El Estado Nacional debe indemnizar los daños sufridos por el atentado en la AMIA siendo inaplicable el régimen de consolidación de deudas

AMIAPartes: Duniec Silvio c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 24-jun-2014

Cita: MJ-JU-M-86883-AR | MJJ86883

Tras el rechazo de la excepción de prescripción, se condenó al Estado Nacional a indemnizar los daños sufridos por el atentado en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ocurrido el 18 de julio de 1994. Asimismo, se excluyó el crédito del actor del régimen de consolidación de deudas. 

Sumario:

1.-El dictado del dec. 812/2005 implicó el reconocimiento, por parte del Estado Nacional, de la responsabilidad que le incumbe por el atentado en la AMIA, en tanto incumplió con su función de prevención al no haber adoptado medidas idóneas y eficaces para evitarlo.

2.-Por las lesiones generadas por el atentado en la AMIA padecidas por el actor, equivalentes a un porcentaje de incapacidad del 25,92% (lesiones por esquirlas, cicatrices y disminución de la capacidad auditiva provocada por el estruendo), corresponde su reparación integral (conf. arts. 17 y 18 de la CN. y art. 63 del Pacto de San José de Costa Rica) y fijar la indemnización por daño físico en la suma de $ 150.000.

3.-La notoriedad que tuvo el atentado a la AMIA hace presumir la realización de gastos médicos evidentes por parte de los que se vieron afectados.

4.-En atención a la entidad del sufrimiento espiritual causado al actor, por la magnitud y violencia que marcó al atentado en la AMIA y por las situaciones extremas que debió atravesar (verse en el umbral de la muerte, quedar enterrado en escombros y advertir su buena suerte en comparación con el destino de muchas otras de las víctimas que perdieron la vida en el hecho), es justo elevar elevar el quantum del daño moral a la suma de $ 85.000. 5. Por falta de acreditación, corresponde desestimar el rubro daño psicológico pretendido, derivado del estrés generado por la muerte en el atentado en la AMIA de muchos conocidos y clientes. En el caso, el peritaje médico-psiquiátrico no pudo completarse por la falta de realización de las prácticas adicionales en un hospital público, consistentes en: examen psicodiagnóstico con pruebas proyectivas y psicométricas y un electroencefalograma.

6.-La excepción del art. 18 de la Ley 25.344 sobre régimen de consolidación de deudas, responde a la necesidad de atender en efectivo las obligaciones de aquellos acreedores que se encuentran en las especiales condiciones descriptas por la norma, sin tener que recurrir a declarar la inconstitucionalidad del régimen, única solución posible antes de sancionarse la Ley 25.344, pues la Ley 23.982 no contenía tales previsiones. La facultad genérica que da cuenta el segundo párrafo de esta disposición demuestra la voluntad legislativa de reconocer que en el contexto de casos concretos, tanto la autoridad reglamentaria como el Poder Judicial deberán ponderar las circunstancias particulares con el fin de brindar un resultado acorde con el propósito preambular de afianzar la justicia. Las condiciones que el precepto exige no están vinculadas a supuesto de grave incapacidad, ni limitadas a quienes reclaman una indemnización por padecer las secuelas de un accidente. (conf. CSJN, Aliprandi, Luisa c/PAMI s/sumario , del 23 de febrero de 2010, Rodríguez, Daniel Osvaldo , del 10 de abril de 2012 y Cots, Libia Elda c/Estado Nacional – Min. de Economía y Obras y Servicios Públicos y otros s/ sumario – inc. de embargo , del 12 de marzo de 2013).

Fallo:

En Buenos Aires, a los 24 días del mes de junio de 2014, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver en autos “Duniec, Silvio c/EN- s/daños y perjuicios”; El Dr. Rodolfo Eduardo Facio dijo:

I. El 11 de julio de 2007 el actor promovió demanda contra el Estado Nacional con el objeto de ser indemnizado por los daños y perjuicios que dice haber sufrido como consecuencia del atentado que tuvo lugar el día 18 de julio de 1994 (en adelante, el atentado) en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Fundó su pretensión en el reconocimiento de la responsabilidad pública en dicho suceso efectuado por el propio Estado Nacional por medio del decreto 812/2005 (fs. 3/9).

II. Si bien la señora jueza de primera instancia había hecho lugar a la excepción de prescripción opuesta por el demandado en los términos del artículo 4037 del Código Civil (fs. 422/425), esa decisión fue revocada por esta sala a fs. 464/468 y la causa fue devuelta al juzgado para que se dictara sentencia sobre los aspectos sustanciales del pleito. En ese contexto, la jueza decidió acoger, en forma parcial, la demanda y, en consecuencia, condenó al Estado Nacional al pago de una indemnización de noventa mil pesos ($90.000), a los que deberían adicionarse los intereses que resultaran de aplicar la tasa promedio que publique el Banco Central de la República Argentina. Las costas fueron distribuidas en el orden causado, en atención a que prosperaron dos de los cuatro rubros indemnizatorios peticionados. Para así decidir, en síntesis, consideró que:(i) el Estado Nacional, mediante el aludido decreto, aprobó el acta del 4 de marzo de 2005, por la que reconoció la responsabilidad que le incumbe por las violaciones denunciadas referentes a que incumplió con la función de prevención al no haber adoptado medidas idóneas y eficaces para evitar el atentado; (ii) el nexo causal entre el atentado y los daños alegados surge evidente en tanto se encuentra acreditado que: (a) las lesiones sufridas por el actor fueron causadas por dicho atentado; y (b) el Estado Nacional asumió su responsabilidad por las consecuencias dañosas de ese atentado; (iii) la indemnización por el rubro “daño físico” debe ser fijada en la suma de veinte mil pesos ($20.000), en atención a que en el peritaje médico se estableció una incapacidad el 25,92%, provocada por las cicatrices, la retracción del tendón flexor del dedo anular derecho y la hipoacusia post-accidente; (iv) no es procedente reparar el daño psicológico alegado, puesto que en el peritaje médico efectuado en la causa -que no fue impugnado por las partes- se dijo que el actor sólo presentaba “estrés generado por la muerte de muchos conocidos y clientes”; además, no se indicó que haya estado bajo tratamiento psicológico ni se hizo mención acerca de que necesitara ese tratamiento en el futuro; (v) tampoco debe ser otorgada una compensación por “gastos médicos y de medicamentos”, habida cuenta de que no se probó, en los términos del artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuál ha sido el daño producido en el patrimonio de la víctima; (vi) corresponde fijar la indemnización por daño moral en la suma de setenta mil pesos pues ($70.000), ante la ausencia de elementos para su cuantificación en razón de la naturaleza que presenta ese rubro, debe tomarse en cuenta la gravedad de la lesión espiritual sufrido por el actor, especialmente por la magnitud del atentado que es de público y notorio conocimiento.III. Disconformes, tanto el Estado Nacional como el actor apelaron esa sentencia (fs. 515 y 517, respectivamente) y expresaron agravios (fs. 533/540 y 525/532), que fueron replicados (fs. 546/551 y 542/544).

IV. En su expresión de agravios, el Estado Nacional reitera los agravios que ofreció en materia de prescripción en su anterior recurso “a fin de mantener viva la cuestión referida a la prescripción de la acción y el caso federal sometido en cada oportunidad con el propósito de garantizar el acceso al conocimiento del más Alto Tribunal para revisar la procedencia denegada de la excepción de prescripción opuesta”. Asimismo, entiende que “a pesar del reconocimiento de la existencia del Decreto Nº 812 del 12/7/05, ello no puede escindirse de considerarlo concatenado con el capítulo V de la contestación de la demanda cuando se analiza -conforme se ha hecho precedentemente – los alcances y la interpretación del instituto de la prescripción vinculado con aquél”. Por último, sostiene que la jueza no tuvo en cuenta al fijar el quantum de la reparación por daño moral que “se debe partir de la mayor o menor reprochabilidad que merezca la conducta del autor del daño, estableciéndose que el grado de reproche no fundamenta la admisibilidad de este rubro, sino también su extensión”; y dado que el Estado Nacional no fue el autor del hecho -dice-, el monto resarcitorio debe estimarse con suma prudencia y dentro del mayor grado de equidad. Idéntica crítica realiza respecto del rubro “daño físico”.

V. El actor afirma que:(i) el principio que debe guiar el resarcimiento es el de la reparación integral, que encuentra su fundamento en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional y en el artículo 63 del Pacto de San José de Costa Rica; (ii) las declaraciones testimoniales expuestas por Celia Cabrera, Pascual Gutbezahl y Fransica Galli acreditan la existencia del daño psicológico alegado, de modo que el monto de ese rubro debe ser fijado en los términos del artículo 165, último párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; (iii) en materia del rubro “gastos médicos” rige una presunción que autoriza al juez a establecer su monto prudencialmente, aún en ausencia de los comprobantes que den cuenta de dichos gastos -cita, en apoyo de esa afirmación, lo resuelto por la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil el 1º de noviembre de 2013 en la causa caratulada “Díaz, Raúl Héctor c/Arcos Dorados SA. s/daños y perjuicios”; (iv) la suma fijada en concepto de indemnización por el rubro “daño físico” es “nimia y cuasi ofensiva en proporción con la minusvalía que se pretende compensar a través de la misma. [Esa] determinación carece de seriedad”; (v) si bien la jueza se refirió a la “jurisprudencia de la Cámara Civil” no indicó qué precedentes conforman esa jurisprudencia; (vi) “[l]a irrealidad de la suma admitida por la sentencia es flagrante. Es el equivalente de nueve prestaciones jubilatorias mínimas. Su insuficiencia surge ex re ipsa de la mera comparación de su monto con cualquier forma de expresión de valor en nuestro país.Para acreditar la insuficiencia de la suma reconocida, llega diecinueve años después de su causa-fuente”; (vii) la indemnización por el “daño físico” debe ser elevada a la suma de doscientos mil pesos ($200.000); (viii) al examinar el rubro “daño moral”, la jueza omitió fundar en los hechos de la causa cómo llegó la suma minúscula que fijó; además -agrega-, se desdeñó todo el sufrimiento que padeció; (ix) la distribución de las costas dispuesta no se ajusta a derecho, en tanto no fue evaluado el resultado del litigio ni la importancia relativa de cada rubro -cita diversos precedentes jurisprudenciales en apoyo de esa afirmación; (x) cabe reparar en que, por un lado, “[l]a parte demandada requirió la repulsa in totum de la demanda por entender que carecía de responsabilidad en el evento. Allí su derrota es palmaria” y en que, por otro lado, “[l]os dos rubros desestimados son de mucho menor entidad que los dos admitidos”; (xi) sobre la base de lo expresado por la minoría de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Mesquida” (Fallos: 329:5382), que fue adoptado por el Alto Tribunal en el precedente “Petryszyn” (Fallos: 331:2745), debe declararse la “inaplicabilidad y/o inconstitucionalidad en su aplicación eventual al caso bajo juzgamiento del régimen de las leyes 23.928 25.344 25.565 y 25.725” (xii) las circunstancias objetivas que se presentaron en esos precedentes son idénticas a las que se dan en esta causa.En efecto -continúa-, han transcurrido casi veinte años desde la comisión dele ilícito generador de la obligación de indemnizar y la sentencia de primera instancia y, de prosperar la sujeción del caso al régimen de consolidación previsto en la ley 23.982, el lapso total que demandaría el resarcimiento equivaldría a treinta y cinco años; (xiii) deben aplicarse los fundamentos exhibidos en el voto del juez Maqueda en los aludidos precedentes en el sentido de que su crédito debe ser excluido del régimen de consolidación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 25.344; (xiv) en caso de que la aplicación de esas disposiciones sea convalidada se violaría “el derecho a la vida constitucionalmente garantizado, así como diversas normas de la Convención Americana de Derechos Humanos”, de manera que debe declararse su inconstitucionalidad como -según dice-, lo hizo esta sala al dictar sentencia en la causa “Chteinberg de Neuman Vera y otro c/EN. Mº del Interior – PFA y otros s/daños y perjuicios” (pronunciamiento del 23 de abril de 2012) y la Sala IV en la causa “Oyhanarte de Sivak, Marta A. c/ Estado Nacional -Mº Interior- Policía Federal s/ proceso de conocimiento”, pronunciamiento del 21 de marzo de 2013.

VI. En su contestación, el Estado Nacional afirma que los cuestionamientos formulados contra lo resuelto en materia de “daño psicológico” no son serios, objetivos, ni razonables. Agrega que los agravios referentes al rubro “gastos médicos” presentan orfandad probatoria para acreditar su procedencia y se apoyan en un criterio meramente conjetural que no puede ser acogido, de acuerdo con lo expresado por el Alto Tribunal en el precedente “Serradilla” (Fallos:330:2748). Dice que “[e]l agravio del actor en cuanto al monto fijado en concepto de indemnización por ‘daño físico’, consiste en una mera discrepancia, sin aport ar ningún elemento fáctico ni jurídico para rebatir las consideraciones tenidas en cuenta por el magistrado de grado”. Esa misma consideración le merecen las quejas formuladas contra el quantum del resarcimiento por el ítem “daño moral”. Entiende que la cuestión debatida amerita sobradamente el apartamiento del principio objetivo de la derrota previsto en el artículo 68 del código procesal. Asimismo, afirma que la forma y el modo de pago de las obligaciones que fueren reconocidas deben adecuarse a las previsiones de las leyes de emergencia y de sus decretos reglamentarios, en la medida en que su aplicación deviene obligatoria por tratarse de normas de orden público. Los veinte años que transcurrieron desde el atentado hasta la sentencia -agrega-, se debieron a la inacción del actor, ya que se encontraba habilitado para promover la demanda a partir de la fecha de la tragedia. Y, por último, alega que las circunstancias que se presentaron en los precedentes “Mesquida” y “Petryszyn” difieren de las que aquí acontecen.

VII. En la réplica efectuada por el actor, éste sostiene que el recurso del Estado Nacional debe ser declarado desierto con arreglo a lo previsto en el artículo 266 del código procesal, dado que no cumple con la exigencia contenida en el artículo 265 de dicho código. Asevera que la pretensión de que la indemnización por daño moral sea reducida con fundamento en que el Estado Nacional no fue el autor material del atentado es un argumento de “nula juridicidad”.

VIII. El planteo de prescripción fue debidamente examinado por esta sala en su decisión de fs. 464/468.

Vale recordar que el demandando interpuso recurso extraordinario federal (fs. 474/481) contra ese pronunciamiento, que fue rechazado a fs. 500.Días pasados, la Corte Suprema, al examinar el recurso de hecho deducido por el Estado Nacional contra la decisión de esta sala recién referida, consideró que “el recurso extraordinario deducido contra la decisión que rechazó la excepción de prescripción, cuya denegación [originó esa] presentación directa, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48), conclusión que no impide el replanteo de lo resuelto en oportunidad del remedio federal que pudiera deducirse contra el fallo final de la causa”, fallo del 3 de junio de 2014 en el expediente D. 459 XLIX. En ese contexto, me remito, por razones de brevedad, a los fundamentos y conclusiones expuestos en la decisión de fs. 464/468.

IX. Relativamente a los agravios del Estado Nacional vinculados con su responsabilidad, cabe reparar en que, como se dijo al efectuar la reseña del memorial, la única afirmación que hace aquél en torno a ese tópico es la siguiente: “a pesar del reconocimiento de la existencia del Decreto Nº 812 del 12/7/05, ello no puede escindirse de considerarlo concatenado con el capítulo V de la contestación de la demanda cuando se analiza -conforme se ha hecho precedentemente – los alcances y la interpretación del instituto de la prescripción vinculado con aquél” (fs.538). Como bien lo puso de relieve la jueza, el dictado del decreto 812/2005 implicó el reconocimiento, por parte del Estado Nacional, de la responsabilidad que le incumbe por el atentado, en tanto incumplió con su función de prevención al no haber adoptado medidas idóneas y eficaces para evitarlo.

Dicho criterio, además, es coincidente con el que ha expuesto esta cámara (esta sala, causas “Rodríguez, Daniel Osvaldo c/EN Policía Federal Argentina s/daños y perjuicios” y “Chiesa, Humberto Juan c/EN s/daños y perjuicios”, pronunciamientos del 12 de marzo de 2009 y del 11 de febrero de 2014; y Sala III, causa “Lew, Benjamín Jorge y otro c/EN.-Policía Federal Argentina- s/daños y perjuicios”, pronunciamiento del 7 de octubre de 2008).

X. No se encuentra en discusión ante esta alzada el nexo de causalidad existente entre el atentado y los daños invocados. Por tanto, los puntos a examinar a continuación giran en torno a: (i) la procedencia y cuantificación de los rubros indemnizatorios; (ii) la aplicación del régimen de consolidación previsto en la ley 25.344 a las sumas que integran la indemnización; y (iii) cómo deben ser distribuidas las costas.

XI. Sobre el cuestionamiento que el Estado Nacional dirige a los resuelto acerca de los ítems “daño moral” y “daño físico”, ha de señalarse que aun con el amplio criterio que esta sala aplica en el examen de los memoriales de agravios (causas “Escobar”, “Suazo”, “EN- CNRT disp. 7964 y otra”, “Ferla” y “González”, pronunciamientos del 20 de marzo de 2012, y del 19 de febrero, del 12 de marzo, 27 de agosto y del 31 de octubre de 2013, respectivamente, entre otras), la expresión de agravios no reúne los requisitos exigidos en el artículo 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.Esta conclusión aparece justificada con la simple comparación entre los fundamentos de la sentencia y los escuetos argumentos que fueron reseñados en el considerando IV de este voto. Por consiguiente, debe declararse desierto el recurso en los términos del artículo 266 de ese código.

XII. Corresponde, seguidamente, abocarse al tratamiento de los agravios planteados por el actor. En lo referente a los agravios que dice que le causa lo decidido sobre el “daño físico”, cabe hacer hincapié en que el actor invocó, en su demanda, que como consecuencia del atentado sufrió diversas heridas y “una apreciable disminución de su capacidad auditiva” (fs. 1 vta., último párrafo). El peritaje médico, al informar sobre los puntos ofrecidos por el actor, concluyó en que aquél sufrió, como consecuencia del atentado “lesiones por esquirlas en: cuero cabelludo, mano derecha y dorso de pie izquierdo” y “varias cicatrices” y “la retracción del tendón de la mano derecha”. Agregó, asimismo, que “presenta “hipoacusia perceptiva bilateral moderada con caída de la percepción de los sonidos agudos”, que definió como una “secuela permanente”. Como resultado de esas lesiones, el porcentaje de incapacidad del actor ascendía al 25,92% (fs. 223/226). Al expresar agravios, el actor indica que “[e]l estruendo que padeció lo ensordeció y debió desde ese entonces usar audífono” (fs.529). Hechas esas apreciaciones, debe recordarse que, como afirma el recurrente, el artículo 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación habilita a los jueces a fijar el importe de los perjuicios reclamados, “siempre que su existencia esté legalmente comprobada”. La reparación de la incapacidad sobreviniente, ha dicho la jurisprudencia, comprende no sólo el aspecto laborativo sino también todas las consecuencias que afectan a la personalidad; y en su cálculo no debe considerarse las actividades y tareas que la víctima ya no puede realizar debido al accidente que la limitó en su capacidad (esta sala, causa “Domanico, Eduardo Tomas c/ EN M° Defensa -Ejército Argentino s/ daños y perjuicios”, pronunciamiento del 1 de febrero de 2012; y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III, causa “Bordón Blanca Ester c/ Estado Nacional Minist. de Just. y Seg. Int. Policía Federal s/ daños y perjuicios” , pronunciamiento del 28 de agosto de 2007). En este contexto, es justo fijar la indemnización en la suma de ciento cincuenta mil pesos ($150.000).

XIII. Con relación al rubro “gastos médicos y medicamentos”, debe ponerse de relieve que, en la demanda, el actor reclamó por dicho rubro la suma de mil pesos ($1.000.-)” En su expresión de agravios afirmó que en “es este rubro rige una presunción que autoriza al Juez a establecer el monto del rubro prudencialmente, aún en ausencia de comprobantes” (fs. 528). La notoriedad que tuvo el atentado a la AMIA hace presumir la realización de gastos médicos por parte de los que se vieron afectados y no podría exigirse, en atención al tiempo transcurrido desde dicho suceso, la conservación los comprobantes que darían cuenta de esos gastos. Y si bien el actor dijo estar afiliado al plan de salud del Hospital Alemán y que fue atendido en dicho establecimiento (fs. 4 vta.), ello no es un óbice para concluir en que los gastos médicos alegados existieron.Por caso, en la demanda dijo que estuvo internado en dicho hospital y que “[e]l tratamiento siguió en forma ambulatoria a través de los consultorios externos de la institución” (fs. 5) y esos extremos han sido debidamente acreditados por medio de la historia clínica que acompañó el Hospital Alemán (fs. 340/345).

Es evidente, pues, la realización de gastos médicos cuyo importe se estima, con arreglo a la previsión contenida en el artículo 165 del código adjetivo, en la suma de mil pesos ($1.000).

XIV. En lo que concierne al daño moral, la Corte Suprema ha dicho que implica un detrimento de índole espiritual, una lesión a los sentimientos, que involucra angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida de la víctima (Fallos: 334:1821 , citado). En esa misma línea de razonamiento, esta cámara ha sostenido que debe tratarse de una lesión espiritual seria (Sala IV, causa “Teubal de Alhadeff, Evelina c/Entel s/proceso de conocimiento”, del 16 de septiembre 1999) y que debe presentar cierta entidad para resultar susceptible de resarcimiento, toda vez que no cualquier inquietud o perturbación del ánimo -como la simple invocación de molestias, aflicciones, fatigas, etc.-, justifica de por sí la reparación del daño moral, máxime si se tiene como norte que la reparación de dicho rubro “no puede ser fuente de un beneficio inesperado ni de enriquecimiento injusto” (Sala II, causa “Bercovich, Samuel c/ Estado Nacional -CSJN- Mº Justicia s/ empleo público” , pronunciamiento del 1 de marzo de 2012). Asimismo, es criterio del Alto Tribunal que a los fines de la fijación del quantum del daño moral debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar rela ción con el daño material, ya que no se trata de un daño accesorio a éste (Fallos:321:1117 ; 325:1156 ; 329:3403 ; 330:563 ; 332:2159 ; 334:376 y 1821; criterio que fue seguido por esta sala en la causa “Adorno, Valentín y otro c/ EN- Mº del Interior- PFA s/ daños y perjuicios”, pronunciamiento del 20 de diciembre del 2012, entre otras). Es así que su valoración no está sujeta a cánones estrictos, sino que corresponde a los jueces de la causa establecer prudentemente el monto de la indemnización, tomando como base la gravitación del daño sufrido, el hecho generador de la responsabilidad, su función resarcitoria y el principio de reparación integral (esta sala, causas “Procaccini, Luis María y otro c/ EN-M.° E. y OSP. s/ daños y perjuicios” y “Morel, Juan Andrés c/ EN- Mº Interior- PNA s/ daños y perjuicios”, pronunciamientos del 1º de febrero de 2012 y del 15 de abril de 2014, respectivamente). Vale recordar que en su demanda el actor dijo que como consecuencia del atentado, además de las lesiones físicas a las que se hizo mención en el considerando XII, sufrió “un agudo cambio de carácter”. Dijo también que se vio “en el umbral de la muerte”; que estuvo internado dos días; que “quedó enterrado en escombros” y expuso también que advirtió su “buena suerte en comparación con el destino de muchas otras de las víctimas que perdieron la vida en el hecho” (fs. 5). Desde esa mirada, y en atención a la entidad del sufrimiento espiritual causado al actor por la magnitud y violencia que marcó al atentado y por las situaciones extremas que debió atravesar, es justo elevar la indemnización fijada por la jueza a la suma de ochenta y cinco mil pesos ($85.000).

XV. El “daño psicológico” no ha sido debidamente acreditado.

En efecto, en su escrito inicial, el actor dijo que “[e]l luctuoso hecho que [sufrió], así como las demás circunstancias que lo rodearon, produjeron una minusvalía permanente en [su] psiquis.Ello conlleva la incapacidad resultante de la mutación permanente de [su] personalidad, que [estima] en el orden del veinte por ciento (20%) de [su] capacidad total, íntegramente considerada, y que [estima] en la suma de CIEN MIL PESOS ($100.000.-)”. Sin embargo, no ofreció la producción de un peritaje “médico-psiquiátrico”, que sí, en cambio, fue propuesto por el Estado Nacional (fs. 49). En virtud de esa propuesta, la jueza designó como perito psiquiatra de oficio a la doctora Alejandra Ana Silvestre (fs. 376), quien compareció ante el juzgado el 19 de octubre de 2009 a aceptar esa designación (fs. 196). En esa misma presentación solicitó, en cuanto aquí interesa, que se citara al actor para que concurriera a su consultorio a efectos de realizar el peritaje encomendado. El 30 de noviembre de ese año el actor informó que se había presentado en el consultorio de la aludida profesional y que ella le comunicó que eran necesarios “estudios adicionales a realizarse en hospital público consistentes en un examen psicodiagnóstico con pruebas proyectivas y psicométricas y un electroencefalograma” (fs. 210). En ese contexto, el actor solicitó a la jueza que librara oficio al Hospital Juan A. Fernández a fin de posibilitar su concurrencia a dicho establecimiento para la realización de las prácticas ordenadas. Esa petición no fue acogida y se le hizo saber que debía arbitrar los medios necesarios a fin de realizar esas prácticas (fs. 211). La petición fue reiterada a fs. 212 y la respuesta de la jueza fue idéntica a la anterior (fs. 213). El 25 de noviembre de 2009, la doctora Silvestre dio cuenta de que el actor efectivamente había concurrido a su consultorio y de que le había ordenado la realización de estudios y solicitó que “[u]na vez obrante el resultado de dichos estudios […] se notifique mediante oficio y se [le] facilite tales exámenes para proceder a citar nuevamente al actor y completar el informe pericial” (fs.388). El 30 de mayo de 2011 el actor solicitó el pase de los autos a alegar (fs. 405) y esa petición fue acogida ese mismo día (fs. 406). Ninguno de esos hechos fue mencionado por el actor en su expresión de agravios. Allí se limitó a afirmar que la indemnización es procedente en virtud de lo expresado por los testigos Cabrera, Gutbezahl y Galli (fs. 527 vta.). A ello cabe agregar que el actor tampoco rebatió adecuadamente la afirmación que hizo la jueza referente a que, según lo indicado en el peritaje médico, aquél sólo presentaba “estrés generado por la muerte de muchos conocidos y clientes”. Esas razones, llevan a concluir en que corresponde la desestimación del rubro examinado en este considerando.

XVI. En lo atinente a cómo deben ser canceladas las sumas que resultan de este pronunciamiento, es necesario poner de relieve, en primer término, que dichas acreencias, tal como lo planteó el Estado Nacional al contestar la demanda (fs. 49 vta.), se encuentran comprendidas dentro del régimen de consolidación previsto en el artículo 13 de la ley 25.344, en tanto la causa de la obligación que nace de esta sentencia tiene su génesis en el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994, es decir, resulta anterior al 1º de enero de 2000 (fecha de corte establecida en el aludido artículo 13). En segundo lugar, cabe señalar que las normas de consolidación son de orden público y, por ello, su aplicación debe ser dispuesta por los tribunales en cualquier estado del proceso, tanto para alcanzar entre sus disposiciones a una situación que hasta ese entonces se encontraba excluida como para determinar los márgenes de su correcta aplicación, disponiendo la exclusión de situaciones incorrectamente encuadradas en aquel régimen (Fallos:326:1632 y 329:1715; esta sala, causas “Chteinberg de Neuman Vera y otro c/EN- Mº Interior – PFA y otros s/daños y perjuicios” y “Sosa Molina, Inés y otros c/EN- EMGE s/daños y perjuicios”, pronunciamientos del 23 de abril de 2012 y del 20 de marzo del año en curso, respectivamente).

XVII. El artículo 18 de la ley 25.344 previó que “[e]l Poder Ejecutivo en la reglamentación establecerá un límite mínimo de edad a partir del cual se podrá excluir de la consolidación que se establece por la presente, a titulares de créditos previsionales derivados del régimen general. Asimismo, se podrá disponer la exclusión cuando mediaren circunstancias excepcionales vinculadas a situaciones de desamparo e indigencia en los casos en que la obligación tuviere carácter alimentario”. Los alcances de esa norma fueron precisados por el Alto Tribunal -al remitirse al dictamen de la señora Procuradora Fiscal-, en la causa “Aliprandi, Luisa c/PAMI s/sumario”, fallada el 23 de febrero de 2010.Allí, la Corte Suprema subrayó que la incorporación de ese artículo “al régimen de consolidación de deudas responde a la necesidad de atender en efectivo las obligaciones de aquellos acreedores que se encuentran en las especiales condiciones descriptas por la norma, sin tener que recurrir a declarar la inconstitucionalidad del régimen, única solución posible antes de sancionarse la ley 25.344, pues la ley 23.982 no contenía tales previsiones”. Y agregó que “la facultad genérica que da cuenta el segundo párrafo de esta disposición demuestra la voluntad legislativa de reconocer que en el contexto de casos concretos, tanto la autoridad reglamentaria como el Poder Judicial deberán ponderar las circunstancias particulares con el fin de brindar un resultado acorde con el propósito preambular de afianzar la justicia, en los términos en que ha sido definido por el Alto Tribunal”. En el precedente “Rodríguez, Daniel Osvaldo” (fallo del 10 de abril de 2012), en el que la Corte Suprema ordenó dictar un nuevo pronunciamiento en el cual se excluyera de la consolidación prevista en la ley 25.344, en los términos del artículo 18 de esa ley, al allí actor -orden que fue cumplida por esta sala en el pronunciamiento del 28 de febrero de 2013-, reiteró el criterio sentado en “Aliprandi” y añadió que “las condiciones que este precepto exige no están vinculadas a supuesto de grave incapacidad, ni limitadas a quienes reclaman una indemnización por padecer las secuelas de un accidente”. Esa doctrina fue expuesta, una vez más, en el precedente “Cots, Libia Elda c/Estado Nacional – Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y otros s/ sumario – incidente de embargo” , pronunciamiento del 12 de marzo de 2013.Vale apuntar que esta sala dispuso la aplicación de la excepción del artículo 18 en la causa “Pustelnik, David SA y otros c/Ministerio de Economía de la Nación y otros y otros s/juicios de conocimiento” (pronunciamiento del 18 de marzo del año en curso). Por aplicación de esa línea de razonamiento, el crédito del actor debe ser excluido del régimen de consolidación en los términos del artículo 18 de la ley 25.344, tal como lo resolvió esta sala -de conformidad con lo ordenado por el Alto Tribunal- en el aludido precedente “Rodríguez” (ver, en igual sentido, esta sala, causa “Chiesa”, citada; y Sala III, causa “Faifman, Ruth Myriam y otros c/EN s/daños y perjuicios”, pronunciamiento del 24 de abril de 2013). En este contexto, el tratamiento de los planteos de inconstitucionalidad formulados por el actor sobre el régimen de consolidación contemplado en la ley 25.344 resulta inoficioso.

XVIII. En materia de costas esta sala tiene dicho que si bien el ordenamiento procesal ha recibido, como un principio, el criterio objetivo del vencimiento (artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), ese principio no es absoluto ya que admite excepciones; y ha precisado que las excepciones deben ser interpretadas restrictivamente, a fin de no desnaturalizar la regla general, razón por la cual los jueces deben fundar debidamente los pronunciamientos que impliquen apartarse de tal principio (causas “Valentín Guitelman Hormigón Armado c/ Servicio Penitenciario Federal s/ Obra Pública”, “Rodríguez Fernando Martín c/ EN Mº del Interior PFA s/ Daños y Perjuicio s” y “Euqui SA c/ EN Mº de Salud y AS s/contrato administrativo “, pronunciamientos del 1 de febrero, del 17 de mayo de 2012 y del 8 de octubre de 2013, respectivamente). Desde esa perspectiva, no se advierte la existencia de circunstancias objetivas que demuestren la concurrencia de una justificación para eximir de costas al demandado.Si se repara en cuál fue el objeto de la demanda y cuál fue el resultado de esa pretensión, sólo puede concluirse en que él resultó vencido (esta sala, causa “Euqui SA”, citada). En suma, las costas deben ser impuestas a cargo del Estado Nacional.

En mérito de las razones expuestas, voto porque: (i) se declare parcialmente desierto el recurso interpuesto por el Estado Nacional; (ii) se desestimen sus restantes agravios; (iii) se haga lugar a los agravios dele actor y se modifique la sentencia apelada en los términos indicados en los considerandos XII a XIV; (iv) se la confirme en lo referente al rubro “daño psicológico”; (v) las sumas emergentes de este pronunciamiento sean excluidas de la consolidación dispuesta en la ley 25.344; y (vi) las costas de ambas instancias sean impuestas a cargo del Estado Nacional.

Los Dres. Clara María do Pico y Carlos Manuel Grecco adhieren al voto precedente.

En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: (i) declarar parcialmente desierto el recurso interpuesto por el Estado Nacional; (ii) desestimar sus restantes agravios; (iii) hacer lugar a los agravios del actor y modificar la sentencia apelada en los términos indicados en los considerandos XII a XIV; (iv) confirmarla en lo referente al rubro “daño psicológico”; (v) excluir a las sumas emergentes de este pronunciamiento de la consolidación dispuesta en la ley 25.344; y (vi) imponer las costas de ambas instancias a cargo del Estado Nacional.

El Dr. Carlos Manuel Grecco suscribe en la presente causa en los términos de la acordada 16/2011 de esta cámara.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Clara María do Pico

Rodolfo Eduardo Facio

Carlos Manuel Grecco

 

 

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