/ Sur Seguros de Vida S.A. s/ ordinario”, del 5/6/06; ídem, in re Sala B en “D.L.G. c/ La Meridional s/ sumario”, del 21/9/95; Sala F, in re, “Bensusan, Jorge Marcelo c/ Caja de Seguros de Vida S.A. s/ ordinario” , 27.12.2011).

Es decir, que el concepto jurídico de invalidez total no puede caracterizarse de un modo puramente abstracto, desvinculado de las circunstancias personales del asegurado y de la concreta relación de trabajo que cumplía en la empresa, al margen de ponderar eventuales o probables variaciones en la prestación de los servicios, acordes con las posibilidades efectivas de las fuentes de trabajo.

(iii)Desde dicha óptica conceptual y jurisprudencial estimo, pues, que debe estudiarse el recurso del actor.

Básicamente el quejoso procuró la revocación de la sentencia de grado pues considera que sí fue acreditada la configuración del siniestro de incapacidad total y permanente. En primer lugar, arguyó que la anterior sentenciante no habría atendido a las objeciones que realizó del contrato en su libelo de inicio, específicamente, aquéllas que calificaron como abusivas ciertas cláusulas de la póliza las que, por tratarse de un contrato de adhesión, no pudieron ser discutidas por el asegurado.

Además, agregó que no correspondió rechazar su reclamo al considerar que sus dolencias no estarían incluidas en el taxativo listado indicado en la póliza, pues el mismo desnaturaliza el objeto del seguro contratado, excluyendo las enfermedades típicas de la actividad siderometalúrgica.También cuestionó los alcances de la cláusula 820 del contrato, fundado en que la tabla de incapacidades prefijadas restringe al máximo el acceso al beneficio pactado.

Requirió, por su parte, que el planteo fuera revisado a la luz de lo dispuesto por el artículo 3° de la póliza, que califica como total la incapacidad física del asegurado que fuera superior al 66%.

Finalmente, criticó la errónea valoración que luce del material probatorio arrimado a la causa.

(iv)Es preciso aclarar en primer lugar que, habida cuenta la estrecha vinculación que presentan los agravios desarrollados por el demandante en la apelación, su tratamiento será conjunto. Recuerdo, asimismo, que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquéllas que se estimen conducentes para fundar sus conclusiones y resulten decisivas para la solución de la controversia (CSJN, Fallos 307:2216 y precedentes allí citados).

No resulta ocioso señalar, que el apelante nada dijo respecto a lo decidido por la juez a quo en cuanto a la aplicación de la póliza n° 5000-9874545-01, que según afirmó al sentenciar, era la vigente en oportunidad de denunciarse el siniestro. En consecuencia, su reclamo debe ser revisado atendiendo a lo allí pactado -sin perjuicio de las quejas que puntualizó en orden a sus alcances e interpretación-.

(v)Así presentados los antecedentes del trámite, se impone de seguido analizar la experticia médica, como elemento dirimente para determinar el alcance de la incapacidad denunciada por el pretensor.

El dictamen de fs. 361/389 informa que el Sr. Barceló presenta las siguientes patologías:(i) Cicatrices post-quirúrgicas -8,86%-; (ii) HTA con hipertrofia ventricular y con extrasístoles auriculares y ventrículares -10%-;

(iii)Hernia Umbilical Reductible -2%-; (iv) Hipoacusia perceptiva Bilateral de grado Moderado a Severo -38,81%-; (v) escoliosis lumbar convexa derecha (no operada con contractura muscular paravertebral) -10%-; (vi) artrosis lumbar (se aprecian radiológicamente signos importantes de artrosis en numerosas vertebras) -25%-; (vii) Espondilolistesis grado I a nivel S1 (no operada) -7%-; (viii) Hernia discal operada de L4-L5, -18%-; y, (ix) várices leves bilaterales -7%-.

Finalmente, el galeno manifestó que el Sr. Barceló “por el método de la SUMA DIRECTA .presenta una INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE DEL 100%. Por el método de Balthazard o de la capacidad restante del actor presenta una incapacidad total y _permanente del 76,45% y una capacidad restante del 23,55%”. (v. fs. 370).

Sobre este aspecto, la jueza de primera instancia ponderó que esa conclusión carecía de virtualidad a los fines pretendidos, pues el experto utilizó un método distinto al contemplado en la póliza y, de otro lado, las enfermedades informadas en su dictamen no estaban alcanzadas por la cobertura asegurativa.

Advierto que si bien pudo provocar cierta confusión la denominación que el perito atribuyó al método según el cual habría llegado a ese resultado, lo cierto es que de la práctica oficiosa de las cuentas conforme a la modalidad expresamente prevista por la aseguradora y con los valores de incapacidad asignados en el dictamen a cada una de las patologías, se arriba al mismo resultado informado por el experto, es decir, que el Sr.Barceló presenta una incapacidad total y permanente del 76,45%.

En efecto, más allá de no coincidir la denominación del método utilizado por el galeno para efectuar las cuentas, éste coincide con el sistema aritmético previsto por la aseguradora a esos fines.

En sintonía con la jurisprudencia citada ut supra -punto (ii)-, cabe enfatizar en el caso que ha de tenerse una visión integradora y de conjunto para ponderar prudencialmente la existencia de la incapacidad que da lugar a la cobertura del seguro. En otros términos, no se adecua a una genuina hermenéutica solamente un mero análisis fragmentario o parcializado de los múltiples aspectos médicos que conforman el estado de incapacidad y constituiría una interpretación deficitaria considerar solo con rigor formal y matemático pequeñas diferencias en cuanto al alcance porcentual requerido.

Es decir, que el concepto jurídico de invalidez total no puede caracterizarse de un modo puramente abstracto, desvinculado de las circunstancias personales del asegurado y de la concreta relación de trabajo que cumplía en la empresa, al margen de ponderar eventuales o probables variaciones en la prestación de los servicios, acordes con las posibilidades efectivas de las fuentes de trabajo.

Nótese, por ejemplo, el supuesto aquí referido a la “hipoacusia”. La previsión contractual exige una “sordera total e incurable de los dos oídos” y a ello le asigna un porcentaje del 50% de incapacidad, mientras que el perito médico estimó la sordera parcial bilateral, permanente e incurable verificada en el Sr. Barceló en 38,81% (v. fs. 284).

Esas consideraciones me llevan a disentir con la decisión asumida por la juez de la anterior instancia, pues si bien se advierte que las enfermedades incluidas de modo taxativo dentro de la cobertura no coincidirían en su totalidad con las patologías denunciadas por el actor, del análisis de la evidencia fáctica traída a la litis, estimo que el planteo del asegurado se encuentra comprendido en la regla establecida en la cláusula 3.Es decir, considera que el asegurado padece una incapacidad física total, permanente e irreversible cuando la sumatoria de las incapacidades físicas permanentes e irreversibles supere el 66%.

Por lo demás, cabe precisar que no encuentro elementos que aconsejen apartarse de la pericia en cuestión.

Es que, si bien las normas procesales no le otorgan al dictamen pericial el carácter de prueba legal, cuando comporta la necesidad de una apreciación específica del saber del perito -como en el caso-, para desvirtuarlo es imprescindible advertir fehacientemente el error o insuficiente aprovechamiento de los acontecimientos científicos que debe tener por su profesión o título habilitante. Cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables y no existe prueba de parejo tenor que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor peso, aceptar las conclusiones de aquél (CNCom., Sala C, in re: “Esisit S.A. c/ Manso Eduardo s/ ordinario”, del 21/04/1994; íd., in re: “Envitap Sociedad Anónima Comercial e Industrial c/ Liko S.A. s/ sum”, del 11/11/1998).

Asimismo se tiene dicho en esa directriz que el sentenciante puede apartarse arbitrariamente de la opinión fundada del perito idóneo únicamente si se basara en argumentos objetivos que demostraran que la opinión del experto se encuentra reñida con principios lógicos y máximas de experiencia o que existieran en el proceso elementos probatorios de mayor eficacia para provocar convicción sobre los hechos controvertidos (CNCom., Sala C, in re: “Romero Victorica de Del Sel, María del Rosario c/ Qualitas Médica S.A.s/ ordinario”, del 18/7/97).

Mas dicha circunstancia no se verifica en el sub lite, siendo insuficiente a tal efecto la impugnación presentada por la recurrida, ya que en sus aclaraciones el perito médico respondió a todos los aspectos controvertidos y, específicamente, en cuanto a la influencia que tendría la edad del actor en el acaecimiento de ciertas patologías que regularmente se presentan, el galeno señaló que en atención a los antecedentes laborales y personales del actor, el tipo de actividad que desemplea y, sobre todo, considerando el accidente laboral con hernia de disco operada, no puede ser considerado habitual (fs. 404).

A mayor abundamiento, la prueba en análisis coincide sustancialmente con el dictamen médico acompañado por la demandada -aunque disienta en el grado de incapacidad-, ya que da cuenta del efectivo padecimiento de varias de las patologías reconocidas en la pericia analizada (lumbalgia y cervicalgia; hipertensión arterial sin hipertrofia de ventrículo izquierdo y fracción de eyección) -v. fotoduplicado de fs. 88-97-.

(vi)Estimada, pues, la procedencia de la cobertura asegurativa, deben fijarse a continuación los parámetros necesarios para la liquidación de la indemnización.

En su demanda el actor, practicó la liquidación de conformidad con lo previsto por la póliza: el múltiplo de 20 sueldos.

La aseguradora objetó la suma pretendida por el reclamante y señaló que el capital asegurado asciende a la suma de $59.627,80.

Sin embargo, se advierte que el monto precisado por la demandada coincide con el indicado por el reclamante en su libelo inicial, el cual, además fue el informado por el perito contador (el capital señalado por SIDERCA en la SOLICITUD DE BENEFICIO DE INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE es de 59.627,72 -20 sueldos de $2981,38-, v. fs. 340).

A ello deberán adicionarse intereses desde la fecha de la mora, que se establece a la fecha de la denegatoria de la cobertura asegurativa requerida por el actor, conforme la CD 4010905110 AR, enviada el 18.12.2009 (v. fotoduplicado de fs.5).

Los réditos se devengarán a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento en pesos (según plenario del fuero en autos: “S.A. La Razón s. quiebra s. incidente de pago de los profesionales” del 27/10/94), sin que corresponda su capitalización (CNCom., Sala A, in-re: “Banco Liniers S.A. c/ Naymarkl Victor Sergio s/ ejec., del 16/08/1996; y doctrina plenaria recaída in-re: “Calle Guevara, Raúl -Fiscal de Cámara- s/ revisión de plenario” , del 25/08/2003).

(vii)Habida cuenta la solución que se propone, corresponde modificar la imposición de costas decidida en la anterior instancia (Cpr. 279).

Teniendo en cuenta el progreso de la pretensión del actor, las costas deberán ser impuestas a la demandada vencida, por virtud del principio objetivo de la derrota.

V.- Conclusión

Por los fundamentos desarrollados precedentemente, si mi criterio fuera compartido por mis distinguida colega, propongo al Acuerdo, admitir el recurso del actor y revocar la sentencia de grado, haciendo lugar en consecuencia al reclamo formulado por el Sr. Avelino Loreto Barceló contra Caja de Seguros S.A. y ordenando a esta última a que abone al primero en el plazo de diez días -de consentido o ejecutoriado el decisorio- la suma de pesos cincuenta y nueve mil seiscientos veintisiete con ochenta centavos ($59.627,80) con más los intereses devengados desde el 18.12.2009 a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a 30 días, no capitalizables.

Con costas de ambas instancias a la demandada, por virtud del principio objetivo de la derrota (Cpr. 68).

Así voto.

Por análogas razones la Señora Juez de Cámara Dra. Alejandra Tevez adhiere al voto que antecede.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los señores jueces de Cámara doctores:

Alejandra N.Tevez

Juan Manuel Ojea Quintana

María Florencia Estevarena – Secretaria

Buenos Aires 19 de junio de 2014.

I.Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve: admitir el recurso del actor y revocar la sentencia de grado, haciendo lugar en consecuencia al reclamo formulado por el Sr. Avelino Loreto Barceló contra Caja de Seguros S.A. y ordenando a esta última a que abone al primero en el plazo de diez días -de consentido o ejecutoriado el decisorio- la suma de pesos cincuenta y nueve mil seiscientos veintisiete con ochenta centavos ($59.627,80) con más los intereses devengados desde el 18.12.2009 a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a 30 días, no capitalizables.

Con costas de ambas instancias a la demandada, por virtud del principio objetivo de la derrota (Cpr. 68).

II.Honorarios.

1.Toda vez que la sentencia dictada supra ha sido modificatoria del pronunciamiento de la instancia anterior, corresponde, teniendo en cuenta el art. 279 del CPCC, determinar en esta Alzada los honorarios relativos a los trabajos realizados en autos, de acuerdo al resultado ahora obtenido en la prosecución del proceso.

Atento el mérito de la labor profesional cumplida, apreciada por su calidad, eficacia y extensión, así como la naturaleza y monto comprometido en el proceso (conf. esta Sala “Vital Nora Angélica c/ Peñaflor S.A. s/ ordinario” , del 01/04/14), se fijan en pesos ($ …) los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, doctor Marcelo Daniel Garcia. Asimismo, se fijan en pesos ($ …) los estipendios del doctor Hernán López Saavedra y en pesos ($ …) los del doctor Ignacio Villarroel, ambos por su actuación en carácter de letrados apoderados de la parte demandada. En cuanto a la doctora María Paula Landaburu Sassone, se fijan sus honorarios en pesos ($ …) por su actuación en la audiencia de fs. 232/4 (ley 21.839, t.o. ley 24.432:6, 7, 9, 19, 37 y 38).

De acuerdo -en lo pertinente- con las pautas ut supra consideradas y ponderando la complejidad e importancia de los trabajos realizados en autos, se fijan en pesos ($ …) los estipendios del perito médico Alfredo Marcos Blondheim y en pesos ($ …) los de la perito contadora Constanza Beym (Dec. Ley 16.638/57: art. 3 y ccdtes./ Cpr.: 478, 1er. párr.; introducido por la ley 24.432).

2.En cuanto a los estipendios de la mediadora, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley N° 26.589, la fecha en que recayó la sentencia, la trascendencia económica de la materia y los establecido en el art. 1, inc g) del Anexo III del decreto 1467/11 (conf. esta Sala “Ammaturo Francisco Horacio y otros C/Darex SA y otro S/ Ordinario” ; “All Music S.R.L. C/ Supermercados Ekono S.A. S/ Ordinario” ambos del 29/3/2012), se fijan en pesos ($ …) los honorarios de la doctora María Cristina Aponte.

3.Por las actuaciones de Alzada que motivaron la resolución que antecede, se fijan en pesos ($ …) los honorarios del doctor Marcelo Daniel García (arts. 6, 7, 9, 14 y 19 L ey 21.839).

III.Notifíquese.

IV.Cumplido, requiérese a la Mesa General de Entradas devolver los autos a esta Sala para hacer saber la presente decisión a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Ley n° 26.856, art. 4 Ac. n° 15/13 y Ac. n° 24/13). Verificada la publicación pertinente, remítanse a la instancia de grado.

El doctor Rafael F. Barreiro no interviene en la presente decisión por encontrarse excusado en fs. 478 (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Alejandra N. Tevez .

Juan Manuel Ojea Quintana.

Ante mí: María Florencia Estevarena. Es copia del original que corre a fs. 480/489 de los autos de la materia.

María Florencia Estevarena – Secretaria

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