Se concedió reparación a la hija de una mujer detenida durante el gobierno militar que se vio obligada a salir del país con su abuela

shutterstock_116155072Partes: Micheli Alejandra c/ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos s/ indemnizaciones – Ley 24.043 – art. 3

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: V

Fecha: 3-jul-2014

Cita: MJ-JU-M-87012-AR | MJJ87012

Acreditado que la actora se vio obligada a salir del país con su abuela materna, inmediatamente después de ser recogida del penal donde estaba detenida su madre por orden del gobierno militar, procede conceder la reparación de la Ley 24.043, aún cuando haya percibido el beneficio de la Ley 25.914.

Sumario:

1.-Corresponde conceder la reparación económica prevista en la Ley 24.043 modificada por la ley 24.906 , por el período comprendido entre la fecha de salida del país y el 10 de diciembre de 1983, a quien nació en 1977 mientras su madre se hallaba detenida por orden del gobierno militar y debió abandonar el país ese mismo año junto con su abuela materna, que se había visto obligada a exiliarse debido a la persecución política sufrida por su familia, con destino a Italia.

2.-A los fines de la Ley 24.043, detención significa distintas formas de menoscabo a la libertad ambulatoria y es equiparable al ostracismo, en tanto debe computarse el lapso transcurrido en el exilio por personas perseguidas ilegalmente (conf. CSJN, Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/ M° del Interior – resol. M.J.D.H. 221/00 , 14-10-04, Fallos: 327:4241).

3.-A fin de tutelar el principio de unidad familiar reconocido en varios tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, corresponde conceder la indemnización prevista en la Ley 24.043 por el período comprendido entre el 19 de agosto de 1977 y el 10 de diciembre de 1983 a quien e vio obligada a salir del país con su abuela materna, inmediatamente después de ser recogida del penal donde se encontraba detenida su madre por orden del gobierno militar.

Fallo:

Buenos Aires, 3 de julio de 2014.- FR

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- Que por Resolución Nº 429 del 27 de marzo de 2014, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos denegó el beneficio previsto por la ley 24.043 y sus modificatorias a la señora Alejandra Micheli (v. fs. 199/200).

Como fundamento, sostuvo que atento la opinión vertida por la Procuración del Tesoro en diversos dictámenes y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en la especie no existía identidad sustancial con los precedentes judiciales donde se reconoció el beneficio aquí solicitado. Es decir, entendió que los hechos denunciados en la causa no encuadraban en alguna de las situaciones previstas en la ley 24.043 y sus modificatorias.-

II.- Que contra esa resolución a fs. 206/221 la actora interpuso recurso de apelación y a fs. 232/236 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos expresó la opinión prevista en el artículo 3 de la ley 24.043.

En cuanto interesa, la recurrente relata que nació el 6 de julio de 1977 mientras su madre, la señora Ana Patricia Caselli, se hallaba detenida por orden del gobierno militar, en la penitenciarí0a de la ciudad de Córdoba; y que el 19 de agosto de ese año, abandonó el país junto con su abuela materna, que se había visto obligada a exiliarse debido a la persecución política sufrida por su familia, con destino a Italia. En tal sentido, sostiene que la resolución impugnada es arbitraria, toda vez que la Administración omitió la valoración de la prueba agregada a las actuaciones administrativas, ya que la Secretaría de Derechos Humanos dictaminó de manera favorable respecto de la concesión del beneficio reparatorio.Además, señala que a los fines de considerar la existencia de un “exilio forzoso” no fue tenida en cuenta ni la persecución política de su familia, ni la detención de su madre a

disposición del Poder Ejecutivo Nacional, ni el exilio con su abuela materna inmediatamente después de ser recogida del penal donde se encontraba detenida su madre, ni el contexto general en que ocurrieron los hechos. Por tal motivo, solicita se deje sin efecto la Resolución impugnada y se conceda la reparación económica prevista en la ley 24.043 por el período comprendido entre el 19 de agosto de 1977 (fecha de salida del país) y el 10 de diciembre de 1983.

A fs. 249 dictaminó el Señor Fiscal General ante esta Cámara.

III.- Que, la ley 24.043 dispuso que podrían acogerse al beneficio por ella instituido “Las personas que durante la vigencia del estado de sitio hubieran sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, por decisión de éste, o que siendo civiles hubiesen sufrido detención en virtud de actos emanados de tribunales militares.” siempre que no hubiesen percibido indemnización alguna en virtud de sentencia judicial por estos mismos hechos (art. 1) y que, para solicitarlo debían “.reunir alguno de los siguientes requisitos: a) Haber sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional antes del 10 de diciembre de 1983. b) En condición de civiles, haber sido privadas de su libertad por actos emanados de tribunales militares, haya habido o no sentencia condenatoria en este fuero.” (art. 2). La ley 24.906 -modificatoria de aquella- estableció como período indemnizable el comprendido entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983 (art. 2).

En ese orden de ideas, cabe señalar que en la causa “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/ M° del Interior – resol. M.J.D.H. 221/00”, del 14 de octubre de 2004 (Fallos: 327:4241), la Corte Suprema de Justicia de la Nación —por remisión al dictamen del Sr.Procurador General de la Nación— consideró que, a los fines de la ley 24.043, “detención” significa distintas formas de menoscabo a la libertad ambulatoria y es equiparable al ostracismo, en tanto debe computarse el lapso transcurrido en el exilio por personas perseguidas ilegalmente; como así también que la decisión de ampararse bajo la bandera de una nación amiga y emigrar, lejos de ser considerada como “voluntaria” o libremente adoptada, ha sido la única y desesperada alternativa que pudo haber tenido para salvar su vida ante la amenaza del propio Estado o de organizaciones paralelas (cfr. capítulo VI del dictamen).

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

FEDERAL- SALA V

IV.- Que, de las constancias de autos resulta que la señora Alejandra Micheli nació en la ciudad de Córdoba el 6 de julio de 1977 y es hija de Ana Patricia Caselli, siendo anotada con su apellido materno (fs. 18/20). De estas actuaciones también surge que la actora fue adoptada por el señor Guido Micheli, cambiando su apellido por el de su adoptante. Además, se han agregado copias certificadas del expediente administrativo nro. 347.876/93 en el cual su madre había solicitado el beneficio establecido por la ley 24.043; el que fue finalmente concedido por medio de la resolución 4183/94 del Ministerio del Interior (fs. 72, 80/91). De esas actuaciones también surge que la señora Ana Patricia Caselli estuvo detenida a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y que el 12 de julio de 1977, mientras estaba privada de su libertad en la penitenciaria número uno de la Ciudad de Córdoba, confirió a sus padres, mediante escritura, la Patria Potestad de la peticionaria; y que, finalmente, fue autorizada para salir del país en el año 1978 (fs. 83, 85, 108/110, 114). Además, de la resolución nro. 982/2008 surge que a la actora se le ha concedido el beneficio establecido por la ley 25.914 (fs.119/120). Por último, del pasaporte de la peticionaria, el cual fe expedido el 10 de agosto de 1977, surge que salió del país en compañía de su abuela el 19 de agosto de 1977 (fs. 14/17).

Por lo demás, cabe destacar que en el dictamen emitido por la Secretaria de Derechos Humanos se sostuvo que en las actuaciones se había acreditado el menoscabo de la libertad ambulatoria de la peticionaria, y que dichas restricciones fueron la causa que generó su salida del país. Ello así, toda vez que la señora Micheli había nacido en cautiverio, y estando su madre detenida y antes de que ésta pudiera ejercer su derecho de opción, debió salir del país (fs. 187/191).

V.- En definitiva, cabe destacar que las constancias de la causa reseñadas, dan cuenta de la detención de la madre de la actora a disposición de Poder Ejecutivo, de su nacimiento en cautiverio, de su posterior salida del país en compañía de su abuela, y del hecho de que su familia se había radicado en Italia. Tales circunstancias tornan verosímil lo sostenido por la recurrente, en el sentido que su grupo familiar ha temido por su vida, por lo cual se vio obligada a salir del país. Ello así, se encuentra acreditado la persecución política por parte de las

Fuerzas del Estado Nacional, y el exilio como única alternativa con la que contaba para salvar su vida, dentro del período que exige la normativa, circunstancias por las cuales procede la concesión del beneficio pretendido en autos.

Por ello, a fin de tutelar el principio de unidad familiar reconocido en varios tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional (cfr. esta Sala en autos “Korilchik Paula Andrea c/ M° J y DDHH- ART 3 LEY 24043- RESOL 143/08 (Ex 145267/04)” del 17/02/09), corresponde hacer lugar a la petición del recurrente y ordenar que el expediente vuelva al Ministerio de Justicia para que, por quien corresponda se dicte nueva resolución en el caso y se conceda a la actora la indemnización prevista en la ley 24.043 por el período comprendido entre el 19 de agosto de 1977 y el 10 de diciembre de 1983 (art. 2° de la ley 24.906).

Las costas se distribuyen en el orden causado en atención a la dificultad interpretativa y naturaleza de la cuestión en debate (art. 68 segundo párrafo del C.P.C.C.N.). Todo lo cual ASÍ SE DECIDE.-

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Jorge F. Alemany Guillermo F. Treacy

Pablo Gallegos Fedriani

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