Por aplicación del art. 16 de la ley 25.561 se incrementa el 50% de la indemnización por antigüedad que corresponde al actor

Aumento sueldoPartes: Peláez Marcelo Alberto c/ Colegio Farmacéuticos Prov. Bs. As. s/ despido

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 5-mar-2014

Cita: MJ-JU-M-85226-AR | MJJ85226 | MJJ85226

Procedencia del incremento indemnizatorio previsto en el art. 16 de la ley 25.561 (conf. art. 4 de la ley 25.972), equivalente al 50% de la indemnización por antigüedad que corresponde al actor.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por el pago del incremento indemnizatorio previsto en el art. 16 de la ley 25.561 (conf. art. 4 de la ley 25.972), equivalente al 50% de la indemnización por antigüedad.

2.-Cabe concluir que el art. 16 de la ley 25.561 prorrogado por el art. 4 de la ley 25.972- mantuvo su vigencia hasta la publicación del decreto 1224/2007 , que declaró cumplida la condición establecida en el último precepto legal mencionado, pues de adoptarse otra solución el ámbito de aplicación temporal de la normativa examinada habría quedado sujeto a la variable interpretación que en cada caso pudiesen formular las partes y, en última instancia, los órganos jurisdiccionales llamados a intervenir en cada singular contienda en que se debatiese esta temática, lo que habría de conspirar contra la certeza y la seguridad jurídica.

3.-Controvertida la fecha de finalización de la vigencia del agravamiento indemnizatorio transitorio contemplado en el art. 16 de la ley 25.561, y hallándonos ante una multiplicidad de sentidos posibles, debe propiciarse la interpretación de la norma más favorable al trabajador por aplicación del principio in dubio pro operario que rige en materia laboral.

Fallo:

En la ciudad de La Plata, a 5 de marzo de 2014, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Negri, Pettigiani, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 104.124, “Peláez, Marcelo Alberto contra Colegio Farmacéuticos Prov. Bs. As. Despido”.

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo N° 4 del Departamento Judicial La Plata acogió parcialmente la demanda promovida, imponiendo las costas a la demandada (fs. 73/81).

La parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 85/96 vta.), concedido por el citado tribunal a fs. 97.

Dictada la providencia de autos (fs. 108), hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

I. En lo que interesa para la resolución de la litis, el tribunal del trabajo desestimó -por mayoría- la acción deducida por Marcelo Alberto Peláez contra el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto le había reclamado el pago de la indemnización prevista en el art. 4 de la ley 25.972.

Lo hizo por entender que en autos resultó acreditado -con la prueba informativa- que, al momento en que el actor fue despedido (10-IV-2007, vered., fs.71 y vta.), la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.D.E.C.) resultaba inferior al diez por ciento (10%). En consecuencia -explicó el a quo-, teniendo en cuenta que el citado precepto legal sujeta la vigencia de la suspensión de los despidos sin causa justificada y la procedencia del agravante indemnizatorio allí contemplado a la mentada condición definiendo la extensión temporal de la medida y sin requerir ninguna otra norma derogatoria-, debía desestimarse la procedencia del rubro en cuestión.

Aclaró, asimismo, la mayoría del tribunal sentenciante que si bien la tasa de desocupación a la que se refiere el art. 4 de la ley 25.972 es la general (que, en el segundo trimestre del año 2007, ascendió al 8,5% de la población económicamente activa), aun considerándose como desocupados a quienes resultaban beneficiarios de los planes “Jefas y Jefes de Hogar”, la solución no habría variado, habida cuenta que -según se desprende de la informativa emanada del I.N.D.E.C.- dicho índice ascendió, en el mismo período, a 9% o 9,5%, según esas personas buscasen o no empleo (sent., fs. 74 vta./76 vta.).

II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el actor denuncia absurdo y violación de los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 9 de la Ley de Contrato de Trabajo y del decreto 1224/2007, así como de la doctrina legal que identifica (fs. 85/96 vta.).

Señala que, al concluir que el art.4 de la ley 25.972 no estaba vigente al momento en que el actor fue despedido, el tribunal se ha pronunciado en abstracto, limitándose a analizar el contenido gramatical de la norma sin haber efectuado precisión alguna respecto del momento concreto en que se cumplió la condición allí establecida, es decir, soslayó el a quo determinar el día en que perdió vigencia el agravante indemnizatorio.

Añade que lo expuesto se agrava con sólo reparar en la circunstancia de que el juzgador omitió toda referencia al decreto 1224/2007, norma que vino a zanjar definitivamente la cuestión. Dice, en ese sentido, que si para que una norma pierda vigencia es necesaria la publicación de aquélla que la derogue, con mucha mayor razón aún es imprescindible que ello suceda tratándose de una ley sujeta a una condición resolutoria. Concluye, pues, que la norma del art. 4 de la ley 25.972 perdió vigencia el día 12-IX-2007, fecha en que se difundieron los datos del I.N.D.E.C. sobre el índice de desocupación del segundo trimestre del año 2007, como se desprende de la informativa de fs. 44.

Desde otro ángulo, manifiesta que el tribunal fundó su conclusión adversa al reclamo “sin el más mínimo vestigio de duda”, siendo esa supuesta “inexistencia de duda” solamente aparente, habida cuenta que, más allá de la afirmación del juzgador que pretendió evidenciar la ausencia de toda vacilación, el carácter dudoso de la cuestión debatida no puede considerarse desplazado, siendo que la misma provocó un marco generalizado de “oscuridad, confusión y desorden”, que hasta llegó a justificar el dictado de una norma específica.

Refiere que de la doctrina legal de esta Corte (L. 90.221, “Roth”, sent. del 20-XII-2006) se desprende que el principio favor operari debe aplicarse no sólo ante la existencia de dos normas en conflicto, sino también ante una sola norma que carezca de interpretaciones unívocas.Agrega que el juzgador ni siquiera se detuvo a explicar por qué optó arbitrariamente por una de las dos posibilidades, sin haber dado razones para ello. Máxime cuando -continúa- el art. 4 de la ley 25.972 no especifica a cuál índice de desocupación se refiere, esto es, si debe tenerse en cuenta el que incluye entre los desocupados a los beneficiarios de los planes asistenciales o a aquel otro que no los contempla.

Por último, destaca que el a quo “se aparta de las constancias de la causa”, en cuanto sostuvo que, aun de tomarse el índice que contempla a tales beneficiarios como desempleados, la tasa de desocupación resultó inferior al 10%, toda vez que lo contrario se desprende de la informativa de fs. 45.

III. El recurso debe prosperar.

1. En primer lugar, debo destacar que contrariamente a lo que sostiene el recurrente a fs. 85 vta./86 vta.- el valor del litigio, a los fines de la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, no supera el umbral que establecía el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial a la fecha de su interposición.

Aduce el impugnante que el monto de lo cuestionado asciende a $ 37.444,47, cifra que obtiene como consecuencia de adicionar al importe reclamado en concepto de la indemnización prevista en el art. 4 de la ley 25.972 ($ 24.962,98), la suma de $ 12.481,49 que -según la liquidación que novedosamente practica en el recurso- le correspondería percibir por la sanción establecida en el art. 2 de la ley 25.323.

Sin embargo, del escrito impugnatorio se desprende que, en el capítulo destinado a fundar los agravios (fs. 91/96 vta.), ninguna crítica se postuló respecto de la indicada indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323, rubro que, peticionado subsidiariamente en la demanda para el supuesto de que la accionada se negara a pagar el agravante estipulado en el art. 4 de la ley 25.972 (fs.10 vta./11), fue expresamente desestimado en la sentencia atacada con base en argumentos autónomos que ninguna vinculación guardan con los motivos esgrimidos por el a quo para fundar el previo rechazo del agravante en cuestión (ver sent., fs. 76 vta.).

Esto último demuestra -lo sostengo por vía de hipótesis, dado que ningún planteo explícito contiene el embate en esa dirección- que no puede considerarse que el rechazo de la indemnización del art. 4 de la ley 25.972 traiga aparejada la necesidad de abordar la cuestión vinculada a la sanción del art. 2 de la ley 25.323, toda vez que -insisto- más allá de lo que pudiera opinarse sobre el acierto sustancial de esa forma de resolver, el sentenciante desestimó ambos rubros de manera autónoma, por lo que la ausencia de toda crítica sobre los motivos que llevaron al a quo a denegar este último resarcimiento impone concluir que el importe reclamado en tal concepto no debe ser incluido a los fines de determinar el valor de lo cuestionado.

2. A tenor de lo señalado, resta analizar si se verifica en la especie la excepcional hipótesis receptada en el art.55 -primer párrafo, in fine- de la ley 11.653, que, con prescindencia del valor del litigio, autoriza la revisión casatoria en los casos en los cuales se vulnera la doctrina legal de esta Suprema Corte.

Adelanto que dicho interrogante merece una respuesta afirmativa.

(i) La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha advertido reiteradamente que, para lograr una interpretación sistemática y coherente del orden normativo, se debe atender a las circunstancias existentes al momento en que una decisión es tomada, aun en aquellos casos en que esas circunstancias fueran sobrevinientes a la interposición del recurso (Fallos 322:1318; 324:1096 y 1878; 327:2476; como ejemplos de muchos otros precedentes, entre los cuales se encuentra la sentencia recaída en la causa M.336.XLIV, del día 6-III-2012).

Adoptando tal advertencia, y teniendo en cuenta la finalidad que inspira lo preceptuado en el art. 55 de la ley 11.653, este Tribunal ha adoctrinado en distintas ocasiones (en reflexión que es válida para sí mismo) que los órganos jurisdiccionales deben tener siempre en cuenta la doctrina legal vigente al tiempo en que están llevando a cabo el control de admisibilidad de un recurso o analizando la procedencia del mismo (causas L. 104.668, “Bravo”, sent. del 21-XII-2011; L. 95.335, “Ruiz”, sent. del 25-IV-2007; entre otras).

En esa misma dirección, ha declarado asimismo que, aun cuando los precedentes de la Suprema Corte sean ulteriores a la fecha en que se dedujo el medio extraordinario de impugnación, no cabe prescindir de su análisis y eventual aplicación de sus lineamientos al caso bajo juzgamiento (conf. causas L. 107.602, “Iturregui”, sent. del 30-X-2013; L. 85.120, “Alarcón Cáceres”, sent.del 27-III-2008).

(ii) Esta introducción tiene que ver porque, si bien al momento de dictarse la sentencia (tampoco cuando fue deducido el recurso extraordinario que contra ella se dirige), este Tribunal no había tenido aún oportunidad de resolver una cuestión como la presente, se han produci do ahora fallos que se ocupan de la temática, y lo hacen en sentido favorable a la postura asumida por el recurrente.

Así, se ha establecido -como doctrina legal de esta Suprema Corte- que el art. 16 de la ley 25.561 prorrogado por el art. 4 de la ley 25.972- mantuvo su vigencia hasta la publicación del decreto 1224/2007 (B.O. del 11-IX-2007), que declaró cumplida la condición establecida en el último precepto legal mencionado (ver causas L. 107.955, “Szyszko” , sent. del 29-V-2013; L. 112.631, “Borchi”, sent. del 17-IV-2013; L. 106.264, “Springer”, sent. del 12-XII-2012; L. 109.589, “Antivero”, sent. del 6-XI-2012; L. 105.610, “Blanc”, sent. del 2-XI-2011; L. 106.361, “Pellitero”, sent. del 28-IX-2011).

Tal como lo precisó este Tribunal en los precedentes citados, de adoptarse otra solución, el ámbito de aplicación temporal de la normativa examinada habría quedado sujeto a la variable interpretación que -conforme las diversas alternativas hermenéuticas posibles- en cada caso pudiesen formular las partes y, en última instancia, los órganos jurisdiccionales llamados a intervenir en cada singular contienda en que se debatiese esta temática, lo que habría de conspirar contra la certeza y la seguridad jurídica, valores estos de los cuales no debe ni puede prescindirse en la tarea de administrar justicia.

Máxime cuando, controvertida la fecha de finalización de la vigencia del agravamiento indemnizatorio transitorio contemplado en el art. 16 de la ley 25.561, y hallándonos ante una multiplicidad de sentidos posibles, debe propiciarse la interpretación de la norma más favorable al trabajador por aplicación del principio in dubio pro operario que rige en materia laboral (arts.14 bis de la C.N.; 39 de la Const. prov. y 9 de la L.C.T. ; conf. causas L. 106.361, “Pellitero”; L. 105.610, “Blanc” y L. 107.955, “Szyszko” , cits.).

(iii) A tenor de lo señalado, a los fines de resolver la cuestión tal como ha sido propuesta, cabe considerar, por una parte que, tal como ha quedado acreditado en autos (ver veredicto, fs. 71 y vta.), el actor fue despedido el día 10-IV-2007; y, por otro lado, que el decreto 1220/2007 fue dictado por el Poder Ejecutivo el día 10-IX-2007, siendo publicado al día siguiente.

De tales datos no nos queda sino concluir que, al momento de producirse el distracto, la norma en cuestión -en tanto agravaba las indemnizaciones por despido sin causa justificada- se hallaba aun vigente, debiendo haber sido aplicada por el tribunal de grado, en tanto no resultó controvertido el carácter injustificado del despido.

(iv) A partir de lo dicho, debe juzgarse que la doctrina actual de esta Suprema Corte resulta violentada por el pronunciamiento del tribunal a quo, por lo que cabe acoger el embate y disponer la procedencia del agravamiento indemnizatorio previsto por los arts. 16 de la ley 25.561 y 4 de la ley 25.972, que deberá calcularse por sobre la indemnización del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. causa L. 98.973, “Pantuso”, sent. del 14-VII-2010).

IV. En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora y revocar la sentencia atacada en cuanto desestimó la indemnización prevista en el art. 16 de la ley 25.661 (conf. art. 4 de la ley 25.972), cuya procedencia se declara.

Los autos deben volver al tribunal de grado a fin de que practique la liquidación correspondiente.

Las costas, atento a la novedosa doctrina que funda la solución adoptada, deben ser impuestas por su orden (arts.68 y 289 C.P.C.C.).

Así lo voto.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. Adhiero al voto emitido por mi distinguido colega doctor de Lázzari.

En lo tocante a los alcances del incremento resarcitorio cuya procedencia se declara, también estimo que únicamente debe proyectarse sobre la indemnización por despido, si bien ello, en virtud de la siguiente reflexión.

A tenor de la fecha en que se extinguió el contrato de trabajo que unió a las partes (19-IV-2007), resulta de aplicación al caso el decreto 1433/2005.

Este instrumento, en su art. 1 fijó en un 50% el adicional previsto en el segundo párrafo del mentado art. 4 de la ley 25.972, cuyo texto -el de la ley- dispone que: “En caso de producirse despidos en contravención a dicha suspensión, los empleadores deberán abonar a los trabajadores afectados el porcentaje adicional que fije el Poder Ejecutivo nacional, por sobre la indemnización que les corresponda conforme a lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias”.

Luego, y si bien no ha de ignorarse que en la temática, otro decreto, el 2014/2004, aludía en lo pertinente a que “el porcentaje adicional comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo” (art. 2), éste fue derogado por el que opera en el presente caso (art. 2, decreto 1433/2005), circunstancia que se erige como un lógico valladar que impide en el sub examine hacer valer aquellas disposiciones.

II. Bajo tales señalamientos, reitero mi adhesión al sufragio que inaugura este acuerdo.

Así lo voto.

El señor Juez doctor Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la cuestión en igual sentido.

El señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó la cuestión en igual sentido. Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora y, en consecuencia, se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por el pago del incremento indemnizatorio previsto en el art. 16 de la ley 25.561 (conf. art. 4 de la ley 25.972) -equivalente al 50% de la indemnización por antigüedad (art. 245, L.C.T.)-, cuya procedencia se declara.

Vuelvan los autos al tribunal de origen para que practique la liquidación que corresponda con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.

Las costas se imponen en el orden causado (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

Regístrese y notifíquese.

Hector Negri

Daniel Fernando Soria

Eduardo Julio Pettigiani

Eduardo Nestor De Lazzari

Guillermo Luis Comadira – Secretario

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