Distribuir productos de una compañía determinada no es sinónimo de ser su empleado

shutterstock_45483118Partes: Milazzotto Cristian Fabián c/ Distribuidora Mikro S.A. y otros s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 13-feb-2014

Cita: MJ-JU-M-86085-AR | MJJ86085

La distribución de productos por parte de un trabajador no implica necesariamente que exista relación de empleo entre el fabricante y quien distribuye.

Sumario:

1-No corresponde extender la responsabilidad de la empleadora a las empresas codemandadas con fundamento en el art. 30 LCT. puesto que no se encuentra acreditada la existencia de supuesto alguno que lo autorice, ya que no existe correspondencia entre la actividad desplegada por la empleadora y la actividad concreta que despliega la principal, pues es evidente que una empresa que distribuye mercaderías fabricadas por terceros no desarrolla la actividad específica propia del establecimiento de otras que fabrican productos alimenticios.

2.-Sin perjuicio de la existencia de un contrato de adhesión entre la empleadora y las empresas codemandadas, nada prueba que el actor haya trabajado bajo la subordinación de estas últimas, ni que hayan dirigido o retribuído de algún modo su tarea, por lo tanto, no corresponde extenderles la responsabilidad por el reclamos de autos, que le cabe únicamente al a empleadora.

3.-Aún cuando las empresas codemandadas fijaran las condiciones de venta y promoción y controlaran la adecuada distribución de sus productos, lo cierto es que el actor cumplía sus tareas con sujeción al poder de dirección y de organización de su empleador, -la empresa distruidora-, y era retribuído por ésta; por lo tanto, la circunstancia de que los productos distribuidos hayan sido producidos por las firmas codemandadas, no transforma al trabajador en empleado de aquéllas si su prestación no estaba sujeta al poder de organización y dirección ni se había incorporado a la estructura económica de la fabricante de alimentos.

4.-Puesto que la actividad relativa a la distribución de mercaderías a la que obviamente se dedica la empleadora, no coincide con la normal y específica propia de las empresas codemandadas fabricantes, -su actividad principal es la fabricación de productos alimenticios-, la circunstancia de que los productos fabricados sean colocados luego en el mercado no impide observar que existe una clara diferencia entre la actividad que realiza una empresa que fabrica alimentos y la de otra que se dedica a distribuir en los comercios las productos de varios fabricantes o, incluso, los de uno sólo.

5.-Toda vez que la tarea desplegada por el actor sólo beneficiaba a la distribuidora-empleadora, más allá de que de ello pudiera derivarse un beneficio indirecto a las fabricantes de mercaderías como consecuencia de una mejor colocación de sus productos en el mercado, no corresponde extender la responsabilidad en los términos del art. 30 LCT. a las empresas fabricantes; máxime siendo que la actividad de distribución, aun considerada comprendida en forma genérica en el objeto social de las codemandadas, no verifica el supuesto contemplado en la norma.

6.-El reclamo del actor basado en el art. 132 bis LCT. no puede tener favorable acogida, dado que de la prueba producida en esta causa no surge evidenciado que la empleadora haya omitido ingresar a los organismos de seguridad social ni a otras entidades, importes que haya retenido de la remuneración del trabajador en concepto de aportes.

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 13 DE FEBRERO DE 2014, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

2 Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia hizo lugar, parcialmente, a las pretensiones deducidas en el escrito inicial y condenó a la codemandada Distribuidora Mikro S.A. a abonar al accionante algunos rubros salariales e indemnizatorios reclamados. En cambio, rechazó la acción incoada contra Bagley Argentina S.A. y Arcor S.A. A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpuso recursos de apelación la parte actora, en los términos y con los alcances que explicita en su expresión de agravios. El recurso que la demandada intentó a fs.387/395 no fue concedido en virtud de lo dispuesto por el art. 106 de la L.O.

Se agravia la parte actora porque la sentenciante consideró que no existía responsabilidad solidaria de Bagley Argentina SA y Arcor SA en los términos del art. 30 LCT. Cuestiona que no se haya viabilizado el incremento del art. 1 y las indemnizaciones de los arts 43 y 45 de la ley 25.345. Critica que no se haya admitido la totalidad de lo reclamado en concepto de integración del mes de despido y SAC s/ integración del mes de despido. Finamente, critica la imposición de costas por el rechazo dispuesto respecto de Bagley Argentina SA y Arcor SA.Apela la regulación de honorarios efectuada a favor de la representación letrada de la parte demandada y de perito contador por considerarla elevada; en tanto la representación letrada de la parte actora apela los suyos por bajos.

Sólo con el fin de adecuar el tratamiento de las cuestiones planteadas a un método expositivo que posibilite un lógico desarrollo argumental, estimo conveniente analizar los agravios expresados en el orden que se detalla en los considerandos subsiguientes.

Se agravia la parte actora porque no se condenó a las codemandadas Bagley Argentina SA y Arcor SA en los términos del art. 30 LCT. Sostiene que la sentenciante no puede basarse en la información brindada por las mencionadas codemandadas a la perito contadora por cuanto ésta fue dada a través de emails emanados del Departamento de Legales y no surge de propia constatación personal de la perito interviniente. Señala que la Sra Juez consideró irrelevantes los dichos de la codemandada Mikro SA con respecto a la carta de adhesión y que incurrió en contradicciones al mencionar la existencia de la rescisión intempestiva y sin causa de la relación contractual para después concluir que no existía relación alguna entre las codemandadas. Agrega que, con la declaración de Medida, se prueba el nexo entre las empresas codemandadas.

A mi juicio, no le asiste razón en este segmento del recurso porque, de estar a los elementos de juicio aportados a esta causa, estimo que, en el caso no se verifica el supuesto contemplado en esa disposición legal.

Por lo pronto, creo conveniente puntualizar que, sin perjuicio de que de los términos del escrito inicial se desprenda que el actor decidió accionar contra las empresas Bagley Argentina SA y Arcor SA en virtud del contrato de adhesión denunciado por Distribuidora Mikro SA en oportunidad de comunicar el despido (ver fs. 13 y en particular fs.7 y 67 pto 8), lo cierto es que nada prueba en autos que el actor haya trabajado bajo la subordinación de Bagley Argentina SA y Arcor SA, ni que éstas hayan dirigido o retribuído -de algún modo- su tarea.

Por lo demás, aún cuando las mencionadas firmas fijaran las condiciones de venta y promoción y controlarar la adecuada distribución de sus productos, lo cierto es que el actor cumplía sus tareas con sujeción al poder de dirección y de organización de Distribuidora Mikro SA y era retribuído por ésta (a pesar de que ofreciera mercaderías producidas por las codemandadas Bagley Argentina SA y Arcor SA). Como es evidente, la circunstancia de que los productos Distribuidos por Distribuidora Mikro SA hayan sido producidos por Bagley Argentina SA y Arcor SA y que éstas -además- fabriquen productos para luego venderlos, no transforma al trabajador contratado por la empresa dedicada a la distribución de productos en empleado de aquéllas si su prestación no estaba sujeta al poder de organización y dirección ni se había incorporado a la estructura económica de la fabricante de alimentos (como de algún modo adujo en CD del 12/8/10 transcripta a fs. 13 vta).

No soslayo que el testigo Medina (ver fs. 129/130) declaró que “venía gente de Arcor SA a dar charlas sobre productos, precios y promosicones” y que “el actor también concurrió a Bagley y participó de las charlas mencionadas”, pero lo cierto es que dicho testigo, el único que declaró a instancias de la parte actora, dijo tener juicio pendiente contra las mismas demandadas por motivos laborales; razón por la cual, es evidente que le comprenden las generales de la ley (arg. art. 441 CPCCN) y, que existe identidad en los intereses del actor y del testigo. Obsérvese, además, que la sentencia recaída en la causa que inició el testigo se cita como sustento para viabilizar la pretendida extensión de responsabilidad contra las otras coaccionadas (ver fs.383vta/383), por lo que no es posible asegurar la objetividad de su declaración. Por lo demás, de sus dichos se desprende que la prestación del actor no estuvo sujeta al poder de organización y dirección de Bagley Argentina SA y Arcor SA pues expresamente dijo que “el encargado de depósito -Diego Chapero- era quien le daba las instrucciones y órdenes al actor, que lo saber por haberlo visto. Que el encargado mencionado era empleado de la Distribuidora Mikro SA” y que “lo sabe porque.trabajaba con él”. Agregó que “Distribuidora Mikro SA era quien le abonaba al actor su sueldo” y que lo sabe por “haber visto los recibos de Milazzotto”.

Por otra parte, la propia parte actora explicó que Distribuidora Mikro S.A. es una empresa que se dedica a la distribución de productos manufacturados alimenticios proporcionados por Bagley Argentina SA y Arcor S.A. (ver fs. 13); y lo cierto es que, como bien lo señaló la sentenciante a fs. 374, no se demostró en autos la existencia de la “carta de adhesión” invocada por la empleadora en el responde y por la cual supuestamente esas empresas le concedían la venta de sus productos en una zona determinada.

Como puede apreciarse, la actividad relativa a la distribución de mercaderías a la que obviamente se dedica Distribuidora Mikro SA, no coincide con la normal y específica propia de Bagley Argentina SA y Arcor SA pues, como lo destacó el propio actor, estas últimas tiene como actividad principal la fabricación de productos alimenticios (ver fs 13). La circunstancia de que Bagley Argentina SA y Arcor SA fabriquen productos para luego venderlos o colocarlos en el mercado (como ocurre con todas las empresas industriales), no impide observar que existe una clara diferencia entre la actividad que realiza una empresa que fabrica alimentos y la de otra que se dedica a distribuir en los comercios las productos de varios fabricantes o, incluso, los de uno sólo.Así como, por ejemplo, puede distinguirse conceptual y jurídicamente la actividad que despliega una empresa petrolera con respecto a la que realizan las empresas que explotan las estaciones de servicios, entiendo que resulta conceptual y jurídicamente distinguible la actividad de las que fabrican alimentos de aquella que corresponde a la empresa dedicada a distribuir mercaderías (sea mediante adquisición previa o bien mediante concesión). Obsérvese -además- que, según se desprende de fs. 240 las ventas efectuadas por Distribuidora Mikro SA para la cual prestó servicios el actor no se concretaban con clientes de Bagley Argentina SA y Arcor SA sino con los de Mikro SA (ver membrete obrante en los listados que lucen a fs. 241/266) y que era esta última quien efectuaba la facturación correspondiente según surge de los estados de resultados que lucen a fs. 198, 213; por lo que es evidente que la tarea desplegada por el actor sólo beneficiaba a la distribuidora-empleadora, más allá de que de ello pudiera derivarse un beneficio indirecto a las fabricantes de mercaderías como consecuencia de una mejor colocación de sus productos en el mercado.

De todos modos, aún cuando por hipótesis se dijera que la actividad de la Distribuidora Mikro SA pudiera considerarse comprendida en forma genérica en el objeto social de las restantes codemandadas (Bagley Argentina SA y Arcor SA) -lo cual, en realidad, no ha sido demostrado-, lo cierto es que tampoco se verificaría en el caso el supuesto contemplado en el art.30 de la LCT.

Sin perjuicio de que lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en las actuaciones caratuladas “Benítez, Horacio Osvaldo c/Plataforma Cero S.A. y otros s/Recurso de Hecho”, del 22/12/09, deja en una suerte de “vía muerta” a la doctrina que emana del caso “Rodríguez c/ Embotelladora”, creo pertinente señalar aquí que, a fin de admitir la solidaridad que establece el art.30 de la LCT, debe analizarse si existe correspondencia entre la actividad desplegada por la empleadora y la actividad concreta que despliega la principal; y no entre la actividad de aquélla y el objeto genérico de ésta. Dicho en otras palabras, no cabe analizar si la actividad de Distribuidora Mikro SA encuadra en el objeto institucional o estatutario de Bagley Argentina SA y Arcor SA sino si se corresponden con la actividad concreta a la cual éstas últimas empresas se dedican; y, por las razones expuestas, es evidente que una empresa que distribuye mercaderías fabricadas por terceros no desarrolla la actividad específica propia del establecimiento de otras que fabrican productos alimenticios.

De allí que -entonces-, no pueda extenderse la responsabilidad d e la empleadora a las citadas empresas, con fundamento en la norma analizada. En consecuencia, no encontrándose acreditada la existencia de supuesto alguno que autorice a establecer la responsabilidad solidaria de Bagley Argentina SA y Arcor SA respecto a las obligaciones contraídas por Distribuidora Mikro SA, corresponde desestimar la queja y confirmar lo decidido en la instancia de grado.

Se agravia la parte actora porque no se hizo lugar al incremento del art. 1 de la ley 25323.

Al respecto, señalo que, tal como lo explicó con claridad mi distinguido colega Dr. Miguel Ángel Maza en autos “Galeazzi Bailon, Laura Mariana y otro c/ Visa Argentina SA y otro s/ despido”, S.D. Nº 95.011 del 29- 5-07 y en “Martínez Carlos Alberto c/ Valet Parking SA y Otros s/ despido”, S.D. Nº 95432 del 29/11/07, -a cuyas consideraciones adherí-, el art.1 de la ley 25.323 complementa el sistema sancionatorio previsto por la 24.013 con el objeto de impedir la evasión en que incurre el empleador que no registra o registra datos falsos en perjuicio del trabajador, sancionando el trabajo clandestino, en la medida en que la falta total o parcial del registro de la relación, impide al trabajador el acceso a los beneficios sociales e irroga serios perjuicios a la obra social y al régimen tributario.

En el caso de autos, el actor no sólo fue correctamente registrado por la demandada, según surge de la pericia contable que luce a fs. 156/164, sino que, además no probó la percepción de sumas de manera marginal, como se había denunciado en el escrito inicial.

En consecuencia, y dado que no quedó acreditado incumplimiento alguno por parte de la demandada que constituya el presupuesto del sistema sancionatorio contemplado por la ley 25.323, corresponde desestimar la queja y confirmar la sentencia de grado sobre el tópico.

Se queja la parte actora porque no fue viabilizada la indemnización prevista en el art. 43 de la ley 25.345 (a la que en realidad cabe entender pues citó la ley 25.323 por error material; ver fs. 384). Sostiene que los recaudos exigidos para su viabilidad se encuentran acreditados con el intercambio telegrá fico acompañado en el escrito inicial y con la prueba pericial contable.

Cabe memorar que, la sanción incorporada por el art. 43 de la ley 25.345 (132 bis LCT) tiene por finalidad compeler al empleador que omita cumplir con la obligación de ingresar efectivamente los montos descontados del sueldo de la trabajadora, en concepto de retenciones con destino a los organismos de seguridad social, asociaciones profesionales, sociedades mutuales o cooperativas. Los requisitos para la aplicación de la norma en cuestión, son:a) la omisión total o parcial del ingreso de fondos retenidos de la remuneración del trabajador; b) que dicho incumplimiento exista al momento del egreso del trabajador -cualquiera sea la causa de la extinción del vínculo-; y c) que el trabajador haya intimado de forma previa y fehaciente a su empleador, para que cumpla con la obligación de ingresar los aportes, intereses y multas, dentro del plazo de treinta días corridos (art. 1º dec. 146/01).

A mi juicio, el reclamo del actor basado en el art. 132 bis LCT no puede tener favorable acogida, dado que, contrariamente a lo sosteni- do por el apelante, de la prueba producida en esta causa no surge evidenciado que la empleadora haya omitido ingresar a los organismos de seguridad social ni a otras entidades, importes que haya “retenido” de la remuneración del trabajador en concepto de aportes (conf. CNAT, Sala VII, 16-5-03, S.D.Nº 36.702, “Fernández, Manuel A. c/ Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Armadas”).

En efecto, la parte actora no produjo prueba de in- formes (a la AFIP) que acredite la omisión de depósito de sumas retenidas en concepto de aportes o contribuciones; y tampoco surge dicha circunstancia de la prueba pericial contable (ver fs. 161).

Por otra parte, como bien señala la sentenciante a fs 373 vta, tampoco se advierte cumplido el recaudo de la “intimación” (conf. Dto. 146/01) pues de los términos de la comunicación remitida a su empleadora (ver fs. 7, rec. a fs. 67 pto 8) no se desprende requerimiento alguno al respecto.

En consecuencia, dado que no se advierten cumplidos los recaudos que permitirían viabilizar la indemnización prevista en el art. 132 bis de la LCT resulta evidente que la pretensión basada en la supuesta omisión de depositar de sumas retenidas en concepto de aportes y contribuciones no puede prosperar (art. 499 Código Civil) por lo que cabe confirmar la sentencia sobre el punto.

El agravio que gira en torno a la desestimación de la indemnización del art.80 LCT no puede tener favorable acogida.

Ello así porque, tal como surge del propio texto del art. 80 LCT y del art. 3 del Dto. 146/01, la procedencia de la indemnización que establece la norma está condicionada a que el/la trabajador/a efectivice un concreto y formal requerimiento que, de no ser satisfecho dentro de los dos días subsiguientes, da origen al resarcimiento en cuestión.

En el caso de autos, el recurrente no aporta argumento alguno tendiente a rebatir la conclusión de la magistrado de grado según la cual no se han cumplimentado los extremos previstos por el decreto 146/01 y, en tal inteligencia, es evidente que el segmento recursivo no puede prosperar. Obsérvese que, si bien en el memorial de agravios dice haber cumplido tal requisito, lo cierto es que no especifica cuál habría sido el medio utilizado para concretar la requisitoria y que, de los despachos telegráficos que adjuntó a fs. 6/10, no surge que hasya intimado a la empleadora la entrega del certificado después de transcurridos los 30 días desde la extinción del vínculo, por lo que resulta evidente que no cumplió con la exigencia contenida en el citado art.3 del dec.146/01 como condicionante de la sanción contemplada en el art. 80 LCT, conforme la modificación que introdujo esta norma el art. 45 de la ley 25.345 (conf. CNAT, Sala X, 27-6-02, “Milessi, Juan c/ TEB SRL y otros”; Sala VII, 16-5-03, S.D.Nº 36.702, “Fernández, Manuel A. c/ Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Armadas”).

Por otra parte, el recurrente no planteó ante esta Alzada la incidencia que pudo haber tenido el reclamo efectuado en sede administrativa, por lo que esto último constituye una materia ajena al objeto del recurso sobre la cual no corresponde se expida este Tribunal.Por todo ello, y en el estricto marco en que fue deducido el agravio, corresponde confirmar este aspecto del decisorio.

Se queja la parte actora porque no se hizo lugar a la totalidad de lo reclamado por el rubro integración mes de despido con la incidencia del SAC.

A mi juicio, le asiste razón en este segmento del recurso. Ello así por cuanto la empleadora dispuso el despido a partir del 1/8/10, por lo que, de estar a la remuneración que surge de la pericial contable y que fue tenida en cuenta por la sentenciante a fs. 373 vta ($ 2.713,96), resulta evidente que el rubro en cuestión debió proceder por la suma de $ 2.845,27 y no de $ 98,01 como fue consig- nado en la sentencia. En ese contexto, cabe modificar la condena por tal rubro por la suma de $ 2.845,27 en lugar de $ 98,01.

A esta altura del análisis, creo necesario señalar que a fs. 406 se desestimó el recurso deducido por la demandada Distribuidora Mikro SA en virtud de lo establecido por el art. 106 LO y que dicha decisión no fue objeto de cuestionamiento alguno, por lo que llega firme a esta Alzada.

En virtud de todo lo hasta aquí expresado, y de conformidad con los rubros que llegan firmes, los que se propicia confirmar y la modificación propuesta, entiendo se debe elevar el monto diferido a condena a la suma de $ 12.828,91 ($ 10.081,65 – $ 98,01 + $ 2.845,27), suma ésta que deberá ser abona- da en el plazo y con los intereses fijados en la instancia de grado que llegan a esta ins- tancia exentos de crítica.

Como consecuencia de la modificación propugnada, corresponde dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios, adecuándolos al actual resultado del litigio (conf. art.279 CPCCN), por lo que la apelación de la parte actora sobre costas ha devenido abstracta.

En orden a ello y en función de dicho resultado, de acuerdo con el principio general que emana del art.68 del CPCCN, estimo que las costas de ambas instancias deben quedar a cargo de la codemandada Distribuidora Mikro SA, por haber sido vencida en los aspectos principales de la controversia; con excepción de las generadas por las acciones entabladas contra las codemandadas Bagley Argentina SA y Arcor SA que deben ser impuestas en el orden causado, pues la parte actora -razonablemente- pudo haberse considerado asistida de mejor derecho (art. 68, 2do. párrafo CPCCN).

En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que actuaron en estos autos y al nuevo resultado del pleito que he dejado propuesto, de acuerdo con las pautas que emergen del art.6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la L.O. y del dec.16.638/57, estimo que, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 15%; los de la representación y patrocinio de la codemandada Distribuidora Mikro SA en el 11%, los de la representación y patrocinio letrado de la codemandada Bagley Argentina SA en el 14 % y los de la representación y patrocinio letrado de la codemandada Arcor SA en el 14 % y los de la perito contadora en el 6%, porcentajes éstos que, en la oportunidad prevista en el art.132 de la LO, deben aplicarse sobre el monto total de condena -capital e intereses-.

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art.14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia, corresponde regular a la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 25%, a la representación y patrocinio letrado de la codemandada Bagley Argentina SA en el 12,5% y a la r epresentación y patrocinio letrado de la codemandada Arcor SA en el 12,5% de la suma que, a cada una de ellas, les corresponda percibir por lo actuado en la instancia anterior.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Ángel Pirolo, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la sentencia y elevar el monto diferido a condena a la suma de $ 12.828,91, el que deberá ser abonado por la demandada en el plazo y con los intereses fijados en la instancia de grado; 2) Confirmar el rechazo de la demandada deducida contra Bagley Argentina SA y Arcor SA; 3)Dejar sin efecto la forma en que fueran impuestas las costas y las regulaciones de honorarios y proceder a su determinación en forma originaria.4) Imponer las costas de ambas instancias, a cargo de la codemandada Distribuidora Mikro SA; con excepción de las generadas por las acciones entabladas contra las codemandadas Bagley Argentina SA y Arcor SA que deben ser impuestas en el orden causado; 6) Regular los honorarios, por las tareas desarrolladas en primera instancia, de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 15%; los de la representación y patrocinio de la codemandada Distribuidora Mikro SA en el 11%, los de la representación y patrocinio letrado de la codemandada Bagley Argentina SA en el 14 % y los de la representación y patrocinio letrado de la codemandada Arcor SA en el 14 % y los de la perito contadora en el 6%, porcentajes éstos que, en la oportunidad prevista en el art.132 de la LO, deben aplicarse sobre el monto total de condena -capital e intereses-; 7) Regular, por las tareas de Alzada, los honorarios de la de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 25%, de la representación y patrocinio letrado de la codemandada Bagley Argentina SA en el 12,5% y de la representación y patrocinio letrado de la codemandada Arcor SA en el 12,5% de las sumas que, a cada una de ellas, les corresponda percibir por lo actuado en la instancia anterior; 8) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1º de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Maza

Juez de Cámara

Miguel Ángel Pirolo

Juez de Cámara

 

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