La gratificación para las tareas de subrogancia entre magistrados, no afecta el derecho de igual remuneración por igual tarea

shutterstock_128856175Partes: Galeano Juan José c/ Estao Nacional – CSJN – Consejo de la Magistratura – dto. 5046/51 s/ empleo público

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 17-dic-2013

Cita: MJ-JU-M-83522-AR | MJJ83522

El hecho de que se establezca una gratificación para las tareas de subrogancias entre magistrados, en lugar de una remuneración total, no afecta el derecho de igual remuneración por igual tarea.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia y rechazar la demanda deducida por un juez por la cual solicitó la declaración de inconstitucionalidad del dec. 5046/51 y el pago de las diferencias salariales por las subrogaciones efectuadas, toda vez que no se verifica un supuesto de desigualdad, ya que en rigor el actor se agravia porque la tarea que comporta una subrogación, se remunere menos que la labor ordinaria, es decir que se dirige a cuestionar el mayor o menor acierto del legislador al ponderar la retribución que estima adecuada para cada tipo de funciones, sin que se advierta en este aspecto irrazonabilidad alguna, puesto que la gratificación mencionada no tiene por qué guardar estricta relación de equivalencia con la remuneración habitual.

2.-No se menoscaba el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea por el hecho de que un juez, además de atender las tareas propias de su cargo, deba desempeñar las atinentes al cargo que subroga y percibir por ello exclusivamente la gratificación prevista en el dec. 5046/51 -hoy ley 26376, art. 4° – ello es así, porque tanto la carga de reemplazar a otro juez como la gratificación prevista en el decreto rige para todos los jueces de la Nación desde el momento en que asumen sus funciones.

Fallo:

Procuración General de la Nación

-I-

A fs. 182/183, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (sala V) revocó la sentencia de la anterior instancia que había rechazado la demanda que inició el entonces juez Dr. Juan José Galeano con el objeto de obtener la declaración de inconstitucionalidad del decreto 5046/51 y el consecuente pago de las diferencias salariales por las subrogancias realizadas en otros juzgados.

Para así decidir, el tribunal entendió que no era razonable sostener que 1\1 subrogancia sea un reemplazo de horario de trabajo sino de la labor misma.

Consideró también que la subrogancia entre magistrados generaba el cumplimiento de ambas funciones en su totalidad, es decir que el que es designado cbmojuezsubrDgantecumple-wnsus funciones en forma completa y no a medias ni en parte ni de manera impropia.

Concluyó que reconocer al aquí subrogante el derecho a percibir una remuneración total por su desempeño conjunto implica aplicar el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea, que el actor invoca.

-II-

Disconforme, el Estado Nacional interpone el recurso extraordinario de fs. 191/200 -contestado por el actor a fs. 203/209concedido en cuanto cuestiona el alcance y la interpretación de normas de carácter federal y denegado respecto de la arbitrariedad atribuida a la decisión, sin que se presentara queja (fs. 211).

Sostiene que la sentencia es arbitraria por ausencia total de fundamentos, a tal punto que hace lugar a la demanda sin expedirse sobre la constitucionalidad de las normas en juego y apoyada solamente en una mera afirmación de la justicia de lo solicitado.

Formula una reflexión sobre la postura asumida por uno de los miembros del tribunal -el Dr. Argento- quien en estos autos adhiere al voto del Dr. Gallegos Fedriani para hacer lugar a la demanda y en una causa análoga (la del reclamo de la Dra. Atucha de Ares), como miembro de la sala IV, adhiere al voto de su par, el Dr.Galli, para rechazar la misma pretensión.

Afirma que, en su carácter de juez de la Nación, el Dr. Galeano conocía-y se sometió sin reserva alguna- el régimen de subrogancias y a la gratificación que le correspondía a partir del aumento en sus tareas, a la par de tratarse de una obligación que forma parte de las cargas admitidas al aceptar el cargo de magistrado.

Considera que la sentencia contradice, sin argumentos válidos, los motivos que inspiraron el dictado del decreto 5046/51, cuales fueron la concesión de una gratificación que no implicara una duplicidad de sueldo como compensación por los sacrificios que demanda el aumento de labor y responsabilidades en virtud de las nuevas tareas que asume el agente en beneficio del Estado.

Aduce también que la norma específicamente habla de “gratificación” -recompensar por la prestación de un servicio- y no de “remuneración”.

-III-

En mi opinión, el recurso extraordinario es formalmente admisible, desde que se ha puesto en tela de juicio la inteligencia de diversos principios constitucionales y la aplicación y constitucionalidad del decreto 5046/51 y la decisión ha sido contraria a las pretensiones que el recurrente funda en ellas. Considero, asimismo, que toda vez que los agravios vinculados con la arbitrariedad de sentencia se encuentran inescindiblemente ligados con los referentes a la inteligencia de dichas normas, resulta procedente tratar en forma conjunta ambos aspectos (Fallos 308: 1076; 314: 1460).

En efecto, el Estado Nacional funda su recurso en la falta de sustento jurídico de la resolución de la alzada en tanto, sin declarar la inconstitucionalidad de la norma, tampoco la aplica.

En rigor, le asiste razón al apelante desde el momento en que no se proporciona una adecuada fundamentación a la sentencia al omitir siquiera considerar la legislación específica lo que hace que el fallo no constituya una derivación razonada del derecho aplicable con referencia a los hechos de la causa (Fallos:314:1349, entre otros).

Sin perjuicio de ello, por otra parte, no encuentro razones fácticas ni jurídicas para apartarme de lo decidido por V.E -si bien por vía de superintendencia- en el caso “Prack” (Fallos: 313: 1229) en donde se plantearon los mismos agravios a los aquí expuestos en la demanda (violación del principio de igual remuneración por igual tarea y razones de estricta equidad). En aquel caso V.E, expresó: a) que no correspondía la liquidación del 100% del haber inherente al cargo de juez nacional de primera instancia cuando, por aplicación del decreto 5046/51, se subroga a otro juez; b) que por el recargo de tareas que la subrogación supone, la norma estableció una gratificación para quienes la cumplen, según se trate de un reemplazo de un cargo similar o de mayor jerarquía, sin que por vía de superintendencia el Tribunal pueda modificar el monto (entiendo que tampoco podría modificarlo por medio de un fallo) máxime cuando éste no resulta irrazonable o arbitrariamente desproporcionado.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que los magistrados cobran el denominado suplemento por compensación funcional con la finalidad de compensar tanto las incompatibilidades a las que están sujetos como la naturaleza de la función que ejercen en atención a la responsabilidad y la dedicación integral que les es exigida.

A mayor abundamiento, cabe destacar que la nueva ley 26.376, que establece el procedimiento para la designación de jueces subrogantes, mantiene los mismos lineamientos que el decreto 5046/51 en punto a la liquidación del adicional (ver arto 4°) sin que de las versiones taquigráficas de las respectivas cámaras del Honorable Congreso de la Nación surja cuestionamiento u opinión disímil al respecto (expediente S-1143/08 y 30-S.2008).

En tales condiciones, atento a las cuestiones que se debaten en la causa, cabe expresar que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico por lo que no cabe formularla sinocuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable y que el acabado examen del precepto conduzca a la convicción cierta de que su aplicación conculca la garantía constitucional invocada. No resulta ocioso agregar que el control que compete al Tribunal no incluye el examen del acierto o error, el mérito o la conveniencia del criterio adoptado por el legislador (Fallos: 323:2409 , entre muchos).

-IV-

Por lo dicho, considero que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario, revocar la sentencia de fs. 182/183 y rechazar la demanda.

Buenos Aires, 8 de julio de 2010.

ES COPIA

LAURA M. MONTI

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires 17 de diciembre de 2013

Vistos los autos: “Galeano, Juan José c/ EN – CSJN – Consejo de la Magistratura – dto. 5046/51 s/ empleo público”.

Considerando:

1°) Que esta Corte comparte el dictamen de la señora Procuradora Fiscal y se remite a sus fundamentos y conclusiones por razones de brevedad.

2°) Que, por otra parte, debe señalarse que no se menoscaba el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea por el hecho de que un juez, además de atender las tareas propias de su cargo, deba desempeñar las atinentes al cargo que subroga y percibir por ello exclusivamente la gratificación prevista en el decreto 5046/51 (hoy establecida en la ley 26.376, arto 4°). Ello es así, porque tanto la carga de reemplazar a otro juez como la gratificación prevista en el decreto rige para todos los jueces de la Nación desde el momento en que asumen sus funciones. Dicha gratificación constituye una retribución suplementaria de la compensación prevista en el arto 110 de la Constitución Nacional, es de carácter contingente y de duración limitada pues cesa al finalizar la subrogación, y todos los jueces se hallan en igualdad de circunstancias para afrontar la carga que ello supone.

3°) Que como se ha expresado en el precedente de Fallos:265:242 (“Ratto, Sixto y otro”) -dictamen del señor Procurador General-, el principio de igual remuneración por igual tarea consagrado en el arto 14 bis de la Constitución Nacional, -1-

refleja “una opinión vigente en la conciencia jurídica general, contraria a que la retribución de un mismo trabajo sufra merma por razón del sexo, la raza, la nacionalidad o el credo de quien lo ejecuta, lo cual por cierto autoriza a entender también proscripta, en la materia, cualquier otra discriminación de igual o parecida irrazonabilidad que conduzca a remunerar a un trabajador con un salario inferior al establecido para una tarea similar a la suya”. El principio se dirige a impedir que alguno resulte discriminado con respecto a la generalidad (Fallos: 308: 1032) .

4°) Que en el presente caso no existe trato desigualitario que afecte a un juez en particular pues, como se expuso, la carga de subrogar pesa por igual sobre todos los magistrados.

La desigualdad que denuncia la actora no involucra a personas, sino a determinadas prestaciones laborales; se agravia en rigor porque la tarea que comporta una subrogación, esto es, una “exigencia laboral extraordinaria, se remunere menos que la labor ordinaria. El agravio, en tales condiciones, es inadmisible en tanto se limita a cuestionar el mayor o menor acierto del legislador al ponderar la retribución que estima adecuada para cada tipo de funciones, sin que se advierta en este aspecto irrazonabilidad alguna. Ello es así, puesto que la gratificación mencionada no tiene por qué guardar estricta relación de equivalencia con la remuneración habitual, y además no se ha demostrado que ésta compense solo el desempeño ordinario del juez con exclusión de aquellas tareas, que si bien suelen no ser habituales, resultan previsibles y se hallan contempladas en las leyes y reglamentos que rigen la actividad de los jueces nacionales.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar al recurso extraordinario, se revoca la s entencia apelada y se rechaza la demanda. Costas por su orden en atención a la naturaleza de la cuestión debatida.

Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO – CARLOS S. FAYT – ENRIQUE S. PETRACCH I – JUAN CARLOS MAQUEDA – E. RAUL ZAFFARONI – CARMEN M. ARGIBA

 

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