Otorgar al consumidor la misma protección que al trabajador limitada a la exención del impuesto para acceder a la justicia es suficiente garantía

ImpuestosPartes: Unión de Usuarios y Consumidores c/ Italcred S.A. s/ sumarísimo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: A

Fecha: 11-oct-2013

Cita: MJ-JU-M-84279-AR | MJJ84279 | MJJ84279

Otorgar al consumidor la misma protección que al trabajador, limitada a la exención del impuesto de justicia para acceder a la justicia, resulta suficiente garantía, pues de lo contrario se afectaría el principio de igualdad.

Sumario:

1.-El instituto de justicia gratuita como así también el beneficio de litigar sin gastos reconocen un fundamento común, aunque revisten características propias que los distinguen entre sí.

2.-En un intento de desentrañar el alcance que la L.D.C otorga al concepto de justicia gratuita , un análisis semántico del tema revela diferencias entre ambos conceptos, mientras que litigar sin gastos abarca desde el comienzo de las actuaciones judiciales -pago de tasas y sellados- hasta su finalización (eximición de costas), el término justicia gratuita refiere indudablemente al acceso a la justicia, que no debe ser conculcado por imposiciones económicas. Por lo tanto, una vez franqueado dicho acceso, el litigante queda sometido, a los avatares del proceso, incluidas las costas, las que no son de resorte estatal, sino que constituyen una retribución al trabajo profesional de los letrados y demás auxiliares de la justicia, de carácter alimentario.

3.-Los antecedentes parlamentarios vinculados con la cuestión permiten arribar a igual conclusión en punto a que la justicia gratuita no implica un avance sobre las costas de los procesos que regula la LDC. A su respecto, señálase que varios proyectos de ley incluían expresamente el beneficio de litigar sin gastos, sin embargo, se optó por la justicia gratuita.

4.-El alcance de la gratuidad en el derecho laboral que refiere al pago de la tasa de justicia, pero no al de las costas judiciales cuando el trabajador es vencido en el pleito, eximición esta última que queda diferida, en su caso, a la concesión del beneficio de litigar sin gastos, en el caso de corresponder.

5.-Cabe hacerse eco de la crítica que apunta a que no resultaría equitativo conceder una mayor protección al consumidor que al trabajador, pues ello afectaría el principio de igualdad de la CN:16 , por lo que otorgar al consumidor la misma protección que al trabajador, limitada a la exención del impuesto de justicia para acceder a la justicia, resulta ya suficiente garantía tuitiva por parte del legislador. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013.

Y VISTOS:

1.) Apeló la accionante la decisión de fs. 362 en cuanto declaró que el beneficio de justicia gratuita previsto en el art. 55 LDC sólo alcanza a la tasa de justicia y, por ende, excluye las eventuales costas del juicio.- Los fundamentos de la apelación fueron expuestos a fs. 365/73.

La Sra. Fiscal General actuante ante esta Cámara se expidió a fs. 378, propiciando la revocación del fallo recurrido por considerar que el «beneficio de litigar sin gastos» y el «beneficio de justicia gratuita», tienen el mismo alcance, por lo que no correspondería efectuar distinción alguna entre ellos.

2.) La recurrente se agravió de la decisión adoptada en la anterior instancia, alegando que el beneficio de justicia gratuita tendría exactamente la misma amplitud que el beneficio de litigar sin gastos.

3.) En primer lugar, resulta de menester señalar que el instituto de «justicia gratuita» como así también el «beneficio de litigar sin gastos» reconocen un fundamento común, aunque revisten características propias que los distinguen entre sí. Desde tal perspectiva, cabe entonces desentrañar el alcance que la L.D.C otorga al concepto de «justicia gratuita».- Un análisis semántico del tema revela diferencias entre ambos conceptos, mientras que «litigar» sin gastos abarca desde el comienzo de las actuaciones judiciales -pago de tasas y sellados- hasta su finalización (eximición de costas), el término «justicia gratuita» refiere indudablemente al acceso a la justicia, que no debe ser conculcado por imposiciones económicas. Por lo tanto, una vez franqueado dicho acceso, el litigante queda sometido, a los avatares del proceso, incluídas las costas (véase Lorenzetti, Ricardo Luis, Consumidores, pág. 22), las que no son de resorte estatal, sino que constituyen una retribución al trabajo profesional de los letrados y demás auxiliares de la justicia, de carácter alimentario.En ese orden de ideas, los antecedentes parlamentarios vinculados con la cuestión permiten arribar a igual conclusión en punto a que la justicia gratuita no implica un avance sobre las costas de los procesos que regula la LDC. A su respecto, señálase que varios proyectos de ley incluían expresamente el beneficio de litigar sin gastos, sin embargo, se optó por la justicia gratuita.

Súmase a ello, el alcance de la gratuidad en el derecho laboral que refiere al pago de la tasa de justicia, pero no al de las costas judiciales cuando el trabajador es vencido en el pleito, eximición esta última que queda diferida, en su caso, a la concesión del beneficio de litigar sin gastos, en el caso de corresponder (cfr. Enrique J. Perriaux, La Justicia Gratuida en la Reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, La Ley, 24.09.08).- Sobre este último aspecto, en el orden provincial, la casi totalidad de los ordenamientos que regulan el procedimiento laboral en las distintas provincias distinguen el concepto de justicia gratuita -limitándolo a la exención del pago de todo impuesto o tasa- (vrg. Entre Rios, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Luis, Catamarca, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán etc), mientras que la Provincia de Bs. As. conforma una excepción a los régimenes provinciales, pues con la sanción de la ley 12.200 se prescribió que los acreedores tienen acordado el beneficio de litigar sin gastos, con todos sus alcances.- Síguese de todo lo hasta aquí expuesto que cabe hacerse eco de la crítica que apunta a que no resultaría equitativo conceder una mayor protección al consumidor que al trabajador, pues ello afectaría el principio de igualdad de la CN:16, por lo que otorgar al consumidor la misma protección que al trabajador, limitada a la exención del impuesto de justicia para acceder a la justicia, resulta ya suficiente garantía tuitiva por parte del legislador (cfr.Enrique J: Perriaux, ob. y loc.cit). Con base en todo ello, debe entenderse que la LDC sólo determina para las acciones del tipo que aquí se debate la eximición del pago de la tasa de justicia.

4.) Por todo lo hasta aquí expuesto, oída la Sra. Fiscal General, esta Sala RESUELVE: a. Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 363 y confirmar la resolución apelada en lo que decide y fue materia de agravio. b. Sin imposición de costas por no mediar contradictorio.

Notifíquese a la Sra. Fiscal General en su despacho.

A fin de cumplir con la publicidad prevista por el art. 1 de la ley 25.856, según el Punto I.3 del Protocolo anexado a la Acordada 24/13 CSJN y con el objeto de implementar esa medida evitando obstaculizar la normal circulación de la causa, hágase saber a las partes que la publicidad de la sentencia dada en autos se efectuará, mediante la pertinente notificación al CIJ, una vez transcurridos treinta (30) días desde su dictado, plazo durante el cual razonablemente cabe presumir que las partes ya habrán sido notificadas.

Devuélvase a primera instancia, encomendándose al Sr. Juez a quo disponer las notificaciones del caso con copia de la presente resolución. María Elsa Uzal, Isabel Míguez, Alfredo Arturo Kölliker Frers. Ante mí: Valeria C. Pereyra. Es copia del original que corre a fs. 380/381 de los autos de la materia.

Valeria C. Pereyra Prosecretaria de Cámara

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