El principio solve et repete no vulnera los derechos de igualdad y de acceso a la jurisdicción

leyes (2)Partes: Manresa Amalia J. en J° 1912 Manresa Amalia en J° 22.07.01 1650 c/ Gbno. de Mendoza s/ rec. directo (At. 50, Ley 4974) S/ inc. cas

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza

Sala/Juzgado: Segunda

Fecha: 15-abr-2014

Cita: MJ-JU-M-85707-AR | MJJ85707

Se juzga constitucional el principio solve et repete en tanto no vulnera los derechos de igualdad y de acceso a la jurisdicción.

Sumario:

1.-El principio solve et repete es constitucional, y sólo en situaciones excepcionales que surgen del análisis de las circunstancias de cada caso concreto puede no aplicarse, como cuando se ha acreditado que la exigencia de previo pago significa un verdadero impedimento para deducir una acción o un recurso judicial ha hecho excepción de tal principio.

2.-Las situaciones excepcionales para omitir la aplicación del principio solve et repete son dos: aquellos casos en que el quantum del tributo viene a resultar un verdadero obstáculo para acceder a la jurisdicción, y cuando se impugna la legitimidad misma de la existencia del tributo, en cuanto en tal caso constituye objeto del proceso el propio tributo.

3.-En virtud de la operatividad directa del derecho a la jurisdicción estatuido en el art. 8 inc. 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se ha morigerado el requerimiento del pago previo de las obligaciones fiscales en ciertos supuestos excepcionales, mas no se ha dejado de aplicar el instituto, ni siquiera en aquellas acciones procesales administrativas donde se traía como fundamento la inconstitucionalidad del tributo exigido.

Fallo:

En la Ciudad de Mendoza, a quince días del mes de abril de dos mil catorce, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordi-nario, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva en la causa N° 100.957 caratulada: «MANRESA AMALIA J. EN J° 1912 «MANRESA AMALIA EN j° 22.07.01 1650 C/ GBNO. DE MENDOZA P/ REC. DIRECTO (AT. 50, LEY 4974) S/ INC. CAS.»

De conformidad con lo establecido en los arts. 140 y 141 del C.P.C. y Acordada N° 5845, quedó establecido el siguiente orden de votación de la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero Dr. HERMAN AMILTON SALVINI, segundo Dr. CARLOS BÖHM y tercero Dr. JORGE H. NANCLARES.

A N T E C E D E N T E S:

A fs.5/20 la Sra. AMALIA JUANA MANRESA interpone recursos extraordi-narios de inconstitucionalidad y casación contra la sentencia dictada a fs. 38/39 vta. de los autos nro. 1912 caratulados: «MANRESA AMALIA EN J° 1650 C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ REC. DIRECTO» originarios de la Excma. Cámara Séptima del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial.

A fs. 29 se admitió formalmente el remedio deducido, ordenándose correr trasla-do del mismo a la contraria.

A fs. 40/45 vta. contestó el traslado la parte recurrida solicitando su rechazo con costas.

A fs. 70/71 vta. corre agregado el dictamen del Sr. Procurador General, quien por las razones que expuso aconsejó el rechazo del recurso de inconstitucionalidad.

A fs. 84 se llamó al acuerdo para sentencia y se efectuó sorteo en el que quedó fijado el orden definitivo para el estudio de la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido por el art. 160 de la Constitución de la Pro-vincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

P R I M E R A: ¿Es procedente el recurso interpuesto?

S E G U N D A:En su caso, ¿qué solución corresponde?

T E R C E R A: Pronunciamiento sobre costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL DR. SALVINI, dijo:

I- La sentencia de la Cámara del Trabajo declaró inadmisible el recurso in-directo planteado por la Sra. Amalia Manresa contra las Resoluciones nros. 3112/09 y 6504/09 ambas dictadas por la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social (en adelante SSTySS) por las que se la condenó al pago de una multa de $ 15.000 por transgredir lo dispuesto por el art. 4 inc. e) de la ley 25.212.

Para así decidir sostuvo:

1. La multa aplicada respondió a la circunstancia de que los inspectores ac-tuantes verificaron la existencia de menores trabajando.

2. La actora -ahora, recurrente- no dio cumplimiento a la consignación de la mul-ta impuesta y planteó la inconstitucionalidad del principio solve et repete.

3. Que se la accionante se limitó a invocar una delicada situación patrimonial por la que atravesaba que le impedía cumplir con la consignación de la multa impuesta, sin acreditar la misma.

4. La actora no acreditó el agravio constitucional en concreto.

II- Contra dicha resolución la actora interpone recursos extraordinarios de in-constitucionalidad y casación.

1. Funda el recurso de inconstitucionalidad en el art. 150 inc. 3 y 4 del C.P.Civil.

Señala los siguientes agravios:

a) Contradicciones en el pronunciamiento recurrido. El tribunal sostiene que la prueba tendiente a acreditar la imposibilidad de pagar se refiere a las pérdidas en la pro-ducción sufridas en el año 2009, cuando la multa fue aplicada en el año 2008. Sin em-bargo -sostiene- omite el tribunal analizar que la sanción, aplicada el año anterior, se efectivizó en el 2009.

b) Que el art. 49 de la ley 4974 en cuanto establece el requisito del pago previo impide el acceso a la justicia para que sea revisada la actividad policial de la Subsecreta-ría de Trabajo. Además el monto impuesto, resulta arbitrario y excesivo.c) Se ha afectado el derecho de defensa y acceso a la justicia, garantizado por el art. 18 de la Constitución Nacional y el art. 8 párr. 1 del pacto de San José de Costa Rica.

Señala que la arbitrariedad del pronunciamiento se encuentra en que el tribunal desconoció la real fecha de cobro de la multa, año 2009, fecha en la cual la actora se encontraba en una situación de crisis patrimonial imposibilitándola de pagar la multa y por ello solicita, la declaración de inconstitucionalidad del principio solve et repete.

2. El recurso de casación lo funda en el art. 159 y art. 161 del C.P.Civil.

Sostiene que se dejaron de aplicar las siguientes normas: art. 148 de la Constitu-ción de Mendoza, arts. 18, 31 y 75 inc. 22 y 160 de la CN y arts. 8 y 25 de la Conven-ción Americana sobre Derechos Humanos. Que todas estas normas tienen jerarquía superior a los arts. 47, 48 y 49 de la ley 4974.

III- Anticipo que, en coincidencia con lo dictaminado por el Sr. Procurador General, los recursos intentados no prosperarán.

En el caso, efectuaré el tratamiento conjunto de ambos recursos lo que se encuentra justificado por la identidad y conexidad que guardan entre sí (LS 320-217, 349-39, 347-193, 347-209, 345-154, 347-197, 401-75, y 407-98, entre otros).

1. Vuelve otra vez, a esta Corte el tema del cuestionamiento constitucional del llamado principio solve et repete, que ha sido motivo de estudio y decisión por parte de este tribunal en numerosos precedentes (LA 124-114; 147-107, y especialmente 135-227).

a) Al respecto, resulta oportuno memorar que la Corte Nacional ha reiterado en su constante jurisprudencia que la aplicación de tal principio no es contraria a los dere-chos de igualdad y defensa en juicio garantizados por el art. 18 de la Constitución Na-cional ( Fallos:328:2938; 329:2162; entre muchos otros).

Sin embargo, el Supremo Tribunal reconoció supuestos de excepción en base al análisis de situaciones patrimoniales concretas de los particulares a fin de evitar que ese previo pago se traduzca, a causa de la falta comprobada de los medios pertinentes para enfrentar la erogación en un real menoscabo del derecho de defensa en juicio (Fallos 322: 1284; 325:511; 329:2162 y en fallo más reciente in re: «Servicios Médicos SA c/ Provincia de Córdoba, S.C. S. nº 404, L.XLV, 04/08/2012).

b) Esta Corte en consonancia con lo sentado por el Máximo Tribunal ha de-clarado la constitucionalidad del principio solve et repete y sólo en situaciones excep-cionales que surgen del análisis de las circunstancias de cada caso concreto cuando se ha acreditado que la exigencia de previo pago significa un verdadero impedimento para deducir una acción o un recurso judicial ha hecho excepción de tal principio (LA 135-227, siendo éste uno de los primeros precedentes en tal sentido). Idéntica postura ha sentado este Tribunal respecto al monto excepcional del tributo y a la necesidad de acre-ditar cual es la desproporcionalidad de la exigencia entre otras cuestiones (LA 135-227).

Las situaciones excepcionales señaladas son dos: 1) supuestos de montos ex-cepcionales esto es, aquellos casos en que el quantum del tributo viene a resultar un ver-dadero obstáculo para acceder a la jurisdicción y, 2) cuando se impugna la legitimidad misma de la existencia del tributo en cuanto en tal caso, constituye objeto del proceso el propio tributo.( LS 448-010 «Empresa El Rápido»; 21/12/2012, y LS 418-065 «Products Service», 30/09/2010).

2. Con relación al agravio referido a la afectación del derecho al acceso a la jus-ticia, señalado por la recurrente, con referencia a los instrumentos internacionales, esta Corte ha dicho que «la incorporación del derecho a la juris-dicción estatuido en el art. 8 inc.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) no importa innovación en el campo constitucional, ni altera la doctrina de la Corte Suprema respecto a la constitucionalidad de la obligación de pago previo como requisito de admisibilidad. Nuestro máximo Tribunal ha ido atenuando la exigencia solamente frente a situaciones excepcionales, postura que lógicamente se ha mantenido tras la vi-gencia del Pacto (ver citas en LA 135-227).(También, in re «Ramón Peña»; 05/11/20012, Sala I, LA 280-11) .

También se ha señalado que, en virtud de la operatividad directa del dere-cho a la jurisdicción estatuido en el art. 8 inc. 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), este Tribunal ha morigerado el requeri-miento del pago previo de las obligaciones fiscales en ciertos supuestos excepcionales mas no ha dejado de aplicar el instituto, ni siquiera en aquellas acciones procesales ad-ministrativas donde se traía como fundamento la inconstitucionalidad del tributo exigido (LA 250-105; 262-58; 262-235; 264-116, 278-131, entre otros). Expte.: 106391 – Ra-món Peña, LA 280-11).

Destaco que la doctrina judicial que surge de los fallos señalados ha sido fijada por esta Sala precisamente en casos referidos a multas aplicadas por la SSTySS ( LS. 418-65, in re: «Products Service SA»; LS 359-31 in re: «Siembra»; LS 410-174 in re: «Urrutigoity» y LS 410-470, in re: «Entre Ríos SRL»).

3. Aplicando al caso los precedentes señalados se evidencia que la actora no ha logrado acreditar que se encuentra en una situación de excepcionalidad frente a la regla solve et repete, según surge de las circunstancias del expediente administrativo y éste es el fundamento que sostiene la Cámara del Trabajo.En efecto, aún cuando como expresa la recurrente, la multa del año 2008 se pre-tendió cobrar en el año 2009 y ese año habría padecido una crítica situación patrimonial, tal circunstancia no pasa de ser una alegación sin prueba que la apoye.

La Corte Federal ha dicho que se debe acreditar «en concreto» que la suma re-sulta excesiva y compromete patrimonialmente a la empresa de forma tal que cumplir con este recaudo implica la vulneración del derecho de defensa (in re: «Centro de Dia-gnóstico de Virus SRL c. AFIP», LL 2006-A, 440).

Sólo como ejemplo destaco que en el caso «Servicios Médicos SA» se cues-tionaba una determinación tributaria cuyo monto ascend ía a marzo de 2005 a $ 2.416.303,87.

En el caso de «Sanatorio Otamendi» se dijo que el depósito era de tal magnitud que ni siquiera vendiendo el edifico en el que se ubicaba su sede sería posible efectuar el pago, según se adujo (DT 1996-A, 319).

4. Otros argumentos, tales como que la multa fue impuesta injustamente porque los menores que se encontraban en el inmueble sólo estaban acompañando a sus padres y no trabajando, no merecen atención en razón de su ausencia total de prueba.

Por ello, y si mi voto es compartido por mis distinguidos colegas de Sala, ambos recursos deben ser rechazados.

ASÍ VOTO.

Sobre la misma cuestión los Dres. BÖHM y NANCLARES adhieren por sus fundamentos, al voto que antecede.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION EL DR. SALVINI, dijo:

IV. Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, puesto que se ha planteado para el eventual caso de resolverse afirmativa la cuestión anterior.

ASÍ VOTO.

Sobre la misma cuestión los Dres. BÖHM y NANCLARES adhieren al voto que antecede.

SOBRE LA TERCERA CUESTION EL DR. SALVINI, dijo:

V. Atento a lo decidido en la Segunda Cuestión, las costas deben imponerse a la recurrente vencida, en virtud del principio chiovendano de la derrota (arts. 36 ap. I y 148 del C.P.C.).

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión los Dres. BÖHM y NANCLARES adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continua-ción se inserta:

S E N T E N C I A:

Mendoza, 15 de abril de 2014.

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva,

R E S U E L V E:

1°) Rechazar los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la Sra. AMALIA JUANA MANRESA, a fs. 5/20.

2º) Imponer las costas a la recurrente vencida. (arts. 36 ap. I y 148 del C.P.C.).

3º) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.

NOTIFÍQUESE.

Herman Amilton Salvini

Carlos Böhm

Mario Daniel Adaro

 

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