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El pago de la indemnización reclamada importó el reconocimiento de la causal invocada por la actora para el despido

despido 4Partes: Cardozo Claudia Ester c/ Clines S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 29-nov-2013

Cita: MJ-JU-M-83841-AR | MJJ83841

El pago por parte de la empleadora de los rubros indemnizatorios reclamados importó el reconocimiento de la procedencia de la causal invocada por la actora para el despido.

Sumario:

1.-Toda vez que la demandada efectuó el pago de los rubros indemnizatorios a la actora sin efectuar reserva y sin acudir a las instancias administrativas o judiciales, y considerando que los actos de los comerciantes no se presumen gratuitos, cabe concluir que reconoció la procedencia de la causal invocada por la actora para el despido, por lo que pretender que se trató de una actitud conciliatoria tendiente a poner fin a una relación contractual importaría contradecirse respecto de actos anteriores.

2.-La denominada teoría de los actos propios , se funda en la inadmisibilidad de una postura que contradiga una conducta válidamente asumida por el litigante pues el mentado principio de buena fe también se aplica al proceso en el que se ventila la controversia, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica.

3.-Cabe confirmar la declaración de inconstitucionalidad del art. 3º del dec. 146/01, ya que la requisitoria que esta norma le impone al trabajador constituye un claro exceso reglamentario, en relación a la norma superior que reglamenta.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de noviembre de 2.013, para dictar sentencia en estos autos: «Cardozo, Claudia Ester c/ Clines S.A. s/ Despido», se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIROS DIJO:

I) Del fallo que acogió en lo principal sus pretensiones salariales e indemnizatorias, apela la actora a tenor de las argumentaciones que vierte a fs. 266/268 y la demandada a fs.269/275, que merecieran las réplicas de fs. 285/286 y fs. 281/282vta., respectivamente.

II) La reclamante dedujo la presente acción (fs. 6/12vta.) en la que reclamó el pago de distintos rubros salariales e indemnizatorios que individualizó y justipreció en la liquidación que practicó en la demanda. Refirió haberse desempeñado en las condiciones que describió en dicha pieza y refirió que -previa intimación para que se la registrara correctamente- se consideró despedida el día 09/06/2.011. Planteó la inconstitucionalidad del Dec. 146/01 y reclamó la entrega del certificado previsto en el art. 80 de la LCT porque consideró insuficiente la certificación de servicios y remuneraciones de Anses.

La demandada respondió a fs. 62/65. Negó los hechos denunciados por la reclamante. Criticó la actuación de la actora previa a que se considerase despedida y refirió que al presentarse la actora a la empresa le pagó los rubros que reclamaba con el objeto de poner fin a la cuestión litigiosa. Por todo ello niega la procedencia de todos los rubros reclamados, incluso en concepto de trabajo realizado en horas extraordinarias supuestamente impagas.

La sentencia de primera instancia obra a fs. 263/264 y -si bien admitió el Sr. Juez el reclamo de la actora por despido indirecto- detrajo (dado que la demandada demostró con la pericia caligráfica la autenticidad de la firma en el recibo de fs.40) del capital de condena dispuesto en la sentencia, las sumas ya percibidas por la actora en pago de los rubros propios de la indemnización por despido incausado y esto es apelado por ambas partes.

III) Agravios de la demandada (fs. 269/275):

Dicha parte se agravia del fallo de grado porque el juez consideró legítima y reconocida la causal de despido denunciada por la actora; tuvopor probado que la actora trabajaba los días francos; que estos se le pagaban fuera de recibo; que la principalno le abonó el mes de mayo de 2.011; que su sueldo a ese mes era de $ 2.460; hizo lugar al reclamo de pago las multas previstas en los arts. 10 y 15 de la LNE; 80 LCT y 2º de la ley 25.323 e impuso la totalidad de las costas de grado – excepto las del perito calígrafo- a su cargo. a) En lo atinente al pago de la indemnización por la recurrente y que dicho acto implicó el reconocimiento de la causal invocada para justificar el despido critica la aplicación en el caso de la denominada «doctrina de los actos propios».

Arguye que ello no importaría una conducta contradictoria de su parte sino una actitud concilatoria tendiente a poner fin a una relación contractual. Critica la valoración de la prueba producida en autos. Que en momento alguno reconoció la procedencia de la causal invocada por la actora sino que prefirió cancelar las mismas con el objeto de evitar un proceso laboral pero que no reconoció hechos ni derechos, por lo que la sentencia no se encontraría respaldada por prueba o elemento alguno que llevara a esa conclusión.Vierte una serie de consideraciones respecto de pagos efectuados en la instancia conciliatoria ya fuera ante el SECLO o en sede judicial y pretende establecer una analogía con el efectuado en autos.

Olvida el apelante que en el presente caso -como ella misma admite en su conteste- efectuó dicho pago sin más, sin efectuar reserva y sin acudir a las instancias administrativas o judiciales a las que alude en su memorial.

Conforme el art. 218, inc. 5, del Código de Comercio los actos de los comerciantes no se presumen gratuitos ni tampoco explica el ahora apelante, más allá de su desvaída excusa de que quiso evitar un pleito, por qué abono de manera espontánea los rubros correspondientes al despido incausado si consideraba que no le correspondía al actor percibir los mismos.

Tal conducta evidencia el implícito reconocimiento de su calidad de deudor y, por ende, de reconocimiento de la existencia de la obligación.

Como ya señaló el Sr. Juez de grado, una de las consecuencias del deber de obrar de buena fe (arts. 62 y 63 LCT) y de la necesidad de ejercitar los derechos observando tal pauta, es la exigencia de un comportamiento coherente.

Va de suyo entonces que resulta inadmisible su pretensión, la que en realidad importa ponerse en contradicción con sus propios actos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces ya que los comportamientos incompatibles con la conducta idónea anterior violentan el principio que impide ir contra los propios actos.La regla venire contra factumpropriumnulleconceditur, expresión latina que define sintéticamente la denominada «teoría de los actos propios», se funda en la inadmisibilidad de una postura que contradiga una conducta válidamente asumida por el litigante pues el mentado principio de buena fe también se aplica al proceso en el que se ventila la controversia, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica,por lo no cabe admitir la pretensión del apelante toda vez que revela una falta de coherencia en su comportamiento, una incompatibilidad manifiesta entre su conducta generadora de determinada instalación fáctica jurídica y su posterior actitud de objeción a ella (en igual sentido ver de esta Sala VII, S.D. Nº 38.842 del 07/11/05, «Meza, Andrés Ricardo y otro c/ Av. Rivadavia 7401 S.R.L. y otros s/ despido»). b) También se queja porque el magistrado consideró probado que la actora trabajaba los días francos y que los mismos se le abonaban sin registro por la declaración de fs. 258 y arguye que los conocimientos de la testigo lo refirió a meros dichos de la actora. Refiere haberlo impugnado oportunamente.

Respecto a su queja porque el iudexhabríafundado su decisión de considerar probado que trabajaba los francos por la declaración testimonial de fs. 258, corresponde una vez más señalar que en nuestro derecho la máxima testusunustestusnullus no tiene aplicación por lo que no puedo admitir que pretenda negarle de plano todo valor probatorio a dicha declaración, pues su dichos del testigo único pueden admitirse para acreditar los hechos sobre los que declara cuando evidencian poseer suficiente fuerza convictiva (de esta Sala VII, ver S.D. Nº 38.842 del 07/11/05, «Meza, Andrés Ricardo y otro c/ Av. Rivadavia 7401 S.R.L.y otros s/ despido») y, en todo caso estaba a su cargo descalificar un testimonio prestado en tales condiciones demostrando, por ejemplo la sinrazón de los dichos del testigo puesla única circunstancia que invoca para restarle valor, es que habría remitido su conocimiento de que la actora prestaba servicios los días francos a los dichos de esta última.

La dicente refirióotra cosa -por lo que no puede admitirse la pretensión de la recurrente de extenderla mediante una lectura sesgada de su declaración- a la totalidad de sus dichos.

En realidad lo que la declarante dijo, en el segmento pertinente de su deposición -al ser interrogada por la demandada- fue: «…Que tenían un franco semanal pero que la actora no se tomaba los francos, que lo sabe porque hablaban…» a lo que agregó a continuación «…que la actora estaba a la tarde y como quería estudiar y no le daban permiso, entraba a las 14 y no se tomaba el franco semanal…».

Evidentemente refiere la deponente «hechos», como ser que la reclamante ingresaba a las catorce con anuencia de la empleadora y que por ello no se tomaba el franco semanal y esto no guarda relación con lo que hablaba con la actora.

En cuanto al hecho de que el trabajo realizado en horas extraordinarias se abonaba de la manera popularmente denominado «en negro», más allá de admitir que no vio cobrar a la actora «…pero que cada uno hablaba de lo que había cobrado…» lo cierto es que renglones más arriba fue contundente la declaración de la dicente respecto a la mecánica mediante la cual la empleadora efectuaba esos pagos pues refirió «…Que el sueldo era mediante recibo de sueldo el básico que se depositaba y las horas extras en negro, las llamaban de a uno y la supervisora Lidia -no recuerda el apellido- les daba en mano el dinero y les hacía firmar un pequeño papel con las horas extras en negro.Que las llamaban de a uno para pagarles pero se cruzaban en el camino y aun se encontraban en el horario de corte».

Evidentemente la testigo no depone respecto de hechos que le fueron comentados sino refiere experiencias propias que revelan el modus operandide la empleadora con todo su personal y esto permite tener por cierta la remuneración denunciada por la actora, que motivó otro agravio de la accionada, que a mi juicio debe rechazarse.

Digo esto porque la demandada pretende hacer mérito de los recibos agregadas a la causa pero lo cierto que la suma que surge de los recibos de sueldo o su suscripción por la trabajadora, vigente la relación laboral, no alcanza para tener por cierto que la fecha allí consignada era la verdadera, toda vez que en su demanda expresamente argumentó que se habían consignado cantidades menores a las reales. Obviamente no puede suponerse que en caso de que la empleadora hubiera incurrido en tales incumplimientos registrales consignara la verdadera en los recibos por ella emitidos y respecto a la pericia contable, ésta se encuentra realizada sobre las registraciones de la propia demandada y resultan inoponibles a la trabajadora en tanto la resultan unilaterales pues carece la dependiente de la posibilidad de fiscalizar la corrección de aquellas, por lo que en definitiva, no le resultan oponibles en tanto exista en la causa prueba que las desvirtúe -ver testimonios de fs. 258 (en igual sentido, esta Sala VII, S.D. Nº 38.855 del 11/11/05, «Farias, Reina Alicia c/ Blanco, Rosa Haydee s/ despi do»).

Por ello corresponde rechazar estas quejas de la accionada. c) Asimismo protesta porque consideró el judicante que no había efectuado el pago de la remuneración correspondiente al mes de mayo de 2.011 y guardado silencio a la imputación de la actora (de fecha 08/06/2.011) de que no había depositado la suma correspondiente pese de haber firmado recibo, por lo que (a la luz de lo establecido en el art. 57 LCT) la condenó al pago de la suma correspondiente.Pretende hacer mérito de la firma inserta en el recibo correspondiente y refiere haberlo pagado no mediante depósito bancario sino con dinero en efectivo. Arguye dogmáticamente que resultaría irrelevante que no hubiera contestado la intimación cursada por telegrama por la trabajadora porque a la fecha en la que la remitió ya había cobrado mediante el recibo obrante en autos en la sede social de la empresa.

En este aspecto advierto que la demandada alega su propia torpeza, olvidando quizás el viejo brocárdico que reza nemopotestpropriamturpitudinem allegare,puespretende desconocer normativa positiva vigente (art. 57 RCT) aplicable al caso puesto que, en caso de ser cierto lo que alega, esto es que a la fecha en la que la remitió ya había cobrado mediante el recibo obrante en autos en la sede social de la empresa, eso es lo que debería haber respondido a la intimación de pago del mismo que le formulara la actora telegráficamente mediante CD 184224881, quien alegó que -pese a haber firmado el recibo pertinente- no había depositado en su cuenta sueldo la remuneración de mayo de 2.011 y la demandada guardó silencio en su respuesta de fecha 10/11/2.011, lo que permitió que devenga de aplicación al caso la presunción establecida en la norma aludida. d) También se queja porque se la condenó al pago de la indemnización prevista en el art. 2º de la ley 25.323, pero lo cierto es que en autos se aprecian cumplidas las exigencias previstas en dicha norma: 1) la demandada fue oportunamente intimada a abonar las sumas correspondientes a las indemnizaciones propias del distracto y 2) la trabajadora se vio obligada a litigar judicialmente para perseguir el cobro de las indemnizaciones referidas debido a la conducta reticente a abonar dichos conceptos asumida por la accionada (en igual sentido ver, entre otras muchas de esta sala, S.D.Nº38.384 del 05/04/05, «Cerutti, Silvia Beatriz c/ Lloyds TSB Bank PLC s/ despido») y en cuanto a la alegación de que había percibido distintas sumas -que, a la postre, quedó demostrado en autos que fueron pagos parciales-, en tanto se probó que no incluyó distintos rubros que generaron diferencias a favor de la actora, menester resulta recordar que -como desde antiguo he señalado (ver, de esta Sala, S.D. Nº 37.300 del 26/02/2.004, «Puric, Julia Gabriela c/ Hotelería y Desarrollos S.A.» )- para que haya pago, en un marco técnico-jurídico, debe producirse el cumplimiento de la obligación, estando sometida a dos requisitos fundamentales que son: la identidad y la integridad.

Éste último, como el propio apelante implícitamente admite, no se cumplió en autos.

El art. 742 del Código Civil impera en la materia y, en nuestra disciplina, se complementa con lo dispuesto en el art. 260 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Conforme mi modo de ver, el art. 2º de la ley 25.323 -cuya procedencia apela la demandada- deviene aplicable a las consecuencias jurídicas o efectos contractuales que no hubieran sido cumplidos por el empleador debidamente intimado y eso es lo que sucedió en el presente caso. e) También corresponde desestimar su agravio a que se le impuso una multa por la falta de entrega de las certificaciones de trabajo en tiempo y forma y el acogimiento por parte del juez de la petición de declaración de inconstitucionalidad del art. 3º del Decreto Reglamentario 146/2.001.

En lo atinente a la procedencia de la multa por falta de registración de determinados pagos efectuados a la actora, por las razones ya expresadas ut supra atinentes a esta cuestión corresponde el rechazo de la queja.

En cuanto a su agraz por la declaración de inconstitucionalidad que permitió al juez condenarlo por este concepto, memoro que el art. 45 de la ley 25.345 agregó como último párrafo al 80 de la L.C.T. el siguiente texto:».si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado previstos. dentro de los dos (2) días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a favor de este último .».

A su vez el Decreto Reglamentario 146/2001 en su art. 3º dispuso que «.el trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que hace alusión el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previstos. dentro de los 30 (treinta) días corridos de extinguido, por cualquier causa el contrato de trabajo».

Ya en numerosas oportunidades me he expedido declarando la inconstitucionalidad del decreto 146/10 en su art. 3º – incluso de oficio- con fundamento en que la requisitoria que este decreto le impone al trabajador constituye un claro exceso reglamentario, en relación a la norma superior que reglamenta (art. 45 antes citado)-ver sent. 58.335 del 6/06/05, del registro de la Sala VI; ver también de esta Sala VII «Bretaña, Juan Antonio C/ Escuela Superior de Hotelería»; «RiosAnibal J. c/ Cuerex S.A. S/despido», sent. 44.898 del 30-11-12, entre muchos otros).

Así entonces sostengo la inconstitucionalidad de dicha norma, por lo que propicio confirmar lo resuelto en grado al respecto.

IV) Agravios de la actora (fs. 266/267vta.): a) Se queja porque el juez consideró acreditado el pago de las indemnizaciones de ley (arts. 232, 233 y 245 LCT)-que fue desconocido por su parte a fs. 71- porque la perito calígrafa informó a fs. 194/200 que la firma pertenece a la trabajadora, por lo que tuvo por cancelados los importes indicados en dicho recibo, que incluye las indemnizaciones de ley y la liquidación final, integrada por los conceptos previstos en los arts. 123 y 156 de la LCT y la remuneración proporcional de junio de 2.011.Sostiene que existiría prueba en autos que demostraría que lo decidido al respecto resulta errado. Pretende hacer una analogía con lo resuelto por el judicante respecto del sueldo correspondiente al mes de mayo de 2.011, sin advertir que las circunstancias fácticas son distintas pues, respecto de aquél, la accionada guardado silencio a la imputación telegráfica de la actora de la actora (de fecha 08/06/2.011) de que no había depositado la suma correspondiente pese a haber firmado el trabajador el recibo correspondiente, todo lo que tornó de aplicación en el caso la presunción establecida en art.

57 LCT, lo que no sucedió respecto la condenó al pago de las indemnizaciones por despido sin justa causa.

Aquí el juez detrajo dicha suma del capital de condena dado que la demandada demostró la percepción por la accionante los rubros propios de una indemnización por despido con la pericia caligráfica (fs. 194/199), en la que el experto dictaminó que era autentica de la firma en el recibo de fs. 40, lo que torna aquí de aplicación lo previsto en el art. 1.028 del Código Civil, sin que se configure ninguno de los supuestos previstos en el art. 142 de la LCT -noma que cita el apelante- para enervar los efectos demostrativos de tal prueba (arts. 91 de la L.O. y 386 del CPCCN).

V) La demandada apeló porque se le impusieron las costas en primera instancia, pero lo cierto es que el hecho objetivo de la derrota no sufrió desmedro alguno porque el monto de condena haya sido inferior al reclamado en el escrito inicial, dado que la imposición de costas judiciales no constituye una cuestión matemática, sino que obedece a factores o elementos de juicio flexibles, en donde la apreciación judicial juega un rol preponderante (en igual sentido ver, de esta sala S.D. 40.264 del 13/07/2.007, «Benítez, Verónica Marcela c/ Avanzada en Odontología S.R.L.y otro s/ despido» ) atendiendo a la índole de las pretensiones de las partes y a la necesidad dela actora de iniciar el presente pleito a los efectos de percibir lo que en derecho le correspondía, por lo que propicio la confirmación de lo resuelto en grado respecto de las costas de primera instancia.

En síntesis, sugiero confirmar el fallo de grado en todas sus partes.

VI) En caso de ser compartido mi voto, y atento que ninguno de los recursos deducidos por las partes habrá de tener favorable acogida y que ambos merecieran réplica de la contraria, propicio que las costas de alzada sean en el orden causado (art. 68, 2º párrafo, del CPCCN ya cit.) y que se regulen honorarios a la representación de cada una de las partes en el 25% de lo que en definitiva y por las tareas cumplidas en la instancia anterior a favor de sus defendidos corresponda (art. 14 de la ley 21.839).

EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO:

Por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede y agrego:

Que reiteradamente he considerado inconstitucional el decreto 146/01 al que estimo producto de un exceso en el ejercicio del poder reglamentario.

Que al tratar este tema, acuden a mi memoria por una parte, el antiguo aforismo latino: «rara est in dominosiustalicentia» (Traduzco: «Es raro que el que está en una posición dominante, ejerza el poder dentro de sus estrictos límites»), y por otra, la tesis general del clásico libro de Juan Carlos Rébora: «El Estado de Sitio y la Ley Histórica del Desborde Institucional», señalando lo difícil que le resulta a quien ejerce el poder una autolimitación que no traspase sus ceñidas facultades.

La cuestión se ha planteado no solo en nuestro derecho, sino también en democracias más antiguas y consolidadas, como Francia. Georges Ripert nos informa así, que a partir de la Revolución, «Rousseau neditpas: les lois, ildit:la loi, et pour lui la loiestsou veraine, car elle est l´ expression de la volontégénérale». «Iln´y a plus qu´uneseuleautorité: l ´assembléechargée de faire les lois. Elledétient la puissancelégislativedans son absolutisme» (Traduzco: «Rousseau no dice: las leyes, él dice: la ley, y para él la ley es soberana, ya que es la expresión de la voluntad general». «No hay más que una sóla autoridad: la asamblea encargada de hacer las leyes: ella detenta el poder legislativo absoluto»).

El gobierno de Vichy, a comienzos de la década del 40, bajo la sombra de la ocupación alemana dictó decretos-leyes y modificó leyes anteriores directamente por decretos, actos que luego fueron anulados, como se ve en: M. Gëny: «De l´ inconstitutionnalité des lois et des autresactes de l´autorité publique et des santionsqu´elle comporte dans le droitnouveau de la Quatrième Republique (Jurisclasseurpériodique, 1947, I, 613) (Traduzco: «De la inconstitucionalidad de las leyes y de otros actos de la autoridad pública y de las sanciones que ella implica en el nuevo derecho de la Cuarta República (Periódico Jurídico, 1947, I, 613)» y en: M. Pelloux, «dontilsuggèred´atteindre par le recourspourexcès de pouvoir les actesadministrativesquiseraientcontraires a ces dispositions» en «Le Déclin du Droit», París, Librairie Générale deDroit et de Jurisprudence, 1949. (Traduzco: donde sugiere utilizar el recurso por exceso de poder respecto de los actos administrativos que fueran contrarios a estas disposiciones» en «La Decadencia del Derecho, París, Librería General de Derecho y Jurisprudencia, 1949»).

Entre nosotros, como explica María Angélica Gelli «La Corte Suprema trazó, por primera vez, los límites de la competencia reglamentaria del Poder Ejecutivo en el caso ‘Delfino y Cía.’.Con mención expresa del anterior art. 86, inc.2º, el Tribunal sostuvo que ‘existe una distinción fundamental entre la delegación de poder para hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquélla’». Ahora bien, encontrar la línea divisoria entre una y otra constituye una cuestión problemática y, al decir de la Corte Suprema, una cuestión de hecho. («Delfino y Cía» Fallos: 148:430, año 1927) En este orden de ideas, considero que debe desestimarse la queja deducida al respecto.

LA DOCTORA BEATRIZ INÉS FONTANA: No vota (art. 125 ley 18.345).

Por lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) confirmar el fallo. 2) Imponer las costas de alzada en el orden causado. 3) Regular honorarios a la representación de cada una de las partes en el 25% (veinticinco por ciento) de lo que en definitiva y por las tareas cumplidas en la instancia anterior a favor de sus defendidos corresponda. 4) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la C.S.J.N. Nº 15/2.013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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