Se rechazó la demanda interpuesta por el cliente en contra de su abogada porque la Cámara no incrementó los montos indemnizatorios

sentenciaPartes: J. A. G. c/ G. M. N. s/ daños y perjuicios-resp. Prof. Abogados

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: k

Fecha: 9-jun-2014

Cita: MJ-JU-M-87304-AR | MJJ87304

Se rechazó la demanda por pérdida de chance interpuesta por el cliente en contra de su abogada, con sustento en la frustración de la posibilidad de que en la sentencia de segunda instancia se incrementaran los montos indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde desestimar la petición de deserción del recurso de apelación efectuado por la parte demandada, toda vez que en la sustanciación del mismo, el cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con amplitud, mediante una interpretación que los tenga por cumplidos aun frente a la eventual precariedad de la crítica del fallo apelado, por ello, ante la duda debe considerarse como expresión de agravios el escrito que no reuniría estrictamente los requisitos procesales

2.-Corresponde tener por acreditado que la abogada demandada, en su labor profesional, ha desplegado una conducta diligente e idónea en procura de dar satisfacción al interés de su cliente. Ello es así, dado que patrocinó al actor en un juicio civil por daños y perjuicios derivados de una accidente de tránsito en el que obtuvo sentencia favorable de primera y segunda instancia.

3.-Debe rechazarse el reclamo por pérdida de chance , efectuado por el cliente en contra de su abogado, con sustento en la pérdida de la posibilidad de que en la sentencia de segunda instancia se incrementaran los montos acordados. A tal fin resulta relevante que el actor retiraba los escritos, los leía y posteriormente los firmaba en el estudio de la demandada, punto donde cobra relevancia la doctrina de los actos propios, la que abastecida en el principio de la buena fe (Cciv. art.1198 ) y la seguridad jurídica en el tráfico negocial, impone un deber jurídico de respeto y sometimiento a una situación jurídica creada anteriormente por la conducta del mismo sujeto. En dicha inteligencia cabe considerar que el cliente, de elevado nivel intelectual, tenía plena comprensión y conocimiento del alcance que se le daba a la apelación en virtud de las distintas alternativas que podían presentarse, prestando con ello plena conformidad.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de junio de 2014, hallándose reunidos los señores vocales integrantes de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a fin de dictar sentencia en los autos “J., A. G. c/ G., M. N. s/ daños y perjuicios-Resp. Prof. Abogados”, y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, el Dr. Ameal dijo:

I.- Vienen estos autos a este Tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia dictada a fs. 431/35, expresando agravios el actor en la memoria de fs. 463/68, cuyo traslado fuera contestado a fs. 472/75.

II- Antecedentes.

A. G. J. promovió demanda contra M. N. G. con motivo de los daños y perjuicios que dice haber sufrido como consecuencia de la mala praxis que atribuye a la citada profesional por el deficiente asesoramiento y conducción del expediente N° 8902/92, caratulado “Jalife, Ariel Gustavo c/ Arrieta, Omar Aníbal y otro s/ daños y perjuicios” en el que la demandada patrocinara al actor hasta la sentencia de 2da. Instancia.

Dicha causa se originó a raíz de un accidente de tránsito en el que el accionante sufrió graves lesiones y secuelas.

Señaló el actor, que al estimar el reclamo, la demandada olvidó remarcar “.irreparables daños emocionales.”, específicamente el resarcimiento por daño psicológico y la pérdida de chance.

Que no obstante ello, el juez englobó dentro del rubro incapacidad sobreviviente, la incapacidad física, la psíquica y la estética.

Agregó que, al expresar agravios, la Dra. G.solo apeló un rubro que no fue solicitado como autónomo en la demanda (daño psicológico) y el monto acordado por gastos médicos, sin recurrir los rubros daño moral, gastos futuros e incapacidad, ni solicitar se indemnice en forma autónoma el daño estético.

En la sentencia de Alzada se hizo lugar al daño psicológico en la suma de $20.000 como límite impuesto por el agravio, resaltando la Dra. Lozano que “.sorprende en este caso que la parte actora no haya cuestionado el monto reconocido por daño moral, el que podría haber sido considerablemente elevado en esta instancia, dadas las particularidades del caso a estudio.” .

Imputó responsabilidad a la demandada y solicitó se repare la pérdida de chance sufrida como consecuencia de la falta de cuestionamiento de los ítems mencionados, con costas.

La emplazada negó en el responde los hechos esgrimidos. Sostuvo que el actor es una persona de gran capacidad intelectual (estudiante avanzado de medicina al momento de sufrir el siniestro), con una personalidad caracterizada por la desconfianza, lo que motivó de parte de la accionada un especial celo profesional además de brindarle contención emocional y afectiva en lo concerniente al juicio.

Adujo que el accionante tenía una perfecta comprensión de lo que firmaba, llevándose en numerosas ocasiones los escritos para estudiarlos, requiriendo constantemente explicaciones sobre las ventajas o desventajas en la elección de la estrategia judicial, cuestionando inclusive situaciones de mero trámite procesal.

Manifestó que los padecimientos psicólogos sufridos por el actor fueron expresamente reseñados en la demanda y subsumidos en la incapacidad sobreviniente. Tan es así, que en el ofrecimiento de laprueba pericial médica, elaborada junto al Sr. J.y los consultores técnicos, se incluyó específicamente la designación de un perito medico psiquíatra.

Agregó que, cuando se dictó la sentencia de primera instancia, el accionante fue llamado al estudio a fin de comunicársele el decisorio, mostrándose aquél, satisfecho con el mismo.

Se le aconsejó la presentación de la apelación, debatiéndose conjuntamente el fallo e intercambiándose ideas sobre la posibilidad de peticionar el incremento de alguno de los rubros.

Destacó el temor del Sr. J., ante un eventual rechazo en cuanto a la carga de la costas.

Resaltó que el accionante fue debidamente informado acerca de las partidas que fueron otorgadas, encontrándose el rubro incapacidad y daño moral dentro de los parámetros de sentencias habituales para casos similares. Que incluso el actor consultó con otros abogados, autorizando finalmente a la demandada a expresar agravios sobre el rubro incapacidad psicológica y requerir el incremento del monto otorgado por gastos médicos.

En función de lo expuesto, solicitó el rechazo de la demanda con costas.

III- Sentencia.

La Sra. juez de grado, luego de analizar las pruebas producidas, consideró que no se configura en autos la responsabilidad de la accionada.

Fundó lo expuesto, en la aplicación de la doctrina de los actos propios y el control que ejercía el actor en cada escrito presentado por su letrada patrocinante, como asimismo, en la inexistencia de pérdida de chance, lo que se advierte al prosperar el reclamo y efectuar el actor sus presentaciones en ambas instancias.

IV.- Agravios.Contra dicha decisión se alza el accionante, quien se agravia en relación a la valoración que efectúa la a quo de la prueba producida, como respecto de la fundamentación del fallo, al que considera carente de sostén jurídico.

Sostiene que la demandada no ha aportado documentación alguna emanada del reclamante que justifique la falta de inclusión de rubros y/o apelación de las partidas indemnizatorias concedidas en la anterior instancia.

Manifiesta que los testigos que depusieron en autos se encuentran vinculados laboral y profesionalmente al estudio de la accionada.

Entiende que su deficiente actuación profesional no sólo privó al actor de optimizar el monto del reclamo, sino que le quitó la posibilidad de ejercitar su derecho por la pérdida de chance configurada en la frustración de la probabilidad de mayor éxito en el reclamo judicial.

En tal sentido, considera que la sentencia apelada viola el debido proceso, pues omite analizar la prueba aportada por la actora y valora inadecuadamente la testimonial ofrecida por la demandada. Esgrime así, que de la lectura del expediente “Jalife c/ Arrieta” (escrito de demanda, sentencia de primera instancia, escrito de expresión de agravios y sentencia de Cámara) se desprende acabadamente el deficiente desempeño y asesoramiento que brindó la emplazada en su condición de letrada patrocinante, circunstancia no desvirtuada en autos y que la a quo omite valorar.

Considera, además, que no resulta aplicable al caso, la teoría de los actos propios, en tanto la presentación de los escritos judiciales no resulta posible con la sola voluntad del actor, requiriendo, por el contrario, la participación de un idóneo en derecho.

La sentenciante de grado, en lugar de calificar la conducta de la Dra.G., juzga la conducta y la personalidad del accionante, situación que no fue traída a la litis.

Requiere, en función de lo expuesto, que se revoque la sentencia apelada y se haga lugar a la demanda en todas sus partes.

IV.- Al responder los agravios, la accionada solicita se declare desierto el recurso interpuesto por su contraria.

La valoración de la expresión de agravios, a los fines de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso de apelación, no debe llevarse a cabo con injustificado rigor formal que afecte la defensa en juicio. Si así se actúa, cabe descalificar lo resuelto por haberse incurrido en arbitrariedad.

De ahí que, en la sustanciación del recurso de apelación, el cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con amplitud, mediante una interpretación que los tenga por cumplidos aun frente a la eventual precariedad de la crítica del fallo apelado.

Este lineamiento tiende a armonizar el cumplimiento de los recaudos legales, garantizando de tal forma la defensa en juicio. Por ello, ante la duda corresponde considerar como expresión de agravios el escrito que no reuniría estrictamente los requisitos procesales. El criterio amplio que preside la materia tiende, así, a asegurar a las partes en litigio una mayor oportunidad para defender sus derechos y afianzar con ello la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional.

En ese marco, y dado que la parte actora al expresar su disconformidad con el pronunciamiento en vista ha dado cumplimiento, en lo pertinente, con lo dispuesto por el art. 265 del Código Procesal, es que habré de desestimar la declaración de deserción del recurso articulada en el escrito de fs.472/75.

V.- Procede en consecuencia el tratamiento de los agravios vertidos.

Previo al análisis de los elementos fácticos que sustentan la pretensión, diré respecto a la naturaleza jurídica de la responsabilidad de los abogados con relación al cliente que solicita sus servicios, que la misma es, en principio, de naturaleza contractual, cabiendo, en su caso, la opción aquiliana que autoriza elart. 1107 del Cód. Civil (Alterini, Ameal, López Cabana, “Derecho de obligaciones civiles y comerciales”, p. 788 y sgtes; Trigo represas, Responsabilidad civil del abogado, ps. 113 a 122; Andorno, “La responsabilidad de los abogados en los proyectos de reforma del Código civil, en “Revista de derecho de Daños”, 2005-1, Responsabilidad de los profesionales del derecho (abogados y escribanos), p.166).

De allí que, los daños que el abogado pueda causar en el desempeño de su incumbencia profesional -sea judicial o extrajudicialmente-, como patrocinante o apoderado, asesor o consultor, se regirán por las reglas de la responsabilidad contractual, pues dicha relación presumirá la previa celebración de un contrato de prestación de servicios profesionales, sea expreso o implícito (Wierzba, “Responsabilidad del abogado”, p. 51 y sus citas).

La relación entre profesionales y clientes ha sido calificada como contrato atípico, innominado, de locación de servicios, locación de obra, de prestación de servicio público o función pública, mandato, etc., dependiendo de la relación entablada con el cliente, el encuadre legal del caso.

Así, cuando el abogado asume la representación de su cliente actúa como mandatario y se halla obligado con los alcances del contrato de mandato (art. 1869 y sigs. Cód.Civil). En el caso del abogado patrocinante, que se limita a aconsejar a su cliente sobre la cuestión encomendada pero sin ejercer su representación, no es alcanzado, en cambio, por las obligaciones derivadas del mandato.

Desde otro ángulo, cabe señalar que la relación jurídica clienteabogado, no es en todos los casos de medios, sino que en ciertas circunstancias la obligación que asume el letrado es de resultado, en cuanto se obliga a realizar todos los actos procesales de su específica incumbencia -presentación de escritos y peticiones que urjan la instancia, dejar nota, ofrecer prueba en término, concurrir a Secretaría los días correspondientes, etc. (conf. Bueres, Alberto J. y Highton Elena I., “Código Civil Y”, Ed. Hammurabi, T1 4 “B”, pág. 597; Kemelmajer de Carlucci, Aída, op. cit., p. 714; Alterini-Ameal-López Cabana, Responsabilidad profesional: el experto frente al profano”, en LL., 1989E, Secc. Doctrina, p. 848 y s.s. entre otros; Alterini, Atilio “Carga y contenido de la prueba del factor de atribución de responsabilidad contractual”, LL-6-4-1988; Andorno, Luis “Responsabilidad de los abogados”, en Derecho de daños, pág. 475 y ss.; Trigo Represas, Félix “Responsabilidad Civil del Abogado”, 1991, Ed. Hammurabi, .” pág. 143; Goldenberg, Isidoro “Indemnización por daños y perjuicios”, capítulo V: “Responsabilidades profesionales”, pág. 228; Bustamante Alsina, Jorge “Teoría general de la responsabilidad civil”, pág. 440; conclusión Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil, Comisión n. 5; Alterini, Atilio y López Cabana, “Responsabilidad profesional: el experto frente al profano”, LL 1989-E-847).

Le esta prohibido en cambio, asegurar el resultado de un juicio, en tanto haciéndolo, también violaría la ética profesional, pues tal seguridad se presta a suspicacias que no condicen con la necesaria confiabilidad que debe tener, sin retaceos, la administración de justicia. El Código de Ética del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (B.O. 27/V/87) prohíbe expresamente que el abogado garantice el buen resultado de su gestión profesional (art. 19 inc.a ).

Por otra parte, así como “en el desempeño de su profesión, el abogado será asimilado a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele” (art. 58 del Cód. Proc., conc. Art. 5to ley 23.187), correlativamente debe responder por los daños que ocasione en el ejercicio de su profesión (Alterini, Ameal, López Cabana, Ob. Cit. p. 788).

Prevalece, a su vez, la opinión que considera que el abogado aunque defiende un interés particular, trasciende en su acción ese interés privado, para servir en realidad al interés público de la justicia (Trigo Represas, Responsabilidad civil del abogado, Ed. Hammurabi Argentina 1996, p. 33 y sgtes), resaltándose el alto contenido social de esta prestación profesional (Ghersi, “Responsabilidad de los abogados y otras incumbencias profesionales, p. 62).

En definitiva, cuando el abogado actúa como letrado patrocinante, su deber estriba en poner de su parte todos los conocimientos, diligencias y prudencia, en los términos del art. 902 del Código Civil, con el fin de obtener un fallo, pero sin garantizar el éxito del pleito. Por lo tanto, para generar la responsabilidad del profesional, además del resultado adverso, debe demostrarse que ello sucedió por su culpa (CNCiv. Sal H, 03-96 causa182923, J.A. del 24/9/97, p. 57; López MesaTrigo Represas “Responsabilidad civil de los profesionales”, Lexis Nexis, p. 241 y nota a pie de página nº 144, ps. 247/48; Picasso, Sebastián “La culpa y el incumplimiento en las obligaciones de medios”, LL 2000-C, 994).

Ahora bien, la obligación del letrado de resarcir el perjuicio ocasionado -al igual que cualquier otro supuesto de responsabilidad civil -se configura a partir de cuatro elementos esenciales: a) la antijuridicidad, que se confirma como elemento esencial u objetivo, con la violación de un deber jurídico preexistente que está consagrado en una o más reglas normativas: dicha ilicitud en la responsabilidad civil del abogado supone generalmente la transgresión de acuerdos celebrados con el cliente (art.1197 del CC) o cuando aquello que infringe no es una obligación previamente asumida con quien le encomendara un servicio profesional, sino más bien el deber general de no dañar causando generalmente daño a un tercero; b) el factor de atribución, en cuyo mérito el profesional debe responder por el resultado lesivo de su comportamiento que podrá ser objetivo o subjetivo; c) el menoscabo o “daño” que aquel comportamiento cause a su cliente; y d) la necesaria y adecuada relación de causalidad que enlace la calificada conducta con la imputable pérdida de la oportunidad o expectativa, tomada esta última como “chance malograda” (Kemelmajer de Carlucci, Aída en su trabajo “Daños causados por abogados y procuradores”, en J.A. 1993-III-704; Conclusiones V Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Rosario, 1971, citadas por Atilio Aníbal Alterini-Oscar José Ameal- Roberto M. López Cabana, “Derecho de Obligaciones Civiles y Comerciales”, pág. 159, Buenos Aires, 2.006; Andorno, Luis O en “La responsabilidad de los abogados” en “Derecho de Daños. Homenaje al Dr. Mosset Iturraspe”, ed. La Rocca, Bs.As., 1989, pág. 473, n° 1, pág. 479 n° 3; Trigo Represas, Félix A., “Responsabilidad Civil de los Abogados” en “Responsabilidad Civil de los profesionales”, pág. 62 y s.s.; CNCiv. Sala L 246.152, del 29-12-98; C.N.Civ., Sala G, “Zuffo, Magdalena B. c/Martínez P., D.H. s/daños y perjuicios”, 16-8-2001, L. 322380, elDial).

A la luz de lo expuesto, debe analizarse, si en el caso, la accionada ha incurrido en responsabilidad por los daños y perjuicios invocados por el actor, que amerite la revocatoria del fallo apelado.

Desde tal óptica, debo remarcar, que la actividad desplegada por la magistrada encuentra su razón de ser en las facultades propias que le confiere el ordenamiento legal (cfr. arts.34 y 163 del Código Procesal), razón por lo cual lo decidido no resulta objetable en tal sentido.

Por otro lado, ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la omisión de valorar determinadas pruebas no es causal que autorice sin más a descalificar un fallo, toda vez que los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las probanzas, pues basta que lo hagan respecto de aquellas que estimen idóneas, conducentes y decisivas para resolver la cuestión (cfr. Corte Sup., ED 18-780; CNCiv., Sala D, ED 20-B-1040; Sup. Corte de Bs.As., Ed 105-173; esta Sala, Expte. no. 114.223/98, entre muchos otros).

En la orientación indicada y examinados los antecedentes fácticos de los presentes actuados, puedo concluir que tales elementos de juicio permiten establecer que la demandada, en su labor profesional, ha desplegado una conducta diligente e idónea en procura de dar satisfacción al interés de su cliente.

En efecto, conforme surge de las constancias de autos, la aquí accionada patrocinó al actor en un juicio civil por daños y perjuicios derivados de una accidente de tránsito en el que mediante sentencia favorable de primera instancia de fecha 10 de noviembre de 1999, se condenó a abonar al actor, la suma de $193.500, con más intereses y costas.

Dicho pronunciamiento fue recurrido por el accionante con el patrocinio letrado de la Dra. G. En la apelación se peticionó se indemnice el rubro daño psicológico como perjuicio autónomo, poniendo el acento en la existencia de un perjuicio psicológico de importante entidad; como asimismo, que se incremente el quantum concedido por gastos médicos.

La Sala L de la Cámara Civil con voto preopinante de la Dra.Lozano hizo lugar a los agravios, concediendo el rubro “daño psíquico” en la suma de $20.000, confirmándose, en cambio, el monto acordado por “gastos médicos”.

Puede advertirse entonces, que el actor resultó ganancioso en ambas instancias.

Sin perjuicio de ello, el recurrente invoca la pérdida de chance por la frustración de la probabilidad de mayor éxito en el reclamo judicial con fundamento en los argumentos ya expuestos.

En primer lugar, debo decir, que la sola lectura de la demanda permite colegir que “los irreparables daños emocionales sufridos” a que hace referencia el actor, han sido pormenorizada y ampliamente desarrollados, tanto al tratar el rubro “daño moral” como al referirse a la “incapacidad psico-física”, destacándose las consecuencias disvaliosas que en ese aspecto presentó el Sr. J. como consecuencia del accidente.

En primera instancia, la demanda tuvo favorable acogida. Prosperó, asimismo, la apelación deducida por el accionante y si bien la magistrado que intervino como vocal preopinante en dicho pronunciamiento señaló al hacer lugar al rubro “daño psíquico” por la suma de $20.000, que ese era el límite del agravio, lo cierto es que los montos reclamados en la demanda fueron supeditados a lo que en más o menos resultare de la prueba a producirse, por lo que ciertamente, la jurisdicción de la alzada se encontraba ampliamente facultada a conceder un monto superior de así considerarlo.

De tal manera, si no se otorgó una suma mayor, fue porque primó el criterio que al respecto valoró la sentenciante, y no porque la letrada hubiese incurrido en ligereza en el planteo de la apelación.Respecto a la autonomía del rubro “daño estético”, más allá de sostener quien suscribe tal posición, no deja de ser una cuestióndoctrinaria, cuya procedencia dependerá del criterio que sostenga quien dicte el pronunciamiento, existiendo opiniones en ambos sentidos.

En este aspecto y más allá de la posición que se postule, lo que resulta trascendente, finalmente, es que la cuantía indemnizatoria que se otorgue, resulte suficientemente resarcitoria en virtud del principio de reparación plena, aun, cuando se conceda una suma global comprensiva de los distintos padecimientos de la víctima.

Por otra parte, el monto por el que prosperó el rubro “daño moral”, se encontraba dentro de los parámetros indemnizatorios razonables para la época de su dictado, conforme compulsa de antecedentes jurisprudenciales de la Cámara Civil, por lo que tampoco en este aspecto, existe suficiente certeza acerca de la frustración de la chance.

Ello, sin perjuicio de lo manifestado en el fallo de Alzada excediendo el marco del agravio en tanto dicho rubro no había sido apelado y más allá de señalarse, en relación a este resarcimiento, que es la propia víctima quien está en mejor posición para apreciar su envergadura.

Cabe asimismo destacar, que la prueba testimonial obrante a fs. 271 (Inés Alejandra Almada); fs. 272/73 (Graciela Noemí Souto) y fs. 274/76 (Flavio Martín Núñez), ampliamente referida por la Sra.Juez de grado y que a mi criterio resulta plenamente eficaz, aparece concordante respecto a que el accionante, tenía pleno y cabal conocimiento de la dirección que su letrada daba al juicio, en tanto no solo firmaba cada uno de los escritos que se presentaban, al actuar por sí y con patrocinio letrado, sino que mostraba un particular interés en su confección, incluso, llevándoselos para su estudio antes de suscribirlos.

Surge asimismo, que se le explicaba exhaustivamente todas las cuestiones interesadas en los escritos, y se evacuaban todas sus dudas, participando el actor en las distintas reuniones llevadas a cabo a los efectos de discutir la apelación de la sentencia de primera instancia, con participación de los consultores técnicos y los abogados. Se le advirtió debidamente acerca de la conveniencia de la apelación y de la razonabilidad o no de los montos acordados, con información acerca de los criterios que al respecto mantenían las distintas Salas del Fuero.

En efecto, la testimonial referenciada demuestra el contacto permanente entre la demandada y el actor, como la participación y el control de este último sobre los escritos que se presentaban en el expediente. De tal manera, no se trata, como parece entender el recurrente, de valorar su actitud en el marco de un conocimiento legal y procedimental que ciertamente no tenía, como si es dable requerir a los abogados (art. 902 y 909 del CC), sino de la decisión de apelar o consentir la cuantía del resarcimiento de una sentencia favorable a su parte, en la medida que la misma resultara o no satisfactoria a su propio interés, aspecto éste que el actor comprendía perfectamente a tenor de lo manifestado en los testimonios aludidos.

En tal sentido, C. I. A. A., empleada del estudio (fs. 271) destacó que el accionante era uno de los pocos clientes al que se le dejaba los escritos preparados, los retiraba para estudiarlos y los devolvía con posterioridad, concertando eventualmente, una reunión con la Dra. G. o la Dra. G., con quienes mantenía un trato personal.

G.N. S. (fs. 272/73) procuradora del estudio, encargada de hacer el seguimiento del expediente, señaló en la misma línea, que el Sr. J. concurría a firmar los escritos y se le explicaba “cada palabra. cada punto”.

Describió al accionante como una persona que quería tener control de cada escrito que se presentaba, e incisivo, respecto a la necesidad de plasmar su posición en las distintas presentaciones, más allá de la recomendación que le hicieran sus abogados.

La testigo manifestó, asimismo, que a fin de realizar la apelación se efectuó una investigación de las estadísticas de Cámara y de los montos que mayoritariamente se aplicaban. Que la confección del escrito de agravios fue motivo de extensas reuniones de todos los abogados del estudio, además del Dr. N. (abogado que recomendara a la Dra. G.), los consultores técnicos y el propio actor. Dichas reuniones eran para consensuar los términos del escrito, prestando el Sr. J. su plena conformidad.

A fs. 274/76 declaró el Dr. F. M. N. quien relató haber acompañado al accionante a una reunión en el estudio de la Dra. G., donde estuvo la Dra. G., el actor y el dicente. En dicha oportunidad se enteró que el juicio había sido ganado, poniendo de relieve el interés del Sr. J. por cobrar prontamente la indemnización. Que le explicaron que no se podía cobrar de inmediato porque la otra parte, con seguridad, apelaría la sentencia, tomándose finalmente la decisión de apelar sólo algunos de los rubros. Manifestó tener conocimiento acerca de que el actor estaba asesorado por su novia, de profesión abogada.

Puso de relieve, que el accionante estaba muy interiorizado de todas las instancias judiciales, que conocía perfectamente los alcances del juicio y los montos, como asimismo, que se mostraba preocupado respecto a las costas para el caso de no resultar exitosa la apelación.

Remarcó luego, que la Dra. G. y el Sr.J., convinieron, delante del testigo, que determinados rubros de la sentencia no iban a ser apelados.

Declaró, por último, que el actor retiraba los escritos, los leía y posteriormente los firmaba en el estudio. Es en este punto que cobra relevancia la doctrina de los actos propios, la que abastecida en el principio de la buena fe (Cód. Civil art.1198 1a parte – Adla, XXVIII-B, 1799) y la seguridad jurídica en el tráfico negocial, impone un deber jurídico de respeto y sometimiento a una situación jurídica creada anteriormente por la conducta del mismosujeto, evitando así la agresión a un interés ajeno y el daño consiguiente, lo que imprime en la decisión un sello particular.

La regla venire contra factum proprium nulla conceditur se basa en la inadmisibilidad de que un litigante o contratante fundamente su postura invocando hechos que contraríen sus propias afirmaciones o asuma una actitud que lo coloque en oposición con su conducta anterior (Conclusión Nro. 5ta. de la Comisión Nro. 8 de las Novenas Jornadas Nacionales de Derecho Civil, desarrolladas en Mar del Plata en 1983; Compagnucci de Caso “La doctrina de los actos propios y la manifestación tácita de la voluntad “, en L.L. 1985-A-1002 y sigs. Marcelo López Mesa y Carlos Rogel Vide, “La doctrina de los actos propios”, 105-125; López Mesa, “La doctrina de los actos propios- esencia y requisitos de aplicación”, Es que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con un comportamiento anterior deliberado, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (LL 1987 -C-821).

En dicha inteligencia, cabe considerar, que el actor, de elevado nivel intelectual, tenía plena comprensión y conocimiento del alcance que se le daba a la apelación en virtud de las distintas alternativas que podían presentarse, prestando con ello plena conformidad.

Tengo en consideración al arribar a tal conclusión, que la apreciación de la prueba (conf. art.386 del CPCC), – en especial la testimonial-, exige al juzgador que se realice conforme a los principios de la sana crítica, siendo totalmente lícito apreciar oportuna y justamente si los testimonios en cuestión parecen objetivamente verídicos, no solamente por la congruencia de sus dichos sino, además, por la corroboración de ellos con el resto de las pruebas que pudieren obrar en el expediente, lo cual es una facultad privativa del magistrado (cfr. en tal sentido CNCiv. Sala D 22/02/2007, in re: “Ledesma, Carlos A. c/ Manzanelli, José L, Lexis. N° 1/70037544 -1; CNCiv.Sala H 20/12/2002, Lexis. N° 1/551613). La testimonial ha sido concluyente en tal sentido y los argumentos vertidos por el accionante al sostener su impugnación no logran conmover su eficacia probatoria. Ello, sin perjuicio, del impedimento de valorar el testimonio de la Dra. Guerrisi obrante a fs. 277/81, en tanto, en su condición de abogada patrocinante de la Dra. G., se encuentra, a mi criterio, incluida en las generales de la ley (art. 441 de CPCC).

En cambio, las testigos Almada y Souto, al momento de emitir sus declaraciones, no pertenecían al staff del estudio de la demandada, habiendo tomado oportunamente, conocimiento y/o participado de las distintas reuniones llevadas a cabo a raíz del juicio en cuestión, como asimismo, de la forma en que el actor tomaba conocimiento y controlaba el contenido de los escritos.

Respecto del testimonio brindado por el Dr. Núñez, debe destacarse que éste intervino en la reunión donde se trató la apelación, a pedido del actor.

Desde otro ángulo, es imprescindible la demostración por parte de quien lo alega de la existencia del daño. Es decir, la lesión, menoscabo, mengua o agravio de un derecho subjetivo que repercuta en el detrimento de valores económicos o patrimoniales -daño material, art. 1068 del CC- o bien, la lesión al honor o a las afectaciones legítimas, o, en general, a los derechos inherentes a la personalidad -daño moral art.1078 del CC-, ya que de no presentarse este elemento esencial no habrá responsabilidad civil, aun si se configurasen los restantes presupuestos.

Ello por cuanto, aunque el hecho o la acción en sí sea susceptible de causar un daño, no significa que efectivamente tal daño se haya producido, y es quien lo invoca y pretende su resarcimiento quien debe acreditarlo (CNCiv., Sala H, 07/08/2003 “Airex S.R.L. v. York Air Condittioning Lexis Nº 1/5512798,” CNCiv., Sala G09/11/1995, “Mazzoca, Felipe v. Carazza, Fabián A. “Lexis Nº 1/6986).

La indemnización de la “chance” corresponde cuando la responsabilidad del profesional del derecho deriva de una conducta negligente que genera para el cliente la pérdida de posibilidad deobtener éxito en la causa judicial. De ahí que dicha indemnización no puede identificarse con el eventual beneficio perdido, sino que lo resarcible es la “chance”, la que debe ser apreciada judicialmente según el mayor o menor grado de probabilidad de convertirse en cierta y no de la propia acción de indemnización deducida, (Matilde Zavala de González “Resarcimiento de daños”, T° 2 a, p. 371/72; 55; Zannoni Eduardo “Daño en la responsabilidad civil” 1987, ED Astrea, p. 76; Cazeaux Trigo Represas “Derecho de las obligaciones” , 1974, T. I. p. 329, entre otros; CNCiv. Sala H, 6/10/99, “Cecati de González c/ M.B. s/ daños y perjuicios”, Lexis, n ° 10/8032; CNCivil, sala M, 29/11/2004, Battagliese, Juan E. c. Etcheverry, Juan C. y otro, LA LEY 2005-B).

La pérdida de chance no genera la obligación de indemnizar cuando se trata de la frustración de meras posibilidades o expectativas; es decir, cuando éstas son muy vagas o generales, pues en tal caso, el daño que se invoca sería puramente eventual o hipotético, lo que resulta improcedente.Es por ello, que esa posibilidad perdida -para dar nacimiento a la obligación de indemnizar- tiene que tener una intensidad tal de modo que se erija en una probabilidad suficiente; o sea, que es necesario que la pérdida se encuentre debidamente fundada a través de la certeza de la probabilidad del perjuicio. (CNCiv. Sala B “Torres, Horacio J. c/ Microómnibus Norte L. 60”, del 16/11/2006; CNCiv., Sala C, del 5/8/74, LL 156-274; CNCiv., Sala G, del 21/12/81, LL 1982-D475; CNCiv., Sala J, del 23/4/2007, en autos “V.A. c/ Banco Superville”; CNCiv., Sala D, del 24/5/2006, “G., R.L. c/ G., P.A. y otros”; SC Mendoza, Sala 2°, del 31/10/79, JA 1980-I-197; CNFed. Civ. y Com., Sala 2°, del 26/8/88, LL 1989-A- 342; Zavala de González “Resarcimiento de daños”, vol. 2° “Daños a las personas”, p. 373 y sigtes., ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1991; Alterini, Ameal, López Cabana, “Derecho de Obligaciones”, p. 790, N° 1856, 2° edición, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998).

En dicha inteligencia, la “pérdida de chance” invocada por el actor, al haber perdido la posibilidad de que la sentencia de segunda instancia incrementara los montos acordados, no ha sido a mi juicio suficientemente demostrada.

Ello, por cuanto, tal como señalara, no existía impedimento para incrementar el quantum asignado por daño psíquico de haberlo así considerado el magistrado; la autonomía resarcitoria del daño estético no deja de ser una cuestión doctrinaria, y el quantum concedido por “daño moral”, más allá de las expresiones vertidas por la vocal preopinante en el fallo de la Sala L, se encontraba dentro de los parámetros de razonabilidad para la época de su concesión, lo que aunado a la propia conducta del accionante quien tenía pleno conocimiento y comprensión del alcance de la apelación, impide sostener la existencia de una frustración de la chance, como asimismo, que se hubiese generado en el Sr.J., un daño moral resarcible, sellándose de tal manera, la suerte del litigio.

Por lo expuesto, pierde sustento fáctico jurídico el temperamento propuesto por el recurrente con la finalidad de enervar lo decidido.

VII.- Las razones expuestas, imponen la confirmatoria de la sentencia apelada en todo cuanto decide y manda, imponiéndose las costas de alzada al recurrente perdidoso (art. 68 del CPCC).

La Dra. Hernández las consideraciones y razones aducidas por el Dr. Ameal, vota en igual sentido a la cuestión propuesta.

Buenos Aires, junio de 2014.

Y visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto precedentemente, por unanimidad de votos, el Tribunal decide: confirmar la sentencia apelada en todo cuanto decide y manda, imponiéndose las costas de alzada al recurrente perdidoso (art. 68 del CPCC). De conformidad con lo dispuesto en los arts. 6, 7, 37, 38 y ccs. de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432 y atento la labor desarrollada por los Dres. J. N. G., M. N. G. y A. G. se confirman los honorarios recurridos de fs. 431/45 por ser equitativos.

De acuerdo con lo normado en el art. 14 de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, regúlense los honorarios de los Dres. M. N. G. y J. N. G., en conjunto, en la suma de $11.000 y de la Dra. B. G. F. en la suma de $8.500.

Regístrese de conformidad con lo establecido con el art. 1° de la ley 26.856, art. 1 de su Decreto Reglamentario 894/2013 y arts. 1, 2 y Anexo de la Acordada 24/13 de la CSJN.

Se deja constancia que la difusión de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. En caso de su publicación, quien la efectúe, asumirá la responsabilidad por la difusión de su contenido.

El Dr. Domínguez no firma la presente por haberse excusado a fs.461.

Regístrese, notifíquese por Secretaría y devuélvase.

OSCAR J. AMEAL- LIDIA B.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 6, 7, 37, 38 y ccs. de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432 y atento la labor desarrollada por los Dres. J. N. G., M. N. G. y A. G. se confirman los honorarios recurridos de fs. 431/45 por ser equitativos.

De acuerdo con lo normado en el art. 14 de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, regúlense los honorarios de los Dres. M. N. G. y J. N. G., en conjunto, en la suma de ($.) y de la Dra. B. G. F. en la suma de ($.).

Regístrese de conformidad con lo establecido con el art. 1° de la ley 26.856, art. 1 de su Decreto Reglamentario 894/2013 y arts. 1, 2 y Anexo de la Acordada 24/13 de la CSJN.

Se deja constancia que la difusión de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. En caso de su publicación, quien la efectúe, asumirá la responsabilidad por la difusión de su contenido.

El Dr. Domínguez no firma la presente por haberse excusado a fs. 461.

Regístrese, notifíquese por Secretaría y devuélvase.

OSCAR J. AMEAL.

LIDIA B. HERNANDEZ.

RAQUEL ELENA RIZZO (SEC.).

Es copia.

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