ilegitimidad del despido de empleado aeronáutico basado en la inhabilitación para prestar servicios (art. 254 LCT)

certificadoPartes: Cipollone Eduardo José c/ Aerohandling S.A. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 31-mar-2014

Cita: MJ-JU-M-86557-AR | MJJ86557

Ilegitimidad del despido directo de empleado aeronáutico decidido por la empleadora, fundado en el supuesto contemplado por el art. 254 último párr de la Ley de Contrato de Trabajo.

Sumario:

1.-No se ajustó a derecho el despido directo decidido por la empleadora, pues en la comunicación rescisoria se hace mención al supuesto contemplado por el art. 254 último párr. LCT. pero la Policía de Seguridad Aeroportuaria informó que el actor dejó de contar con permiso para cumplir funciones de maletero, sin dar cuenta de que la pérdida del mismo haya obedecido a la conducta que fuera investigada en sede penal tal como fuera denunciado por la empleadora.

2.-Aun en el supuesto de que se quite virtualidad a la decisión penal la solución no sería distinta ante la falta de acreditación de que la habilitación fue quitada por la Policía Aeroportuaria por la pérdida de confianza y de la puesta a disposición de la documentación (Carta de presentación) que el actor necesitaba para gestionar la misma.

3.-Cabe destacar la conducta ambivalente de la accionada que surge de la lectura de la misiva por medio de la cual fue notificado el actor de la suspensión precautoria, atento que la accionada manifestó que iniciaría una investigación interna en torno a los hechos ocurridos, pero luego procedió a despedir al accionante sin realizar la investigación mencionada.

4.-Cabe confirmar la condena de la aerolínea codemandada en los términos del art. 30 LCT., pues no podría haber dado cumplimiento con su objeto social sin los servicios prestados por el actor, ya que dentro de las actividades comerciales llevadas a cabo por la empeladora directa se ubica la carga y descarga de equipaje, carga y correo, remolque y tractoreo de aviones, colocación de escaleras para ascenso y descenso de pasajeros, etc.

5.-El art. 30 LCT. no solamente comprende la actividad principal del empresario, sino también las actividades secundarias o accesorias, integradas permanentemente al establecimiento, quedando solamente excluidas las actividades extraordinarias o excepcionales.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de marzo de 2014, para dictar sentencia en los autos: “CIPOLLONE, EDUARDO JOSÉ C/ AEROHANDLING S.A. Y OTRO S/ DESPIDO”, se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO:

I.- En el fallo en cuestión (fs. 440/445) el “a quo” hizo lugar al reclamo por considerar injustificada la decisión rescisoria adoptada por la demandada.

El recurso a tratar llega interpuesto por la parte demandada a fs. 450/458, mereciendo la réplica de la contraria a fs. 464/465.

También apela el perito contador por considerar reducidos los honorarios que le han sido regulados (fs. 446).

Asimismo la apelación de la accionante fue desestimada a fs. 463.

II.- Se agravia la parte demandada porque no se tuvo por justificado el despido directo.

Sostiene que el actor fue despedido por “haber participado culposamente de hechos graves que derivaron en lo único que no podía suceder para que pudiera seguir laborando: la perdida de la confianza de la autoridad policial que ya no le admitió más el ingreso al aeropuerto, quitándole la credencial aeroportuaria, requisito indispensable para el desarrollo de sus tareas” (sic fs. 452 4to párrafo).

Analizadas las constancias de autos, no cabe más que desestimar el recurso interpuesto.

En efecto, advierto que en la comunicación rescisoria se hace mención al supuesto contemplado por el art. 254 último párrafo LCT pero la Policía de Seguridad Aeroportuaria a fs.200 informó que Cipollone dejó de contar con permiso para cumplir funciones de maletero sin dar cuenta de que la pérdida del mismo haya obedecido a la conducta que fuera investigada en sede penal tal como fuera denunciado por la empleadora.

Es más, advierto que recién dejó de estar habilitado el dependiente el 03/2008 por lo que mal podría considerarse que la mencionada fuerza oficiada procedió a privarlo de la misma cuando los hechos habrían acontecido el 10/2007 y las actuaciones penales fueron iniciadas con anterioridad a la fecha de cese de la habilitación (ver fs. 124).

Además, he de destacar que la disposición Nº 232/2005 de la Policía Aeroportuaria establece que el Permiso Personal Aeroportuario de Seguridad Aeroportuaria (art. 13) requiere la presentación de una nota membretada del ente privado al administrador de la estación aérea, que recibe el nombre de “Carta de Presentación” (cfrme. art. 24 3º) y no existe prueba de que la accionada haya puesto a disposición del dependiente la misma cuando, como expuse, no puede a fin de solicitar la renovación del permiso presentarse ante el área de tramitaciones de permisos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria correspondiente a su Unidad Operacional sin la misma (art. 32) y lo normado por los arts.62 y 63 imponen dicho proceder al empleador.

En ese marco, no cabe más que considerar que aún en el supuesto de que se quite virtualidad a la decisión penal la solución no sería distinta ante la falta de acreditación de que la habilitación fue quitada por la Policía Aeroportuaria por la pérdida de confianza y de la puesta a disposición de la documentación (Carta de presentación) que el actor necesitaba para gestionar la misma.

En otro orden de ideas considero necesario poner de resalto la conducta ambivalente de la accionada que surge de la lectura de la misiva por medio de la cual fue notificado el actor de la suspensión precautoria atento que la accionada manifestó que iniciaría una investigación interna en torno a los hechos ocurridos el 26/10/2007 pero luego procedió a despedir al accionante sin realizar la investigación mencionada (ver fs. 19).

En idéntica conducta incurre al manifestar a fs. 47 vta. que la suspensión fue dispuesta entre otras cosas porque le interesaba conocer el resultado del expediente penal para posteriormente pretender

despojar de toda virtualidad a dicha decisión para resolver la cuestión de autos.

Finalmente no puedo dejar de advertir que resulta al menos llamativo que dos de las personas que fueron investigadas junto al actor por los hechos del 26/10/2007 hayan continuado habilitadas por la autoridad aeroportuaria a pedido de la accionada hasta el 2010 o 2012 (ver informe de fs.200 respecto de Cerrudo y Glatzel) sin merecer por parte de la accionada la imputación de haber obrado en forma “grave e irresponsable” que si le fuera efectuada al actor al momento del despido ni ser desvinculadas.

Por lo expuesto, propongo confirmar este aspecto del decisorio cuestionado.

III.- Cuestiona que se haya condenado al pago del rubro daño moral.

En este punto, cabe rememorar que “el daño moral consiste en una pretensión autónoma e independiente del despido, vale decir, tiene su causa fuente en un ilícito ajeno al contrato de trabajo que desborda los límites tarifarios y que debe ser resuelta en consecuencia, acudiendo a los principios generales del Derecho de Daños.” (Isidoro H. Goldenberg: “El Daño Moral en las Relaciones de Trabajo”, en “Daño Moral”, pág. 265 “Revista de Derecho de Daños”, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 1999).

“En efecto, las conductas lesivas a la dignidad, honor o reputación del dependiente por aseveraciones temerarias, descalificantes, ofensivas, de mala fe, divulgación de datos íntimos o situaciones penosas, no pueden quedar desguarnecidas de tutela legal por el sólo hecho de que las partes se encontraban ligadas por un contrato de trabajo” (Goldenberg, loc. Cit.).

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, el 31 de julio de 1979, en fallo donde llevó la voz el doctor Ricardo

A. Guibourg, expresó: “Cuando -en ocasión de la ruptura del contrato o fuera de ella- el empleador incurre en conductas que causan perjuicio al trabajador desde el punto de vista extracontractual, es decir, cuando se causa un daño que resultaría indemnizable – aún en ausencia de una relación laboral – tal responsabilidad no puede verse condenada mediante el simple pago de la indemnización tarifada.Encontrándose la conducta genéricamente comprendida en los artículos 1072, 1078 y 1109 del Código Civil aún con total prescindencia del contrato de trabajo que le ha servido de contexto, compromete a su autor a la responsabilidad prevista por daño moral sin perjuicio del pago de la indemnización tarifada que corresponde al ámbito de los incumplimientos contractuales” (El Derecho, 29-07-80).

“La valoración del daño moral no está sujeta a cánones estrictos, correspondiendo a los jueces de la causa establecer su procedencia y el quantum indemnizatorio, tomando en consideración para ello la gravedad de la lesión sufrida y el hecho generador de la responsabilidad” (Cám. Nac. Cont. Adm. Federal, Sala I, 17-VIII- 97:”Sandez, Marta Susana C/ Consejo Federal de Inversiones S/ Empleo Público”).-

Carlos A. Ghersi, en el libro primeramente citado, pág. 58, destaca la reformulación del daño moral en la Reforma de 1968, a partir del riesgo creado (Art. 1.113, segunda parte, párrafo segundo), la equidad (Art. 907, párrafo segundo), la buena fe (Art. 1.198, párrafo primero), y el ejercicio abusivo de los derechos (Art. 1.071), entre otras disposiciones, enfatizando que “esta corriente renovadora del derecho, con hondo contenido social, se acerca más al hombre en sí mismo y se aleja del economicismo como meta central de protección, que imperaba en Alberdi y Vélez”.

Por otra parte, Jorge Mosset Iturraspe propone la sustitución del concepto de “daño moral” por el “daño a la persona”, de mucha mayor amplitud y mayor compatibilidad con las orientaciones modernas del derecho (conf.: su trabajo: “Daño Moral. Noción. Crítica a la denominación. Daño extrapatrimonial. Daño a la persona”, en loc. Cit. pág.7 y ss).

La irrupción de los Derechos Humanos a partir de la posguerra de 1945 hizo sentir su creciente influencia en el Derecho Universal, comprendido nuestro país, que en la Reforma Constitucional de 1994 incorpora a la Ley Suprema ” la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, cuyo Art. V dispone que “Toda persona

tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar”; “la Declaración Universal de Derechos Humanos”, cuyo artículo 2º – 1 reza: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición”, y otras normas de específica aplicación al sub lite (Art. 75, inc. 22, C.N.).

La propia Corte Suprema expresó, aún antes de la Reforma Constitucional que: “El daño moral tiene carácter resarcitorio y no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un accesorio de éste” (Autos: “Forni C/ Ferrocarriles Argentinos, 7/IX/89. ID:”Bonadero Alberdi de Inaudi C/ Ferrocarriles Argentinos” 16/VI/88).

Ya la “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, aprobada en 1948, destaca que los derechos esenciales del hombre.tienen como fundamento los atributos de la persona humana”, y en su artículo V impera que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida familiar”.

En el caso que nos convoca, no tengo dudas de que la imputación efectuada al dependiente en el despacho de ruptura constituyó una acusación de gravedad, de forma tal que -en mi punto de vista- la pretensión de pago de un resarcimiento adicional encuentra un pleno justificativo válido desde el punto de vista fáctico y normativo (cfme. arts.1.072, 1.078 y 1.109 del Código Civil).

Consecuentemente, propongo confirmar este aspecto del decisorio cuestionado.

IV.- Critica que se haya condenado al pago de la multa prevista por el art. 2 de la ley 25.323, pero en mi opinión no le asiste razón.

De la comunicación de fs. 22 surge que el accionante intimó al pago de las indemnizaciones derivadas de la desvinculación debiend o ante la falta de cancelación de las mismas iniciar la presente acción.

Por lo expuesto, no cabe más que considerar cumplidos los requisitos formales exigidos por la norma en análisis y confirmar también este aspecto del decisorio.

V.- Se agravia también por la condena solidaria a la codemandada Aerolíneas Argentinas S.A. al considerar que se trata de una tarea necesaria.

Para fundar su recurso procede a trascribir jurisprudencia y el art. 30 LCT.

En primer lugar he de destacar que el hecho de la mera invocación de doctrina y jurisprudencia de por sí no constituye un agravio, pues se trata de cuestiones de hecho y; menos aún, cuando – como en el presente- no se explica qué relación tienen esas citas con el tema que se discute, es decir: su relación concreta con los hechos de la misma.

En segundo término, como ha expresado Roberto García Martínez en su medular obra “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social” (ver, libro citado de la editorial Ad-Hoc, págs. 312/314), el art. 30 de la LCT, trata el caso de una relación de contratación o subcontratación real; y no tiene en cuenta si existe fraude o no. Simplemente se limita a establecer un sistema protector para el trabajador que debe prestar servicios para el cesionario, contratista o subcontratista.Producida la situación objetiva de delegación de actividades, en las condiciones previstas en la norma, ésta establece dos consecuencias tuitivas:

a) El empresario deberá exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social.

b) Haya cumplido con ese deber de vigilancia o no, en todo los casos serán solidariamente responsables de las obligaciones contraídas con tal motivo con los trabajadores y la seguridad social durante el plazo de duración de tales contratos o al tiempo de su extinción, cualquiera sea el acto o estipulación que al respecto hayan concertado.

Se trata de un típico caso de responsabilidad por elección.

Considero como Justo López, que no solamente comprende la actividad principal del empresario, sino también las actividades secundarias o accesorias, integradas permanentemente al establecimiento, quedando solamente excluidas las actividades extraordinarias o excepcionales. Este es el sentido de los términos “normal y específico”; normal es lo que sirve de norma o regla y que por su naturaleza se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano, y específico es lo que caracteriza y distingue una especie de otra. Quedarán excluidos los servicios o las obras que no tengan conexión con la actividad de la empresa comitente.

Antonio Martín Valverde opinaba sobre este punto que: “Según la doctrina científica mayoritaria las obras o servicios correspondientes a la propia actividad de una empresa son aquellas que pertenecen al ciclo productivo de la misma; y por ciclo productivo ha de entenderse el complejo de operaciones que, en circunstancias normales, son necesarias para alcanzar los objetivos de producción o intercambio de bienes y servicios que constituyen el fin de la empresa. Dentro de estas operaciones necesarias, algunas tienen este carácter por ser inherentes a los objetivos productivos de la empresa, formando parte de las actividades principales de la misma; mientras que otras lo son porque, a pesar de su accesoriedad con ellas hay que contar incluso en circunstancias normales, para el funcionamiento regular de la organización empresarial.No es, por tanto, estrictamente la inherencia el fin de la empresa, sino más ampliamente la indispensabilidad para conseguir lo que debe definir el concepto de ´propia actividad´. Como también ha indicado la doctrina, nos encontramos ante una contratación de este tipo, cuando las obras o servicios objetos de la misma, de no haberse concertado ésta, hubieran debido ser efectuadas directamente por el propio comitente, so pena de malograr o perjudicar simplemente el cumplimiento adecuado de su actividad empresarial”.

Valverde nos señala algunas pautas para determinar cuándo se da este tipo de contratación: el primer indicio puede ser el lugar de prestación del trabajo; el segundo la frecuencia de las actividades, aunque una subcontratación ocasional no tiene que ser necesariamente ajena al ciclo productivo del empresario; y el tercero sería lo que denomina la sustituibilidad, que se produce cuando el empresario principal hubiera podido conseguir el mismo resultado sin recurrir a terceros.

En los casos que prevé el art. 30, es decir, cuando existe una verdadera y real delegación de actividad, el trabajador que se sienta afectado en sus derechos deberá accionar contra el contratista, como su verdadero empleador, y contra el empresario principal, como responsable solidario; aquí la solidaridad no modifica el vínculo laboral que existía con el contratista o subcontratista.

Cuando se habla de contratista o subcontratista, también la ley equipara a estas figuras la cesión total o parcial del establecimiento o explotación. Justo Lopéz indica que debe entenderse que la cesión total o parcial a que se refiere el art. 30 no es la cesión a la que se referirán los arts. 225, 227 y 228 de la LCT, pues en este último caso el que transfiere deja de ser titular, aunque sea transitoriamente, del establecimiento; en cambio, en la cesión mencionada en el art. 30 el cedente nunca perdería ni transitoriamente la titularidad.

Por último, en el caso del art. 30 de la LCT existe una limitación temporal:la responsabilidad del empresario principal comprende las obligaciones contraídas durante el plazo de duración de los contratos o al tiempo de su extinción, cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto haya concertado. En cambio, en los casos de fraude, esa limitación no existe, pues el empresario es responsable directo como empleador, respondiendo por todas las obligaciones contraídas en todo momento(en igual sentido me he expedido en los autos “FARIELLO, BLANCA MARÍA C/ ASOC. FRANCESA FILANTRÓPICA Y DE

BENEFICENCIA S/ DESPIDO” SD N° 41.643 del 26/03/09.).

En el caso de autos, la codemandada (Aerolíneas Argentinas S.A.) no podría haber dado cumplimiento con su objeto social sin los servicios prestados por el Sr. Cipollone, pues dentro de las actividades comerciales llevadas a cabo por Aerohandling S.A. se ubica la carga y descarga de equipaje, carga y correo, remolque y tractoreo de aviones, colocación de escaleras para ascenso y descenso de pasajeros, etc. (fs. 326 pto j).

Es así que, para el desarrollo de esta actividad -que hace al desenvolvimiento empresarial de la codemandada- resulta indispensable y primordial contar con personas que desarrollen las tareas de mencionadas, por lo que los servicios brindados constituyen una faceta más de la misma actividad (prestación del transporte aéreo de pasajeros y carga) que “Aerolíneas Argentinas S.A.” desarrolla.

Advierto además que no explica, ni podría hacerlo, cómo o de qué manera podría haber cumplido su cometido la coaccionada sin personal que efectué tareas de estiba, traslado de carga, correo, equipajes, etc.en las aeronaves con que brinda el servicio de transporte aéreo.

Por todo lo expuesto, propicio confirmar el decisorio en este punto.

VI.- En cuanto a la tasa de interés fijada he de señalar que este agravio no puede ser acogido favorablemente.

Ello porque la judicante dispuso que sobre el capital de condena determinado en la sentencia se calculen intereses desde que cada suma fue debida y hasta el momento de su efectivo pago a la tasa de interés prevista en el Acta Nº 2.357, conf. Resolución de Cámara Nº

8 del 30 de mayo de 2.002, lo que se adecua al criterio de esta Sala (en igual sentido me he expedido en “VARELA MELATTI, MARY FERNANDA C/ DIKENSTEIN, JAVIER EDUARDO s/ despido” SD 40.750 del 14/03/08 donde lleve la voz del acuerdo).

VII.- En relación a las costas, no encuentro razones para apartarme de lo resuelto, en tanto han sido declaradas de acuerdo al vencimiento parcial y recíproco de ambas partes, en proporciones que estimo justificada (cfr. art. 71 del Código Procesal). Cabe tener en cuenta, además, que dicha norma faculta al Juez a distribuir prudencialmente las costas entre actora y demandada, pudiendo apartarse de un criterio meramente numérico y ateniéndose a la razón de litigar que han tenido las partes.-

VIII.- A mi juicio, los honorarios regulados a los letrados y perito intervinientes en autos resultan equitativos atendiendo a la importancia y extensión de los trabajos realizados, por lo que sugiero su confirmación (Ley 21.839, Dec. Ley 16.638/57 y art. 38 de la ley 18.345).

IX.- En caso de ser compartido mi voto, propicio que las costas de alzada sean a cargo de las demandadas (art. 68 CPCCN) y que se regulen honorarios a su representación y a la de la actora en el 25%, para cada una de ellas, de lo que en definitiva y por las tareas cumplidas en la instancia anterior a favor de sus defendidos corresponda (art. 14 de la ley 21.839).

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

Por compartir sus fundamentos adhiero al voto que antecede.

LA DOCTORA BEATRIZ INÉS FONTANA: No vota (art. 125 de la Ley 18.345).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el fallo en todo lo que ha sido materia de agravio. 2) Imponer las costas de alzada a las demandadas. 3) Regular honorarios a la representación letrada de las demandadas y del actor en el 25% (veinticinco por ciento), para cada una de ellas, de los determinados para la primera instancia por las tareas allí cumplidas a favor de su defendido. 4) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s