fbpx

Ordenan desconectar portero eléctrico de edificio por seguridad, incluyendo el del profesional que se opuso

Como-instalar-un-portero-eléctricoPartes: Demaro Juan Carlos c/ Consorcio de Propietarios Salguero 692 s/ interdicto

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 11-feb-2014

Cita: MJ-JU-M-85321-AR | MJJ85321 | MJJ85321

Ordenan la desconexión del portero eléctrico de un edificio para evitar situaciones de inseguridad conforme lo decidido en asamblea, incluyendo el del profesional que solicitó una medida de no innovar para suspender lo dispuesto.

Sumario:

1.-Corresponde revocar el decisorio que decretó como medida de no innovar la suspensión de la desconexión del portero eléctrico en lo que hace al departamento del accionante hasta tanto se dicte sentencia firme, con fundamento en que ello no resulta ajustado a una visión social actual de los problemas de inseguridad, por lo que la carga mancomunada que ocasiona dejar sin efecto la funcionabilidad del portero eléctrico preserva en alguna medida la seguridad de todos los copropietarios.

2.-Si bien la desconexión del portero eléctrico de un edificio, decidida por el consorcio en asamblea, genera incomodidades no sólo al actor en su labor profesional sino también al resto de los consorcistas y la medida en cuestión obliga a los moradores de las unidades funcionales a trasladarse a la puerta del edificio para permitir tanto la entrada como la salida de quienes carecen de llaves, dichas incomodidades no alcanzan para justificar el acogimiento de la pretensión perseguida por la vía de la cautelar de obtener la suspensión, atento a las razones de seguridad que son de público conocimiento.

Fallo:

Buenos Aires, 11 de febrero de 2014.

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Vienen las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 105/6 contra lo decidido a fs. 103, que decreta como medida de no innovar la suspensión de la desconexión del portero eléctrico en lo que hace al departamento del accionante hasta tanto recaiga en autos sentencia firme.

II. La apelante expresa en sus agravios que la desconexión del portero eléctrico a todas y cada una de las unidades funcionales que integran el consorcio fue fruto de una resolución adoptada en asamblea, a la cual se la debe considerar válida en todas sus partes por cuanto el actor no planeó la nulidad de la misma (fs. 105/vta.).

Asimismo, arguye que no existe ningún peligro en mantener la situación de hecho (desconexión del sistema de portero eléctrico) ya que ello no influye en el dictado de la sentencia y menos aún en la posibilidad de hacer imposible su ejecución o eficacia (fs. 105 vta.).

III. En primer lugar es oportuno señalar que la pretensión del actor en el presente proceso es que se condene al consorcio demandado a realizar lo necesario para el libre acceso de sus clientes en los días de atención profesional. Expresa el accionante que se ve turbado en sus derechos habida cuenta que la administración resolvió desactivar el portero eléctrico y, consecuentemente, no pudiendo ingresar nadie al edificio de accionarse el mecanismo desde su inmueble.

Descripto brevemente el escenario de la presente litis, en cuanto concierne a la cuestión principal que será motivo de juzgamiento en su oportunidad, no deviene ocioso recordar que el punto de partida del examen de la factibilidad del decreto de medida pretendida se vincula, sin duda, con el severo y restrictivo criterio que debe privar al apreciar los mismos elementos de convicción que ha ponderado el sentenciante de grado para decidir como lo hizo (art. 277 Cód.Procesal).

En un primer acercamiento al tema en estudio, es menester destacar que, incluso cuando la cuestión que nos convoca requiere un ejercicio de apreciación, pormenorizado y profundo, de los presupuestos que integran las cautelares todas, a efectos de evitar la fractura de los principios que informan la materia cautelar, no puede perderse de vista que el ordenamiento procesal permite el dictado de medidas con carácter precautorio cuando la preservación de la situación de hecho existente es requerida como el medio adecuado, oportuno y eficaz para el ejercicio de la tutela jurisdiccional.

Es en razón de ello que el legislador ha previsto mayor ductilidad en las normas contenidas en el Capítulo III del Código Procesal, al flexibilizar, considerablemente, el campo cautelar y permitir la adopción de medidas urgentes o distintas de las reguladas en dicho ordenamiento cuando, frente a las particulares situaciones de hecho que presente la causa, fuesen más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia.

Nótese que es de la esencia de los institutos procesales de orden excepcional como la medida bajo análisis, enfocar sus proyecciones mientras dura el litigio sobre el fondo mismo de la controversia, para impedir que un acto se lleve a cabo, pues tales medidas precautorias se encuentran enderezadas a evitar la producción de los perjuicios que se podrían operar en caso de inactividad del magistrado y podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva.

En igual sentido, la prohibición de innovar se endereza a preservar el «status quo» de una situación de hecho o de derecho existente en un momento procesal determinado a fin de evitar que su alteración durante la sustanciación del litigio ocasione los perjuicios que la sentencia de fondo aspira a corregir.Como ya lo consideraran la doctrina y la praxis judicial, esta medida precautoria se trata de una vía de excepción llevada a proteger los intereses de los particulares cuando la cautela no pudiere obtenerse por otras medidas de resguardo (ver Alsina, Hugo, «Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal.», 2da. Ed., t.V, p.527, n°37; íd. Podetti, J. Ramiro, «Tratado de las Medidas Cautelares», p.294, n°113).

Así, a más de los tres presupuestos clásicos que toda medida cautelar requiere -fumus boni iuris, periculum in mora y contracautela-, la ley adjetiva contempla para la procedencia de prohibición de innovar la concurrencia de este cuarto requisito (inc. 3°, art. 230, Cód. Procesal). Es decir, procede en aquellos supuestos en que, justificada «prima facie» la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, cuando constituye el único camino viable a fin de asegurar la existencia del fin u objeto perseguido.

No obstante lo antes indicado, cabe señalar que el análisis de la cautelar cuya revocación se persigue debe forjarse dentro del marco propio de las incomodidades diarias que produce a los consorcistas en general y al actor en particular, como así también en función de la asunción de riesgos que la medida pudiere ocasionar.

En efecto, por lo pronto, resulta claro que la desconexión del portero eléctrico genera incomodidades no sólo al actor sino también al resto de los consorcistas y que la medida en cuestión obliga a los moradores de las unidades funcionales a trasladarse a la puerta del edificio para permitir tanto la entrada como la salida de quienes carecen de llaves, situación que dificulta la labor profesional del actor. No es dudoso, pues, que la modificación del sistema de ingreso y egreso decidida por el consorcio afecte de manera especial al actor, pero por cierto que dichas incomodidades no alcanzan para justificar el acogimiento de la pretensión perseguida por la vía de la cautelar atento a las razones de seguridad que son de público conocimiento.En suma, estimamos que la medida en cuestión no resulta ajustada a una visión social actual de los problemas del ahora, por lo que la carga mancomunada que ocasiona dejar sin efecto la funcionabilidad del portero eléctrico preserva en alguna medida la seguridad de todos los copropietarios.

Por lo expuesto, sin que ello importe anticipar decisión respecto de la cuestión de fondo o reconocer la eventual validez de los elementos traídos para fundar la medida de resguardo, el Tribunal RESUELVE: revocar el decisorio de fs. 103, con imposición de las costas de alzada a la actora vencida (arts. 68 y 69 del Código Procesal).

Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y, oportunamente, devuélvase haciéndose saber que en primera instancia deberá notificarse la recepción de las actuaciones y el presente fallo en forma conjunta.

Fdo.

Marta del Rosario Mattera.

Zulema Wilde.

Beatriz A. Verón.

Es copia fiel de su original que obra en el expediente a fs. 129/130 vta. Conste.

 

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: