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La rescisión del contrato de trabajo a través de escritura pública (art. 241 LCT.) no vulnera el orden público laboral

shutterstock_136826309Partes: Gonzalez Mónica Graciela c/ La Caja A.R.T. S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: I

Fecha: 18-sep-2013

Cita: MJ-JU-M-82413-AR | MJJ82413 | MJJ82413

La instrumentación de la rescisión del contrato de trabajo a través de escritura pública (art. 241 LCT.) no vulnera el orden público laboral porque implica una de las formas de extinción previstas por la ley, y al no acreditarse violencia moral o intimidación, la forma utilizada es válida.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar que no ha quedado acreditado que en la persona de la actora haya existido alguna clase de violencia moral o intimidación, -capaz de viciar su voluntad-, en el momento de la instrumentación de la recisión del vínculo por escritura pública (cfr. art. 241 LCT.) toda vez que ningún testigo compareció a prestar declaración ya que se le dio por decaído el derecho a producir la prueba testimonial, y tal resolución no fue objeto de recurso alguno.

2.-Toda vez que resulta perfectamente admisible que se instrumente la recisión del vínculo por escritura pública y la ley no exige que la actora deba concurrir con asistencia letrada o representación gremial al acto (cfr.art.241 LCT.), no está vulnerado el orden público laboral porque precisamente es una de las formas de extinción previstas por la ley, y mal puede aducirse lo contrario.

3.-La profusa cantidad de antecedentes jurisprudenciales mencionados por la actora no pueden fundar el recurso deducido, pues en efecto, la mera remisión a precedentes jurisprudenciales no constituye de por sí un agravio, por cuanto las citas de jurisprudencia no tienen incidencia sobre la suerte del reclamo, porque se tratan de cuestiones de hecho y menos aún, porque la recurrente no explica qué relación tienen con los hechos de la litis.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de Septiembre de 2.013, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Doctora Gloria Pasten de Ishihara dijo:

I. Contra la sentencia de fs. 139/142, se alza la parte actora a tenor del memorial de fs. 145/148. La parte demandada lo contesta a fs.151/154.

II. La actora se agravia porque el Sr. Juez de grado entendió que no se demostró en las actuaciones, que en la persona de la actora existió alguna clase de violencia moral o intimidación que haya viciado su voluntad en el momento de la instrumentación de la recisión del vínculo por escritura pública (cfr. art. 241 LCT). Solicita se revoque el fallo admitiéndose las pretensiones y se condene a la demandada. Cuestiona a su vez la distribución de las costas y la regulación de los honorarios a los profesionales intervinientes por considerarlos elevados.

III. Ahora bien, ante todo, considero que la queja deducida no cumple con los recaudos formales exigidos por el art.116 de la LO. En efecto, la apelante no consigna cuáles son los agravios concretos que le produce el fallo, ni los errores de hecho o de derecho que imputa a la decisión adoptada por el Sr. Juez preopinante.Tan sólo se limita a efectuar consideraciones generales y meramente dogmáticas e insiste con la postura que adoptó en la demanda, que ya fue desestimada en la anterior instancia.

Pongo de relieve que el escrito de expresión de agravios destinado a fundar un recurso de apelación debe señalar las partes del fallo que se consideran equivocadas, desde el punto de vista fáctico o jurídico y, fundamentalmente, criticar los errores -de hecho o de derecho- en que se hubiera incurrido mediante la crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que pretende se revoque, debiendo indicar en forma detallada los errores, omisiones y demás deficiencias que pudiera reprochar al pronunciamiento recurrido, especificando -con toda exactitud- cuál es el gravamen concreto que le produce el pronunciamiento.

En ese orden de ideas, se ha expresado en términos que comparto que el escrito de expresión de agravios debe expresar con claridad y precisión por qué el apelante considera que la sentencia no es justa; los motivos de su disconformidad; de qué manera el Juez o Jueza valoró incorrectamente la prueba; omitió alguna decisiva para resolver la cuestión o aplicó mal la ley, todo ello, como señalé, mediante la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo recurrido (conf. Highton Elena I. y Areán Beatriz A. y otros «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación» Concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial. T°5, pág.239 y sgtes. -Año 2006- Buenos Aires- Hammurabi).

Sin perjuicio de lo expuesto y de acuerdo a la forma en que quedó trabada la litis, se hallaba a cargo de la actora demostrar los sucesos expuestos en la demanda, con el fin de viciar la voluntad de la Sra. González, para así suscribir la Escritura Nº 213 donde se instrumentó el cese de la relación laboral (art. 377 C.P.C.C.N.).

Sin embargo, un detenido análisis de las constancias reunidas en la causa, de conformidad con las reglas de la sana crítica (art.386 CPCCN), me llevan a concluir que la actora no logró tal cometido. En efecto, no aportó ningún elemento probatorio que desvirtúe los fundamentos del Sr. Juez que me precedió. Nótese, que ningún testigo compareció a prestar declaración con el fin de sustentar los argumentos vertidos en el inicio que dieran cuenta de lo ocurrido el día previo a su desvinculación, en especial, el ambiente laboral y el acoso que denunció haber padecido con motivo de la deuda a una compañera de trabajo pues según surge del proveído dictado a fs. 62 pto. II, se le dio por decaído el derecho a producir la prueba testimonial, resolución que no fue objeto de recurso alguno y llega firme a esta instancia. Concretamente no produjo prueba alguna para acreditar que los hechos que denunció en el inicio (v. fs.5) y que derivaran en la extinción del contrato de trabajo mediante escritura pública, configuraron los supuestos previstos por los arts. 954, 955 y 956 del Código Civil.

Por otro lado, coincido con lo resuelto por el Sr. Magistrado de grado, en cuanto sostiene que resulta perfectamente admisible que se instrumente la recisión del vínculo por escritura pública y la ley no exige que la actora deba concurrir con asistencia letrada o representación gremial al acto (cfr.art.241 LCT). Lo cierto es que, la formalización de la extinción del contrato de trabajo por voluntad concurrente de las partes, por escritura pública, no vulnera el orden público laboral, porque precisamente es una de las formas previstas por la ley, por lo que mal puede aducirse que su aplicación vulneró el orden público laboral.

Finalmente, debo destacar que la profusa cantidad de antecedentes jurisprudenciales mencionados por la actora tampoco pueden fundar el recurso deducido, En efecto, la mera remisión a precedentes jurisprudenciales tampoco constituye de por sí un agravio.Ello es así por cuanto las citas de jurisprudencia no tienen incidencia sobre la suerte del reclamo, porque se tratan de cuestiones de hecho y menos aún, porque la recurrente no explica qué relación tienen con los hechos de la litis. Teniendo en cuenta lo expuesto, observo que la jurisprudencia transcripta en la queja es ineficaz para cumplir con los requisitos que exige el art. 116 de la ley 18.345.

En consecuencia, considero que correspondería desestimar sin más el recurso intentado y en su mérito, mantener lo decidido en origen.

IV. En cuanto a la distribución de las costas efectuada en el decisorio apelado, destaco que el art. 68 2do párr. del CPCCN, faculta al juez a apartarse del principio general de imposición de costas al vencido, «siempre que encontrare mérito para ello». El mérito a que alude la norma existe cuando se ha litigado mediante «convicción fundada» acerca de la existencia del derecho invocado, por tratarse de cuestiones suscitadas por la interpretación de las leyes o cuando esas cuestiones tienen complejidad jurídica (esta Sala, in re Márquez Conrado Francisco c/ Banco Provincia de Corrientes, SD 57641 del 20/9/89). En el caso de autos, entiendo que la actora, teniendo en cuenta las particulares circunstancias de los presupuestos jurídicos y contractuales debatidos en autos, pudo considerarse con mejor derecho, por lo cual propicio distribuir las costas en el orden causado (art. 68, 69 y conc., CPCCN). Finalmente, los honorarios regulados a los profesionales intervinientes en la causa, apelados por altos, atendiendo al mérito y extensión de los trabajos realizados, facultades conferidas por el artículo 38 de la ley 18.345 y normativa legal aplicable, estimo que lucen adecuados y deben ser confirmados (arts.1º, 6º, 7º, 8º, 9º y 37 de la ley 21.839 y art.3º inc. b y g del decreto 16638/57).

V.Propicio por último imponer las costas de Alzada por su orden (artículo 68 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y demandada en el 25% y 25% respectivamente de lo que les corresponda percibir por su labor en la anterior etapa (artículo 14 ley 21.839).

VI. En síntesis, de compartirse mi voto correspondería: a) Confirmar el fallo apelado en todo cuanto fue materia de recursos y agravios, con excepción de las costas que se establecen en el orden causado y b) Costas de Alzada por su orden (art.68 del C.P.C.C.N.), a cuyo fin propicio regular los honorarios correspondientes a las representaciones y patrocinios letrados del actor y de los codemandados – por sus actuaciones en esta etapa – en el 25% y 25% respectivamente, de lo que en definitiva les corresponda percibir por su actuación ante la instancia anterior (arts. 6, 7, 8, 14 de la ley 21.839 y 38 L.O.).

El Doctor Julio Vilela dijo:

Que adhiere al voto que antecede, por compartir los fundamentos.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: a) Confirmar el fallo apelado en todo cuanto fue materia de recursos y agravios, con excepción de las costas que se establecen en el orden causado y b) Costas de Alzada por su orden (art.68 del C.P.C.C.N.). Regular los honorarios correspondientes a las representaciones y patrocinios letrados del actor y de los codemandados – por sus actuaciones en esta etapa – en el 25% y 25% respectivamente, de lo que en definitiva les corresponda percibir por su actuación ante la instancia anterior (arts. 6, 7, 8, 14 de la ley 21.839 y 38 L.O.).

Regístrese, notifíquese, comuníquese (art.4º, Acordada CSJN Nº 15/13) y devuélvase.

Gloria M. Pasten de Ishihara Juez de Cámara Julio Vilela Jueza de Cámara Ante mi:

Verónica Moreno Calabrese Secretaria En de de, se dispone el libramiento de cédulas.

CONSTE.

Verónica Moreno Calabrese Secretaria En de de, se notifica al Sr. Fiscal General la resolución que antecede y firma.

Verónica Moreno Calabrese Secretaria

 

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