Al basarse la sentencia en una norma distinta a la expuesta por la actora se declara nula por afectar el ppio de congruencia.

sentenciaPartes: Fonseca S.A. c/ AFIP – DGI s/ demanda contenciosa

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata

Fecha: 25-feb-2014

Cita: MJ-JU-M-85369-AR | MJJ85369 | MJJ85369

Se declaró la nulidad de la sentencia que rechazó la demanda interpuesta contra una multa impuesta por la AFIP, ya que la misma fue basada en una norma distinta a la expuesta por la actora afectando asi la defensa en juicio y el principio de congruencia.

Sumario:

1.-Corresponde declarar la nulidad de la sentencia que rechazó la demanda contra la imposición de una multa por parte de la AFIP, pues falló basándose en una norma distinta a la expuesta, y ello, por quedar afectado el principio de congruencia y el de defensa en juicio, por haber sido resuelta la cuestión en otro disposición legal que no era la que se había referido expresamente dicha parte, sin haber sido notificada y ni siquiera fundada o hecha saber a las partes.

2.-La finalidad de las nulidades procesales radica en asegurar la garantía constitucional de la defensa en juicio y al aplicar esta figura, no se logra el aseguramiento por sí de la observancia de las formas procesales, sino el cumplimiento de los fines a ellas confiados por la ley.

3.-El principio de trascendencia es requisito indispensable para que se constituya la nulidad, es decir, sólo tiene viabilidad este remedio cuando haya un fin que trascienda la nulidad misma, en otras palabras cuando la desviación tenga influencia sobre las garantías esenciales de la defensa en juicio.

4.-La nulidad procesal tiene lugar cuando el acto impugnado vulnera gravemente la sustanciación regular del procedimiento, o cuando carece de algún requisito que le impide lograr la finalidad natural, normal, a que está destinado, sea en su aspecto formal, sea en cuanto a los sujetos o el objeto del acto.

5.-Existe una falta de conformidad que surge del confronte del objeto (que radica en torno a la multa regulada en el artículo agregado a continuación del art. 39 de la Ley 11683 según modif. Ley 25795 ) con el supuesto tratado por el a quo (la multa regulada por el art. 39 de la Ley 11683, t.o. 1998 con las reformas introducidas por la Ley 25239) en la sentencia de marras.

6.-Yerra el a quo en su apreciación en cuanto al establecimiento de la cuestión sometida a juzgamiento, cuando dispone que se aplica multa en virtud de la omisión en la presentación de la declaración jurada informativa encuadrada en el art. 39 de la ley 11683, cuando en rigor la multa aplicada sanciona el incumplimiento del requerimiento cursado por la Afip al contribuyente -en los términos del artículo agregado a continuación del art. 39 de la Ley 11683.

7.-La sentencia de grado no cumple con las formalidades que exige el art. 163 del CPCCN el cual dispone en su inc. 6to que la sentencia definitiva de primera instancia deberá contener la decisión expresa positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley declarando el derecho de los litigantes y condenado o absolviendo de la demanda y reconvención.

8.-En el caso de marras, el a quo ha fallado desestimando la demanda fundándola en normas que no estaban en juego; por lo que resulta obvio que la parte actora no pudo ejercer derecho alguno respecto de la norma invocada por el juez de la instancia anterior, tal el art. 39 de la ley 11683 por cuanto lo que estaba reclamando era que se revoque la Resoluc. 1149/2007 del 21 de agosto de 2007 por la que se aplicó a la firma actora una multa encuadrada en el artículo agregado a continuación del art. 39 de la ley 11683, to 1998 y sobre esta norma nada refirió el Sr. Juez.

Fallo:

En la ciudad de Mar del Plata, a los 25 días del mes de febrero de dos mil catorce, avocados los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata al análisis de estos autos caratulados: “FONSECA S.A. c/ AFIP – DGI s/ DEMANDA CONTENCIOSA”. Expediente 81046292/2007 (Ex 14.457), provenientes del Juzgado Federal N° 4, Secretaría N° 3 de esta ciudad. El orden de votación es el siguiente: Dr. Jorge Ferro, Dr. Alejandro Tazza. Se deja constancia que se encuentra vacante el cargo del tercer integrante de este Tribunal a los fines del art. 109 del R.J.N.

El Dr. Ferro dijo:

Que arriban estos autos a la Alzada, en virtud del recurso de apelación incoado a fs.267 y fundado a fs.280/285 por la actora, contra la sentencia de grado obrante a fs.263/264vta. por medio de la cual el Sr. Juez a quo rechazó la demanda instaurada por FONSECA S.A. contra la AFIP- DGI, imponiendo las costas a la firma actora perdidosa, conforme el principio general en la materia (art.68 CPCCN).-

En principio la recurrente se agravia por cuanto el a quo afirma que estas infracciones tienen naturaleza contravencíonal configurándose ante el mero incumplimiento, afirmando que para su tipificación no resulta necesaria la intencionalidad, o sea, el elemento subjetivo del tipo; también se agravia por cuanto, sostiene, que el Sr. Juez de Grado omitió dar tratamiento en su pronunciamiento a cuestiones sustanciales para la solución del litigio, incurriendo de este modo en causal de arbitrariedad.

En relación a lo ut supra mencionado, indica tres cuestiones que destaca se omitió analizar en forma arbitraria, a saber:a) que el Fisco consideró que la declaración jurada informativa del ejercicio 2003 era exigible, cuando al momento de la intimación estaba postergada su aplicación, b) que en el caso se imputa un tipo penal agravado en forma retroactiva, ya que se pretende sancionar en virtud de una intimación que si bien es posterior a la vigencia de la norma, incluye ejercicios anteriores a la vigencia de la figura sancionatoria y c) que se solicitó se aplique el error excusable por la demora primitiva en la presentación de Declaración Jurada, ante la falta de certeza en la aplicación de la norma, que incluso motivara suspensiones para presentación de las mismas.

Finaliza su relato, indicando que la sentencia le produce agravio por cuanto en la misma se afirma que su responsabilidad ante el Fisco no se atenúa ante la alegación del estado de necesidad exculpante.

Corrido el traslado de ley correspondiente, contestó la contraría conforme los fundamentos que lucen a fs. 287/299, quedando a fs.300 estos autos en definitivas condiciones de dictar sentencia.

En el caso de autos, observo que la presente contienda trata de una demanda contenciosa planteada en los términos del art. 82 inc. a) de la ley 11.683, afín que se revoque el acto administrativo y la multa (artículo agregado a continuación del art. 39 Ley 11.683 y modif.) aplicada al contribuyente en el sumario S/7/127/2005/00001 (v. fs. 57/75).

Al comenzar a examinar las presentes actuaciones, advierto que su desarrollo no se compadece con los postulados procesales aplicables a la misma ya que -no dudo en forma involuntaria-, se han deslizado yernos tales que permiten adelantar desde ya la nulidad de la sentencia de grado.

Siguiendo la doctrina mayoritaria, entiendo que la finalidad de las nulidades procesales radica en asegurar la garantía constitucional de la defensa en juicio y al aplicar esta figura, no se logra el aseguramiento por sí de la observancia de las formas procesales, sino el cumplimiento de los fines a ellas confiados por la ley.Adunando lo expuesto, debo recordar el “principio de trascendencia”, requisito indispensable para que se constituya la nulidad. Es decir, que sólo tiene viabilidad este remedio cuando haya un fin que trascienda la nulidad misma, en otras palabras cuando la desviación tenga influencia sobre las garantías esenciales de la defensa enjuicio.

Parafraseando al Profesor Alsina podría decir que: “donde hay indefensión hay nulidad; si no hay indefensión no hay nulidad”. Es decir, que este remedio conlleva como misión especial, enmendar perjuicios efectivos, que surgidos de la desviación de las regías del proceso, pueden generar indefensión.

La nulidad procesal, precisamente, tiene lugar, cuando el acto impugnado vulnera gravemente la sustanciación regular del procedimiento, o cuando carece de algún requisito que le impide lograr la finalidad natural, normal, a que está destinado, sea en su aspecto formal, sea en cuanto a los sujetos o el objeto del acto.

Y en este punto parece oportuno citar lo relacionado con las pautas rectoras del deber de motivación de las sentencias: “La sentencia, en iodos los grados jurisdiccionales, está sujeta a un principio específico, impuesto por el ordenamiento positivo. Se trata del postulado de congruencia, que exige conformidad entre la sentencia y la pretensión o pretensiones, más fa oposición u oposiciones que delimitan el tema decidendum. La inobservancia de esta directiva (incongruencia) constituye un vicio descalificador del pronunciamiento. .” (el resaltado me es propio).-

Las sentencias judiciales deben atenerse a la situación que era objeto del juicio y correspondía al Sr. Juez aquo resolver con arreglo a las acciones deducidas en juicio y pronunciarse sobre lo que pidan las partes; o sea, decidir peticiones concretas.

Es por ello que he de destacar la falta de conformidad que surge del confronte del objeto de autos (que radica en tomo a la multa regulada en el artículo agregado a continuación del art. 39 de la Ley 11.683 según modif.Ley 25.795)-delineado por la actora en su libelo de inicio y por la demanda en su escrito de responde- con el supuesto tratado por él a quo (la multa regulada por el art.39 de la Ley 11.683, t.o. 1998 con las reformas introducidas por la Ley 25.239) en la sentencia de marras.

Yerra él a quo en su apreciación en cuanto al establecimiento de la cuestión sometida a juzgamiento, a saber: “.nulidad de la resolución n° 1149/2007 (DI RMDP) de fecha 21 de Agosto de 2007 por la cual se aplica una multa de $ 36.000 por omisión en fa presentación de la declaración jurada informativa encuadrada en el art. 39 de la ley 11.683.” ( el resaltado me es propio), mientras que la multa aplicada sanciona el incumplimiento del requerimiento cursado por la Afip al contribuyente -en los términos del artículo agregado a continuación del art. 39 de la Ley 11.683- según surge del mismo, de la instrucción del Sumario N° 7/127/2005/00001, como así también de la constancia de la multa obrante en autos (verfs.1, 4 y 6).

He de destacar que los principales argumentos de la acción de autos versan sobre la naturaleza penal de la sanción aplicada y el momento de su entrada en vigencia. Extremos que no han sido analizados por él a quo en relación con los hechos ventilados en autos principalmente por expedirse respecto de ellos, pero en referencia a una norma distinta (art. 39 de la ley 11.683 t.o. 1998).

En otras palabras, la sentencia de grado no cumple con las formalidades que exige el art. 163 del CPCCN el cual dispone en su inc. 6to, lo siguiente: “La sentencia definitiva de primera instancia deberá contener.La decisión expresa positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley declarando el derecho de los litigantes y condenado o absolviendo de la demanda y reconvención.

En el caso de marras, el aquo ha fallado desestimando la demanda fundándola en normas que no estaban en juego; resulta obvio que la parte actora no pudo ejercer derecho alguno respecto de la norma invocada por el juez de la instancia anterior, tal el art. 39 de la ley 11.683 por cuanto lo que estaba reclamando era que se revoque la Resoluc. 1149/2007 del 21 de agosto de 2007 por la que se aplicó a la firma actora una multa encuadrada “en el artículo agregado a continuación del art. 39 de la ley 11683, to 1998” y sobre esta norma nada refirió el Sr. Juez.

Más allá de la imperfecta redacción del Pto. B, en el ítem II OBJETO y que pudo a confundir al Magistrado, ello representa un extremo que afecta el derecho de defensa de la actora y de esa manera altera -además- el principio de congruencia toda vez que el aquo -incluso- no fundó, ni argumentó tal decisión de una manera que pudiera la actora ejercer su defensa normativa.

En consecuencia, frente a esta situación queda afectado el principio de congruencia, el cual obsta la posibilidad de rechazar la demanda por haber sido resuelta la cuestión en otro disposición legal que no era la que se había referido expresamente dicha parte, sin haber sido notificada y ni siquiera fundada o hecha saber a las partes, al menos, por el aquo sobre tal situación procesal.

Cuadra añadir, por lo demás, en cuanto al mencionado principio, que se trata de un “postulado de lógica formal que debe imperar en todo orden de razonamiento” y ello determina la lógica que debe contener toda sentencia:los sujetos individualizados en la demanda, el objeto reclamado -en el caso de marras- y el pronunciamiento sobre la causa invocada; frente al incumplimiento de tales pautas dimana la incongruencia puesto que constituye una ausencia de adecuación lógica y afectación de la defensa de las partes.

Más aún, calificada jurisprudencia -de la cual participo- suele sustentar el principio de congruencia con el de defensa en juicio, al referir el límite que tiene el juez de no introducir sorpresivamente cuestiones de una manera que las partes no puedan ejercer su plena y efectiva defensa; por ello debe existir conformidad entre la sentencia y la demanda en cuanto al objeto de la causa.

El principio de congruencia tiene raigambre constitucional, cuando la sentencia o la decisión del aquo, excede el objeto de la pretensión; el carácter constitucional del principio de congruencia, como expresión de la defensa en juicio, obedece a que el sistema de garantías constitucionales del proceso está orientado a proteger los derechos y no a perjudicarlos.

Desde otra perspectiva, también observo lo desacertado de la decisión objeto de la apelación que estoy tratando, pues se ha vulnerado la voluntad o el saber del actor para indicar la norma sobre la cual ha de instaurar su demanda.

En relación -y haciendo suyo el Dictamen del Procurador Fiscal subrogante- el Cimero Tribunal ha sostenido: “Vulnera el principio de congruencia y la garantía de la defensa en juicio, la sentencia que no examinó las defensas sustentadas en la reglamentación (.) por considerar, erróneamente, que al tiempo del distracto no estaba vigente, cuando su publicación en el Boletín Oficial aconteció con anterioridad, por lo que no se ajustó a las constancias probadas de la causa y al derecho aplicable , como establece el art. 163 del Cód.Procesal Civil y Comercial de la Nación.” .-

Por lo tanto, conforme mi reiterado criterio sobre esta cuestión, correspondería dejar sin efecto tal resolución que la ha decidido prescindiendo del alcance que en derecho corresponde asignarle conforme las pretensiones legales de la actora al frustrar concretas garantías constitucionales de esa parte.

Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo declarar la nulidad de la sentencia de grado y devolver el expediente a la primera instancia a fin que el Sr. Juez aquo dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente; las costas se impondrán en el orden causado conforme la naturaleza de la cuestión planteada.

Tal es mi voto

JORGE FERRO

JUEZ DE CAMARA

El Dr. Tazza dijo:

Adhiero a la solución del caso que propone el Dr. Ferro, por compartir los fundamentos expresados en su voto.

ALEJANDRO OSVALDO TAZZA

JUEZ DE CAMARA

Mar del Plata 25 de febrero de 2014.

VISTOS:

Estos autos caratulados: “FONSECA S.A. el AFIP – DGI s/ DEMANDA CONTENCIOSA”. Expediente 81046292/2007 (Ex 14.457), provenientes del Juzgado Federal N° 4, Secretaría N° 3 de esta ciudad y lo que surge del Acuerdo que antecede

SE RESUELVE:

Declarar la nulidad de la sentencia de grado y devolver el expediente a la primera instancia a fin que el Sr. Juez aquo dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente; las costas se impondrán en el orden causado conforme la naturaleza de la cuestión planteada.

REGISTRESE, NOTIFIQUESE, DEVUELVASE.

JORGE FERRO

JUEZ DE CAMARA

ALEJANDRO OSVALDO TAZZA

JUEZ DE CAMARA

Se deja constancia que se encuentra vacante el cargo del tercer integrante de este Tribunal a los fines del art. 109 del R.J.N.

Dra. ANALIA DEFUCHI

SECRETARIA

DE LA CAMARA FEDERAL

DE APELACIONES DE MAR DEL PLATA

 

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