Permitir que la continuidad comercial basada en lazos familiares perjudique a los trabajadores, implica convalidar el fraude laboral

TratoPartes: Aramburu Irma Raquel c/ Casasola Mayorista S.A. y otros s/ ordinario – despido – recurso de casacion

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba

Sala/Juzgado: Laboral

Fecha: 30-abr-2014

Cita: MJ-JU-M-86060-AR | MJJ86060 | MJJ86060

Por no demostrarse que las figuras societarias invocadas mantuvieran o acrecentaran el acervo patrimonial, los sucesivos empleadores del actor deben responder de manera solidaria.

Sumario:

1.-Corresponde extender la condena a las personas físicas codemandadas, pues no se demostró que las nuevas figuras societarias para las que se desempeñó la accionante conservaran el acervo patrimonial inicial o lo hubiesen aumentado; más bien ocurrió lo contrario, todo lo cual encuadra en la directiva del art. 14 LCT.

2.-La sucesión de empleadores y figuras societarias con continuidad comercial, aunada por lazos familiares, no debe resultar perjudicial para los trabajadores por un eventual desconocimiento de sus derechos o por la imposibilidad de ejecutar sus créditos, pues de acontecer se consagraría un fraude a la ley que no puede ser convalidado; por ello, no aparece hábil el argumento de la ausencia de prueba al respecto, toda vez que la limitación del patrimonio con posterioridad al inicio de la actividad comercial y laboral aparece como un acto destinado a acotar la garantía frente a los acreedores y en el particular, los trabajadores.

Fallo:

En la ciudad de Córdoba, a los treinta días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo día y hora de Audiencia, se reúnen en Acuerdo Público los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia, doctores Luis Enrique Rubio, Carlos F. García Allocco y M. Mercedes Blanc de Arabel, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en estos autos: “ARAMBURU IRMA RAQUEL C/ CASASOLA MAYORISTA S.A. Y OTROS – ORDINARIO – DESPIDO” RECURSO DE CASACION – 42260/37, a raíz del recurso concedido a la actora en contra de la sentencia N° 13/09, dictada por la Sala Segunda de la Cámara Única del Trabajo, constituida en tribunal unipersonal a cargo del señor juez doctor Miguel Angel Azar -Secretaría N° 4-, cuya copia obra a fs. 395/409, en la que se resolvió:

“I) Rechazar en todas sus partes la demanda entablada en contra de Martín Aníbal Casasola, Marcos Exequiel Casasola, Gerónimo Tomás Casasola, Mar S.A. y Martín Casasola y Marcos Exequiel Casasola con costas por el orden causado.

II) Desestimar parcialmente el reclamo en contra de Casasola Mayorista S.A. en cuanto pretendía el pago de las indemnizaciones prevista en los Arts.8 y 15 de la ley 24.013, Art.16 de la ley 25.561, 80 de la ley 20.744 y horas extras.

III) Acoger parcialmente la demanda interpuesta por Irma Raquel Aramburu en contra de la firma Casasola Mayorista S.A, condenándola a abonar a la actora las indemnizaciones por preaviso, antigüedad, integración del mes de despido, vacaciones año 2005, sanción del Art.2 de la ley 25.323, falla de caja (Arts. 156, 231, 232, 233, 245 y c.c. de la L.C.T.). En consecuencia condenar a Casasola Mayorista SA.en el término de diez días hábiles a partir de hoy a pagar a Irma Raquel Aramburu la suma de cincuenta y cinco mil quinientos veintitrés pesos con once centavos ($55.523,11), de los cuales, veintisiete mil trescientos veintiséis pesos con treinta y nueve centavos ($27.326,39) corresponden a capital y la suma de veintiocho mil ciento noventa y seis pesos con setenta y dos centavos ($28.196,72) a intereses.

IV) Condenar a la demandada Casasol Mayorista SA a la entrega de las certificaciones, las que deberán ser puestas a disposición del Tribunal en el término de diez días a partir de hoy, en la forma, bajo los apercibimientos y con la consecuencia frente a su incumplimiento establecidos en la primera cuestión.

V) Costas a cargo de la condenada (Art. 28 C.P.T.). Regular los honorarios de los profesionales intervinientes de la siguiente manera: al Dr. Federico Perlbach en la suma de doce mil doscientos quince pesos con ocho centavos ($12.215,08).

VI) Emplazar a la condenada en costas para que en el plazo de quince días hábiles reponga la tasa de justicia (cuenta especial Nº 60.052), que asciende a la suma de un mil ciento diez pesos con cuarenta y seis centavos ($1.110,46) (2% del monto del capital e intereses), bajo apercibimiento de certificar la existencia de la deuda, conforme a lo dispuesto en los Arts. 263 3° párr. y 256 3° párr. del Código Tributario y cumplimente con los aportes previstos por la ley 6468 (t.o. ley 8404), que ascienden a quinientos cincuenta y cinco pesos con veintitrés centavos ($555,23) de conformidad al Art. 17 inc.”a” de dicha ley (1% del monto del capital e intereses o el monto de aporte mínimo, conforme al Art. 17, inc.”a”, párrafo 3º ib.) por cada parte.

VII) Emplazar a los demandados Martín Anibal Casasola, Marcos Exequiel Casasola, Gerónimo Tomás Casasola, Martín Casasola y Marcos Exequiel Casasola Sociedad de Hecho y Mar S.A.para que en el plazo de quince días hábiles reponga la tasa de justicia (cuenta especial Nº 60.052), que asciende a la suma de doscientos treinta y seis pesos con sesenta y dos centavos ($236,62) (2% del monto del capital e intereses), por cada uno de ellos bajo apercibimiento de certificar la existencia de la deuda, conforme a lo dispuesto en los Arts. 263 3° párr. y 256 3° párr. del Código Tributario y cumplimenten con los aportes previstos por la ley 6468 (t.o. ley 8404), que ascienden a quinientos noventa y un pesos con cincuenta y seis centavos ($591,56) de conformidad al Art. 17 inc.”a” de dicha ley (1% del monto del capital e intereses o el monto de aporte mínimo, conforme al Art. 17, inc.”a”, párrafo 3º ib.).”.

Oportunamente se fijaron las siguientes cuestiones a resolver: PRIMERA CUESTION: ¿Es procedente el recurso de la parte actora? SEGUNDA CUESTION: ¿Qué resolución corresponde dictar? Practicado el sorteo de ley resultó que los señores vocales emitieron su voto en el siguiente orden: doctores M. Mercedes Blanc de Arabel, Luis Enrique Rubio, Carlos F. García Allocco.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA: La señora vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo: I.1. El recurrente denuncia omisión de pronunciamiento respecto del reclamo por la multa del art. 132 bis LCT. Señala que en demanda afirmó que las retenciones efectuadas a su salario no se depositaron en los diferentes organismos previsionales. A tal fin ofreció recibos de haberes e informativa (fs. 174/186) para acreditar que sólo se ingresó una parte de lo deducido. A su vez la demandada no ofreció prueba en contrario. 2. El planteo no es atendible. Pese a que el Tribunal nada dijo en relación a esta pretensión, lo cierto es que el impugnante no evidencia el carácter dirimente del vicio que acusa. Ello teniendo en cuenta que en esta instancia modifica lo afirmado en el escrito inicial con referencia al cumplimiento parcial de la obligación a cargo de la patronal.Conforme estas afirmaciones no se advierte de qué manera las previsiones de la norma resulten aplicables al subexamen.

II.1. Afirma que el Juzgador vulneró los principios de congruencia y razón suficiente al desestimar el reclamo en contra de Gerónimo Tomás Casasola, Marcos Exequiel Casasola, Martín Aníbal Casasola, “Casasola Marcos y Casasola Martín SH” y “Mar S.A.”. Entiende que incorrectamente interpretó que el único fundamento por el que su parte dirigió la acción contra todos fue que trabajó para ellos en distintos períodos. Resalta que en el libelo introductorio denunció que siempre laboró para la misma patronal a pesar de que en los recibos se consignaban diferentes nombres para eludir responsabilidades. Que el argumento utilizado por el a quo para rechazar la demanda fue que existió transferencia de personal y establecimiento, sin considerar que se sostuvo que durante toda la relación laboral sus únicos patrones fueron Gerónimo, Marcos y Martín Casasola. También se señaló que la regularización de la sociedad de hecho en “Casasola Mayorista S.A.” fue fraudulenta y aparente, por lo que pidió la solidaridad con base en los arts. 26; 29; 30 y 31 de la LCT y art. 54 L.S. y concordantes de la Ley Nº11.867 y no en el art. 228 LCT como erróneamente interpretó el Juzgador. Dice, que se omitió valorar prueba dirimente -absolución de posiciones de los demandados, testimoniales, recibos, informativas de AGEC y AFIP- de las que surgen que Gerónimo, Marcos y Martín Casasola fueron los únicos dadores de trabajo de la actora. Indica que incurre en error el Tribunal al sostener que recién en los alegatos pidió la extensión de responsabilidad en función del art. 228 LCT; desde el inicio de la acción se afirmó que no medió transferencia y que existió fraude para perjudicial al trabajador.

2. El Sentenciante rechazó la extensión de condena porque no tenía fundamento la pretensión de demandar; calificó de extemporáneo el intento por salvar esta falencia en los alegatos.Asimismo, señaló que la accionante no acompañó prueba eficiente que permitiera establecer la existencia de fraude laboral que tornara aplicable la solidaridad del art.228 LCT. Además la ruptura se produjo con posterioridad a la transferencia y por una causa distinta, por lo que el nuevo empleador es el único responsable (Casasola Mayoristas S.A.).

3. Las constancias de la causa dan cuenta de que la actora trabajó sin solución de continuidad como cajera desde mil novecientos noventa y tres hasta el distracto operado el día seis de diciembre de dos mil cinco. Inicialmente como empleada de Gerónimo Tomás Casasola como persona física, quien posteriormente deja la titularidad del negocio en manos de sus hijos Martín y Marcos, que forman una sociedad de hecho, a la que ingresan todos los empleados luego de renunciar a los contrato con aquél (fs. 144). Esta sociedad luego regulariza como “Casasola Mayorista SA” (fs. 24/33) que resulta ser el último empleador. No obstante, estas mutaciones formales, el contrato laboral se desarrolló siempre en un mismo establecimiento, bajo la dirección y supervisión indistinta de Gerónimo Tomás Casasola y sus hijos. La sucesión de empleadores y figuras societarias con continuidad comercial, aunada por lazos familiares, no debe resultar perjudicial para los trabajadores por un eventual desconocimiento de sus derechos o por la imposibilidad de ejecutar sus créditos, pues de acontecer se consagraría un fraude a la ley que no puede ser convalidado. Luego, en esa coyuntura no aparece hábil el argumento de la ausencia de prueba al respecto, toda vez que la limitación del patrimonio con posterioridad al inicio de la actividad comercial y laboral aparece como un acto destinado a acotar la garantía frente a los acreedores y en el particular, los trabajadores.

En el subexamen no se demostró que las nuevas figuras societarias para las que se desempeñó la accionante, conservaran el acervo patrimonial inicial o lo hubiesen aumentado. Más bien ocurrió lo contrario:”Casasola Mayorista SA”, única condenada en esta causa, se presentó en concurso preventivo -hoy quiebra- según consta a fs. 310. Asimismo obra en la causa prueba de que el Sr. Gerónimo T. Casasola formó otra sociedad anónima, con su esposa -“Mar SA”- a la que aportó bienes propios, entre ellos el inmueble sede del establecimiento, ubicado en calle Rioja nº 1142 (fs. 41). Las circunstancias referenciadas encuadran el caso en la directiva del art. 14 LCT y por ello sustentan la responsabilidad personal de los demandados Gerónimo Tomás, Marcos Exequiel y Martín Casasola conjuntamente con “Casasola Mayoristas S.A.” y “Mar SA” por los rubros que prosperaron. En este último supuesto porque aparece como la titular de los bienes propios del empleador original, Gerónimo Casasola, extremo que en el marco descripto, justifica la extensión de la condena. Cabe destacar que los argumentos dados por el Sentenciante en cuanto al modo de entablar la acción (fs. 405vta./406) carecen de sustento según la conclusión a la que se arriba. También lo anterior torna innecesario tratar el planteo relacionado con la responsabilidad de la Sociedad de Hecho.

III.1. El casacionista discute el rechazo de la indemnización del art.16, Ley N° 25.561. Alega que el a quo declaró la inconstitucionalidad de la prórroga de la vigencia de la ley mencionada, sin considerar que a la fecha del distracto se encontraba vigente la Ley Nº 25.972. 2. Se verifica el vicio denunciado. Ello porque efectivamente el Juzgador determinó su improcedencia porque no encontraba argumentos jurídicos que justifiquen las posteriores prórrogas al art. 16, Ley N° 25.561 sin la intervención del órgano constitucional habilitado para ello. Sin embargo y más allá que este Alto Cuerpo convalidó las distintas prórrogas a la normativa que suspendía los despidos injustificados (Vé. Sents. Nros.77/08; 19/10, entre otras), lo cierto es que en el subexamen estas razones no aparecen dirimentes teniendo en cuenta que a la fecha del desahucio, esto es 6/12/05 -fs.402 vta- se encontraba vigente la Ley N° 25.972 (B.O. 17/12/04). En tales condiciones, no se comprueba obstáculo alguno para la procedencia de la sanción de que se trata.

IV. Por lo expuesto, debe admitirse parcialmente el recurso de la parte actora y entrar al fondo del asunto -art. 104, CPT- en los aspectos señalados precedentemente. En consecuencia y por las razones dadas se extiende la condena, en forma conjunta y solidaria a Gerónimo Tomás Casasola, Marcos Exequiel Casasola, Martín Aníbal Casasola y “Mar S.A.” quienes responderán junto a “Casasola Mayorista SA”. Ordenar el pago del agravamiento establecido en el art. 16 de la ley 25.561, en el porcentaje vigente -50%- al tiempo de la desvinculación (Dec. 1.433/05), solo sobre la indemnización por antigüedad (Sent. N° 13/12). Su monto deberá calcularse en la etapa previa a la ejecución de sentencia, devengando los mismos intereses fijados en la sentencia para los rubros que prosperaron. Así voto. El señor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo: Coincido con la opinión expuesta por la señora vocal cuyo voto me precede. Por tanto, haciendo míos los fundamentos emitidos, me expido en la misma forma. El señor vocal doctor Carlos F. García Allocco, dijo: A mi juicio es adecuada la respuesta que da la señora vocal doctora Blanc a la primera cuestión. Por ello, de acuerdo a sus consideraciones, me pronuncio en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA: La señora vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo: A mérito de la votación que antecede corresponde admitir parcialmente el recurso deducido por la parte actora.En consecuencia se dispone extender la condena a los demandados Gerónimo Tomás, Martín Aníbal y Marcos Exequiel Casasola, en forma personal y a “Mar S.A.”. Asimismo hacer lugar a la demanda en cuanto pretende la indemnización prevista en el art. 16 de la Ley N° 25.561 (Ley N° 25.972), según porcentaje vigente -50%- al tiempo de la desvinculación (Dec. 1433/05) la que deberá abonarse en la forma y con los intereses establecidos en la primera cuestión. Rechazarlo en lo demás. Costas a cargo de los condenados (art. 28 CPT). Los honorarios de los Dres. Federico Perlbach y José Isidro Somaré (h) serán regulados por la a quo en un treinta y dos y treinta por ciento, respectivamente, de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 36, Ley N° 9.459 sobre lo que constituyó materia de discusión (arts. 40; 41 y 109 ib.) debiendo considerarse lo dispuesto por el art. 27 de la ley citada.

El señor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo: Adhiero a las conclusiones a las que se arriba en el voto que antecede. Por tanto, me expido de igual modo. El señor vocal doctor Carlos F. García Allocco, dijo: Comparto la decisión que propone la señora vocal doctora Blanc a la presente. Por ello, me pronuncio de la misma manera. Por el resultado de la votación que antecede, previo Acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Laboral, R E S U E L V E: I. Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la parte actora según se expresa. II. Extender la condena a los demandados Gerónimo Tomás, Martín Aníbal y Marcos Exequiel Casasola, en forma personal y a “Mar S.A.”. III. Admitir la demanda en cuanto se pretendía la indemnización prevista en el art. 16 de la Ley N° 25.561 (ley 25.972), según porcentaje vigente -50%- al tiempo de la desvinculación (Dec. 1433/05) la que deberá abonarse en la forma y con los intereses establecidos en la primera cuestión. IV. Rechazarlo en lo demás.

V. Con costas a los condenados.

VI. Disponer que los honorarios de los Dres. Federico Perlbach y José Isidro Somaré (h) sean regulados por la Sala a quo en un treinta y dos y treinta por ciento, respectivamente, de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 36, Ley N° 9.459 sobre lo que constituyó materia de discusión. Deberá considerarse lo dispuesto por el art. 27 ib.

VII. Protocolícese y bajen. Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el señor presidente y los señores vocales, todo por ante mí, de lo que doy fe.

 

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