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Probada la causalidad y las omisiones en su actuar, la ART responde por la hipoacusia del trabajador afectado

hipoacusiaPartes: Figueroa Julio César c/ Nylplush S.R.L. y otro s/ accidente – acción civil

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VI

Fecha: 6-feb-2014

Cita: MJ-JU-M-85511-AR | MJJ85511 | MJJ85511

La ART debe responder por el gravísimo estado de hipoacusia del trabajador, pues ésta incumplió sus deberes y resultó probada la causalidad entre la patología y dichas omisiones.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la vinculación de la patología detectada en el actor con omisiones por parte de la ART dado que ha quedado demostrado el incumplimiento de su parte respecto de las obligaciones a su cargo y además surge que no ha visitado el establecimiento en forma periódica a fin de controlar el cumplimiento de las normas de prevención de riesgo de trabajo.

2.-Dado que durante la relación laboral el nivel sonoro del sector donde se desempeñaba el actor superó los valores normales y siendo que durante dicho lapso se le entregaron al actor menos de un protector auditivo por año, queda demostrada la falta de cumplimiento de los deberes a cargo de la ART, lo que la responsabiliza por la dolencia que padece el trabajador.

3.-Existió una conducta negligente de la aseguradora, lo que la responsabiliza por el daño que sufre el actor, puesto que éste trabajó en el sector de telares donde el nivel sonoro superaba los valores normales sin la suficiente capacitación, exámenes periódicos y protectores auditivos; circuntancias que revelan que la ART no cumplió con las obligaciones que tenía a su cargo en materia de control y prevención de riesgos y accidentes.

4.-En atención a lo dispuesto por el art. 4 ap. 1 , de la ley de riesgos del trabajo, no basta con prever remedios formales tendientes a evitar los daños sino que actualmente la ley exige que cada parte cumpla sus deberes de un modo eficiente y exitoso, por lo tanto, surge acreditado el nexo causal entre la falta prevención adecuada y el gravísimo estado de la hipoacusia que presenta el actor, según lo establece la ley 24557 (arts. 4° ap. 1º, 31 ap. 1° ).

5.-Habiéndose constatado y probado la omisión y el nexo causal entre los daños y el incumplimiento por parte de la ART de sus deberes legales, se atribuyó una responsabilidad civil fundada en el art. 1074 CCiv., y atento el grado del daño auditivo que padece el actor, el monto de condenda luce razonable y debe confirmarse.

Fallo:

Buenos Aires, 6 de FEBRERO de 2014

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

La sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda viene apelada por la parte codemandada La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. según el escrito de fs. 552/556 cuya contestación de agravios se encuentran a fs. 562/564. Los peritos médico (fs. 543), psicólogo (fs. 542) y contador (fs. 559) apelan las regulaciones de sus honorarios por considerarlas reducidas.

En el escrito de inicio el actor reclama por el cobro de una indemnización integral por padecer hipocusia perceptiva bilateral con trauma acústico como consecuencia de sus tareas realizadas en el sector tejeduría de la empresa de su empleadora.

La demandada La Holando Sudamericana Compañía de Seguros se agravia porque considera que no se ha probado la vinculación de la patología detectada en el actor con alguna omisión por parte de ella.

Cabe adelantar que el recurso en examen no tendrá acogida favorable.

Digo ello porque tal como estableció la Jueza a quo no se ha acreditado el cumplimiento por parte de la ART de las obligaciones a su cargo y menos que hubiere visitado el establecimiento en forma periódica a fin de controlar el cumplimiento de las normas de prevención de riesgo de trabajo.

En efecto, de la pericia técnica (fs.298/303) se desprende que el empleador se encuentra afiliado a la ART La Holando Sudamericana Compañía de seguros S.A. desde 1.7.1996.

Informa la experta que ha acreditado un plan de mejoramiento el 16.12.1996, el cual detalla a fs. 296. Describe las constancias de inspección realizadas en las siguientes fecha 19.4.2000, el 6.10.2000, el 27.06.2002, el 17.12.2002.Asimismo relata una verificación de estado de cumplimiento de normativa vigente el 31.7.2003, y seis constancias de visitas técnicas efectuadas los siguientes días: el 10.03.2004, el 14.10.2004, el 15.05.2007, el 20.12.2007, el 28.08.2008, el 10.02.2009.

Finalmente describe que la Aseguradora ha informado vía sistema a la SRT los incumplimientos detectados en las constancias de visita de fecha 14.07.2009, 9.1.2010 y 6.4.2011

Concretamente en relación con el nivel sonoro del sector telares, donde se desempeñó el actor, durante la relación laboral es decir el período 1985/2009, afirma que superó los valores de 90 dBA (ver fs. 295), que durante dicho período se le entregó al actor protectores auditivos el 24.12.93, el 25.10.2001, el 22.11.2002, el 2.12.2003, el 2.5.2006, el 5.2.2007, el 23.4.2008, el 16.12.2009. Es decir que se entregó menos de un protector auditivo por año.

En relación a la capacitación la experta detalla que que solamente en el año 2007 el actor realizó dos cursos uno sobre normas de seguridad, y sobre uso obligatorio de protección auditiva. El otro curso que realizó el actor fue en el 2010, es decir después de encontrarse incapacitado el actor.

Los únicos tres exámenes periódicos realizados al actor por la ART Holando fueron efectuados después de marzo de 2009.

Por todo lo expuesto, comparto la decisión la Jueza a quo de que resulta evidente que existió una conducta negligente de la aseguradora consistente en la falta de adopción de medidas preventivas adecuadas. Destaco que el actor trabajó en el sector telares donde el nivel sonoro superaba los valores de 90 dBA (ver fs.295), y la Aseguradora dentro del periodo que se entraba afiliada al empleador y mientras trabajó el actor solamente le entregó 7 protectores auditivos y el actor realizó solo dos cursos de capacitación y tres exámenes periódicos, circunstancias que revelan que la A.R.T. no cumplió con las obligaciones que tenía a su cargo en materia de control y prevención de riesgos y accidentes.

Debo señalar que la ley 24.557 (arts. 4° ap. 1, 31 ap.1°) y el decreto reglamentario 170/96 ponen en cabeza de estos entes, obligaciones relacionadas al asesoramiento en materia de prevención de riesgos, la capacitación de los trabajadores, el control de las condiciones y medio ambientes de trabajo, que en caso de omitirse o de cumplirse eficientemente pueden generar su responsabilidad en el resultado disvalioso.

A este respecto es útil remarcar el art. 4 apartado 1, de la ley de riesgos al establecer los alcances de la obligación de las partes en materia de prevención, terminó con las dudas acerca de si se trata de obligaciones de medio o de resultado. En efecto, dicha normativa establece que las medidas de adoptar deben «prevenir eficazmente los riesgos del trabajo». Consecuentemente, no basta con prever remedios formales tendientes a evitar los daños sino que actualmente la ley exige que cada parte cumpla sus deberes de un modo eficiente y exitoso.

Por lo tanto, entiendo plenamente acreditado el nexo causal entre la falta prevención adecuada y el gravísimo estado de la hipoacusia que presenta el actor, según lo establece la ley 24.557 (arts. 4° ap. 1º, 31 ap. 1°), por lo que se consideró corresponde confirmar en este aspecto la sentencia apelada.

Trataré en forma conjunta el segundo y el tercer agravio de La Holando Compañía Sudamericana de Seguros S.A. quien considera excesivo el monto de condena, considerando que el daño psicológico está implícitamente incluido en el daño moral.Asimismo sostiene que como ella ya abonó al actor un importe establecido por la incapacidad detectada por la Comisión Médica solicita se la libere de la condena. Estimo que los agravios no tendrán favorable acogimiento. En relación al último tema cabe señalar que la Jueza a quo descontó el importe de $ 9476,29 que fue oportunamente abonado al actor por la apelante en concepto de prestaciones dinerarias por incapacidad definitiva. Dichas prestaciones, corresponden tal como lo menciona el quejoso, a la Ley de Riesgos de Trabajo. Sin embargo soslaya el apelante que en el presente caso se analizó (ver considerando anterior) como ella omitió cumplir las obligaciones de prevención que imponen los art. 4 y 31 de la ley 24.557 y normas reglamentarias. Habiéndose constatado y probado la omisión y el nexo causal entre los daños y el incumplimiento por parte de la ART de sus deberes legales, se atribuyó una responsabilidad civil fundada en el art. 1074 C.C. Por lo expuesto corresponde confirmar en este aspecto la sentencia apelada.

A los fines de determinar la cuantificación del daño sufrido por el demandante, cabe destacar que no debe aplicarse fórmula alguna en consonancia con los términos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: «Arostegui, Pablo Martín c/Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía SRL» donde se sostuvo que: «El valor de la vida humana no resulta apreciable tan solo sobre la base de criterios exclusivamente materiales, ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres» (A. 436. XL; Recurso de hecho: «Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.y Pametal Peluso y Compañía S.R.L.», del 8 de abril de 2008).

Al respecto cabe señalar que el monto indemnizatorio debe calcularse conforme las previsiones del derecho común, donde rige el principio de la reparación integral y plena, acogido en los arts.1.060, 1.077, 1.082 y 1.113 del Código Civil y para así mensurar, debe tenerse en cuenta no solamente la pérdida de capacidad de ganancia, sino los mayores daños patrimoniales que derivan de la incapacidad que porta el trabajador, haciéndose mérito del valor de la vida humana en sus múltiples aspectos (cfr. C.S.J.N. in re «Arostegui»).

En este sentido señalo que el importe diferido a condena en concepto de daño psicológico tiende a reparar el desborde del plano simbólico por el padecimiento derivado de las consecuencias del accidente de trabajo o enfermedad que el afectado que no puede ser superado ni asimilado sin asistencia profesional, en el caso le produce una incapacidad del 20% de la T.O. Es decir que aparece la reparación del daño emergente como una especie de daño material, independiente de éste.En tanto la suma dispuesta en concepto de daño moral es procedente por la índole espiritual de dicho daño, que debe tenérselo configurado por la sola producción del evento dañoso, ya que por la índole de la agresión padecida, se presume la inevitable lesión de los sentimientos del demandante, tal como lo tal estableció el voto de los ministros Lorenzetti, Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco en la causa «Mosca, Hugo c/ Pcia de Bs As s/ daños y perjuicios» 6/3/07 Fallos 330:563.

Por lo expuesto, corresponde tener en cuenta las condiciones personales del actor, en particular su edad a la fecha de consolidación del daño (1.1.2009) es decir (60 años), que padece grave daño acústico bilateral inducido por ruido, compatible con una incapacidad psíquica que le ocasiona una incapacidad del 62% de la T.O.

En este orden de ideas, entiendo que el monto de condena fijado en el pronunciamiento de grado resulta equitativo, como así también la fecha a partir de la cual corresponde la aplicación de intereses, por lo que propongo confirmar la sentencia de primera instancia en relación en este punto.

La Aseguradora apela los porcentajes estipulados en concepto de honorarios de la representación letrada de la parte actora y de los peritos intervinientes en las presentes actuaciones por considerarlas elevadas. Por su parte los peritos médico (fs. 543) y psicólogo (fs. 542) y contador (fs. 559) apela n las regulaciones de sus honorarios por considerarlas reducidas.

Teniendo en cuenta el mérito e importancia de las tareas cumplidas considero que las regulaciones de honorarios establecidas para la totalidad de los profesionales intervinientes resultan adecuadas y respetan las normas arancelarias de aplicación por ello propongo se confirmen.

El tema relacionado con el cumplimiento de las disposición establecidas en la Ley 24432 y los porcentajes de honorarios fijados, corresponde tratarlo en la etapa de ejecución.

Atento la solución que propongo, las costas de alzada deben ser impuestas a cargo de la demandada vencida (art.68 C.P.C.C.N.) y, a tales efectos, juzgo que los honorarios de los letrados firmantes de los escritos de fs. 552/556 y 562/564 deben ser fijados en el 25% de lo que cada profesional deba percibir por su actuación en la instancia de grado.

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

Adhiero al voto que antecede

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 2) Imponer las costas de alzada a cargo de la aseguradora vencida y 3) Regular los honorarios de segunda instancia en el 25% de lo que cada profesional deba percibir por su actuación en la instancia de grado.

Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013 Regístrese, notifíquese y vuelvan

GRACIELA L.CRAIG

JUEZ DE CAMARA

JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID

JUEZ DE CAMARA

 

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