Se considera en rebeldía a la demandada que transformó su tipo societario previo a contestar la demanda

DemandaPartes: Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios c/ Canepa Kopec y Asoc. S.R.L. s/ cobro de aport. o contrib.

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 14-nov-2013

Cita: MJ-JU-M-83925-AR | MJJ83925 | MJJ83925

La demandada quedó incursa en la situación procesal de rebeldía (art. 71 LO.) puesto que si bien la transformación del tipo societario no afecta la vigencia del poder otorgado, la divergencia entre el sujeto demandado (una SRL) y el que se presentó a contestar demanda (una SA), impide tener por enderezada la demanda.

Sumario:

1.-No corresponde declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia, toda vez que no se advierte el excesivo rigor formal ni las contradicciones adjudicadas por haber sustentado la decisión favorable a la pretensión de la actora en la situación procesal de rebeldía decretada, ya que por el contrario, ha quedado acreditado que el apoderado de la sociedad anónima demandada se presentó a contestar demanda con el mandato otorgado por una sociedad civil.

2.-Frente a la clara oposición de la demandante en cuanto al sujeto que había contestado demanda -no sólo por la falta de personería que le adjudicó con sustento en el poder acompañado, sino también por la discordancia con el tipo societario de la persona jurídica demandada-, corresponde tener por no contestada la demanda por la accionada en tiempo y forma, y confirmar que quedó incursa en la situación procesal de contumacia que establece el art. 71 de la LO (fs. 43).

3.-Sin perjuicio de que existe el criterio práctico según el cual, en resguardo del derecho constitucional de defensa en juicio (art. 18 CN.) y a fin de evitar futuras posibles nulidades, frente a una divergencia suscitada por la personería invocada de quien se presenta a contestar demanda, podría intimarse al peticionario para subsanar tal defecto de forma, lo cierto es que ello no es exigible legalmente (cfr. art. 71 LO.); por lo tanto, siendo que en primera instancia se notificó de la audiencia del art. 80 LO. en el domicilio real y constituido de la accionada, queda revelado sin duda alguna que la sociedad había tomado conocimiento fehaciente y concreto de la cuestión suscitada en torno a la representación invocada por su parte.

4.-Si bien la transformación del tipo societario no afecta la vigencia del poder oportunamente otorgado por la sociedad originaria, -dado que no obsta a la continuidad de la persona jurídica existente (cfr. art. 74 LSC.)-, ello no enerva la conclusión del sentenciante en cuando a la divergencia del sujeto demandado (una SRL) y del que se presentó a contestar demanda en autos (una SA), con expresa oposición de la parte actora, por lo tanto, no corresponde tener por enderezada la demanda con relación a este último sin vulnerar el derecho del pretensor de elegir contra quién desea dirigir la acción.

5.-No cabe admitir el ofrecimiento de prueba toda vez que de acuerdo con el ordenamiento adjetivo en materia laboral, la falta de contestación oportuna de demanda importa la omisión de ofrecer pruebas para la accionada, toda vez que ello debe realizarse en forma conjunta e íntegra en idéntica oportunidad que a tal efecto prescribe el art. 71 de la LO.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 14 DE NOVIEMBRE DE 2013, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así, la siguiente exposición de fundamentos y votación.

La doctora Graciela E. Marino dijo:

I. La sentencia de instancia anterior que admitió favorablemente el reclamo incoado al inicio, suscita los agravios de la demandada, que apela a tenor del memorial glosado a fs. 71/82, con réplica de su contraria a fs. 86/89.

II. En primer término, la apelante se agravia porque el magistrado tuvo por no contestada la demanda en tiempo y forma, y en consecuencia, tuvo a su parte por incursa en la situación procesal prevista por el art. 71 de la LO. Considera que tal decisión constituye un excesivo rigor formal, pues no se le corrió traslado del cuestionamiento de la personería invocada (cfr. lo actuado a fs. 43), sin perjuicio de señalar que previamente con su primera presentación se había tenido al presentante por presentado, por parte y por constituido el domicilio en autos (fs. 29). Agrega que lo resuelto por el Juez a fs. 52 en orden a la divergencia existente entre la persona jurídica que contestaba demanda (fs. 30/41) y la puntualmente demandada al inicio (fs. 16), en razón de lo cual tuvo a esta última por incursa en situación de rebeldía, contradecía lo expuesto previamente respecto a su presentación en autos conforme a derecho, vulnerándose de tal modo su derecho de defensa (art.18 CN). Acompaña documental de la cual surge que la sociedad civil Cánepa, Kopec& Asociados resolvió «reordenar, reorganizar y transformar» el tipo societario adoptando el correspondiente a una SRL, circunstancia que acredita la identidad de la persona jurídica demandada, toda vez que esta última es continuadora de la sociedad civil originaria que se presentó inicialmente, por lo que la personería alegada al contestar demanda (fs. 34) ya había sido previamente acreditada en autos (fs. 29). Sostiene que pese a tener por reconocida las actas de infracción y las constancias obrantes a fs. 5/13 en los términos del art. 82 inc. a) de la LO, el sentenciante soslayó que en tales documentos la actora le adjudicó la denominación «Cánepa, Kopec y Asociados» a secas, por lo que en su caso, el origen del monto de condena allí determinado sería nulo al no aludirse en tales documentos puntualmente a una SRL, en tanto como esta última se constituyó por transformación el 3/1/2011, las planillas de verificación de datos de fecha anterior le resultarían inoponibles. Manifiesta que si el magistrado hubiese considerado que la representación invocada era insuficiente, debería haberla intimado para subsanar el defecto y no impedir de tal modo su defensa en juicio. Por las consideraciones sucintamente reseñadas, solicita se declare la nulidad de la sentencia, toda vez que su parte se presentó en tiempo y forma a estar a derecho.

A fin de lograr una mejor comprensión de la situación planteada, cabe señalar que de los escritos constitutivos y de las constancias de la causa surge que:

1) La parte actora inició demanda contra «Cánepa, Kopec y Asoc. SRL», ordenándose el pertinente traslado a fs. 19, que resultó debidamente notificado tal como da cuenta la cédula glosada a fs. 22/23.

2) A fs.28 se presentó el letrado Federico Ernesto Vivas «en mi carácter de apoderado de CANEPA, KOPEC &ASOCIADOS» (sic) sin indicar ningún tipo societario (cfr.ley 19.550), en tanto el poder acompañado para acreditar la personería invocada había sido extendido el 18/11/2008 por el Sr. Oscar Casalanguida «en su carácter de socio de la sociedad civil «Cánepa, Kopec& Asociados». Sin perjuicio de ello, se proveyó esta presentación adjudicándosela a la SRL demandada, teniéndose al peticionario por presentado «en el carácter invocado, por parte y con el domicilio constituido» (fs. 29), aunque conforme lo expuesto se trataba de dos personas jurídicas de distinta naturaleza, pues se demandó a una sociedad comercial en tanto se presentó en autos una sociedad civil. Merece puntualizarse que tal como se desprende del proveído citado, la parte actora y el peticionario de fs. 28 habían manifestado que se hallaban en tratativas conciliatorias por lo que solicitaban la suspensión de los plazos procesales, las que habitualmente se dan en el ámbito extrajudicial en el cual no se verifica puntualmente el requisito formal de la personería invocada para llevar a cabo la negociación, circunstancia que recién ocurre cuando en su caso las partes instrumentan el acuerdo al que han arribado para resolver las cuestiones controvertidas. No obstante ello, también cabe señalar que el proveído de fs. 29 se encuentra firme y consentido en cuanto tuvo al peticionario por presentado en el carácter invocado con relación a la demandada en autos, pero sólo a los efectos de los términos del escrito glosado a fs. 28.

3) En efecto, a fs. 34 se presentó a contestar demanda el Dr. Vivas, mencionado en el acápite anterior, invocando para ello el carácter de apoderado de «Cánepa, Kopec y Asociados S.A.», aunque adjuntó idéntico poder que el glosado con su presentación de fs. 28, es decir, el mandato otorgado por una sociedad civil. Tales extremos fueron puntualmente advertidos por el magistrado en la resolución de fs. 43 (v. capítulo II), ordenando el pertinente traslado a la contraria (cfr. último párrafo art.71 LO). Al respecto, cabe ponderar que la directriz del dispositivo legal pretende salvaguardar los derechos del trabajador, quien puede desconocer el nombre completo de su empleador o la denominación societaria correcta de la empresa empleadora, por lo que en función del principio tuitivo que regula la materia, otorga la facultad al juez de tener por enderezada la demanda contra quien se presente en autos y asuma la titularidad de la relación, salvo expresa oposición de la parte actora. Esto último resulta lógico y congruente, pues no puede soslayarse que quien pretende ejercer la acción que le incumbe, goza del derecho de elegir contra quien dirige su pretensión, por lo que es precisamente la parte actora quien determina el sujeto demandado. Desde esta perspectiva, y frente a la clara oposición de la demandante en cuanto al sujeto que había contestado demanda, no sólo por la falta de personería que le adjudicó con sustento en el poder acompañado a tal efecto a fs. 30/33, sino también por la discordancia con el tipo societario de la persona jurídica demandada (v. fs. 45/46); coincido con lo resuelto por el Sr. Juez en cuanto tuvo por no contestada la demanda por la accionada, es decir, por «Cánepa, Kopec y Asociados SRL» en tiempo y forma, y la declaró incursa en la situación procesal de contumacia que establece el art. 71 de la LO (fs. 43).

4º) En nada obsta a lo expuesto las argumentaciones del apelante en torno a la omisión de notificación a su parte con relación a la cuestión suscitada referente a la personería invocada en la oportunidad de contestar demanda. Si bien comparto el criterio práctico según el cual, en resguardo del derecho constitucional de defensa en juicio (art.18 CN) y a fin de evitar futuras posibles nulidades, frente a una divergencia suscitada por la personería invocada de quien se presenta a contestar demanda, podría intimarse al peticionario para subsanar tal defecto de forma, lo cierto es que ello no es exigible legalmente (cfr. art. 71 LO). Pero además, no escapa a mi análisis que en el sub lite, sin perjuicio de haberse ordenado la notificación exclusivamente a la parte actora de lo dispuesto en el capítulo II de fs. 43 con relación a la divergencia de la personería invocada, en el capítulo siguiente el magistrado fijó una audiencia en los términos del art. 80 de la LO, notificándose a la accionada en su domicilio real y constituido del íntegro texto de la resolución aludida (v. cédulas glosadas a fs. 48/vta. y 50/vta.). Ello revela sin duda alguna que la recurrente había tomado conocimiento fehaciente y concreto de la cuestión suscitada en torno a la representación invocada por su parte, por lo que conforme la carga procesal que le incumbía en defensa de sus intereses, como así también, en resguardo del principio de buena fe procesal que debe imperar durante el transcurso del litigio, podría haber efectuado las manifestaciones que estimaba pertinentes en orden a la eficacia de la documentación acompañada y la representación invocada y ejercida, ponderando para ello las posibles eventuales consecuencias desfavorables que su omisión podría generar. Observo que recién al expresar agravios adjuntó extemporáneamente copia de la escritura pública en razón de la cual los socios integrantes de la sociedad civil denominada «Cánepa, Kopec y Asociados» resolvieron en forma unánime «reordenarla, reorganizarla y transformarla adoptando el tipo de Sociedad de Responsabilidad Limitada», resultando esta última continuadora de la anterior (cfr. art. 74 LSC), aspecto que fue omitido en la instancia de grado anterior, y veda su tratamiento en esta alzada, pues ello implicaría la clara vulneración del principio de congruencia (conf. arts. 34 inc. 4, 163 inc.6 y 277 del CPCC). Señalo que de acuerdo con lo establecido en el art. 277 primer párrafo del CPCC, el Tribunal de Alzada sólo puede emitir pronunciamiento respecto de aquellas cuestiones involucradas en la pretensión de la actora y en la oposición de los codemandados, por lo que su ámbito de conocimiento «se encuentra limitado por el contenido de las cuestiones propuestas a la decisión del juez inferior y no a lo resuelto por éste en su sentencia» (cfr. Palacio Lino Enrique «Derecho Procesal Civil», Tomo V, pto. 667, pág. 461 de la primera edición, Edit. AbeledoPerrot), extremo que obsta a la viabilidad del agravio en cuestión.

Por otra parte, si bien la transformación del tipo societa rio no afecta la vigencia del poder oportunamente otorgado por la sociedad originaria, dado que no obsta a la continuidad de la persona jurídica existente (cfr. art. 74 LSC), ello no enerva la conclusión del sentenciante en cuando a la divergencia del sujeto demandado (una SRL) y del que se presentó a contestar demanda en autos (una SA), con expresa oposición de la parte actora, por lo que no podría tener por enderezada la demanda con relación a este último sin vulnerar el derecho del pretensor de elegir contra quién desea dirigir la acción.

5º) De igual modo, las elucubraciones que ensaya la recurrente en torno a la inoponibilidad a su parte de la documental adjuntada al inicio (v. fs. 5/13) carece de asidero, pues el Acta De Inspección Nº 179396 con el detalle de la «Verificación de deuda» por los períodos allí consignados (años 2007/2012) claramente establece que la empresa objeto de contralor era precisamente «CánepaKopec y Asoc. SRL» (v. fs. 5).

6º) Por lo demás, la apelante omite ponderar que el auto que decretó su rebeldía (fs. 52) permanece firme y consentido en esta alzada, frente a la ausencia de impugnación concreta sobre sus efectos y alcances (cfr. args. arts. 58 y sgtes.LO).

7º) Asimismo, y con relación a las manifestaciones que formula la parte actora al contestar agravios respecto a la falta de personería que le atribuye al Dr. Vivas, cabe señalar que a fs. 85 se tuvo por acreditada la invocada oportunamente con sustento en la documental adjuntada a fs. 30/33 y a fs. 57/70, resolución que no fue objeto de crítica en la etapa procesal anterior, por lo que también permanece firme en esta instancia.

Por las consideraciones vertidas, sugiero desestimar la queja en estudio en cuanto pretende la declaración de nulidad de la sentencia de primera instancia, toda vez que no advierto el excesivo rigor formal ni las contradicciones que le adjudica por haber sustentado la decisión favorable a la pretensión de la actora en la situación procesal de rebeldía decretada a fs. 52.

III. Consecuentemente, no habrá de prosperar el segundo agravio, pues de acuerdo con el ordenamiento adjetivo en materia laboral, evidentemente la falta de contestación oportuna de demanda también importa la omisión de ofrecer pruebas para la accionada, toda vez que ello debe realizarse en forma conjunta e íntegra en idéntica oportunidad que a tal efecto prescribe el art. 71 de la LO.

IV. En razón de las argumentaciones expuestas, considero que la imposición de costas efectuada en el pronunciamiento recurrido se adecua al principio general que emana del art.68 del CPCC y, en esa inteligencia, propongo que sea confirmada. Por análogos fundamentos y de acuerdo con el resultado que se ha dejado propuesto para resolver la apelación, estimo que las costas de alzada también deben ser impuestas a cargo de la recurrente vencida.

En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que intervinieron durante el trámite en primera instancia y a las pautas arancelarias vigentes (ley 21.839, ley 24.432, y art.38 LO) considero que la regulación de los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la parte actora no lucen elevados, por lo que sugiero la confirmación de lo resuelto al respecto en la instancia anterior. A su vez, con arreglo a lo establecido en el art.14 de la ley 21.839, corresponde fijar los honorarios para la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada por las tareas tarea desarrolladas en esta alzada en el 25% de lo que les corresponda a cada una de ellas por su actuación en la instancia de grado anterior.

V. En síntesis voto por: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de recurso y agravios. 2) Imponer las costas de alzada a la recurrente vencida, y fijar los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada en el 25% de lo que les corresponda a cada una de ellas por su actuación en la instancia de grado anterior.

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

Al margen de la serie de negligencias procesales de la demandada (prolijamente reseñadas en el voto que antecede), lo cierto es que el auto que decretó su rebeldía (fs. 52) se encuentra firme (art. 96 de la L.O.).

Por ello y las consideraciones vertidas en los puntos II apartado 7º, III y IV del voto de la Dra. Marino, adhiero a la solución propuesta en el punto V de dicho voto.

Por ello, el Tribunal RESUELVE:1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de recurso y agravios. 2) Imponer las costas de alzada a la recurrente vencida, y fijar los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada en el 25% de lo que les corresponda a cada una de ellas por su actuación en la instancia de grado anterior.

Cópiese, regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013 y oportunamente devuélvase.

HÉCTOR C. GUISADO

Juez de Cámara

GRACIELA ELENA MARINO

Juez de Cámara

ANTE MI:

DOLORES M. SILVA

Prosecretaria letrada

«AD HOC»

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