Metrovías debe indemnizar a un pasajero accidentado en el andén de la estación de subte

Buenos_Aires_Subte_Linea_D_Estacion_PueyrredonPartes: Tobalina Antonio Eugenio Daián c/ Metrovías S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: F

Fecha: 12-may-2014

Cita: MJ-JU-M-87291-AR | MJJ87291 | MJJ87291

La empresa de subterráneos debe indemnizar a quien sufrió un accidente mientras circulaba en calidad de pasajero por el andén de la estación. 

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Sumario:

1.-Los pasajeros tienen derecho a que se garantice su seguridad en ámbitos como andenes, escaleras, túneles de conexión entre estaciones o de entrada y salida a la superficie antes de iniciarse o una vez finalizado el viaje; estos, son lugares que se hallan bajo la vigilancia y control del transportador que explota el servicio quien, por eso, es responsable objetivamente de los daños sufridos por los usuarios en los términos del art. 184 del CCom.

2.-La incapacidad sobreviniente abarca todo menoscabo en la vida, la salud e integridad o armonía física o psíquica de la persona humana, por lo cual el daño debe ser resarcido por tratarse de una disminución en la capacidad vital, aun en los casos en que esa merma o deterioro físico no dificulte la realización de tarea alguna.

3.-El grado o porcentaje de incapacidad estimado por el perito importa sólo una pauta referencial a valorar dentro del contexto general del material probatorio. Para establecer el monto indemnizatorio ha de atenderse más bien a las secuelas funcionales o anatómicas que de modo permanente han dejado las lesiones producidas por la caída.

4.-El daño moral resulta de difícil determinación ya que no se halla sujeto a cánones objetivos. Su resarcimiento exige tomar en consideración los dolores y padecimientos del damnificado a partir del accidente sufrido, el tiempo de convalecencia hasta su restablecimiento, y las demás repercusiones anímicas que provocaron las lesiones inferidas. Si bien no es susceptible de prueba directa, cabe presumir el daño moral in re ipsa por las características del hecho y la índole de los perjuicios sufridos.

5.-Los gastos médicos y los gastos de traslado no requieren prueba efectiva de los desembolsos realizados, cuando la índole de las lesiones sufridas a raíz del accidente los hacen suponer. Sin embargo, el reintegro de los gastos no documentados de ninguna manera puede ascender a cantidades considerables, ya que, estos rubros son procedentes aun sin contar con prueba documental específica, en razón de la escasa entidad económica que suponen tales erogaciones.

6.-La admisión de la existencia de lucro cesante presupone una prueba certera de las ganancias dejadas de percibir y de su cuantía. Quien formule esta petición debe traer al pleito la prueba que demuestre su extensión. En autos no se encuentra probado que el accionante dejara de percibir los ingresos que habitualmente cobraba por mes, ni el perjuicio invocado.

7.-En autos no se dan las circunstancias para aplicar la multa que se solicita, pues los treinta minutos de tolerancia que refiere el art. 125 inc. 4 del CPCCN., son facultativos al tribunal. La norma contenida en el art. 45 del CPCCN. autoriza imposición de sanciones tendientes a reprimir la temeridad o malicia con que obraren los litigantes, conceptos que revisten autonomía entre sí. Su aplicación requiere que medien circunstancias verdaderamente graves, que configuren típicamente la inconducta procesal que se encamina a reprimir, puesto que no debe olvidarse que la consecuencia habitual para quien promueve una demanda injusta o se defiende de ese modo, es la imposición de costas. 8-Respecto de los intereses, corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde la fecha del accidente hasta el efectivo pago. Pues, la tasa activa prevista en el fallo plenario Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios , no representa un enriquecimiento indebido, ya que de manera alguna puede considerarse que la aplicación de esa tasa en supuestos como el del caso implique una alteración del significado económico del capital de condena.

Fallo:

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina a los . 12 días del mes de mayo de dos mil catorce, reunidos en acuerdo los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “F”, para conocer en los autos del epígrafe, respecto de las cuestiones sometidas a su decisión, a fin de determinar si es arreglada a derecho la sentencia apelada.

Practicado el sorteo correspondiente resultó el siguiente orden de votación: Sres. Jueces de Cámara Dres. GALMARINI. ZANNONI. POSSE SAGUIER.

Sobre la cuestión propuesta el Dr. Galmarini dijo:

I.-Relató la actora que el día 20 de noviembre de 2008, intentaba realizar la combinación desde la línea D con la línea B del subte de esta ciudad, ambas lineas explotadas por la empresa demandada, para dirigirse al Shopping Abasto de esta ciudad. Que siendo aproximadamente las 17:58 hs, caminaba por el andén de la estación Carlos Pellegrini, y como consecuencia de la gran cantidad de pasajeros que circulaban por el andén de la estación referida, se hizo un hueco en dicho andén, sintió que pisaba el borde de aquél y sin poder mantener el equilibrio cayó en la fosa sobre los rieles. Sostuvo que a raíz del accidente descripto sufrió diversos daños cuya reparación reclama en autos. El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda y condenó a Metrovías S.A. a abonar a la actora la cantidad de $98.000, más sus intereses y las costas del proceso.

Apelaron ambas partes. La actora expresó sus agravios a fs. 693/702 y la demandada lo hizo a fs. 706/710. Los memoriales fueron contestados a fs. 712/717 y 719/723.

II.- Agravios relativos a la responsabilidad atribuida por el magistrado:

Se agravia la demandada de la responsabilidad que le atribuyó el sentenciante. Critica la valoración efectuada por el magistrado de los elementos probatorios obrantes en autos.Sostiene que el actor no ha acreditado la ocurrencia del hecho ni la relación de causalidad de aquél con los daños descriptos en la demanda.

Sabido es que los pasajeros tienen derecho a que se garantice su seguridad en los ámbitos (vagones, andenes, pasillos, escaleras, etcétera) en que la empresa de transportes presta el servicio por sí, a través de sus dependientes (ámbitos que están o deben estar bajo el control del transportista), porque tal seguridad es inherente a las cosas de que se sirve o tiene a su cuidado, y a la actividad de tales dependientes. Andenes, escaleras, túneles de conexión entre estaciones o de entrada y salida a la superficie antes de iniciarse o una vez finalizado el viaje, etcétera, son lugares que se hallan bajo la vigilancia y control del transportador que explota el servicio quien, por eso, es responsable de los daños sufridos por los usuarios en los términos del art. 184 del Cód.de Comercio, “a menos que pruebe que el accidente provino de fuerza mayor o que él acaeció por culpa de la víctima o de un tercero por quien la empresa no sea civilmente responsable” (conf., CNCivil, Sala K, “Fernández, María del Cármen c./ Subterráneos de Buenos Aires”, del 6/5/96, Sentencia Libre 82.173; Sala C, “Cavalcanti, Inés c./ Metrovías” , del 30/6/2000, Sentencia Libre 290.944; ídem, 10/11/98, “JA”, 1999-III-753; Sala A, “Martín, Gladys c./ Subterráneos de Buenos Aires, del 20/3/89, Sentencia Libre 36.399; Sala B, “Ebeling Oscar c./ Subterráneos de Buenos Aires” del 18/12/95, Sentencia Libre 177.327; esta Sala, sentencia libre n° 394.406 del 16/11/2004, “Caffieri c./ Metrovías”, en la que voté en primer término, entre otros).

Ahora bien, la expresión de agravios no es cuestión de extensión del escrito, ni de manifestaciones sonoras ni de profusión de citas, ni tampoco de injurias más o menos veladas al juez, sino de efectividad en la demostración del eventual error in iudicando: ilegalidad e injusticia del fallo (Colombo, en “Código Procesal Civil y comercial de la Nacion. Anotado y comentado” cit., 1969, t. II, pág. 565 – Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1969).

Al respecto, cuadra recordar que la expresión de agravios no es una simple fórmula, sino que constituye una verdadera carga procesal, debiendo contener un estudio minucioso y preciso de la sentencia que se apela, y condensar los argumentos y los motivos que demuestren los errores cometidos por el juez para que el tribunal de alzada pueda apreciar en qué puntos y por qué razones, el apelante se considera perjudicado en sus derechos (Santi, Highton-Arean, en “Código Procesal.” T° 5, pág.243. Edit.Hammurabi).

Desde ya adelanto que es insuficiente discrepar con los fundamentos del juzgador para cumplir con la exigencia establecida por el art. 265 del Código Procesal.A pesar de lo extenso del memorial, no constituye una expresión de agravios sino la manifestación reiterativa de argumentos inconducentes, que sólo revelan disentir con los fundamentos del pronunciamiento recurrido. No hay una sola crítica concreta y razonada que refute aspectos centrales de la decisión, como son los referidos a la falta de prueba, lo que contradice con la declaración de la Sra. Diana Elizabeth Altamirano, quien manifestó que “ella subió en la estación Carlos Pellegrini para bajar en la estación Carlos Gardel, que iba caminando por el andén, al costado de la línea amarilla, aclara la testigo que la línea amarilla entre la cantidad de gente que hay y lo chico que es el andén la línea amarilla ni se ve, que es como es siempre en ese horario muchísima gente , un malón, que justo miró para abajo mientras iba caminando y en ese momento un señor que ´se ve venía caminando adelante´ de ella unos dos metros aproximadamente, de pronto se escucharon gritos y tumulto, dice que se ve que el grito era del señor que se cayó a la vía, que se acercó al igual otras al menos cinco personas más, que vio que el señor era alto flaco, que estaba caído en la vía, que trataron de ayudarlo.”.(fs. 403 vta.) De igual forma sucede con el informe pericial mecánico, donde el experto manifiesta que “el aumento de la ocupación en la zona del estrechamiento de escaleras de ingresos y egreso, puede producir presión humana y desplazamientos involuntarios de los pasajeros. Cuando se produce un desplazamiento hacia la zona del borde del anden hay riesgo de caída al vacío” (fs. 464).

En definitiva entiendo que las pruebas obrantes en autos y dentro de las cuales se encuentran las mencionadas precedentemente, son concordantes entre sí y suficientes para tener por acreditada la ocurrencia del hecho.Así probado que la actora sufrió el accidente antes descripto mientras circulaba en calidad de pasajero por el andén de la estación Carlos Pellegrini, resulta aplicable al caso el art. 184 del Código de Comercio. Esta norma, prevista originariamente para supuestos de lesiones o muerte sufridas durante el viaje por pasajeros en ferrocarril, luego ampliada su aplicación a pasajeros de todo transporte público, prevé la responsabilidad objetiva de la empresa de transporte, salvo que pruebe que el accidente provino de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por quien la empresa no es civilmente responsable. Estos extremos ni mínimamente se encuentran acreditados por la demandada, carga que sólo debe pesar en contra de sus intereses (conf. art.377 del Código de rito).

Por lo expuesto hasta aquí corresponde declarar desierto el recurso conforme a lo dispuesto por el art. 266 del Código Procesal y, por tanto propongo se confirme la sentencia recurrida en este aspecto.

III.- Incapacidad física y psíquica sobreviniente. Daño estético:

Se agravia la actora por considerar exiguo el importe fijado por el sentenciante en esta partida ($60.000). Por su parte la demandada considera improcedente este reclamo.

La incapacidad sobreviniente abarca todo menoscabo en la vida, la salud e integridad o armonía física o psíquica de la persona humana, por lo cual el daño debe ser resarcido por tratarse de una disminución en la capacidad vital, aun en los casos en que esa merma o deterioro físico no dificulte la realización de tarea alguna (CNCiv. Sala C, agosto 31/1993, L.L. T. 1994-B, p. 613, fallo n° 92.215; id. Sala C, septiembre 25/1997, L. 214.716; id. junio 6/2002, “Maidana, Javier Y. c/ Reina Carlos E. y otros s/daños y perjuicios”, L.342.607).

Lo que se indemniza por este concepto no son las lesiones padecidas, sino la disminución de la aptitud física o psíquica derivada de las secuelas del accidente, especialmente las que perduran de modo permanente, y si bien los porcentajes de incapacidad fijados en los peritajes constituyen un medio útil para la apreciación de la entidad del daño, sólo tienen un valor relativo, por lo que el juzgador, con sustento en las circunstancias personales del damnificado, debe valorar principalmente las secuelas físicas, psíquicas o estéticas que surgen descriptas por el experto, que importen una disminución en la capacidad vital (conc. CNCiv. Sala C, septiembre 20/1999, “Huaman, María de la Cruz c/ Micro ómnibus Norte S.A. s/ da_os y perjuicios”, L. 258.943; id. Sala F, noviembre 16/ 2004, “Krauthamer Diego c/ Arriola Dalmiro Alberto y otros”, L.372.901; id. abril 14/2005, “Gómez, Jesús Eduardo y otro c/ Muiños, Eduardo Alejandro y otros s/ daños y perjuicios”, L. 403.962; id. junio 29/2006, L. 441.762 “Torres Celia Cruz c/ Empresa de Transportes Plaza SACEI Línea 114 y otros s/ daños y perjuicios”; id. Septiembre 11/2006, L. 450.612 “Cabral Liliana Mabel c/ Rojas Miguel Ángel y Otros s/ Daños y perjuicios”).

El perito médico designado en autos señaló a fs. 506 que el actor a raíz del accidente de marras tuvo un traumatismo severo del miembro inferior derecho. Refiere que luego de ser rescatado de los rieles se lo trasladó al Hospital Argerich con un móvil del SAME. En dicho nosocomio se le diagnosticó “fractura diafisaria superior de fémur derecho”, lo que concuerda con la pieza obrante a fs. 58. Continúa el experto indicando que a solicitud del actor fue trasladado el día 21 de noviembre de 2008, al Sanatorio Dr. Julio Méndez donde le diag nosticaron “fractura subtrocantérica de fémur desplazada”. En dicha institución, fue intervenido quirúrgicamente, dándole el alta médica el día 2 de diciembre de 2008.Por último de fs. 259, surge que al actor se le colocaron tornillos, indicando las medidas de cada uno de ellos.

Por lo expuesto, el especialista estimó el porcentaje de incapacidad en un 15 % de la T.O.

En lo tocante al aspecto psíquico del reclamante el experto informó que “el daño psíquico al momento del informe pericial se encontraba consolidado desde el punto de vista jurídico por el tiempo transcurrido desde el accidente” (fs. 511). Aun así manifestó el experto que el actor es pasible de tratamiento psicoterapéutico para evitar la progresión de los síntomas. Indicó el experto que el actor presenta un “trastorno adaptativo” o un “desarrollo reactivo de grado moderado”. Respecto del tratamiento refirió que aconsejaba fuese entre tres meses y un año, con una frecuencia de una frecuencia semanal. Asimismo estimó un arancel en el ámbito privado entre $150 y $300 por sesión.

Del informe realizado por la licenciada Scalise (fs. 503), surge que el actor posee neurosis de angustia leve de 10% de incapacidad psicológica y daño psíquico.

El médico designado, señaló por daño estético un 3% de la T.O., por considerar que el actor como consecuencia del accidente de autos, posee una cicatriz quirúrgica de 17 x 2 cm., ubicada en la parte superior del muslo derecho. También aclaró el experto que el fémur es el hueso más fuerte de la anatomía humana y que para fracturarlo el traumatismo debe ser muy violento (fs. 508).

Asimismo lo expuesto coincide con la fotografía obrante a fs. 507 vta. donde se puede observar con claridad dicha cicatriz.

A fs. 521 la parte demandada impugnó el informe pericial médico. Dicha impugnación se basó especialmente en que el accidente no había sucedido en la forma en la que el experto se basó para realizar el informe referido precedentemente. Además impugnaron el daño estético otorgado, el tratamiento psicológico aconsejado y el porcentaje de incapacidad estimado.

El médico designado, respondió dicha impugnación a fs.563/564, ratificando lo expuesto en su informe pericial.

Ahora bien, en cuanto a la impugnación relacionada con los porcentuales de incapacidad no tiene mayor trascendencia para la determinación del resarcimiento, dado que es sabido que el grado o porcentaje de incapacidad estimado por el perito importa sólo una pauta referencial a valorar dentro del contexto general del material probatorio. Para establecer el monto indemnizatorio ha de atenderse más bien a las secuelas funcionales o anatómicas que de modo permanente han dejado las lesiones producidas por la caída.

Lo informado en los peritajes analizados permite tener por acreditado que el actor presenta secuelas psicofísicas y estéticas de carácter permanente derivadas del accidente que motivó estas actuaciones.

Cabe recordar que el grado de incapacidad asignado por los peritos corresponde conjugarlo con las condiciones personales de la víctima, para así determinar un importe que represente la justa reparación de los perjuicios irrogados al damnificado.

El resarcimiento que pudiera establecerse, cualquiera sea su naturaleza y entidad, debe seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias específicas de cada caso, y no ceñirse a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos, desde que el magistrado goza en esta materia de un margen de valoración amplio.Además debe ponderarse que el tratamiento indicado por la perito resultará en alguna medida paliativo de las secuelas que presenta el actor.

En definitiva, valorando la totalidad de las circunstancias apuntadas precedentemente, la edad que tenía el actor al momento del infortunio (72 años), médico especialista en urología y las condiciones socioeconómicas del accionante, propongo confirmar el importe fijado por el magistrado ($60.000), en concepto de incapacidad sobreviniente comprensiva del daño psicofísico y estético.

IV.- Daño moral:

El actor se agravia del importe otorgado por daño moral ($35.000) por considerarlo exiguo, mientras la demandada propicia su rechazo o su reducción.

El resarcimiento del daño moral exige tomar en consideración los dolores y padecimientos del damnificado a partir del accidente sufrido, el tiempo de convalecencia hasta su restablecimiento, y las demás repercusiones anímicas que provocaron las lesiones inferidas. Si bien no es susceptible de prueba directa, cabe presumir el daño moral in re ipsa por las características del hecho y la índole de los perjuicios sufridos (Conf. CNCiv. Sala “F”, septiembre 23/2011, “Cardozo, A. c/ G.C.B.A. s/ daños y perjuicios” L. 575.510).

El Dr. Fernando Posse Saguier ha expresado que “en lo tocante a la fijación, sabido es, que resulta de difícil determinación ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, o sea, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto a una adecuada discrecionalidad del sentenciante (CNCiv. Sala F, junio 3/2005, “Pirozzi, Laura Vanesa y otro c/ Quiroga Carlos José y otros”, L.418.036).

Desde la perspectiva apuntada, teniendo en cuenta la índole del accidente que motivo esta litis, así como los padecimientos y angustias que la actora debió sufrir en su consecuencia, ponderando las lesiones físicas padecidas y la secuelas psicofísicas y estéticas de carácter permanente verificadas por el perito, estimo que el importe fijado por el magistrado en concepto de “daño moral” es adecuado. Por ello voto por desechar los agravios y confirmar el pronunciamiento en este punto.

V.- Gastos médicos y de traslados:

El magistrado fijo por esta partida la cantidad de $3.000. Se queja el actor por considerar insuficiente el importe otorgado por el rubro en cuestión, mientras la demandada solicita su rechazo.

He sostenido que estos gastos no requieren prueba efectiva de los desembolsos realizados, cuando la índole de las lesiones sufridas a raíz del accidente los hacen suponer. Sin embargo, el reintegro de los gastos no documentados de ninguna manera puede ascender a cantidades considerables, ya que, como se ha dicho, estos rubros son procedentes aun sin contar con prueba documental específica, en razón de la escasa magnitud o entidad económica que suponen tales erogaciones y también por la transitoriedad que tienen en el caso (conf.CNCiv., Sala “F”, noviembre 1/2010, “Garbini, Ana c/ Autopistas Buenos Aires La Plata s/ daños y perjuicios”, L.551.887).

Por lo expuesto y ante la ausencia de prueba que justifique la elevación del monto indemnizatorio, estimo que el importe fijado por el magistrado ($3.000) teniendo en cuenta las lesiones que sufrió el actor como consecuencia del accidente de marras resulta adecuado, por lo que propicio su confirmación.

VI.- Lucro cesante:

El Juez de la anterior instancia no hizo lugar a esta partida. El Sr. Tobalina requiere que se haga lugar.

La admisión de la existencia de lucro cesante presupone una prueba certera de las ganancias dejadas de percibir y de su cuantía.Quien formule esta petición debe traer al pleito la prueba que demuestre su extensión o, por lo menos, dejar en el animo del juez la certeza de que no se produjo una ventaja por haberlo impedido la acción del responsable o corresponsable del hecho dañoso (CNCiv., Sala C, mayo 17/2005, L. 405.657 González José Mario c/Gil Nelio Omar s/daños y perjuicios).

En la especie, el juzgador expresamente, con criterio que comparto, desestimó este rubro porque no se había acreditado el perjuicio invocado. Si bien a fs.107, 108 y 109 colegas del actor manifestaron haberlo reemplazado, lo cierto es que no se encuentra probado que ello haya sido como consecuencia del accidente, ni tampoco que el accionante dejara de percibir los ingresos que habitualmente cobraba por mes, por lo que considero que debe confirmarse la sentencia recurrida en este aspecto.

Al respecto, vale aclarar que el testigo Pablo Nicolás Grisolía, a fs. 406 afirma que él percibía la suma de $4.500 por mes, por un promedio de tres días semanales de 4 u 6 horas por cada uno de ellos. Cabe remarcar que con esta declaración no puede probarse lo que el actor dejó de percibir, ya que el declarante afirma lo que él recibía de sueldo, pues las manifestaciones efectuadas por el testigo, no son más que meras suposiciones conjeturales insuficientes para admitir el resarcimiento del lucro cesante.

Sentado ello, toda vez que en la especie no se ha acreditado debidamente el daño en estudio, voto por confirmar este aspecto de la sentencia apelada.

VII.- El actor en su escrito expresión de agravios a fs. 699 vta. solicitó que se declare la temeridad y malicia de la parte demandada.

La norma contenida en el art.45 del Código Procesal autoriza la imposición de sanciones tendientes a reprimir la temeridad o malicia con que obraren los litigantes, conceptos éstos que revisten autonomía entre sí. La primera traduce la actitud de quien deduce pretensiones o defensas cuya falta de fundamento no puede ignorar de acuerdo a pautas mínimas de razonabilidad o, dicho de otro modo, se configura ante la conciencia de la propia sinrazon. La segunda, en cambio, consiste en la utilización arbitraria de las facultades procesales con el deliberado propósito de obstruir el curso del proceso o demorar su decisión (conf.: Morello, A.M. “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial”, t. II-A, pág. 833; Colombo, C “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, t. I, pág. 126; Falcón, E.M. “Código Procesal Civil y Comercial”, t. I, pág. 342; Palacio, L.E. “Derecho Procesal Civil”, t. II, pág. 251; véase también esta Sala en causa libre n° 301.014 del 19-2-2001 y precedentes allí citados).

Su aplicación requiere que medien circu nstancias verdaderamente graves, que configuren típicamente la inconducta procesal que se encamina a reprimir, puesto que no debe olvidarse que la consecuencia habitual para quien promueve una demanda injusta o se defiende de ese modo, es la imposición de costas (conf.: esta Sala en LL 1977-A-189 y JA 1977-III-418, libre n° 395.241del 6/12/06).

Solo a mayor abundamiento, cabe aclarar que la media hora de tolerancia que hace referencia el quejoso en su agravio, se encuentra normado el art. 417 del Código de rito, a los efectos de que antes de tener por confeso al absolvente, en caso de que éste no haya concurrido, debe esperarse media hora desde la fijada para dicha audiencia. Por otro lado los treinta minutos que refiere el art. 125 inc. 4 del Código Procesal, son facultativos al tribunal, más aún cuando de fs.202/203 surge que “las audiencias serán llamadas puntualmente a la hora indicada”.

En la especie, no se han dado tales circunstancias como para aplicar la multa que se solicita.

VIII.- Intereses:

Estableció el sentenciante que a las sumas concedidas devengarán intereses desde la fecha indicada en cada rubro a una tasa del 6% anual y hasta la fecha del dictado de la sentencia, y a partir de allí deberá calcularse la tasa activa prevista por el plenario “Samudio de Martinez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios” , del 20 de abril de 2009.

La actora solicita que los intereses se calculen a la tasa activa antes referida desde el día del accidente hasta el cumplimiento de la sentencia, mientras que la demandada requiere la aplicación de una tasa al 6% anual desde el hecho y hasta su efectivo pago.

Si bien con anterioridad en esta Sala por mayoría, que integrábamos con el Dr. Posse Saguier, se hacía un distingo para la determinación de la tasa de interés a aplicar según la fecha en que se valoraban los montos indemnizatorios, a partir del precedente resuelto por la Sala con fecha 14 de febrero de 2014 en los autos “Zacañino, Loloir Z. c/ AYSA s/ daños y perjuicios” (expte. N° 162543/2010, L. 628.426), un nuevo planteo de la cuestión realizado ante la situación económica del país, nos ha llevado a adherir a la solución según la cual la tasa activa prevista en el fallo plenario “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios”, del 20 de abril de 2009, no representa un enriquecimiento indebido, pues en manera alguna puede considerarse que la aplicación de esa tasa en supuestos como el del caso implique una alteración del significado económico del capital de condena.

Asimismo es de señalar que a juicio de la Sala no obstante la derogación del art. 303 del Código Procesal prevista en el art.12 de la ley 26.853, ese artículo ligado a las normas atinentes al recurso de inaplicabilidad de la ley conserva vigencia ultraactiva en tanto no sean operativas las que lo sustituyen por el de casación (art. 15 de la ley citada).

Por lo expuesto propongo que los intereses se devenguen a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde la fecha del accidente hasta el efectivo pago.

Por los fundamentos precedentes y los concordantes del Sr. juez, voto porque se confirme la sentencia de fs. 593/601 en lo que ha sido materia de expresión de agravios, salvo en cuanto al curso de los intereses los que deberán calcularse de conformidad a lo establecido en el considerando VIII. Con costas de alzada a cargo de la demandada que resultó sustancialmente vencida (art. 68 del Código Procesal).

Por razones análogas a las aducidas por el vocal preopinante los Dres. ZANNONI y POSSE SAGUIER votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta. Con lo que terminó el acto. El Dr. Zannoni no suscribe por encontrarse en uso de licencia

JOSE LUIS GALMARINI

FERNANDO POSSE SAGUIER

Buenos Aires, mayode 2014.

AUTOS Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia de fs. 593/601 en lo que ha sido materia de expresión de agravios, salvo en cuanto al curso de los intereses los que deberán calcularse de conformidad a lo establecido en el considerando VIII. Con costas de alzada a cargo de la demandada que resultó sustancialmente vencida (art. 68 del Código Procesal). HONORARIOS

Notifíquese, regístrese y devuélvase.

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