No hay responsabilidad bancaria al tomar todos los recaudos necesarios para la apertura de una cuenta corriente con identidad falsa

TarjetaPartes: Balbona Karina M. c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires y otros s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: D

Fecha: 21-feb-2014

Cita: MJ-JU-M-85454-AR | MJJ85454 | MJJ85454

No cabe responsabilidad a la entidad bancaria demandada al cumplir con los recaudos necesarios a efectos de comprobar la veracidad de los datos suministrados por quien solicitó la apertura de una cuenta corriente a nombre del actor fraguando su identidad.

Sumario:

1.-Es al banco demandado a quien le corresponde invocar y probar cualquier eximente de la responsabilidad que se le atribuye por la apertura ilegítima de una cuenta corriente, para lo cual no bastaba el solo hecho de haber sido falseada la identidad por quien pidió la apertura, sino que se requería además demostrar que el eventual daño de la conducta ilícita de un tercero no fue consecuencia -cuanto menos mediata- de una negligencia u omisión suya en verificar los datos de quien formuló tal solicitud.

2.-La apertura de una corriente bancaria está subordinada al cumplimiento de la reglamentación emitida por el Banco Central de la República Argentina, poniéndose en manos de las entidades financieras la decisión de aceptar o rechazar una solicitud de acuerdo con determinados parámetros que el propio banco debe disponer y materializar en un manual de procedimientos. Así lo hizo saber el B.C.R.A. al disponer que Los bancos explicitarán en un manual de procedimientos las condiciones que observarán para la apertura, funcionamiento y cierre de las cuentas corrientes, las que deberán basarse en criterios objetivos. (Sección titulada Funcionamiento , punto 1.1. de la Comunicación A 3827 – vigencia 2.12.02-;).

3.-El D.N.I. emitido por el Estado Nacional constituye la prueba por excelencia de la identidad de una persona. Por lo tanto, no cabe duda que es requerible -por parte de quien debe constatarlo (o por sus dependientes)- una actuación diligente en cuanto a la imagen y firma de quien presenta el instrumento, sobre todo cuando el tipo de fraude que se trata de evitar no es un hecho imprevisible, improbable o aislado.

4.-Debe apreciarse como cumplida por parte del banco su deber específico de obrar con la mayor prudencia para, en la medida de lo posible, comprobar la veracidad de los datos y documentos presentados al momento de requerirse la apertura de una cuenta corriente; aún destacando que tal proceder no es valorable con los mismos parámetros que para el común de la gente dado que su actividad profesional lo obliga a ajustarse a un standard de responsabilidad agravada (CCiv. 902 ). Es por esta razón que, incluso, en el contrato de apertura se hace necesario exigir la mayor estrictez, no solo en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos sino también en cuanto a la comprobación de su veracidad.

5.-Los requerimientos previstos legalmente para la apertura de una cuenta corriente bancaria no son un mero trámite solicitado al eventual futuro cliente, sino que demandan también una activa participación y diligencia por parte del banco en la corroboración de los datos brindados y su concordancia con la realidad, por razones de interés general en la sanidad del sistema financiero donde el B.C.R.A. ejerce el poder de policía administrativo. En consecuencia, no basta que aquella actúe reglamentariamente sino que también es necesario que aplique esa reglamentación racional y adecuadamente y no como un mero formulismo o trámite burocrático.

6.-Si bien no es razonable que el banco realice una exhaustiva investigación de los documentos de identidad para establecer los antecedentes personales del cliente, sí le son exigibles las indagaciones necesarias para averiguar tal identidad y la calidad moral del requirente; demostración ésta última que juzgo fehaciente en este proceso, donde el demandado -repito- acreditó haber cumplido con todos los recaudos necesarios y adecuados para verificar los datos de quien solicitó la apertura de la cuenta corriente, no resultándole entonces atribuible responsabilidad por su accionar, que en modo alguno puede calificarse como antijurídico o negligente. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a 21 de febrero de 2014, se reúnen los Señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa “BALBONA KARINA M. y otro contra BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y otros sobre ordinario”, registro n° 41.357/2006, procedente del JUZGADO N° 25 del fuero (SECRETARIA N° 50), donde está identificada como expediente N° 049.835, en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden, Doctores: Dieuzeide, Heredia, Vassallo.

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara, Doctor Dieuzeide dijo:

1. – Que corresponde conocer en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en fs. 827 contra la sentencia dictada en fs. 802/818 que rechazó totalmente la demanda promovida por Karina M. Balbona y Luis M. Cepeda. Los agravios de los reclamantes fueron expresados en fs. 892/894 y contestados por el codemandado Banco de la Provincia de Buenos Aires en fs. 902/905. Los antecedentes del proceso fueron adecuadamente reseñados en la sentencia de la primera instancia, no obstante lo cual es oportuno tener presente que el objeto mediato de la pretensión de los actores era el de obtener la reparación de los daños y perjuicios que, justipreciados en la suma de $ 31.021,40, consideraron derivados de la “indebida” e “ilegal” apertura de una cuenta corriente a nombre de Cepeda por parte del banco, y de los juicios ejecutivos iniciados y proseguidos por los codemandados Pombo y Díaz pese al “conocimiento” que habrían tenido sobre la invocada irregularidad (fs. 54 v. y fs. 62/62 v.); con más intereses y costas.

a) El señor juez “a quo” fundó sustancialmente su decisión en las siguientes consideraciones:I) Liminarmente abordó la defensa de prescripción opuesta por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuyo tratamiento fue diferido para el dictado de la sentencia. Sostuvo que para el cómputo del plazo bienal que rige en materia extracontractual, el excepcionante partió del 16.6.04 -fecha en la que el coactor Cepeda le remitió la carta referenciada a fs. 55/55 v.-, señalando que el 3.4.06 se suspendió el curso de aquella en virtud de los trámites de mediación, el cual se reanudó el 5.6.06, por lo que al sortearse la demanda (31.8.06) habían transcurrido dos años y quince días. Con base en las previsiones del c.c. 3982 bis, el sentenciante indicó que del informe de fs. 799 surgió que Cepeda promovió acción penal por defraudación (causa nro. 35.180/04 con trámite ante el Juzgado de Instrucción 13 -secretaría 140-, actualmente acumulada a la nro. 724/05 caratulada “Henrique, David E. s/ falsificación de documento” radicada ante el Juzgado Correccional 5 – secretaría 9-), concluyendo en que la promoción de aquella operó como causal de suspensión de la prescripción de la acción civil en tanto la actuación desplegada en sede penal demostró la intención de aquel de mantener viva su pretensión resarcitoria -más allá de que se haya presentado como querellante o simplemente como denunciante (citó doctrina judicial)-. Desestimó, en consecuencia, la defensa opuesta.

II) Señaló que -atento el modo en que quedó trabada la litis- la solución del caso se circunscribió a determinar si asistía derecho a los actores al resarcimiento de los daños y perjuicios que invocaron o si, por el contrario, correspondía atender los argumentos de los defendidos. No obstante aclaró, con igual sentido liminar, que si bien en la causa penal aún no se había dictado sentencia, no se configuraba en el caso la prejudicialidad prevista por el c.c.1101 -tampoco alegada por las partes-, dado que el pronunciamiento penal no ejercería influencia sobre las cuestiones aquí involucradas atento la inexistencia de identidad de objeto entre ambas actuaciones (citó doctrina judicial). Explicó que no es lo mismo la responsabilidad penal de los procesados que la civil de la entidad bancaria por el eventual incumplimiento de sus obligaciones, debiéndose aquí analizar si se dieron los presupuestos para atribuir responsabilidad a los demandados por los daños alegados por sus contrarios y -en su caso- cuantificarlos; mientras que – frente a la comisión de un delito- se buscará en la causa penal la condena para su autor. Reforzó tal consideración con las resultas del informe elevado por la Prosecretaria Administrativa (fs. 799) del que se desprendió que en aquella causa no existían denuncias contra empleados del banco demandado y las investigaciones realizadas tampoco se dirigían hacia ellos. Continuó diciendo que, bajo el argumento de la “prejudicialidad”, debe evitarse además que los interesados en el juicio civil se vean perjudicados por una desmedida tardanza en la obtención de la sentencia, destacando que la causa penal aquí involucrada fue promovida hace más de 10 años y aún se encuentra en pleno trámite. Finalmente, con tal sustento y considerando la información recabada en el mencionado informe y las demás pruebas producidas en el proceso, juzgó reunidos los elementos necesarios para dictar pronunciamiento.

III) Luego de referir el alcance y la finalidad de las previsiones del c.p.c. 377 y de destacar el marco de su función jurisdiccional con relación al tratamiento de las pruebas rendidas y argumentaciones ensayadas (con cita de doctrina de autor y judicial), se avocó al análisis particular de la situación de cada uno de los demandados. a) En cuanto al Banco de la Provincia de Buenos Aires, señaló que es indiscutido que la apertura de la cuenta corriente nro.4019­16028/3 -en la sucursal Suipacha de dicha entidad bancaria- no lo fue a requerimiento del actor sino de un tercero, quien la obtuvo a partir de la utilización fraudulenta de documentación perteneciente a Cepeda; y que si bien aquella tuvo lugar merced a la actuación del codemandado, no hubo en su accionar dolo o culpa que lo convirtiera en responsable de los daños invocados en la demanda. Refirió el sentenciante que de la documental agregada -a requerimiento de los reclamantes- por el propio banco en fs. 302/46 y de las inobservadas e inimpugnadas contestaciones de oficios de fs. 479/535 y fs. 538, surgen los requisitos que debió considerar aquel al momento de decidir el otorgamiento de la cuenta corriente; y que los elementos copiados en fs. 101/14 acreditaron que el codemandado cumplió con los recaudos que para las personas físicas exigía la reglamentación bancaria vigente y con los incluidos en su propio “Manual Operativo”. Argumentó que no se demostró que el documento apócrifo utilizado por el tercero presentara a simple vista signos de adulteración, lo que hubiera permitido a cualquiera que actuara con una mínima diligencia advertir anormalidad en la solicitud de apertura; y que aunque la inobservada pericia caligráfica reveló que “no surge la intervención del puño y letra del Sr. Cepeda Luis Marcos en la confección de las firmas que suscriben la documentación de fs. 101 vta., fs. 102 vta., fs. 103 vta. y fs. 114” (fs. 697 v.), aquella también refirió que “se observaron semejanzas entre las firmas dubitadas de fs. 101 vta., fs. 102 vta., fs. 103 vta. y fs. 114” (fs. 697).

Ponderó, sobre tal base, que aún extremando los cuidados habría sido difícil que el empleado bancario pudiera advertir la falsedad de la firma, pues frente a la semejanza de las rúbricas estampadas en la documentación solicitada por el banco (fs. 101 y fs. 102) y la que surgía del D.N.I.presentado, su cotejo no habría alcanzado a tales fines; y agregó que si bien es esperable una investigación razonable para establecer los antecedentes personales del pretenso cuentacorrentista, no es exigible una pesquisa cuasi policial dado que ello atentaría contra los principios de rapidez y eficacia con que operan los institutos de crédito (con cita de doctrina de autor y judicial). Estimó además que el codemandado verificó la exactitud de los datos, siendo los denunciados (fs. 101) coincidentes con los que surgían del D.N.I. (fs. 113/14) y los declarados ante la A.F.I.P. (fs. 109 y fs. 111); y destacó que la documentación copiada en fs. 109/111 no fue desconocida por los actores (fs. 174 v./175), resultando entonces válida la declaración jurada y el pedido de inscripción formulados ante dicho organismo público en los cuales surge como domicilio del Sr. Cepeda el de la calle Directorio 3868, que es el que figuraba en el

D. N.I. y que fue consignado en el formulario de solicitud de apertura de la cuenta. Reforzó aquella consideración con el informe de Veraz que validó los datos consignados en la consulta; aclaró que si bien aparecían dos domicilios distintos, el de la calle Directorio 3868 fue convalidado, a más de ser coincidente con el que resultó de la factura de EDESUR requerida por el banco (fs. 112) -que tampoco fue desconocida por los reclamantes (fs. 174 v./175)- y con el indicado en la documentación presentada ante la A.F.I.P. (fs. 109 y fs. 111); y concluyó en que la denuncia de domicilios diferentes no enerva por sí solo la duda acerca de la eventual comisión de algún tipo de fraude ni habilita a sospechar una conducta dolosa, en tanto es habitual que las personas se muden sin registrar su cambio ante el Registro pertinente o que declaren ambiguamente distintos según el tipo de trámite que realicen.Finalmente, luego de referir que la obligación de verificar de las instituciones bancarias -o sus empleados- es tan solo una manifestación del deber de prudencia con que deben cumplir su función para evitar producir daños evitables con su accionar, y de enunciar los presupuestos exigidos para la configuración de la responsabilidad-, juzgó que en el caso el banco demandado actuó prudentemente y que no existió antijuridicidad que le sea atribuible dado que veló por verificar la identidad de quien se presentó; más allá de no haber los actores demostrado los daños que invocaron, argumento éste que coadyuvaba para rechazar la demanda. b) En lo que al codemandado Ernesto J. Pombo concierne, el señor juez de la anterior instancia recordó que los reclamantes le imputaron la promoción de un juicio ejecutivo con un título adulterado y la continuación de su trámite pese a habérsele comunicado la conducta fraudulenta que había dado origen a los cartulares; y que las partes fueron contestes en cuanto al inicio de aquel proceso, la interposición por parte de Cepeda de la defensa de falsedad de título y la información que brindó acerca de la estafa de la que habría sido víctima. Agregó que de la copia extraída por secretaría -vía Intranet- surge que aquellas actuaciones concluyeron por caducidad de la instancia. Consideró que más allá de que Cepeda haya denunciado la mencionada estafa, lo cierto es que Pombo ignoraba tal circunstancia al promover la acción ejecutiva, y no conocer si la firma del librador de los cheques estaba falsificada por cuanto los había recibido de un tercero (cesión de créditos), y menos aún que esa falsedad se remontara a la apertura de la cuenta contra la cual fueron librados.Dijo también que cupo presumir, además, que el ejecutante estaba -“prima facie”- legitimado para demandar en tanto el Juzgado dio curso a la pretensión; que una actitud procesal lógica y acorde a derecho frente a una denuncia de estafa y a la oposición de una defensa de falsedad, es que se provean las pruebas a fin de acreditar los extremos invocados por el excepcionante -no desistiendo nadie de una acción ante la mera interposición de aquella-; y que no se demostró que el ejecutante hubiera actuado -tanto en la interposición cuanto en la sustanciación del proceso- de manera dolosa o negligente (véase que aquel -previo a la promoción de la ejecución- intentó intimar extrajudicialmente a Cepeda, aunque con resultado negativo -fs. 189/190-). Con tal base argumental, concluyó en que no advirtió antijuridicidad en el obrar de Pombo por lo que, faltando al menos uno de los presupuestos para que se configure su responsabilidad, rechazó la demanda promovida en su contra. c) Con relación al codemandado Raúl E. Díaz y a tenor de las resultas de la copia también extraída por secretaría -vía Intranet-, el señor juez de grado tuvo por acreditada la existencia del juicio ejecutivo iniciado por aquel contra el codemandado Cepeda, la excepción de falsedad de título por éste opuesta en su trámite, y su admisión. Destacó que si bien la omisión de contestar demanda puede ser estimada como un reconocimiento tácito de la verdad de los hechos expuestos por el pretensor (c.c. 919), su eficacia probatoria es ponderable en función de los elementos de juicio esenciales y definitivos incorporados al proceso (c.p.c.386, y cita de doctrina judicial). Con sustento en tal ponderación, apreció aplicables a la situación de Díaz conclusiones similares a las expuestas respecto de los restantes codemandados, explicando que el hecho de que el Juzgado interviniente haya dado curso a la acción ejecutiva hace presumir que aquél gozaba, “prima facie”, de legitimación para demandar, resultando su conducta posterior acorde al sentido común y al derecho vigente (arg. c.p.c. 549 párrafo tercero “in fine”). Concluyó en que no habiéndose acreditado dolo o negligencia en su obrar, no existió antijuridicidad en su conducta por lo que se lo eximió de responsabilidad por los daños alegados por los actores, que además no fueron demostrados. IV) Finalmente, insistió el sentenciante en la improbada existencia de los perjuicios invocados. a) Sostuvo que no se acreditó el nexo causal entre los gastos reflejados en los comprobantes de fs. 40/42 y fs. 45 y ss. y el evento dañoso ventilado en la causa, pues más allá de que los certificados médicos de fs. 42/44 dieran cuenta de algunas afecciones en la salud del coactor Cepeda (hipertensión arterial, contractura y molestias al extender su columna cervical), no se demostró que ellos hayan sido consecuencia del accionar de los defendidos. Agregó que los actores fueron declarados negligentes en la producción de la prueba pericial médica -la que hubiera aportado elementos para analizar el invocado daño (fs. 708)-, debiendo entonces cargar con las consecuencias de tal omisión (arg. c.p.c. 377); y que los dichos de Piccetti dando cuenta de afecciones en la salud de aquel (fs. 359 v. respuesta 3), fueron insuficientes para demostrar que la causa de las dolencias se hubiera vinculado con la conducta de los demandados. b) Refirió también la declarada negligencia de los reclamantes en la producción de la prueba pericial contable (fs. 752/753), cuyos puntos ofrecidos a fs. 61 v./62 apuntaban a corroborar el invocado lucro cesante (fs. 59 v.). c) Apreció también insuficiente la pieza de fs.39 para tener por demostrado que los actores solicitaron un crédito ante el Banco Sudameris Patagonia que fue rechazado por los motivos alegados en la demanda, pues aquella adoleció de toda identificación que pudiera atribuirse a esa entidad bancaria; más aún frente a la negativa formulada por la defensa (Pombo a fs. 87 v. punto 3 y fs. 88 v. punto 30, y el Banco de la Provincia de Buenos Aires a fs. 152 v.) en tanto cupo a aquellos producir las pruebas necesarias para acreditar su autenticidad (c.p.c. 377) -lo que no hicieron-. Señaló no desconocer que el testigo Piccetti dijo que Cepeda quería obtener un crédito bancario para comprar una camioneta nueva y que no lo pudo hacer porque figuraba en Veraz (respuestas 5 y 11), pero resaltó que una lectura integral de su declaración permite inferir que muchos de los extremos sobre los que testificó llegaron a su conocimiento a través de las manifestaciones del propio coactor, además de no haber dado razón de sus dichos en relación a las respuestas antes señaladas, ni explicar el modo y las circunstancias en las que supo los hechos aludidos en sus contestaciones. d) Finalmente, el señor juez de la anterior instancia no estimó comprobado que el banco demandado hubiera informado a Cepeda y a Balbona del modo en que ambos mencionaron en el escrito inicial.

V) Juzgó, entonces, no probados los daños invocados, refiriendo que esta conclusión, independientemente de la falta de antijuridicidad atribuible a los defendidos que impone el rechazo de la demanda, lleva también a la misma solución, lo que así decidió, con costas a los vencidos (c.p.c.69).

c) Los actores, en su expresión de agravios, sostuvieron que el señor juez de grado impuso “consideraciones abstractas” para mitigar y “hacer desaparecer” la responsabilidad de la entidad bancaria en su actuar “en cuanto que realmente es originaria de los hechos”. I) Luego de reproducir ciertos párrafos del fallo apelado, se preguntaron en qué grado o condición el debido cuidado del banco en emitir una cuenta corriente atenta contra la operativa de los institutos de crédito, arguyendo que tal consideración así como la que refiere a que “no son pesquisas policiales” son una “simple y personal” apreciación del sentenciante, sin sustento jurídico que en nada contribuye a la dilucidación del juicio. II) Agregaron que éste también presumió que no hubo actuar culposo del banco que abrió una cuenta a una persona cualquiera “y que lo hizo con el nombre de otra”, preguntándose si es normal ese proceder cuando no se tomaron los recaudos adecuados y sobre qué base pudo el señor juez “a quo” establecer tal determinación cuando aquella se abrió a nombre de un tercero desconocido; cuanto más cuando en la Justicia Criminal se condena el acto, pero en la Civil no hay siquiera culpabilidad “en un proceder negligente”, abriéndose la puerta a la “indolencia” en el actuar de las instituciones bancarias y generándose desconfianza por la facilidad para la apertura de una cuenta corriente. III) Criticaron las consideraciones sobre las cuales pretendió el magistrado de grado justificar la conducta negligente del banco codemandado, señalando que para aquel es un “acto jurídico normal” y que pasa “desapercibido” por la institución el hecho de que quien abre cuentas bancarias tenga diversos domicilios y así lo denuncie.Adjetivaron tal afirmación como “ingenua”. IV) Refiriéndose al apartado IV.A.iii) primer párrafo del pronunciamiento apelado (que alude a que los bancos deben extremar los cuidados en el cumplimiento riguroso de “todos” los recaudos reglamentariamente previstos y “no solo algunos de ellos, o al menos los que resulten esenciales en orden a la operatoria celebrada”), los recurrentes expresaron que la sentencia “cae en el terreno de la arbitrariedad”, pues mientras emite justificativos que son injustificables, también establece que el tipo de responsabilidad que asume quien brinda una cuenta corriente obliga a extremar al máximo los cuidados, entendiendo entonces “que no ha de procederse como se ha hecho en el caso”. Insistieron en un “discurso ambiguo” por parte del sentenciante en tanto “al tiempo que reconoce que la responsabilidad de la entidad bancaria en relación al robo de identidad, vuelve en los siguientes párrafos a tratar de mitigar la conducta negligente.” -sic- (transcribieron aquí el segundo párrafo del apartado antes señalado, que reza: “Sin embargo, no es exigible la realización de una pesquisa o de una exhaustiva investigación sino que la obligación de verificar.es tan solo una manifestación del deber de prudencia.”). Calificaron tales conceptos como “carentes de sentido” en la situación de delincuencia actual, indicando que sobre estas bases fue que “se justificó” durante muchos años el robo conocido como “salidera bancaria”, pensándose entonces que una vez que el dinero estaba en manos del cliente no era responsabilidad del banco; hasta que se decidió que ésta existe y que se deben extremar las medidas en el cuidado (colocándose pantallas y biombos e impidiéndose el uso de teléfonos o transistores, etc.), por lo que “ahora casi no hay deli tos” de ese tipo. Agregaron que mientras “la justicia” brindó ese “tipo de justificativos” y mitigó la responsabilidad de las instituciones bancarias “se han producido los delitos”, por lo que si aquella “hace lugar a la irresponsabilidad del banco en la apertura de cuentas bancarias. y no tomando conciencia de la responsabilidad que se tiene al abrir una cuenta.se seguirá con la actividad delictiva de robar identidades para hacerse del dinero de otro”, siendo para el señor juez de la anterior instancia “demasiado pedir a la entidad que tome los debidos cuidados”. V) Dijeron los apelantes que el sentenciante continuó intentando atenuar la responsabilidad del banco demandado alegando el incumplimiento de los requisitos necesarios para la imputabilidad del hecho. Luego de transcribir el apartado del fallo cuestionado que detalló los cuatro presupuestos exigidos para la configuración de aquella, mencionaron que “este concepto. es inmediatamente abandonado por el judicante sin efectuar su análisis”, dejándolo “vacío de contenido” y configurando un “real error jurídico”, pues su valoración “permite comprobar que con relación a cada uno de ellos -de las condiciones impuestas- existe el debido cumplimiento de todas” (sic), llegándose a la “culpabilidad de la accionada”. Se refirieron, entonces, particularmente a cada supuesto: A) el banco no cumplió el deber de cuidar debidamente “respecto de quien otorgaba la potestad de emitir cheques”, permitiendo tal liviandad “que se cumplan los siguientes requisitos”; B) esta conducta es imputable única y exclusivamente a aquel pues no es resultado del “simple azar” en tanto la apertura de la cuenta fue llevada a cabo por la institución bancaria; C) “está por demás impuestos” (sic) los daños que sufrió “el accionante”, no resultando ésta una demanda abstracta; y D) “Es por cierto que la apertura de una cuenta bancaria a nombre de un delincuente”, llevada a cabo sin haberse tomado “en forma” los recaudos correspondientes, permitió “a quien robando la identidad de una persona honesta ha emitido cheques dando lugar así a causas jurídicas que además han dañado el buen nombre del actor al colocarlo en publicidad en los medios que informan deudores” (sic). Apreciaron la existencia de “plena relación de causalidad en los eventos”, originada por el incumplimiento de quien debe cuidar de la “emisión de las cuentas bancarias” y los perjuicios que la negligencia o la imprudencia ocasionaron en los reclamantes.Concluyeron en que no faltó ninguno de los requisitos para la configuración de la responsabilidad del banco, por lo que solicitaron que se revoque la sentencia.

VI) Los recurrentes se agraviaron además por la desestimación de los daños reclamados. Consideraron que el señor juez “a quo” pretendió “desviar” el pronunciamiento sindicando “erróneamente” que no padecieron perjuicio alguno por el “irresponsable” accionar de la defensa; mas estimaron que, contrariamente con lo expuesto, en el juicio se demostró que con motivo de la apertura de la cuenta corriente a nombre de un “delincuente” que la usó en su provecho, los actores sufrieron “diversos daños”. En particular, expresaron que: A) se probó que en los listados del B.C.R.A., Cepeda fue sindicado como persona que tiene cheques rechazados sin pago, por lo que “su reputación comercial se vio degradada en cuanto a la parte crediticia”; B) el nombre de los reclamantes fue impuesto en los listados de Veraz, Fidelitas, etc. como personas de “dudoso crédito” y “no pagadores”, aumentándose sus descréditos en el medio comercial e impidiéndoseles llevar a cabo las operaciones que tenían en marcha; C) perdieron la posibilidad de obtener préstamos para desarrollar la empresa de transportes que ambos explotan y se les impidió “sacar” cuentas bancarias, “etc.”, trabándose sus actividades y “quedando marcados” en el sistema financiero; D) como consecuencia de todo lo expuesto, perdieron ganancias al no poder ampliar las labores que desarrollaban en el transporte de mercaderías; E) el coactor Cepeda sufrió daños en su salud, padeciendo angustia que lo afectó en su presión arterial, y generándosele gastos cuyos comprobantes acompañaron al proceso; y F) finalmente, ambos actores se sintieron dañados moralmente por haber sido sindicados como deudores morosos en el sistema crediticio.Concluyeron entonces en que frente al probado obrar negligente del banco al momento de abrir la cuenta corriente a nombre de quien resultó un “delincuente”, a los juicios injustificados que en contra de Cepeda se promovieron y a los consecuentes daños que ello les causó, corresponde que se revoque la sentencia apelada y, en su lugar, se “decrete la culpabilidad de. la parte demandada”, con costas.

2. – Los hechos que aprecio relevantes para arribar a una solución, y cuya breve exposición aprecio esclarecedora previo a analizar la cuestión traída a juzgamiento, son los siguientes:

a) No es cuestión controvertida que un tercero, invocando la identidad del coactor Cepeda y utilizando un documento de identidad supuestamente falsificado, solicitó -y obtuvo- la apertura de una cuenta corriente bancaria en la sucursal Suipacha del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Tampoco lo es que contra dicha cuenta se libraron ciertos cheques que, presentados al cobro, fueron rechazados por falta de fondos; ni que se promovieron entonces contra aquel dos acciones ejecutivas para intentar cobrarlos (caratuladas “Pombo Ernesto J. c/ Ricci Nelson P. y otro” y “Díaz Raúl E. c/ Cepeda Luis M”), las que fueron culminadas por haberse declarado la caducidad de la instancia en su trámite -la primera- y por haberse admitido la excepción de falsedad de título opuesta por el ejecutado -la segunda-.

b) Sin embargo, hay discrepancias entre las partes en cuanto a la responsabilidad que sobre aquel concreto hecho cupo a la entidad bancaria así como a la procedencia de la reparación de los daños que, derivados de él y de sus consecuencias, reclamaron los actores.De un lado, éstos responsabilizaron al banco por la apertura de la cuenta corriente sin haberse adoptado los recaudos pertinentes, y a los codemandados Pombo y Díaz por el inicio en contra de Cepeda de las referidas ejecuciones y su prosecución pese a tener conocimiento de las irregularidades denunciadas, atribuyéndoles los perjuicios así irrogados por su sindicación como deudores en los sistemas de información crediticia y por la imposibilidad de acceder a un préstamo bancario para ampliar la explotación del negocio que venían desarrollando. Por su parte, el banco resistió tal atribución alegando haber cumplido todos los requisitos para la apertura de la cuenta corriente e, incluso, haber tomado medidas aún no previstas en las reglamentaciones vigentes (tanto externas – B.C.R.A.- cuanto internas del propio demandado -“Manual de Operaciones”-) para verificar y comprobar la identidad de quien la solicitó. Hizo lo propio Pombo quien, fundamentalmente, negó haber obrado antijurídica o negligentemente. Finalmente, el codemandado Díaz fue declarado rebelde en virtud de su incomparecencia al juicio.

c) Juzgo suficientes estas breves consideraciones formuladas en cuanto a las distintas posturas asumidas por las partes durante el proceso, adelantando que al tratar sustancialmente la cuestión traída a conocimiento del Tribunal me referiré concretamente sobre las pruebas conducentes que resultaron determinantes para fundar la decisión que finalmente propondré al Acuerdo.

3. – Sin perjuicio de lo expuesto, dos son las aclaraciones que aprecio necesarias efectuar previo a ahondar en el análisis de la causa a los fines de emitir aquel pronunciamiento.

a) En primer lugar, destaco que las quejas traídas a esta Alzada serán tratadas con los límites previstos por el c.p.c. 277.De tal modo, y más allá del particular desarrollo expuesto por el magistrado de grado al valorar la situación concreta de cada uno de los demandados -expresando, para cada caso, su correspondiente fundamentación-, en esta instancia revisiva la cuestión sometida a juzgamiento será abordada solamente desde dos aspectos fundamentales -tal como, reitero, lo arguyeron los recurrentes al expresar sus agravios-: Por un lado, analizándose la conducta del banco asumida al momento de otorgar la apertura de la cuenta corriente, para así concluir si existió de su parte obrar antijurídico o negligente que justifique atribuirle responsabilidad o si, por el contrario, aquel fue diligente en su proceder por lo que debe eximírselo de la que se le atribuye. Y, por otro lado y solo en el caso que así correspondiese conforme la suerte de la anterior cuestión, determinándose si fueron probados en el proceso los daños y perjuicios invocados -ciñiéndome en tal supuesto, al genérico modo en que, al exponer sus quejas, los recurrentes se han expresado sobre el particular-.

b) Desde otra perspectiva, y más allá de lo que “infra” habré de concluir sobre la suficiencia -o no- de los cuestionamientos expresados por los apelantes, dejo aclarado que no comparto en modo alguno las consideraciones formuladas por los apelantes -reseñadas “supra” 1 .c.II y IV- referidas a que ciertas decisiones de la Justicia podrían -según parecer de los actores- entenderse permisivas para la continuidad en la comisión de delitos o “mitigantes” y “justificativas” -tal como las calificaron- de la responsabilidad de las entidades financieras, favoreciéndose en virtud de ellas ciertos ilícitos – reconocidos, según los definieron, como “salideras bancarias” o “robo de identidades para hacerse del dinero de otro”-. Más allá de considerarlas meras manifestaciones de los recurrentes que no aparecen respaldadas con base argumental alguna, resalto mi disentimiento al respecto por considerarlas afirmaciones impropias e inadecuadas, que en modo alguno reflejan la naturaleza y finalidad perseguida por el servicio de justicia que brindan los órganos jurisdiccionales.

c) Igual calificación inapropiada, y que reproduzco en este pronunciamiento únicamente como una expresión de los actores de la cual también me aparto, fue aquella referida a la “ingenuidad” atribuida al magistrado de la anterior instancia (“supra” 1 .c.III). El respeto y consideración que -tanto desde mi convicción personal cuanto de la previsión legal dispuesta al respecto (arg. c.p.c. 58)- merece su investidura, me eximen de cualquier otra consideración en este sentido.

d) Dicho ello, seguidamente me avocaré a la ponderación de los agravios expresados por los recurrentes.

4. – Sobre tales bases será analizado el mérito de aquellos, considerando metodológicamente apropiado examinarlos en el orden en que fueron propuestos; sin soslayar que la valoración de la fundabilidad de las críticas será efectuada teniendo en cuenta que los jueces no están obligados a seguir a los litigantes en todos y cada uno de los planteos, sino solamente en aquellos que consideren pertinentes para la correcta composición y decisión del conflicto (conf. CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; etc.).

a) Liminarmente, destaco que es reiterado el criterio de amplia tolerancia que ha tenido este Tribunal en sus sucesivas integraciones para ponderar la suficiencia de la técnica recursiva exigida por el c.p.c. 265 por entender que es el más adecuado para armonizar el cumplimiento de dicha norma con la garantía de defensa en juicio de raíz constitucional. De tal forma, se ha entendido tradicionalmente que los agravios no requieren formulaciones sacramentales, y que alcanzan la exigencia de la ley procesal cuando contienen en alguna medida, aunque sea precaria, una crítica concreta, objetiva y razonada a través de la cual se pone de manifiesto el error en que se ha incurrido o que se atribuye a la sentencia y se refutan las consideraciones

o fundamentos en que se sustenta para, de esta manera, descalificarla por la injusticia de lo resuelto.En otras palabras, como principio general y para cumplir mínimamente con la exigencia de la citada norma, la expresión de agravios debe ser autosuficiente; es decir que dicha crítica razonada debe incluir la demostración de que los hechos fueron erróneamente establecidos por el juez indicando con cierta precisión mínima los elementos de prueba omitidos o desacertadamente apreciados. En cuanto al derecho aplicado, no debe limitarse a un mero disenso sino a la demostración del error jurídico con relación a los hechos del caso (CNCom., sala E, 6.8.86 “Aspersión A.P.I. S.A. c/ Parques Interama”; íd., sala A, 28.9.06 “La Delicia F. F. S.A. c/ Pineiro Amadeo Alberto”; íd., 28.9.06 “Homet F. c/ Transportes Metropolitanos Gral. San Martín S.A.”; íd., sala C, 24.6.94 “Koner S.A. s/ quiebra s/ inc. de intervención”; íd., 5.8.85 “Molinas C. s/ concurso”; conf. Palacio L., “Manual de Derecho Procesal Civil”, t. II, nro. 362.d, p. 132, ed. 1977). Pero también se ha sostenido, con la misma reiteración, que esa amplitud en la apreciación de tal técnica requiere un mínimo exigible por debajo del cual las consideraciones o quejas traídas carecen de entidad jurídica como agravios en el sentido que exige la ley.

I) Ese umbral, no fue superado en este juicio, en el cual los agravios de los actores tendientes a justificar su pretensión resarcitoria no plantean otro argumento que la mera disconformidad con lo decidido en la primera instancia. En efecto: los recurrentes no se hicieron cargo de los fundamentos básicos tenidos en cuenta por el señor juez de grado para rechazar la demanda, cuales fueron -como se vio-, por un lado, la inexistencia de conducta antijurídica atribuible a los demandados y, por otro, la falta de prueba de los daños invocados por los actores.En cuanto a la primer argumentación concierne, los apelantes no lograron desvirtuar en modo alguno las consideraciones y circunstancias sobre las cuales el señor juez “a quo” fundó aquel pronunciamiento, careciendo sus planteos -referidos a la falta de diligencia o cuidado en el proceder del banco demandado al momento de la apertura de la cuenta corriente- de entidad suficiente para desvanecer los comprobados recaudos que, previo a la concreción de aquella, ponderó el sentenciante como adoptados por el banco en cumplimiento de las reglamentaciones vigentes. Igual insuficiente resultado cabe concluir respecto del segundo argumento sostenido en el fallo recurrido, pues las generalidades esbozadas por los actores en su expresión de agravios en cuanto a los daños padecidos y a las constancias con las cuales los consideraron probados, no desdibujan la sustentada decisión adoptada al respecto por el señor magistrado de la anterior instancia, la cual encontró base argumental en los distintos elementos probatorios incorporados durante el trámite del proceso -que detalló y ponderó pormenorizadamente- y en las posturas asumidas por los propios reclamantes -quienes fueron declarados negligentes en la producción de ciertas pruebas que hubieran resultado apropiadas para acreditar los perjuicios invocados-. De tal forma, juzgo que el escrito recursivo carece de una crítica concreta, razonada y argumentada que desvirtúe los fundamentos sustanciales utilizados por el señor juez “a quo” para dirimir el caso, incumpliendo así las previsiones del c.p.c.265.

II) Más aún cuando, como aquí aconteció, las consideraciones vertidas por los recurrentes como sustento de sus agravios aparecen coincidentes con aquellas ensayadas al iniciar la demanda como sustento de sus pretensiones resarcitorias, no cumpliendo entonces ellos -aunque más no sea sumariamente- con el mencionado principio de autosuficiencia en tanto se limitaron a reiterar en similares términos genéricos que los expuestos al promover el juicio- tanto la supuesta “culpabilidad” del banco demandado por no cumplir debida y diligentemente con sus obligaciones en la oportunidad de abrir la cuenta corriente bancaria solicitada por un tercero que se identificó como si fuera el coactor Cepeda, cuanto el padecimiento de daños materiales y morales como consecuencia de la conducta antijurídica atribuida a la entidad. Aquellas afirmaciones resultaron de los propios reclamantes -pese a que con éstos pretendieron criticar y cuestionar el pormenorizado y detenido análisis del señor juez de grado efectuado respecto de los datos objetivos del proceso, de las pruebas producidas en aquel y de las conductas asumidas por las partes antes y durante su tramitación-, sin lograr exponer argumentos que puedan apreciarse como fundamentos sustentables y comprobables para desvirtuar la carencia de elementos demostrativos que destacó el magistrado de la primera instancia, resultando entonces legalmente inviable discutir el criterio judicial sin apoyar la oposición en argumento idóneo o respaldatorio o sin dar razones jurídicas a un distinto punto de vista.Con mayor razón cuando tampoco arguyeron circunstancia alguna cuya omisión o falta de consideración por aquel permitiera establecer el desacierto de la decisión recurrida.

III) Consecuentemente, la sola lectura de la expresión de agravios (poco clara e imprecisa en la redacción de algunos de sus apartados) conlleva a la conclusión arribada “supra” por las mencionadas carencias y la omisión de especificar o precisar los elementos del proceso que acreditarían las afirmaciones de los apelantes, lo cual rotundamente les era exigible ante la falta de prueba señalada por el señor juez “a quo” en lo que respecta a la existencia tanto de conducta antijurídica atribuible al banco cuanto a la de los invocados daños y perjuicios.

IV) En ese marco conceptual, y atento la reseñada exposición, juzgo la insuficiencia de las expresiones sostenidas en la expresión de agravios formulada por Balbona y Cepeda con el alcance previsto en el c.p.c. 265, por lo que el recurso interpuesto debe ser declarado desierto, lo que así propongo al Acuerdo.

b) Sin omitir considerar lo dicho y a fin de no cercenar el derecho de defensa en juicio de los recurrentes, examinaré su contenido en cuanto a las escasas cuestiones que pudieren ser concretados teniendo en cuenta los elementos objetivos que surgen del juicio y los incorporados a él como consecuencia de la prueba rendida. En efecto:si bien las críticas esbozadas, como lo he sostenido, rozan la insuficiencia prevista por la norma antes aludida en tanto su generalidad e imprecisión dificultan su consideración como demostrativas del error cometido por el señor juez de la primera instancia, se procurará igualmente examinar aquello que entiendo como lo sustancialmente argumental de lo expuesto por los apelantes.

I) En tal escenario, en primer lugar resalto que para evaluar la responsabilidad del banco demandado, debe partirse de la reseñada base de que ha quedado acreditado en el proceso -y no fue siquiera discutido- que un tercero, invocando la identidad del coactor Cepeda y con el uso de un documento de identidad supuestamente falsificado, solicitó -y obtuvo- la apertura de una cuenta corriente bancaria en la sucursal Suipacha del Banco de la Provincia de Buenos Aires contra la cual se libraron cheques que -a su presentación al cobro- fueron rechazados por falta de fondos; y que esta circunstancia derivó en la promoción contra el nombrado de dos acciones ejecutivas, culminadas -una- por haberse declarado la caducidad de la instancia en su trámite y -otra- por haberse admitido la excepción de falsedad de título en ella opuesta por el ejecutado Cepeda.

Adviértase que en ese mismo sentido se pronunció la perito calígrafa en su inimpugnado informe de fs. 692/697 al concluir en que “.no surge la intervención del puño y letra del Sr. Cepeda Luis Marcos en la confección de las firmas que suscriben la documentación de fs. 101 vta., fs. 102 vta., fs. 103 vta. y fs. 114”, correspondientes a la solicitud de apertura de la cuenta corriente, al registro de firma auxiliar, a un anexo a la mencionada solicitud y al D.N.I. presentado por el solicitante, respectivamente.

II) De tal modo, claro es que era al banco demandado a quien le correspondía invocar y probar cualquier eximente de la responsabilidad que se le atribuía (conf. Palacio L., op. cit., t. I, nro. 195.4, p. 438, ed.1977) para lo cual no bastaba el solo hecho de haber sido falseada la identidad por quien pidió la apertura, sino que se requería además demostrar que el eventual daño de la conducta ilícita de un tercero no fue consecuencia -cuanto menos mediata- de una negligencia u omisión suya en verificar los datos de quien formuló tal solicitud. En otras palabras, y tal como antes lo referí, el “thema decidendum” del recurso radica en determinar si medió o no responsabilidad de la institución bancaria al abrir la cuenta corriente contra la cual se giraron cheques que -al ser rechazados- dieron, a su vez, origen a los procesos ejecutivos referidos en la demanda y, en concreto, si el banco demandado arbitró todo aquello que le era reglamentariamente exigible para evitar la sustitución de persona, con relación al verdadero titular del D.N.I. 12.082.437.

III) Sobre tal marco, inicialmente he de tener presente que la apertura de una corriente bancaria está subordinada al cumplimiento de la reglamentación emitida por el Banco Central de la República Argentina.

A) En tal sentido, debo destacar que -tal como lo enunció inicialmente la defensa al contestar demanda (fs. 156 apartado 6.2) y fue luego corroborado por el propio ente rector en fs. 438- se puso en manos de las entidades financieras la decisión de aceptar o rechazar una solicitud de acuerdo con determinados parámetros que el propio banco debe disponer y materializar en un manual de procedimientos. Así lo hizo saber el B.C.R.A. al disponer que “Los bancos explicitarán en un manual de procedimientos las condiciones que observarán para la apertura, funcionamiento y cierre de las cuentas corrientes, las que deberán basarse en criterios objetivos.” (Sección

1 titulada “Funcionamiento”, punto 1.1. de la Comunicación “A” 3827 – vigencia 2.12.02-; fs. 117 y fs.331 -aunque incompleta-).

B) Como consecuencia de ello, el demandado reguló dicha

apertura en los términos que resultan de la Circular N° 21 Grupo N° 2-

Depósitos Parte II-Cuentas Corrientes sin interés -hojas nros. 1 y 2- denominada “Reglamentación de la cuenta corriente bancaria del Banco de la Provincia de Buenos Aires”, en cuya Sección 1 (“Apertura y Funcionamiento”) incluyó el punto 1.3. referido a la “Identificación de los titulares de cuentas corrientes y de las personas autorizadas a operar en ellas” que, para el caso de las personas físicas (punto 1.3.1.), dispone: “1.3.1.1. Nombres y apellidos completos 1.3.1.2. Fecha y lugar de nacimiento 1.3.1.3. Estado civil 1.3.1.4. Profesión, oficio, industria, comercio, etc., que constituya su principal actividad, determinando el ramo o especialidad a que se dedica

1.3.1.5. Domicilios real y especial, debiendo constituirse este último obligatoriamente en la República Argentina, el que será considerado a todos los efectos legales y reglamentarios derivados del funcionamiento de la cuenta, incluyendo los emergentes del cheque. 1.3.1.6. Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o Código Único de Identificación Laboral (CUIL) o Clave de Identificación (CDI), según corresponda. 1.3.1.7. Nombres y apellidos del cónyuge 1.3.1.8. Nombres y apellidos de los padres

1.3.1.9. Tipo y número de documento para establecer su identificación, según se indica a continuación. I) Argentinos. -Documento Nacional de Identidad – Libreta de Enrolamiento -Libreta Cívica.” (fs. 115/116 y fs. 302 y ss.; y también fs. 480 y ss. correspondientes a la copia del Manual de Procedimiento cuya identificación reza “Banco Provincia Módulo 4: Cuentas Parte II: Cuenta Corriente Capítulo 1:Reglamentación de la cuenta corriente bancaria 1- Funcionamiento 1.3 Identificación de los titulares.”, diferente en su contenido respecto de la transcripta “supra” solo en lo que a la no inclusión de los requisitos relacionados con la fecha y lugar de nacimiento y estado civil se refiere).

C) Puede entonces advertirse que dichos requisitos -exigidos internamente por el banco demandado- resultaron acordes con los mínimos que -más allá de lo expuesto “supra” 4.b.III.A- reglamentó el B.C.R.A. para la apertura de cuentas corrientes bancarias (Comunicación “A” citada, Sección mencionada, punto 1.3. denominado “Identificación de los titulares de cuentas corrientes y de las personas autorizadas a operar en ellas”; fs. 117 y fs. 331 – aunque incompleta- antes referidas).

IV) Retomando la cuestión fundamental que -en los términos antes expuestos- debe discernirse en el recurso, debe resaltarse que el D.N.I. emitido por el Estado Nacional constituye la prueba por excelencia de la identidad de una persona. Por lo tanto, no cabe duda que es requerible -por parte de quien debe constatarlo (o por sus dependientes)- una actuación diligente en cuanto a la imagen y firma de quien presenta el instrumento, sobre todo cuando el tipo de fraude que se trata de evitar no es un hecho imprevisible, improbable o aislado (arg. CNCiv., sala D, 10.9.04 “Zangara Héctor c/ Citibank NA”). Esta conducta aparece en el caso desplegada por el banco demandado en tanto -tal como lo revelan los datos objetivos y elementos incorporados al juicio a los que seguidamente aludiré- adoptó todos los recaudos exigidos por la reglamentación vigente (tanto la externa dispuesta por el B.C.R.A. cuanto la interna receptada en su propio “Manual de Procedimiento”), exigiendo incluso medidas aún no contempladas en tales instrumentos a los fines de corroborar los datos declarados por el solicitante de la apertura (servicio público a su nombre -EDESUR- y presentación de Declaración Jurada con comprobantes de pago en concepto de ganancias y autónomos; fs. 112, fs. 109, fs. 108 y fs.110, respectivamente).

A) En tal escenario, aprecio cumplido por parte del banco su deber específico de obrar con la mayor prudencia para, en la medida de lo posible, comprobar la veracidad de los datos y documentos presentados al momento de requerirse la apertura de una cuenta corriente; aún destacando que tal proceder no es valorable con los mismos parámetros que para el común de la gente dado que su actividad profesional lo obliga a ajustarse a un “standard” de responsabilidad agravada (c.c. 902). Es por esta razón que, incluso, en el contrato de apertura se hace necesario exigir la mayor estrictez, no solo en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos sino también en cuanto a la comprobación de su veracidad (CNCom. esta sala, 18.6.08 “Vagatay Ana c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ ord”; íd., sala A, 20.10.04 “Tuñez Verónica c/ Banco Itaú Buen Ayre S.A.”).

B) Tengo en cuenta que esos requerimientos no son un mero trámite solicitado al eventual futuro cliente, sino que demandan también una activa participación y diligencia por parte del banco en la corroboración de los datos brindados y su concordancia con la realidad, por razones de interés general en la sanidad del sistema financiero donde el B.C.R.A. ejerce el poder de policía administrativo. En consecuencia, no basta que aquella actúe “reglamentariamente” sino que también es necesario que aplique esa reglamentación racional y adecuadamente y no como un mero formulismo o trámite burocrático (arg. CNCiv., sala D, 10.9.04 precedente “Zangara” antes mencionado).

C) De tal modo, si bien no es razonable que el banco realice una exhaustiva investigación de los documentos de identidad para establecer los antecedentes personales del cliente, sí le son exigibles las indagaciones necesarias para averiguar tal identidad y la calidad moral del requirente (conf. Bollini Shaw-Boneo Villegas, “Manual para las operaciones bancarias y financieras”, 2da. parte, cap. 2. pto. 8, p. 154, ed.1981); demostración ésta última que juzgo fehaciente en este proceso, donde el demandado -repito- acreditó haber cumplido con todos los recaudos necesarios y adecuados para verificar los datos de quien solicitó la apertura de la cuenta corriente, no resultándole entonces atribuible responsabilidad por su accionar, que en modo alguno puede calificarse como antijurídico o negligente.

V) Para concluir del modo expuesto precedentemente -solución que importa, sin más, el rechazo del recurso interpuesto por los actores-, examiné y ponderé los elementos objetivos del proceso y los incorporados a él durante su tramitación. Remarco aquí que el análisis de cada uno de ellos refuerza la base argumental sobre la cual propongo al Acuerdo decidir del modo en que antes adelanté, pues de sus contenidos no puede siquiera inferirse -aunque más no sea “prima facie”- una omisión seria o relevante de la institución bancaria en el arbitrio de los extremos necesarios para evitar el ilícito finalmente cometido -esto es, la estafa sufrida a través de la apertura de una cuenta con una identidad falsa-. Y si bien no puede ignorarse que al abrirla, el banco demandado lo hizo con el D.N.I. de una persona que no era la que estaba requiriendo el producto, lo cierto es que tanto en la solicitud de apertura cuanto en el mencionado documento se indicó el mismo domicilio, el cual además fue constatado y corroborado con otras constancias que, tal como dije antes, fueron exigidas por el banco con tal finalidad (v. “supra” 4.b.IV “in fine”).

A) Particularmente, nótese que -tal como lo propició aquel en su contestación de demanda y lo ponderó el magistrado de grado en el fallo apelado- en el D.N.I. copiado en fs. 113/114 no se advierte a simple vista signo alguno de adulteración o falsificación. Refuerza esta afirmación y es dirimente para así decidir, la conclusión de la perito calígrafa en cuanto a que “se observaron semejanzas formales entre las firmas dubitadas de fs. 101 vta., fs. 102 vta., fs. 103 vta. y fs. 114” (fs.697 “in fine”), correspondientes cada una de ellas, reitero, a la solicitud de apertura de cuenta corriente, al registro de firma auxiliar, al anexo a la solicitud y al D.N.I., respectivamente.

B) Por otro lado, del informe a Veraz pedido por el propio banco, surge que el D.N.I. se corresponde con el del solicitante, resultando “triplicado” tal como el que fue oportunamente presentado (fs. 104 y fs. 113/14, respectivamente).

C) El domicilio denunciado por el requirente de la apertura de la cuenta corriente (Av. Directorio 3868, Capital Federal) constaba en el D.N.I.

exhibido, y fue además corroborado con una factura de servicios -EDESUR- a nombre de aquel, surgiendo también del mencionado informe de Veraz (fs. 113/14, fs. 112 y fs. 104, respectivamente).

D) La copia agregada en fs. 111 -que los actores no desconocieron (fs. 174 v. “in fine”/175 “ab initio”)- revela la inscripción del solicitante ante la A.F.I.P. desde el año 1998, obrando también constancias – tampoco desconocidas- de su presentación de Declaración Jurada (ganancias), de su correspondiente pago al 16.4.03 y del efectuado ante ese mismo organismo el 10.9.03 en concepto de “autónomos”; de todos los cuales resultó además el D.N.I., y en algunos de ellos su domicilio (fs. 109, fs. 108 y fs. 110, respectivamente).

VI) Sobre la base de las evidencias “supra” mencionadas y atendiendo a la más que relevante circunstancia de que la falsificación del documento presentado por el solicitante no aparecía evidente a simple vista, insisto en la diligencia y el cuidado con el que obró el banco demandado, el cual cumplió no solo los requisitos mínimos exigidos por el B.C.R.A. en la “Reglamentación de la cuenta corriente bancaria”, sino también los establecidos en su propio “Manual de Procedimientos”.

A) Es más: con sustento en los señalados elementos traídos a juicio, cabe concluir en que el banco trasvasó esos recaudos, adoptando medidas de control y seguridad aún mayores.Ello demuestra las precauciones que adoptó antes de la apertura de la cuenta y la adecuación de su conducta a aquella que resultaba esperada de su parte de acuerdo con su profesionalidad y especialización (arg. c.c. 902), por lo que no le cabe ninguna atribución de responsabilidad en los términos previstos por el c.c. 1109.

B) Es indudable entonces que el banco demandado no solo verificó la identidad del solicitante requiriéndole su D.N.I., sino que también le exigió otras comprobaciones que excedieron los requisitos “standares” para la apertura, resultándole a sus agentes virtualmente imposible -en razón de las “semejanzas” en las rúbricas luego corroborada por la experta calígrafa- advertir a simple vista o de modo evidente que se estaba pergeñando un fraude.

VII) Con base en todo lo expuesto y en los términos antes adelantados, propongo al Acuerdo desestimar los agravios expresados por los actores “supra” 1.c.I al V.

c) La exención de responsabilidad atribuible al banco “supra” concluida con base en la inexistencia de acto o conducta antijurídica o negligente que le sea imputable en relación al hecho dañoso involucrado en la causa, me exime -tal como lo reseñé en el apartado 3.a “in fine” precedente- de pronunciarme sobre las críticas esbozadas con relación a los daños y perjuicios que los apelantes juzgaron demostrados en el proceso. Mas, sin soslayar lo referido en el parágrafo mencionado (circunstancia que alude principalmente al marco que delimita el tratamiento del recurso -c.p.c.277-), cabe concluir en que tampoco se modificaría la suerte adversa para sus pretensiones decidida en la anterior instancia.

I) Inicialmente y siendo suficiente con relación a las quejas vertidas sobre este particular aspecto remitirme a la exposición de los recurrentes reseñada “supra” 1.c.VI., juzgo que la insuficiencia del recurso concluida en el apartado 4.a alcanza también a estas críticas, en razón de las genéricas e imprecisas consideraciones formuladas por los apelantes respecto de los hechos y constancias sobre los cuales intentaron sustentar los daños y perjuicios cuya existencia invocaron demostrada.

A) Ninguna de las afirmaciones allí expresadas se alegó siquiera respaldada con datos concretos y objetivos del proceso ni con los elementos que durante su trámite fueron incorporados, apareciendo más bien como expresiones reiteradas de lo que ya al inicio de la demanda consideraron objeto de su pretensión. Es más: sus dichos aparecen incluso similares a los expresados en su escrito inicial, sin que ninguna de sus afirmaciones aparezca suficiente -ni se haya siquiera ofrecido medio alguno conducente en tal sentido- para desvanecer la contundente falta de prueba destacada por el señor juez de la anterior instancia -la cual, contrariamente con lo sucedido con la postura de los reclamantes, encontró su base argumental en las constancias y antecedentes del proceso-. En tal sentido, las críticas formuladas no ponen de manifiesto el error en que habría incurrido el señor juez “a quo” o que se le atribuyó a su pronunciamiento, y mucho menos refutan las consideraciones o fundamentos en que se basa para, de esta manera, descalificarlo por la injusticia de lo resuelto.

B) Por el contrario, aquellas no plantean otro argumento también respecto a esta cuestión que la mera disconformidad con lo decidido en la primera instancia. En efecto:los recurrentes ni siquiera se hicieron cargo de los sustentos básicos tenidos en cuenta por el sentenciante para rechazar la demanda, ni lograron exponer consideraciones que puedan apreciarse sustentables y comprobables para desvirtuar la carencia de elementos demostrativos concluida en aquel sentido, resultando -reitero- legalmente inviable discutir el criterio judicial sin apoyar la oposición en base idónea o respaldatoria o sin dar razones jurídicas a un distinto punto de vista. Menos aún cuando tampoco alegaron circunstancia alguna cuya omisión o falta de consideración por el magistrado de grado permitiera establecer el desacierto de la decisión recurrida.

II) Sobre tales consideraciones, que juzgo suficientes de acuerdo al contenido del recurso, concluyo en que los cuestionamientos traídos a juzgamiento de este Tribunal no resultan críticas concretas, objetivadas y razonadas en los términos previstos por el c.p.c. 265, por lo que los agravios así expresados deben declararse desiertos, lo que así propongo al Acuerdo.

5.- Por todo lo expuesto, normas y doctrina judicial citada, si mi voto es compartido propongo al acuerdo declarar desierto el agravio expresado “supra” 1.c.VI y rechazar los restantes en los términos reseñados “supra” 4.b, confirmando la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravio. Las costas de esta instancia deben ser impuestas a los actores vencidos (c.p.c. 68).

Los señores Jueces de Cámara doctores Heredia y Vassallo adhieren al voto que antecede.

Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan:

(a) Declarar desierto el agravio expresado “supra” 1.c.VI y rechazar los restantes en los términos reseñados “supra” 4.b.

(b) En consecuencia, confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravio.

(c) Imponer las costas de esta instancia a los actores vencidos

(c.p.c. 68).

(d) En virtud del interes económico comprometido en el proceso, y evaluando las labores desarrolladas por su extensión, eficacia y calidad, como así también las etapas efectivamente cumplidas por cada uno de los profesionales intervinientes, se reducen los horarios regulados en fs.802/818 a $ 4.000 (pesos cuatro mil) y a $ 120 (ciento veinte) para los letrados apoderados de la parte actora, Nélida H. Vissicchio y Jorge O. Corna en conjunto, por el principal y por la incidencia resuelta en fs. 209, respectivamente; a $ 6.000 (pesos seis mil) para la letrada apoderada de la codemandada Pombo, Claudia Cecilia Bosquet; a $ 3.500 (pesos tres mil quinientos), $ 180 (ciento ochenta) y $ 330 (trescientos treinta) para el letrado apoderado del codemandado Banco de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Paolini, por el principal, por la incidencia resuelta en fs. 209 y por las resueltas en fs. 707/708, fs.752/3 y fs. 766, respectivamente; a $ 1.800 (pesos mil ochocientos), y a $ 210 (pesos doscientos diez) para la letrada apoderada del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Valeria B. García, por el principal y por las incidencias resueltas en fs. 707/708, fs. 752/753 y fs. 766, respectivamente; a $ 700 (pesos setecientos) para el otro letrado patrocinante del mencionado banco codemandado, Francisco J. Romasanta; a $ 1.100 (pesos mil cien) para la perito calígrafo Stella Maris Bononi; y a $ 600 (pesos seiscientos) para el mediador Carlos H. Beriachetto. Asimismo se confirman en $ 100 (pesos cien) para el perito contador Eduardo A. López; y en $ 100 (pesos cien) para la perito médico Alicia Ester Valdez; (arts. 6, 7, 9, 13, 19, 37 y 38 de la ley 21.839, modif. por la ley 24.432; dec. 91/98; art. 505 c.civ.; art. 3 del decreto ley 16.638; arts. 29 y 30 de la ley 20.243).

Por las labores desarrolladas ante este tribunal de Alzada, se fijan en $ 2000 (pesos dos mil) para el letrado patrocinante del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Claudio Fabián Gónzalez y en $ 800 (pesos ochocientos) para la apoderada de la misma parte, Daniela (art. 14 de la ley 21.839).

Notifíquese a las partes por cédula y una vez vencido el plazo del c.p.c.: 257, devuélvase la causa al Juzgado de origen.

Cúmplase con la comunicación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13).

Pablo D. Heredia

Gerardo G. Vassallo

Juan José Dieuzeide

Julio Federico Passarón Secretario de Cámara

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