Se rechaza la pretensión de trabajador vigilador pues conforme al art.30 LCT sus actividades no hacen al giro normal de la empresa

VigilanciaPartes: Salinas Edgardo c/ Duque Seguridad S.A. y otros s/ Demanda Laboral

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario

Sala/Juzgado: II

Fecha: 13-ago-2013

Cita: MJ-JU-M-81452-AR | MJJ81452 | MJJ81452

Las actividades que como vigilador prestaba el actor, no hacen al giro normal de la empresa demandada -dedicada a la explotación de instalaciones portuarias- en los términos del art. 30 LCT.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto rechazó la demanda por entender que, en virtud de la actividad propia y específica de la demandada -la explotación de instalaciones portuarias-, las actividades de vigilancia desarrolladas por el actor no podían estimarse como pertenecientes a aquel giro normal y específico, pues al tratarse de servicios que no se encuentran motivados en las necesidades propias de la organización productiva sino adicionales, eran meramente accesorias.

2.-Más allá del grado de acierto o error en que pudieran haber incurrido los juzgadores, así como también de la opinión a que se arribe respecto de los alcances del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, la Alzada valoró las circunstancias fácticas del caso, los elementos probatorios aportados, y evaluó el límite impuesto por la ley en dicha norma de un modo que no puede considerarse ilógico ni irrazonable sino acorde a las constancias de autos y a las pautas jurisprudenciales existentes en la materia.

Fallo:

Santa Fe, 13 de agosto del año 2013.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia nro. 200, de fecha 26 de agosto de 2010, dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario, en autos “SALINAS, Edgardo contra DUQUE SEGURIDAD S.A. y Otros -Demanda Laboral- (Expte. 235/09)” (Expte. C.S.J. nro. 277, año 2011); y,

CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de la causa que por sentencia nro. 200, del 26. 08.2010, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario, resolvió -por mayoría- desestimar el recurso de nulidad y receptar el de apelación -ambos deducidos por la codemandada Servicios Portuarios S.A.- revocando, por ende, lo decidido en primera instancia, y rechazando la demanda, con costas al actor.

Contra tal pronunciamiento dedujo el accionante recurso de inconstitucionalidad por considerar que el mismo no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción y no ser derivación razonada del derecho vigente, encuadrando sus planteos en el artículo 1, inciso 3°, de la Ley 7.055, y artículos 93, inciso 1°, y 95 de la Constitución provincial.

Afirma que la resolución es arbitraria pues omitió tratar la circunstancia de que el servicio de vigilancia, entendido como custodia, control, seguridad, orden y vigilancia, estuvo siempre presente en la explotación de las instalaciones portuarias, y que es necesario e inescindible del giro comercial de la empresa codemandada, a la cual complementa y completa, no existiendo ajenidad.

Entiende que el fallo restringe y niega derechos y garantías de raigambre constitucional, protectorios del derecho del trabajador, los cuales detalla: derecho de propiedad, de defensa en juicio, de libertad patrimonial, de propiedad.Expresa que al liberar de responsabilidad solidaria a Servicios Portuarios S.A., sin fundamentación adecuada, el decisorio vulnera el artículo 20 de la Constitución provincial, ya que no protege al trabajo ni asegura al trabajador el goce de los derechos que la Carta Magna le reconoce.

Seguidamente describe las tareas realizadas por el actor como vigilador, observando que las mismas han sido suficientemente acreditadas en la causa, así como también que es la codemandada Servicios Portuarios S.A. la que implementaba la forma de vigilancia, los lugares y elementos a controlar, los turnos, etc., siendo ella la que le impartía las órdenes pertinentes a través de su gerente.

Asevera que, conforme lo descripto, la sentencia incurrió en afirmaciones dogmáticas al expresar que es lo mismo que esté o no el servicio de vigilancia en la forma y circunstancias expuestas en la causa.

Agrega que las tareas de vigilancia no podían ser omitidas por la empresa para un adecuado funcionamiento del establecimiento, considerando el recurrente que -al contrario de lo sostenido en el fallo- la misma empresa no admitiría pérdidas y desprestigio por no contar con este servicio.

Señala que con lo decidido se desnaturalizó y vació el instituto de la solidaridad laboral.

Conforme lo expone, concluye en la arbitrariedad del fallo no sólo por omitir valorar pruebas decisivas para otra resolución, sino también por contradecir inequívocas constancias de la causa, por falta de motivación suficiente, por fundarse en meros caprichos del juzgador, y por interpretar inadecuada e injustamente la letra del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Advierte que mediante la tercerización de actividades (en el caso, la vigilancia) la empresa principal se beneficia pues, sin gastos adicionales y sin responsabilidad, obtiene la prestación de servicios indispensables para poder funcionar, desentendiéndose de los costos laborales pertinentes y de la premisa consistente en que el trabajo humano no constituye una mercancía (doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 290:116).

2. Por auto nro.137, del 23.05.2011, la Sala resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por considerar que los planteos recursivos refieren, esencialmente, a la valoración de los hechos comprobados de la causa y a la interpretación del derecho vigente, lo cual resulta insuficiente para la habilitación de la vía intentada.

3. Se adelanta que la presente queja no ha de tener favorable acogida.

Y ello es así en virtud de que, pese al esfuerzo desarrollado por el recurrente, lo cierto es que todos los cuestionamientos traducen únicamente su fuerte discrepancia para con el razonamiento seguido por la mayoría del Tribunal en orden a la interpretación del caso y de los hechos acontecidos, como también respecto de la valoración de las pruebas al receptar los agravios de la codemandada Servicios Portuarios S.A., y rechazar, por ende, la pretensión del actor de extenderle la responsabilidad de acuerdo al artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.

En efecto, los jueces evaluaron el presente caso a partir de la perspectiva sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Benítez, Horacio c. Plataforma Cero S.A. y otros” (Fallos 332:2815, del 22.12.2009), en cuanto a que los sentenciantes deben interpretar las cuestiones relativas a la solidaridad laboral sobre la base de un “criterio propio” y no conforme “.un estricto apego a la doctrina mayoritaria de ‘Rodríguez, Juan Ramón c. Compañía Embotelladora Argentina S.A. y otro’ .”.

En ese orden, analizaron en qué consistía la actividad propia y específica de la demandada -la explotación de instalaciones portuarias en San Nicolás, Villa Constitución, Rosario y Pérez, con planta de recepción, almacenamiento, embarque de granos, playa de camiones-, observando que las actividades de vigilancia desarrolladas por el actor no pueden estimarse como pertenecientes a aquel giro normal y específico, en tanto al tratarse de “.servicios que no se encuentran motivados en las necesidades propias de la organización productiva sino adicionales.”, son meramente accesorias.Tras el análisis de las pruebas rendidas en la causa (declaración de la demandada, testimoniales) apreciaron que no se encontraba acreditado que “.el control, custodia y seguridad brindada por la accionante se vinculara con la actividad propia y específica de la codemandada.”, ni que “.dichas actividades se relacionaran con el objeto o fin perseguido por la empresa condenada.”.

Es por tales razones que las omisiones de valoración, el invocado dogmatismo y falta de fundamentación adecuada que el compareciente le endilga al pronunciamiento, no se advierten plasmados, pues de la lectura del mismo surge que, más allá del grado de acierto o error en que pudieran haber incurrido los juzgadores, así como también de la opinión a que se arribe respecto de los alcances del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, la Alzada valoró las circunstancias fácticas del caso, los elementos probatorios aportados, y evaluó el límite impuesto por la ley en dicha norma de un modo que no puede considerarse ilógico ni irrazonable sino acorde a las constancias de autos y a las pautas jurisprudenciales existentes en la materia.

Y si bien en un loable esfuerzo el impugnante intenta convencer en torno a que mediante la tercerización de estas actividades (vigilancia) se llega a desnaturalizar el instituto contemplado en el mencionado artículo 30, como se señaló, el examen efectuado por la Alzada, teniendo en vista también la flexibilización en la interpretación de la cuestión al asumir lo dicho por la Corte nacional in re “Benítez” (ya citado) de analizar cada caso en concreto, se enderezó a verificar si la falta de vigilancia afectaba el cumplimiento y logro de la actividad del establecimiento -aún a riesgo de pérdidas-, concluyendo que al no constar pruebas que demostraran que las tareas del actor encuadraran como normales y específicas propias de la empresa demandada, no podían extendérseles los efectos de la condena.En consecuencia, destacando que la doctrina de la arbitrariedad es de carácter excepcional y su objeto no es corregir en tercera instancia pronunciamientos equivocados o que se reputen tales (Fallos: 310:676; 311:345), sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorios los derechos y garantías que se invocan como lesionados de modo tal que no puedan adquirir validez jurisdiccional (Fallos: 311:1950; 315:449: 323:3139 ), se debe concluir que en el caso la inteligencia asignada por el a quo no excede el marco de posibilidades que brindan las normas en juego (Fallos: 304:1826), en tanto ha formulado una exégesis del problema que cuenta con apoyo de la doctrina y la jurisprudencia, y traduce una comprensión admisible de la cuestión, frente a lo cual los planteos recursivos -como se adelantó- se reducen al disenso del recurrente, sin lograr desmerecer desde un punto de vista constitucional las razones brindadas por los jueces.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: FALISTOCCO ERBETTA (en disidencia) GUTIÉRREZ NETRI SPULER FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ERBETTA:

Considero que la postulación del recurrente cuenta prima facie con suficiente asidero en las constancias de la causa e importa articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción con idoneidad suficiente como para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria. Dicho esto en una apreciación mínima y provisoria, propia de esta instancia y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación (artículo 11, Ley 7055).

Por ello, estimo que corresponde admitir la presente queja.

FDO.: ERBETTA FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Tribunal de origen: Cámara de Apelación en lo Laboral, Sala S egunda, de Rosario.

Otros tribunales intervinientes: Juzgado de 1ra. Instancia de Distrito en lo Laboral, 1ra. Nominación, Villa Constitución.

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