Solidaridad laboral: empresa intermediaria responde junto a aquella que utilizó los servicios del trabajador

shutterstock_136826309Partes: De Simone Sergio Jose c/ I.B.M. Argentina S.A. y otros s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: I

Fecha: 17-mar-2014

Cita: MJ-JU-M-86558-AR | MJJ86558

Son solidarias las codemandadas en tanto se probó que una de las empresas no estaba habilitada para para la contratación de personal para que laborara en otra compañía.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la condena solidaria de las codemandadas en los términos del art. 29 LCT., pues surge probado que el actor fue contratado por una empresa para prestar servicios en la otra, siendo que la primera no es una empresa habilitada para la contratación de personal, pues no se trata de una empresa de servicios eventuales con objeto único habilitada a tal fin, y tampoco se aludió a una contratación con motivo de una exigencia extraordinaria y transitoria de demanda, circunstancia que denotaría la existencia de una contratación eventual.

2.-En virtud de lo dispuesto por el art. 377 CPCCN., quedaba a cargo de las demandadas acreditar la legitimidad de la contratación del actor en la forma en que se hizo, es decir a través de un intermediario, por cuanto la Ley de Contrato de Trabajo establece la regla general de que el contrato se celebra por tiempo indeterminado con quien se beneficia en forma directa de los servicios prestados por el trabajador, salvo que existan razones y motivos específicos que amerite una contratación distinta.

3.-Corresponde condenar a la empresa de telefonía codemandada en los términos del art. 30 LCT., porque su actividad no puede concebirse ni llevarse a cabo sin un adecuado sistema informático -llevado a cabo por la empleadora directa del actor- y por consiguiente requiere esa herramienta de modo permanente.

4.-Para determinar la existencia de la solidaridad que preveé el art. 30 LCT. resulta decisivo verificar si la contratación o subcontratación que realiza un empresario consiste en una actividad que integra una de las facetas del giro normal y habitual propio del establecimiento, es decir si ello importa la existencia de una unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa a través de una o más explotaciones.

5.-La responsabilidad solidaria prevista por el art. 30 de la LCT. se extiende a todas las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, circunstancia que incluye no sólo las indemnizaciones derivadas de la Ley 24.013 sino también la dación de los certificados de trabajo.

6.-Deben desestimarse las diferencias salariales reclamadas, pues la existencia de discriminación salarial no puede establecerse sobre la base de una comparación realizada en forma abstracta y genérica con la totalidad de los trabajadores, como lo pretende el apelante, sino que debe establecerse como primera medida la identidad de situaciones y ante ello verificar la existencia de un trato desigual, en el caso del actor, el pago de una remuneración menor a los empleados pertenecientes a la empresa usuaria sin una razón objetiva que lo justifique.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de marzo de 2014, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

I. Contra la sentencia de fs. 496/498 y aclaratoria de fs. 546, se alzan las demandadas, Telefónica de Argentina S.A. (en adelante Telefónica), IPS S.R.L (en adelante IPS), IBM Argentina S.R.L. (en adelante IBM) y la parte actora, a tenor de los memoriales de fs.504/509, 512/514, 525/528, 531/540, respectivamente. Dichas presentaciones merecieron, a su vez, las réplicas de fs.552/555, 556/564, 5 65/vta. .

A fs. 499 y fs. 541/543, apelan, el perito contador y la representación y patrocinio letrado de la parte actora, respectivamente, por considerar reducidos los honorarios regulados a su favor.

A fs. 508 vta. y 528 apelan las codemandadas ´Telefónica e IBM, respectivamente, por considerar elevados los honorarios regulados a la parte actora y perito contador.

II. Las codemandadas, IBM e IPS, se agravian porque la Sra. Jueza de grado tuvo por acreditado que entre el actor e IBM existió un contrato de trabajo fuera de toda registración y que IPS fue una interpósita persona atribuyéndole responsabilidad solidaria por aplicación de lo dispuesto por el art. 29 LCT, entre otros rubros, por las indemnizaciones derivadas del despido y agravamientos previstos por los arts. 8 y 15 Ley 24.013 y art. 2º Ley 25.323.

Ambos demandados se quejan porque consideran errónea la decisión de grado al encuadrar el caso en la primera parte del art.29 de la Ley de Contrato de Trabajo, pues sostienen que no se trató de una situación de fraude sino de una contratación lícita de servicios que complementaba la actividad normal y específica de IBM -desarrollando la actividad en instalaciones de Telefónica- y que se efectuó conforme los recaudos que exige la ley para este tipo de contrataciones y por ello, IBM no tuvo relación laboral con el actor, pues nunca fue empleadora directa.

Las demandadas no aportan elementos de suficiente envergadura que logren rebatir los fundamentos de la decisión de origen.

En efecto, lejos están de haber realizado una crítica concreta y razonada del fallo de grado, sólo se avienen a realizar meras alegaciones de carácter genérico, abstracto y teñidas de subjetividad y en tal aspecto, señalo que los recursos en análisis se encuentran desiertos, pues sobre el punto no realizaron una crítica concreta y razonada de la sentencia (conf.art. 116 ley 18.345).

No obstante ello, a fin de garantizar el derecho de defensa en juicio de los apelantes, considero pertinente realizar las siguientes consideraciones.

Recuerdo que en virtud de lo dispuesto por el art. 377 CPCCN quedaba a cargo de las demandadas acreditar, la legitimidad de la contratación del actor en la forma en que se hizo, es decir a través de un intermediario, ello así, por cuanto la Ley de Contrato de Trabajo establece la regla general de que el contrato se celebra por tiempo indeterminado con quien se beneficia en forma directa de los servicios prestados por el trabajador (arts. 10 y 90 LCT) salvo que existan razones y motivos específicos que amerite una contratación distinta, como ser una contratación de tipo eventual o a plazo fijo, contemplada específicamente en el ordenamiento citado. (art.29 bis, 90, 99 y concs. LCT y arts. 77 y concds.ley 24.013), pues quien pretende hacer valer otro tipo de contratación tiene a su cargo la prueba de sus aseveraciones.

Ahora bien, llega firme a esta Alzada que el actor fue contratado por IPS – empresa que actualmente se encuentra inactiva- para prestar servicios para la demandada IBM de manera permanente, en el establecimiento de la codemandada Telefónica aunque el vínculo se desarrolló e inscribió bajo la titularidad de la primera, circunstancias que se encuentran avaladas, entre otras pruebas, por las declaraciones obrantes a fs. 291, 298 y 318, y a su vez reconocidas expresamente por los apelantes. La codemandada IBM no brindó mayores explicaciones acerca de la contratación que efectuó con IPS, pues sólo señaló que lo hizo para que le proveyera servicios relativos a consultoría en informática y suministros de informática -sin especificar qué tipo de servicios- dado que cuenta con la infraestructura y recursos humanos necesarios asumiendo los costos propios inherentes al cumplimiento del objeto del referido contrato comercial, dentro de los cuales se encuentran, lógicamente, los atinentes al cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales respecto del personal que afectasen a la prestación de ese servicio (v. fs.70 vta./71) Tampoco brindó mayores explicaciones ante esta Alzada, pues sólo se avino a poner de resalto el objeto social de IBM y que decidió tercerizar sus servicios a través de IPS, dado que no cuenta ella misma con personal para la realización de tareas técnicas. Por su parte IPS alega haber contratado al actor y que IBM a su vez contrataba los servicios informáticos por ella prestados, aclarando que el actor pertenecía al grupo de empleados de IPS afectados a IBM y que debió capacitarlo y entrenarlo para afectarlo a la tarea antedicha ( v. fs. 94 vta./94 de la contestación de demanda de IPS).

Señalo que estos reconocimientos por sí solos resultan suficientes para encuadrar la situación en el art. 29 LCT. Así, el actor fue contratado por IPS, para prestar servicios en IBM, extremo avalado por los testimonios de Lopez (fs.291/294), Casablanca (fs. 298/300) y Adell (fs. 318/320), tal como se consideró en origen y sin que se hubiera efectuado una crítica concreta y razonada al respecto aun cuando resulta cierto que IPS no es una empresa habilitada para la contratación de personal, pues no se trata de una empresa de servicios eventuales con objeto único habilitada a tal fin y tal situación se encuentra reprochada precisamente por la norma aludida.

Sólo a mayor abundamiento, señalo que tampoco se aludió a una contratación con motivo de una exigencia extraordinaria y transitoria de demanda, circunstancia que denotaría la existencia de una contratación eventual, pero más allá de que dicha contratación se habría realizado violando las previsiones legales -pues una contratación de esa naturaleza sólo puede ser realizada, reitero, por una empresa de Servicios Eventuales con objeto único y habilitada por la autoridad competente a tal efecto-, tampoco se expresó concretamente, y menos aún se acreditó, las causas que motivaron tal contratación por parte de IBM, pues sólo se hizo referencia en forma genérica a las obligaciones laborales y costos que asumiría IPS a lo que cabe agregar que tal situación tampoco encuadra en las previsiones de los arts. 72 y conc. Ley 24.013 y 90 inc. a y b LCT). Asimismo, lo afirmado por IBM en orden a que contrató los servicios de IPS pero que no hacen a la actividad normal y habitual de IBM no constituye un elemento que justifique la contratación del actor del modo en que se hizo.

En definitiva, no se acreditó una razón que justifique la contratación del actor por intermedio de IPS, para prestar tareas en IBM sin perjuicio de que se hiciera cargo de las obligaciones laborales. Ello en definitiva sella la suerte de los agravios de las demandadas pues tal situación se encuentra contemplada en el art.29 LCT tal como se consideró en origen, y en tal entendimiento debe considerarse que IBM es la empleadora directa del actor, pues fue en definitiva quien se benefició con sus servicios, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que le cabe a la codemandada IPS. Así, la ruptura del vínculo se encuentra justificada pues tal como decidió la Sra. Juez de grado el silencio en el que incurrió IBM para que se regularizara el vínculo laboral mediante intimación (v. fs. 329), se basó en una causa legítima.

Por las razones expuestas, debería confirmarse el fallo en este punto de la queja.

III. La codemandada IBM también se agravian porque la Sra. Jueza de grado admitió las indemnizaciones derivadas de los arts. 8 y 15 de la Ley 24.013 e insiste en que el actor se encontraba debidamente registrado por su empleadora IPS.

Sin embargo, de acuerdo a los fundamentos del considerando que antecede y por aplicación de la doctrina que emana del Plenario Nº 323 de esta Cámara, en autos: “Vasquez María Laura c/Telefónica de Argentina S.A. y otro” del 30/6/2010 cuyos fundamentos comparto y hago propio, corresponde admitir la multa del art. 8º de la ley 24.013, tal como se dispuso en origen y del que nada dijeron los apelantes.

También procede el reclamo del incremento indemnizatorio previsto por el art. 15 de la ley 24.013 atento a que el actor se consideró despedido dentro de los dos años contados a partir del requerimiento que realizó para que se regularice su situación y ante la falta de respuesta satisfactoria, entre otras cuestiones, procedió a considerarse despedido el 10/7/2008 (v. texto transcripto a fs.333).

IV. La co-demandada IBM también se agravia porque la Sra. Jueza de grado admitió el reclamo con fundamento en el art. 2º de la ley 25.323.

De acuerdo a lo establecido en el considerando II dado que el actor requirió de su empleador el pago de las indemnizaciones derivadas del despido (v. fs.336), y sin que la demandada IBM se aviniera a ello obligándolo a promover esta acción para procurar su cobro, corresponde el pago del incremento indemnizatorio en cuestión.

Sumado a ello, no observo que se hubieran esgrimido causas que justifiquen la falta de pago de las indemnizaciones correspondientes, independientemente de que se trate en el caso de un despido indirecto -el que quedó justificado de acuerdo a los fundamentos del considerando II de este decisorio- por lo que el actor tenía derecho al cobro de las indemnizaciones y en virtud de ello, resulta procedente el incremento indemnizatorio fundado en el art.2 de la ley 25.323, razón por la cual p ropongo confirmar lo decidido en el punto.

V. También la codemandada IBM se agravia porque la Sra. Magistrada de origen la condenó a hacer entrega de los certificados como de la multa prevista por el art. 80 LCT.

Señala que es improcedente porque las obligaciones derivadas del art. 80 LCT le competen al empleador y en autos quedó demostrado que el verdadero empleador fue IPS.

De acuerdo a lo establecido en el considerando II se torna abstracto el tratamiento de este agravio, pues el apelante basa su disenso en que IBM no fue empleador.

VI. La codemandada Telefónica se agravia porque se la condenó en forma solidaria en los términos del art. 30 de la L.C.T.

La Sra. Jueza de grado consideró que Telefónica es solidariamente responsable en virtud de lo dispuesto en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo porque, tal como quedó evidenciado, su actividad no puede concebirse ni llevarse a cabo sin un adecuado sistema informático y por consiguiente requiere esa herramienta de modo permanente. En concreto, entendió que la actividad informática constituye un elemento fundamental e indispensable para la consecución de su objeto social.

El recurrente sostiene que no se encuentran configurados los presupuestos del art. 30 LCT.Alega en defensa de su tesitura que tiene como actividad principal y específica la prestación del servicio público de telecomunicaciones, más precisamente, de telefonía fija, en cambio la codemandada IBM se dedica a la prestación de servicios informáticos y que nada tiene que ver con la actividad propia y específica de la empresa ni resulta esencial para el desarrollo de su actividad. .

Llega firme a esta Alzada que Telefónica es una empresa dedicada a la prestación de servicio de telecomunicaciones fija y que IPS e IBM prestan servicios de informática.

Para determinar la existencia de la solidaridad que preveé el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo resulta decisivo verificar si la contratación o subcontratación que realiza un empresario consiste en una actividad que integra una de las facetas del giro normal y habitual propio del establecimiento, es decir si ello importa la existencia de una unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa a través de una o más explotaciones (conf.art. 6º LCT). En el caso de autos debe determinarse si el servicio de informática que llevaba a cabo IBM , a través de IPS, en las instalaciones de Telefónica formaba parte del giro normal y habitual de esta última.

Estimo que en el caso de autos se encuentran reunidos los presupuestos aludidos.

En efecto, de la contestación de demanda (ver fs. 52 vta.), surge que la actividad normal y específica de la codemandada Telefónica es la prestación de un servicio público de telecomunicaciones por lo que surge evidente que la intervención del actor en los servicios de informática que brindaba IBM, ya sea en forma directa o por intermedio de IPS, tenía una importante injerencia para que por su intermedio se lograra el objetivo final que era precisamente brindar el servicio de telefonía, y en definitiva beneficiarse con ello.Así, entiendo que ese servicio no podría llevarse a cabo adecuadamente, sin un sistema informático a través del cual pueda brindarse dicho servicio eficientemente al público consumidor. El mismo resulta inescindible para cumplir con el objeto social de Telefónica al punto que el actor prestó servicios de un modo permanente para la demandada IBM en las instalaciones de Telefónica, durante casi ocho años.

En concreto la actividad de Telefónica no puede concebirse separada de la actividad genérica normal y habitual de IBM, que consiste en brindar un servicio informático de alta tecnología. El objeto comercial de Telefónica no podría llevarse a cabo sin la actividad desarrollada por quienes se encargan de realizar el trabajo de servicios de informática y logística, en la que intervenía el actor. En consecuencia, Telefónica resulta responsable conforme los términos del art. 30 L.C.T.

Desde esta perspectiva, considero que los servicios de tecnología informática de IBM e IPS prestados a través de un contrato comercial encuadran en su actividad “normal y específica”, determinada según el criterio de unidad técnica o de ejecución -art. 6º LCT- (conforme doctrina sentada por el Alto Tribunal en autos “Preiti Pantaleón y otro c/ Elemac

S.A. y otro”, sentencia del 20.08.08, CSJN. P 1897. Lº XL).

En virtud de lo expresado, no encuentro razones para apartarme de lo decidido en origen acerca de la condena solidaria decretada respecto de Telefónica.

VII. Ahora bien, respecto a sus alcances, la codemandada Telefónica cuestiona que se haya extendido el reclamo con fundamento en la ley 24.013 y art. 80 LCT. Respecto a esta última señala que al no revestir el carácter de empleadora no tenía obligación de entregar los certificados de trabajo previstos por dicha norma por lo que no corresponde aplicar la sanción por ella prevista como así también.

Sin embargo, reiteradamente he sostenido que la responsabilidad solidaria prevista por el art.30 de la LCT se extiende a todas las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, circunstancia que incluye no sólo las indemnizaciones derivadas de la ley 24.013 sino también la dación de los instrumentos mencionados. Por ello, propicio también la confirmación de la multa y la obligación de hacer incluida en el art. 80 LCT (ver entre otras SD 86.193 del 08.10.10 “Bringas Miriam Beatriz c. Lekryzon SA y otros s. despido” y SD 86.737 del 23.06.11 “Lucero Julio Cesar c. Plataforma Cero SA y otros s. despido”).

VIII. La parte actora se agravia porque la Sra. Jueza de grado rechazó el reclamo en concepto de diferencias salariales al considerar que no se encuentran cumplidos los recaudos previstos por los incs. 1 y 4 del art. 65 Ley 18.345.

El apelante insiste ante esta Alzada que el actor percibía una remuneración menor a la de otros empleados que eran contratados en forma directa por IBM y que tenían la misma categoría, dado que no se le abonaba el bonus anual del 15% y la suma de $ 539 mensuales en concepto de otros beneficios, premios y gratificaciones alegando la existencia de una discriminación salarial. Señala que fue demandado correctamente, en especial por las consideraciones expuestas en el capítulo VII del escrito de demanda.Considera que en autos se encontraba a cargo de la demandada IBM acreditar el salario que percibían el resto de los empleados que realizaban las mismas tareas que el actor, pues era quien estaba en mejores condiciones para hacerlo y sin embargo no lo hizo.

El agravio no puede prosperar, pues coincido con la decisión adoptada en origen, ya que no se encuentra explicitado en la demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos de los que surgiría la obligación de la demandada IBM de abonar una remuneración mayor a la percibida ($ 3.500). Advierto en especial que no se ha especificado la fuente legal o convencional (individual o colectiva) de la que se derivaría la obligación de la empleadora (IBM) de abonar un bonus anual del 15% y una suma adicional de $ 539 mensuales que en forma genérica señala que lo era en concepto de premios, gratificaciones, etc. Además, observo que de un modo vago y genérico se endilga a la demandada la obtención de un beneficio económico al contratar empleados, como en el caso del actor, por intermedio de otras empresas, en el caso IPS, precisamente porque si los contratara en forma directa debería abonarle una remuneración mayor, incluyendo los conceptos aludidos (v. especialmente fs. 12 vta. /14 del escrito de demanda). En consecuencia, coincido con la solución adoptada en origen, en tanto la parte actora no cumplió adecuadamente con los recaudos exigidos por el art. 65 L.O.

Sobre el punto memoro que el art. 65 de la ley 18345 impone a la parte actora la carga de precisar los presupuestos de hecho y de derecho de cada una de las pretensiones.La inclusión de un rubro en la liquidación o la enunciación de una suma como correspondiente a un concepto determinado, carecen de sentido si no tienen sustento en un relato circunstanciado de todos los antecedentes fácticos.

Además, todo reclamo por diferencias salariales requiere, como punto de partida y de modo indispensable, pautas mínimas suficientes para que quien juzga pueda pronunciarse sobre la validez del pedido, exigencia insoslayable aun cuando el trabajador no esté inscripto en los libros y registraciones laborales del empleador porque tanto la presunción iuris tantum a favor de sus afirmaciones (art 55 LCT) como la inversión del onus probandi sobre el monto y cobro de las remuneraciones, no operan cuando dichos montos sólo son objeto de reclamo global. Así ha sido decidido por esta Sala, en términos que comparto en los autos: “Astorgano, Pablo c/ Kanatu SA s/ despido” SD 71.250 del 15/10/97.

El actor, reitero, por las razones explicitadas precedentemente omitió el cumplimiento de estas exigencias efectuando un reclamo genérico.

No obstante y sin perjuicio de ello, debo señalar que tampoco se encuentra evidenciada en autos la existencia de una discriminación salarial por parte de IBM.

En materia de discriminación salarial reiteradamente he señalado que la igualdad de trato, de raigambre constitucional, constituye uno de los principios rectores en esta disciplina, de allí que el art.81 de la Ley de Contrato de Trabajo reglamenta la garantía aludida, consagra el principio de no discriminación e impone al empleador la obligación de dispensar a quienes se desempeñan bajo su relación de dependencia, el mismo trato en identidad de situaciones, circunstancia que encuentra correlato en el deber genérico impuesto al empleador en el art.17 del cuerpo legal citado, que conjuntamente con la citada en primer término, constituyen la base de la reglamentación legislativa laboral del principio de igualdad de trato consagrado en el art.16 de la Carta Magna que prohíbe el tratamiento desigual y en materia salarial, el principio de “igual remuneraci ón por igual tarea” encuentra sustento en el art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional.

El derecho a la igualdad de trato en materia laboral encuentra expreso reconocimiento a través de los diversos tratados y pactos internacionales. La Declaración Universal de Derechos Humanos consagra el derecho a igual salario por trabajo igual (art. 23), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho a un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor (art. 7.a); la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial reafirma el derecho a igual salario por trabajo igual (art. 5); la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ratifica la igualdad de derechos y oportunidades en materia de empleo, en particular, el derecho a las mismas oportunidades, al ascenso, a la estabilidad, a la formación, a igual remuneración y a igual trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como la igualdad de trato en la evaluación de la calidad del trabajo (art. 11), siendo todas estas garantías de rango constitucional (art. 75 inc. 22 2º párrafo de la Constitución Nacional).

Finalmente, la Organización Internacional del Trabajo aprobó diversos convenios y recomendaciones dirigidos a eliminar en distintos estados la discriminación en materia de empleo y ocupación.Entre los Convenios ratificados por nuestro país se encuentran el Convenio 100 y Recomendación 90 sobre igualdad de remuneración que, si bien originariamente estaba dirigido a la regulación de la mano de obra masculina y femenina, el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor responde, actualmente, al criterio más amplio de la equidad en los métodos de fijación de los salarios, al que no es ajeno el concepto de que las diferencias deben fundarse en circunstancias objetivas y demostrables de calificaciones y aptitudes. Por su parte, el Convenio 111 regula sobre discriminación en materia de empleo y ocupación.

Es reiterada la jurisprudencia que en este tema ha destacado y aplicado la normativa reseñada. Es más, recientemente nuestro más Alto tribunal ha expresado que el principio de igualdad y prohibición de discriminación alcanzó en la actualidad un nivel de máxima consagración y entidad en tanto pertenece al jus cogens y sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que permea todo el ordenamiento jurídico ( CSJN in re Alvarez, Maximiliano y otros c/ Cencosud S.A. s/ acción de amparo” 7/12/2010, Fallos:A.1023 XLIII).

No obstante los conceptos apuntados, que pongo de relieve con el mayor de los énfasis, debo señalar que en el caso concreto, objeto de este análisis, se patentizan elementos singulares que me conducen a sostener que la garantía de igualdad y no discriminación no ha sido afectada, es decir, no observo que se configure un trato discriminatorio y que en consecuencia, permita viabilizar el reclamo de las diferencias salariales que se persiguen.

Así, la existencia de discriminación salarial no puede establecerse sobre la base de una comparación realizada en forma abstracta y genérica con la totalidad de los trabajadores, como lo pretende el apelante sino, en una materia como la que aquí nos ocupa debe establecerse como primera medida la identidad de situaciones y ante ello verificar la existencia de un trato desigual, en el caso del actor, el pago de una remuneración menor a los empleados pertenecientes a IBM sin una razón objetiva que lo justifique. Es decir no puede existir trato desigual sin un soporte fáctico que lo avale. Al respecto, señalo que en modo alguno surge acreditada la existencia de esa identidad de situaciones, en especial con el informe contable, pues ni siquiera le fueron encomendados al perito contable se expidiera acerca de las remuneraciones percibidas por los otros empleados de IBM, teniendo en cuenta claro está la categoría, antigüedad, jornada, etc, a fin de poder realizar una comparación y en definitiva si existió un trato desigual entre el actor y el resto de los empleados, siempre que se encontraran en igualdad de condiciones (v. especialmente fs. fs. 191/198 de la pericia contable) .

Cabe memorar que el actor denunció que sus tareas eran las de técnico informático. Entonces, para comprobar la existencia de discriminación salarial debió realizarse una comparación con un trabajador/a que se desempeñó en IBM que realizaba las mismas tareas y que las condiciones laborales eran exactamente las mismas, circunstancias que no quedaron acreditadas, tal como se dispuso en origen.Digo ello independientemente del nombre de la categoría que se asigne según las tareas denunciadas. En concreto, el actor debía acreditar que otros empleados de IBM que realizaban las mismas tareas percibían un mayor monto, para lo cual también debía no sólo invocar sino acreditar el monto y cómo estaba compuesta la remuneración de esos empleados, y sin embargo no lo hizo ni surge de ningún elemento de juicio.

Por las razones expuestas, concluyo que la parte actora no acreditó la igualdad de condiciones, que es la base para determinar si la empleadora dispensó un trato desigual abonando una mayor remuneración injustificadamente a empleados que se encontraban en igualdad de condiciones. Lo expuesto sella la suerte de la queja.

IX. La parte actora también señala que en la sentencia se denominó incorrectamente a la demandada IBM, pues se determinó condenar a IBM Argentina S.A. cuando la verdadera denominación es IBM Argentina S.R.L.

Este aspecto ha sido subsanado mediante la aclaratoria de fs. 546 por lo que el apelante deberá estar a lo allí resuelto.

X. La parte actora por último, se agravia porque considera que la Sra. Jueza calculó erróneamente la indemnización derivada del art. 15 de la ley 24.013 y art. 2º ley 25.323.

Señala que la liquidación por dichos conceptos arroja un monto mayor alegando que para el cálculo de dichos rubros omitió tener en cuenta la liquidación practicada por el perito contador, como lo hizo con el resto de los rubros objeto de condena.

Sin embargo, no le asiste razón.

El art. 15 de la Ley 24.013, establece en su parte pertinente: “…el trabajador despedido tendrá derecho a percibir el doble de las indemnizaciones que le hubieren correspondido como consecuencia del despido…”

Por su parte el art. 2º de la ley 25.323 dispone en su parte pertinente:”…Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonara las indemnizaciones previstas por los arts.232, 233 y 245 de la ley 20.744…estas serán incrementadas en un 50%.”

Ahora bien, llega firme a esta Alzada, los montos de la liquidación realizada por la Sra. Jueza de grado en orden a la Indemnización por antigüedad ($ 23.688), Indemnización sustitutiva de preaviso más Sac ($ 6.415,50) y la integración del mes de despido más Sac ($ 1.283,10).

En consecuencia, la indemnización del art. 15 LNE, de conformidad con lo establecido precedentemente se calcula teniendo en cuenta la sumatoria de dichos rubros, cuyo total asciende a $ 31.386,60 ( $ 23.688 + 6.415,50+1.283,10) , tal como se determinó en origen mientras que el art. 2º de la ley 25.323 es el 50% de la sumatoria de dichos rubros que arroja un importe de $ 15.693,30 (50% de $ 23.688 + 6.415,50+1.283,10) tal como también se determinó en origen.

Por ello, propicio se confirme el decisorio también en este aspecto.

XI. Teniendo en cuenta el éxito obtenido y que para la distribución de costas no debe tenerse en cuenta un criterio meramente matemático sino jurídico y no encontrando razones para apartarme de la regla general establecida por el art. 68 CPCCN que dispone que las costas deben imponerse al vencido, considero adecuado el modo en que fueron impuestas en origen, por lo que deberían confirmarse.

De conformidad con el mérito y calidad de los trabajos realizados en grado, valor económico del juicio, rubros que resultaron procedentes, resultado final del pleito y facultades conferidas al Tribunal, estimo que los honorarios regulados a los profesionales intervinientes en autos, inclusive los del perito contador resultan adecuados (conf.art. 38 L.O., art. 3º inc.

b) y g) del D. 16.638/57, art.38 LO y normas arancelarias de aplicación).

Las costas de Alzada deberían ser impuestas a las demandadas IPS, IBM y Telefónica, vencidas en lo principal (conf.art 68 CPCCN). En cuanto a su actuación, sugiero regular los honorarios de los letrados firmantes de la parte actora y demandadas IPS, IBM y Telefónica en el 25% a calcular sobre lo que en definitiva le corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior (artículo 14 ley 21.839).

XII. En síntesis, de prosperar mi voto correspondería: 1) Confirmar la sentencia en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios; 2) Costas y honorarios como se indica en el considerando XI del presente voto.

La Dra. Gabriela Vazquez dijo:

I. Que adhiero al voto emitido por mi distinguida colega Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara con excepción a la condena solidaria, en los términos del art. 30 de la LCT, pues si bien comparto lo dispuesto respecto de Telefónica, he de puntualizar que esta Sala ha señalado que la solidaridad fundada en el art. 30 del mencionado cuerpo normativo no puede hacer extensiva la entrega de los certificados del art. 80 a quien no fue empleador, toda vez que no cuenta con los elementos necesarios para su confección. Y en tal inteligencia, tampoco resulta procedente el pago de la multa prevista en el último párrafo de dicho artículo (cfr “Martínez Ramón c/ Deher y otro s/ despido”, SD 81.388 del 13/2/04), por lo que propiciaré se limite la responsabilidad, respecto de Telefónica, a la suma de $152.738,9 ($161.621,90 – $8.883) con más los intereses dispuestos en origen, pues no fueron cuestionados ante esta Alzada.

El Dr. Julio Vilela dijo:

Que adhiere al voto de la Dra. Gabriela Vázquez sobre el tema que no hubo coincidencia entre ambos votos por los fundamentos allí vertidos.

A mérito de lo que resulta del presente acuerdo, SE RESUELVE: a) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios aunque limitando la condena respecto de Telefónica a la suma nominal de $ 152.738,9 con más los intereses fijados en origen y eximirla de la entrega del certificado de trabajo; c) Costas y honorarios de ambas instancias de acuerdo a lo dispuesto en el considerando XI del voto de la Dra. Pasten en esta Sentencia.

Regístrese, notifíquese, comuníquese (conf.art. 4º res.15/13 CSJN) y devuélvase.

Gloria M. Pasten de Ishihara

Jueza de Cámara

Gabriela Alejandra Vázquez

Juez de Cámara

Julio Vilela

Jueza de Cámara

Ante mí:

En de de, se dispone el libramiento de cédulas. Conste.

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

En de de se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma. Conste.

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

 

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