La Corte revocó el rechazo de cese de prisión preventiva que no consideró posibles excepciones a la presunción de riesgo procesal

Carcel (2)Partes: L. F. G. E. s/ p.s.a estafa reiterda

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 6-mar-2014

Cita: MJ-JU-M-84496-AR | MJJ84496 | MJJ84496

La Corte revocó el fallo que rechazó el cese de la prisión preventiva dictada sin considerar las circunstancias personales que puedan dar lugar a configurar una excepción a la presunción de riesgo procesal del art. 281 inc. 1 del Código Procesal Penal de Córdoba, contra un condenado por el delito de estafas reiteradas.

Sumario:

1.-Corresponde dejar sin efecto la sentencia apelada, en cuanto rechazó la solicitud de la defensa del cese de la prisión preventiva impuesta a un condenado por el delito de estafas reiteradas conforme al art. 281 inc. 1 del Código Procesal Penal de Córdoba, pues si bien la condena dictada -que no se encuentra firme- constituye una decisión sobre el fondo que goza de una presunción de acierto que incide desfavorablemente en cuanto al riesgo de fuga, el a quo omitió analizar la incidencia de las condiciones personales del condenado y de su comportamiento en el marco del proceso (del dictamen del Procurador Fiscal que la Corte hace suyo).

2.-Dado que el encarcelamiento no deja de ser cautelar, la decisión debe contener la motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a los requisitos impuestos por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, entre ellos, el de necesidad, en el sentido de que sea absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto (del dictamen del Procurador Fiscal que la Corte hace suyo).

Fallo:

Procuración General de la Nación

I

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba rechazó el recurso de casación deducido por la defensa de Guillermo Daniel P contra el auto n° 70 (del 28 de septiembre de 2012) de la Cámara en lo Criminal de Décima Nominación de su ciudad capital, por el que se rechazó la solicitud de cese de la prisión preventiva impuesta al nombrado por medio de su sentencia n° 11 (del 25 de septiembre de ese año), por la que también, en primer término, se lo condenó a la pena de cuatro años y tres meses de prisión, en carácter de partícipe necesario de los delitos de estafa -sesenta hechos- y falsedad ideológica -cincuenta y un hechos-, en concurso real.

Contra esa decisión, los letrados defensores de P dedujeron recurso extraordinario (fs. 22/41), cuya denegatoria dio lugar a la presente queja (fs. 79/83).

II

Los recurrentes alegaron la arbitrariedad del pronunciamiento, por considerar que afirmó el peligro de fuga con base en fundamentos sólo aparentes y en pautas de excesiva amplitud.

En ese sentido, dijeron que el a quo menospreció las circunstancias invocadas por esa parte para demostrar la improcedencia del encarcelamiento cautelar -entre ellas, el comportamiento de P durante el juicio, su condición personal y familiar-, al afirmar de manera dogmática que no son diferentes a las de la generalidad de personas sometidas a procesos, y no tienen entidad suficiente para neutralizar los riesgos que se derivan de la pena aplicada. Al efecto, citaron el precedente publicado en Fallos:320:2105 , en tanto se sostuvo -dijeron los recurrentes- que es imperativo precisar las circunstancias concretas sobre las que podría fundarse la presunción de fuga.

Sostuvieron también que, en ese sentido, en el pronunciamiento se aplicó una presunción abstracta que estaría contenida en el artículo 281, inciso 1º, del código procesal penal de esa provincia, y que se basaría tanto en la pena cuyo cumplimiento se cierne sobre el imputado como en la ausencia de circunstancias excepcionales que la neutralicen, sin analizar en concreto la situación de P. ni tener en cuenta que la experiencia demuestra que es frecuente que personas a las que se le atribuyen graves delitos se entreguen voluntariamente a las fuerzas policiales, se pongan a disposición de la justicia, y no fuguen en los casos en que se les permite continuar en libertad luego de la sentencia de condena.

Añadieron que la decisión apelada tampoco aclaró cuáles serían las circunstancias extraordinarias que podrían contrarrestar aquella presunción legal, ni explicó por qué no estarían presentes en el sub examine.

Alegaron, además, que la confirmación de la prisión preventiva dispuesta con base en aquella presunción legal resulta, en tales condiciones, contraria al carácter excepcional y de estricta necesidad que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le atribuyó a esa medida cautelar, desde que se omitió analizar por qué razón en el caso concreto no era factible asegurar la comparecencia de P. por medio de otras medidas no privativas de la libertad.

Por otra parte, también sostuvieron la arbitrariedad de la resolución, por considerar que el a quo omitió dar respuesta al cuestionamiento que formularon contra la decisión de la cámara de proceder a la inmediata detención de P.sin respetar el efecto suspensivo que tiene en esta materia el recurso de casación, lo que además vulneró el derecho previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por último, cuestionaron el fundamento que dio el a quo para negar la afectación del principio constitucional de igualdad ante la ley, que esa parte había alegado con base en el diverso tratamiento que dan en la materia la justicia de esa provincia, por un lado, y la justicia nacional y la federal, por el otro, en las que observó que personas que se encuentran en la misma o en más grave situación que P. mantienen su libertad ambulatoria hasta que la sentencia de condena adquiere firmeza.

En ese sentido, consideraron que “decir que la desigualdad no se patentiza por la distinta interpretación que hagan los tribunales de justicia sino que debe emanar de la propia ley, constituye en los hechos una falacia”, y es la expresión de una doctrina que vulnera el artículo 14, inciso Io, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por el que se establece no sólo la igualdad ante la ley sino también ante los tribunales y cortes de justicia.

Destacaron, en ese punto, que el a quo omitió considerar el precedente de Fallos:328:1146 , que esa parte invocó en la medida en que -según su apreciación- la Corte exhortó “a que exista armonía en el modo de tratar el instituto de la prisión preventiva por los distintos tribunales del país, a fin de evitar que se patenticen diferencias de trato que en la práctica constituyen una violación al principio contenido en el artículo 16 de la Constitución Nacional, desprendiéndose de ello que deberá estarse -en caso de contradicción- con la interpretación que mejor responda al carácter excepcional de dicho instituto procesal y con aquella que resulte más beneficiosa para el imputado por aplicación del principio in dubio pro reo.

III

Aprecio que al igual que en los autos M. 960, XLVIII, “Merlini, Ariel Osvaldo s/ p.s.a estafa procesar’, los aquí apelantes objetaron el carácter que el a quo de hecho le habría dado a la presunción de peligro procesal prevista en el artículo 281, inciso Io, del ordenamiento procesal penal que rige en esa provincia, más allá de los términos en que la calificó, y cuestionaron la interpretación que se hizo en el pronunciamiento acerca de las circunstancias que eventualmente podrían ser valoradas para refutarla.

En ese sentido, el a quo sostuvo el criterio según el cual dicho artículo establece una presunción iuris tantum de peligro respecto del desarrollo del procedimiento y de la actuación de la ley.

Indicó que se trata de una presunción del legislador acerca de la existencia de riesgo en relación a los fines del proceso penal, el que se configura siempre que la amenaza de pena excede de cierto límite, y añadió que la gravedad del pronóstico punitivo refuerza el interés social en la sustanciación del proceso, la que se pretende asegurar mediante la presencia del imputado.

En relación al carácter de esa presunción, también en el sub lite expresó que admite prueba en contrario, y que por ello el imputado podría permanecer enlibertad durante el proceso, aunque le correspondiera una pena de cumplimiento efectivo, siempre y cuando concurrieran condiciones distintas del común denominador de las personas imputadas por un delito, que por sí resultasen suficientes para desactivar la presunción legal, “por tener potencialidad para proyectar confianza acerca de que el imputado en libertad no pondrá en riesgo la actuación de la ley ya que concurrirá a presentarse en el juicio” (fs. 17 vta./l 8).

Sobre esa base, el superior tribunal provincial concluyó que la sujeción al proceso por parte de P., “en tanto no trasvasa la generalidad de situaciones que afectan a las personas sometidas a proceso, no adquiere entidad suficiente para enervar los riesgos que emanan de la pena fijada por la ley” (fs. 19 vta.).

Al respecto, agregó que, aunque aquél respetó las condiciones que se le impusieron para mantener su libertad ambulatoria, a partir del pronunciamiento condenatorio se redujeron las posibilidades de lograr una solución favorable a sus intereses, en comparación con las que contaba hasta el momento de los alegatos en el juicio oral, e inclusive luego de que el Ministerio Público Fiscal postulara su condena.

En tales condiciones, por la sustancial analogía que guardan, en este aspecto, con los agravios y la resolución que han sido objeto de análisis en el mencionado caso “Merlini”, me remito en lo pertinente a los fundamentos del dictamen allí emitido -el 12 de agosto de 2013- y los doy aquí por reproducidos en razón de brevedad.

En efecto, al igual que en aquel caso, en el sub examine el superior tribunal provincial le restó relevancia a las condiciones personales de P. y al comportamiento que tuvo en el marco del proceso, aduciendo de manera dogmática que, al no exceder la regularidad de situaciones que se presentan en la generalidad de los procesos, carecían de relevancia para contrarrestar aquella presunción en casos como el presente.De ese modo, omitió analizar la incidencia del conjunto de esas circunstancias en relación con la situación particular del imputado, y subordinó la posibilidad de controvertir la presunción de fuga que resulta de la gravedad de la sanción a partir de condiciones fuera del orden común, que excederían las del caso, pero que tampoco delineó en el sub lite ni en los precedentes “Santucho”, “Bustos Fierro”, y “Oxandaburu”, que citó en este punto. Cabe destacar que, por el contrario, en el primero de esos pronunciamientos -de acuerdo con el texto publicado en la página web de dicho tribunal- se sostuvo la posibilidad de que la presunción de peligrosidad procesal -en el caso se atribuía la presunta comisión del delito de abuso sexual agravado- fuese contrarrestada mediante cauciones personales o reales suficientes, pese a que no parecen constituir, en principio, condiciones distintas del común denominador de las personas imputadas por un delito.

No pierdo de vista que en el sub examine -a diferencia del citado “Merlini”- se dictó sentencia de condena que, aunque no se encuentre firme, constituye una decisión sobre el fondo que, como tal, goza de una. presunción de acierto que incide desfavorablemente en cuanto al riesgo de fuga.

Sin embargo, estimo que ese pronunciamiento, aún así, no priva de significación a aquella omisión del a quo, desde que el encarcelamiento no deja de ser cautelar, y entonces la decisión debe contener la motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a los requisitos impuestos por la Corte Intéramericana sobre Derechos Humanos, entre ellos, el de necesidad, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto (sentencia del 21 de enero de 1994, en el caso “Caso Gangaram Panday Vs.Surinam”, parágrafo 93).

En definitiva, también en el sub lite el acusado se vio privado de la posibilidad de exponer razones a favor de su libertad, y en los hechos se le atribuyó carácter irrevocable a aquella presunción legal, por lo que el pronunciamiento no se conformó a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre esta materia.

En tales condiciones, pienso que la decisión apelada debe ser descalificada.

IV

Frente a las consideraciones del apartado precedente, deviene insustancial el tratamiento de los restantes agravios (Fallos 317:1455; 322:904 ; 326:601).

V

Por todo lo expuesto, opino que corresponde declarar procedente la queja, hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario interpuesto, y revocar el fallo apelado a fin de que, por intermedio de quien corresponda, se dicte uno nuevo de acuerdo a derecho.

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013.

ES COPIA

EDUARDO EZEQUIEL CASAL

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 6 de marzo del 2014.

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la defensa de Guillermo Daniel Piñeiro en la causa L. F. G. E. s/ p.s.a. estafa reiterada -causa n° 161.070-“, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que este Tribunal comparte y hace suyos, en lo pertinente, los fundamentos y conclusiones del señor Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cuyos términos se remite en razón de brevedad.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada.

Agréguese al principal. Reintégrese el depósito de fs. 2.

Hágase saber y vuelvan los autos al tribunal, de origen con el fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expuesto.

RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO – ENRIQUE S. PETRACCHI – CARLOS S. FAYT – JUAN CARLOS MAQUEDA – E. RAUL ZAFFARONI – CARMEN M. ARGIBAY –

DISIDENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI y DOÑA CARMEN M. ARGIBAY Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación dio origen a esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) .

Por ello, habiendo dictaminado el señor Procurador Fiscal, se desestima la queja. Declárase perdido el depósito de fs. 2.

Hágase saber y archívese, previa devolución de los autos principales.

ENRIQUE S PETRACCHI – CARMEN M. ARGIBAY

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