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Empleador debe responder por daños que sufrió un trabajador con maquinaria de su propiedad por no haberlo capacitado previamente

Trabajando.Partes: Palacios Fernando c/ Histap S.A. y otro s/ acción civil

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VIII

Fecha: 21-ago-2013

Cita: MJ-JU-M-82020-AR | MJJ82020 | MJJ82020

Corresponde responsabilizar a la empleadora por el episodio traumático que sufrió el trabajador, pues el mismo ocurrió mientras este se encontraba manipulando una máquina -cosa riesgosa-, máxime siendo que dicho aparato tenía una cierta complejidad en su manejo y el actor no ha sido capacitado para su uso.

Sumario:

1.-Corresponde admitir la responsabilidad pretendida respecto de la empleadora puesto que el accidente ocurrió mientras el trabajador se encontraba manipulando una máquina de la empleadora, que es una cosa riesgosa, en virtud de la cual, el empleador debe responder; máxime siendo que dicho aparato tenía una cierta complejidad en su manejo y no se ha probado que el actor haya sido capacitado para su uso, como así tampoco que el mismo tuviera las medidas de seguridad necesarias para evitar que sucedieran accidentes como el que aconteció.

2.-Corresponde responsabilizar a la demandada por el daño causado al trabajador puesto que si bien el primer informe médico no revela la existencia de una incapacidad, el mismo no da cuenta de las evaluaciones médicas realizadas ni tampoco ha basado sus conclusiones en estudios complementarios; el segundo informe indica la lesión que tiene el actor en el dedo, por lo que cabe admitir que el actor padece una incapacidad y toda vez que existieron fundamentos científicos y procedimientos técnicos, el segundo dictamen tiene plenos efectos probatorios y prevalece sobre el primero.

3.-Toda vez que la existencia de un episodio traumático resultó admitida por la empleadora al formular la denuncia del siniestro ante la aseguradora con la que había convenido la cobertura por riesgos del trabajo, mal puede desconocerlo sin incurrir en contradicción con su conducta anterior válidamente asumida, resultando aplicable en la situación en debate la doctrina que emerge del aforismo latino venire contra factum propio non valet , es decir que si se siguió un curso de acción que más tarde la apelante advirtió que no era el conveniente para sus propios intereses, no puede desdecirse vulnerando la regularidad y confiabilidad del tráfico jurídico y el principio de buena fe que debe primar en toda relación laboral.

4.-La ART codemandada deberá indemnizar al trabajador accidentado por el daño causado, puesto que el actor invocó la existencia de una omisión culposa a deberes legales que autorizan a responsabilizarla por el daño con fundamento en el art. 1074 del CCiv., sin que se haya producido prueba que permita formar convicción en orden a la realización, mínimamente, de capacitación del actor.

5.-La ART resulta responsable en los términos del art. 1074 CCiv. toda vez que pesa en cabeza de ésta un deber de prevención; por lo tanto, debía tomar los recaudos necesarios para asegurarse que el actor se hubiese encontrado capacitado para realizar las tareas que se le encomendaron, y que la máquina que debía manipular contaba a su vez, con las medidas de seguridad necesarias, pudiendo, en caso de no ser así, denunciar el hecho ante la Superintendencia de Riesgos, cosa que no sucedió.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de agosto 2013, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden EL DR. VICTOR A. PESINO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia rechazó la demanda contra HISTAP S.A. y RECONQUISTA A.R.T. S.A. entablada por accidente laboral con fundamento en la norma civil. Ello suscita la queja de la parte actora a tenor del memorial presentado a fs. 412/419 de autos. Por su parte, la codemandada Reconquista A.R.T. S.A. recurre por entender que los honorarios, en su totalidad, son elevados. El perito médico, por el contrario, apela sus honorarios por estimarlos bajos.

I.- El actor se agravia por que la sentencia entiende que, no obstante el tipo de lesión sufrida por el actor, el mismo no posee incapacidad, basándose en la pericia médica. Sostiene el accionante que dicho informe no tuvo en cuenta las cuestiones fácticas del siniestro ni los elementos derivados de la historia clínica.

II.- El actor inicia demanda contra su empleadora y la aseguradora de riesgos del trabajo con la que ésta había contratado, en virtud del accidente laboral ocurrido en fecha 17/11/2008, mientras se encontraba realizando tareas bajo las órdenes de HISTAP S.A. Al contestar demanda, la empleadora niega tanto la existencia del evento como la incapacidad reclamada. Por su parte, la A.R.T. manifiesta que dio la cobertura correspondiente al siniestro en cuestión, otorgándole el alta sin incapacidad.

III.- Liminarmente, es dable destacar que la existencia de un episodio traumático -más allá de las vicisitudes que se agitan en orden a sus particularidades-, resultó admitida por la empleadora al formular la denuncia del siniestro ante la aseguradora con la que había convenido la cobertura por riesgos del trabajo (ver informe de fs.72) y por ende, mal puede desconocerlo sin incurrir en contradicción con su conducta anterior válidamente asumida, resultando aplicable en la situación en debate la doctrina que emerge del aforismo latino «venire contra factum propio non valet», es decir que si se siguió un curso de acción que más tarde la apelante advirtió que no era el conveniente para sus propios intereses, no puede desdecirse vulnerando la regularidad y confiabilidad del tráfico jurídico y el principio de buena fe que debe primar en toda relación laboral.

IV.- Zanjada esta cuestión, corresponde analizar si el accidente sufrido por el actor ha producido en el mismo una incapacidad y si ésta debe ser indemnizada por alguno o ambos de los codemandados.

Los autos dan cuenta de que al actor, mientras manipulaba un soplete proyectado, se le aplastó el dedo índice de la mano derecha, provocándole una fractura expuesta. La pericia obrante a fs. 129/131 no le otorgó incapacidad.

En este sentido corresponde establecer que los dictámenes periciales en nuestro sistema no revisten el carácter de prueba legal y están sujetos a la valoración de los jueces con arreglo a las pautas del artículo 47 del C.P.C.C.N., esto es, teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los letrados y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca.

La pericia realizada en grado no da cuenta de las evaluaciones médicas realizadas, como ser las mediciones respecto de la extensión y flexión del dedo lesionado, ni tampoco ha basado sus conclusiones en estudios complementarios.

Por el contrario, el informe de fs. 481/483 de autos indica que el actor tiene «.cicatriz palmo-radial en tercera falange distal de índice irregular de 0,5 cm por 0,5 cm, hipopigmentada.A la palpación refiere hiperestesia, aumento ligero del tamaño de la tercera falange respecto de la contralateral». Por su parte, la radiografía de fecha 26/03/2013 hace referencia a la lesión aparentemente por aplastamiento en el extremo distral.». En virtud de todo ello, la segunda pericia médica indica que el actor padece una incapacidad del 3% de la t.o. Por sus fundamentos científicos y procedimientos técnicos para arribar a sus conclusiones, estimo que este dictamen tiene plenos efectos probatorios y prevalece sobre el primero.

Con motivo de lo expuesto, incumbe analizar si existe responsabilidad de la empleadora. El accidente, objeto de los presentes, ocurrió mientras el trabajador se encontraba manipulando una máquina de la empleadora, que es una cosa riesgosa, en virtud de la cual el empleador debe responder.

Por otra parte, dicho aparato tenía una cierta complejidad en su manejo y no se ha probado que el actor haya sido capacitado para su uso, como así tampoco que el mismo tuviera las medidas de seguridad necesarias para evitar que sucedieran accidentes como el que aconteció.

Por su parte, cabe recordar que no se ha probado la culpa de la víctima -ni la de un tercero por el cual el empleador no deba responder-, recordando que ésta, para cortar totalmente le nexo de causalidad entre el hecho y el detrimento a que alude el art. 1133, 2º párrafo del Código Civil, debe aparecer como la única causa del perjuicio, aparte de revestir las características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor (Fallos 308:1957; 310:2013; 311:1018; 327:5224 , entre otros antecedentes), y lo cierto es que nada permite inferir un obrar diligente del empleador en la adopción de medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la integridad del trabajador, especialmente en lo relativo al proceso de trabajo y a la colocación de resguardos de seguridad en el manejo de maquinaria como la manipulada por el actor.En virtud de ello, la demandada deberá responder por el daño causado.

V.- En cuanto a la responsabilidad de la aseguradora de riesgos del trabajo, cabe recordar que el actor invocó la existencia de una omisión culposa a deberes legales que autorizan a responsabilizarla por el daño con fundamento en el artículo 1074 del Código Civil, sin que se haya producido prueba que permita formar convicción en orden a la realización, mínimamente, de capacitación del actor.

Huelga decir que pesa en cabeza de la aseguradora de riesgos un deber de prevención y por ende, debió tomar los recaudos necesarios para asegurarse que el actor se encontraba capacitado para realizar las tareas que se le encomendaron, y que la máquina que debía manipular contaba a su vez, con las medidas de seguridad necesarias, pudiendo, en caso de no ser así, denunciar el hecho ante la Superintendencia de Riesgos, cosa que no sucedió.

En virtud de todo ello, deberá la codemandada indemnizar por el daño causado al trabajador.

VI.- A los fines de determinar el quantum, creo preciso recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación descalificó en el ámbito normativo de la reparación basada en el derecho civil, la aplicación de fórmulas matemáticas, destacando que «el valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales», ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de la víctima, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres» (C.S.J.N., «in re» «Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Cía. S.R.L. ).

Respecto al salario del actor, éste denunció que percibía $3.000.- mensuales.Ahora bien, no ha producido prueba alguna tendiente a demostrar que dicha cifra era real. En este sentido el actor contaba con diversas pruebas a los fines de acreditar lo argumentado en su escrito inicial -documental, documental en poder de terceros, testimonial, pericial contable- pero ninguna produjo en tal sentido. En virtud de ello tomaré como base de cálculo, el monto denunciado por la demandada a fs. 86 vta., el cual asciende a la cifra de $1800.

Desde tal perspectiva, propicio establecer el daño material y moral en la suma de $35.000, a la que deberán adicionarse, desde la fecha del alta médica y hasta su efectivo pago, intereses a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos.

VII.- En atención al nuevo resultado del proceso, corresponde emitir nuevo pronunciamiento sobre costas y honorarios (artículo 279 C.P.C.C.N.). Las primeras sugiero imponerlas a las demandadas (artículo 68 C.P.C.C.N.). En cuanto a los segundos, propongo regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, demandada HISTAP S.A.; Reconquista A.R.T. S.A., y los correspondientes los peritos médicos en forma conjunta en el 18%; 15%; 15%; 7% respectivamente, de la suma de capital más intereses (artículos 6, 7, 8, 19 y 33 de la Ley 21.839, artículo 3 del Decreto Ley 16.638/57 y artículo 38 de la Ley 18345), por el total de las labores cumplidas.

VIII.- Por todo lo expuesto propongo se revoque la sentencia de primera instancia y se condene a las codemandadas HISTAP S.A. y Reconquista A.R.T. S.A. en forma solidaria a abonar al actor, dentro del quinto día de quedar firme la liquidación que se practique en la etapa del art.132 L.O., en concepto de daño material y moral, la suma de $35.000, a la que deberán adicionarse, desde la fecha del alta médica y hasta su efectivo pago, intereses a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos; se fijen los honorarios de la representación letrada de la parte actora; de la demandada Histap S.A.; de Reconquista A.R.T. S.A. y de los peritos médicos en forma conjunta en el 18%; 15%; 15%; 7% respectivamente, de la suma de capit al más intereses (artículos 6, 7, 8, 19 y 33 de la Ley 21.839, artículo 3 del Decreto Ley 16.638/57 y artículo 38 de la Ley 18345), por el total de las labores cumplidas. Las costas del proceso se imponen a las demandadas vencidas (art. 68 CPCC).

EL DR. LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Revocar la sentencia de primera instancia y condenar a las codemandadas HISTAP S.A. y Reconquista A.R.T. S.A. en forma solidaria a abonar al actor, dentro del quinto día de quedar firme la liquidación que se practique en la etapa del art. 132 L.O., en concepto de daño material y moral, la suma de $35.000, a la que deberán adicionarse, desde la fecha del alta médica y hasta su efectivo pago, intereses a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos; 2) Fijar los honorarios de la representación letrada de la parte actora; de la demandada Histap S.A.; de Reconquista A.R.T.

S.A. y de los peritos médicos en forma conjunta en el 18%; 15%; 15%; 7% respectivamente, de la suma de capital más intereses, por el total de las labores cumplidas.

3) Imponer las costas del proceso a las demandadas vencidas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.- VICTOR A. PESINO JUEZ DE CAMARA

LUIS A. CATARDO

JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

ALICIA E. MESERI

SECRETARIA

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