No existe abandono de trabajo si en el caso, el trabajador previamente intima al empleador a regularizar su situación laboral

Despido empleadoPartes: Rossie Anahi Soledad c/ Etiquetadora Manual Amg S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara del Trabajo de Mendoza

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 3-feb-2014

Cita: MJ-JU-M-84212-AR | MJJ84212 | MJJ84212

Ilegitimidad del despido por abandono del trabajo cuando el trabajador previamente había intimado al empleador a regularizar su situación laboral.

Sumario:

1.-No se ajustó a derecho el despido por abandono del trabajo, pues surge probado que el accionante no dejó de prestar su débito laboral injustificadamente, sino que había emplazado a la demandada a consignar su real jornada y remuneración conforme convenio de la actividad, a que se le abonase el sueldo adeudado y diferencias salariales, emplazándola además a que se le brindase ocupación efectiva.

2.-El abandono de trabajo como causal de despido debe ser probado fehacientemente por quien lo alega, lo que implica demostrar también la intencionalidad del trabajador, es decir su conducta concreta y voluntaria, siendo la interpretación restrictiva de la norma consecuencia directa de los principios rectores del derecho laboral, como son el de buena fe, el de irrenunciabilidad, el de continuidad del vínculo y el consagrado constitucionalmente en el art. 14 bis de la CN, de protección contra el despido arbitrario.

3.-La aplicación de la tasa pasiva al crédito de la actora no resiste el test de razonabilidad, dada la naturaleza alimentaria del crédito, siendo de estricta justicia la aplicación de la tasa activa, por resultar esa tasa, más adecuada a los índices inflacionarios evitando que la trabajadora vea licuar su acreencia.

Fallo:

En la ciudad de Mendoza, a los tres días del mes de Febrero de dos mil catorce, se constituye la Sala Unipersonal de esta PRIMERA CAMARA DEL TRABAJO, a cargo de su titular Dra. Elcira Georgina de la Roza, con el objeto de dictar sentencia definitiva en los autos Nº 45.688 caratulados: “ROSSIE ANAHI SOLEDAD C/ETIQUETADORA MANUAL AMG S.A. P/DESPIDO” de los que,

R E S U L T A:

A fs. 02/23 se presenta la actora ANAHI SOLEDAD ROSSIE, por medio de representante legal e interponen formal demanda ordinaria contra ETIQUETADORA MANUAL AMG S.A., en su calidad de empleada en la categoría de operaria de bodega CCT 85/69, por el reclamo de $ 19.101,64 o lo que en más o menos resulte de la prueba a rendirse, con más sus intereses y costas.

Expresa que ingresó a trabajar para la demandada el día 19/04/2010, hasta que el día 17/11/2010 la empresa lo despide.

Refiere que cumplía un horario de trabajo de lunes a viernes de 8 a 18 hs.

Señala que percibía una remuneración menor que la que le correspondía.

Dice que sorpresivamente a partir de noviembre de 2010 la demandada le niega ocupación efectiva, ante lo cual remite telegrama con copia a la AFIP de fecha 11/11/2010 emplazando a la accionada a regularizar y aclarar su situación laboral y emplaza al pago de los rubros adeudados; que el 15/11/2010 la demandada emplaza a presentarse a trabajar bajo apercibimiento de considerar abandono, pero no ofrece cumplir ninguno de los reclamos.

Sostiene haber concurrido el 16/11/2010 a trabajar con el Sr. Gabriel Aimi como testigo, quien pudo constatar la negativa a otorgarle ocupación; por ello el 17/11/2010 remite despacho emplazando a cumplir con sus reclamos y comunicando retención del débito laboral, despacho postal que la demandada responde dando por extinguida la relación.

Practica liquidación, ofrece prueba y funda en derecho.

Corrido traslado de ley conforme constancias de fs.29/41 y 44, el Tribunal ordena el desglose de la presentación.

A fs. 45 la parte actora solicita sustanciación de la causa a prueba.

A fs. 47 glosa auto de sustanciación de pruebas.

A fs. 58 luce declaración testimonial del Sr. Aimi Gabriel Emanuel y a fs. 59 obra Acta de fracaso de audiencia de conciliación, solicitando se tenga por absuelta en rebeldía las posiciones de la demandada y designando perito contador.

A fs. 65/77 obra informe de correo argentino.

A fs. 79 luce designación de nuevo perito, quien acepta el cargo a fs. 83 y a fs. 89/90 presenta su informe pericial.

A fs. 95 el Tribunal pone los autos a disposición de las partes para alegar.

A fs. 125 lucen los alegatos de la parte actora.

A fs. 131 el Tribunal llama autos para sentencia.

De conformidad con lo establecido por el art. 160 de la Constitución de la Provincia y arts. 90 del CPC y 108 del CPL, quedan planteadas las si­guientes cuestiones a resolver:

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERA CUESTION: Existencia de la relación laboral.

SEGUNDA CUESTION: Rubros Reclamados.

TERCERA CUESTION: Intereses y Costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION LA DRA. ELCIRA GEORGINA DE LA ROZA DIJO:

La actora ANAHI SOLEDAD ROSSIE invoca en sustento de lo reclamado en autos haberse vinculado con ETIQUETADORA MANUAL AMG S.A., mediante un contrato de trabajo a partir del 19/04/2010, hasta que el día 17/11/2010 la empresa lo despide, laborando en la categoría profesional de operaria de bodega CCT 85/69, cumpliendo un horario de trabajo de lunes a viernes de 8 a 18 hs.

Hechos que constituyen en la litis extremos legales esenciales y fundantes de la pretensión cuyo peso probatorio recaen sobre el accionante (art. 45 CPL).

La incontestación de la demanda, tiene por efecto, la presunción de verdad de los hechos afirmados por el accionante, si el actor prueba el hecho principal de la prestación de servicios (art.45 CPL). Se trata de una presunción iure tantum, que admite prueba en contrario.

Corresponde, en consecuencia, analizar las constancias de autos y la prueba arrimada a la causa a fin de determinar si existen hechos y elementos que analizados en su conjunto permitan determinar la existencia de una relación de dependencia, la fecha de ingreso, la categoría y remuneración.

Los recibos de haberes acompañados al proceso (fs. 3 y 4), la correspondencia epistolar cursada entre las partes (fs.5/8 y 65/69) el testimonio rendido, absolución de posiciones en rebeldía de la demandada (58/59), así como la prueba pericial contable (89/90), resultan de valor probatorio suficiente para tener por acreditado el vínculo laboral entre las partes.

Por todo lo expuesto, concluyo que, efectivamente la actora ANAHI SOLEDAD ROSSIE ha prestado servicios de manera personal a favor y bajo la dependencia de la demandada ETIQUETADORA MANUAL AMG S.A. a partir del 19/04/2010 laborando en la categoría profesional de operaria de bodega CCT 85/89, cumpliendo un horario de trabajo de lunes a viernes de 8 a 18 hs. hasta que el día 17/11/2010 la empresa la despide.

ASI VOTO.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION LA DRA. ELCIRA GEORGINA DE LA ROZA DIJO:

1.-Sueldo octubre y noviembre 2010, SAC prop.2010:

En primer lugar diré que, resuelto a través del tratamiento de la precedente cuestión, que el vínculo jurídico establecido entre las partes correspondió a un contrato de trabajo, el orden imperativo laboral es de aplicación automática respecto de los reclamos efectuados por los actores en relación a los rubros no retenibles.

Esto deriva de la circunstancia de encontrarnos frente a prestaciones de carácter alimentario, de cumplimiento forzoso y que vienen impuestas por la ley laboral por el simple hecho de la prestación de servicios por cuenta ajena.

A su vez, en conexidad con el art. 55 de la LCT, el art. 55 del CPL dispone la inversión de la carga de la prueba:”Incumbirá al empleador la prueba contraria a las afirmaciones del trabajador: a) cuando el obrero reclame el cumplimiento de prestaciones impuestas por la ley”, como ocurre en el sublite, en referencia a los rubros del presente capítulo.

El instituto de la inversión de la prueba, se ubica entre los principios fundamentales que tipifican el proceso laboral, creando en la patronal la necesidad insoslayable de acreditar sus posiciones de hecho, a los fines de no ser derrotado.

Por lo expuesto y tratándose de prestaciones de cumplimiento forzoso por el hecho de la prestación de servicios, se produce un desplazamiento del peso probatorio, estando a cargo del demandado acreditar que efectivamente cumplió con el pago de las obligaciones en análisis, extremo que no ha ocurrido en este proceso. (arts. 52, 54, 55, 124,138, 140, 141 y conc. de la L.C.T. y 55 C.P.L.).

En consecuencia, corresponde hacer lugar al reclamo de sueldos de los meses de octubre y días de noviembre (17 días) en la suma de $ 1.652,00 y 936,19 respectivamente, conforme la Pericia Contable rendida.

Asimismo corresponde hacer lugar al reclamo de aguinaldo proporcional por el tiempo laborado, en la suma de $ 1.652,00 conforme la Pericia Contable rendida.

2.-Indemnización por Despido, por Omisión de Preaviso e integración del mes de despido:

Resulta igualmente objeto de consideración en este decisorio el reclamo indemnizatorio formulado por la accionante y emergente de la ruptura de la relación laboral que, se produjo por despido directo comunicado por la accionada mediante despacho postal remitido con fecha 17 de noviembre de 2010 en los siguientes términos: “No habiéndose presentado a trabajar, no obstante el emplazamiento que le fue formulado en la fecha 15/11/2010, CD 030138864. Le notifico que doy por extinguido la relación laboral por la causal de abandono de trabajo.”

El art.242 de la Ley de Contrato de Trabajo, habilita la denuncia contractual por cualquiera de las partes ante el grave incumplimiento de la otra, determinando las pautas de valoración judicial.

La carga procesal ineludible de acompañar los elementos de prueba que acrediten la existencia de la causal o conducta injuriosa que se imputa y que permitan formar en la convicción el juzgador, la entidad suficiente para adoptar la medida extrema, pesa sobre la parte que la invoca (art. 179 C.P.C.), en el caso, la demandada.

Y siendo que el sub judice, el despido dispuesto por la demandada se funda en lo dispuesto por el artículo 244 de la LCT, corresponde analizar si se han cumplido los extremos requeridos por la citada normativa, es decir, si ha quedado acreditado en autos conforme la prueba rendida, el cumplimiento de tales extremos y concretamente la causal invocada por quien asume la decisión rescisoria.

El artículo 244 de la citada normativa establece: “El abandono del trabajo como acto de incumplimiento del trabajador sólo se configurará previa constitución en mora, mediante intimación hecha en forma fehaciente a que se reintegre al trabajo, por el plazo que impongan las modalidades que resulten en cada caso”

El abandono de trabajo como causal de despido debe ser probado fehacientemente por quien lo alega, lo que implica demostrar también la intencionalidad del trabajador, es decir su conducta concreta y voluntaria.

La interpretación restrictiva de la norma es consecuencia directa de los principios rectores del derecho laboral como son el de buena fe, el de irrenunciabilidad, el de continuidad del vínculo y el consagrado constitucionalmente en el artículo 14 bis de la CN, de protección contra el despido arbitrario.

Nuestro Superior Tribunal tiene dicho que no sólo se trata de colocar en mora al trabajador que dejó de concurrir al trabajo sin causa o motivo justificante, sino que debe exigirse algo más para que el empleador pueda invocar el incumplimiento grave y calificado y optar por resolver el contrato sin responsabilidad indemnizatoria.Debe mediar por parte del trabajador la existencia de un comportamiento de abdicación de la relación laboral que ponga en evidencia una voluntad rescisoria unilateral innegable.

De la secuencia y texto de los despachos postales cursados por las partes, así como la incontestación de la d emanda, surge como un hecho acreditado y no controvertido en autos, que el accionante no dejó de prestar su débito laboral injustificadamente, por el contrario, surge conforme despacho postal obrante a fs. 16 (de fecha 11/11/2010) que la actora había emplazado a la demandada a consignar su real jornada y remuneración conforme convenio de la actividad, a que se le abonase el sueldo correspondiente al mes de octubre y diferencias salariales. Asimismo emplazó a que se le brindase ocupación efectiva.

Asimismo, conforme las conclusiones arribadas al tratar la primera cuestión, surge acreditado con la testimonial rendida y planillas horarias presentadas, la real jornada de la actora y que ésta se presentó a laborar sin que le dieran ocupación efectiva y en virtud de los recibos de haberes incorporados al proceso, la falta de pago de las horas extraordinarias, así como la falta de pago del sueldo correspondiente al mes de octubre de 2010 y del aguinaldo proporcional al primer semestre de 2010.

Es preciso señalar en la valoración de las pruebas arrimadas a la causa, el informe de Correo Argentino y concretamente los despachos postales cursados, el fundamento invocado por la demandada como causal de despido, no resulta imputable al actor.

En consideración de lo precedentemente expuesto, concluyo que no ha quedado probada la razonabilidad de la decisión rupturista de la demandada y que ésta no se ajusta en el caso, a lo dispuesto por el art. 242 y 244 de la L.C.T., por lo que la resolución contractual resulta injustificada y es procedente el reclamo económico indemnizatorio pretendido por la accionante (art.245 L.C.T.).

A efectos del cálculo de los rubros indemnizatorios que prosperan, tengo en cuenta la liquidación efectuada por el Perito de la causa, (fs.90), ascendiendo a la suma de $ 1.652 la indemnización por antigüedad, $ 1.652 la indemnización por omisión de preaviso y $ 715,91 (55,07 x 13) la integración del mes de despido.

3.- Vacaciones no gozadas:

Es decir la indemnización equivalente al salario correspondiente al periodo de descanso proporcional a la fracción del año trabajada, y de la que se hace acreedor el trabajador cuando se extingue el contrato de trabajo por cualquier causa, conforme lo prevé la LCT en su art. 156, corresponde percibir la suma de $528,67, conforme la pericia contable rendida.

4.- La indemnización del artículo 2 de la ley 25.323.

El art. 2 de la ley 25323, sanciona al empleador, fehacientemente intimado por el trabajador al pago de las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la L.C.T., y que lo obligare, a iniciar acciones judiciales tendientes a su cobro, con una incremento del 50% de sus respectivos montos. Esta norma debe ser concedida con carácter restrictivo.

El último párrafo del artículo habilita a la interpretación restrictiva del mismo, por cuanto dispone “Si hubiera existido causas que justificaren la conducta del empleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de su pago”.

En el caso de autos, considero procedente esta sanción por haberse demostrado con los despachos telegráficos y demás constancias de autos, que el empleador ha sido fehacientemente intimado al pago de la liquidación final por despido injustificado, sin que haya hecho efectivo su pago, razón por la cual el actor ha tenido que entablar la presente demanda judicial con el objeto de obtener su cobro.Paralelamente, no se da en el sub lite, ninguna causal que justifique la inconducta del empleador y que fundada y objetivamente permita apartarme de la indemnización dispuesta por la normativa.

En consecuencia, considero procedente el concepto reclamado por los accionantes y en base a las pautas expresamente establecidas por la citada normativa: el 50% de las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la L.C.T.

Por todo lo expuesto, concluyo a favor de la procedencia de la indemnización establecida en el artículo 2 de la Ley 25.323 que reclama la accionante, prosperando por la sumas de $ 2.009,95.

5.- La indemnización de los artículos 10 y 15 de la Ley 24013.

El mencionado artículo (10°LE) refiere a la situación en que el empleador “consignare en la documentación laboral una remuneración menor que la percibida por el trabajador”, disponiendo que “abonará a éste una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas y no registradas, debidamente reajustadas desde la fecha en que comenzó a consignarse indebidamente el monto de la remuneración.”.

Por su parte, la ley 25.345 modifica el artículo 11 de la ley 24013 disponiendo que ” Las indemnizaciones previstas en los artículos 8°, 9° y 10 procederán cuando el trabajador o la asociación sindical que lo representen cumplimente en forma fehaciente las siguientes acciones: a. intime al empleador a fin de que proceda a la inscripción, establezca la fecha real de ingreso o el verdadero monto de las remuneraciones, y b. proceda de inmediato y, en todo caso, no después de las 24 horas hábiles siguientes, a remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos copia del requerimiento previsto en el inciso anterior. Con la intimación el trabajador deberá indicar la real fecha de ingreso y las circunstancias verídicas que permitan calificar a la inscripción como defectuosa.Si el empleador contestare y diere total cumplimiento a la intimación dentro del plazo de los treinta días, quedará eximido del pago de las indemnizaciones antes indicadas.”

El texto expreso de la ley impone como uno de los requisitos para la procedencia de la indemnización, la comunicación a la AFIP.

De las constancias de autos y prueba rendida (informativa de fs. 77), surge acreditado el cumplimiento del requisito de comunicación a la AFIP, se colige en consecuencia, que corresponde hacer lugar al reclamo por indemnización del art. 10°, que de conformidad con lo dispuesto por la normativa, asciende a la suma de $783,81. A los efectos del cálculo he tenido en cuenta el sueldo de convenio para la categoría de operario $1.652,00 más la suma de $ 1.376,75 por mes por horas extraordinarias y lo consignado en recibos de sueldo incorporados a la causa, en consecuencia, calculo la indemnización por este concepto (cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas y no registradas) en la suma de$ 2.856,57.

El art. 15° del citado cuerpo legal prevé la duplicación de la indemnización que le corresponde como consecuencia del despido injustificado dispuesto por el empleador dentro de los dos años desde la intimación a la correcta registración o cuando el trabajador se considera despedido con justa causa vinculada a la incorrecta registración.

A tenor de los términos en que fuera cursado el emplazamiento a registración laboral, bajo apercibimiento de considerarse despedido y finalmente el despido indirecto operado por la negativa del empleador, concluyo que resulta procedente la indemnización del artículo 15° de ley 24013, en virtud de lo preceptuado por el párrafo 2° del citado artículo.

Por fallo plenario n° 302 de la CNAT en autos “Palloni Mariela Haydee c/Depormed SA P/Desp” se aclaró la interpretación que debía darse a la duplicación a que alude el art. 15 de la ley 24013, disponiendo que incluye la suma prevista en los arts.245, 232 y 233 2° párrafo de la LCT.

Y en cuanto al alcance de la expresión “el doble”, la CSJN en autos “Torres Luis c/Tiffenberg Samuel”, solucionó la controversia explicando que a la suma original que le corresponda al trabajador por la extinción se tiene que adicionar un monto igual y no dos, pues si no ello significa triplicar la cantidad que el trabajador deba percibir.

De lo expuesto y normativa citada, el rubro procede por la suma de $ 4.019,91.

ASI VOTO.

SOBRE LA TERCERA CUESTION LA DRA. ELCIRA GEORGINA DE LA ROZA DIJO:

Los intereses legales.

Atento lo normado por el art. 82 C.P.L., 90 inc. 6 del C.P.C. (art. 108 C.P.L.) y artículo 622 del Código Civil, debo expedirme sobre los intereses legales.

El artículo 622 del C.C. establece que el deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si no se hubiese fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que debe abonar.

No habiendo interés convenido pero sí determinado por leyes especiales con vigencia en el orden provincial como son las Leyes Nro. 3.939, 4.087, 7.198 y 7.358, corresponde determinar cuál es la norma que resulta aplicable al caso concreto.

En las resoluciones judiciales los intereses legales se determinan en función del tiempo que el acreedor estuvo privado de su crédito. La sentencia, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 82 del C.P.L. y 90 inc. 6 del C.P.C. (art. 108 CPL), debe contener tanto el monto de condena, como los intereses o las bases para ser determinados.

El fallo plenario dictado por nuestro Superior Tribunal, con fecha 28/05/2009 en la causa n° 93.319, caratulada “AGUIRRE HUMBERTO POR SÍ Y POR SU HIJO MENOR EN J. 146.708/39.618 AGUIRRE HUMBERTO C/OSEP P/EJEC. SENTENCIA S/ INC.CAS.”, resolvió: 1) La Ley 7198 ha devenido en inconstitucional atento que la tasa pasiva que la misma fija no cumple con la función resarcitoria que deben tener los intereses moratorios. 2) Corresponde aplicar la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.); 3) Los jueces tienen la obligación de verificar si en cada caso en concreto la tasa activa que ordenen aplicar resulta razonable y conlleva un resarcimiento legítimo y justo y 4) La tasa de interés fijada debe aplicarse a partir del dictado del presente plenario, lo que no impide que, en cada caso particular, se verifique si en concreto la tasa pasiva resultaba inconstitucional, pudiendo el sente nciante así declararlo.

Con el mencionado plenario, se ha superado la doctrina sentada en el plenario “Amaya” declarándose la inconstitucionalidad de la Ley 7198, modificada por Ley 7358 y en consecuencia que la tasa legal aplicable es la activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco Nación e impone en el juez la obligación de verificar en cada caso concreto que la tasa activa a aplicar no conlleve un enriquecimiento indebido y lo faculta a verificar en cada caso si la tasa pasiva resulta inconstitucional.

En el caso, la naturaleza alimentaria del crédito a favor de la actora, del que depende la subsistencia del trabajador, que se genera con su único capital: su capacidad laboral o fuerza del trabajo; el Convenio OIT 95 que prohíbe a los empleadores limitar en forma alguna la libertad del trabajador de disponer de su salario; la Declaración Universal de los Derechos del Hombre que reconoce a toda persona el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que reconoce que el derecho a trabajar comprende el derecho de toda persona a ganarse la vida, que para ello se devengue un salario equitativo, con una mejora continua de las condiciones de existencia (arts.6, 7, 11), el principio superior de la equidad, el principio protectorio garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, el de integralidad de la remuneración y el derecho de propiedad amparado por el artículo 17 de la Constitución Nacional, me llevan al convencimiento que la aplicación de la tasa pasiva al crédito de la actora, no resiste el test de razonabilidad siendo de estricta justicia la aplicación de la tasa activa, por resultar esa tasa, más adecuada a los índices inflacionarios evitando que la trabajadora vea “licuar” su acreencia.

Por todo lo expuesto, corresponde declarar la inconstitucionalidad de la Ley 7198, modificada por Ley 7358, efectuado por la accionante.

En relación a la fecha desde la cual se produce la mora y consecuentemente desde la cual deben calcularse los intereses, en base a lo normado por los arts. 128 de la LCT “El pago se efectuará una vez vencido el período que corresponda, dentro de los siguientes plazos máximos: cuatro (4) días hábiles para la remuneración mensual o quincenal y tres (3) días hábiles para la semanal.” y el art. 137 del citado cuerpo legal “La mora en el pago de las remuneraciones se producirá por el solo vencimiento de los plazos señalados en el artículo 128 de esta ley…”; la mora en el pago de los rubros remunerativos y de los rubros indemnizatorios por los que prospera la demanda y en consecuencia la fecha a partir de la cual corren los intereses de éstos, se produce a partir del quinto día hábil posterior al despido, por aplicación supletoria del art. 128 de la L.C.T., conforme habilita el art. 149 de dicho cuerpo legal, según el cual:”Lo dispuesto en el presente Capítulo, en lo que resulte aplicable, regirá respecto de las indemnizaciones debidas al trabajador o sus derechohabientes, con motivo del contrato de trabajo o de su extinción”.

Interpretación confirmada con la modificación a la LCT operada por la ley 26.593, incorporando el art. 255 bis que dispone expresamente que el empleador cuenta con cuatro días hábiles (si el trabajador es mensualizado o percibe sus haberes por quincena) o con tres días hábiles (si percibe sus haberes por semana) para hacer efectivo el pago de los conceptos remuneratorios e indemnizatorios derivados del cese de la relación laboral.

En conclusión, conforme el art. 82 del C.P.L. y art.90 inc. 6 del C.P.C.; considero que respecto de los rubros por los que prospera la demanda, debe aplicarse la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.) desde la fecha en que las sumas fueron exigibles, es decir a partir del 26/11/2010 hasta el momento del efectivo pago (art. 622 del CC y art. 82 CPL).

Las costas del proceso. La imposición de costas, encuentra su tratamiento normativo, en nuestros códigos de rito en los artículos 31 del C.P.L. y arts. 35 y 36 del C.P.C. -de aplicación supletoria en el proceso laboral en virtud de lo dispuesto por el artículo 108 del CPL-.

Dichas normas consagran, como principio general, el chiovendano de la derrota, por el cual, la parte que resulta vencida en la incidencia, debe soportar las costas de la misma.

En consecuencia, las costas deberán ser soportadas por la demandada vencida.

ASI VOTO.

Con lo que se da por terminado el acto, pasando a dictar sentencia, la que a continuación se inserta.

MENDOZA, 03 de Febrero de 2.014.

Y VISTOS:Esta Sala Unipersonal de la Primera Cámara del Trabajo

R E S U E L V E :

I.- Declarar para este caso concreto la inconstitucionalidad de la ley 7198, conforme lo resuelto en la Tercera cuestión.

II.-Hacer lugar a la demanda entablada por ANAHI SOLEDAD ROSSIE y en consecuencia condenar a la demandada ETIQUETADORA MANUAL AMG S.A. a pagar a la actora la suma de PESOS DIECISEIS MIL VEINTITRES CON 20/100 ($ 16.023,20) en concepto de sueldo agosto y días laborados noviembre de 2010, SAC proporcional, indemnización por antigüedad; indemnización por omisión de preaviso; integración mes de despido, Vacaciones no gozadas, indemnización del artículo 2 de la ley 25323 e indemnización arts. 10 y 15 ley 24013, en el plazo de CINCO DÍAS de notificada la presente, con más los intereses legales a partir del 26/11/2010, conforme lo resuelto en la Tercera Cuestión. CON COSTAS A CARGO DE LA DEMANDADA.

III.- Pase a Contaduría de Cámaras a fin que se practique liquidación y diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.

IV.-Emplazar a la condenada en costas para que dentro del término de DIEZ DIAS de quedar firme la presente sentencia, abone en autos los aportes correspondientes a DERECHO FIJO Y APORTES LEY 5059 y en TREINTA DÍAS la TASA DE JUSTICIA, bajo apercibimiento de ley.

V.- Notifíquese a la AFIP, Dirección General de Rentas de la Provincia, Colegio de Abogados y Caja Forense.

REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Firmado: DRA. ELCIRA GEORGINA DE LA ROZA BUSTOS – Camarista

 

  1. Si el trabajador se pide licencia por tiempo indeterminado por enfermedad de la madre y continua percibiendo los haberes, luego no se sabe mas de el y pasan dos años para intimar al empleador regularice su situacion laboral, es viable considerarlo incurso en abandono de trabajo?

  2. trabajadora en empresa privada 8 marzo 2017 de 11:54 AM

    Y si el supuesto trabajador es un empleado público ÑOQUI que abandona sus tareas todos los días y tiene la caradurez de protestar cuando se lo quiere despedir ¿no sería legal que lo linchemos?

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