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IOMA debe otorgar una suma mensual de dinero a fin de mitigar los costos que las harinas y premezclas libres de gluten tienen en el mercado.

celiacosPartes: B. A. V. c/ IOMA s/ amparo – recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 26-mar-2014

Cita: MJ-JU-M-85441-AR | MJJ85441 | MJJ85441

La obra social debe otorgar una suma mensual de dinero tanto a la madre como a la hija menor de edad, a fin de mitigar los mayores costos que las harinas y premezclas libres de gluten tienen en el mercado, las cuales resultan indispensables para su dieta en razón de la enfermedad -celiaquía-que padecen.

Sumario:
1.-Corresponde rechazar el recurso extraordinario interpuesto y confirmar la resolución que hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por la actora por derecho propio y en representación de su hija menor de edad, condenando en consecuencia a la obra social demandada a otorgarles, con carácter mensual, una suma de dinero para cada una de ellas, a fin de mitigar los mayores costos que las harinas y premezclas libres de gluten tienen en el mercado, las cuales resultan indispensables para su dieta en razón de la enfermedad que padecen -celiaquía-.

2.-La facultad que posee la obra social demandada de fijar las políticas prestacionales más convenientes, no puede traducirse en un valladar infranqueable que impida a las afiliadas el acceso a la asistencia requerida -considerando que tanto la madre como la hija son celíacas y resultan indispensables para ellas las harinas y premezclas libres de gluten-, más aún cuando han demostrado las razones justificantes de su reclamo, y los reparos expuestos por la demandada para oponerse a aquella cobertura han sido en su mayoría de neto carácter administrativo o burocrático.

Fallo:

ACUERDO

En la ciudad de La Plata, a 26 de marzo de 2014, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Genoud, Soria, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 72.392, «B. , A. V. contra IOMA. Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley».

ANTECEDENTES

I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata confirmó el pronunciamiento de primera instancia por el cual se hizo lugar a la acción de amparo interpuesta (fs. 158/164).

II. Disconforme con ese pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 169/176), el que fue concedido por la Cámara actuante mediante decisorio obrante a fs. 177.

III. Oída la señora Procuradora General (fs. 183/187), dictada la providencia de autos (v. fs. 188), glosado el memorial de la parte actora (fs. 196/198) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

CUESTIÓN

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?

VOTACIÓN

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

I.1. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata confirmó el pronunciamiento de primera instancia por el cual se hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por A. V.B. , actuando por derecho propio y en representación de su hija menor de edad C. F.B. . En consecuencia condenó al Instituto de Obra Médico Asistencial de la provincia de Buenos Aires -IOMA- a otorgarles, con carácter mensual, la suma de pesos doscientos quince ($ 215) para cada una de ellas -con más las actualizaciones que se efectúen en el futuro (conf.res 407/2012 del Ministerio de Salud de la Nación)-, a fin de mitigar los mayores costos que las harinas y premezclas libres de gluten tienen en el mercado, las cuales resultan indispensables para su dieta en razón de la enfermedad que padecen (celiaquía) -fs. 158/164-.

Para así resolver destacó que en el caso se encuentra en juego el derecho a la salud de las actoras ­derivado del derecho a la vida y primer derecho de la persona humana reconocido por el ordenamiento jurídico-, contingencia frente a la que nace una impostergable obligación de la autoridad pública de garantirlo, si bien racionalmente, a través del ejercicio de acciones positivas.

Resaltó que la provincia de Buenos Aires no se ha mantenido al margen de esta problemática, pues la ley 10.499 (t.o. por las leyes 12.631 y 14.129) declaró expresamente de interés provincial el estudio, la prevención, las investigaciones y el tratamiento de la celiaquía (conf. art. 1°).

Resaltó la directiva emergente del art. 8 de dicho cuerpo legal, que incorporó a la patología dentro del sistema público de salud y estableció la cobertura total de las prestaciones por las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, precepto que conjugó, a su vez, con la manda del art.4, en cuanto reza que «. a través de la dependencia provincial que corresponda se arbitrarán los medios para proveer de alimentos adecuados a los celíacos carenciados.».

Puntualizó que no obstante que las prestaciones a las que la citada ley refiere no han sido aún reglamentadas (a diferencia de lo que sí ocurre, por ejemplo, en el ámbito nacional) tal circunstancia no puede servir de pretexto para esquivar, de manera excesivamente ritualista, el pedido de tutela puesto en su conocimiento por las pacientes.

Sostuvo que en el caso se requiere la cobertura de una prestación en principio no regulada expresamente en la cartilla prestacional de la institución, pero a la que igualmente podría accederse mediante resolución fundada de su Directorio -órgano ejecutivo de la entidad- por la vía prevista en el art. 22 inc. «f» de la ley 6982.

Puso de manifiesto que la solución adoptada no implicaba una indebida intromisión en las competencias propias de la demandada para establecer las prestaciones y fijar los aranceles adecuados a su política asistencial, sino que esa facultad no podía traducirse en un valladar infranqueable que impida a las afiliadas el acceso a la cobertura solicitada.

Señaló que el ejercicio de una potestad discrecional no puede actuar como justificante de una conducta arbitraria o irracional.

Por último destacó que tampoco se había logrado acreditar el gravamen patrimonial que pudiera producirse por la atención de las erogaciones que conlleva la asistencia requerida.

2. Contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelación, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 169/176).

Inició su desarrollo denunciando violación de los arts. 4 de la ley 10.499, 9 y 27 de la Constitución provincial y 17 de la Constitución nacional.

Sostuvo que el art.4 de la ley 10.499 plantea una limitación en relación al universo de personas beneficiarias, a través de una condición objetiva que deben reunir todos aquellos que pretendan los beneficios de la citada ley -acreditar la condición de carenciados-, situación que no fue denunciada ni probada por las amparistas.

Aseguró que no se encuentra configurada en la especie la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que requiere la acción entablada. Manifestó que de acuerdo a la normativa provincial aplicable al caso, la prestación denegada por el IOMA se conforma al bloque de juridicidad imperante en el ámbito provincial.

Concluyó que la sentencia de condena invade esferas propias del poder administrador, determinando el grado de cobertura de un tratamiento no previsto en la legislación de la institución demandada, violando de tal forma lo dispuesto en los arts. 9 y 27 de la Constitución provincial y 17 de la Constitución nacional.

II. El recurso no puede prosperar.

No se encuentra controvertido en autos que tanto la señora A. V. B. como su hija menor de edad (C. F.B. ), ambas afiliadas al IOMA, padecen de enfermedad celíaca. Frente a ello, la Cámara actuante consideró que en el caso se encuentra en juego la tutela del derecho a la salud de las demandantes, contingencia frente a la que nace una impostergable obligación de la autoridad pública de garantirlo -si bien racionalmente- a través de acciones positivas. En tal marco destacó la directiva emergente del art. 8 de de la ley provincial 10.499 -t.o. por las leyes 12.631 y 14.129-, que incorporó a la patología dentro del sistema público de salud y estableció la cobertura total de las prestaciones por las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, precepto que fue conjugado, a su vez, con la manda del art.4, en cuanto reza que «. a través de la dependencia provincial que corresponda se arbitrarán los medios para proveer de alimentos adecuados a los celíacos carenciados.».

Más allá de la pertinencia del razonamiento y contrariamente a lo afirmado, en la sentencia atacada el tribunal no aplicó el art. 4 de la ley 10.499 en razón de la situación de carencia de las amparistas, tal como lo sostiene el recurrente, pero entendió que en el caso, ponderando el espíritu de la norma, podía accederse a la cobertura de la prestación, que en principio no se encuentra regulada expresamente en la cartilla prestacional de la institución, mediante resolución fundada de su Directorio -órgano ejecutivo de la entidad- por la vía prevista en el art. 22 inc. f de la ley 6982.

En adición, resaltó que la facultad que posee el IOMA de fijar las políticas prestacionales más convenientes, no puede traducirse en un valladar infranqueable que impida a las afiliadas el acceso a la asistencia requerida, más aún cuando han demostrado las razones justificantes de su reclamo, y los reparos expuestos por la demandada para oponerse a aquella cobertura han sido en su mayoría de neto carácter administrativo o burocrático.

Ello así, concluyó que el ejercicio de una facultad discrecional no puede actuar como justificante de una conducta arbitraria o irracional.

Al margen de su acierto o error, la falta de refutación directa e idónea de los motivos que llevaron al tribunal a justificar el acceso a la prestación requerida, torna ineficaz el remedio intentado.

En vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -insisto, al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (doc. C. 95.758, sent.del 9-XII-2010; C. 101.569, sent. del 22-XII-2010; C. 94.540, sent. del 10-III-2011, C. 108.027, sent. del 11-V-2011; entre otras).

Esta Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que una de las notas características de esta instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación (conf. Ac. 88.916, sent. del 14-IX-2005; Ac. 86.835, sent. del 9-VIII-2006; C. 97.720, sent. del 12-XI-2008). El acabado cumplimiento de las pautas que fija el art. 279 del Código Procesal, exige que el recurrente indique con claridad las normas legales y/o doctrina legal infringidas por la decisión cuestionada y precise en qué consiste su violación o por qué se las considera erróneamente aplicadas, ya que suplir de oficio las citas legales que debe hacer el impugnante o inferirlas por interpretación resulta incompatible con la índole de esta instancia (conf. Ac. 70.655, sent. del 10-XI-1998; C. 97.587, sent. del 29-XII-2008, en similar sentido C. 101.793, sent. del 18-III-2009).

El embate que propone la interesada hacia la labor jurisdiccional se limita a meros disentimientos personales que no log ran demostrar que la sentencia no constituya una derivación del derecho vigente (causa A. 69.076, sent. del 29-VI-2011).

III. Por las razones expuestas, el recurso interpuesto no puede prosperar pues ha sido insuficientemente fundado (art. 279 del C.P.C.C.).

Voto por la negativa.

Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 68 y 289 in fine del C.P.C.C. y 19 de la ley 13.928 -texto según ley 14.192-).

Los señores jueces doctores Kogan, Genoud y Soria, por los mismos fundamentos expuestos por el señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

SENTENCIA

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oída la señora Procuradora General, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto.

Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 68 y 289 in fine del C.P.C.C. y 19 de la ley 13.928 -texto según ley 14.192-).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

DANIEL FERNANDO SORIA

LUIS ESTEBAN GENOUD

HILDA KOGAN

EDUARDO NESTOR DE LAZZARI

JUAN JOSE MARTIARENA

Secretario

 

 

  1. Laura Mabel Acuña 6 abril 2018 at 10:43 PM

    Hola me llamo Laura Acuña soy celiaca y tengo la obra social ioma quisiera saber por favor adonde me tengo que dirigir para recibir la prestacion de cobertura alimentaria para celiacos.Desde ya muchas gracias

  2. Hola. Me llamo Cecilia Carelli. Soy celíaca
    Quiero saber cómo hacer el trámite de admisión para estos casos.

  3. Hola . soy celìaca y quisiera saber que tràmite hay que hacer para el reintegro por los gastos que lleva en los alimentos, dicha afecciòn, que se trata de una enfermedad seria y lamentablemente los comercios lucran con eso.

  4. Perdòn, no solo en los alimentos sino tambièn remedios y productos para la higiene sin TACC.

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