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El cepo y el beneficiario de pensión extranjera

EurosAutor: Binstein, Gabriel

Fecha: 17-mar-2014

Cita: MJ-DOC-6621-AR | MJD6621

Doctrina:

Por Gabriel Binstein (*)

Una vez más la Corte Suprema de Justicia de la Nación marcó con claridad el fin de una situación inquietante por absurda y arbitraria. En efecto, ratificó el derecho de una pensionada extranjera a seguir cobrando su haber en nuestro país en euros, lo que indica claramente la excepción al popularmente llamado «cepo».

Este fallo llamó la atención de este autor por cuanto ignoraba que esta situación se desarrollara y motivara una actividad judicial de tal magnitud que finalmente fuera el Alto Tribunal el que se expidiera. El amparo fue iniciado por Josefina Castellano (73 años). En efecto, la reclamante cobraba una pensión por el fallecimiento de su cónyuge, un veterano de guerra. De pronto el banco comenzó a abonar en pesos y a la conversión efectuada según el cambio oficial. La afectada exigía percibir en la moneda de origen.

En el año 2013 (agosto) la Cámara Federal de la ciudad de La Plata resolvió que la pensión de marras es de carácter alimentario arguyendo, además, que se paga con el dinero proveniente de un país ajeno a la Argentina (verdad de Perogrullo) y, en consecuencia, no debe estar alcanzada por el llamado «cepo». En este marco, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) objetó el fallo y a renglón siguiente presentó un recurso extraordinario que finalmente la Corte Suprema rechazó . Cabe puntualizar que dicho rechazo se basó en que el recurso (de objetable factura y oportunidad) «es inadmisible». Por tanto, quedó firme el fallo de la Cámara Federal. La peticionante afirmó que las comunicaciones 5318 y 5330 del Banco Central son inconstitucionales, solicitando que la Cámara Federal dictara una medida cautelar contra su aplicación.

La resolución de ese pedido desarrolló alguna nota fundamental para la comprensión del tema. En efecto se puntualizó que la moneda en cuestión era depositada por un Estado extranjero.Por otra parte, se enfatizó que la normativa cambiaria antes citada no puede privar a una pensionada del derecho a recibir prestación en la moneda de origen, más aún cuando es abonada por otro país y originada en su patrimonio fiscal. A su vez, el tribunal destacó el carácter alimentario del importe que se recibía. Este autor reflexiona en el sentido de que una pensión no debe ni puede confundirse con una mera transferencia de dinero proveniente del exterior. Pareciera elemental, pero se requirió la actividad jurisdiccional para que la autoridad de aplicación comprendiera que su decisión era absurda y arbitraria. Sin embargo, acudió al recurso extraordinario con el resultado que es conocido.

Vale indicar, también, que no importa la naturaleza de la prestación, la edad o el monto, la naturaleza de la cuestión no varía. Este cronista es memorioso y recuerda que nuestro país suscribió con el Estado italiano un convenio de seguridad social con protocolo anexo que fuera aprobado por Ley 22.861 (año 1983). De allí surge con claridad meridiana que los trabajadores que tengan derechos a prestaciones de la seguridad social por parte de uno de los Estados contratantes recibirán íntegramente el importe sin ninguna clase de limitación o restricción cualesquiera sea el lugar de residencia. A su vez, una búsqueda prolija permite concluir sin hesitación que dicho convenio no ha sido denunciado por ninguna de esas partes contratantes.

Este cronista tampoco olvida que lo que está en juego es el bien jurídico tutelado. En efecto, la posición del Banco Central implica violentar el derecho de propiedad (valga recordar su rango constitucional) y el derecho a la intangibilidad de la prestación.Además, los bancos pagadores del país lo hacían al cambio oficial, con el consiguiente daño patrimonial.

Cabe recordar que la jurisprudencia en general ha sido reacia a calificar el cepo como inconstitucional fundándose en diversas razones que no cabe traer a este comentario en tanto se trata de situaciones que no admiten comparación por los motivos arriba expuestos. En el caso en cuestión la Corte Suprema zanjó el problema acudiendo a un tecnicismo que en definitiva favoreció a la justiciable. Es obvio que existen muchos pensionados en circunstancias similares y el fallo de los supremos abre fundadas esperanzas de una eficaz solución. Este autor no ignora que el fallo solo rige para el caso en cuestión, pero una economía judicial de recursos permite suponer que la autoridad de aplicación determinará los cursos de acción al respecto y que eventualmente los tribunales inferiores fallarán conforme lo dicho por la Suprema Corte.

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(*) Abogado (Diploma de Honor), UBA. Posgrado en Asesoría Legal de Empresas. Profesor consulto, UBA y UNLM. Asesor Académico del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. Ha dictado cursos, seminarios y conferencias en Argentina, Estados Unidos, Cuba, Brasil, Uruguay y Chile. Autor de libros y de un centenar de artículos en diarios y en revistas especializadas.

 

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