No corresponde la extensión de la responsabilidad pues las codemandadas no han integrado un sujeto empleador pluripersonal

Codigo Civil 2Partes: Giorgetta Diego Andrés c/ YPF S.A. y otros s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: I

Fecha: 15-oct-2013

Cita: MJ-JU-M-82976-AR | MJJ82976 | MJJ82976

No corresponde la extensión de la responsabilidad en los términos del art. 30 LCT. puesto que las codemandadas no han integrado un sujeto empleador pluripersonal (art.26, LCT.), ni un conjunto económico permanente (art.31, LCT.).

Sumario:

1.-No corresponde admitir la extensión de la condena a las codemandadas toda vez que la valoración de los elementos aportados no permite responsabilizarlas pues surge más bien que la demandada únicamente tomó posesión del establecimiento sin que exista indicio o prueba alguna que vincule a las codemandadas a quienes se intenta responsabilizar bajo algún título, con los empleadores del trabajador.

2.-Toda vez que no se trata de tres inmuebles sino de uno solo, -ubicado en tres parcelas-, y puesto que del acta de posesión se extrae que parte de ese inmueble estaba siendo explotado por terceros, y no surge de dicha acta que hubiera habido actividad alguna relacionada con las codemandadas, no cabe extender la responsabilidad a las codemandadas en los términos del art. art.30 , LCT.

3.-Puesto que no luce acreditado que las codemandadas hubieran integrado un sujeto empleador pluripersonal (art.26 , LCT.), ni un conjunto económico permanente que se hubiera conducido de la manera exigida por la ley (art.31 , LCT.), y nada indica que hubieran impartido órdenes o abonado salarios, es decir, que hubieran evidenciado alguna forma de comportamiento que las ubique en la posición jurídica de empleadores, no corresponde extenderles la responsabilidad por el reclamo del actor.

4.-Toda vez que no ha sido acreditado que se hubiera configurado el carácter de empleadoras luego de la toma de posesión del establecimiento comercial en funcionamiento, ni la existencia de fraude en los términos del art.14 de la LCT., ni la transferencia del establecimiento (arts.225 a 228 ), ni el carácter de empresas subordinadas o relacionadas desde la perspectiva del art.31 de la LCT., no corresponde extender la responsabilidad por el reclamo del actor a las empresas codemandadas.

5.-La actualización de los créditos que peticiona el actor no es procedente ante la prohibición general de aplicar mecanismos de actualización automática, prevista en las leyes 23928 y 26561 , en procura de evitar el alza de los precios relativos correspondientes a cada uno de los sectores de la economía, al reflejarse de manera inmediata en el índice general utilizado al mismo tiempo como referencia para reajustar los precios y salarios, todo lo cual puede contribuir de manera inercial a acelerar las alzas generalizadas de precios; máxime siendo que la tasa bancaria posee un elemento compensatorio (ver Acuerdo del 7/5/02, Acta Nro.2357) que ha remediado los efectos nocivos del envilecimiento del signo monetario.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de octubre de 2.013, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

I. La sentencia de fs.853/858 ha sido recurrida por la parte actora a fs.870/896 y por las demandadas YPF SA y Repsol YPF Gas SA a fs.906/908. También apela los honorarios regulados en autos el perito contador a fs.898/899.

II. La parte actora apela porque se desestimó su pretensión dirigida a obtener la condena de las codemandadas YPF SA y Repsol YPG Gas SA. En el extenso memorial presentado sus argumentaciones transitan, al igual que lo hiciera en la anterior instancia, por fundamentar la responsabilidad de las codemandadas en un amplio espectro de encuadramientos jurídicos disímiles, que abarcan desde su carácter de empleadoras luego de la toma de posesión en septiembre de 2006, del establecimiento comercial en funcionamiento, propiedad de Mauricio Mesplet SACIFIA; la existencia de fraude en los términos del art.14 de la LCT; la transferencia del establecimiento (arts.225 a 228), y el carácter de empresas subordinadas o relacionadas desde la perspectiva del art.31 de la LCT. Sostiene que se habría omitido valorar las declaraciones testimoniales de Fasan y de Serebrinsky, ambos propuestos por las demandadas, quienes darían cuenta de que todas compartían una actividad común consistente en la comercialización de combustibles.Destaca la cláusula décima del contrato de explotación o administración conjunto celebrado entre YPF SA y Mauricio Mesplet SACIFIA, que habría regido entre el año 1998 y el 6 de septiembre de 2006, fecha en la que la primera habría tomado posesión y continuado con la explotación de tres establecimientos, a la vez que resalta que hasta el 30 de septiembre de 2009 habrían flameado las banderas de YPF en dichas estaciones de servicio.

Llega firme a esta instancia que el Sr. Giorgetta prestó servicios a favor de la condenada Mesplet, Larrañaga y Giaccone SACAIF hasta el despido de fecha 12/11/2009, en función del allanamiento articulado a fs.180vta. (ver sentencia a fs.587vta.), y que lo hizo en tareas de playero, cajero y diversas tareas administrativas afines a la caja, en las estaciones de servicio que explotaba la demandada condenada en autos, ubicadas en las localidades de Bragado y Chivilcoy, provincia de Buenos Aires.

Con relación a la toma de posesión acaecida en septiembre de 2006, como tuviera oportunidad de explicar al votar en la causa “Anzorena, Rosa Inés c/YPF SA y otros s/indemnización por fallecimiento” (SD 88.599 del 25/3/2013) “.ello aconteció en el marco del incidente de ejecución de sentencia que tuvo lugar en el concurso preventivo de Mauricio Mesplet SACIFIA, que tramita en jurisdicción provincial (Mercedes, Bs. As.) y se verificó sobre el inmueble de la Av. Sarmiento 49 de Chivilcoy. YPF SA y Mauricio Mesplet SACIFIA habían celebrado en 1998 un contrato de suministro de combustible, como la segunda no cumplió con las obligaciones a su cargo, se generaron créditos a favor de YPF SA, quien se presentó a verificarlos en el concurso y, en función de ello, a fin de cancelar las deudas originadas en el contrato de referencia, se acordó la dación en pago de inmuebles afectados a la garantía -de cumplimiento del contrato- otorgada por Mesplet SACIFIA, y en función de ello YPF SA tomó posesión del inmueble antes individualizado.En el marco del proceso falencial y de acuerdo a las constancias agregadas a la causa, se observa que YPF SA transitó todas las instancias en procura de obtener la escrituración de ese bien a su favor (ver incluso sentencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires). YPF SA fue puesta en posesión de ese inmueble en virtud de lo acordado con la concursada -posteriormente quebrada- en un convenio de dación en pago, por su calidad de acreedora hipotecaria de la fallida, mas nada indica que hubiera procedido a la explotación de un inmueble que se encontraba ocupado por quienes fueron individualizados en el acta labrada en ese momento.”.

En la causa de referencia se produjo la prueba informativa sobre cuyos alcances también se explaya el apelante en su memorial -y refiere que en el sub-examine no fue admitida dicha prueba-. Al respecto, expliqué en la causa “Anzorena” que “.La informativa dirigida a EDEN SA, empresa que brinda el servicio de energía eléctrica, da cuenta de que en mayo de 2009 se dio de baja el suministro de energía eléctrica en el inmueble que señalan los testigos (ver fs.1183, respuesta g). Surge de allí también que el suministro en la Av. Sarmiento 49 de Chivilcoy se cortó en enero de 2007, por falta de pago. El informe de la agencia de seguridad sobre las facturas por servicios de esa índole brindados en Chivilcoy (ver fs.923/925) no mejora las pretensiones de la parte actora, dado que no surge de esa documentación cuál fue el domicilio en el que se cumplieron dichos servicios, sino que se limita a indicar la localidad (Chivilcoy). Por otra parte, si YPF tomó posesión del inmueble, no es extraño que contrate la vigilancia del predio, y ello no es indicativo de que hubiera continuado con la explotación de una propiedad que carecía de servicio de electricidad, dado que mal puede funcionar sin ese servicio esencial un establecimiento dedicado al expendio de combustibles.La prueba de informes producida a instancias de la parte actora, dirigida a la firma Ilumix Letreros Luminosos SA, con relación a la solicitud de trabajo inherente a la desinstalación de “imagen corporativa” perteneciente a YPF SA en la localidad de Chivilcoy, que data del 22 de septiembre (fs.833), da cuenta de que dicha solicitud fue anulada, y el remito obrante en copia a fs.831 de fecha 29/9/2009, reza que no fue firmado porque la estación de servicio “se encuentra vacía y abandonada” .”.

El testigo Fasan (fs.347/348), propuesto por la demandada YPF SA, representante comercial de esa empresa, conoce a las codemandadas Mesplet en virtud de esa representación y expresó que cumplió esa función hasta fines de 1997 en que fue trasladado a otra zona, explicó que la demandada YPF tiene tres tipos de redes de estaciones de servicios, una de ellas corresponde a operadores privados dueños de las estaciones, otra pertenece a YPF a través de OPESSA y la tercera al Automóvil Club Argentino, y ubica a la condenada en autos en la primera, es decir, como dueña de sus propias estaciones de servicio. El testigo Serebrinsky expresó que cuando él comenzó a trabajar para YPF en el año 2000 ya no había relación contractual con la condenada, por lo que después de haber terminado esa relación comercial como la estación de servicio continúo despachando combustible, expresó que lo compraron -al combustible- a otros “referentes del mercado”. De estos testimonios se extrae que, desde la rescisión del contrato de suministro, YPF SA no mantuvo más relación comercial con la condenada en autos.

Estas circunstancias fácticas coinciden, una vez más, con los extremos que se verificaron en el antecedente “Anzorena”, antes citado, donde concluí que “.La valoración de los elementos aportados no permite responsabilizar a YPF SA o Repsol YPF Gas SA de alguno de los modos que pretende el recurrente. Surge más bien de los hechos analizados que YPF únicamente tomó posesión del establecimiento de Av.Sarmiento 49, Chivilcoy, sin que exista indicio o prueba alguna que vincule a las codemandadas a quienes se intenta responsabilizar bajo algún título, con los empleadores del causante. No se trata de tres inmuebles sino de uno solo, ubicado en tres parcelas, y del acta de posesión se extrae que parte de ese inmueble estaba siendo explotado por terceros -entre ellos, un bingo-, y no surge de dicha acta que hubiera habido actividad alguna relacionada con las codemandadas YPF SA o Repsol YPF Gas SA (art.30, LCT). Es decir, no luce acreditado que las codemandadas YPF hubieran integrado un sujeto empleador pluripersonal (art.26, LCT), ni un conjunto económico permanente que se hubiera conducido de la manera exigida por la ley (art.31, LCT), y nada indica que las codemandadas YPF hubieran impartido órdenes o abonado salarios, es decir, hubieran evidenciado alguna forma de comportamiento que las ubique en la posición jurídica de empleadores. Desde otra de las perspectivas que plantea el apelante -arts.225 a 228 de la LCT-, tratándose de empresas concursadas y quebradas, resultaría de aplicación el art.199 de la ley 24.552, en virtud del cual el adquirente de una empresa cuya explotación hubiera continuado -que tampoco es el caso- no es considerado sucesor del fallido. Tampoco existe elemento indicativo de que hubieran interpuesto personas o actuado como personas interpuestas (arts.14 y 29 de la LCT).”.

Considero que no ha sido acreditado que se hubiera configurado ninguna de las hipótesis planteadas por el apelante para subsumir en alguna de las normas invocadas la situación descripta en autos, por lo que propongo confirmar lo resuelto en origen.

III.El actor apela también la fecha a partir de la cual se ordenó el cómputo de intereses de las diferencias salariales, y le asiste razón, dado que deben ser computados desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago, lo que así propongo.

La actualización de los créditos que peticiona el actor no es procedente, y esta Sala ha señalado en forma reiterada que “.Sobre esta materia, el Alto Tribunal ha determinado que la prohibición general de aplicar mecanismos de actualización automática, prevista en las leyes 23.928 y 26.561, procura evitar el alza de los precios relativos correspondientes a cada uno de los sectores de la economía, al reflejarse de manera inmediata en el índice general utilizado al mismo tiempo como referencia para reajustar los precios y salarios, todo lo cual puede contribuir de manera inerc ial a acelerar las alzas generalizadas de precios (cfr. CSJN, “Chiara Díaz Carlos Alberto c/Estado Provincial” , sentencia del 7/3/2006, del Registro del Alto Tribunal C.1051, XII). Además, la tasa bancaria posee un elemento compensatorio (ver Acuerdo del 7/5/02, Acta Nro.2357) que ha remediado los efectos nocivos del envilecimiento del signo monetario.” (ver entre muchos otros, “Cabrera Almirón Francisco Javier c/Plavinil Argentina S.A. s/despido”, SD 79.873 del 19/9/02).

IV. Las demandadas YPF SA y Repsol YPF Gas SA apelaron la distribución de las costas en el orden causado. Se advierte que el art. 68 2do. párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, faculta a quien juzga para apartarse del principio general de imposición de costas al vencido, “siempre que encontrare mérito para ello”. El mérito a que alude la norma existe cuando se ha litigado mediante “convicción fundada” acerca de la existencia del derecho invocado, por tratarse de cuestiones suscitadas por la interpretación de las leyes o cuando estas cuestiones tienen complejidad jurídica (esta Sala, in re “Marquez Conrado Francisco c/ Banco Provincia de Corrientes” S.D.Nº 57.641 del 20/09/89). Sugiero confirmar lo resuelto en grado y adoptar similar temperamento para las costas de Alzada, dado que los hechos debatidos, en virtud del concurso y posterior quiebra de la empleadora del actor, me inclinan a encuadrar la cuestión en el segundo párrafo de la norma mencionada.

V. De conformidad con el mérito y calidad de los trabajos realizados en grado, valor económico del juicio, resultado final del pleito y facultades conferidas al Tribunal, estimo que los honorarios regulados a la representación letrada de las demandadas no lucen elevados, y los correspondientes al letrado del actor y al perito contador son reducidos y propongo elevarlos al 15% y 7% respectivamente, del monto de condena (incluye intereses; arts.1, 6, 7, 8, 9, 19 y 37 de la Ley 21839 y art.3° inc.b y g del D.16638/57 ).

VI. Propongo regular los honorarios correspondientes a las representaciones letradas de ambas partes, por su actuación en esta instancia, en el 25% para cada uno, de lo que en definitiva les correspondiera percibir por su actuación en la instancia anterior.

VII. Por todo lo expuesto, de prosperar mi voto, correspondería: 1º) confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide, con excepción del cómputo de los intereses, conforme a lo expuesto en el considerando III, y elevar los honorarios de la representación letrada del actor y del perito contador de acuerdo a lo dispuesto en el apartado V; 2º) Declarar las costas de alzada en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, C.P.C.C.N.), regulándose los honorarios de los profesionales de la actora y de la demandada YPF SA y Repsol YPF Gas SA (por su actuación conjunta), respectivamente, en el 25% de los que les han sido asignados por su actuación en la anterior etapa.

El Dr. Vilela dijo:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE:1º) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide, con excepción del cómputo de los intereses, conforme a lo expuesto en el considerando III. Elevar los honorarios de la representación letrada del actor y del perito contador de acuerdo a lo dispuesto en el apartado V; 2º) Declarar las costas de alzada en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, C.P.C.C.N.). Regular los honorarios de los profesionales de la actora y de la demandada YPF SA y Repsol YPF Gas SA (por su actuación conjunta), respectivamente, en el 25% de los que les han sido asignados por su actuación en la anterior etapa.

Regístrese, notifíquese, comuníquese (art. 4º, Acordada CSJN Nº 15/13) y devuélvase.

Gloria M. Pasten de Ishihara Julio Vilela

Jueza de Cámara Juez de Cámara

Ante mí:

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

En de de 2013 se dispone el libramiento de cédulas. Conste.

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

En de de 2013 se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma. Conste.

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

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