Condenan a periodista a indemnizar a un partido político por la difusión de noticias sobre la supuesta comisión de delitos

shutterstock_115126654Partes: Partido Obrero c/ Feinman Eduardo Guillermo y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil

Sala/Juzgado: 62

Fecha: 28-nov-2013

Cita: MJ-JU-M-83450-AR | MJJ83450

Condenan a periodista y al canal del televisión a indemnizar a los actores -incluyendo a un partido político- por el daño que se les ocasionó al difundir noticias en las que se les atribuía la supuesta comisión de delitos. 

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda y condenar al periodista y a la productora de contenidos televisivos accionados a indemnizar a los actores por el daño moral que se les causó al imputárseles falsamente la comisión de delitos gravísimos a través de un programa de noticias de televisión por cable, en ocasión a ciertos desórdenes en una estación de tren; porque -entre otros fundamentos- no se verifica ninguno de los presupuestos para que se aplique la doctrina de la CSJN en la causa Campillay .

2.-La libertad de publicar ideas por la prensa halla una fuerte protección, condensada en dos normas que existían antes de la reforma de 1994, y que permanecen luego de la misma tal como habían sido concebidas: los arts. 14 y 32 ; el primero, reconoce a todos los habitantes el derecho de publicar ideas por la prensa sin censura previa; la otra, prohíbe al Congreso de la Nación el dictado de leyes que restrinjan la libertad de prensa.

3.-El art. 1089 del ordenamiento civil manda a reparar los daños causados por calumnias e injurias de cualquier especie; el Cpen. define este delito como la falsa atribución de un delito doloso o una conducta criminal dolosa aunque sea indeterminada (art. 109 ), en tanto que la injuria es toda ofensa al honor que no llegue a ser calumnia; es decir que se comete injuria cuando se deshonra, se desacredita o menosprecia a otro por medio de palabras, escritos, etc. siempre que no se incurra en calumnia.

4.-En materia de noticias inexactas, la información es falsa cuando ella es engañosa, fingida, simulada para dar al hecho una apariencia distinta de la realidad; la información es errónea cuando ella es el resultado de un concepto equivocado que en la mente del informante difiere de la realidad. La noticia falsa es dada conscientemente, es decir, con el deliberado fin de engañar: el informador obra con dolo o mala fe; en cambio, la información que se da por error consiste en un acto no consciente, que no se quiere, se siente ni se piensa.

5.-La información falsa genera responsabilidad penal y civil, mientras que la información errónea no generará responsabilidad civil si el error fuese excusable, esto es, si hubiese empleado los debidos cuidados, diligencia y atención para evitarlo.

6.-En el caso, si bien es cierto que los testigos se manifestaron con parquedad a la hora de responder el interrogatorio formulado por la parte emplazada, a diferencia de lo que ocurre con las preguntas del accionante, lo cierto es que las declaraciones son concordantes, dan razones precisas de sus dichos, y concuerdan en general con los otros testimonios no impugnados así como con las restantes probanzas confiables que la causa ofrece, todo lo cual lleva a considerar que fueron sinceros al declarar, que contaron lo que percibieron por medio de sus sentidos y que no han incurrido en parcialidades aptas para poner en tela de juicio su veracidad.

7.-Lejos de limitarse a la reproducción fiel de la fuente que invocan en el responde los accionados, en distintos pasajes del programa periodístico ella es dejada de lado y claramente excedida en otros tramos, porque es evidente que tanto antes como después de la conferencia de prensa del entonces Ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, el periodista agrega a la noticia nuevos contenidos, adjetivos, opiniones, frases asertivas, valoraciones, hipótesis y razonamientos que se desentienden de la fuente, al punto de hacer suya la información, y del medio a través del cual ella es expresada.

8.-La entidad de la secuencia informativa objeto de autos para destruir el honor y la reputación de los actores salta a la vista, si se aprecia que se les atribuye la quema de trenes, la violación y daños de los armarios y vehículos de los trabajadores, el apoderamiento ilegítimo de sus pertenencias, el robo de otros negocios, el ataque a una comisaría, la fuga de la justicia, además de otros desmanes y actos vandálicos.

9.-Los actores fueron tildados por los accionados de incendiarios y violentos, de robarse todo, y difundieron que cinco de los siete detenidos eran afiliados o simpatizantes de un determinado partido político; hay en esa información una variada gama de delitos que se les imputan al dirigente y demás militantes de dicha organización política, que con creces exceden el de daños y estrago doloso que en una determinada oportunidad mencionara el conductor del programa de manera expresa.

10.-Aún si se descartara intencionalidad por inculpar al partido y al dirigente, queda como hipótesis de mínima revelada, un manifiesto desinterés por determinar si la información propalada era verdadera o falsa, no obstante la enorme potencialidad que ella poseía para lesionar el honor y la reputación de los demandantes, lo que patentiza la configuración del factor de atribución de responsabilidad agravado que reclama la doctrina de la real malicia, en cabeza del periodista demandado.

11.-La emisora de televisión es responsable por el daño ocasionado a los actores con motivo de las expresiones vertidas en un programa de televisión respecto de su persona, pues aunque niegue su relación con los periodistas y la productora, lo cierto es que los programas mediante los cuales se agravió fueron emitidos y difundidos por su canal, lo que implica su responsabilidad por los hechos ilícitos que se cometen a raíz de la difusión por su medio de comunicación.

12.-La responsabilidad de un canal de televisión, por el daño moral causado en un programa por la difusión de una noticia, debe juzgarse conforme la idea del aprovechamiento económico, pues es justo que quien obtiene beneficios que comparte con el productor del mismo, soporte también los riesgos inherentes.

12.-Si bien es cierto lo que señala la empresa en su contestación de demanda, respecto a que en una cláusula del contrato que lo liga con el periodista accionado, se pactó que el conductor actuaría sin relación de subordinación, con pleno ejercicio de sus iniciativas, orientando su labor profesional conforme su creatividad e idoneidad, la interpretación armónica de la cláusula con las restantes que nutren el contrato, denota que esa total y absoluta independencia que se pregona se diluye, para dar paso a otra realidad, pues otras cláusulas del mismo revelan notas características de la subordinación, que se robustecen si se repara en las características que es de suponer rodean la contratación de un periodista.

13.-La celebración del contrato con el periodista demandado, lejos de resultar un acto impensado o intrascendente, forma parte de una importante decisión empresaria, que debe ser emplazada en su verdadero contexto, representado por la producción comunicacional, calificada como una verdadera industria; y si de ello se trata, sería ilusorio pensar que el propietario de ella se desentienda de las características o connotaciones que deba tener el producto que se ofrece al mercado.

14.-Aún cuando por error el contrato fuera opuesto a los damnificados, la responsabilidad del canal resultaría igualmente conectada en el caso, sea por aplicación del deber legal de garantía por los daños que causan los dependientes en ejercicio de sus funciones (arg. art. 1113, primer párr. ), o fundada en la condición de licenciataria de la señal y dueña del programa.

15.-En casos como el de autos, el daño moral debe presumirse, puesto que se trata de una prueba in re ipsa, sin perjuicio de que se trate de una presunción que admite prueba en contrario.

16.-Es indudable que los gravísimos hechos atribuidos a la persona física co actora en el programa televisivo en cuestión, configurativos de un accionar delictivo, y su amplia difusión, poseen entidad para afectar de manera severa su tranquilidad de espíritu y la consecuente calidad de vida, máxime si se pondera la actividad que desarrolla el accionante, su condición de docente, el desempeño como preceptor en la escuela que menciona, y el rol como delegado, y militante de un partido político.

17.-Si se parte de una definición de daño moral como lesión a un interés extrapatrimonial, las personas jurídicas son pasibles de daño moral en tanto tienen intereses extrapatrimoniales; y si se parte de la definición del daño moral como el menoscabo producido a la subjetividad o espiritualidad en virtud de la lesión a un interés extrapatrimonial, también las personas jurídicas pueden sufrir un daño moral, atento la existencia de una espiritualidad o subjetividad colectiva; esto es, el crédito, la fama, el prestigio, el buen nombre son elementos valorados positiva o negativamente por la sociedad que repercuten en la persona jurídica y en la subjetividad social, del grupo; por lo que corresponde hacer lugar a la solicitud de indemnización del daño moral solicitada por el Partido Político.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.-

Y VISTOS: estos autos n° 111.083 del año 2008, caratulados “Partido Obrero c/Feinmann, Eduardo y otro s/daños y perjuicios”, al que se acumulara la causa n° 111.084 del año 2008, caratulada “E. J. M. c/Feinmann Eduardo Guillermo y otro s/daños y perjuicios”, para dictar sentencia, de los cuales RESULTA AUTOS: “Partido Obrero c/Feinmann, Eduardo y otro s/daños y perjuicios” (expte. 111.083/08).-

I.- A fs. 17/43, Partido Obrero promueve demanda de daños y perjuicios contra Eduardo Guillermo Feinmann, Canal C5N y/o contra quien resulte civilmente responsable por los daños ocasionados.-

Expresa que el 04 de septiembre de 2008, en horas de la mañana, a raíz de la interrupción del servicio del ex ferrocarril Sarmiento, se produjeron una serie de hechos de violencia en las estaciones Merlo y Castelar. Unas horas después los demandados propalaron al aire, una serie de imputaciones bien directas contra del Partido Obrero y uno de sus afiliados: J. M. E.- Asegura que de manera bien directa, los demandados acusaron al Partido Obrero y a E., de haber promovido y protagonizado los incidentes, lo que incluyó la falsa imputación de una serie de graves delitos, además de caracterizaciones y epítetos agraviantes.-

Destaca que a las pocas horas, el Gobierno Nacional, a través del Ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, expuso similares acusaciones, razón por la cual es demandado junto con el Estado Nacional en el fuero correspondiente.No obstante, indica que el periodista y el medio demandado, no se limitaron a dar cobertura informativa a la conferencia de prensa pronunciada por el funcionario alrededor de las 19 hs del 04 de septiembre de 2008, sino que fueron mucho más allá de la simple reproducción de la noticia, mediante el recurso de agregar adjetivaciones injuriantes y calumniosas, tanto antes como después de la intervención mediática del ministro.

Puntualiza, que las imputaciones efectuadas por Feinmann, el equipo periodístico del programa “El Diario” que encabeza y C5N comenzaron antes de que el ministro hiciera sus declaraciones, por lo que mal podrían ser su fuente.- Explica que los dichos que le ocasionaron daños y en base a los cuales reclama, fueron pronunciados en varias emisiones de programa cuyo contenido allí reseña (ver fs. 18/27 donde transcribe lo sucedido en el programa “El Diario” emitido el 4 de septiembre de 2008, durante la mañana del 5 de septiembre del mismo año, “El Diario” del 05 de septiembre de 2008).- Hace referencia a la trayectoria del Partido Obrero, a cuyas consideraciones me remito (ver fs. 27 vta./30).- Refiere que a raíz de los hechos de violencia del 04 de septiembre de 2008 en la estaciones de Merlo y Castelar, se instruyó la causa 3651 ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3, Secretaria 10 del departamento judicial de Morón, caratulada “Arrigoni, Cristian Eduardo y otros s/infracción arts. 163, 167, 166, 186, 191 y 196 CP”. Agrega, que en esa causa, E., se puso a disposición del Juzgado, donde el magistrado denegó su participación por no revestir el carácter de parte. De las circunstancias ocurridas en la causa penal, que menciona (ver fs. 30 vta/31), colige en que no hay pruebas en su contra.-

Luego se refiere a las injurias que considera se vertieron en su contra.- Imputa la responsabilidad a los demandados.- Formula su reclamo indemnizatorio.- Funda su pretensión en derecho y ofrece prueba.-

II.- A fs.123/133, Eduardo Guillermo Feinmann contestó la demanda y solicitó su rechazo.-

Formuló una negativa categórica y pormenorizada de los hechos expuestos en el escrito inicial.-

Hace referencia a las manifestaciones que el actor considera injuriosas.- Relata lo que surge de los DVD y asegura que en ningún momento se individualiza a E. ni al Partido Obrero como responsables de los incidentes.-

Remata en que fue el Ministro de Justicia y Seguridad de la Nación, quien en uso del derecho de informar a la población, en el marco de una conferencia de prensa, mediante el ejercicio de su jurisdicción y brindando información que hace a su competencia, señaló a J. M. E. como responsable de dirigir los hechos de violencia de la mañana del 4 de septiembre de 2008. Hace hincapié en que fue el funcionario de Gobierno quien informó que los militantes del Partido Obrero, el MST y del partido de Pino Solanas participaron de los hechos. Reitera que fue el funcionario quien advirtió que militantes del Partido Obrero se manifestaban frente a la comisaría de Castelar.- Afirma que la labor periodística se limitó a reflejar la realidad de ese momento. Contesta aquellas manifestaciones y dichos por los cuales el actor se siente agraviado.-

Se refiere a la responsabilidad de los medios de prensa, la libertad de expresión, cita la doctrina de la real malicia, que considera aplicable y explica cuáles son las condiciones para exonerarse de responsabilidad.- Trae a colación cuál es la función de la prensa en un sistema republicano.- Impugna el rubro reclamado. Descarta la posibilidad de existencia de daño moral en las personas jurídicas.- Funda su pretensión en derecho y ofrece prueba.-

III.- A fs. 144 se enderezó la acción contra Telepiu SA.-

IV.- A fs.172/188, Telepiu SA contestó la demanda y solicitó su rechazo.- Formuló una negativa categórica y pormenorizada de los hechos expuestos en la demanda.- Manifiesta ser una empresa dedicada a la producción de contenidos periodísticos televisivos para la señal C5N y que en el marco de esa actividad llevó a cabo el programa “El Diario”. Asegura que en ninguno de los programas a los que hace referencia el actor se vertieron expresiones injuriosas o calumniosas, que tampoco hay opiniones ni juicios de valor.- Señala que el periodista no es dependiente de Telepiu SA, sino que celebró un contrato -cuyo original adjunta- en virtud del cual se comprometió a prestar sus servicios profesionales en calidad de conductor para desempeñarse en un programa de emisión diaria de lunes a viernes con una duración de 180 minutos. Refiere que el periodista y Telepiu SA son dos personas independientes, no ligados por relación societaria ni de dependencia, ni de ninguna otra especie, tal como lo establecieron en la cláusula décimo primera que allí transcribe. Remata en que el periodista acordó prestar sus servicios en forma total y absolutamente independiente. Agrega que el programa se emite en vivo, por lo que le resulta materialmente imposible controlar el contenido del programa o los dichos del periodista, amén de que si así lo hiciera incurriría en censura previa lo que lo haría infringir la libertad de expresión reconocida constitucionalmente.- Refiere la ausencia de solidaridad entre Telepiu SA y Feinmann.- Alega la inexistencia de responsabilidad por daño moral, abuso de derecho -aun en el supuesto de que los hechos expresados en la demanda fueran ciertos. Cita la doctrina de la real malicia, que considera aplicable al caso.- Concluye en que se trató de un hecho de gran trascendencia para el interés general, que se limitó a exponer la información acerca de los incidentes del 04 de septiembre de 2008 y que citó la fuente de información (el Gobierno Nacional).- Impugna las sumas reclamadas.- Funda su pretensión en derecho y ofrece prueba.-

V.- A fs.197 se abrió la causa a prueba.-

VI.- A fs. 456 se colocaron los autos a tenor del art. 482 del Código Procesal.-

VII.- A fs. 485/496 se agregó el alegato de la parte actora, a fs. 498/501 el alegato de Eduardo Guillermo Feinmann, y a fs. 502/528 el de Telepiu SA.-

VIII.- A fs. 520 quedaron los autos en condiciones de dictar sentencia.- AUTOS: “E. J. M. c/Feinmann, Eduardo Guillermo y otro s/daños y perjuicios” (expte. 111.084/08).-

I.- A fs. 8/32, J. M. E. promueve demanda de daños y perjuicios contra Eduardo Guillermo Feinmann, Canal C5N y/o contra quien resulte civilmente responsable por los daños ocasionados.-

Expresa que el 04 de septiembre de 2008, en horas de la mañana, a raíz de la interrupción del servicio del ex ferrocarril Sarmiento, se produjeron una serie de hechos de violencia en las estaciones Merlo y Castelar. Unas horas después los demandados propalaron al aire, una serie de imputaciones en contra suyo y en particular y de manera generalizada contra el Partido Obrero, organización política de la que es afiliado.- Asegura que de manera bien directa, con expresión de su nombre completo, afiliación política y hasta la mención de su actividad laboral, lugar de trabajo y de residencia, los demandados lo acusaron de haber promovido y protagonizado los incidentes, lo que incluyó la falsa imputación de una serie de graves delitos, además de caracterizaciones y epítetos agraviantes.- Destaca que a las pocas horas, el Gobierno Nacional, a través del Ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, expuso similares acusaciones, razón por la cual es demandado junto con el Estado Nacional en el fuero correspondiente.No obstante, indica que el periodista y el medio demandados, no se limitaron a dar cobertura informativa a la conferencia de prensa pronunciada por el funcionario alrededor de las 19 hs del 04 de septiembre de 2008, sino que fueron mucho más allá de la simple reproducción de la noticia, mediante el recurso de agregar adjetivaciones injuriantes y calumniosas, tanto antes como después de la intervención mediática del ministro.

Puntualiza, que las imputaciones efectuadas por Feinmann, el equipo periodístico del programa “El Diario” que encabeza y C5N comenzaron antes de que el ministro hiciera sus declaraciones, por lo que mal podrían ser su fuente.- Explica que los dichos que le ocasionaron daños y en base a los cuales reclama, fueron pronunciados en varias emisiones de programa cuyo contenido allí reseña (ver fs. 9/18 donde transcribe lo sucedido en el programa “El Diario” emitido el 4 de septiembre de 2008, durante la mañana del 5 de septiembre del mismo año, “El Diario” del 05 de septiembre de 2008.- Refiere que a raíz de los hechos de violencia del 04 de septiembre de 2008 en la estaciones de Merlo y Castelar, se instruyó la causa 3651 ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3, Secretaria 10 del departamento judicial de Morón, caratulada “Arrigoni, Cristian Eduardo y otros s/infracción arts. 163, 167, 166, 186, 191 y 196 CP”. Agrega, que en esa causa, se puso a disposición del Juzgado, donde el magistrado denegó su participación por no revestir el carácter de parte. De las circunstancias ocurridas en la causa penal, que menciona (ver fs.18 vta./19), colige en que no hay pruebas en su contra, que no fue sospechado, imputado ni procesado por el hechos del 4 de septiembre de 2008, y que quienes lo están son completamente ajenos a su persona y al Partido Obrero.- Hace referencia a sus antecedentes personales, laborales y familiares y a su participación política como militante e integrante del Partido Obrero.- Luego hace referencias a las injurias que considera se vertieron en su contra.- Imputa la responsabilidad a los demandados.- Formula su reclamo indemnizatorio.- Funda su pretensión en derecho y ofrece prueba.- II.- A fs. 69/85, Eduardo Guillermo Feinmann contestó la demanda y solicitó su rechazo.- Señala que por ante este tribunal tramita la causa “Partido Obrero c/Feinmann, Eduardo Guillermo y otro s/daños y perjuicios”, por lo que solicita la acumulación de las actuaciones.- Formuló una negativa categórica y pormenorizada de los hechos expuestos en el escrito inicial.- Hace referencia a las manifestaciones que el actor considera injuriosas.-

Relata lo que surge de los DVD y asegura que en ningún momento se individualiza a E. ni al Partido Obrero como responsables de los incidentes.- Remata en que fue el Ministro de Justicia y Seguridad de la Nación, quien en uso del derecho de informar a la población, en el marco de una conferencia de prensa, mediante el ejercicio de su jurisdicción y brindando información que hace a su competencia, señaló a J. M. E. como responsable de dirigir los hechos de violencia de la mañana del 4 de septiembre de 2008. Hace hincapié en que fue el funcionario de Gobierno quien informó que los militantes del Partido Obrero, el MST y del partido de Pino Solanas participaron de los hechos. Reitera que fue el funcionario quien advirtió que militantes del Partido Obrero se manifestaban frente a la comisaría de Castelar.- Afirma que la labor periodística se limitó a reflejar la realidad de ese momento.Contesta aquellas manifestaciones y dichos por los cuales el actor se siente agraviado y puntualiza, cuales son – a su criterio- las contradicciones en que incurre el actor.- Se refiere a la responsabilidad de los medios de prensa, la libertad de expresión, cita la doctrina de la real malicia, que considera aplicable y explica cuáles son las condiciones para exonerarse de responsabilidad.- Trae a colación cuál es la función de la prensa en un sistema republicano.- Impugna el rubro reclamado.- Funda su pretensión en derecho y ofrece prueba.-

III.- A fs. 93/94 se enderezó la acción contra Telepiu SA.-

IV.- A fs. 107/123, Telepiu SA contestó la demanda y solicitó su rechazo.- Formuló una negativa categórica y pormenorizada de los hechos expuestos en la demanda.-

Manifiesta ser una empresa dedicada a la producción de contenidos periodísticos televisivos para la señal C5N y que en el marco de esa actividad llevó a cabo el programa “El Diario”. Asegura que en ninguno de los programas a los que hace referencia el actor se vertieron expresiones injuriosas o calumniosas, que tampoco hay opiniones ni juicios de valor.- Señala que el periodista no es dependiente de Telepiu SA, sino que celebró un contrato -cuyo original adjunta- en virtud del cual se comprometió a prestar sus servicios profesionales en calidad de conductor para desempeñarse en un programa de emisión diaria de lunes a viernes con una duración de 180 minutos. Refiere que el periodista y Telepiu SA son dos personas independientes, no ligados por relación societaria ni de dependencia, ni de ninguna otra especie, tal como lo establecieron en la cláusula décimo primera que allí transcribe. Remata en que el periodista acordó prestar sus servicios en forma total y absolutamente independiente.Agrega que el programa se emite en vivo, por lo que le resulta materialmente imposible controlar el contenido del programa o los dichos del periodista, amen de que si asi lo hiciera incurriría en censura previa lo que lo haría infringir la libertad de expresión reconocida constitucionalmente.- Refiere la ausencia de solidaridad entre Telepiu SA y Feinmann.-

Alega la inexistencia de responsabilidad por daño moral, abuso de derecho -aun en el supuesto de que los hechos expresados en la demanda fueran ciertos. Cita la doctrina de la real malicia, que considera aplicable al caso.- Concluye en que se trató de un hecho de gran trascendencia para el interés general, que se limitó a exponer la información acerca de los incidentes del 04 de septiembre de 2008 y que citó la fuente de información (el Gobierno Nacional).-

Impugna las sumas reclamadas.-

Funda su pretensión en derecho y ofrece prueba.-

V.- A fs. 130/132 se ordenó la acumulación de las actuaciones a la causa “Partido Obrero c/Feinmann Eduardo Guillermo y otro s/daños y perjuicios”, expte. 111.083/08.-

VI.- A fs. 148 se abrió la causa a prueba.- VII.- A fs. 312 se colocaron los autos a tenor del art. 482 del Código Procesal.-

VIII.- A fs. 335/338 se agregó el alegato de Eduardo Guillermo Feinmann y a fs. 340/355 el de la actora.- IX.- A fs.306 quedaron los autos en condiciones de dictar sentencia.-

CONSIDERANDO

Los casos como el sometido a juzgamiento encierran conflictos que involucran derechos que, como la libertad de expresión y el honor, además de tener una alta significación social, encuentran protección en el máximo nivel del ordenamiento jurídico, razón por la cual, en muchas ocasiones son motivo de importantes decisiones de nuestro Más Alto Tribunal, último intérprete de la Constitución Nacional.

En ella, la libertad de publicar ideas por la prensa halla una fuerte protección, condensada en dos normas que existían antes de la reforma de 1994, y que permanecen luego de la misma tal como habían sido concebidas: los arts. 14 y 32. El primero, reconoce a todos los habitantes el derecho de publicar ideas por la prensa sin censura previa; la otra, prohíbe al Congreso de la Nación el dictado de leyes que restrinjan la libertad de prensa.

Esta normativa constitucional guarda plena armonía con lo dispuesto en los pactos internacionales sobre derechos humanos incorporados a nuestro sistema con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22, art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 13, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y art. 18 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). En todos ellos sobrevuela la misma idea: ausencia de controles previos -esto es, prohibición de censura previa, en cualquiera de sus manifestaciones- y responsabilidad ulterior del medio que publica informaciones falsas, inexactas o agraviantes (conf. Pizarro, Ramón D.; “trabajo cit.).

El derecho al honor, goza también de rango constitucional (art. 33 de la Constitución Nacional, art. V, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y art.11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Ha sido definido por De Cupis como “la dignidad personal reflejada en la consideración de los terceros y en el sentimiento de la persona misma”. La definición abarca tanto el llamado honor objetivo, que es la valoración que otros hacen de la personalidad ético – social de un sujeto, como el subjetivo, representado por la autovaloración o aprecio por la propia dignidad. La consideración social, el respeto y aprecio de terceros, unido al sentimiento o conciencia de la propia dignidad son elementos expuestos a la ofensa y requieren de la tutela del ordenamiento (Cifuentes, “derechos personalísimos”, p. 456/7).

El art. 1089 del ordenamiento civil manda a reparar los daños causados por calumnias e injurias de cualquier especie. La primera de las figuras mencionadas no aparece definida en el orden civil, por lo que corresponde acudir al Código Penal que define este delito como la falsa atribución de un delito doloso o una conducta criminal dolosa aunque sea indeterminada (art. 109). En tanto que la injuria es toda ofensa al honor que no llegue a ser calumnia “se comete injuria cuando se deshonra, se desacredita o menosprecia a otro por medio de palabras, escritos, etc.siempre que no se incurra en calumnia” (Belluscio-Zannoni: “Código Civil Comentado, Anotado y Concordado”, t. 5, pág. 246).

Se ha decidido en torno a esta temática que “El derecho a la libre expresión e información no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio, sea por la comisión de delitos penales o actos ilícitos civiles.Si bien en el régimen republicano la libertad de expresión, tiene un lugar eminente que obliga a particular cautela en cuanto se trata de deducir responsabilidades por su desenvolvimiento, puede afirmarse sin vacilación que ello no se traduce en el propósito de asegurar la impunidad de la prensa (Fallos 119:231, 155:57, 167:121, 269:189, considerando 4º, 269:195, considerando 5º). La función primordial que en toda sociedad moderna cumple el periodismo supone que ha de actuar con la más amplia libertad, pero el ejercicio del derecho de informar no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales, entre los que se encuentran el de la integridad moral y el honor de las personas (arts. 14 y 33 de la Constitución Nacional) (CSJN Fallos 308:789 considerando 5º).

Puede advertirse, ya desde estas decisiones, la particular preo cupación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por encontrar una regulación adecuada cuando estos derechos que se hallan en permanente tensión entran en conflicto. Por ello, ha ido delineando diversos estándares tendientes a compatibilizar esos intereses contrapuestos, a la luz de los cuales corresponde resolver los “casos” (ver CNCiv, Sala A, L. 577.838 “Z.L.I. c/ Editorial sarmiento S.A. s/ ds y ps.”, del 27/12/2011).

El primero de los mencionados estándares está constituido por la doctrina “Campillay”, que proclama la irresponsabilidadad de los medios de prensa cuando se adoptan determinados recaudos, a la hora de difundir una información que pueda rozar la reputación de las personas: a) propalar la información atribuyendo directamente su contenido a la fuente pertinente, o b) utilizar un tiempo de verbo potencial o c) dejar en reserva la identidad de las personas presuntamente implicadas en el hecho ilícito (Fallos:308″789, considerando 7, “Campillay”). Basta la adopción de solo uno de estos recaudos, sin que sea menester, para lograr la eximición de responsabilidad, la observancia de todos ellos en forma acumulativa.

Siguiendo a la Sala “A” de la Alzada, puede decirse entonces que la primera posibilidad con la que cuenta el medio de prensa para eximirse de responsabilidad es indicar la fuente de la noticia. Es decir, la fuente tiene que estar individualizada, sin que baste con efectuar una referencia vaga o genérica sin precisarla con claridad. Además, debe reproducirse en forma objetiva, plena y veraz, y existir exactitud entre lo expresado por la fuente y lo informado por el medio, pues la ausencia de fidelidad obsta a la aplicación de la doctrina (Pizarro, Ramón D., “Responsabilidad de los medios de prensa – acerca de la denominada doctrina Campillay, LL 1998-D, 1306, cit en CNCiv, Sala A, L613.888 y 621.563, del 22 de agosto de 2013).

Tampoco se aplica si, en cambio, el medio de difusión no se limita a reproducir la especie noticiosa, agregándole a la misma otras consideraciones valorativas o frases asertivas que impliquen la inclusión de imputaciones hechas propias por el diario o medio televisivo. Si el medio hace “suyas” las declaraciones de otro y les agrega nuevos contenidos, no puede invocar la eximición de responsabilidad que surge de la mencionada doctrina de la Corte (conf. Trigo Represas – López Mesa: Tratado de la responsabilidad civil, t. VI, p.41). Se debe tratar de una fuente identificable y una trascripción fiel o idéntica de lo manifestado por aquella (CSJN, Fallos:317:1448, 321:2848, entre otros), ya que el objetivo es que el lector no atribuya el contenido de la noticia al medio a través del cual la ha recibido, sino a la causa específica que la ha generado (CSJN, Fallos 316:2416).

En lo que hace a la doctrina de la real malicia (“actual malice”), otro de los estándares a los que vengo haciendo referencia, sentada por primera vez por la Corte Suprema de Estados Unidos de América en el caso “New York Times c/ Sullivan” (376 U.S. 254, de 1964), consiste en que la indemnización de los daños y perjuicios por la difusión de noticias inexactas o agraviantes sólo procede cuando el afectado demuestra el daño y el conocimiento por parte del medio de la falsedad de lo informado, algo similar al dolo en nuestro sistema, o que en la ocasión éste actuó con indiferente desconsideración acerca de si era o no falso (“with knowledge that it was false or with reckless disregard of whether it was false or not”), lo cual es asimilado por algunos a la culpa grave, y por otros al dolo eventual (LexisNexis Argentina On Line /Doctrina: Artículos/D/DERECHOS Y GARANTÍAS/07. Libertad de expresión y libertad de prensa: Pizarro, Ramón D: La doctrina de la real malicia en la actual jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.El caso “Dora Gesualdi).

De acuerdo con esta teoría, a diferencia de lo que acontece con los particulares, a quienes en principio, les basta con acreditar una negligencia simple para que proceda la reparación, los funcionarios públicos y las figuras o personajes públicos afectados en su honor por noticias inexactas o agraviantes, deben probar que la información fue efectuada a sabiendas de su falsedad o con total despreocupación acerca de esas circunstancias.

Los fundamentos de dicha doctrina radicarían en la necesidad de brindar adecuada tutela a la libertad de expresión, a partir de una interpretación amplia y flexible de los textos constitucionales, que permitan crear un espacio donde aquélla pueda desplegarse. Dentro de este orden de ideas se sostiene que los simples particulares son más “débiles” que los funcionarios públicos y también que las figuras o personajes públicos (vg. futbolistas, artistas, escritores, políticos, etcétera), ya que estos últimos tienen siempre la posibilidad de acceder fácilmente a los medios de comunicación social para defenderse (Pizarro, Ramón D: “ob. cit.”).

En este contexto, cabe concordar que, al menos como principio, toda información se legitima cuando es verdadera. Pero, aunque ella es un valor supremo en la información, el hallazgo de la verdad absoluta o exacta es muchas veces imposible. Pretender que la verdad coincida con la necesidad de verificar y, en su caso, probar que se trata de una verdad absoluta condicionaría la difusión de la información y, de rondón, podría implicar la exclusión del derecho de informar cuando no exista la posibilidad de probar la verdad de los hechos.De ahí que aun cuando ella es un límite interno del derecho de informar, de carácter objetivo, tal límite se conjuga con la referencia subjetiva, esto es, la actitud del informador hacia la verdad, de manera que le sea dado probar que ha tratado de encontrar la verdad de los hechos, de manera diligente y razonable, agotando las fuentes disponibles, con insistencia suficiente, para que un profesional honesto pueda llegar a la razonable convicción de que lo que publica es verdad (conf. Zannoni – Bízcro: “Responsabilidad de los medios de prensa”, págs 66/7).

En materia de noticias inexactas, entendidas como aquellas que no concuerdan con la verdad, se ha hecho la distinción entre noticias falsas y erróneas. La información es falsa cuando ella es engañosa, fingida, simulada para dar al hecho una apariencia distinta de la realidad. La información es errónea cuando ella es el resultado de un concepto equivocado que en la mente del informante difiere de la realidad. La noticia falsa es dada conscientemente, es decir, con el deliberado fin de engañar: el informador obra con dolo o mala fe. En cambio, la información que se da por error consiste en un acto no consciente, que no se quiere, se siente ni se piensa. Por eso, la información falsa genera responsabilidad penal y civil, mientras que la información errónea no generará responsabilidad civil si el error fuese excusable, esto es, si hubiese empleado los debidos cuidados, diligencia y atención para evitarlo. A ello se debe agregar, en supuestos como el de autos, lo que se explicara más arriba con referencia a la llamada teoría de la real malicia (ver Bustamante Alsina, Jorge: “Responsabilidad civil de los órganos de prensa por informaciones inexactas”, L.L.1989-B-287″).

La pregunta que cabe formular a esta altura del análisis es ¿Cuándo aplica el tribunal el estándar “Campillay” y cuando la “real malicia”? En función de los alcances estipulados a ambas doctrinas, se han aplicado cuatro criterios de deslinde entre una y otra.

Con sustento en el estudio de la jurisprudencia de Corte que al respecto ha desarrollado Jorge Alberto Diegues, puede afirmarse que un primer criterio, aplicado por el Tribunal Constitucional Español (www.laleyonline.com.ar) acumula ambos estándares condicionando la eximición de responsabilidad a la verificación de alguno de los requisitos de Campillay y la totalidad de los exigidos por la real malicia. Esta postura fue aplicada por la Corte Suprema – parcialmente integrada por conjueces- en 1998 al resolver el caso “Eduardo Menem”.

Para una segunda opinión -de carácter doctrinario- el deslinde se centra en el interés público/institucional de la expresión.

Por este criterio, cuando la expresión cuestionada versa sobre asuntos de relevante interés público, la responsabilidad del medio de comunicación, y/o de quien emitía la expresión, debía ponderarse a través del estándar de la “real malicia”. Por el contrario, si la expresión en tela de juicio versaba sobre asuntos que eran ajenos al interés público/institucional, la responsabilidad del caso habría de evaluarse bajo las reglas de “Campillay”.

Un tercer criterio -también doctrinario- se centra en la autoría de la expresión. Cuando la expresión difundida es de autoría propia, esto es, que había sido acuñada por el mismo emisor, la responsabilidad debía evaluarse a través del estándar de la “real malicia”. En cambio, si correspondía a otra persona, la responsabilidad del emisor debía evaluarse a la luz de la doctrina “Campillay.Esta postura tenía una cierta lógica fundada en que “Campillay” exige la cita de la fuente como un modo alternativo de eximición de responsabilidad, lo que indica que en tales casos siempre se trata de una expresión propalada por otro. La “real malicia”, en cambio, siempre denotó un estándar de expresión propio.

Una última posición es la que acumula ambos estándares pero, a diferencia de lo decidido en “Eduardo Menem”, exime de responsabilidad con la sola verificación de alguno de los dos estándares. Este criterio fue el empleado por la Corte Suprema -en su anterior composición- al resolver el caso “Perini”. Este criterio es el que recogió por unanimidad en su actual composición en el caso “Melo”. Señalan así los jueces Fayt, Petracchi, Argibay, Highton de Nolasco, Lorenzetti, Maqueda y Zaffaroni: “Que por ello, cabe examinar, en primer lugar, si se encuentran cumplidos los recaudos del estándar fijado en (la) doctrina (Campillay). En el caso de no hallarse cumplidos tales recaudos, deberá examinarse si se h allan reunidos los presupuestos que ha exigido este Tribunal para la aplicación de la doctrina de la real malicia.”. “Que una vez determinada la inaplicabilidad de la doctrina “Campillay”, correspondería definir si, para establecer la responsabilidad del demandado, la parte actora debió demostrar que actuó con lo que esta Corte ha denominado “real malicia”, es decir, con conocimiento de la falsedad o una grosera despreocupación al respecto.” (Diegues, Jorge Alberto La Corte precisó la responsabilidad civil de los medios de prensa, LA LEY 2012-B, 291 Fallo Comentado: Corte Suprema de Justicia de la Nación ~ 2011-12-13 ~ Melo, Leopoldo Felipe y otros c.Majul, Luís Miguel s/ daños y perjuicios ).

Sabido es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación aplica el denominado estándar de la real malicia en demandas promovidas por funcionarios públicos y figuras públicas en materias de interés público imponiendo al actor la carga adicional de probar un factor de atribución subjetivo agravado como el mencionado, consistente en el dolo o en el temerario desinterés acerca de la falsedad de la información al momento de la publicación con lo cual se descarta que puedan admitirse condenas basadas en la responsabilidad objetiva (riesgo creado) o en la culpa (art. 512 del Cód. Civil) Racimo De acuerdo con el estudio realizado por Racimo, la Corte Suprema requiere en “Triacca” que la noticia sea “objetivamente falsa” como presupuesto para la aplicación del estándar de la real malicia mientras que en Patitó autoriza ese examen en toda hipótesis en que la verdad de la noticia no ha sido acreditada. La interpretación estricta del criterio de “Triacca” asigna (implícitamente) al actor la carga de la prueba de la falsedad objetiva como presupuesto del examen del factor de atribución subjetivo. En Patitó la carga de la prueba debe entenderse invertida en todos los casos de verdad no acreditada con lo cual el estándar de la real malicia resulta de aplicación inmediata salvo que el demandado demuestre la verdad de la información publicada.La Corte Suprema estableció en Patitó una regla que impone al demandado la prueba de la verdad de lo informado como excepción para evitar el examen del factor de atribución subjetivo agravado conocido como real malicia (Racimo, Fernando M.: “Prensa, real malicia y carga de la prueba”, laleyonline.com.ar).

Corresponde entonces, en primer lugar, analizar si el contenido del programa en cuestión que obra en soporte informático se ajusta a las pautas de la mencionada doctrina “Campillay”. En este derrotero, se observa que el noticiero comienza con el título “infiltrados de izquierda”, en alusión a lo que en momentos previos había manifestado el Ministro del Interior Randazzo. En efecto, tal como la misma parte actora lo reconoce Feinmann mencionó al nombrado funcionario público y le atribuyó el haber sostenido que los autores de los graves sucesos eran miembros de Quebracho y el Partido Obrero.

Hasta allí, todo se desenvuelve dentro de las pautas de la mencionada doctrina, pero luego, lejos de atenerse a una reproducción fiel de la fuente, en distintos pasajes del programa periodístico ella es dejada de lado por momentos, y claramente excedida en otros tramos, tanto antes como después de la conferencia de prensa del entonces Ministro de Seguridad y Justicia Aníbal Fernández. No otra cosa puede inferirse cuando después de negar que los hechos fueran cometidos por los usuarios alude al tema de las bombas molotov, cuando trata de delincuentes a los que causaron los disturbios en clara alusión a los que antes había sindicado como responsables, entre ellos la rama constituida por el Polo Obrero. Lo mismo cabe decir de lo ocurrido con el reportaje al accionante E.Este claramente expresó que “El Partido obrero por supuesto que no llama a los trabajadores a romper lo que mañana vamos a necesitar para ir a trabajar y llamamos a la reflexión de los vecinos y a todos los trabajadores, que no es quemando un vagón como lo vamos a arreglar”. Pese a ello, después que el entrevistado le informara de su condición de docente y preceptor de la escuela que se menciona, y de realizar varias reflexiones críticas entre otras dirigidas a la gestión de Jaime, -y de alegar que era el pueblo el que se había levantado a raíz del vaciamiento del Grupo Cirigliano-, el periodista le enrostró que muchos de sus alumnos lo estaban viendo por televisión “defender lo indefendible que es la barbarie de hoy”. También le profirió “y usted le enseña a los chicos a quemar trenes”, en un tono claramente acusatorio. En más de una oportunidad le imputó arrogarse la representatividad de todo el pueblo. En el horario de las 18:14, desde el piso inició un diálogo con el periodista Ramírez que estaba cubriendo los acontecimientos desde el lugar de los hechos. En esas circunstancias es que éste informa acerca de que mientras se producía la quema de las formaciones, en inmediaciones de la estación se habían destrozado automóviles. Otro periodista resaltó que habían sustraído el estéreo de dicho rodado, y el demando acotó “se robaron todo” y en un nueva intervención del nombrado periodista de exteriores, informó que habían saqueado kioscos y que de los seis automóviles que los protagonistas de los disturbios habían dado vuelta, a tres le habían robado el estéreo. Mientras se exhibían las escenas de los autos dañados Feinmann destacó: “Ok. Recién yo hablaba con un dirigente del Polo Obrero” en alusión al accionante E. ” y me decía “no, nosotros defendemos a los trabajadores” “Aquí estamos demostrando que en realidad están en contra de los trabajadores.Nacho -en referencia a Ramírez- está contando que esos autos corresponden a los trabajadores, choferes de los trenes, a los maquinistas”, dando por sentado que E. y el partido al que pertenece eran los responsables. Insistió en que le robaron a los trabajadores. Luego se sucede el reportaje de una persona que se identificó como Ricardo, que no fuera individualizada debidamente ni ofrecido como testigo en esta causa, que termino acusando a una persona vinculada al Partido Comunista.

En otro pasaje que sigue, antes de la aludida conferencia, y luego de aseverar que esto estuvo preparado, y de que el periodista Elio Rossi se refiriera a los quince mil votos obtenidos en Capital por la organización política actora y a los 52.000 conseguidos en la Provincia de Buenos Aires, el accionado argumentó: “Estos grupos de izquierda (en clara referencia a E. y al Partido Obrero) estos grupos sociales van midiendo hasta donde pueden llegar. Entonces hacen lo siguiente: llegan hasta un lugar y tiran piedras, si ven que las autoridades no aparecen después dejan de tirar piedras e incendian, un vagón. Si ven que todavía las autoridades no aparecen, incendian otro y así sucesivamente. Terminan de incendiar los nueve vagones y después van por, a dar vuelta los autos.si nadie aparece, van midiendo. Se llaman ejercicios pre-revolucionarios”. A continuación recordó los disturbios anteriores de la estación Haedo, aproximadamente tres años anteriores a estos sucesos, también del ferrocarril Sarmiento, donde el entonces Ministro Aníbal Fernández, como ahora, había acusado al Partido Obrero o a sus militantes, para sostener “eran oportunistas, también políticos como en esta oportunidad que después fueron procesados, creo que hubo más de 20 procesados por un juez federal.Igual que ahora o más o menos igual.”. A continuación el programa “El Diario” transmite la conferencia de prensa del Ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, donde atribuye la detención de la formación nº 5 antes del arribo a la estación Castelar al sabotaje que describe y en relación a E.explica, entre otras cuestiones que es preceptor de una escuela, que debería estar trabajando, hizo alusión a volantes del partido que decían “fuera TBA estatización de los ferrocarriles”, le atribuyó el inicio de los incendios mediante el manipuleo de la prenda de vestir que describe y en otro pasaje involucró también al MST y a Proyecto Sur.

Finalizada la conferencia de prensa, el periodista desarrolla el tema con su habitual estilo, pero en general contenido en los términos de la explicación ministerial. Con posterioridad en el programa le atribuyen al Partido Obrero un ataque a la Comisaría de Castelar, aunque tal como lo señala Feinmann al absolver posiciones, una periodista de Canal 13 había aducido este extremo en la conferencia de prensa en cuestión. Después, desde el móvil se informa que en la Comisaría 3era de Castelar “.permanecen detenidos 5 militantes del Partido Obrero que fueron detenidos durante los disturbios de esta mañana en la estación de Castelar.”. Repetida la nota que había realizado con el accionante E., el periodista señaló: “vamos a ver al docente este, que se presentó así como docente. E. se llama. Este es el hombre dentro del tren arengando. Y hoy a la tarde cuando comenzamos el noticiero, hablaba en forma exclusiva con nosotros”. Terminada la nota, expresó: “Este era E. dando explicaciones. Un maestro de escuela fue el que dirigió los incidentes en Merlo y Castelar. Escuche las piedras. Así atacaron esta formación que después terminaron incendiando”. Seguido a ello, repiten la explicación ministerial. A continuación aparece la nota a Fernando Damián Medina, militante del Partido Obrero, que depuso en esta causa como testigo, quien luego de contestar que no había ninguna denuncia y era todo muy irregular, recibió como respuesta del movilero la siguiente:”Hay siete detenidos, del total cinco acá y dos más en la séptima, son del PO y ustedes también como militantes vinieron a acompañar”. El entrevistado le profirió que concurra a la conferencia de prensa que la dirección del Partido Obrero daría en su sede central para aclarar la cuestión, circunstancia en la que Feinmann le requiere al periodista que le pregunte si había estado en el lugar de los hechos, lo que luego de ser respondido negativamente, motivó qu e el demandado le expresara “Fernando, Feinmann le habla ¿Usted también incendió el tren con sus compañeros?”. A continuación, remató: “¿Por qué el PO provocó los incidentes que se provocaron hoy? Al día siguiente, 5 de septiembre, en los horarios de las 5:00 y 6:00 la información vinculada a estos episodios se sujetó a las imputaciones desarrolladas por el nombrado Ministro. A partir de la 7:20 en el programa que conduce el periodista Fabián Dome, el enfoque vuelve a salir de ese tono objetivo, se realiza una secuencia de imágenes, primero E., y después una infografía de una niña con guardapolvo escolar y un escrito “Esta nena no pudo ir a clase”, debido a los problemas del día anterior vinculados al ferrocarril.

Sucesivamente, Doman da lectura a la nota publicada en el diario “La Nación” relacionada con los padecimientos del niño afectado de cáncer, que con motivo de la cancelación del servicio de trenes, perdió el turno que tenía en el Hospital Garraham. Mientras el mencionado conductor daba lectura a esta crónica, la pantalla estaba dividida, a la izquierda, el rostro de José María E., a la derecha, la niña que no pudo asistir a la escuela.En el programa “El Diario” de ese día después del reportaje a la empleada de TBA, Alejandra Tersana, media hora después aproximadamente aparece en pantalla nuevamente el rostro de E., acompañado de un interrogante, “Donde está E.?, lo que naturalmente inducía al televidente a pensar que estaba prófugo. En ese contexto aparece la voz de Feinmann en contacto con el periodista Ramírez “Contanos, José María E., ese docente incendiario y violento, ¿Dónde está? ¿Quién es? Más datos”. El periodista le informó que hacía 48 horas que no se presentaba a trabajar en la escuela secundaria básica nº 14, y mientras se mostraban imágenes del establecimiento educativo Feinmann precisó “Ayer estaba incendiando vagones del ferrocarril”, para finalmente señalar “Hoy se tomó un descansito por los hechos de violencia de ayer, seguro”. Pasadas las imágenes de la sede del Partido obrero y de otras reflexiones con el mismo tono, el tema es reflotado más tarde, cuando a continuación de voces entremezcladas, surge el nombrado periodista Ramírez concluyendo que el demandante no aparecía ni en el lugar de trabajo ni en la sede de su parito. Otro periodista, dedicado a policiales, reafirmó que E. y sus compañeros militantes habían cometido un delito gravísimo y que E. estaba en calidad de prófugo debido a que tiene miedo de ir preso. Feinmann argumentó en línea con ello, que el delito que correspondía a E. era de estrago doloso y “.el otro es daño como mínimo”, con lo cual se daba una mayor verosimilitud a la situación de prófugo de la justicia que se le adjudicaba, lo que de todas maneras en otra parte de la información fue afirmado ya de manera rotunda, cuando remató “él voluntariamente fugó”. En otro tramo, el mencionado periodista de exteriores mostró imágenes del barrio donde vive el accionante y los diálogos con el conductor se orientaron claramente a reforzar la hipótesis trazada de la fuga.Se hizo alusión en esta línea a la desaparición no solo de su lugar de trabajo, sino también de la sede del hogar conyugal. En referencia a esto último, el nombrado Ramírez aseveró que la mujer del accionante había sufrido un pico de presión debido a que desconocía su paradero.

Y en relación al partido, después que este periodista hiciera notar que llamaba la atención que el local estuviera cerrado todo el día, Feinmann agregó a modo de cierre de ese extremo “Bueno, tienen bastantes detenidos”.

Fernando Damián Medina, docente de profesión y militante del Partido Obrero, declaró en lo pertinente que tomó conocimiento de lo informado el 4 de septiembre de 2008 en el programa “El Diario” conducido por el demandado, que lo llamaban por teléfono para comentarle que en C5N se decía que el Partido Obrero había cometido actos de vandalismo, que lo hacían responsable por los incidentes en los trenes de Castelar y Merlo, que había robado a trabajadores de Castelar, destruido autos, los lockers de los trabajadores, de los talleres del Sarmiento y que había cinco detenidos del Partido Obrero.

Manifestó no recordar si antes o después de la conferencia de Prensa del Ministro Aníbal Fernández lo llamaron diciéndole que Feinmann había acusado al actor E. de enseñarle a sus alumnos a incendiar trenes y al otro día le comentaban que no podían creer las acusaciones que el periodista nombrado realizaba en contra de los aquí demandantes, puntualizando que a E. lo acusaba de realizar actos pre – revolucionarios, que primero tiraba piedras, después incendiaba un vagón y si la policía no actuaba incendiaba un segundo y después el tren entero, para finalmente referirse a las explicaciones que debía darle a sus alumnos para desactivar la infamia y aclararles que ninguno de ellos robaba a los trabajadores ni cometían actos de vandalismo (fs.211 vta, respuesta a la 4ta pregunta).

También la testigo Analía Marian Pascual, de profesión docente, señaló que al actor E. se lo acusaba en las noticias de quemar trenes, incluso los docentes le preguntaban la relación que el nombrado había tenido con la mencionada quema de trenes y atribuyó al periodista demandado la acusación de robar los lockers de los trabajadores y que E. se encontraba en calidad de prófugo (fs. 216/vta, respuestas a las preguntas 2,3 y 4).

A su vez, Gustavo Roberto Guida, también docente, explicó que el 4 de septiembre de 2008 había paro docente, por un reclamo salarial y había movilización, por lo que estaban tratando de juntarse los colegas de profesión aproximadamente 9 o un poco más de la mañana, circunstancia en que lo llama el accionante para transmitirle que había inconvenientes con los trenes y que tenían que ver la forma de llegar en algún medio y que ante el colapso del transporte no le dio seguridad de lograr movilizarse (fs. 232, respuesta a la 2da pregunta).

Después, en forma coincidente con los otros testimonios, explicó que lo llamaban por teléfono para comentarle que por televisión, con especial referencia al programa del periodista demandado, acusaban al demandante de las quemas (fs. 232 vta. respuesta a la 9na pregunta).

Por su parte, Marcelo Rubén Lafiosca, docente y conocido de E., explicó en forma concordante con el testimonio anterior que el día de los sucesos había paro docente y se estaban movilizando por un reclamo salarial, destacando que ninguno de sus compañeros de la zona oeste llegó a la cita debido a problemas con los trenes. Después precisó que volvió a la casa y que en el programa de televisión que conduce el demandado primero se habló de un sabotaje, que había sido un atentado de militantes de izquierda y se acusó a E.de la quema de los trenes, de haber dirigido la operación y de atacar la comisaría de Castellar, de haber robado.de los trabajadores de esa estación, de quemar vehículos de aquellos y al día siguiente de estar prófugo de la justicia “.en las imágenes aparecían los trenes incendiándose y al lado la cara, el rostro de E., en un montaje culpabilizándolo de esos incidentes, una lectura visual, era clara la acción de acusarlo, incluso por las frases que aparecen debajo de las imágenes a las que hace referencia. Inclusive al otro día el mismo programa filmó la casa donde vive.la escuela donde trabaja.el local del PO que queda muy cerca de la estación y permanentemente se lo acusaba de un delito que no cometió que es el incendio intencional de los trenes, de atacar una comisaría, era ridículo porque estaba enfrente de la comisaría manifestándose por los detenidos que había habido y se lo acusaba de estar prófugo de la justicia (respuesta a la pregunta 2da pregunta).

En la oportunidad en que absolviera posiciones el representante legal del partido político, se mantuvo en la postura de sostener que la operación comenzó antes de los dichos del Ministro del Interior, ¨. con la imputación que en forma pública hizo el periodista Feinmann y en forma reiterada varias horas antes (fs. 294, respuesta a la 1era posición). Con el mismo alcance, que en la respuesta anterior, también reconoció que el ministro Randazzo habló de “infiltrados de izquierda” y mencionó al Partido Obrero en relación a los incidentes en cuestión (294, respuestas a la 2da y 3ra posición). En sintonía con esa respuesta en otra parte explicó que hubo un ¨.operativo de ataque al PO que inició el periodista Feinmann y le siguiera luego los ministros del gobierno en el sentido de adjudicar hechos violentos a nuestra organización.¨ (fs. 294, respuesta a la 10ma posición). Al responder a la 12da posición: ¨Sostuvo el Señor E.que ellos estaban defendiendo el derecho de la gente a expresarse¨, respondió:

¨.No es cierto y es una mentira que forma parte de esta conspiración, pero que solo puede ser comprendida como parte de una operación de Estado (fs. 292 y 294). En la respuesta a la sexta posición ensayó a modo de aclaración una explicación orientada a explicitar la postura del partido en relación a la temática del transporte público de ferrocarriles, en los siguientes términos: ¨.la política del Partido obrero apunta a la anulación de las concesiones ferroviarias que provienen de la etapa menemista, fueron continuadas por el gobierno de Kirchner y de Cristina Kirchner que presenta falsamente a la empresa ferroviaria como nacionalizada siendo que ha sido entregada a una patria contratista entre los cuales se encuentra TBA y el grupo Cirigliano que no solo incumplieron inversiones a las que estaban comprometidos sino que desde el inicio de la concesión hasta ahora han muerto por accidentes 1400 personas, equivalentes a 7 Cromañon¨ (fs. 294, respuesta a la 6ta posición). Feinmann, por su parte, negó haber abordado el tema involucrado en autos antes de la conferencia de prensa del Ministro Fernández (fs. 305/vta., respuestas a la 5ta y 6ta posición), y afirmó que todo lo informado estuvo referido a los dichos del nombrado Ministro (fs. 305 vta ., respuesta a la 11era posición), y que si hubo imputaciones, fueron hechas por el Poder Ejecutivo Nacional (fs. 306, respuesta a la posición 63). Incluso fue más lejos al responder la posición n 87, al afirmar ¨.que el Poder Ejecutivo fue quien acusó al Partido Obrero, no el absolvente, que él no tiene ninguna prueba (fs. 306). En relación al tema de los supuestos ataques a la Comisaría de Castelar explicó que en la misma conferencia de prensa una periodista presuntamente de Canal 13 le informa al Ministro, en esa misma oportunidad que algo ocurría en dicho lugar (fs. 306, respuesta a la posición 58). E.por su parte, al absolver posiciones, entre otras cosas, explicó que tuvo que variar los horarios de ingreso y salida a su lugar de trabajo durante los días 4 y 5 de septiembre de 2008 porque había cámaras de televisión que impedían el normal desarrollo de la institución (fs. 308).

En el otro expediente nº 111083/2008, Randy Paul Stagnaro, que es periodista, explicó que para la época de los sucesos que aquí se debaten trabajaba para el programa “algo en común” de radio América y hacía las colaboraciones para los medios que menciona (fs. 288, respuesta a la 5ta. pregunta). Señala que en ese programa dan a conocer noticias sobre el servicio público y analizan la situación del estado de los mismos, reciben quejas y comentarios de los usuarios y colaboran en la solución de los problemas de los usuarios (fs. 288, respuesta a la 6ta. pregunta).

Precisa que por tratarse de temas relacionados con los servicios público, abordaron el tratamiento de los hechos verificados el 4 de septiembre de 2008 en el programa del sábado siguiente, pero comenzaron a prepararlo desde la oportunidad señalada, mediante el análisis de la cobertura que hacían los otros medios, y vía llamados a las fuentes para consular sobre el tema, tarea que también desarrollaron sus colegas de la radio (fs.288/vta, respuestas a las preguntas 8va y 9na).

Declaró recordar que en el programa del periodista accionado, se dijeron cosas distintas a la de las demás coberturas, en relación a esos hechos de Merlo y Castelar, lo que resulta corroborado por los DVD acompañados a la causa relativos a otros canales de televisión ¨.en un momento adjudicaba al PO los hechos bajo el concepto que eran ejercicios pre -revolucionarios, cosa que ningún otro canal o radio hacía referencia.fue lo que más me impresionó de la cobertura de esos días del periodista Feinmann.había algo extraño.una apreciación de valor, los periodistas cuando investigamos tratamos de encontrar prueba de lo que estamos diciendo, en caso de que sean cosas distintas a lo que es de público conocimiento y en ese programa además de lo de los ejercicios pre-revolucionarios, había. constante comentario sobre actividades o actitudes del PO y de sus militantes y de otras agrupaciones políticas incluso, diferente a lo que se conoce públicamente y sin mostrar ninguna prueba sobre eso que se decía (fs. 288 vta., respuesta a la una pregunta).

Explicó también que las fuentes que consultaron le dieron a entender que la detención de la primera formación de trenes a la entrada de Castelar se debió a un desperfecto mecánico, nunca ninguna de las fuentes les dio prueba alguna de un vínculo entre el PO y la mencionada detención o los incendios de los trenes, para luego referirse al episodio con el colega del diario La Nación, cuando les comentó que Aníbal Fernández no había aportado ninguna prueba sobre los anuncios efectuados en relación con los episodios generados el mencionado 4 de septiembre (fs.289, respuesta a la 14ta., pregunta).

Reiteró luego que el incendio se debió a un desperfecto mecánico y que ello ocurrió en la estación Castelar, mientras que el incendio fue en Merlo, dos horas largas después de la falla mecánica de Castelar, en Merlo había varias formaciones detenidas y la que se incendió estaba en uno de los andenes, incluso en la otra estación mencionada hubo un intento de quemar el primer coche de la formación que se había detenido (fs. 289 vta, respuesta a la 10qta. pregunta). Después aclaró que E. fue entrevistado a las 6 y pico de la tarde y los hechos fueron a la mañana, fue entrevistado en Merlo, pero muchas horas después de los incendios y él estaba en calidad de militante del PO (fs. 290, respuesta a la 27ma pregunta).

Néstor Aníbal Rivas, militante del partido actor, entre otras consideraciones, aseguró que los otros medios de prensa que menciona le dieron a los hechos una cobertura distinta, ¨.de hecho lo que me anticipó lo que después iba a decir Aníbal Fernández, fue la tónica de la entrevista de Feinmann a José María E., porque hasta ese momento a mi no se me había ocurrido que nos fueran a atribuir la quema de los trenes y los demás hechos¨(fs. 292, respuesta a la 12da, pregunta). En la entrevista el periodista hacía preguntas y hacía aseveraciones ¨pero las preguntas tenían el formato de una acusación, porque partían de la premisa como que tanto E. como el PO habían sido protagonistas de los desmanes¨ (fs. 292 vta., respuesta a la 19na pregunta). ¨.el resto de los canales.hacía referencia a los dichos del ministro pero no se tomaban como propias esas acusaciones, como sí lo hizo Feinmann al dirigirse a nuestros compañeros preguntándoles si en sus tareas como docentes enseñaban a los estudiantes a provocar desmanes, tampoco se expusieron en otros medios teorías tales como la de los ejercicios prerevolucionarios que expuso Feinmann, ni se aseguraba que E. se hubiera dado a la fuga, esas afirmaciones de Feinmann lo distinguían claramente del tratamiento que le dieron los otros medios.¨(fs. 292 vta., respuesta a la 12da pregunta).

Afirmó ¨.ningún militante del PO inició ningún incendio en ningún tren, no dio vuelta ningún auto, no violó ningún locker, no rompió ninguna expendedora de boletos, ni practicó ninguna especie de ejercicio pre-revolucionario cualquiera sea la definición que el Sr. Feinmann tenga de tales ejercicios.luego en el lugar donde se desarrollaron los hechos pasó algún militante del PO es posible porque estaban tratando de alcanzar la capital, de hecho estuvieron ahí con posterioridad a los hechos (fs. 292 vta, respuesta a la 17ma pregunta).

Schiller Herman, periodista, de 72 años de edad al momento de prestar declaración testimonial, expuso que conduce un programa político en Radio de la Ciudad, que se llama ¨Leña y fuego¨, que está en el aire hace 11 años (fs. 307, respuesta ala 2da pregunta). Respecto de los episodios que motivan estas actuaciones, señaló: ¨.Hubo una eclosión social por el mal servicio que se prestaban en los trenes y eso fue en la zona oeste, Haedo y como tenemos muchos oyentes en esa zona y se puede comprobar por la cantidad de mensajes que llegan., una gran cantidad de esos mensajes manifestaban la inquietud sobre esos acontecimientos y el tratamiento que había tenido en los programas de televisión.Los oyentes llamaban y decían que era una protesta generalizada por el pésimo servicio de ferrocarriles y que estaban preocupados porque canal 5 culpaba a sectores populares como el PO de esos hechos.decían que eso había sido por generación espontánea (fs. 307, respuesta a la 3era pregunta).

A la hora de absolver posiciones, mientras el periodista demandado atribuyó todo lo informado en relación a los hechos que aquí se debaten al Poder Ejecutivo en general, y en particular a los dichos del Ministro Aníbal Fernández (ver fs. 411/12 vta, en especial respuestas a las posiciones 11, 63 y 87), el representante legal del partido accionante, afirmó que la noticia se desarrolló antes de los dichos del nombrado ministro, y la calificó como una mentira que forma parte de una conspiración, comprendida en una operación de Estado, que comenzó antes con la imputación que en forma pública hizo el periodista accionado y en forma reiterada varias horas antes (fs. 423/vta, en especial respuestas a las posiciones 1 a 4). También E. sitúa el comienzo de las agresiones que endilga en un momento anterior (fs. 413/vta, en especial respuesta a la 27).

Los dichos de los testigos y el mismo interrogatorio a que responde, son cuestiones que deberán ser apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica y dárseles el valor correspondiente según los motivos y circunstancias que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones (art. 456 del Código procesal y CNCiv, Sala B, 10/3/77, LL, 1977-C-581).

La prueba testimonial resulta una de las más difíciles de evaluar, pues son múltiples las circunstancias y los motivos que pueden llevar a corroborar o disminuir su fuerza o eficacia probatoria (conf. Varela Casimiro A.: ¨Valoración de la prueba¨, p. 269).

Es indudable que la circunstancias que se aducen en las piezas procesales de fs. 297/vta y 320/1 del expediente 111.083/2008, y fs.225/6 del expediente 111.084/2008 respecto de los testigos Rivas y Medina, deben ser consideradas a la hora de valorar sus dichos, en particular el hecho de que ambos sean militantes del partido actor y los puestos que allí desempeñan. Mas ello es insuficiente para descalificar sus testimonios, desde que su situación no encuadra en la figura que regula el art. 427 del código ritual, únicos supuestos de exclusión absoluta que contempla nuestra legislación formal, de manera que no cabe más que valorar sus declaraciones en forma restrictiva y con el máximo rigor. Lo mismo cabe decir de la impugnación deslizada a fs. 220/1 del último expediente citado, con relación al testimonio de Analía M. Pascual, por el hecho de ser colega del accionante e integrar la misma agrupación gremial.

En este contexto, si bien es cierto que los testigos se manifestaron con parquedad a la hora de responder el interrogatorio formulado por la parte emplazada, a diferencia de lo que ocurre con las preguntas del accionante, lo cierto es que las declaraciones son concordantes, dan razones precisas de sus dichos, y concuerdan en general con los otros testimonios no impugnados así co mo con las restantes probanzas confiables que la causa ofrece, todo lo cual me lleva a considerar que fueron sinceros al declarar, que contaron lo que percibieron por medio de sus sentidos y que no han incurrido en parcialidades aptas para poner en tela de juicio su veracidad, al punto de descartar sus testimonios.Incluyo también en estas consideraciones, los comentarios formulados por terceros, porque entre otras cuestiones, ello sirve para ilustrar cómo fueron recibidas las noticias por los televidentes, y a quienes atribuían su contenido.

Juzgado ello, puede afirmarse a esta altura del análisis que el programa televisivo “El Diario” emitido por la señal C5N, que conduce el periodista demandado, durante el lapso en cuestión, lejos de limitarse a la reproducción fiel de la fuente que invocan en el responde los accionados, en distintos pasajes del programa periodístico ella es dejada de lado y claramente excedida en otros tramos, porque es evidente que tanto antes como después de la conferencia de prensa del entonces Ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos Aníbal Fernández, el periodista agrega a la noticia nuevos contenidos, adjetivos, opiniones, frases asertivas, valoraciones, hipótesis y razonamientos que se desentienden de la fuente, al punto de hacer suya la información, y del medio a través del cual ella es expresada.

La entidad de la secuencia informativa detallada más arriba para destruir el honor y la reputación de los actores salta a la vista, si se aprecia que se les atribuye la quema de trenes, la violación y daños de los armarios y vehículos de los trabajadores, el apoderamiento ilegítimo de sus pertenencias, el robo de otros negocios, el ataque a una comisaría, la fuga de la justicia, además de otros desmanes y actos vandálicos. Los tildaron de incendiarios y violentos, de robarse todo, y difundieron que cinco de los siete detenidos eran afiliados o simpatizantes del Partido Obrero.Hay en esa información una variada gama de delitos que se les imputan al dirigente y demás militantes de dicha organización política, que con creces exceden el de “daños” y “estrago doloso” que en una determinada oportunidad mencionara el conductor del programa de manera expresa.

Se trata de hechos gravísimos, que el periodista y el medio endilgaron a los accionantes, sin respetar ninguna de las tres pautas que nutren la mencionada doctrina “Campillay”, que por dicha circunstancia se manifiesta inepta para neutralizar la responsabilidad de aquellos. De ahí que toque ahora analizar la responsabilidad de los emplazados conforme al estándar de la real malicia.

Para comenzar, cabe adelantar que en la causa penal nº 3651, caratulada: “Arrigoni, Cristian Eduardo y otros sobre infracción arts. 163, 167, 166, 186, 191 y 196 CP en trámite por ante el Juzgado federal en lo Criminal y Correccional nº 3, Secretaría 10 (ahora causa nº 2461 en trámite ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 9 de San Martín, Provincia de Buenos Aires) que en fotocopia para este acto tengo a la vista, no existe decisión alguna que autorice siquiera a sospechar la responsabilidad de los actores en los famosos acontecimientos de Merlo y Castelar. Más, ninguno de los allí procesados es militante o afiliado del Partido Obrero. Al contrario, cuando a fs. 11309/vta. de dichos actuados el accionante E. se presentó solicitando entre otras cuestiones que se aclarara su situación procesal, actitud comprensible si se aprecia que fue aludido en la mencionada conferencia de prensa ministerial, se decidió no hacer lugar al pedido, por no revestir la calidad de parte en la causa (fs.1314).

Por otro lado, es de público y notorio que la organización partidaria mencionada ha mantenido siempre una postura crítica en contra de las políticas gubernamentales en materia de transporte por ferrocarril en general, y respecto de las empresas licenciatarias en particular, tanto TBA como el llamado grupo Cirigliano, tal como el mismo representante legal lo admite a la hora de absolver posiciones, donde sin vacilaciones reconoce que apuntan a la anulación de las concesiones. Empero, de ahí a sostener que por dichas diferencias políticas el dirigente accionante y los militantes del Partido Obrero fueron capaces de cometer actos delictivos de tamaña gravedad hay un largo trecho, que sólo puede acortarse con pruebas concretas que siquiera generen un mínimo estado de sospecha.

En este derrotero, los accionados cuentan a su favor con la declaración testimonial de Ignacio Ramírez, periodista que se desempeña para la empresa demandada, circunstancia que obliga apreciar sus dichos con estrictez, quien señaló que la mayoría de las personas apuntaban a la gente del Partido Obrero como responsables de los sucesos (fs. 214, respuesta a la 3era pregunta), en particular la gente de TBA y los comerciantes (fs. 215, respuesta a la 17ma pregunta).

Cuando se lo interrogó acerca de si “.en el material que recabó se consignó que estas personas que entrevistó apuntaban al Partido Obrero”, respondió afirmativamente respecto de la gente de TBA y de los comerciantes, incluso afirmó que tomó los datos filiatorios de esas personas, y que si bien no recordaba los nombres en el material que salió al aire debe estar. También explicó en línea con lo que expusiera que cuando hizo la nota a esas personas lo acompañaban tres o cuatro colegas cuyos nombres no recuerda (fs. 215, respuesta a las preguntas 17,18 y 24).

Sin embargo, en ninguno de los DVDs acompañados aparece persona alguna acusando a la organización política accionante, lo cual resulta incomprensible dada la enorme importancia que tendría a nivel periodístico y judicial una información como esa.Jamás se pusieron al aire esos supuestos reportajes, ni se acompaña elemento probatorio que permita individualizar a los presuntos entrevistados, no se los citó como testigos y nada hay de ellos en los antecedentes obrantes en la causa. Ni siquiera se intentó individualizar y llamar a declarar como testigo a por lo menos uno de los tres o cuatro colegas que dijo se encontraban con él cuando realizó la nota.

Esa absoluta falta de corroboración en los elementos de juicio que el mismo periodista menciona, o aunque sea en alguna otra probanza confiable, desmerecen el valor probatorio de este testimonio, que queda así reducido a una solitaria versión de los sucesos, que se pone en franca contradicción con el rico material probatorio que la causa ofrece y con las constancias de la mencionada causa penal, donde ninguna decisión que involucre a miembro alguno de la organización política indicada se ha dictado.

En el expediente 111.083/2008, la parte demandada acompaña a fs. 344/5, (ver fs. 347), y 352/4, reconocidas a fs. 355, notas de 26noticias.com.ar y el diario La Nación, del 17 de noviembre de 2011, 29 de noviembre de 2010 y 2 de mayo de 2009, que ilustras sobre violencia desplegada por partidos de izquierda, incluida la organización partidaria demandante en estos actuados, en distintos acontecimientos.

No fue acompañada a la causa ninguna decisión judicial que, con garantía del derecho de defensa de los involucrados, les atribuyera la responsabilidad por esos episodios de violencia. No obstante, si por hipótesis se tomara como real lo que en esas notas se informara, sería a todas luces inadmisible que por vía de un virtual contagio se trasladara al partido accionante la responsabilidad por los hechos de Merlo y Castelar aquí debatidos, pese a que nada tienen que ver con los otros acontecimientos a que aluden esas crónicas periodísticas.

También se refieren a otros sucesos las notas de fs. 270/2.Todo lo cual resta valor probatorio a ese material.

Súmese a lo dicho lo que reconociera el mismo periodista accionado al absolver posiciones, cuando admitió que él no tenía ninguna prueba en contra de los accionantes.

La noticia en cuestión, que violó el honor y la reputación de los actores, queda así desprovista de al menos un discreto sustento probatorio. Ya antes de la conferencia de prensa mencionada, atribuyeron a los demandantes la responsabilidad por los gravísimos sucesos descritos, e hicieron suya una información que carecía de soporte probatorio. Si se descartara esa intencionalidad por inculpar al partido y al dirigente a la que aluden varios testigos, queda como hipótesis de mínima revelada, un manifiesto desinterés por determinar si la información propalada era verdadera o falsa, no obstante la enorme potencialidad que ella poseía para lesionar el honor y la reputación de los demandantes. Ello patentiza la configuración del factor de atribución de responsabilidad agravado que reclama la mencionada doctrina de la real malicia, en cabeza del periodista demandado. Se empeñó en atribuir a E.y al Partido Obrero la responsabilidad por los lamentables acontecimientos vividos, con una total despreocupación por averiguar si ello era verdadero.

Tocante a la empresa licenciataria de la señal de cable, Telepiu SA, se ha resuelto que la emisora de televisión es responsable por el daño ocasionado al actor con motivo de las expresiones vertidas en un programa de televisión respecto de su persona, pues aunque niegue su relación con los periodistas y la productora, lo cierto es que los programas mediante los cuales se agravió fueron emitidos y difundidos por su canal, lo que implica su responsabilidad por los hechos ilícitos que se cometen a raíz de la difusión por su medio de comunicación (CNCiv, Sala M, 27/10/2004, in re ¨R., H c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A., La Ley Online).

Desde otro ángulo, se señala que la responsabilidad de un canal de televisión, por el daño moral causado en un programa por la difusión de una noticia, debe juzgarse conforme la idea del aprovechamiento económico, pues es justo que quien obtiene beneficios que comparte con el productor del mismo, soporte también los riesgos inherentes (conf. Prevot, Juan Manuel: ¨Daños y perjuicios¨, p. 594 y jurisprudencia allí citada).

La defensa esgrimida para la sociedad emplazada en ambos expedientes con base en el contrato de fs. 166/71, carece de sustento si se aprecia lo que dispone el art.1195 del Código Civil, donde se consagra la regla de que los efectos de los contratos, sólo se extienden a las partes y a quienes se asimilan a ellas, representadas por ¨los herederos y sucesores universales¨, que a los efectos de la norma son una misma cosa, pues se trata de quienes perciben por causa de la muerte de una de las partes, la universalidad de sus bienes, conforme la definición del art.3417 del Código Civil.

Sienta el llamado principio del efecto relativo de los contratos al disponer en la parte final de la norma que aquellos ¨no pueden perjudicar a terceros¨, con lo que se vuelve a recalcar que esos efectos, no pueden beneficiar ni perjudicar a quienes, como los demandantes, no revisten la condición de parte o no son sus sucesores universales. Los terceros quedan así, al margen de las consecuencias de los contratos y no pueden ser perjudicados por ellos (arts. 503, 504 y 1199 del Código Civil).

Lo solución es justa y razonable, porque el espacio que el Canal brinda al periodista para que desarrolle su programa, no es una tribuna pública donde cualquiera puede decir cualquier cosa sin que se pueda conectar la responsabilidad de la propietaria, aunque se lancen noticias que de manera injustificada lesionen la reputación de las personas. Semejante posición de privilegio en favor de la empresa es inaceptable. La propiedad de una canal de televisión confiere una serie de derechos, que merecen la más enérgica protección, pero también apareja responsabilidades, entre las que cabe computar la de responder por los daños causados al honor de las personas por la difusión de noticias falsas o agraviantes, a través de los equipos periodísticos que allí se desempeñen.

Sin perjuicio de lo señalado, solo a mayor abundamiento cabe precisar que es cierto lo que señala la empresa en su contestación de demanda, respecto a que en la cláusula décimo primera del contrato que lo liga con el periodista, se pactó que: El conductor actuará sin relación de subordinación, con pleno ejercicio de sus iniciativas, orientando su labor profesional conforme su creatividad e idoneidad, pero sometiéndose a las características y limitaciones inherentes a la actividad televisiva, conforme las disposiciones de orden público, interés general y los usos y costumbres imperantes en los medios televisivos, que declara conocer y aceptar¨ (fs.165).

Sin embargo, si tal cláusula en lugar de ser leída en forma aislada, es interpretada de manera armónica con las restantes que nutren el contrato, esa ausencia de dependencia o subordinación, esa total y absoluta independencia que se pregona se diluye, para dar paso a otra realidad.

En efecto, en cláusula segunda convinieron que como parte de la prestación de los servicios profesionales establecida en la cláusula primera EL CONDUCTOR se pondrá a disposición de EL CANAL, cada vez que éste lo requiera, para la realización de las promociones radiales, gráficas o televisivas de El Programa y/o institucionales de EL CANAL¨, sin que por ello el periodista pudiera reclamar adicional alguna (ver la parte final del primer párrafo). Continúa: ¨Consecuentemente, durante todo el plazo de vigencia del presente contrato, EL CONDUCTOR cede, irrevocablemente y en exclusividad, a EL CANAL, el derecho al uso del nombre y/o imagen, en el más amplio de los sentidos, a los efectos de ser aplicado por EL CANAL a cualquier clase de promoción, radial, gráfica, televisiva, por Internet en cualquiera de sus aplicaciones, etc., tanto de EL Programa como Institucionales de EL CANAL¨.

A su vez, en la cláusula séptima se pactó: ¨Queda establecido que los programas que se graben en virtud del presente son propiedad de El CANAL con todos los derechos que ello implica.Conforme ello, dichos programas podrán ser repetidos y comercializados por EL CANAL, por sí, por intermedio de terceros o asociado a terceros, en todos los canales de televisión abiertos y/o cerrados de la República Argentina y del exterior del país, sin límite alguno en el tiempo ni en la cantidad de pasadas, como así también podrá ser explotados por El CANAL en todos los sistemas y formatos de videocasetes hogareños y todo otro sistema de grabar y mantener grabado sonido y la imagen, siendo su producido íntegramente a favor del EL CANAL¨.

Estas cláusulas, revelan notas características de la subordinación, que se robustecen si se repara en las características que es de suponer rodean la contratación de un periodista. Así, la celebración del contrato con el periodista demandado, lejos de resultar un acto impensado o intrascendente, forma parte de una importante decisión empresaria, que debe ser emplazada en su verdadero contexto, representado por la producción comunicacional, calificada por importante doctrina como una verdadera industria. Y si de ello se trata, sería ilusorio pensar que el propietario de ella se desentienda de las características o connotaciones que deba tener el producto que se ofrece al mercado. Es razonable suponer que, amén de los méritos con los que el profesional pueda contar, uno de los recaudos importantes para la elección ha de ser que el periodista represente o comulgue con las ideas que la propietaria defiende o desea hacer patente.

A la luz de estas consideraciones, considero que aún cuando por error el contrato fuera opuesto a los damnificados, la responsabilidad de la empresa resultaría igualmente conectada en el caso, sea por aplicación del deber legal de garantía por los daños que causan los dependientes en ejercicio de sus funciones (arg. art. 1113, primer párrafo), o fundada en la condición de licenciataria de la señal y dueña del programa.Es que si la demandada resulta ser como ella misma lo reconoce una empresa dedicada a la producción de contenidos periodísticos televisivos por la señal de cable ¨C5N¨ (Canal 5 Noticias), y el programa “El Diario”, que por contrato es de su propiedad, se llevó a cabo en el marco de dicha actividad, no se entiendo cómo puede excusar su responsabilidad cuando el contenido está integrado por noticias que dañaron el honor de las personas. Por tanto, ambos, el periodista y la empresa, deberán responder por los daños que se hallen en relación de causalidad adecuada con la información agraviante.

Expediente Nº 111.084/2009 DAÑO MORAL:

La reparación del daño moral está determinada por imperio del art. 1078 del Código Civil, que con independencia de lo establecido por el art. 1068, impone al autor del hecho ilícito la obligación de indemnizar sin exigir prueba directa de su existencia. A los efectos de establecer su “quantum”, corresponde ponderar entonces la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado a la víctima.

A modo de introducción, y sin perjuicio de lo que luego se señala respecto de la persona jurídica, es dable precisar que de acuerdo a un difundido criterio el daño moral se halla configurado por la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimiento, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria que aflige a la persona en sus intereses morales tutelados por la ley.

Dicho agravio ha sido definido como la lesión de razonable envergadura al equilibrio espiritual que la ley presume y tutela; y que atañe a la persona. Es un daño jurídico. Y es así en la medida que lesiona los bienes más perspicuos de la persona humana, al alterar el equilibrio del espíritu (Cipriano, Néstor Amilcar: “Daño Moral: Concepto-Interdependencias Jurídicas y Psicológicas”, en LL 1.982- D, pág.843).

En casos como el de autos, el daño moral debe presumirse, puesto que se trata de una prueba in re ipsa, sin perjuicio de que se trate de una presunción que admite prueba en contrario.

En otras palabras, como se señalara al principio, el perjuicio no requiere prueba directa, siendo suficiente que quede evidenciado por la calidad o índole agraviante de la conducta del ofensor, que autorice a inferir la existencia de una lesión a la dignidad o reputación del perjudicado.

Es indudable que los gravísimos hechos atribuidos a E. en el programa televisivo en cuestión, configurativos de un accionar delictivo, y su amplia difusión, poseen entidad para afectar de manera severa su tranquilidad de espíritu y la consecuente calidad de vida.

Máxime si se pondera la actividad que desarrolla el accionante, su condición de docente, el desempeño como preceptor en la escuela que menciona, y el rol como delegado, y militante del Partido Obrero.

Los testimonios rendidos en la causa son elocuentes para dimensionar la gravedad del daño padecido, que es dable inferir dado el tenor de las ofensas. Se vio enfrentado a la necesidad de brindar reiteradas explicaciones durante un prolongado lapso para intentar remontar el descrédito en que quedara sumido, no solo con sus colegas docentes, sino también con los alumnos de los que se ocupa como preceptor. Incluso ha debido soportar que sus adversarios en el área sindical lo tilden a él y a la agrupación gremial para la que se desempeña de violentos, que lo califiquen como el quema trenes, todo lo cual posee una incuestionable entidad para provocar las dificultades en el descanso, los nervios, pesares psicológicos e incluso físicos a la que aluden en distintos pasajes los testimonios rendidos en la causa.

En consecuencia, teniendo en cuenta también la amplia difusión que tuvo la noticia agraviante, entiendo justo fijar en ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000), el monto destinado a enjugar esta partida (art.165, último párrafo, del Código Procesal).

En torno a esta cuestión, Néstor Aníbal Rivas, militante de la organización política accionante, entre otros conceptos, manifestó que el daño sufrido por aquella a raíz de las noticias propaladas en el programa en cuestión, consistió en la perdida de militantes, a dherentes, simpatizantes, quedando sembrada la duda entre la periferia del partido. Explica que quedó “dañada nuestra credibilidad, resintió en una parte de la opinión pública que es lo que viví con las deliberaciones internas o con allegados, en la vía pública, en expresiones que tuvieron lugar en otros medios de comunicación. que reflejan con más de 15 años de actividad política en el PO un impacto, un daño. La opinión pública está muy mediatizada, las afirmaciones de Feinmann son percibidas por los televidentes como una verdad” (fs. 293, respuesta a la pregunta 29). Explicó también que “.por lo menos 2 grupos de nuestra juventud tuvimos crisis por las acusaciones de Feinmann, de ahí que al menos media docena de aspirantes se desvinculó de nuestra organización, luego tendría que hacer un censo para poner un número, pero las manifestaciones y repercusiones que tuvieron las acusaciones de Feinmann fueron múltiples y variadas.” (fs. 293, respuesta a la pregunta 30).

El periodista Schiller Herman, fue también muy claro sobre el particular, luego de dejar sentada su opinión en el sentido que el Canal 5 en general y Feinmann en particular han desarrollado la filosofía de culpar a partidos de izquierda como el PO en forma permanente (fs. 307, respuesta a la pregunta 4), explicó que ello afectó la imagen del accionante porque el mencionado canal de televisión es formador de opinión y en alguna medida logró instalar la idea de que la izquierda en general y el PO en particular son sinónimo de violencia, una sinonimia que ofende a cualquiera.” (fs.307 vta., respuesta a la pregunta 5). Luego explicó que el partido demandante es contrario a la violencia vandálica como la que describía Feinmann como que había destruido trenes y había instigado a la destrucción, es contrario al vandalismo y a la destrucción de bienes públicos remarcó (fs. 307 vta., respuesta a la pregunta 6).

Fernando Damián Medina, quien como se dijo es militante del partido actor, precisó que después de los hechos hubo colaboradores económicos que dejaron de hacerlo “.manifestaron que no querían colaborar porque habían visto en los medios de comunicación que el PO tenía prófugos que no querían en esas condiciones solidarizarse con el partido, a pesar del intento de explicar, aclarar que lo que se estaba ejerciendo sobre el partido era una infamia dejaron de contribuir para poder sostener, en Marcos Paz que es un caso particular, el local del partido. Y en Merlo se por lo menos de 4 que dejaron de aportar. Hubo compañeros, algunos docentes de Merlo que dejaron de participar en las actividades (fs. 309, respuesta a la pregunta 2). Explicó que todas estas personas que dejaron de colaborar con el partido, atribuyeron la causa de esa negativa a las expresiones volcadas en el programa televisivo que conduce el periodista demandado. (fs. 309, respuesta 3). Similar situación observó en otros partidos que menciona, donde el testigo tiene responsabilidades (fs. 309, respuesta a la pregunta 4).

Más allá de lo decidido supra respecto de la impugnación, estos testimonios resultan concordantes entre sí, dan sobradas razones de sus dichos, guardan coherencia con el resto del material probatorio confiable producido en la causa, y cuentan con una alta verosimilitud, porque hace al curso natural y ordinario de las cosas que, frente a tamañas imputaciones como las que se desprenden de las grabaciones del programa, se genere un daño grave como el que describen.

Máxime, cuando de un partido político se trata, que tanto depende de su prestigio para mantener y acrecentar su consideración social.No debe soslayarse que entre los hechos que se les atribuyera, además de la quema de trenes y otros desmanes, figura el robo de pertenencias de los trabajadores y el destrozo de sus vehículos, todo lo cual atenta contra una de las principales banderas que el partido pretende mantener en alza, constituida por la defensa de los derechos de la clase obrera.

Frente al terrible daño causado a la organización política actora por las noticias agraviantes que la involucraron injustamente en los gravísimos hechos de Merlo y Castelar, flaco sería el servicio si con base en una noción mezquina y restrictiva se negara la procedencia del daño moral, apelando a su condición de persona jurídica.

Ante los razonamientos volcados a lo largo de la presente, una decisión negativa, además de menoscabar valores de razonabilidad y justicia, atentaría contra normas y principios de raigambre constitucional, como el que impone la obligación genérica de no dañar a otros, conjuntamente con el principio de la de la reparación integral.

Variados son en este sendero, las líneas de pensamiento que abren de manera más o menos amplia la posibilidad de que a las personas jurídicas se les confiera legitimación para reclamar indemnizaciones por daños de esa índole.

Basso y Monjo, consideran que las personas jurídicas son sujetos pasibles de daño moral, tanto las sociedades comerciales como las personas jurídicas sin fines de lucro. Si se parte de una definición de daño moral como lesión a un interés extrapatrimonial, las personas jurídicas son pasibles de daño moral en tanto tienen intereses extrapatrimoniales. Y si partimos de la definición del daño moral como el menoscabo producido a la subjetividad o espiritualidad en virtud de la lesión a un interés extrapatrimonial, también las personas jurídicas pueden sufrir un daño moral, atento la existencia de una espiritualidad o subjetividad colectiva.Incluso, si se admite la composición del daño moral en dos partes, una parte “social” que nace de las relaciones de la persona con su ambiente y consiste en su honor, la reputación, el crédito, etc., y una parte “afectiva” que se halla constituida por nuestras convicciones y creencias, nuestros sentimientos; en una palabra por todo lo que toca nuestra persona psicológicamente, sin tener vínculo con el ámbito social, podemos afirmar que la persona jurídica puede resultar perjudicada en la faz social. Esto es, el crédito, la fama, el prestigio, el buen nombre son elementos valorados positiva o negativamente por la sociedad que repercuten en la persona jurídica y en la subjetividad social, del grupo (Basso-Monjo: “El daño moral a las personas jurídicas”, laleyonline.com.ar).

Otros autores, mencionados en el trabajo recién citado, como Moissét de Espanés, Zannoni, Brebbia y Lloveras de Resk, admiten con amplitud la legitimación activa por daño moral de las personas jurídicas.

Muchos de estos autores, en tanto identifican daño moral con lesión a un derecho o interés extrapatrimonial, no tienen impedimentos para sostener que toda lesión al patrimonio moral o extrapatrimonial de una persona jurídica, requiere del consiguiente resarcimiento por daño moral.

Brebbia, por ejemplo, enumera entre los derechos subjetivos de orden extrapatrimonial que corresponde reconocer a las personas jurídicas, el derecho al honor:”toda persona, sea física o colectiva, tiene derecho, en principio, a que se la considere digna de respeto y consideración, a que no se les afecte en su fama y reputación; atributos de la personalidad éstos sin los que no podrían desenvolverse dignamente en la vida de relación”.

Finalmente, otros autores se enrolan en lo que se conoce como posición intermedia, que solo admite el resarcimiento de año moral para las personas jurídicas sin fines de lucro.

Con base en los razonamientos esgrimidos precedentemente y pruebas evaluadas, en apoyo de cualquiera de estos criterio, ponderando la índole del hecho generador y la amplia difusión de la noticia, con arreglo a lo dispuesto en el último párrafo del art. 165 del Código Procesal, corresponde conceder una partida por este concepto a favor del Partido Obrero, que entiendo prudente fijar también en la suma de ciento cincuenta mil pesos ($150.000).

INTERESES: Los intereses deberán computarse a la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina en los términos del fallo plenario emitido por la CNCiv en autos “Samudio de Martinez, Ladislaa c/ Transporte Doscientos Setenta SA s/ daños y perjuicios” , del 05 de febrero de 2009.).

COSTAS: corresponde imponerlas a los demandados vencidos (arg. art. 68 del Código Procesal)

FALLO:

AUTOS: “Partido Obrero c/Feinmann, Eduardo y otro s/daños y perjuicios” (expte. 111.083/08).- I.- Hago lugar a la demanda promovida por Partido Obrero y en consecuencia condeno a Eduardo Guillermo Feinmann y a Telepiu SA a abonarle dentro de los diez días de notificados y bajo apercibimiento de ejecución, la suma de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($ 150.000), más intereses y costas.- II.- Difiero la regulación de honorarios de los profesionales hasta que se practique liquidación.- AUTOS: “E. José Maria c/Feinmann, Eduardo Guillermo y otro s/daños y perjuicios” (expte. 111.084/08).- I.- Hago lugar a la demanda promovida por José Maria E. y en consecuencia condeno a Eduardo Guillermo Feinmann y a Telepiu SA a abonarle dentro de los diez días de notificados y bajo apercibimiento de ejecución, la suma de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($ 150.000), más intereses y costas.- II.- Difiero la regulación de honorarios de los profesionales hasta que se practique liquidación.- Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente archívense.- Comuníquese a Informática.-

Juan Pablo Rodriguez

Juez

 

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