Actividad de flete: ser dueño del transporte no implica la inexistencia del contrato de trabajo

camionPartes: Juarez Daniel Alberto c/ Logística de Avanzada S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 7-may-2014

Cita: MJ-JU-M-87017-AR | MJJ87017

En el caso de actividades de flete, ser propietario del vehículo no excluye por si mismo la existencia del contrato de trabajo, debiendo la demandada probar que las tareas son libres, independientes y autónomas.

Sumario:

1.-Cabe confirmar el fallo en cuanto tuvo por acreditada la relación laboral entre el fletero reclamante y la demandada, pues era ésta quien debía demostrar que las tareas de transporte encomendadas al demandante fueron cumplidas en forma libre, independiente y autónoma, es decir sin sujeción a órdenes, instrucciones ni directivas.

2.-La circunstancia de que el transportista sea propietario del vehículo no excluye la posible existencia del contrato de trabajo, puesto que se trata, en definitiva, de una herramienta de trabajo cuya aportación y propiedad no obsta jurídica ni materialmente la configuración de una vinculación dependiente.

3.-La exclusividad invocada por la demandada a los fines de desvirtuar la presunción del art. 23 de la LCT. no es una nota típica del contrato de trabajo, ya que ninguna norma prohíbe a los trabajadores contar con más de un empleo, en la medida que este enajena una porción de su tiempo a favor de la empresa, sin poder disponer de éste en su beneficio.

4.-La circunstancia de que la demandada contratara a otras personas, además del accionante, para llevar a cabo el servicio de transporte que brindaba, no obsta a la existencia de vínculo laboral, pues ello forma parte de las facultades de organización empresaria que ninguna relación guarda con el trabajo prestado por cada uno de las personas que contrata a tal fin y, además, ninguna norma impone una suerte de exclusividad en la contratación empresaria.

5.-El accionante demostró en forma concluyente que sus servicios fueron prestados para la sociedad demandada en calidad de empleado subordinado, lo que excluye la posibilidad de aplicar en forma simultánea la Ley 24.653 que regula la prestación independiente del servicio de transporte automotor de cargas.

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 07-05-2014 reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación:

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I. La Dra. Graciela L. Carambia receptó la acción deducida por el actor contra Logística de Avanzada S.A. y Correo Oficial de la República Argentina S.A., condenándolas en forma solidaria en los términos del art. 30 de la L.C.T. al pago de la suma de $214.526,32.

Contra esta decisión se alzan ambas codemandadas, Logística de Avanzada S.A. en los términos del recurso que luce a fs. 501/506 y Correo Oficial de la R.A. S.A. a tenor del memorial de agravios que luce a fs. 508/512, presentaciones respondidas por la parte actora a fs. 515/516 y 518/520, respectivamente.

En lo sustancial, la magistrada de grado concluyó que el actor no era fletero autónomo sino un empleado bajo la dependencia de Logística de Avanzada S.A., no registrado por su empleador conforme a la L.C.T. y L.N.E. por lo que reputó legítima la denuncia contractual decidida por aquel fundada en la deficiencia registral del vínculo. En relación al Correo Oficial fundó su responsabilidad solidaria en la circunstancias de que esta empresa necesita de los servicios brindados por Logística de Avanzada para poder cumplir con sus fines societarios, por lo que la condenó en los términos del art. 30 de la L.C.T.

II. En un confuso primer agravio, la codemandada Logística señala que contrató la realización de transportes con el actor, pero que también lo hizo con otros prestadores de servicio de transporte, por lo que no tuvo ni tiene exclusividad con el accionante y por ende éste puede ofrecer sus servicios a otros clientes.Transcribe algunos párrafos de doctrina y jurisprudencia respecto de la calidad de trabajador autónomo asignada a los fleteros, para concluir que entre las partes del proceso se celebró un contrato comercial de prestación de servicios por lo que no corresponde se lo condene en forma solidaria.

Seguidamente señala que si el actor no podía realizar el flete, la demandada se lo encomendaba a otro transportista y, finalmente, afirma que la aplicación de los presupuestos del art. 30 de la L.C.T. debe ser rigurosa.

Sin perjuicio de señalar que, a mi juicio, la queja expuesta en los términos reseñados no cumplimenta el recaudo formal exigido por el art. 116 de la L.O., creo conveniente formular algunas consideraciones a fin de dar respuesta al planteo articulado.

En primer término resulta evidente que la demandada confunde los alcances de los arts. 23 y 30 de la L.C.T. En efecto, Logística de Avanzada S.A. fue condenada en su carácter de empleador y, en tal sentido, la magistrada de grado inició el estudio de los planteos de las partes con apoyo en la presunción emanada del art. 23 de la L.C.T. para concluir que entre las partes medió un auténtico vínculo laboral que fue encubierto, en su hora, mediante la invocación de un contrato de naturaleza comercial.

Por otra parte, la aplicación de los presupuestos del art. 30 de la L.C.T.no constituyó el basamento jurídico que justificó la condena de Logística de Avanzada S.A., sino la responsabilidad del Correo Oficial, motivo por el cual el análisis de las cuestiones introducidas en la queja bajo análisis, en relación a la aplicación de esta norma, deviene inoficiosa habida cuenta que no constituyó el fundamento de la condena recaída contra quien fuera demandado en calidad de empleador directo.

Hecha esta aclaración, sólo corresponderá analizar la crítica relativa a la determinación de la naturaleza laboral del vínculo contractual habido entre las partes y, en este sentido, he de señalar que las razones invocadas por el apelante, en relación a la no exclusividad de la contratación del actor, carece de incidencia en el resultado del pleito pues la “exclusividad”, argumento invocado por la demandada a los fines de desvirtuar la presunción del art. 23 de la L.C.T., no es una nota típica del contrato de trabajo.Así, ninguna norma prohíbe a los trabajadores contar con más de un empleo, en la medida que este enajena una porción de su tiempo a favor de la empresa, sin poder disponer de éste en su beneficio, por lo que resulta inatendible el argumento invocado.

Del mismo modo, la circunstancia de que la demandada contratara a otras personas, además del accionante, para llevar a cabo el servicio de transporte que brindada, tampoco modifica la decisión de grado pues ello forma parte de las facultades de organización empresaria que ninguna relación guarda con el trabajo prestado por cada uno de las personas que contrata a tal fin y, además, ninguna norma impone una suerte de “exclusividad” en la contratación empresaria, como parece invocar el apelante.

En lo que respecta a la presunta celebración de un contrato comercial de prestación de servicios y la solapada manifestación de que la prestación no habría sido “intuito personae”, advierto que estas dogmática e infundadas aseveraciones, sin una sola referencia a las pruebas rendidas en autos que avalen sus dichos, impiden considerar que se trata de un verdadero agravio.

En efecto, sin perjuicio de señalar que no encuentro probado que el accionante hubiera tenido la facultad de buscar su propio reemplazo de manera unilateral e inconsulta, ni que lo hubiera hecho en momento alguno de manera efectiva, he de señalar, como anticipé, que este tramo del escrito recursivo no cumplimenta el recaudo de admisibilidad formal previsto en el art.116 de la LO, porque se basa en consideraciones de carácter genérico que no llegan a constituir una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que se estiman equivocadas.

Creo conveniente recordar aquí que la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la sentencia recurrida, a través de argumentos tendientes a descalificar los fundamentos en los que se sustenta la solución adoptada en el decisorio, mediante la invocación de la prueba cuya valoración se considera desacertada o a la puesta de manifiesto de la incorrecta interpretación del derecho declarado aplicable a la controversia (art. 116 LO). A tal fin, se debe demostrar, punto por punto, la existencia de los errores de hecho o de derecho en los que pudiera haber incurrido el juzgador y se deben indicar en forma precisa las pruebas y las normas jurídicas que el recurrente estime le asisten (cfr. esta Sala, in re: “Tapia, Román c/ Pedelaborde, Roberto”, S.D. N°73117, DEL 30/03/94, entre otras).

Por ello, la insuficiencia formal puntada basta para desestimar -sin más- la procedencia de la queja.

III. En segundo término, la demandada insiste en afirmar que no corresponde aplicar, al supuesto de autos, la presunción del art.23 de la L.C.T., bajo el argumento de que el accionante tenía a su cargo acreditar que los servicios prestados eran en calidad de trabajador dependiente o subordinado.

Este argumento de que la prestación de servicios que genera la presunción es la de servicios prestados bajo la dependencia de otros me parece claramente errado porque, conforme la lectura mayoritaria de dicha regla legal, el hecho de la prestación de servicios es lo que hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, tal como indica la norma y como señalé precedentemente.

En el pasado un sector de la doctrina, liderado por los recordados profesores Justo López y Antonio Vázquez Vialard, consideró que la mencionada norma sólo manda presumir la existencia de un contrato y que debe acreditarse la dependencia, tesis seguida por una parte de la jurisprudencia.

Este tribunal, en cambio, adscribe a la interpretación amplia del art. 23 L.C.T. por varias razones.

En primer lugar en virtud de la óptica exegética. El texto del precepto dice que el hecho de la prestación de servicios hará presumir la existencia de un contrato de trabajo, y, obviamente, el contrato de trabajo es definido precisamente por la nota de la dependencia (conf. art. 21 L.C.T.). Por ende, la letra de la ley expresa de modo nítido que lo que debe presumirse es la existencia de contrato de trabajo dependiente, sin que su texto autorice la lectura propuesta por aquel sector doctrinario y por la aludida jurisprudencia que equivale a decir que puede haber, en la LCT, un contrato de trabajo no dependiente.

En segundo lugar, desde el método teleológico de interpretación resulta evidente que el legislador quiso, con el art.23 LCT, quitar al trabajador la difícil carga de probar los datos fácticos de la dependencia y por eso la mandó presumir, dejando en manos del demandado la posibilidad de demostrar que el contrato no fue laboral, es decir que no hubo dependencia.

La interpretación que cuestiono quita contenido al precepto pues si el trabajador debe acreditar que el trabajo fue desempeñado bajo dependencia la presunción prácticamente queda vaciada (debería leerse limitada a presumir que hubo contrato) y contrariado el objetivo del legislador.

Tal como señalara mi muy distinguido colega el Dr. Ricardo A. Guibourg al votar en los autos “Gómez, Diego M. c/ Vázquez, José A. y otros” (Sala III, Sent. del 30-12-98), la interpretación que restringe la operatividad de la presunción del art. 23 LCT al caso en que se hayan acreditado servicios prestados en relación de dependencia esteriliza el propósito de la norma.

Por último, no hay que olvidar que siempre debe presumirse la coherencia y razonabilidad de la ley. Si se acepta la interpretación restrictiva se llega a una conclusión que roza la auto contradicción. Para quienes la sostienen, la presunción del art. 23 LCT se activa cuando se prueba la dependencia.

Es decir que si se prueba que se ha trabajado bajo de- pendencia se presume que hubo contrato de trabajo y ello implica que ya la presunción n o hace falta pues lo que a partir de allí se quiere hacer presumir ya está probado. Dicho de otro modo, para quienes así piensan, se presume la dependencia cuando se prueba que se trabajó bajo dependencia.

Consecuentemente, no es correcta la crítica al respecto y cabe afirmar que la aplicación que hiciere la Sra. Jueza a quo de la presunción del art.23 del RCT es inobjetable ya que la demandada reconoció la existencia de prestaciones del demandante a su favor.

Formulada tal precisión, voy a exponer algunos conceptos jurídicos que ponen marco a mi punto de vista sobre la discutida temática del trabajo de los transportistas, y que ya expresara en el precedente de esta Sala “Muriel, Rodolfo Mario c/ Parmalat Argentina SA s/ Despido” (SD Nº 95.093 del 29-6-07).

En primer lugar opino que la presunción que establece el art. 23 de la LCT opera plenamente cuando los servicios son prestados por un transportista y no es desactivada por el Plenario Nº 31 de la CNAT, dictado in re “Mancarella c/ B. Arizu SA” toda vez que esa norma legal ha sido muy posterior a éste y no pudo sino imponerse sobre su doctrina.

Creo conveniente dejar asentado que, a mi juicio, la derogación de los arts. 302/303 del CPCCCN por parte del art. 12 de la ley 26.853 no resulta aún operativa a tenor de lo dispuesto por el art. 15 de dicha ley, de manera que deberían considerarse ultractivos y, por ende, vigentes las doctrinas plenarias sentadas por esta Cámara y con efecto obligatorio.

No obstante ello, aún de no ser así, creo que resulta de todas maneras conveniente, por razones de seguridad y previsibilidad jurídica -y por imperio de la lógicaseguir los criterios uniformadores derivados de la muy rica doctrina sentada por esta Cámara desde agosto de 1946.De ahí que, si se considerase que los Acuerdos Plenarios han perdido vigencia obligatoria, me parece adecuado seguir aplicando las doctrinas sentadas por este prestigioso cuerpo especializado en forma potestativa, lo que me conduce a votar del modo que dejo dicho.

Como corolario de esta tesis, era la demandada quien debía demostrar que las tareas de transporte encomendadas al demandante fueron cumplidas en forma libre, independiente y autónoma, es decir sin sujeción a órdenes, instrucciones ni directivas.

En segundo lugar quiero puntualizar que, como también lo indiqué al votar en el citado precedente, la circunstancia de que el transportista sea propietario del vehículo no excluye la posible existencia del contrato de trabajo puesto que se trata, en definitiva, de una herramienta de trabajo cuya aportación y propiedad no obsta jurídica ni materialmente la configuración de una vinculación dependiente.

En esta inteligencia, la prueba rendida en autos no ha logrado neutralizar dicha presunción acreditando que fue efectuada de manera independiente, con libertad y/o que el demandante actuó como un real empresario, tal como pretende el demandado al invocar la existencia de un contrato de locación en los términos de la ley 24.653 (cuyo contenido no analiza) y los testimonios a los que en forma genérica refiere, sin individualizar ni siquiera los nombres de los deponentes a los que se refiere ni los pasajes de sus declaraciones que invoca en apoyo de su tesis.

En efecto, la demandada insiste, con argumentos dogmáticos, en la existencia de cuestiones formales (contrato suscripto entre las partes que no individualiza ni analiza) y las presuntas declaraciones que probarían el carácter comercial del vínculo, pero soslaya, al silenciarlo en su recurso, el fundamento central de la magistrada de grado que, tras analizar la totalidad de las pruebas rendidas en autos, tuvo por probado que el actor fue contratado por Logìstica de Avanzada para prestar determinado tipo de servicios sujetándose a su control y supervisión en forma permanente.En efecto, el apelante no cuestiona en modo alguno la decisión de grado que tuvo por acreditado que “.el accionante se encontraba sujeto a un poder jurídico de organización y dirección por parte de LOGÌSTICA y que su inscripción como monotributista constituye un acto de simulación por el cual la demandada intentó encubrir una relación laboral dependiente, bajo la figura de una “locación de servicios” (v. fs. 491 párr. 4), y esta omisión define la suerte de la queja, cuyo rechazo auspicio.

IV. Siguiendo esta línea argumental, habré de sugerir también el rechazo del cuarto agravio, a partir del cual el apelante se limita a señalar que la sentenciante omitió aplicar la ley 24.653 que regula el transporte automotor de cargas, normativa que no habría sido impugnada por la parte actora, citando en su defensa una serie de precedentes jurisprudenciales.

Y sugeriré el rechazo de esta queja pues ningún interés, ni obligación procesal, tenía la parte actora de impugnar una norma inaplicable al vínculo que denunciaba, en el caso, relación laboral regida por la L.C.T.

Desde esta perspectiva resulta claro que la magistrada que me precede no ha hecho más que ejercer la facultad indiscutida -consagrada en la máxima iuria novit curia – mediante la cual el juzgador aplica el derecho que estima pertinente, en función de los hechos alegados y probados, ello con prescindencia del que hubieran invocado los litigantes.

Lo que no puede el magistrado hacer es fallar extra petita, es decir que debe ceñirse a las acciones ejercitadas, toda vez que no puede permitirse cambiar una acción por otra, ya que ello importaría una violación a la garantía constitucional de la defensa en juicio, pero nada le impide -más aún está obligado- a pronunciarse acerca de la factibilidad de los “ítems” solicitados en el marco del régimen legal que consideró aplicable al caso, lo que impone el rechazo de este tramo del recurso.

Me parece conveniente recordar que, como ya lo dije enel caso “Muriel”, el art. 4 de la ley 24.653, dedicado a las “Definiciones” dispone que a los fines de esa ley se entiende por.

d) Transportista: la persona física o jurídica que organizada legalmente ejerce como actividad exclusiva o principal la prestación de servicios de autotransporte de carga;

e) Empresa de transporte: la que organizada según el artículo 8°, presta servicio de transporte en forma habitual;

f) Transportista individual: al propietario o copropietario de una unidad de carga que opera independientemente por cuenta propia o de otro con o sin carácter de exclusividad;

h) Fletero: transportista que presta el servicio por cuenta de otro que actúa como principal, en cuyo caso no existe relación laboral ni dependencia con el contratante.

En lo que aquí interesa, cabe prestar atención a los incisos d), f) y h). Lo primero que cabe destacar es que el inciso d) no se expide sobre la naturaleza jurídica de la modalidad de prestación de los servicios que preste el “transportista”, de modo que ello será una cuestión a decidir por los jueces en cada caso según los elementos fácticos y jurídicos de cada supuesto. El inc. e) ninguna relevancia jurídica posee puesto que solo describe a uno de los sujetos de la actividad, condicionándolo a que cumpla los requisitos formales previstos en el art. 8 (estar inscriptos en la matrícula de comerciante y en los organismos previsionales e impositivos correspondientes y tener domicilio real en territorio de la República).

El inc. f) describe al “transportista individual” pero condicionado a la exigencia de que opere independientemente, sin que disponga regla alguna sobre el régimen de prueba de esa independencia o acerca de su ausencia. Consecuentemente, interpreto que este punto del art. 4 solo expresa que pueden existir transportistas constituidos como empresarios individuales del transporte, pero en la medida que presten sus actividades de modo independiente, lo que resulta concordante con la excepción contemplada en el art. 23 “in fine” LCT.También entiendo que esta norma no excluye la existencia de trabajadores dependientes que realizan estas tareas.

Finalmente, el inc. h) denomina fletero a quien presta el servicio por cuenta de otro que actúa como principal, y prevé que en ese caso no habrá relación laboral con “el contratante”. Reconozco que la frase es intrincada pero creo que de ninguna manera se puede concluir de tal construcción lingüística que el fletero nunca es dependiente. Por el contrario, pienso que esa compleja o mal construida frase significa que: a) el fletero que presta tareas para un principal (es decir una empresa de transportes) no es dependiente del empresario que contrata los servicios de dicha empresa de transportes (es decir del “contratante”); y b) que en tal caso el fletero es dependiente de la empresa de transportes.

Hago este señalamiento ya que quiero dejar sentado que la determinación de la naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes de este pleito debe ser examinada y resuelta por los jueces, como corresponde a la división republicana de poderes establecida por nuestra Constitución Nacional y según también lo exige el principio de primacía de la realidad en materia de asuntos laborales, todo de acuerdo a las constancias del caso.

En definitiva, la magistrada de grado consideró que el accionante demostró en forma concluyente que sus servicios fueron prestados para la sociedad demandada en calidad de empleado subordinado, lo que excluye la posibilidad de aplicar en forma simultánea la ley 24.653 que regula la prestación independiente del servicios de transporte automotor de cargas (cfrme. arts. 1, 4 y cctes.ley cit.) y, en virtud de ello, la sentencia dictada en grado no resulta incongruente, tal como lo postula el recurrente, en la medida en que en el sub lite se verificó la prestación de servicios dependiente y subordinada del actor respecto de la demandada.

Al respecto, la lectura del escrito inicial evidencia que el pretensor adujo repetida y claramente que prestó servicios subordinados y no independientes y que recibió órdenes de la demandada, careciendo de relevancia el encuadre jurídico dado por Logística de Avanz ada S.A. pues resulta inaplicable a la relación habida entre las partes y, reitero, corresponde al juez calificar legamente los hechos aducidos por las partes y resultaron probados.

V. En tercer término la demandada se agravia por la fecha considerada en grado como la de finalización del vínculo.

Sobre el particular señala que las partes fueron contestes al señalar que el vínculo contractual se extinguió en Octubre de 2007 por lo que la decisión de grado de considerar la fecha de inicio de las actuaciones ante el SECLO (18-02-2008) como fecha de extinción de la relación, frente a la ausencia de constancia telegráfica, resulta incongruente.

A mi modo de ver asiste razón al recurrente por cuanto no es un hecho controvertido, y por tanto sujeto a prueba y determinación judicial, que la relación habida entre las partes culminó el 31-10-2007, toda vez que así fue denunciado por el actor y reconocido por la demandada (v. fs. 7vta., 35vta. y 37).

Desde esta perspectiva, la decisión de grado de fijar una fecha distinta a la invocada por ambas partes, resulta incorrecta y deberá ser dejada sin efecto.

Ello es así por cuanto la sentenciante a quo se ha excedido en su decisión involucrando temas, circunstancias o cuestiones que no han sido objeto de controversia durante el curso del proceso, actividad jurisdiccional que configuró un supuesto de fallo extra petita, soslayando el principio de congruencia (cfr. art. 34, inc. 4 y 163, inc.6, del C.P.C.C.N.) y afectando por esa vía la garantía al derecho de defensa en juicio de la demandada (cf. art. 18 C.N.).

En consecuencia, corresponde hacer lugar a este tramo de la queja y establecer, como fecha de extinción del contrato de trabajo, el 31- 10-2007.

La decisión que dejo propuesta no altera la decisión de grado en cuanto rechazó la excepción de prescripción deducida por la codemandada Logística pues, incluso de considerarse que no han mediado actos interruptivos y/o suspensivos del plazo liberatorio, la circunstancia de que el vínculo laboral se hubiera extinguido el 31-10-2007 y el accionante hubiera entablado demanda el 29- 06-2009 (v. fs. 16vta.), es decir, antes del transcurso de 2 años de los créditos reconocidos en grado, sella la suerte del recurso en sentido adverso a la pretensión del recurrente.

VI. Por su parte, Correo Oficial de la República Argentina

S.A. insiste en que no corresponde la condena en los términos del art. 30 de la L.C.T.habida cuenta que no posee como objeto social el flete de sus productos.

Sin perjuicio del esfuerzo argumental desplegado por la dirección letrada de la demandada, advierto que el recurso no logra conmover el decisorio de grado mediante los argumentos que ensaya pues se basa en fundamentos aparentes basados en una forzada y parcial interpretación de los conceptos involucrados.

En efecto, al referirse al “flete” sin reparar en su acepción, una lectura superficial permitiría considerar, tal como propone el recurrente, que no existe relación entre las actividades propias del “fletero” con la actividad “postal” de la empresa de correos.

Sin embargo, es la propia demandada quien en su recurso reconoce que su objeto social consiste, entre otras, en la “transmisión de mensajes y todo tipo de correspondencia y encomiendas”.” sin que nada obsta a que contrate a un tercero para encomendarle el transporte terrestre de las piezas postales procesadas” y que el servicio de “logística de la carga postal, siempre estuvo en manos de un “tercero” para concluir que “en el ejercicio de sus actividades.contrata comercialmente un servicio de transporte terrestre con la empresa Logìstica de Avanzada S.A., única y exclusiva prestadora de dicho servicio.”.

Ahora bien, la Real Academia Española define al “flete” como la “carga que se transporta por mar o por tierra” o al “vehículo que, por alquiler, transporta bultos o mercancías”(ver Diccionario de la lengua española (DRAE) Edición 22.ª, publicada en 2001) en clara alusión al transporte de cargas, mercaderías, etc., mientras que la “encomienda” es el “paquete que se envía por medio de un servicio de transporte” y la “mercadería” o “mercancía” es la “cosa mueble que se hace objeto de trato o venta”.

De ello se sigue que el flete comprende claramente el transporte por tierra, a través de un vehículo, de cosas muebles denominadas mercancías, entre las que se encuentran las “encomiendas” (paquetes que se envía por medio de un servicio de transporte) y “correspondencias” cuya admisión, recolección y trasmisión constituye el objeto social dela demandada, tal como expresamente ha denunciado en autos la propia empresa de correos.

Es por ello que, de los propios términos del recurso de la demandada surge evidenciado que contrató con Logística de Avanzada S.A. trabajos o servicios correspondientes a su actividad normal y específica propia, y al encomendar el transporte terrestre de las piezas postales procesadas, debió exigir a sus contratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social a fin de eximirse de responsabilidad y, evidentemente, no lo hizo pues tal como se ha demostrado en autos, la contratación del actor resultó fraudulenta en la medida que se incumplió con la normativa laboral y de la seguridad social vigente a la época en la que se llevó a cabo el contrato, utilizando figuras no laborales.

Por lo expuesto, no cabe más que confirmar lo decidido en grado en relación a la responsabilidad que le cabe a la codemandada en los términos del art. 30 párr. 2 L.C.T.

VII. En segundo lugar la codemandada Correo Oficial de la República Argentina S.A. se agravia por la decisión de grado que rechazó el reclamo contra Correo Argentino S.A. con sustento en el art. 230 de la L.C.T., es decir, por resultar inaplicable lo dispuesto en el título XI “De la Transferencia del Contrato de Trabajo” de la L.C.T (arts. 225/229) al Correo Argentino S.A. toda vez que se trataría de una cesión o transferencia operada a favor del Estado.

En este sentido, la empresa apelante señala que Correo Argentino S.A. no es parte del estado y, en consecuencia, considera improcedente la decisión de liberar de responsabilidad a Correo Argentino S.A.

Esta queja deberá ser desestimada puesto que en autos no existe condena en los términos de los arts. 225/229 de la L.C.T. y, aún de considerar la posibilidad de análisis de este supuesto, lo cierto y concreto es que la eximición de condena contra Correo Argentino S.A.deberá ser confirmada toda vez que dicha empresa fue traída al proceso como tercera citada (v. fs. 104)

En esta inteligencia, si bien la citación del tercero resulta viable por la eventual acción de repetición que podría tener el empleador en función del seguro contratado para la cobertura de las contingencias producidas en el trabajo, lo cierto es que esta circunstancia no permite en modo alguno extender la condena cuando ésta no reviste el carácter de parte demandada y la parte actora nada planteó a su respecto.

No empece a lo antedicho la modificación introducida por la ley 25.488 al art. 96 del CPCCN dado que no encuentro en el presente supuesto alguno en virtud del cual pueda considerarse que la aseguradora deba responder a la pretensión resarcitoria formulada por el accionante, en tanto la circunstancia de que en algunos casos la resolución pueda llegar a considerarse “ejecutable” contra el tercero, no permite tener por desvirtuado el principio básico de esta institución según el cual no es factible extender la condena a un tercero pues ello implicaría fallar extra petita y un claro apartamiento del principio de congruencia (art. 34 inc. 4 CPCCN y 163 inc. 6) y de la doctrina emanada de nuestro más Alto Tribunal (conf. C.S.J.N., 12/2/88 “Discarn S.A. c/ Prov. De Bs. As., en D.T. XLIX, B, pag. 1123).

VIII. Seguidamente la codemandada Correo Oficial de la República Argentina S.A. se agravia por la condena recaída en grado que la obliga a entregar el certificado previsto en el art. 80 de la L.C.T.

Sobre el punto cabe señalar que es criterio mayoritario de esta Sala que no corresponde hacer extensiva la condena a entregar los certificados previstos en el art. 80 LCT al deudor vicario, toda vez que se trata de una obligación de hacer que recae sobre el sujeto empleador, calidad que en este caso la codemandada Correo Oficial de la República Argentina S.A.no revistió (ver “Quinteros, Adrián Ariel y otros C/ Argen Express S.R.L. y otro s/ despido”, SD 94849 del 15/03/07) por lo que dicha obligación debe recaer solamente sobre Logística de Avanzada S.A., quedando aquí subsumida la queja articulada por la codemandada en tercer agravio del escrito recursivo.

IX. Finalmente la recurrente afirma que resulta insostenible la inconstitucionalidad decretada por el a quo respecto del tope previsto en el art. 245 de la L.C.T., afirmando que numerosa jurisprudencia ha determinado que el mismo resulta constitucional y que, en el caso de autos, la base salarial a considerar guarda una razonable relación con la prestación por los servicios prestados por el actor por lo cual no corresponde la declaración de inconstitucionalidad.

Sin perjuicio de señalar que el planteo recursivo resulta, a mi juicio, insuficiente en los términos que exige el art. 116 de la L.O. pues no cuestiona de modo asertivo y concluyente la decisión de grado que pretende atacar, lo cierto es que no puedo más que compartir el criterio adoptado por la magistrada que me precede en tanto la Corte, en el caso Vizzoti, ratificó la fijación y aplicación de los topes legales pero siempre que estos no resulten confiscatorios del salario del dependiente (lo que se produce cuando la aplicación del tope genera una quita superior al 33% de su monto). Este fue el criterio seguido por la Sra.Jueza a quo al fijar la base de cálculo y, toda vez que en el caso de autos se configuró una situación análoga a la que fuera resuelta en el fallo aludido y no advierto que se hayan invocado nuevos fundamentos que me con duzcan a analizar una solución distinta en el caso particular de autos, sugeriré confirmar este aspecto del decisorio de grado.

Sin perjuicio de lo expuesto no puedo dejar de señalar que en el recurso deducido, la demandada ni siquiera explicó cual sería la suma que a su criterio hubiera correspondido establecer como base de cálculo ni cual es, en definitiva, la decisión que pretende se dicte en esta alzada, lo que impide conocer la medida del agravio e impone el rechazo de la queja.

X. La decisión que dejo propuesto importa la modificación de la determinación de la fecha del distracto pero, esta circunstancia, carece de incidencia sobre los rubros y montos diferidos a condena (v. fs. 492), al tiempo que importa la eximición de la obligación de entrega del certificado previsto por el art. 80 de la L.C.T. contra la codemandada Correo Oficial de la Repúblico Argentina S.A.

Si bien el resultado que propicio implica una modificación del decisorio atacado, circunstancia que -de conformidad con lo dispuesto en el art. 279 del CPCCN- conduce a reexaminar las costas allí determinadas, considero que en el caso en el caso no se justifica la modificación de lo decidido por la sentenciante de grado en relación a la distribución de costas y honorarios regulados pues lo decidido en grado se ajusta a la decisión que dejo propuesta, razón por la cual impulso su ratificación (art. 68 párr. 2 y 71CPCCN y arts. 38 LO, 6, 7, 9, 19, 37, y 39 de la ley 21.839 y dto. 16.638/57), quedando aquí subsumidas las quejas de las partes.Cabe añadir que la fijación no resulta ser una cuestión meramente matemática, en la medida que los jueces, no solamente deben tener en consideración la cuantía por la que prosperan los créditos, sino esencialmente los motivos por los cuales se llega al litigio.

Las costas de esta alzada, propongo se impongan a cargo de las demandada en atención al resultado de los recursos deducidos, dado que han sido rechazados en lo sustancial de sus respectivos planteos (art. 68 párr. 2 y 71CPCCN).

En tal sentido, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de cada una de las demandadas por los trabajos en esta instancia en un 25% de lo que en definitiva le corresponda a cada una de ellas por sus labores ante la primera instancia (art. 14 ley 21.839).

Miguel Ángel Pirolo dijo:

Por análogos fundamentos adhiero al voto del Dr. Miguel Ángel Maza. Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 segunda parte, ley 18.345) el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar en lo principal que decide la sentencia de grado a excepción de la determinación de la fecha de extinción del vínculo laboral que se establece en el 31-10-2007 y dejar sin efecto la condena recaída contra el Corro Oficial de la República Argentina S.A. en relación a la obligación de entrega del certificado previsto por el art. 80 de la L.C.T., exclusivamente a cargo de Logística de Avanzada S.A.; 2) Imponer las costas de alzada a cargo de la parte demandada; 3) Regular los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de cada una de las demandadas, por los trabajos realizados en esta Alzada, en el veinticinco por ciento (25%) -respectivamente- de lo que corresponde a cada uno por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior, 4) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo

Juez de Cámara

Miguel Ángel Maza

Juez de Cámara

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